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Familiares de desaparecidos buscan diálogo con López Obrador

/ gloriA leticiA díAz

Foto MNDM Ante la discusión por la desaparición de los fideicomisos públicos, entre ellos el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a discutir con familiares de víctimas la desaparición de dicho fondo, y ser congruente con el compromiso con las víctimas y sus afirmaciones de no escatimar recursos para “construir justicia, verdad y reparación”.

En un pronunciamiento, los más de 60 colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones sociales denunciaron que la desaparición del FAARI “impactaría negativamente de diversas maneras a la lucha de las víctimas, entre ellas el acceso a medios legítimos para defender sus derechos y continuar su exigencia de verdad y justicia”.

Al recordar que la Ley General de Víctimas por la que se creó el FAARI y las comisiones federal y estatales de atención a víctimas, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNBPD), el MNDM puntualizó que la desaparición de dicho fondo, “pondría un obstáculo enorme a las labores de búsqueda de nuestras y nuestros seres queridos, de ahí que a muchas familias podría negarles el acceso a una búsqueda organizada y la lucha por verdad y justicia”.

Ante las discusiones expuestas en la Cámara de Diputados, los integrantes del MNDM rechazaron “los términos degradantes en que se está llevando a cabo esta discusión pública, como si se tratase de un asunto de pesos y centavos y no de la dignidad humana”, y reprocharon a los legisladores que “no pueden legislar con base en un atropello contra todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país”.

Los colectivos que integran el MNDM exigieron mantener en FAARI como fideicomiso, al considerar que es un mecanismo que permite administrar los recursos, “protegiendo presupuesto suficiente para mejorar las condiciones de vida y los procesos de búsqueda de justicia y verdad de todas las víctimas”. El gobernador Héctor Astudillo Flores se pronunció en contra de la “desaparición” del fideicomiso del Fondo Nacional para Desastres (Fonden), pese a que en septiembre de 2017 su administración fue exhibida por almacenar toneladas de despensas y enseres para damnificados en una bodega particular donde los insumos se estaban pudriendo.

Incluso Astudillo demandó incrementar el presupuesto de bolsa federal que se reparte a las entidades que sufren catástrofes naturales.

Tras indicar que la decisión que se tome “no puede ser en contra del pueblo”, urgieron a democratizar la discusión sobre los fideicomisos desarrollado en el Congreso de la Unión a instancias del Gobierno Federal, y que “si el Estado quiere replantear el modo en que cumple con su obligación de financiar legítimamente a estas actividades que lo haga desde el diálogo público, no desde el arrebato legislativo”.

Al recordar las declaraciones de López Obrador de que es una prioridad de su gobierno la búsqueda de personas y la identificación forense, “tiene obligación de garantizar el presupuesto público adecuado para las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las víctimas, y convocar a éstas para una participación efectiva que fortalezca el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV)”.

En conferencia de prensa, integrantes del MNDM insistieron en ser considerados en la toma de decisión por ser autores de la LGV y por ser los principales afectados de la eventual desaparición del FAARI.

Grace Fernández, de Buscando Desaparecidos en México, exhortó a diputados, senadores y al presidente López Obrador a que “analicen a conciencia el impacto que tendrán estas decisiones” y mostró su preocupación por la “falta de conocimiento de los fondos y fideicomisos, qué atienden y cómo se distribuyen”.

Fernández explicó que en el caso del FAARI, se destina para que las víctimas continúen en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, y en el caso particular de los colectivos de familiares de desaparecidos “somos quienes buscamos y hacemos la investigación criminal para la localización de personas, seguimos subsidiando el trabajo del Estado”.

Apuntó que, para los familiares de los más de 75 mil desaparecidos, lo que les importa es recuperarlos y no es dinero lo que buscan, tanto así que han dejado sus trabajos por realizar las búsquedas.

“El día que todas las instituciones hagan su chamba, me voy a sentar a esperar que regrese mi hermano, mientras, nos toca buscar”, agregó Fernández al exigir garantías de que el presupuesto para las víctimas se mantenga inalterable y accesible.

“Yo creo que cada uno de los 109 fideicomisos merecen un análisis. Para mí, el Fonden, ese sí hay que pensarlo muy bien qué van a hacer porque en estados como Guerrero y Oaxaca es muy frecuente que existan daños por temblores, lluvias e inundaciones”, expresó el mandatario estatal en un mensaje público lanzado ayer en sus redes sociales.

Astudillo dijo que si los gobernadores no tienen acceso a los recursos federales para “disponer de una despensa, colchoneta o arreglar caminos”, no se puede ayudar a las personas en desgracia.

Explicó que, de los más de 75 mil desaparecidos, sólo mil 700 casos están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), cuyos familiares tendrían acceso al FAARI, fondo al que también tienen derecho víctimas de diversas violaciones a derechos humanos y de delitos de alto impacto de índole federal y del fuero común.

Al señalar que los familiares de personas desaparecidas no tienen certeza de poder impugnar la eventual desaparición del FAARI a través de una acción de inconstitucionalidad, resaltó que hay decepción por la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de quien esperaban que por su condición de víctima “sacara los ovarios” para acompañar a los colectivos.

Martín Villalobos, de la Fundación Mónica Alejandrina por los Derechos Humanos, recordó que entre las exigencias que han mantenido los familiares de víctimas es transparentar el uso del FAARI, y que hay acuerdo en corregir anomalías en el manejo del mismo y en las reglas de operación.

Sin embargo, consideró preocupante que los recursos del FAARI “sean utilizados para otra cosa sin consultarnos a los que nos organizamos en el movimiento de víctimas para crear la LGV”.

Exigió al presidente López Obrador que explique “cómo es que va a garantizar los recursos, porque hasta ahora estamos en indefinición, y eso significa sumar una angustia más al pesar de las víctimas”.

Villalobos deslindó al MNDM de partidos políticos y negó que los familiares de víctimas estén “con los conservadores”, al dar respuesta a las declaraciones de López Obrador que puso en duda la legitimidad de la exigencia de no desaparecer el FAARI.

“Es importante que el presidente nos escuche, no tenemos intereses más que el legítimo de buscar a nuestros familiares y garantizar que haya condiciones para la búsqueda, no queremos decirle cómo administrarlo (el FAARI) sino que nos den las reglas claras para evitar que se toquen los recursos y mandarlos a otro

Protagonista de un escándalo con el Fonden, Astudillo pide no desaparecerlo

/ ezequiel Flores

rubro”, dijo Villalobos.

En septiembre de 2017, se dieron a conocer públicamente videos de una bodega privada, ubicada al sur de la capital de la entidad, donde se mostraba a trabajadores del gobierno estatal acumulando toneladas de víveres para damnificados, entre ellas despensas del Fonden, en un lugar que no cumple con los lineamientos para preservar productos perecederos porque estaban al aire libre.

Las imágenes publicadas en Proceso, provocaron la molestia de Astudillo, quien aseguró que se trataba de un acto de sus antecesores pese a que en la bodega estaba una ambulancia con los logotipos de su administración y asignada a la Secretaría de Protección Civil estatal que administra su ahijado César Mayares.

En México hay 77,171 desaparecidos: Encinas; 2019, el año con más denuncias

/ Arturo rodríguez

La dimensión de las fosas clandestinas con restos humanos fue expuesta este miércoles: 4 mil 092 fosas registradas entre 2006 y el pasado 30 de septiembre que, por lo pronto, resultan en 6 mil 900 cuerpos exhumados.

El balance por el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, precisa que en lo que va de la actual administración se han hallado mil 257 fosas clandestinas con la exhumación de mil 957 cuerpos, un saldo con el que afirma, en los primeros dos años de gobierno, se localizó el 30.7% de las fosas históricamente registradas y la exhumación del 28.3% de los cuerpos recuperados en el período.

No obstante, el subsecretario admitió que existe una crisis forense en vías de resolver.

Este miércoles, durante la conferencia de prensa presidencial, Alejandro Encinas presentó los datos oficiales respecto a la desaparición de personas que, de acuerdo con la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, es en fosas clandestinas donde el gobierno estimó pueden encontrarlas mayoritariamente.

La cifra oficial de personas desaparecidas asciende a 77 mil 171 personas, teniendo el año de mayor gravedad en 2019, por la presentación de 8 mil 345 denuncias por desaparición.

El dato es desagregado. De 2006 al 30 de septiembre pasado, se han presentado 189 mil 206 casos de desaparición, contando con la localización de 122 mil 35 personas, de las cuales 104 mil 953 fueron localizadas con vida y 7 mil 082 sin vida.

Sólo en lo que va de la actual administración, es decir de diciembre de 2018 a la fecha, siguen sin aparecer 13 mil 821 personas, de un total de 29 mil 789 casos, con 15 mil 968 personas localizadas, aunque sólo mil 293 fueron encontradas sin vida y la mayoría de los casos resueltos, esto es 14 mil 675 personas fueron ubicadas con vida.

El informe incluyó los estados con mayor registro de casos de desaparición, concentrando el 25% de los últimos dos años en el estado de Jalisco, un registro que triplica lo registrado respectivamente en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Ciudad de México que le siguen en el listado, concentrando cada uno de esos estados, más del 8% de los casos.

En tanto, los estados donde se han localizado más fosas clandestinas son Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, que también son las entidades donde se ha registrado el mayor número de cuerpos exhumados.

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno Federal ha dedicado amplios recursos, por el orden de 333 mil 800 millones de pesos a las 26 comisiones locales de búsqueda, de manera que Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Sonora y Veracruz, ya ejercieron el subsidio.

Coahuila, por ejemplo, ya cuenta con un Centro Regional de Identificación Humana, el tipo de institución en el que se procura resolver la crisis forense. En tanto, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán podrían tener terminados sus centros a finales de año, mientras que Sonora cuenta con un laboratorio forense móvil.

Alejandro Encinas dio a conocer que la participación de autoridades en desaparición ha disminuido, pues alrededor del 90% de los casos registrados ya en la presente administración son por delincuencia organizada y solo el 10% relacionado con autoridades.

El caso de la Ciudad de México, destacó por su posición en la estadística, un lugar que el funcionario expuso, está relacionado con secuestro y trata de personas.