Derecho en corto para concientizar sobre discapacidad y derechos humanos
Desde 1992, el 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ello, esta segunda entrega de Derecho en corto está dedicada a la sensibilización sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad.
La discapacidad es una parte integral y significativa de la diversidad humana en México. Según el censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay 20 millones 838 mil 108 personas con alguna discapacidad, es decir, con alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Esto representa el 16.5% de la población, convirtiéndose en la minoría más grande de la nación.
En paralelo, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados 2022, el 77.8% de los hogares en México tiene al menos un integrante con discapacidad o dependencia. Y, en cuanto a las necesidades de cuidado, el 33.3% de las personas con discapacidad requiere de cuidado adicional al del hogar -como las actividades de estimulación física o mental y el apoyo de personal de enfermería o de una persona cuidadora-.
Actualmente, la discapacidad más frecuente en el país es la motriz pues, según el INEGI, las dificultades para ver y caminar son las más recurrentes, mientras que las menos reportadas son las de habla o comunicación. Además, las personas que viven con alguna discapacidad la tienen porque sufrieron alguna enfermedad, están afectados por edad avanzada, la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer, quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente y debido a otras causas.
El modelo social de la discapacidad atribuye al contexto físico, educativo, social y cultural las barreras que históricamente han impedido la participación de la población con discapacidad en estos ámbitos y, al tiempo, pretende replantear las creencias sobre la discapacidad con cambios arquitectónicos, educativos, sociales y culturales en torno a la inclusión. Sin embargo, sugerimos que este modelo debe complementarse con un enfoque con garantía de derechos, es decir, la certeza de los ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Este enfoque está presente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en la que los ajustes razonables son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga excesiva, requeridas en casos particulares para garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.
En esta nueva colaboración para Líderes Generando Líderes, nuestros articulistas invitados abordan la sensible temática expuesta con diagnósticos documentados y propuestas responsables. Y, así, refrendamos la intención de este suplemento de promover un diálogo informado e invitamos a nuestros lectores a explorar estos contenidos con mente abierta y espíritu crítico, para contribuir a la construcción de una comunidad más justa, participativa e inclusiva
Contenido
Eunice Arias Arias Retos de Inclusión para Personas con Discapacidad en México. Un Camino por Recorrer.
Sergio Santiago Núñez Galindo Falsa Accesibilidad para Personas con Discapacidad en Edificios Públicos: Brecha entre Ley y Realidad en México.
Diana Berenice Jiménez Alanís Inclusión Laboral: Entre el Discurso y las Prácticas Excluyentes.
Miguel Pérez Pompa Hacia un Plan para Todas las Capacidades en México.
Linda Julissa Díaz Ortega Salud Mental y Discapacidad Psicosocial en el Sistema de Salud Mexicano.
José Jesús Armería Delgado Discapacidad y Progresividad en los Derechos Humanos.
Miguel Medina Romero Personas con Discapacidad en una Latinoamérica Digitalmente Inclusiva
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EDITOR ADJUNTO ALEJANDRO ORTIZ | OMAR CALDERÓN COORDINACIÓN EDITORIAL LUIS FELIPE JACINTO HERNÁNDEZ DISEÑO EDITORIAL MARIA CARMEN GARIBAY GODÍNEZ RELACIONES PÚBLICAS ÓSCAR ASCENCIO REDACCIÓN CÉSAR DARÍO ASCENCIO SILVESTRE CORRECCIÓN DE ESTILO Y ORTOGRAFÍA JESSICA GUADALUPE CHÁVEZ FLORES | BENJAMÍN BEDOLLA
Consejo Editorial Consultivo
Dr. Rafael Luviano González Rector del Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán.
Dra. Martha Ochoa León Coordinadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Las opiniones vertidas son de exclusiva responsabilidad de los autores. Sugerencias y comentarios: mmedina.derecho.en.corto@gmail.com
Acceso a versión digital: http://lideresgenerandolideres.com
Dr. Federico González Santoyo Presidente de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores, A.C.
Dr. Víctor Antonio Acevedo Valerio Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Económicas, A.C.
Reportaje Especial Recorrido 3D Incluyente en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Dr. Alfredo Raya Montaño Presidente de la Academia Michoacana de Ciencias, A.C.
Dr. Rodrigo Ochoa Figueroa, Titular del Despacho Jurídico Ochoa Figueroa y Asociados Abogados Consultores.
Procell Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán.
Mtro. Juan Carlos Velasco
Retos de Inclusión para Personas con Discapacidad en México. Un Camino por Recorrer
La inclusión de personas con discapacidad en México sigue siendo un desafío complejo que requiere atención y acciones en diversos ámbitos de la sociedad. A pesar de los avances legislativos y los compromisos internacionales adquiridos, la realidad cotidiana de los mexicanos con discapacidad sigue estando marcada por barreras estructurales, sociales y culturales que limitan su plena participación en la vida comunitaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 25% de las personas con discapacidad sufrieron discriminación, la tasa más alta entre grupos vulnerables. La falta de accesibilidad en espacios públicos y privados es un desafío significativo para las personas con discapacidad en México. Según el Inventario Nacional de Viviendas del 2020 del INEGI, más de la mitad de las manzanas en la Ciudad de México carecen de rampas para sillas de ruedas. Esta situación limita severamente la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad. Para resolver este problema se requiere voluntad política e inversión continua, tanto para adaptar la infraestructura existente como para asegurar que las nuevas construcciones sean inclusivas desde su concepción. En el ámbito educativo, a pesar de los esfuerzos para integrar estudiantes con discapacidad en el sistema regular de México, persisten obstáculos como la falta de capacitación docente y recursos especializados. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014, solo el 7% de las personas con discapacidad de 15 años o más cuentan con educación superior, mientras que el 23% no tiene escolaridad alguna. Para lograr una verdadera inclusión educativa, es necesario no solo hacer las escuelas físicamente accesibles, sino también adoptar metodologías de enseñanza inclusivas, invertir en la formación de maestros y desarrollar materiales educativos adaptados que atiendan la diversidad de necesidades de aprendizaje.
La participación laboral de las personas con discapacidad sigue siendo un desafío significativo en México. Según la Organización Internacional del Trabajo, a nivel global, 7 de cada 10 personas con discapacidad carecen de empleo. En México, el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024 señala que solo el 30% de las personas con discapacidad tiene un empleo. Este bajo porcentaje se debe a prejuicios, falta de adaptación en los espacios laborales y escasez de oportunidades. Para revertir esta situación, es esencial que las empresas adopten políticas de diversidad y accesibilidad que no solo permitan la plena participación de las personas con discapacidad, sino que también fomenten una cultura laboral enriquecida por la innovación y la empatía.
La transformación cultural es fundamental para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en México. A pesar de los avances legislativos, persisten actitudes discriminatorias y estigmatizantes que marginan a este grupo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha señalado que en las escuelas aún existen barreras de discriminación para niños con diversas discapacidades, y que los prejuicios y estereotipos generan una discriminación arraigada en la cultura mexicana. Para combatir esta situación, se propone utilizar la sensibilización y la educación como herramientas de cambio. Las campañas de concienciación pública, la educación desde temprana edad y la representación positiva en los medios pueden ayudar a desmantelar estereotipos y promover una cultura de respeto. México tiene leyes sólidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, pero su aplicación es deficiente. Es fundamental que las políticas públicas se implementen y supervisen adecuadamente, lo que exige una colaboración entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Así, la inclusión de personas con discapacidad requiere esfuerzos coordinados en accesibilidad, educación, empleo y cambio cultural. Esto no es solo un objetivo social, sino un imperativo moral que demuestra el compromiso con la igualdad y dignidad de todos los ciudadanos.
Falsa Accesibilidad para Personas con Discapacidad en Edificios
Públicos: Brecha entre Ley y Realidad en México
Sin embargo, a pesar de estos avances legislativos, las condiciones reales de los edificios públicos locales, estatales y federales todavía son deficientes, lo que expone una desconexión preocupante entre el contenido del papel y la realidad.
Estas personas continúan enfrentando obstáculos y dificultades diarias que, en teoría, deberían haber sido eliminados hace mucho tiempo por la legislación vigente. En otras palabras, existe una gran brecha entre lo que las leyes establecen y la realidad que viven las personas con discapacidad, haciendo que estas normas sean ineficaces en la práctica. La construcción de una solución a esta problemática social no puede limitarse a la gestión legislativa.
Hoy por hoy, México cuenta en el papel con leyes muy sólidas para brindar protección legal a las personas con discapacidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y las leyes especiales como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establecen claramente la obligación del Estado de garantizar un entorno accesible para todos.
En muchísimos edificios públicos son evidentes sus deterioros, la falta de rampas o ascensores adecuados, señalización en braille o sistemas de audio. Estas barreras presentan problemas arquitectónicos, de presupuesto y de planeación: el diseño urbano y arquitectónico a menudo ignora las necesidades de las personas con discapacidad.
Frecuentemente, la causa fundamental de este problema radica en la implementación superficial de las regulaciones existentes. Las leyes y reglamentos suelen estar en el papel, y los esfuerzos para garantizar el acceso, generalmente, se limitan a cumplir requisitos mínimos sin abordar principios de verdadera justicia social.
Esta situación refleja una falta de sensibilidad por parte de quienes diseñan las leyes, que no siempre ven la accesibilidad como un derecho fundamental, sino como un costo o un proceso administrativo más.
Y, en consecuencia, las leyes y regulaciones existentes no tienen un impacto efectivo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Se necesita un cambio cultural profundo que priorice la responsabilidad social, la empatía, la capacitación de los funcionarios públicos y el cumplimiento y seguimiento continuo de acciones y políticas públicas.
Los edificios públicos accesibles reflejan un país que respeta y cumple los derechos humanos de todas las personas. México debe avanzar hacia una sociedad que traduzca los derechos reconocidos en políticas públicas efectivas. Porque el acceso no es un privilegio, sino un derecho humano irrenunciable; y, en última instancia, el desafío no es solo mejorar la infraestructura, sino también cerrar la brecha entre la ley y su aplicación, en beneficio de la ciudadanía.
Inclusión Laboral: Entre el Discurso y las
Prácticas Excluyentes
En México, las recientes reformas en materia de inclusión laboral para las personas con discapacidad representan una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Sin embargo, estas iniciativas también exponen la fragilidad de nuestro sistema legal y administrativo. A pesar de que la legislación establece que los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos y los Ayuntamientos deben contratar entre el 3% y el 5% de su plantilla laboral a personas con discapacidad, la ausencia de mecanismos que aseguren el cumplimiento de esta norma amenaza con convertirla en una promesa vacía.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad es, ante todo, un derecho humano. Va más allá de cumplir con cuotas; implica garantizar igualdad de oportunidades y derribar las barreras estructurales que perpetúan la exclusión. En un país donde las políticas públicas frecuentemente quedan atrapadas entre el discurso y la acción, el reto principal no es solo implementar una reforma, sino asegurar que esta tenga un impacto social real.
El problema radica en la falta de consecuencias claras para los servidores públicos e instituciones que no cumplen con la exigencia legal de contratación de personas con discapacidad. Sin un marco legal robusto que contemple sanciones efectivas, las buenas intenciones carecen de fuerza vinculante. La reforma debe estar acompañada de medidas concretas, como modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incluyan sanciones claras para quienes incumplan la norma. Solo así se podrá combatir la inercia institucional que ha normalizado la exclusión de las personas con discapacidad.
Además, es crucial reconocer que la verdadera inclusión laboral no se limita a la contratación; requiere también eliminar barreras físicas, sociales y culturales en los espacios de trabajo. Esto incluye adaptaciones razonables, sensibilización de los equipos laborales y garantía de condiciones dignas para todos los empleados.
La accesibilidad no puede seguir siendo vista como un favor o una concesión; es una obligación que deriva del respeto a los derechos humanos. ¿De qué sirve una reforma a la ley si no hay voluntad política para implementarla en beneficio, en este caso, de esta población vulnerable?
Las reformas en papel son fáciles de celebrar, pero en la realidad, la lucha por la inclusión en general, y por la inclusión laboral en lo específico, sigue siendo cuesta arriba. Las instituciones que deberían liderar con el ejemplo son, con frecuencia, en los hechos, las primeras en perpetuar el fenómeno de la exclusión. No se trata de brindar oportunidades como acto de caridad, sino de reconocer derechos que han sido sistemáticamente negados. Si no somos capaces de transformar estas barreras en puentes, continuaremos perpetuando un modelo social que premia la indiferencia y castiga la diversidad.
Hacia un Plan para Todas las Capacidades
en México
En México, como en gran parte de Latinoamérica, persisten desafíos significativos en el diseño e implementación de políticas públicas para las personas con discapacidad. El reto principal radica en formular estas políticas desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo que este grupo requiere un enfoque diferenciado.
En este contexto, México ha implementado iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El Programa Nacional de Desarrollo Social 2021-2024 (PNDS 2021-2024), derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, incluye el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Además, el PNDS 2021-2024 destaca los siguientes aspectos clave en la búsqueda del ejercicio pleno de derechos por parte de las personas con discapacidad en México: enfoque de derechos humanos que plantea pasar de un enfoque asistencialista a uno basado en derechos, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y no solo como beneficiarios de programas sociales; atención integral: se reconoce la necesidad de intervenciones múltiples y sistémicas para superar las desventajas asociadas a la discapacidad, considerando el contexto específico de cada persona; acceso a servicios de salud: aunque hay un mayor acceso a la afiliación en servicios de salud para personas con discapacidad, se reconoce la necesidad de mejorar las condiciones y características del acceso efectivo a estos servicios; reducción de carencias sociales: se busca disminuir las carencias sociales que afectan a esta población, como el acceso a la alimentación, la educación y la vivienda; inclusión laboral y productiva: se reconoce la importancia de generar oportunidades de empleo y desarrollo económico para las personas con discapacidad; atención prioritaria: el documento establece que todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los grupos históricamente discriminados, incluyendo a las personas con discapacidad.
La mera enunciación de los derechos humanos no garantiza su ejercicio universal. Por ello, son necesarias políticas públicas que generen condiciones propicias para que todas las personas puedan ejercer sus derechos, con enfoques que eviten la discriminación desde su concepción.
A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos. Entre 2008 y 2018, la población con discapacidad en situación de pobreza aumentó en cerca de dos millones de personas. Esto subraya la necesidad de fortalecer y ampliar las políticas existentes para lograr un impacto más efectivo en la calidad de vida de este sector poblacional. Por lo tanto, aún queda camino por recorrer para garantizar la plena inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, por lo que es imperativo que en México avancemos hacia un plan integral para todas las capacidades.
Salud Mental y Discapacidad Psicosocial
en el Sistema de Salud Mexicano
Actualmente, muchas personas hablan acerca de la salud mental, un concepto que pareciera fácil pero que en la práctica suele ser complejo debido a que no todas las personas tienen acceso a la salud. Aunque se admite la salud mental como un derecho de las personas, este no tiene el mismo significado para todos. ¿Cómo se define la salud mental? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas ser conscientes de sus capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a su sociedad. También, la salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales; es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y de la interacción.
Pero, ¿qué sucede cuando la salud mental ya no está en los parámetros de bienestar? Aquí se pueden mencionar términos relacionados con aspectos de normalidad y anormalidad en el ámbito clínico. Cuando se afirma que existe esta anormalidad, se puede debatir que las personas están fuera de una conducta o norma esperada y que, por lo tanto, son propensas a sufrir alguna alteración de la salud mental.
En México, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión informó en 2018 que el 17% de las personas presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo en su vida. A partir del año 2000, algunas alteraciones de la salud mental se han definido desde el término discapacidades psicosociales, según la OMS. Pero, ¿realmente se ha escuchado este término? Lo explicamos brevemente: de acuerdo con la OMS, las discapacidades psicosociales son aquellas que afectan a personas con un diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión.
Generalmente se oye de parte de la sociedad etiquetas que van generando que las personas se aíslen y no convivan dentro de la misma, así como también generan una conducta de autoestigma.
El impacto negativo impide que las personas puedan laborar en algunos casos y en otros acceder a servicios, y esto también genera problemas colaterales en cuanto a la carga económica. Además, impiden mejorar su calidad de vida; y las personas dejan de realizar prácticas que les ayuden con la prevención.
Lo anterior hace alusión a que aún persisten prácticas de estigmatización en las personas que padecen alguna condición mental, desde ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia, hasta personas que padecen algún trastorno del espectro autista, entre otras.
Ante esto, el sistema de salud mental mexicano enfrenta varios desafíos, incluyendo: acceso limitado a servicios de salud mental; falta de diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados; escasez de medicamentos y recursos en el primer nivel de atención; estigma y falta de preparación del personal de salud; largos tiempos de espera para citas con especialistas; y, ausencia de políticas públicas. En México, únicamente el 20% de las personas con enfermedades mentales reciben atención profesional, según informes de 2023 de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica; y de ese porcentaje, muchas no completan sus tratamientos por la falta de seguimiento entre los diferentes niveles de atención. Además, hay una considerable población que no está afiliada a un sistema de salud. Finalmente, se enfatiza la importancia de la psicoeducación como una herramienta útil para prevenir problemas de salud mental, educar a las familias y reducir el estigma en la población. Y se recomienda la adopción de un enfoque integral en los tratamientos de salud mental para la obtención de mejores resultados, en beneficio de la población.
Discapacidad y Progresividad en los Derechos Humanos
Históricamente, las personas con discapacidad han sido uno de los grupos más vulnerables y afectados por la discriminación. En el pasado, el estigma hacia esta población era más severo; la sociedad percibía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicológicas como algo inaceptable. Esto generaba un mundo excluyente lleno de barreras que sometía a las personas con discapacidad a tratos inhumanos y degradantes.
En México, se han implementado diversas leyes y políticas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuatro principios fundamentales, entre los cuales destaca el de progresividad. Este principio obliga al Estado a mejorar continuamente las condiciones de vida de todos los individuos, incluyendo a quienes tienen algún tipo de discapacidad.
El principio de progresividad en los derechos humanos está consagrado en el artículo 1 de la Constitución, que establece que “todas las personas tienen derecho a disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico”. Este principio es fundamental en el ámbito de los derechos humanos, ya que implica un avance constante hacia una mayor protección y garantía de estos derechos. Las personas con discapacidad han sido históricamente uno de los grupos más vulnerables y marginados de la sociedad. A lo largo del tiempo, han enfrentado numerosas barreras y obstáculos que les han impedido ejercer plenamente sus derechos y participar en igualdad de condiciones en diversos aspectos de la vida cotidiana.
En el caso de México, el principio de progresividad se ha manifestado a través de la implementación de diversas leyes y políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Un ejemplo destacado es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establece la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso de este grupo poblacional a áreas fundamentales como la educación, el empleo, la salud y la participación política.
Sin embargo, una ley por sí sola es solo un documento. Para que se convierta en realidad, se requiere mucho más que su mera existencia. Es fundamental el compromiso del Estado, pero también el esfuerzo incansable de activistas sociales que han difundido el mensaje y generada conciencia, cambiando la forma de pensar de la sociedad. Una comunidad comprometida y empática es esencial para avanzar en la dirección correcta hacia una verdadera inclusión.
Es importante reconocer que no puede haber un verdadero desarrollo sin el respeto a los derechos humanos. Si bien México ha logrado avances significativos en este ámbito, aún persisten desafíos importantes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el país. Entre los principales obstáculos que enfrenta este grupo poblacional se encuentran: La falta de accesibilidad en infraestructura y servicios públicos; la persistencia de actitudes discriminatorias y estigmatizantes; y, las limitadas oportunidades laborales y educativas. Estos retos requieren de un esfuerzo conjunto y sostenido por parte del gobierno, la sociedad civil y el sector privado para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde todas las personas, independientemente de su condición, puedan desarrollar su máximo potencial y contribuir plenamente al desarrollo del país.
Las Personas con Discapacidad en una Latinoamérica Digitalmente Inclusiva
La inclusión digital de las personas con discapacidad representa uno de los mayores desafíos y oportunidades para el desarrollo social y económico de Latinoamérica. En un mundo cada vez más conectado, garantizar el acceso y uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para todos los ciudadanos es fundamental para construir sociedades más equitativas, accesibles e inclusivas. Las tecnologías de apoyo son cruciales para mejorar la funcionalidad y autonomía de las personas con discapacidad, transformando su participación en la sociedad digital. Sin embargo, aprovechar su potencial requiere un enfoque integral que aborde el desarrollo tecnológico y las barreras sociales, económicas y políticas que enfrenta este grupo social en Latinoamérica. Para impulsar una Latinoamérica digitalmente accesible para personas con discapacidad, se formulan las siguientes propuestas: en primer lugar, crear un Observatorio Regional de Accesibilidad Digital en Latinoamérica, ideado como organismo independiente para monitorear y evaluar el progreso en accesibilidad digital, así como para generar datos confiables y actualizados para formular políticas públicas efectivas y tomar decisiones informadas en el sector privado. Paralelamente, deben desarrollarse estándares de accesibilidad tecnológica específicos para Latinoamérica para guiar el desarrollo de tecnologías accesibles y promover su adopción. Esto facilitaría soluciones pertinentes a las necesidades locales, fomentaría la colaboración entre países y crearía un mercado regional más sólido para tecnologías de apoyo.
Por otra parte, el fomento de la investigación y desarrollo de tecnologías asistivas adaptadas a Latinoamérica resulta imperativo, por lo que es crucial establecer fondos específicos y promover la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas impulsaría la innovación, beneficiando a las personas con discapacidad y potenciando el desarrollo económico y tecnológico regional.
Y otra iniciativa que merece atención es la creación de una plataforma digital de recursos accesibles que centralice información sobre accesibilidad digital y tecnologías de apoyo. Esta plataforma ofrecería capacitación en línea sobre el uso de inteligencia artificial para personas con discapacidad, lo que facilitaría el acceso a información y formación, y fomentaría una comunidad comprometida con la accesibilidad digital.
Estas propuestas se refuerzan mutuamente. Un enfoque integral que combine análisis de datos, estándares, investigación y desarrollo, y plataformas de recursos y formación, puede generar un impacto significativo y duradero en la inclusión digital de personas con discapacidad en América Latina. El éxito de estas iniciativas requiere la colaboración entre gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil. El camino por recorrer es largo, pero los beneficios potenciales para las personas con discapacidad y para la sociedad en su conjunto son incalculables. Y solo mediante un esfuerzo coordinado y sostenido se podrá crear un ecosistema digital verdaderamente inclusivo que supere las barreras existentes, es decir, una LATinoAMérica Digitalmente Inclusiva (LATAMDI / LATAMID) para las personas con discapacidad.
Recorrido 3D Incluyente en el
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Redacción.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1992, tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán, el Recorrido 3D Incluyente, en su segunda edición 2024.
El objetivo de este significativo evento fue visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad, un sector frecuentemente olvidado en el ámbito turístico y cultural. Además, fue organizado por la Agencia de Viajes Mont Blanc, liderada por Lizbeth Ortega y Renan Félix, y con la participación de jóvenes activistas como Ángel Jasso, Berenice Jiménez y Mario Escamilla.
La jornada comenzó en el Museo del Estado, un espacio que ya ha dado pasos hacia la inclusión al capacitar a su personal en temas de cultura de la discapacidad. Allí, los participantes se adentraron en la historia de la Botica de la Farmacia Mier y disfrutaron de una breve introducción sobre la cultura de Pátzcuaro, evocando el alma michoacana.
El museo también albergaba la obra de Jesús Machorro, un artista local que, desafiando las limitaciones físicas de su discapacidad, crea magníficas piezas pintando con la boca. Frente a sus cuadros, los asistentes no solo admiraron su talento, sino que reflexionaron sobre cómo el arte puede ser un vehículo de resistencia y expresión para quienes enfrentan barreras cotidianas.
El siguiente destino fue el Teatro Mariano Matamoros, un aliado incondicional de esta causa, que por segunda vez ofreció su apoyo al recorrido.
Con la cálida recepción de su personal, los visitantes recorrieron las instalaciones, apreciaron una proyección sobre la mariposa monarca en el mezzanine y disfrutaron de una breve obra de teatro. En cada detalle, se respiraba la intención de demostrar que el arte y la cultura son espacios que deben abrirse, sin restricciones, a todas las personas.
El recorrido concluyó con rostros satisfechos y corazones conmovidos. Pero más allá de la experiencia, quedó un llamado urgente: un grito que exige accesibilidad universal y una vida libre de violencia y discriminación.
“¡Este movimiento no se detendrá hasta derribar todas las barreras!” -afirmaron los organizadores-, quienes enfatizaron que el activismo no debe limitarse al contexto del 3 de diciembre. “Somos parte de un movimiento imparable que seguirá avanzando hasta que se respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad”, -sentenciaron los promotores del Recorrido 3D Incluyente.
El evento constituye un llamado a todos los actores de la sociedad -instituciones, empresarios, dependencias públicas e iniciativa privada- a adoptar medidas concretas que transformen las ciudades en espacios accesibles. La inclusión no es un acto de caridad, sino una responsabilidad compartida. En un mundo donde las barreras físicas y sociales persisten, estas iniciativas son faros que iluminan el camino hacia una sociedad justa y equitativa.
¿Estarán las instituciones públicas y privadas a la altura de este reto? Solo el tiempo lo dirá, pero de Recorrido 3D Incluyente ya ha dejado su marca: una lección de inclusión que resuena más allá de un solo día.
