Universidad de panamá Administración publica Relaciones internacionales Historia de Panamá Nuevo Gobierno de Guillermo Endara Integrantes Luz Gonzales Liseth Pimentel Facilitadora Rosalía castillo Primer semestre 2015
Introducción El nuevo gobierno de Guillermo Endara las elecciones generales de mayo de 1989 y sus consecuencias inmediatas. La crisis de 1989 elecciones legitima un nuevo periodo de democracia profundización democrática un mandato enmarcado por las secuelas de la dictadura y la invasión la implementación y
resultados del plan de desarrollo
económico y un poco de cómo fue la evolución política nacional en el periodo de Guillermo Endara en las elecciones de 1991 (parciales), elecciones de 1992 (referéndum), elecciones de 1994. EN1989, se inicia el periodo de Instauración Democrática, con el reconocimiento de la terna ganadora en las elecciones de mayo, Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. La misión de instaurar la democracia es difícil, debido al desastre de nuestras finanzas públicas, el deterioro de la empresa privada, la casi inexistencia de servicios públicos, el deterioro de los derechos humanos y nuestros valores tradicionales que son factores muy negativo para un desarrollo democrático.
Índice Nuevo gobierno de Guillermo Endara Las Elecciones Generales de Mayo de 1989 y Sus Consecuencias Inmediatas. La crisis de 1989 elecciones legitima Un Nuevo Periodo De Democracia Siglo XIX: Profundización Democrática Un Mandato Enmarcado Por Las Secuelas De La Dictadura y La Invasión. Implementación y resultados del plan de desarrollo económico evolución política nacional en el periodo de Guillermo Endara Elecciones de 1991 (Parciales) Elecciones de 1992 (referéndum) Elecciones de 1994 Tema de reflexión Conclusión Bibliografía
LA NUEVA DEMOCRACIA Y EL GOBIERNO DE GUILLERMO ENDARA (1989-1994)
Las Elecciones Generales de Mayo de 1989 y Sus Consecuencias Inmediatas. Con este trasfondo de incertidumbre y crisis, el 7 de mayo de 1989, se celebraron las elecciones generales, después de tres meses de intensa campaña política. En agosto de 1988 murrio Arnulfo Arias y el gobierno encabezado por el General Noriega y el Ministro Encargado de la Presidencia Solís Palma trataron de sacar ventaja dividiendo a sus adversarios políticos. No obstante, tras superar su deseo de abstenerse de participar en los comicios, el Partido Panameñita Auténtico, despojado de sus símbolos por maniobras oficialistas y bajo la bandera del Liberalismo Auténtico, se presentó al lado de una poderosa coalición con la Democracia Cristiana y el Molinera con el nombre de Alianza Democrática de Oposición Civilista, cuya nómina la encabezaba Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, para Presidente y Vicepresidentes, respectivamente. Por el oficialismo se unieron el PRD, facciones del Partido Laborista Agrario y de los Partidos Liberal Republicano, al igual que el Partido Panameñita Revolucionario, el Partido del Pueblo, el Partido Democrático de los Trabajadores y el Partido Acción Nacionalista. Todos estos grupos formaron la Coalición de Liberación Nacional (COLINA), que postuló a Carlos Duque para la Presidencia de la República, en tanto que Ramón Sietro y Aquilino Boyd aspiraron a la primera y segunda Vicepresidencia, en su orden. Por el Partido Panameñista Auténtico se presentó como tercera opción Hildebrando Nicosia sin la menor posibilidad de triunfo. Durante la campaña política el gobierno militar declaró que las actividades de protesta de la Cruzada Civilista obedecían a lineamientos trazados por Washington, a través del denominado Movimiento Democrático por Elecciones
Libres y Honestas, copiado del Movimiento Nacional de Ciudadanos para Elecciones Libres de Filipinas. Este plan subversivo, según las fuentes las fuentes oficiales, estaba dirigido por el diplomático norteamericano John Maisto, quien había realizado una tarea similar en Manila y contaba con el apoyo de poderosos sectores económicos en Panamá. Asimismo, se acusó el gobierno de George Bush de financiar la campaña de la ADOC con diez millones de dólares a través de los fondos manejados por Eric A. Delvalle a quien, Washington reconocía como legítimo Presidente de Panamá. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Panamá, el 3 de abril, decomisaron equipos de radio y televisión y detuvieron al estadounidense Kurt F. Muse, acusándolo de ser agente de la C.I.A. Con una asistencia masiva a las urnas por parte de la población electoral, es incuestionable que la ADOC obtuvo una aplastante victoria en los comicios del 7 de mayo de 1989. Esto impidió que el gobierno repitiera el fraude perpetrado cinco años antes y optará por anular las elecciones tres días después. En efecto, el Tribunal Electoral, mediante Decreto No. 58 de 10 de mayo, expresó que las elecciones habían sido organizadas “en medio de la más aguda crisis fiscal y económica que sufre la República de Panamá con el ánimo de brindar al pueblo panameño la oportunidad de producir la renovación de sus principales órganos de gobierno dentro de la legalidad y para demostrar al mundo la voluntad de actuar dentro del marco de democracia, a pesar de que el ejercicio electoral significó un enorme sacrificio económico y una distracción de esfuerzos ante los constantes ataques del agresor”. Una vez concluidas las elecciones se suscitaron actos fraudulentos y de violencia, solo que no de la manera imprecisa como lo exponía el Tribunal Electoral. Miembros de la Fuerza de Defensa y grupos paramilitares llevaron a cabo robos de actas y votos en diversas partes del país incluyendo la ciudad capital. En cuanto a la reprensión que se desató poco después, por parte de las Fuerzas de Defensa y los Denominados Batallones de la Dignidad, lo evidencian los hechos acaecidos en el Centro de Convenciones ATLAPA, así como frente a la residencia arzobispal y particularmente, el10 de mayo, en el parque Santa Ana, donde los paramilitares y terroristas libios atacaron a los máximos representantes de la
nómina opositora Endara, Arias Calderón y Ford, causándoles serias heridas y golpe al primero y al último, al igual que la muerte de Alexis Guerra, uno de los miembros del cuerpo de seguridad de Ford, mientras que Humberto Montenegro quedo gravemente lesionado. Escenas de esta salvaje reprensión fueron presenciadas en el extranjero y demostraron que en Panamá imperaba una dictadura dispuesta a mantenerse en el poder por los medios que fuesen. También cabe recordar el asesinato del sacerdote holandés Nicolás Van Kleef, en Chiriquí, por parte de un miembro del Batallón Paz de las FDP. La Crisis de 1989: Elección Legítima. Durante los últimos seis meses de 1989, las relaciones entre Panamá y Estados Unidos se hicieron cada vez más tensa. El comando Sur incrementó el número de efectivos y sus maniobras militares, en tanto que el régimen de Noriega creo a fines de agosto, los Comité de Defensa de la Patria y la Dignidad, conformado por empleados públicos, a fin de hacerle frente a la agresión extranjera. Al mismo tiempo, denunció diversas violaciones a los Tratados Torrijos-Cárter, incluso en los foros internacionales de la OEA, los países no alineados y la ONU. La mediación de la OEA para encontrarle una solución negociada a la crisis de Panamá culminó en un rotundo fracaso. En efecto, la OEA que el 17 de mayo de 1989 opino que “los graves acontecimientos y abusos del General Manuel Antonio Noriega en la crisis y el proceso electoral podrían desatar una escalada de violencia con los consiguientes riesgos para la vida e integridad de las personas”. Mediante el Acuerdo No. 2 de 31 de agosto de 1989, el Consejo General de Estado designó a Francisco Rodríguez, hasta entonces Contralor General de la Nación, para ocupar el cargo de Presidente Provisional de la República y a Carlos Ozores Typaldos como Vicepresidente, a partir del 1 de septiembre de ese año. Veinte días más tarde, por medio del Acuerdo No. 3 el Consejo General de Estado enunció las medidas para la designación de los Concejales y los Representantes de Corregimientos. Los nombres de estos últimos se dieron a conocer mediante Acuerdo No.4 también el 21 de septiembre. Posteriormente, a principios de noviembre, el Consejo General de Estado acordó que las funciones legislativas la
ejerciera la Asamblea Nacional de Representantes hasta que se hicieran las reformas a la constitución. El clima de hostilidad y amenazas entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos fue en aumento. La declaración del Consejo General de Estado, del 21 de noviembre de 1989, en el cual se acusaba al gobierno de George Bush de haber preparado y financiado el “plan Panamá 5”, cuyos objetivos consistían en acciones terroristas y criminales contra la vida del comandante de las fuerzas de defensa, miembros del Estado mayor y otras personalidades patrióticas del Gobierno Nacional. Poco antes, en de 1989, el Consejo General de Estado aprobó un buen número de Decretos Leyes, mejor conocidos como “leyes de guerra” contra los empleados públicos y los inversionistas que gozaban de incentivos fiscales. El 15 de diciembre, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, mediante la Resolución No. 10, declaró al país en “Estado de Guerra” y adoptó medidas para hacer frente a la agresión extranjera. En el considerando de dicha Resolución se indicó, entre otras cosas, que la República de Panamá, ha estado durante los dos últimos años bajo un cruel y constante hostigamiento por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América, cuyo presidente ha hecho uso de loso odres de guerra que jamás su nación ejerció contra ninguno de sus más encarnizados enemigos en las guerras que ha sostenido en distintos continentes, para tratar de someter la voluntad de los panameños. Más adelante la Resolución citada, sostenía que la República de Panamá vive en un real estado de guerra bajo el acoso permanente del gobierno de los Estados Unidos. Poco después de la medianoche del 20 de diciembre de 1989 se dio inicio a una cruenta invasión a Panamá por parte del ejército de los Estados Unidos. En la misma jornada de la invasión, un nuevo gobierno tomaba posesiones en la antigua base militar de Clayton, hoy la Ciudad del Saber, Endara, Arias y Ford prestaron juramento como presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo de la República, respectivamente. El 27 de diciembre, un nuevo escrutinio por el Tribunal Electoral de las actas correspondientes al 83.1% de las mesas electorales atribuyó Endara el 62.5% de los sufragios frente al 24.9% de Duque. Tras esa certificación, el dirigente arnulfista fue proclamado presidente y su toma de
posición fue validada con carácter retroactivo. El recuento afición determinó también que la ADOC había obtenido 51 de los 67 escaños de la Asamblea. El 3 de enero de 1990, al cabo de dos semanas de asedio en la Nunciatura, Noriega se entregó a las tropas estadounidenses y 12 de enero el Pentágono dio por concluida la Operación Causa Justa. El país había sido invadido, los aviones estadounidenses vomitaban fuego y los tanques se apoderaban de las calles, con la “causa justa” de expulsar de una vez y para siempre a una dictadura militar que ya había causado demasiados problemas. El primer gobierno democrático, el de Guillermo Endara Galimany, recibió un país quebrado, saqueado y en anarquía. Los bancos estaban cerrados, la deuda pública era una bomba de tiempo, a los empleados se les pagaba con papelitos y la economía estaba en caída libre. Su misión fue “enderezar al país” y lo logro. Fue un gobierno de reconstrucción y estabilización, que pavimento el camino para que su sucesor, realizará una primera generación de reformas estructurales, que incluían la privatización de los servicios públicos, la entrada de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC), la modificación del Código de Trabajo, entre otras. Composición de la deuda fundada o contractual del sector público al 31 de diciembre de 1989. Gobierno Central Externa Interna Sub Total de la Deuda Contractual Menos Deuda Institucional Total Gobierno Central Sector Descentralizado Interna Externa Sub Total de la Deuda Contractual Menos Deuda Institucional Total Sector Descentralizado
2457.8 1208.1 3665.9 237.0 2428.9 1355.8 298.0 1653.8 114.8 1539.0
Total de Deuda Contractual
4967.9
Hacia Un Nuevo Periodo De Democracia. A partir del 21 de diciembre de 1989, se inicia el periodo de Instauración Democrática, con el reconocimiento de la terna ganadora en las elecciones de mayo, Guillermo Endara Galimany, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. La misión de instaurar la democracia es difícil, debido al desastre de nuestras finanzas públicas, el deterioro de la empresa privada, la casi inexistencia de servicios públicos, el deterioro de los derechos humanos y nuestros valores tradicionales que son factores muy negativo para un desarrollo democrático. 1. Medidas establecidas en este gobierno FUERZA PÚBLICA
GOBIERNO ÓRGANO JUDICIAL
FINANZAS y ECONOMÍA
ÓRGANO LEGISLATIVO
En abril de 1991, el Presidente de la República, por divergencias ideológicas, y buscando mayor espacio político, expulsa de gobierno al partido más fuerte, la Democracia Cristiana. Se da frustración en el pueblo y se acentúan los graves problemas sociales y económicos.
Siglo XIX: Profundización Democrática. El proceso de iniciación democrática comienza en 1990, se ha consolidado; aunque muchas situaciones sociales, económicas y políticas persisten con ciertos problemas. El
presidente
Guillermo
Endara
heredo
un
país
en
ruinas,
aislado
internacionalmente, con una extraordinaria deuda externa, una elevadísima tasa de desempleo, masiva pobreza, concentración del ingreso en pocas manos y ocupado por el ejército de los Estados Unidos. Sus tareas inmediatas eran restaurar la democracia, restablecer el orden público y fortalecer la economía. Debía también obtener el reconocimiento internacional, lograr la desmilitarización del territorio y asegurar la evacuación de las tropas de intervención del país, además, había prometido gobernar en favor del interés nacional y no de una camarilla como había sucedido en los años de la dictadura militar, en virtud de lo cual la tarea era titánica y se requería emprenderla con decisión y sin titubeos. Aunque en líneas generales el gobierno cumplió la mayoría de los objetivos, también tuvo que hacer frente a graves dificultades que fueron surgiendo con el tiempo. En el aspecto económico-financiero, se dio la ansiada recuperación y se cubrieron los pagos adeudados a los organismos financieros internacionales desde 1987. Se adoptó el programa de v Económica, con la expedición de la Ley Marco de Privatización; se creó la Autoridad de la Región Interoceánica y se eliminó el Ejército. Entre las dificultades que tuvo que sortear el nuevo Presidente se destacaron las pugnas intestinas con el partido Demócrata Cristiano, que terminaron con el extrañamiento de este colectivo de la coalición del gobierno; el intento del golpe de Estado fraguado por el Coronel Eduardo Herrera y merced al cual solicitó la
intervención de las tropas norteamericanas, así como el escándalo del trasiego de armas con el ex Yugoslavia. Este primer gobierno post invasión puso en ejecución una política fiscal férrea que afectó a los sectores populares, pero no produjo una verdadera transformación en la vida nacional como anhelaban las grandes naciones. Por lo contrario, volvieron a resurgir las reglas del juego de la vieja oligarquía, además el liderazgo del Presidente se puso en entre dicho por no haber adoptado las medidas enérgicas que requería y reclamaba el país en aquel momento. Algunas medidas neoliberales adoptadas por el gobierno tuvieron efectos sociales catastróficos; se despidieron ciento de empleados públicos, se suspendió el pago del décimo tercer mes, se produjo en cifras reales el aumento de desempleo y la pobreza, se elevó el costo de la vida y también la corrupción en algunos sectores gubernamentales. La incapacidad del gobierno para dar soluciones efectivas a mucho de estos problemas fue creando frustración y descontento entre la población.
Un Mandato Enmarcado Por Las Secuelas De La Dictadura y La Invasión. Una vez posesionado de su despacho en el Palacio de las Garzas, Endara tomo las riendas de un país desarticulado, recién salido de un estado pseudo democrático y con la soberanía nacional más restringida que nunca por la presencia de miles de tropas de ocupación extranjeras, las cuales, dicho sea de paso, fueron acogidas con muestras de entusiasmo y, sobre todo, de alivio, por una parte importante de la población, hastiada de los desmanes de Noriega. Pero también heredo un cuadro económico desastroso, con la producción en caída libre (en 1989 el crecimiento negativo alcanzó el 4%, si bien en el 1988 la contracción había sido casi cuatro veces superior) y la tercera parte activa en el paro. La deuda externa ascendía a los 5.100 millones de dólares, cantidad eleva disipa para un país tan pequeño como Panamá y que representaba el 110% de su PIB, y el diálogo con el FMI y los demás organismos multilaterales de crédito estaba en el vado debido a la morosidad y la escasa credibilidad del anterior gobierno.
A todo ello debía sumarse las abundantes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por la intervención militar estadounidense. Los bombardeos indiscriminados habían dañado barrios populosos de la ciudad, el de El Chorrillo, que cobijaba la comandancia de las FDP y el cuartel de Noriega, quedó completamente devastado y matado a gran número de civiles, 202 según el Comando Sur de Estados Unidos, 560 según el Gobierno y entre 4000 y 10000 según el PRD; análisis retrospectivo estuvieron de acuerdo en que las víctimas de la invasión debían contarse por millares y no por centenares. En cuanto a las pérdidas económicas, estas fueron valoradas por las Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en más de 2.000 millones de dólares, pero el Congreso de Estados Unidos no estaba por la labor de compensar debidamente al Estado panameño por los estragos causados por Causa Justa.
La Reconstitución. En julio de 1990, Estados Unidos hizo firmar al gobierno de Endara un “Convenio de Donación”, en el cual dicho país financiaría parte de los daños económicos causados por la invasión y saqueo subsecuente, pero dicho gobierno se comprometía a aplicar un duro plan económico de corte neoliberal, reduciendo la planilla estatal, fijando la privatización de empresas públicas, reducción de aranceles de importación, fin del control de precios e incluso una nueva reforma laboral. Los compromisos adquiridos por dicho convenio empezaron a ser aplicados por el gobierno de Endara (1989-94) y continuados por Ernesto Pérez Balladares (1994-99). El énfasis del gobierno de Endara fue resucitar las agonizantes cuentas públicas y recuperar la confianza de los organismos de crédito. Para ello, negocio con las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un programa de ajustes estructural conocido popularmente
como el Plan Ford, en referencia al entonces
vicepresidente y ministro de Planificación, Guillermo Ford.
El plan incluía, entre otras cosas, las privatizaciones, la apertura comercial, la reducción de la planilla estatal y mantener los déficit se fiscales en cero. Aun así, el ex ministro Ford se confiesa alérgico a la pantalla “neoliberalismo” y niega que la política económica de aquellos días anduviera por esos rumbos. “No me gusta para nada esa palabra, tampoco el paternalismo. El calificativo de neoliberal jamás se le podrá achacar a Endara”, sostiene Ford, quien aspira a llegar nuevamente a la vicepresidencia al lado de Endara. “Siempre hemos crecido y seguiremos creyendo que es necesario una efectiva protección al sector primario, pero que quede claro que protección no significa paternalismo. Claro está, tampoco uno puede sustraerse de las corrientes que se dan en el mundo”, subrayó. Ford asegura que durante la tensa negociación con las IFI, el gobierno de Endara se negó a las exigencias de rebajar los aranceles y despedir empleados públicos. Por lo contrario, asegura, se mantuvieron adecuadas protecciones arancelarias para rubros más sensibles, y en lugar de despedir empleados se creó el Plan de Retiro Voluntario, para bajar gradualmente la planilla estatal. Cabe notar que el gobierno de Endara ha sido el único que redujo el salario a los ministros y directores de instituciones públicas, mientras que Pérez Balladares lo aumentó y Mireya Moscoso los mantuvo, indicó por su parte el ex contralor Rubén Darío Carles. Aun así, Endara subió la edad de jubilación de los hombres y las mujeres, luego de que la junta directiva de la Caja de Seguro Social alertó de que el sistema de pensiones iba rumbo a la bancarrota. El proceso de privatización se inició realmente en su administración, al aprobarse la Ley 16, a la que siguieron la venta de seis empresas estatales de menor tamaño como el hotel Taboga, el hotel Washington, el Proyecto Palma Aceitera del Barullo y Cemento Bayano.
IMPLEMENTACION Y RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO El país inició el año de 1990, con una economía severamente afectada por la recesión; la fuga de capitales y la violenta caída de la presentación de servicios básicos fenómeno que fue una consecuencia de la crisis política panameña que terminó con la intervención militar extranjera. El informe de la C.E.P.A.L (Comisión Económica para la América Latina y el Caribe), observamos el estado de deterioro al que llegó nuestro país al inicio de la década del 90, como punto culminante de una crisis de orden general que cesó después de los acontecimientos trágicos de la invasión militar norteamericana. En el informe presentado a la Asamblea Nacional en el mes de mayo de 1990, Don Rubén Darío Carles, Contralor General de la República, describe la situación de crisis en que se encontraron las finanzas públicas al iniciarse el mandato de Guillermo Endara Galimany. En una cita del primero de estos documentos nos señala el Señor Contralor “El 20 de diciembre de 1989, la economía de la República de Panamá se encontraba en una profunda depresión. Los más diversos sectores de la economía, habían sufrido los efectos negativos de 20 años de dictadura, y sobre todo la crisis que se inicia el 7 de junio de 1987. A partir de ese momentos el sector privado participa activamente en la lucha contra la dictadura militar”. Asociaciones cívicas, empresarios y empleados de la empresa privada, en un esfuerzo que luego se extendió a todos los sectores económicos y a todos los grupos cívicos, sociales y raciales, expusieron su bienestar y su propia existencia para lograr sus objetivos de democracia, justicia y libertad. El nivel de la actividad económica disminuyó apreciablemente y el desempleo llegó a niveles sin precedentes. Empresas e individuos sufrieron fuertes pérdidas y la desaparición y baja de los ingresos.
La situación fiscal también resultó severamente afectada, las finanzas públicas llegaron al borde del colapso. El gobierno militar sobrevivió desesperadamente mediante el incremento del crédito interno y la virtual moratoria en las obligaciones, tanto internas como externas. La deuda pública excedió la enorme suma de B/.6000 millones de dólares. Las sanciones económicas de los Estados Unidos constituyeron un factor importante, pero no determinante. En la memoria presentada por la Contraloría General de la República el 1 de marzo de 1993 podemos identificar algunos de los logros más significativos de esta institución del gobierno de Guillermo Endara. “Nuestra democracia funciona aun con las imperfecciones que la caracterizan. En Panamá la libertad es ejercida con vehemencia, la voluntad popular se ejerce sin cortapisas, como se hizo evidente en el recién referéndum y en las gestiones que muchos adelantan para organizar nuevos grupos políticos”. La corrupción que es una de las herencias que arraigo la dictadura, se presenta como una cultura que subsiste tanto en el sector público, como en el privado. No hay corruptos sino corruptores. Muchos se generaliza sobre la existencia de la corrupción, pocas son sus denuncias formales y ciertas. El respeto y acatamiento a principios éticos que debe regir el comportamiento de los panameños exige el cumplimiento de las disposiciones legales que existen con carácter normativo en actos que se refieren a las finanzas públicas y los bienes del Estado. Dentro del nuevo gobierno alcanzó un elevado nivel de autonomía y de respeto el Tribunal Electoral, como lo ha demostrado en todas las oportunidades en que los panameños hemos debido acudir a las urnas. Ya decía Ortega y Gasseth que el sistema democrático depende de una institución básica, el respeto a la honestidad de los sufragios populares. El Estado Neoliberal: deuda, desigualdad y pobreza A fines de los 80 y principio de los 90 comenzó a configurarse un proceso de profundos cambios donde el Estado paso a ser el principal protagonista. El comportamiento económico refleja los impulsos acentuados de los procesos de globalización y apertura a nivel mundial. Sus objetivos básicos fueron: la privatización de las empresas y servicios públicos, la eliminación de barreras
arancelarias o apertura de mercado y la flexibilidad laboral. Dichas políticas fueron definidas en su momento como la única alternativa para la superación de la pobreza y del creciente desempleo que se manifestó en ese período. A los seis meses de producida la invasión norteamericana e instaurado el gobierno del presidente Guillermo Endara en 1989, se inició un proceso de transición desde el Estado empresario al de libre mercado. El llamado neoliberalismo no es solo una retirada del Estado con relación a la previsión social, es decir, eliminar el gasto público referido a programas de interés social y simultáneamente privatizar los servicios que tradicionalmente asumían en lo social. Se trata de un conjunto de políticas activas, una nueva forma de intervención estatal destinada a aumentar la rentabilidad del capital en un mercado global interno y garantizar el cumplimiento puntual de los pagos a la deuda externa. Bajo esta perspectiva, se implementó el plan del vicepresidente del gobierno de reconstrucción, Guillermo Ford, con el objetivo de transformar la función del Estado y permitir el libre juego de la oferta y la demanda. La llamada “Estrategia Nacional para el Desarrollo y la Modernización de la Economía: políticas para la recuperación, el crecimiento sostenido y la creación de empleos”, el mayor problema de la economía radicaba en la excesiva intervención del Estado en la economía. Los
problemas económicos de Panamá fueron producto de las
políticas económicas seguidas que desarrollaron una filosofía de “Estado activista” en contraposición a uno de libre mercado. Se desarrolló el Estado productor que demostró ineficiencia en proyectos de inversión como operaciones de producción y se mantuvo una posición antagónica hacia la empresa privada, ocupando su espacio natural. El gasto público se usó para diversos problemas de empleo, mejorar la distribución de ingresos y promover el desarrollo mediante la inversión nacional a través del financiamiento externo y aumento de impuestos para el sector productivo privado, y una política económica de crecimiento hacia adentro en detrimento de las exportaciones. El documento formulaba los siguientes objetivos:
La política económica que aquí se propone tiene como objetivo central la reactivación de la economía nacional y el comienzo de un nuevo período de crecimiento sostenido que mejore significativamente el nivel de vida del pueblo panameño. Los objetivos generales son: 1. Aumento de los niveles de empleo y productividad; 2. Crecimiento auto sostenido; 3. Creación de un sistema que genere oportunidades mas equitativas. Estos objetivos se lograrían mediante la aplicación de tres puntos fundamentales: privatizaciones de empresas y servicios públicos; apertura de mercados y flexibilización laboral. El programa de privatización es considerado como un “componente estratégico de la política económica” y se consigna en ese ámbito los siguientes objetivos: a. Reducir el número de entidades estatales; b. Transferir al sector privado actividades del sector público; c. Vender ciertas empresas o activos. A su vez, se establecen los siguientes criterios de privatización: a. Las empresas no rentables; b. Las actividades no estratégicas; c. Actividades que están desarrollando en forma no eficiente; d. Posibilidades de privatización parcial; e. Actividades que podrían ser manejadas como patronatos. Sin embargo, el desgastes político del denominado “régimen de ocupación”, resultado no solamente de sus propias contradicciones políticas, sino también del deterioro de una economía que entre 1988 y 1989, producto de las sanciones económicas, tuvo una perdida en la producción que alcanzó USD 2.334 millones y USD 1.246 millones en concepto de fuga de capital, le impidió en sus cuatro años y medio, cumplir con el programa privatizador. No obstante, desde 1984 la política económica estatal se fue ajustando cada vez más a concepciones y preceptos neoliberales.
El Presidente y Ministro de Planificación, Guillermo Ford, anunció en una reunión sostenida con la Comunidad Hebrea de Panamá, que el Gobierno Nacional solicitaría a la Banca Privada unos 700 millones de dólares, de los cuales la mitad seria otorgada en donación y la otra mitad cancelada en abonos a mediano plazo e intereses blandos. También indicó que se ha solicitado a las Compañías de Seguro que analicen el plan presentado para ver qué tipo de contribución podía hacerse para formar un fondo común.
IMPLEMENTACION Y RESULTADOS DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO. Panamá soporto una crisis de magnitudes sin precedentes durante el año de 1988, que afectó en forma negativa a la casi totalidad de sus afectos sociales y económicos. Los incalculables daños de la invasión militar han sido imposibles determinar, si consideramos las pérdidas físicas y de vidas humanas. En medio de esta caótica situación, durante varios meses de diciembre, y hasta que las nuevas autoridades fueron capases de asumir el control del gobierno, en amplias zonas comerciales de las dos principales ciudades del país “Panamá y Colon” y en menor medida la zona Libre de Colón, se produjeron actos de saqueo y sabotaje comercial que causaron daños a obras de infraestructura. La Cámara de Comercio e Industria y Agricultura, consideró que los saqueos que tuvieron lugar en los días sucesivos se perdieron más de 400 millones de balboas. Las condiciones descritas tuvieron un impacto negativo en la producción agrícola y pecuaria, en la producción de energía eléctrica y en la dotación de agua para consumo doméstico. El Producto Nacional Bruto cayó en un 19%, la inversión declinó en un 60%, el desempleo urbano llego a una tasa del 21%, los ingresos fiscales se redujeron en un 45%, se interrumpió el pago del servicio de la deuda externa. Se produjeron millonarias fugas de divisas que dislocaron el sistema bancario nacional, tanto en lo interno, como en lo internacional.
Los comercios durante la crisis abultaron los precios y crearon la escasez ficticia de ciertos artículos para obligarnos a comprar mercancía como sueldo para cambiar nuestros cheques o para engañarnos con los precios abultados. En cuanto a los empleados mismos del comercio local hubo innumerables casos en que los comerciantes les rebajaron abruptamente el sueldo y aumentaron su jornada de trabajo, simplemente con la promesa de no botarlos. Algunos cobraban su salario con mercancía o con vales que podían cambiar en los supermercados. Hubo prestamistas que para hacer el favor de cambiarle sus cheques retenían el 15 y 20% del valor bruto del cheque. La necesidad obligaba a muchos padres de familia a someterse a esta explotación. Los funcionarios de Bancos, prestaron para descongelar parcialmente fondos retenidos de las cuentas de ahorro, con exagerados descuentos no autorizados por la administración, pero que ellos se ingeniaban en pagar con beneficios propios. A ninguno de ellos le cayó la Ley. Hubo innumerables establecimientos que no se repusieron del saqueo y finalmente tuvieron que abocarse a la quiebra. La disminución de los depósitos del sistema bancario disminuyó en más de 8000 millones de dólares, que cayeron de 25400 millones a fin de 1986, a 17200 millones en el mes de diciembre de 1987. A pesar de la disminución de la disponibilidad de fondos, estas instituciones continuaron financiando normalmente actividades de la Zona Libre de Colón, e incluso incrementaron los flujos para atender el mayor valor de las operaciones. Luego de un bien de gran dinamismo, el proceso de formación de capital comenzó a experimentar un deterioro considerable, que se fue agudizando a lo largo del año. Como fruto de esta decisión y el compromiso asumido por el gobierno de reforzar la aplicación de la política de ajuste iniciada al empezar a percibirse el estrangulamiento financiero, la inversión pública siguió descendiendo, pero esta vez en forma más aguda. A su vez, la inversión privada perdió dinamismo, sobre todo en los últimos meses, al ser limitado la posibilidad de apoyo financiero, tanto interno, como externo. En muchos de los casos las dificultades provinieron de la
imposibilidad de obtener créditos hipotecarios, por lo que no pudieron colocarse en el mercado unidades habitacionales o de servicios de grandes edificios, terminados, lo que resto capital de trabajo al sector. Los servicios asociados a la posición estratégica del país en las corrientes mundiales del comercio de mayor peso en la economía panameña, se desenvolvieron en forma positiva, excepto las del Centro Bancario Internacional, vinculadas típicamente a operaciones internas. En los primeros meses del año 1987los indicadores económicos de producción mostraban en muchos casos ritmos de crecimiento elevado, que permitían presagiar una evolución satisfactoria del conjunto de actividades. Así lo corroboraron particularmente los indicadores de los servicios internacionales que presenta el país y que tienen un elevado peso en la economía interna, tales como las operaciones del Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y el oleoducto transistmico, e incluso el Centro Financiero Internacional, aun cuando algunas de sus operaciones se habían empezado a trasladar a otros centros de expansión, situados en países geográficamente cercano. A mediados del año, la evolución de la actividad y de los diversos indicadores, sufrió una inflexión, al combinarse algunos obstáculos de carácter estrictamente económicos, como el elevado endeudamiento del sector público, como los de origen sociopolítico, que provocaron tensiones y choques durante todo el resto del año. El saqueo generalizado y los actos de pillaje ocurridos tras la invasión norteamericana en Panamá han dejado unos 1500 millones de dólares en pérdidas, lo que amenaza el puesto de trabajo de mil personas.
TRANSFORMACIONES CONSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DE GUILLERMO ENDARA La llegada al poder de Guillermo Endara Galimany introdujo cambios fundamentales en nuestras instituciones, tras la restauración del régimen democrático con todas sus responsabilidades. Se ordena enviar a todos los órganos del Estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial, copias del informe a que se refiere, a fin de que se promuevan las medidas constitucionales y legales tendientes a preservar el orden constitucional y legal de la República. Endara fue víctima constante de las críticas de la prensa, una de las mayores conquistas de la nueva era. Nuestra prensa se convirtió desde entonces en el más importante vehículo para salvaguardar los principios del sistema, mediante la fiscalización y denuncia de la conducta de algunos funcionarios. Otro tanto podemos señalar del respeto que Endara mantuvo en todo momento a los otros órganos del poder público, a pesar que no le falto diferencias
Debemos hacer énfasis en que sin tratarse de órganos del poder público, para este
nuevo
periodo
administrativo,
constituyen
elementos
clásicos
para
salvaguardar el normal funcionamiento del Estado, tanto el Ministerio Público, como la Contraloría General de la República, que funcionaron en todo momento con plena autonomía en todas sus decisiones. Decía harold Alaska en su obra sobre El Liberalismo Europeo, que los hombres que llegan al poder generalmente desconocen el principio de la tolerancia, y por ello rechazan con energía la crítica, a fin de que en todo momento prevalezca su criterio. Es claro que el liberalismo, como gobierno constitucional no puede tener sentido en ese ambiente, pues el derecho del ciudadano a discutir los principios básicos del orden en que vive en su idea inherente. Esto es imposible bajo las dictaduras. Hemos revisado cuidadosamente la trayectoria de los regímenes de Juan Vicente Gómez, en Venezuela; Porfirio Díaz, en México; Anastasio Somoza, en Nicaragua y Rafael Trujillo, en la República Dominicana. Cada uno de estos responde a una ecuación única en contraposición con estos principios. Pero hay algo más, en cada uno de estos regímenes hubo un cuidado externo en asegurar una prensa incondicional, para insistir como su mayor logro, en el orden y manejo honesto de los fondos públicos, muy a pesar de que en cada uno de estos gobiernos autocráticos el control financiero estatal se convirtió en todo momento en un medio caprichoso de asegurar prebendas personales, para garantizar el respaldo político de ciertos grupos. En dos críticas fuertes, en calidad de constante denuncia, se mantuvo nuestra prensa. A la tolerancia por la impunidad frente a los delitos de corrupción. Frente a esta última situación apelamos tanto al procurador general de la Nación, Rogelio Cruz, como al propio contralor General de la República, Rubén Darío Carles G., quienes manifestaron una y otra vez que no bastaba con denunciar los delitos, sino que había que aportar las pruebas para llevar a los delincuentes ante los tribunales de justicia.
Existen documentos que revelan con objetividad lo que significó el gobierno presidido por Guillermo Endara. Nos referimos, entre otros, a las Memorias presentadas por la Contraloría General de la República, en los años 1991 y 1993. La Ley 48 del 18 de marzo de 1913, promulgada por el presidente Belisario Porras, definió las funciones de la Policía Nacional como una institución destinada a preservar la honra y bienes de la sociedad y como salvaguarda de la autoridad y la ley. En ningún instante, dentro de un régimen de derecho, se consideró la institución como un cuerpo beligerante. A partir de la fecha tras una serie de crisis históricas que amenazaron con aniquilarla, en el año de 1916, el cuerpo de la Policía Nacional
fue
desmilitarizado
por
presión
del
departamento
de
Estado
Norteamericano, amparándose en una subjetiva interpretación del Tratado HayBuneau-Varilla. Ello permitió a los Estados Unidos, hacer más duras exigencias a nuestro país, que dieron por resultado una serie de dramáticas intervenciones en el territorio nacional, de las fuerzas armadas norteamericanas acantonadas en la Zona del Canal de Panamá. Pero a partir de la década de 1930, la Policía Nacional fue transformando su estructura orgánica para convertirse cada vez más en un cuerpo militar, según se puede observar en la Memoria de Gobierno y Justicia que presenta al Órgano Legislativo. Como consecuencia de la invasión militar norteamericana, la República de Panamá, logró restaurar un régimen de derecho, y transformar la antigua Guardia Nacional o Fuerzas de Defensa en una Policía Nacional, supeditada a las autoridades civiles de la República, imprimiéndole una nueva filosofía. La Policía fue restaurada mediante el Decreto de Gabinete No. 38 del 10 de febrero de 1990. Este organismo dentro de la nueva concepción de gobierno de Reconstitución nacional debía cumplir su papel de entidad policial, es decir limitarse a su función de prevenir el delito, proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos y mantener supeditada a la autoridad civil. De acuerdo con el decreto ejecutivo, las Fuerzas de Defensa de Panamá quedaban abolidas con efecto retroactivo al 22 de diciembre de 1989 y en su lugar
se creaba una Policía Nacional, un Servicio Marítimo Nacional, un Servicio Aéreo Nacional y un Servicio de Protección Institucional. En tal sentido la Policía Nacional debía despojarse de toda prevención de fuerza militar, para ello, los cuarteles debían convertirse en centro de protección de la sociedad y servir de auditorio para la comunidad y de protección al ciudadano. Para alcanzar esta fórmula institucional, en primera instancia se estableció como una norma no permitida el acceso a la nueva organización de militares graduados, o de estudiantes de colegios militares. El régimen adoptó la estructura política consagrada en la constitución de 1972. En cuanto a la situación de los derechos humanos, tuvo lugar una evidente mejoría, aunque los siguientes tipos de violaciones fueron frecuentes: Expulsión de ciudadanos panameños por razones políticas, en una violación de las normas constitucionales, restricciones a la libertad de reunión, expresión y asociación, especialmente en el campo de la Policía. Interferencias en el proceso judicial por parte de funcionarios del gobierno, no había una protección efectiva de los individuos en los casos citados, debido a importantes factores que afectan seriamente la independencia del Poder Judicial, con sus efectos negativos sobre las libertades y garantías propias del debido proceso legal. Más tarde el 15 de noviembre de 1992 se celebra el referéndum de reformas constitucionales entre las que figuraba la abolición del Ejército, el cual fue rechazado por casi el 60% de los votos, tiempo después la antigua Asamblea Legislativa aprueba la abolición del ejército, que lleva a la nación por primera vez desde 1968 a un proceso electoral transparente en 1994, donde gana el candidato de la oposición Dr. Ernesto Pérez Balladares, que por medio de una combinación de alianza a lo interno del PRD logra retomar el poder político perdido en 1989, ganaron con solo el 33% de los votos debido a la inexistencia de una segunda vuelta electoral en el país y al hecho de que existían 7 candidatos para la presidencia. Una de las primeras consecuencias para el movimiento sindical panameño de la invasión norteamericana fue la imposición del gobierno de la Ley 25 de diciembre de 1990, por la cual fueron despedidos miles de funcionarios públicos,
especialmente de empresas estatales, que para entonces aún no habían sido privatizadas, y que tenían sindicatos y asociados laborales, acusándoles sin evidencia de intentar un golpe de Estado, por haber coincidido un llamado a huelga con una asonada militar el 5 de diciembre de ese año. La apelación de sindicalistas sigue durante diez años todas las instancias judiciales panameñas infructuosamente, hasta desembocar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde recibió un fallo favorable. Durante este gobierno, también se aprobó la Ley 16 de 6 de noviembre de 1990, por la cual se crean “zonas. Procesadoras de exportación” (maquilas), la cual suspende de hecho la aplicación de las principales garantías del Código de Trabajo para las empresas de capital extranjero que se acogieran a este régimen. Sin embargo, esta ley tuvo efecto limitado, al no producirse la migración de capitales maquila que se esperaba, no tanto porque fueran insuficientes los incentivos que la ley les otorgaba, sino porque la inexistencia de moneda propia y la libre circulación del dólar americano, hacen artificialmente “cara” la mano de obra panameña en comparación con las de otros países centroamericanos y del Caribe. Las llamadas “zonas procesadoras” debían establecerse en las antiguas bases militares norteamericanas ubicadas en la antigua Zona del Canal que, para entonces, empezaban a revertir a la soberanía panameña producto de los Tratados Torrijos-Cárter. La Ley 16 de 1990 restringe el salario excluyendo todo tipo de bonificaciones de este para que no sean tomadas en cuenta en los cálculos de cotizaciones a la seguridad social, décimo tercer mes, etc.; su redacción prioriza al contrato por tiempo definido sobre el de tiempo indefinido, haciendo de este último la excepción, introduce por primera vez en Panamá, el criterio de que el empleador puede dar por terminada la relación laboral, es decir, despedir al trabajador, cuando se produzcan fluctuaciones negativas en los mercados de exportación; afecta el derecho de vacaciones, autorizando al empleador a definir en qué momento la otorga, independientemente de si el trabajador ha cumplido el tiempo de trabajo mínimo requerido para acceder a este derecho, al igual que le autoriza a fraccionarlas en dos momentos distintos; permite la flexibilidad funcional del
trabajador porque autoriza a la empresa a asignar labores diversas a las que fue contratado; y, finalmente, prohíbe el derecho de negociar Convenciones Colectivas de trabajo hasta el cuarto año de operaciones de la empresa. La Ley 2 de 13 de enero de 1993 tuvo como objetivo central restablecer el derecho de negociación de Convenios Colectivos de Trabajo, suspendidas desde los años de crisis, sanciones económicas y los efectos económicos de la invasión norteamericana de 1989, sin embargo, esta ley fue más allá al modificar el artículo 405 del Código de Trabajo, autorizando al sindicato que negocie la Convención Colectiva a cobrar cuotas obligatorias a todos los trabajadores que se beneficien de la misma; así mismo, se limitó la pluralidad sindical cuando permite a las empresas solo negociar las convenciones con un solo sindicato, el que tenga mayor membresía, dejando de lado las peticiones del segundo sindicato, cuando lo hubiere.
EVOLUCION POLÍTICA NACIONAL EN EL PERIODO DE GUILLERMO ENDARA De manera objetiva las innumerables referencias que existen sobre nuestros procesos electorales desde el siglo XIX llegaremos a la conclusión de que jamás constituyeron un ejemplo de civismo. Lo mismo acontece durante el siglo XX, en donde los procesos electorales fueron objeto de constante fraude. Al llegar al denominado periodo republicano, con algunas excepciones, y en ellos, por lo menos hasta inicios de la década del 1930, fue determinante la presencia de los Estados Unidos para dirimir diferencias, como árbitro o supervisor electoral en Panamá, así como en los países Centroamericano y del Caribe.
Si la tradición de los Cabildos populares, constituyó una expresión de la soberanía popular en el siglo XIX, no fue sino hasta mediados de centuria pasada, cuando los panameños empezamos a ejercer el derecho de elegir a nuestros gobernantes. El 27 de diciembre de 1989, el Tribunal Electoral deroga el decreto que anulaba las elecciones, recupera las mayorías de las actas, y en consecuencia proclama al licenciado Guillermo Endara como Presidente Constitucional, a los miembros del Órgano Legislativo y a los representantes de corregimientos. Este segundo periodo se inicia con el golpe de Estado ocurrido el 11 de octubre de 1968, que da como resultado un gobierno militar, autodenominado Gobierno Revolucionario, que: •
Toma decisiones unilaterales sin elevarlas a consulta.
•
Designaba a los integrantes de la Junta de Gobierno, y a los sucesivos presidentes.
•
Ejercieron el poder con evidente autoritarismo de la fuerza militar. La Guardia Nacional mantenía el poder y el carácter de súper órgano del Estado y afirmaba que Panamá era un ejército con un Estado.
En cuanto al Tribunal Electoral podemos afirmar que: •
Se paralizaron con las alianzas que postulaban los candidatos del gobierno.
•
El registro electoral se altera.
•
Demora en la entrega de los resultados de las elecciones.
•
No respetaron la voluntad del pueblo expresada mediante los votos.
•
Se produce la anulación de un proceso electoral. Este proceso se catalogó como deficiente.
•
En las elecciones se produjo violencia política, verbal y física, dejando saldos de heridos y muertos.
A partir de 1990, las fuerzas políticas del país coinciden en que el sufragio popular ha sido ejercido de manera libre, honrada y eficaz en nueve ocasiones a pesar de las imperfecciones del sistema electoral. Luego de la invasión al país, se instaura el gobierno de Endara. Este hace una nueva estructuración del Tribunal Electoral.
Se nombra tres nuevos Magistrados, mediante los mecanismos ordenados por la Constitución Nacional. En esta nueva administración del Tribunal Electoral se realizaron cambios de funcionarios en los mandos altos, medios y bases. En lo que respecta al proceso electoral; se depura el Registro Electoral, se introduce la boleta única, las urnas múltiples, los compartimientos secretos de votación, actas diferentes para cada elección, se introduce la transmisión extraoficial de resultado y la capacitación a todos los funcionarios electorales.
Elecciones de 1991 (Parciales) El Órgano Legislativo no se había integrado en su totalidad, ya que en algunos distritos y corregimientos no se había proclamado a los concejales y representantes; por lo cual se convoca a la ciudadanía a elecciones parciales el 27 de enero de 1991 para elegir 160 representantes de corregimientos, 5 concejales y 9 legisladores. Los funcionarios electorales fueron capacitados sobre: Las nuevas modalidades mencionadas. Como debería realizar la instalación de las mesas de votación, desarrollo de la votación, el escrutinio. La forma de llenar el acta. Mediante la capacitación el Tribunal Electoral, desarrolla una política institucional sobre algunos principios éticos políticos que debían regular la conducta del ciudadano. El Tribunal Electoral para el fortalecimiento de la democracia, aplica una serie de medidas administrativas, que trajeron como consecuencia que las elecciones se llevarán a cabo de una manera transparente.
Elecciones de 1992 (Referéndum)
Se organiza el 15 de noviembre el proceso con miras a celebrar un Referéndum mediante el cual la ciudadanía tenía que manifestar si se encontraba de acuerdo o no con un proyecto de reformas a la Constitución presentada por el Ejecutivo. Por esta razón el Tribunal Electoral ya había creado una política de: Reclutamiento Capacitación y selección de todos los funcionarios electorales que se veían inmersos en este proceso electoral. Como innovación el Tribunal Electoral introduce: El uso de la tinta indeleble y La transmisión extraoficial de los resultados. Los resultados son conocidos en casi 48 horas obteniendo así el Tribunal Electoral un reconocimiento tanto nacional como internacional. En este evento el electorado rechaza la propuesta en una clara proporción de dos tercios contra un tercio. Elecciones de 1994 Este proceso electoral incluye
cinco tipos de elección: presidente, legislador,
representante, alcalde y concejales. Participaron cuatro alianzas: 1. Pueblo unido: Revolucionario Democrático y Laborista Republicano; postularon al Dr. Ernesto Pérez Balladares. 2. Alianza Demócrata: partidos liberal, liberal auténtico, arnulfista, UDI; postularon a la Sra. Mireya Moscoso de Gruber. 3. Cambio 94: Molinera, renovación civilista, morena; postularon al Licdo. Rubén Darío Carles. 4. Concentración Nacional: misión de unidad nacional y solidaridad; postularon al Sr. Samuel Lewis Galindo. Las elecciones se celebraron el 8 de mayo dentro de un clima de tranquilidad, honestidad y transparencia. En este evento se introdujo el uso de la boleta única de votación.
Los resultados parciales se dieron a conocer inmediata a medida que llegaban las actas de mesa y posteriormente la Junta Nacional de Escrutinio hizo la proclamaci贸n el 11 de mayo. Estas elecciones, tambi茅n le valieron al Tribunal Electoral un reconocimiento tanto a nivel interno como internacional.
TEMA DE REFLEXIÓN
La democracia tiene defectos y aspectos para cambiar, pero no olvides que es el único orden político donde podemos proponer, elegir, opinar, decidir, y cambiar lo que no funciona en un ambiente de libertad y de manera pacífica. Para que un gobierno sea democrático no basta con que haya elecciones y gane la mayoría. Es indispensable que las minorías sean respetadas y que se preserve la legalidad democrática, la cual permite la competencia política y posibilidades de las alternativas.
Conclusión El 27 de diciembre de 1989, el Tribunal Electoral deroga el decreto que anulaba las elecciones, recupera las mayorías de las actas, y en consecuencia proclama al licenciado Guillermo Endara como Presidente Constitucional, a los miembros del Órgano Legislativo y a los representantes de corregimientos. La Ley 16 de 1990 restringe el salario excluyendo todo tipo de bonificaciones de este para que no sean tomadas en cuenta en los cálculos de cotizaciones a la seguridad social, décimo tercer mes, etc. A partir de 1990, las fuerzas políticas del país coinciden en que el sufragio popular ha sido ejercido de manera libre, honrada y eficaz en nueve ocasiones a pesar de las imperfecciones del sistema electoral
BIBLIOGRAFÍA Arauz, Celestino y Pizzurno Gelos, Patricia. ESTUDIOS SOBRE EL PANAMÁ REPUBLICANO (1903-1989). Mancera, S.A., 1996., 645 páginas. Conté-Porras, Jorge. HISTORIA DE PANAMÁ Y SUS PROTAGONISTAS. 2da. Edición – Panamá, Producciones Erlizca. 335 páginas. El orden político democrático, Instituto Federal Electoral, apuntes de cultura democrática 2; quinta edición, diciembre de 2000, México, D.F. Prof. Tapia H., Luis H. HISTORIA PANAMEÑA. Susaeta ediciones Panamá, S.A., 2010 Panamá América. 256 páginas.