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Movimiento Ciudadano se reorganizará en Aguascalientes

Los órganos de dirección habrán de renovarse para poder participar en los siguientes procesos electorales

Adrián Flores

En su visita a Aguascalientes, el senador y representante nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannuro, aclaró que si bien se tienen en la mira las 18 curules locales, las tres federales y los once ayuntamientos del estado, primero habrán de redefinirse los órganos de dirección para poder contender en los siguientes procesos electorales 2021.

Ya se comenzó con dicha labor, pues también se presentó a Patricia Cárdenas como la delegada nacional de MC en Aguascalientes, ahora sigue la renovación de los órganos.

“De hecho aquí -en Aguascalientes- los órganos de dirección están

Con la visita del senador emecista Dante Delgado se mencionó que irán a las urnas bajo paridad de género vencidos. Precisamente va a ser el trabajo que se va a tener que realizar en los próximos días y semanas”, precisó Dante Delgado Rannuro.

Con la intención de invitar a los distintos sectores de la sociedad a que se unan a la nueva expansión política de MC en la entidad, exactores políticos como Gabriel Arellano o Gustavo Granados -salidos del priismo local- ya están perfilados para contender en las urnas el siguiente años por el partido de color naranja.

Aunque en algún momento Dante Delgado llegó a simpatizar con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder a través de Morena, esa relación ya no existe por el giro que el gobierno lopezobradurista dio. A raíz de eso, el senador Dante Delgado explicó que MC no buscará alianzas con otros partidos políticos, sino que hará su propio camino con nada más que la bandera naranja.

En días pasados, representantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comulgaron con el movimiento de oposición Sí por México, que busca derrocar al gobierno de López Obrador y a sus mayorías parlamentarias en sendas cámaras alta y baja del Congreso de la Unión que no ha permitido diálogo.

Asimismo, se prevé que surjan alianzas localmente entre PAN, PRI o PRD, como sucedió en las elecciones pasadas, para los próximos procesos, sin embargo, MC irá por su cuenta. Mientras tanto, ya se están gestionando los procesos para renovar los órganos de dirección y tener todo en orden para postular a los candidatos que, se asegura, será bajo la paridad de género, promoviendo por igual la figura política de la mujer y del hombre. Paulatinamente habrán de darse a conocer las nuevas caras que figurarán con MC. Patricia Cárdenas | Foto Cristian de Lira

Los recortes dramáticos al presupuesto 2021

/ ricArdo rAphAel

El presupuesto es una pócima de la verdad para el discurso político. Esos números desmienten o confirman fríamente las intenciones del gobernante.

Recién se aprobó el dictamen para el presupuesto de 2021. La mayoría con que cuenta el presidente en la Cámara de Diputados logró que prácticamente no se moviera nada del proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda a las y los legisladores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es muy elocuente con las palabras, respecto a las causas que apoya y también a propósito de las políticas que desestima. En está ocasión ha sido igual de enfático con las comas y los acentos del gasto público.

A la luz de la deprimida circunstancia sanitaria y económica por la que atraviesa el país, el análisis del presupuesto es políticamente relevante porque exhibe sin ropaje las prioridades presidenciales y aún más nítidamente los rubros que no le son relevantes.

La actual coyuntura ameritó colocar, en primerísimo lugar, a la política sanitaria dispuesta para vencer a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, a pesar de que en el corazón de esa tarea se halla, obviamente, la adquisición masiva de la vacuna contra el covid-19, el presupuesto fue omiso en este rubro preciso.

Resulta, por tanto, paradójico que no haya una sola letra dedicada en el presupuesto de 2021 para la compra del antiviral más preciado en el mundo.

El presupuesto destinado a la compra de vacunas es exactamente el mismo que el del año previo: poco más de 2 mil millones de pesos. No contempla la inversión suplementaria que debería hacerse el año próximo para proteger a la población frente al coronavirus. Debió hacerse una previsión de alrededor de 36 mil millones de pesos que no aparece en el dictamen aprobado. | Foto Gobierno de México

Viene de la mano de la crisis sanitaria una depresión económica cuya dimensión aún se desconoce, aunque los pronósticos rondan entre 6% y 10% de pérdidas relativas al Producto Interno Bruto.

A este respecto el Gobierno Federal tomó la decisión de dejar que sean las unidades económicas afectadas quienes mueran o sobrevivan por sus propios medios. En este tema el presidente ha sido explícito al afirmar que no tomará dinero del contribuyente para salvar al sector privado, y lo está cumpliendo.

Por ejemplo, la reducción del presupuesto que antes dedicaba la Federación al turismo en 2021 rondará 40%, si se considera como año de referencia el 2018. La actual administración ha sido clara al afirmar que no le gustan los programas de desarrollo ni de promoción turística. Ahora lo confirma.

No cambiaron las valoraciones sobre el tema que tenía el presidente López Obrador antes de la pandemia. A pesar de que se trata del sector más afectado por la crisis sanitaria y que miles de trabajadores de esta industria sin chimeneas se han quedado sin empleo, el gobierno federal mantendrá para el próximo año el desinterés presupuestal que ya mostró en 2019 y 2020.

Coherente también con la política del laissez faire (dejar hacer), la administración loperzobradorista mantuvo a raya los apoyos a las pequeñas y medianas empresas, así como los programas dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías, la atracción de inversiones o la expansión de la industria exportadora.

Consecuentemente la Secretaría de Economía exhibe una caída de su gasto que oscila 40%, considerando, de nuevo, 2018 como punto de partida.

La política de fomento a las actividades agropecuarias se derrumba en esta misma proporción. De acuerdo con el presupuesto, para el año próximo no habrá recursos destinados para la banca de desarrollo, la comercialización, el aseguramiento o el pago de coberturas. A pesar de la relevancia que en el discurso lopezobradorista ha tenido la soberanía alimentaria, el campo será uno de los que más sufra el desdén presupuestal.

Un recorte que sorprende mucho es el que experimentará la Comisión Federal de Electricidad. Para el año próximo se pretende reducir 17% los recursos asignados para el mantenimiento de las centrales eléctricas del país. Se previó también un corte de 15% en la inversión para mantener las redes de transmisión.

El tema es delicado porque entre 2019 y 2020 se practicó una sustracción de magnitud similar, por lo que la disminución presupuestal en ambos rubros, entre 2018 y 2021, sumaría en realidad 33%.

Algo similar está ocurriendo con Pemex. A pesar de ser una dependencia muy importante para la política presidencial, desde el arranque de la actual administración se han realizado recortes en 36% sobre el gasto destinado a mantener la infraestructura petrolera del país. También se redujeron 40% los recursos necesarios para la distribución de los hidrocarburos.

Para el próximo año igualmente sufrirán el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, así como la Fiscalía General de la República. La propuesta de presupuesto plantea una caída de mil 130 millones para la operación de los juzgados y la judicatura, así como de 870 millones para el INE, justo en 2021 que es año electoral

Otro gasto disminuido es el que la Federación aportaba antes para promover la equidad de género. Desde 2018 a la fecha ha habido un recorte de 16% en los programas de atención al cáncer de mama, de 43% para las estancias infantiles y de 15% para las acciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

Perderá también capacidad de gasto la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual acumulará, entre 2018 y 2021, 45% de reducción en los recursos del programa de servicios y protección consular que atiende a las y los mexicanos que viven en el extranjero.

Por último, vale mencionar un desafecto que no sólo es discursivo sino también presupuestal hacia las entidades federativas y los municipios. Para 2021 el gobierno federal decidió no asignar fondos para financiar los convenios de coinversión con los estados que antes favorecían acciones deportivas y culturales, o que permitían la realización de obras de infraestructura, agua potable, drenaje o apoyo al desarrollo rural.

Para 2021 también se reducirá al mínimo la inversión que antes asignaba el gobierno federal para la construcción y el mantenimiento de carreteras y caminos rurales.

A estos recortes se suma la desaparición de los fondos que solían utilizarse para financiar la capacitación de las fuerzas del orden local, así como la adquisición de equipo y armamento policial.

Dada la crisis económica, era de esperarse que el Gobierno Federal tuviese que dejar fuera de su presupuesto temas sensibles para la población. Con todo, las prioridades y las decisiones desnudan la verdad detrás de las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aguascalientes no destaca entre las ciudades más competitivas para atraer inversiones: IMCO

Aguascalientes sólo destaca por sus políticas de medio ambiente

Adrián Flores

El último estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y que se resultó como el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2020, demostró que sólo en el Valle de México y Monterrey (configurados por una selección de municipios), en la categoría de ciudades de más de un millón de habitantes, tienen un nivel de competitividad alto para refrendar o atraer más inversiones extranjeras, el resto, donde se incluye Aguascalientes, no.

El ICU “mide la capacidad de las ciudades mexicanas para atraer y retener talento e inversiones. Una ciudad competitiva es una ciudad que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes”. Para esta última entrega el índice evaluó 73 ciudades; 15 de ellas de más de un millón de habitantes, apartado en donde se incluyó Aguascalientes, pues se tomó en cuenta la capital, el municipio conurbado Jesús María y San Francisco de los Romo.

Para la pesquisa se crearon 10 subíndices y 70 indicadores que se analizaron en cada una de las 73 Yolanda Franco durán (Covid-19). A partir de entonces, la realidad del mundo cambió, pasamos de el día a día a la cuarentena indefinida, a un miedo constante y prolongado de contraer la enfermedad y quizá morir por esa causa. Este miedo es fundado si empezamos a hacer números. Desde el primer caso hasta el pasado 2 de noviembre, se han registrado aproximadamente 1,21 millones de muertes siendo los países que más vidas han perdido a causa de la enfermedad Estados Unidos que supera los 236,500 muertos seguido de Brasil con alrededor de 160,100 decesos y hasta esa fecha alrededor de 47 millones de casos confirmados.1

En razón de esta pandemia casi todos los países afectados decidieron desde sus órganos de gobierno, cerrar las distintas instituciones y transitar del trabajo presencial al trabajo el línea permaneciendo abiertas sólo aquellas de indispensable funcionamiento social y de salud. En México el camino recorrido no ha sido distinto al de otros países como España o Brasil; desde el mes de febrero se han implementado distintas medidas no solo para hacerle frente a la enfermedad con políticas como la sana distancia o el uso del cubrebocas, sino también se han tomado decisiones para que los Órganos del Estado sigan operando en la medida de lo posible y no dejen de atender las demandas ciudadanas más urgentes.

En este contexto es claro que la sociedad y las instituciones gubernamentales han cambiado en lo particular, y nuestra relación personal y comunitaria con ellas, también se ha trastocado. Hemos sido obligados como sociedad a replantear nuestra relación con las instituciones y el acceso que tenemos a la cosa pública. Un tema muy

El Valle de México y Monterrey son las únicas ciudades de más de un millón de habitantes con buena referencia para inversionistas externos ciudades; las otras urbes o zonas se dividían entre poblaciones con menor número de habitantes.

Los diez subíndices evaluaron 1) sistema de derecho 2) medio ambiente 3) sociedad 4) sistema político 5) gobiernos 6) mercado de factores 7) economía 8) precursores 9) relaciones internacionales e 10) innovación.

Dentro de las 15 ciudades, Aguascalientes resultó con un desempeño general amarillo, que según el ICU representa un índice “medio alto”; por encima de Aguascalientes estuvo Guadalajara, Querétaro, Mexicali y Mérida en verde con un índice “adecuado”; y sólo El Valle de México y Monterrey en verde más fuerte con un nivel “alto”.

AguAscAlientes, buen mAnejo sustentAble del medio Ambiente

El único subíndice en el que destacó la entidad tiene que ver con el medio ambiente y mide “la capacidad de las ciudades para relacionarse de manera sostenible y responsable con los subíndice provee información sobre agua y residuos sólidos. Estos elementos inciden directamente sobre la calidad de vida de los habitantes. Por ende, el buen manejo de los recursos naturales y su sustentabilidad

podrían tener un efecto considerable en la inversión y la atracción de talento en las ciudades en el mediano y largo plazo”.

Ahí, la entidad sí obtuvo un ICU alto, incluso fue el más alto de las 15 ciudades, no obstante, en los otros nueves subíndices no hubo un desempeño que pudiera sugerir un índice de competitividad que atraiga y retenga inversiones o que destacara por un buen panorama.

El EspEjismo dE la igualdad E-justicia con enfoque de género

El 31 de diciembre, según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas fue notificado por primera vez en Wuhan (China) la enfermedad denominada como coronavirus

importante y trascendental para el funcionamiento de la sociedad es el acceso de los justiciables a los órganos jurisdiccionales.

La impartición de justicia en México se concibe como uno de los pilares de nuestro Estado democrático. Nuestro sistema judicial, nada ajeno a las circunstancias extraordinarias de vida por las que estamos pasando, se ha mostrado sensible en el tema de acercar la justicia a la ciudadanía a través de medios electrónicos y de las tecnologías de la información.

Precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó dos acuerdos claves para resolver de manera urgente y extraordinaria el problema del acceso a la justicia. A través del Acuerdo General número 8/2020 el Pleno reguló la integración de los expedientes impreso y electrónico en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de este alto tribunal para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos. Posteriormente el 26 de mayo de 2020 emitió el Acuerdo General número 9/2020 que reguló la integración de los expedientes impresos y electrónicos en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, salvo en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, así como el uso del sistema electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la promoción, trámite, consulta, resolución y notificaciones por vía electrónica en los expedientes respectivos.

Ambos acuerdos puntualizan que como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las recursos naturales y su entorno. Este justicia con la garantía consagrada en el artículo 6 donde se obliga el Estado Mexicano a garantizar el acceso a la ciudadanía a las tecnologías de la información y la comunicación. Al combinar estos dos derechos es que se empieza a materializar el concepto E-Justicia.

Con estos acuerdos se reestructura a través de las tecnologías, la forma en el el Consejo de la Judicatura Federal imparte justicia desde una presencia virtual.

Al respecto, voces expertas advierten que la alternativa del juicio en línea aplicada a cierta clase de ellos leyes concatenando este derecho humano de acceso a la

solamente, aunado a las cargas que se le imponen al justiciable como la tramitación de la FIREL (que es la firma electrónica para todo lo relacionado a su tramitación), y contar con los medios electrónicos de vanguardia para presentarlos (computadora, internet, etc.), alejan a la ciudadanía del acceso a la justicia. Señalan además que, en la construcción de los sistemas de acceso a las nuevas tecnologías, el tema generacional de las personas es decir cómo las brechas generacionales marcan una diferencia en su relación con las nuevas tecnologías y las habilidades poseen para transitar de un juicio físico a un juicio en línea para todos los procesos judiciales en los tribunales, constituye una dificultad importante que trastoca el derecho de obtención de justicia.

Si le sumamos que en estos tiempos de pandemia la violencia hacia las mujeres ha aumentado, sobre todo para aquellas que pertenecen a algún grupo vulnerable y como tal, seguramente carecen de los medios económicos suficientes siquiera para cubrir las necesidades básicas del ser humano, el acceso a la E-justicia se complica enormemente.

Las necesidades de justicia durante esta pandemia constituyen un reto para las autoridades tanto federales como estatales y no hay todavía una ruta igual de accesible para todas, que nos ayude a no dejar a ninguna atrás.

Particularmente en el Estado, se advierte la necesidad de que más mujeres estén en puestos jurisdiccionales, empezando por el Supremo Tribunal de Justicia que esta semana ha estado en el ojo del huracán al conocerse la no reelección de su presidenta, situación lamentable para las mujeres pues por lo que se lucha también es por transversalizar la perspectiva de género en todos los órganos de gobierno y cambiar desde todos los espacios, la cultura que nos invisibiliza.

Programas de Bienestar: fábrica de candidatos

/ Mathieu touRlieRe

En los tiempos de la Cuarta Transformación perdura la vieja práctica priista que convierte las estructuras de programas sociales en plataformas electorales.

Así, siete de los delegados de Bienestar –también llamados “superdelegados”– ya presentaron sus renuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de competir por las gubernaturas de los estados donde administraron respectivamente los programas en los últimos dos años.

Después de separarse de su cargo, Víctor Manuel Castro Cosío se alistaría como candidato para Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva buscaría el gobierno de Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa se presentaría en Chihuahua, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros pelearía por Guerrero, Lorena Cuéllar Cisneros se lanzaría en Tlaxcala y Manuel Peraza Segovia buscaría el poder en Nayarit.

Aparte, Hugo Éric Flores Cervantes, el fundador del Partido Encuentro Social (PES), renunció a su cargo de superdelegado en Morelos para presidir su organización política –que acaba de recibir su registro como partido, con todo y una bolsa de recursos públicos de más de 169 millones de pesos para 2021–, y el superdelegado Roberto Pantoja Arzola expresó su deseo de ser gobernador de Michoacán, aunque hasta el momento permanece en su puesto.

Con el precedente de Jaime Bonilla Valdez –quien fue superdelegado en Baja California y posteriormente ganó la gubernatura del estado bajo la bandera de Morena–, la reciente ola de renuncias confirma que la “Coordinación General de Programas para el Desarrollo”, una estructura creada en el gobierno actual y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos.

No es sorpresa: aparte de su amistad de dos décadas con López Obrador, García Hernández es un profesional de las elecciones: fue apoderado legal de la organización Honestidad Valiente, en 2012 coordinó la campaña del tabasqueño, y antes de las elecciones de 2018 era secretario de Organización de Morena, con lo que supervisó toda la estructura del partido en vistas a los comicios.

Todos los “superdelegados” también tienen perfiles orientados al juego electoral: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena, algunos fueron candidatos a gobernadores –como Delfina Gómez, en el Estado de México–, muchos son o fueron legisladores federales, y algunos llevan amistades añejas con López Obrador.

Aparte, López Obrador y García Hernández ofrecieron a estos “superdelegados” las herramientas necesarias para asentar su poder: unos salarios brutos mensuales de 126 mil 617 mil pesos; una imponente infraestructura física y humana –cada uno tiene bajo su mando a varios subdelegados y cientos de “servidores de la nación”–, y una fuerte exposición mediática, derivada de la operación de los programas sociales y del respaldo popular a López Obrador.

El presidente dejó claro que su interés principal en materia de política social es que los beneficiarios de los programas reciban los recursos de manera directa, es decir, a través de las llamadas “tarjetas del Bienestar” y sin intermediarios que cobren “comisiones” de por medio. Pero el mandatario no ve con malos ojos que sus representantes tengan perfiles electoralistas.

En la conferencia matutina del 3 de diciembre de 2019, por ejemplo, se le sugirió que sustituyera los delegados por “verdaderos ciudadanos que no estén metidos en la política y que no tengan claras intenciones electorales”; inmediatamente, el mandatario reviró que “la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla si la política se entiende como el oficio que permite al ser humano servir a los demás”.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías al frente de programas sociales también sirvieron de “trampolín” electoral para una serie de funcionarios, así como de delegados estatales y locales, y el propio José Antonio Meade Kuribreña aprovechó su breve estancia en la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para impulsar su candidatura presidencial de 2018.

Desde el arranque de la administración de López Obrador hasta la fecha, el papel formal de los delegados de Bienestar ha sido ambiguo.

En julio de 2019, García Hernández y María Luisa Albores González –entonces titular de la Secretaría de Bienestar– publicaron lineamientos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que les confirieron facultades amplias y vagas, como “apoyar en el combate efectivo a la pobreza, conforme a las instrucciones que reciban de la Coordinación General y de la Secretaría”, o “atender las políticas e instrucciones de la o el Titular de la Secretaría y de la Coordinación General”.

Formalmente, los superdelegados tienen que administrar el padrón de beneficiarios, “coordinar e implementar” los programas, pero también “recibir las demandas y peticiones de la población que se relacionen con los programas”, “brindar asesoría”, y “vigilar y asegurar que los beneficios económicos y en especie (…) se entreguen de manera directa”.

Los delegados y las estructuras que encabezan responden a García Hernández, pero formalmente están adscritos a la Secretaría de Bienestar, y más particularmente a la Unidad de Delegaciones, dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, también experta en la operación electoral, pues fue diputada federal y en los comicios de 2018 fue comisionada de Elecciones en Morena.

Si bien las áreas centrales de la Secretaría de Bienestar no tienen control real sobre la estructura de los delegados, López Obrador dejó a la dependencia y a su titular, Javier May Rodríguez, la gestión del programa Sembrando Vida, particularmente enfocado al sureste mexicano y dotado de un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos este año.

May, amigo de López Obrador, es empresario ganadero y cacique político en su bastión de Comalcalco, en Tabasco. El hombre, titular de un bachillerato, es senador con licencia –fue señalado por contratar a su esposa en el recinto legislativo– y fue presidente de Morena en Tabasco; se le atribuyen ambiciones de ser gobernador de Tabasco en 2024.

A principios de octubre, López Obrador mandó a May a Tabasco con el pretexto de atender a las personas afectadas por las inundaciones y entregarles apoyos federales de 10 mil 500 pesos, lo que partidos de oposición local, como el PRI, señalaron como una maniobra en vistas a 2024. El propio gobernador, Adán Augusto López Hernández, lo cubrió de elogios, y en entrevista con el medio local Telereportaje, May no descartó una futura candidatura. “Vamos a ver, pero falta mucho tiempo”, dijo.

Sea como sea, May tiene bajo control a los principales puestos de las oficinas centrales de la Secretaría de Bienestar, excepto la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, dirigida por Ariadna Montiel Reyes. May entregó, por ejemplo, cargos clave a cuatro de sus socios en empresas –La Melcocha y Agroproductos El Tintal–, que ya habían trabajado para él en la Presidencia Municipal de Comalcalco.

Más allá de los funcionarios en las oficinas centrales, May dirige a los delegados de Sembrando Vida en los estados. Si bien varios de ellos tienen perfiles más técnicos y menos políticos que los “superdelegados”, algunos destacan por sus perfiles atípicos, como Dalila Rosas Medel, delegada en Palenque, Chiapas, quien es suplente de la diputada Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima del presidente López Obrador.

Aguascalientes, entre las entidades con municipios con mayor transparencia presupuestal

Claudia RodRíguez loeRa

Los estados cuyos municipios reportan mayor transparencia presupuestal son: Coahuila, Campeche y Aguascalientes, por el contrario, entre las entidades federativas cuyas alcaldías reportan menor transparencia están Morelos, Chiapas y Ciudad de México; esto según el Barómetro de Información Presupuestal Municipal que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad Asociación Civil (IMCO).

Destaca que el promedio de cumplimiento es del 51%, nueve puntos porcentuales más que en la edición anterior de 2017. Sin embargo, detrás de esta mejoría hay grandes brechas entre los municipios del país.

Entre los municipios con el 100% de cumplimiento se destacan: Zapopan en Jalisco, Zinacantepec en el Estado de México y los 38 municipios del estado de Coahuila.

En promedio, las alcaldías de la Ciudad de México y los municipios de Chiapas y Morelos tienen mayor opacidad en la planeación y administración del gasto público.

Apunta el informe que los municipios ejercen 497 mil 112 millones de pesos al año, equivalentes al gasto de Pemex en 2018, estos recursos sirven para proporcionar servicios públicos valiosos para la ciudadanía; por ello es importante analizar su transparencia presupuestaria, pues en ellos se definen las prioridades políticas y los ciudadanos pueden conocer las prioridades de gasto de los gobiernos: “Es importante garantizar que los recursos se destinen a resolver las principales necesidades y servicios públicos a cargo de los municipios”.

La edición 2020 del Barómetro de Información Presupuestal Municipal evaluó los niveles de transparencia presupuestal de 287 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas del país, con base en obligaciones contables y presupuestarias, con el propósito de contribuir a eliminar las condiciones de opacidad.

Destaca que en los últimos años, los presupuestos federales y estatales han alcanzado un elevado nivel de transparencia que ha facilitado el intercambio de ideas y propuestas en la orientación del gasto, el análisis presupuestario de los programas y proyectos prioritarios. Aunque los presupuestos municipales son cada vez más transparentes, todavía queda trabajo por hacer, al pasar de un promedio de cumplimiento del 42%, en 2017, al 51% en esta edición.

Pese al avance observado, detrás del promedio de cumplimiento del 51% hay grandes brechas entre los municipios del país. En 2020, sólo los municipios de Coahuila y Campeche tuvieron una calificación promedio superior al 88%. Los municipios de siete estados tienen una calificación promedio entre el 60% y el 70%, y los municipios del resto de las entidades federativas (23) una calificación promedio inferior al 60%.

Los estados cuyos municipios reportan mayor transparencia presupuestal son: Coahuila: 100%, Campeche: 88% y Aguascalientes: 69%

Por el contrario, las entidades federativas cuyos municipios o alcaldías reportan menor transparencia presupuestal son: Morelos: 16%, Chiapas: 12% y Ciudad de México: 6%

Los rubros de información en los que hay mayor opacidad son:

Gastos específicos: se desconocen los fideicomisos y programas municipales, así como el gasto para grupos vulnerables.

Deuda pública: no se conocen las tasas de contratación, las garantías o fuentes de pago, ni el destino de la deuda pública municipal.

Criterios hacendarios: no se reportan los criterios para aprobar subsidios o incrementos salariales, ni para constituir fideicomisos.

Otro de los rubros menos cumplidos es el presupuesto ciudadano, documento que los municipios y las alcaldías están obligados a publicar para difundir el presupuesto de egresos en un formato y lenguaje simple para rendirle cuentas a los ciudadanos. Únicamente el 48% de los municipios evaluados cuentan con este instrumento. Por otro lado, los tabuladores de salarios deben publicarse en los presupuestos municipales por mandato constitucional y sólo el 61% de los municipios evaluados cumplen con esta obligación.

Ochoa Reza y el fantasma de su bono de marcha

/ AlejAndro CAbAllero

El diputado Enrique Ochoa Reza, quien carga sobre su pasado haber entregado, en su calidad de presidente nacional del PRI, los peores resultados en una elección presidencial, se convirtió en el debate sobre el paquete económico 2021 en asiduo orador contra los dictámenes de la mayoría legislativa encabezada por Morena.

En ese papel tomó la bandera de la vacuna contra el covid-19 y una y otra vez propuso que se etiquetaran los recursos y hasta ofreció que votarían a favor de la propuesta morenista si accedían a su petición. Y en esa dinámica, la noche del miércoles 11, caliente el debate sobre el presupuesto de egresos, subió a la tribuna de San Lázaro y en tono comedido, sin aspavientos soltó: “En materia de la vacuna contra la pandemia del covid-19, Morena es un mar de contradicciones”.

Quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por dos años en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2014-2016) e impulsor de la cuestionada reforma energética exhibía las que llamó contradicciones entre legisladores de Morena “que dan espacio a no creerles de dónde van a obtener el dinero para pagar la vacuna y cuándo se va a pagar”.

Engolosinado, se refirió al legislador Iván Pérez Negrón, quien sostuvo que en el presupuesto estaban incluidos los recursos para su compra, pero también a Javier Hidalgo Ponce, quien declaró que los recursos saldrían de los fideicomisos extinguidos; aludió también a Pablo Gómez Álvarez, quien minutos atrás comentó que como no existía todavía la vacuna no se podía presupuestar algo inexistente.

Avanzó su intervención: “Entonces, aquí tenemos tres versiones completa-

/ MAthieu tourliere

Ante la caída de los ingresos públicos registrada en los primeros nueve meses de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó en contraer deuda para inyectar recursos en la economía, y prefirió agudizar las ya importantes medidas de austeridad que impulsó desde su llegada al poder: recortó 165 mil millones de pesos al gasto asignados a sus principales programas, partió a la mitad los recursos destinados a obras y adquisiciones para este año, y entregó a los gobiernos estatales 155 mil millones de pesos menos que en 2019.

El gobierno de la Cuarta Transformación aplicó sus tijerazos multimillonarios de manera casi homogénea en el gasto público. Ni los programas sociales ni las instancias de derechos humanos; mucho menos las entidades federativas se salvaron, según el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del tercer trimestre de 2020, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, hubo excepciones destacadas: el Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvieron fuertes incrementos presupuestarios –igual que la Secretaría de Economía, que destinó cerca de 30 mil millones de pesos

mente distintas: Pérez Negrón, Morena 1; Hidalgo, Morena 2; Pablo Gómez, Morena 3. ¿A cuál creerle? El dinero viene del fideicomiso de los 109, el dinero viene del fideicomiso que era el Fondo de Salud para el Bienestar o el dinero no se necesita porque no se sabe todavía a quién le van a comprar la vacuna”.

Y cerró esa intervención incluyendo a un cuarto protagonista de su historia, a Dolores Padierna Luna, cuya “visión” es con la que “estoy de acuerdo, y quien ha dicho aquí, en tribuna, con talento, que en el presupuesto ella advierte 33 mil mdp adicionales y que con ese dinero se va a comprar la vacuna”.

Fue precisamente la vicepresidenta de la Cámara de Diputados quien le contestó primero: “Él dice que a quién creerle, yo le propongo que le crea al Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, en el artículo octavo transitorio.

Pérez Negrón también pidió el uso de la palabra: “La subsecretaria de Hacienda (Victoria Rodríguez Ceja) comentó que la vacuna va a costar mil al programa de créditos a microempresas familiares para atender la urgencia causada por el covid-19–, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Energía (Sener) y los fondos destinados al Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Corredor Interoceánico quedaron intocados.

La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos –que López Obrador tachaba de organismos inútiles en el arranque de su sexenio– recibieron montos muy superiores a los presupuestados, mientras que la Lotería Nacional, que organizó la polémica “rifa” por el precio del avión presidencial, recibió este año 2 mil millones de pesos no contemplados en el presupuesto 2020.

Esto no fue el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de las Mujeres, o la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, todas ellas sufrieron “adecuaciones presupuestarias” a lo largo del año, que les quitaron entre 18% y 44% de sus asignaciones.

El sector de la salud pública, en primera línea de la lucha contra el covid-19, vio un | Foto @EnriqueOchoaR

600 millones de dólares y que a finales de este año e inicios del próximo se va a contar con los primeros lotes de vacunas, y esos recursos provienen de los fideicomisos, más los 33 mil millones de pesos que se van a ir al rubro de salud para enfrentar no sólo la pandemia, sino todos los requerimientos de salud de los mexicanos”.

Ochoa Reza no se conformó. Insistió en que los recursos no aparecían en ningún lado del presupuesto, y repitió: “Si los etiquetan, los apoyaremos con nuestro voto”.

Pérez Negrón volvió a tomar la palabra: “El diputado (Ochoa Reza) se la ha pasado diciendo sandeces, están muy acostumbrados (los priistas) a que antes se etiquetaba absolutamente todo para tratar de solventar sus gastitos y sus bolsas, pero eso ya no existe”.

Y soltó el buscapiés: “Yo quisiera más bien que nos dijera, de manera contundente, cómo fue que se etiquetó, cuando fue director general de la CFE, ese bono de marcha y cómo le hicieron para dejar también, en crisis, a la CFE”. recorte brutal al presupuesto asignado a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud –de 44%– y ahorros en prácticamente todos los demás rubros, mientras que 55 mil millones de pesos fueron reasignados hacia el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, manejado por el Instituto de Salud para el Bienestar.

Además de los recortes al gasto programado, las dependencias del Gobierno Federal realizaron un subejercicio casi sistemático del gasto público, por un monto total de 202 mil 558 millones de pesos, según la SHCP.

Así, entre enero y septiembre, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas gastó apenas la mitad del presupuesto que tenía asignado; la Secretaría de Bienestar se quedó con 16% de los recursos que debió entregar a través de sus programas sociales –equivalente a cerca de 26 mil millones de pesos–, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –ya castigada en presupuesto– se quedó con un subejercicio de 11%.

Según el informe de la SHCP, los subejercicios, muestras de una planeación deficiente, se observaron incluso en algunos de los proyectos de mayor importancia para la Cuarta Transformación. Así, si bien el presupuesto del Tren Maya no sufrió ningún recorte, el megaproyecto dirigido por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo había gastado apenas 5 mil millones de pesos entre enero y septiembre, un 40% del monto que debió haber ejercido en ese momento.

En medio de este contexto de ahorros generalizados, algunas dependencias dirigidas por personas cercanas a López Obra-

Ocho Reza acusó el golpe. A finales de septiembre de 2016, los reporteros de Proceso, Homero Campa y Mathieu Tourliere, publicaron un reportaje revelando que el ahora diputado priista obtuvo un millonario bono de marcha por sus dos años al frente de la CFE, no sólo cuestionable por el monto, sino también porque se había tratado de una renuncia voluntaria y no de un despido.

En su siguiente oportunidad al micrófono, Ochoa Reza le respondió a Pérez Negrón sin mencionar su nombre. “¿Cuál es el verdadero tamaño de un diputado que, cuando se le acaban los argumentos, empieza con ataques personales? ¿Será que es un títere? ¿O será que es un titiritero? Ya lo veremos en los próximos días”.

Casi olvidado el tema en la maratónica sesión, Ochoa Reza volvió a subir a la tribuna para proponer que se le asignara un mayor presupuesto a la CFE, pero de pronto hizo una pausa y, fuera del tema, comentó de cara al pleno camaral:

“El finiquito que recibí como director de la Comisión Federal de Electricidad es legal conforme a la regulación que incluso es vigente el día de hoy, pero, en un acto de transparencia y de publicidad, doné la totalidad de ese finiquito en diciembre de 2016… Lo doné a las fundaciones Michou y Mau, y a la Fundación UNAM, precisamente para impulsar las becas dentro de las áreas correspondientes a la Fundación UNAM y para atender a niñas y niños quemados en México.”

Ochoa Reza se guardó informar en tribuna que el bono de marcha que recibió por trabajar dos años en la CFE ascendió a 1 millón 206 mil pesos, cifra cinco veces mayor que la que le correspondía.

De hecho, la donación a la que se refirió en San Lázaro, ya la había difundido. Lo hizo dos días antes de la Nochebuena de 2106, tres meses después de que Proceso diera a conocer el bono de marcha con el

Una austeridad impuesta a tijeretazos

que se había autodespedido de la CFE. dor no siguieron la regla y gastaron más de lo asignado. La cancillería, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubon, gastó 865 millones de pesos extras por “la atención, protección, servicios y asistencia consular, así como para el diseño, conducción y ejecución de la política exterior”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, tuvo un gasto de 260 millones de pesos no programado, a pesar de que el presente año resultó muy caótico para el organismo autónomo, y la labor de su titular fue cuestionada por víctimas y defensores de derechos humanos.

El INM, encargado de detener y deportar a los indocumentados en la frontera sur de México para evitar que lleguen a Estados Unidos –derivado del acuerdo que el gobierno de López Obrador y el de Donald Trump pactaron en junio de 2019–, también reportó un gasto extra de mil 278 millones de pesos este año.

El proyecto de presupuesto 2021 elaborado por la SHCP contempla un nuevo recorte de 108 mil millones de pesos a los estados y municipios y 2 mil 184 millones de pesos menos a los organismos autónomos.

Al parecer, en lo que va del año la Fiscalía General de la República (FGR) ya se había preparado para el recorte, pues reportó un subejercicio de 3 mil 343 millones de pesos entre enero y septiembre, debido a “menores erogaciones en el gasto de operación”; respecto al año pasado, la FGR gastó mil 500 pesos menos, debido a la “disminución de recursos para investigar y perseguir los delitos del orden federal, y delitos relativos a la delincuencia organizada”.

Los “subdelegados”: anclaje municipal de la 4T

/ Mathieu tourliere

Tras dos años de operar los programas sociales federales en los principales municipios del país, los más de 250 “subdelegados” se consolidaron como actores relevantes de poder a nivel local: a menudo participan en los actos oficiales de los presidentes municipales, están presentes en reuniones de seguridad o hacen proselitismo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación.

Son mujeres y hombres con escasa o nula experiencia en la administración pública federal, pero que cuentan con años de militancia en Morena y antecedentes en la operación electoral. López Obrador les otorgó remuneraciones brutas mensuales de más de 72 mil pesos mensuales, reservadas a la alta burocracia.

Gracias a su protagonismo y a las atribuciones que les confirió el mandatario –tienen decenas y hasta cientos de Servidores de la Nación bajo sus órdenes–, se hicieron un lugar en el centro de la vida política regional; tan es así que en los últimos meses varios ya presentaron sus renuncias con aspiraciones electorales en 2021.

Con excepción de unos cuantos nombramientos por cuotas de poder o alianzas puntuales, todos los subdelegados son afiliados a Morena y se dedicaban a asuntos políticos antes de integrar el gobierno federal; por lo menos 46 fueron enlaces distritales del partido durante las elecciones de 2018; al menos otros 35 se presentaron –y perdieron– en comicios locales y federales; 12 han sido diputados y otros 21 son o han sido diputados suplentes.

Un análisis que Proceso realizó a las declaraciones patrimoniales y perfiles públicos de 252 subdelegados –quienes aparecen como titulares de “Dirección Tres testigos clave para acreditar que la aprobación de la reforma energética fue producto de una asociación delictuosa en que “todos delinquieron”, se resisten a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) o no han sido localizados para que rindan su declaración ministerial.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por Proceso, dos de esos testigos fueron ofrecidos por el exdirector de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para reforzar o comprobar la teoría del caso que sostiene la FGR en el sentido de que el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray dispusieron de 84 millones de pesos para sobornar a legisladores del PRI y el PAN que votaron a favor de la reforma energética y sus leyes secundarias.

Se trata de Francisco Olascoaga y Rodrigo Arteaga, quienes fueron colaboradores de Lozoya y funcionarios de Pemex. Ellos promovieron juicios de amparo contra cualquier mandamiento judicial solicitado por la FGR. Además, no fueron localizados por esta dependencia en los domicilios, teléfonos celulares y correos electrónicos que fueron aportados por Lozoya mediante diversos datos de prueba.

El tercer testigo “rebelde” es Guillermo Gutiérrez Badillo, exsecretario particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, cuya estrategia de defensa se mantiene en el más absoluto sigilo. Su declaración ministerial sigue pendiente, a pesar de que junto a Rafael Caraveo Opengo es uno de los regional (servidores de la nación)”– arroja una gran heterogeneidad entre sus integrantes, pero resalta tres puntos en común: su militancia en el partido en el poder, su adulación pública hacia López Obrador y el hecho de que tienen sólidas conexiones políticas o familiares en los municipios donde ahora despacha como funcionarios federales.

Del análisis se desprende que los subdelegados no fueron elegidos con base en criterios académicos –55 no tienen título universitario– ni por un perfil profesional, pues entre los subdelegados hay quienes fueron maestros, cajeros, abogados, comerciantes o enfermeros, aunque muchos indicaron a Morena como su empleador previo a incorporarse al gobierno federal.

Se supone que todos los subdelegados reciben el mismo salario; sin embargo, reportaron montos radicalmente distintos en sus declaraciones patrimoniales de 2020: 14 indicaron ingresos públicos netos superiores a 800 mil pesos –es decir, más de 66 mil pesos mensuales–, mientras otros 50 indicaron que recibieron menos de 200 mil pesos durante el año.

Del análisis se desprenden tres perfiles generales de subdelegados: unos son cuadros de las estructuras locales de Morena; otros son allegados de actores políticos de mayor rango en esa región; y otros fueron nombrados por amiguismo o pactos en las cúpulas políticas.

Los subdelegados son una invención de la llamada Cuarta Transformación: forman parte de una estructura integrada a la Secretaría de Bienestar, pero que obedece a la Coordinación General de los Programas Federales, una estructura nueva adscrita a la Presidencia de la República y encabezada por Gabriel García Hernández, un incondicional operador exfuncionarios vinculados al PAN que fueron grabados mientras recibían dos maletas repletas de dinero en efectivo en una oficina alterna de Pemex.

En contraste con los anteriores, cuatro testigos han colaborado con la FGR a cambio de beneficios procesales. Uno es el propio Rafael Caraveo, exsecretario Técnico de la Comisión de Administración del Senado y mano derecha del exsenador del PAN José Luis Lavalle.

Los otros tres fueron funcionarios de Pemex y colaboradores de Lozoya: Froylán García García, como su coordinador ejecutivo en la Dirección General; Norberto Gallardo Vargas, como jefe de escoltas, y Miguel Pérez Esquivel, su chofer.

De acuerdo con fuentes consultadas por Proceso, el exjefe del Departamento Administrativo de Pemex, Francisco Olascoaga Rodríguez, se resiste a declarar en la causa penal para imputar el delito de cohecho y asociación delictuosa a Enrique Peña y a Luis Videgaray.

El testimonio de Olascoaga todavía no obra en la carpeta de investigación. Además, su defensa presentó el pasado 22 de septiembre un juicio de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión o mandamiento judicial que la FGR o un juez federal pueda girar en su contra.

Olascoaga Rodríguez fue una de las personas de mayor confianza de Lozoya, político-electoral de López Obrador de hace décadas.

En el marco de la caótica renovación cupular en Morena, y ante una posible escisión encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la presidencia de la agrupación política, los consejos estatales del partido sesionarán en los primeros meses del año entrante para elegir sus candidatos a las 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 63 diputaciones locales y mil 926 presidencias municipales que se renovarán en julio de 2021.

De hecho, el pasado 22 de octubre, Gabriel García Hernández difundió un mensaje por video, dirigido a todos los subdelegados, en el cual pidió a los aspirantes a cargos de elección popular separarse de sus cargos antes del 31 de octubre, como lo instruyó López Obrador, y recordó que la ley no les obliga a hacerlo.

Durante el periodo de transición y los primeros meses de la administración actual, los subdelegados realizaban el polémico padrón de beneficiarios de los nuevos programas sociales, conocido como “censo del Bienestar”. En aquel entonces, se llamaban “coordinadores regionales”; pertenecían al ejército de “servidores de la nación” del gobierno actual y eran pagados mediante contratos como prestadores de servicios.

El año pasado, los subdelegados entraron formalmente en la nómina de la Secretaría de Bienestar: cada uno recibe prestaciones de nivel “M23”, equiparables al de directores de área; es decir, un salario mensual bruto de 72 mil 171 pesos y neto de más de 50 mil pesos, el cual los catapultó entre el 10% de mexicanos mejor remunerado del país.

En comparación con otros representantes del gobierno federal en los estados, su trato es envidiable. Los llamados “subsegún sus propias palabras, y participó de manera directa en las entregas de presuntos sobornos que Pemex dio a legisladores del PAN y del PRI para la aprobación de la reforma energética.

Incluso, Lozoya declaró que Olascoaga fue quien grabó a Rafael Caraveo recibiendo dos maletas con efectivo en las oficinas de Pemex que funcionaron en Montes Urales 425, colonia Lomas de Chapultepec.

El otro funcionario designado por Lozoya para la entrega de los sobornos fue su jefe de ayudantes, José Velasco Herrera, quien falleció en 2014 de un infarto cardíaco, producto de las presiones a las que se vio sometido por su participación en este esquema delictivo, según la declaración ministerial del chofer.

Otro de los testigos que tampoco ha comparecido es el exsecretario particular de Emilio Lozoya, Rodrigo Arteaga Santoyo, quien también ha promovido juicios de amparo en contra de cualquier mandamiento judicial que lo afecte.

Arteaga es quien presuntamente resguarda los “recibos” de las entregas de dinero que Luis Videgaray le ordenó a Lozoya para sobornar a legisladores panistas y priistas que participaron en la aprobación de la reforma energética.

Tampoco ha rendido declaración Guillermo Gutiérrez Badillo, el exsecretario Aldo Ruiz Sánchez, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo | Foto Cristian de Lira

delegados agropecuarios” de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por ejemplo, tienen a su cargo la gestión de los programas de esa dependencia en estados enteros por un salario mensual bruto de 45 mil pesos; es decir, 30 mil pesos inferior al de Bienestar.

En el caso de los delegados del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez –que sustituyó al programa Prospera y pasó a la Secretaría de Educación Pública (SEP)–, la situación es variable: si bien la mayor parte de los delegados gana entre 32 mil y 55 mil pesos brutos mensuales, algunos tienen ingresos mucho mayores, según la información de la

/ Juan oMar Fierro

Imputaciones contra Videgaray y Peña Nieto, en vilo por testigos “rebeldes”

plataforma Nómina Transparente. particular del actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

De acuerdo con una declaración que Lozoya rindió el pasado 8 de octubre, para aprobar la reforma energética se entregaron 84 millones de pesos a legisladores del PAN y del PRI. Esos recursos se triangularon desde empresas fachada de Odebrecht a Tochos Holding, compañía que él mismo fundó y cuyas acciones después transfirió a la empresaria contratista de Pemex Fabiola Tapia Vargas, fallecida en 2014.

Fuentes consultadas por Proceso señalaron que a pesar del compromiso hecho por Lozoya para que Olascoaga colabore con la FGR, el exfuncionario de Pemex no ha aceptado ser testigo.

El exfuncionario es el único que tendría en sus manos el video completo de la entrega de los presuntos sobornos enviados por la dirección de Pemex a legisladores del PAN, dinero que fue recibido por Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, como se aprecia en la grabación.

Por esa razón, su testimonio no fue incluido en la orden de aprehensión que la FGR solicitó a un Juez de Control contra Luis Videgaray, aun cuando su versión podría ser fundamental para acreditar el presunto cohecho a quienes en ese tiempo eran legisladores del PAN.