Análisis Político
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Las elecciones legislativas de Ecuador de 2013 se celebraron el 17 de febrero de 2013 para la elección de los 137 asambleístas que conformarían la segunda Asamblea Nacional del Ecuador para el periodo 2013-2017. El mismo día tuvieron lugar las elecciones presidenciales en las que se eligió al Presidente y Vicepresidente Constitucional del Ecuador para el mismo periodo, así como a los 5 representantes del país en el Parlamento Andino. En esta elección se eligieron 15 asambleístas nacionales; 6 por los migrantes y 2 por cada provincia y distrito metropolitano, más uno por cada 200 000 habitantes. Por primera vez en Ecuador, se demarcaron distritos electorales; 3 en Guayas, 2 en Manabí y 4 en Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito.
Tres mujeres Sencillamente histórico lo que sucede en nuestra patria. Un país donde el predominio masculino invisibilizaba el aporte de las mujeres en la política, y restaba oportunidades para su incidencia en la gestión pública y la transformación sus realidades como las relaciones de poder. Pues bien, este país, poco a poco, está dando indicios de cambio; así lo corrobora la voluntad política expresada en el nuevo liderazgo de la nueva Asamblea Nacional que ya entró en funciones, y que será liderada por Gabriela Rivadeneira, como presidenta de la Asamblea Nacional, y como primera vicepresidenta a Rosana Alvarado, y como segunda vicepresidenta Marcela Aguiñaga.
El valor que tienen los consensos amplios, transversales e incluyentes no se miden por la cantidad de votos que logran al levantar las manos en la Asamblea, sino fundamentalmente se miden en su capacidad de ser sustentables frente al cambio o camino que proponen. Si queremos un futuro distinto, sin duda que el saber leer los contextos (económicos, políticos, sociales, entre otros) es una capacidad que nuestros asambleístas deberán desarrollar, basándose en la cordura, en anteponer las ideas que burbujean en la superficie y tomar distancia para dar paso al análisis y comprensión real de la situación, considerando incluso aquellas ideas opuestas, distintas y tensionantes. De ahí que se insista tanto en la necesidad de debatir, de estudiar en profundidad, de meditar los cambios que se están proponiendo, de lo contrario serán imposiciones que bailarán al vaivén de los cambios de gobierno y las fuerzas políticas de turno. Países como Chile nos han mostrado que durante 30 años, los grandes avances se han definido en torno a grandes consensos que van más allá de los tintes políticos de turno. La mayoría de sus reformas ha llegado al Congreso luego de haber sido debatidas, incluso con organizaciones y actores fuera del poder Legislativo.
Frente al latente control del debate, la criminalización de la protesta o la ausencia de contrapunto de ideas, todo parece indicar que quienes hoy nos representan en la asamblea han quedado aturdidos por la aplastante mayoría electoral que representan, confundiendo en medio de tanto apoyo, que su deber es principalmente el velar por la legitimidad democrática, que en un escenario político como el actual, desafía profundamente la capacidad y voluntad que tendrán para efectivamente frenar el autoritarismo rondante o el debilitado sistema de fiscalización. Velar porque efectivamente la institucionalidad funcione (base de toda sociedad democrática) puede implicar, para algunos, salir de una zona confortable de adhesión a su líder y enfrentar críticas de una bancada, que no siempre todos están dispuestos a enfrentar valientemente.
Ahora bien, entendiendo que la mayoría optó por una línea de transformación de la sociedad (de la cual puedo estar de acuerdo o no), lo importante es que el control ciudadano no sea leído por las élites gobernantes como una amenaza y un factor desestabilizante, sino como un necesario ejercicio de convivencia social en donde los poderes que elaboran leyes, son distintos a los que administran el Estado e independientes de quienes hacen cumplir la ley. Me llama la atención ver cómo opiniones sobre la necesidad de eliminar una contraloría, aparecen como tiradas al vacío, siendo que probablemente sea la institución que mayor fortalecimiento debería tener, de manera de asegurar la fiscalización y legalidad de quienes ejercen el rol de administradores del Estado. Se ha advertido con distintos argumentos el peligro de contar con una asamblea ausente de contrapuntos (producto del poco debate profundo y desideologizado) entendiendo los consensos no como la unificación de posturas frente a una votación para validar cambios constitucionales, sino esencialmente la consideración de las distintas corrientes e ideas que harán que dichos cambios propuestos logren sus objetivos gracias al apoyo de los distintos sectores y no sea el resultado de la imposición excluyente que poco tiene que ver con la forma como queremos vivir en democracia.
Fuente: Ana María Raad Briz
Se ha iniciado el nuevo periodo legislativo. La elección de quienes ejercerán la presidencia y las dos vicepresidencias estaba anunciada. Ahora deberán integrar el Consejo de Administración Legislativa, cuya función más importante es la calificación de los proyectos de ley. Deberán formarse también las trece comisiones permanentes, pero es claro que, por la integración de la Asamblea, dominará en ellas el partido de gobierno. Cumplido esto, estarán listos para iniciar su tarea. Como se ha dicho, lo primero será el tratamiento de las leyes pendientes, como la de Comunicación, que está lista para la votación; el Código Penal Integral, del cual está pendiente la aprobación del informe para segundo debate o las leyes de Agua y de Tierras que se encuentran en consulta prelegislativa. Aunque Alianza PAIS tiene la mayoría, habrá que recordar que todos los legisladores tienen el mismo derecho a intervenir en la Asamblea, expresar sus criterios y plantear sus propuestas que deben ser consideradas con respeto. Se ha hablado de que la nueva integración de la Asamblea refleja un cambio generacional, entonces, tenemos derecho a esperar que no se maneje con los viejos métodos y que su funcionamiento sea independiente, claro, transparente y ceñido a los reglamentos y leyes.
os buenos deseos de antes hoy se concretan. Por ejemplo: en la era de la llamada partidocracia, algunos de sus más “ilustres” representantes demandaron una plena relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Por una sola razón: los políticos de entonces vivieron del conflicto y la confrontación con el único propósito de cosechar réditos electorales. Y para ello contribuyó una cultura política donde el escándalo definía la calidad de la democracia, supuestamente. Han pasado no muchos años de eso y ahora miramos de otro modo la gestión de las funciones del Estado. El jueves pasado, incluso, en un acto simbólico (más allá de lo que ya se ha dicho del “mando femenino” en la Legislatura), los representantes de los dos poderes del Estado se reunieron para definir sus modos de trabajo y colaboración para llevar adelante el proceso democrático en marcha.
Ese mensaje simbólico también dice mucho de lo que vendrá desde el 24 de mayo próximo. Y al mismo tiempo, como lo expresaron los presidentes de la Asamblea y Gobierno, haciendo lo que les toca, desde su autonomía institucional, no pueden dejar de mantener una buena relación para colaborar, coordinar y trabajar conjuntamente, para impulsar proyectos en favor de la sociedad y de los más pobres, fundamentalmente. Lo ocurrido es parte de todos esos signos de los nuevos tiempos. Y no por reiterada la frase puede perder su contenido: el país agradecerá que las famosas “pugnas de poderes” (que no eran otra cosa que disputas por intereses) desaparezcan del imaginario nacional. Por ello, de ahora en adelante, de haber alguna discrepancia, que sea para darle contenido y mucho sentido democrático y patriótico a la colaboración “extrema” entre todas las funciones del Estado.
Hay un mandato constitucional y otro popular. El primero fijado por la Constitución de 2008 y el segundo por la consulta popular de 2011.
A
todo ello se suma otra razón de fondo: tras la expedición de la Ley de Radio y Televisión, por parte de la dictadura, en 1975, muchos sectores de la comunicación (periodistas y académicos fundamentalmente) han luchado por la existencia de una normativa que armonice las condiciones reales en este campo, como el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero
sobre todo esa relación de poder entre empresarios, medios, periodistas y académicos. No es una lucha nueva ni mucho menos desconocida, salvo porque los medios comerciales y privados la ocultaron para solo demandar respeto a la libertad de expresión, cuando saben bien que esta nace de condiciones básicas y normas claras. Desde este diario, y en calidad de medio público, solicitamos que la primera ley que se apruebe en la Legislatura inaugurada este martes sea la de Comunicación. Por dos razones fundamentales: 1.- Con esa ley adquieren reconocimiento legal los medios públicos y comunitarios. Para ello deben quedar claras las normas y procedimientos para su existencia y desarrollo, garantizando su autonomía editorial y económica. Con esa ley, además, deben sustentarse todos los principios para una verdadera democratización de la comunicación. 2.- El peso mediático en la política ha colocado a ciertos medios como actores en la confrontación política, atribuyéndose roles y protagonismos que no les corresponde. Y para ello hay que establecer normas sin afectar los principios fundamentales, sin crear censura previa y garantizando la responsabilidad ulterior. Bajo estos argumentos, los nuevos legisladores deben asumir la obligación urgente de aprobar la Ley de Comunicación para generar los procesos democráticos por los que han luchado, desde hace más de 30 años, comunicadores y la misma ciudadanía.