El PAN acepta unirse al PRI y PRD para arrebatarle a Morena la mayoría en el Congreso

/ Al

aro D lgado

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aceptó la propuesta de un grupo encabezado por Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín de crear un “bloque” con el PRI y el PRD en las elecciones de 2021, porque “es urgente y necesario defender la democracia y el equilibrio de poderes en nuestro país”.

“Mi respaldo a mujeres y hombres líderes de opinión e intelectuales que expresan abiertamente su preocupación sobre el autoritarismo que pone en evidencia al régimen actual. Es urgente y necesario defender la democracia y el equilibrio de poderes en nuestro país”, respondió Cortés en su cuenta de Twitter.

Esta fue la respuesta del presidente del PAN al desplegado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, firmado por 30 personajes públicos Ante el debate indirecto en Twitter entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Krauze, por la respuesta del primero al pronunciamiento de un grupo de intelectuales para formar un bloque opositor en las elecciones del 2021, usuarios de Twitter le recordaron al historiador el desplegado que firmó, junto con muchos más, para avalar la elección del 2006 que consideran fraudulenta.

El d spl gado

Todo comenzó el miércoles 15 de julio, cuando se publicó el desplegado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, donde 30 escritores y académicos –el propio Krauze, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda, entre otros– criticaron a Morena y sus aliados por, según ellos, haber violado la Constitución logrando que una minoría de votos se volviera mayoría en el Congreso de la Unión.

Acusaron al Ejecutivo de concentrar el poder en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación, destruyendo así a la administración pública y las instituciones constitucionales, desacreditando la autoridad de los órganos especializados como el INE y atacando toda forma de expresión que no se identifique con su visión política.

Desde su perspectiva, al seguir por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha de la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia.

“La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición, construya un bloque que, a través de un voto popular, reestablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática”, señalaron.

encabezados por Krauze y Aguilar Camín, en el que plantean arrebatarle a Morena y sus aliados la mayoría en la Cámara de Diputados mediante una alianza de los partidos de oposición.

“La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición, construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021”, propone el desplegado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también respondió, anoche, a este desplegado de los que llamó “abajofirmantes” y celebró que los que “han de“Bendito coraje”, en un documento cuya liga es “bit.ly/Abajofirmantes”.

En su pronunciamiento, el presidente celebró que “escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen, caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad”.

Expresó que la historia enseña que cuando se pone en práctica un proceso de transformación siempre se produce una reacción conservadora, por lo cual calificó como “absolutamente legítimo” la existencia de una oposición al Gobierno que representa y a las acciones que está consumando.

Lo único reprochable a este grupo, indicó, es su falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo contenido de su proclama.

Porque, en su opinión, a estos personajes bastaría con preguntarles: “¿Cómo contribuyeron a ‘los avances democráticos… para salir de un sistema autoritario y establecer democracia’ si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país?”

Calificó como “de pena ajena” su búsqueda de una alianza con miras a las elecfendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen, caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad”.

En su cuenta de Twitter, López Obrador añadió que “da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones de 2021 para obtener la mayoría y ‘asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo’. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al pa | Foto @lopezobrador_ ciones del 2021 para obtener una mayoría que asegure que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo.

“¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el ‘contrapeso’ que pretenden ‘recobrar’ los abajofirmantes?”, inquirió.

“En fin –añadió–, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino. Y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. No cabe duda que vivimos tiempos interesantes. Sea por interés o por puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales por fin se están quitando la máscara”.

La r spu sta d Krauz

Este jueves, el historiador Enrique Krauze le respondió al presidente en Twitter.

“Mientras la pandemia arrasa con la vida de miles de compatriotas desprotegidos, mientras la economía y el desempleo se desploman, mientras la violencia impera… el presidente ataca a un grupo de intelectuales”, escribió en su cuenta @ EnriqueKrauze. recer presentará pruebas y explicará cómo se lograba el ‘contrapeso’ que pretenden ‘recobrar’ los abajofirmantes?”.

El presidente de México escribió que en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino. “Y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, de los potentados, de los intelectuales orgánicos, de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo”.

Concluyó: “No cabe duda que vivimos tiempos interesantes. Sea por interés o por puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales por fin se están qui

Krauze responde a López Obrador y reenciende la polémica en redes

/ Rosalía V rgara

tando la máscara”.

Su tuit se volvió tendencia, al grado que una persona con la cuenta @taller2006 recordó a Krauze que fue uno de los “abajofirmantes” de un desplegado para avalar las elecciones del 2006.

“Lanza Enrique Krauze y otros telectuales un desplegado a la ciudadanía y partidos de oposición para acabar con el gobierno legítimo de AMLO. No es nuevo, conservé el desplegado que éstos mismos parásitos hicieron para avalar el FRAUDE del 2006 y que vale la pena recordar”.

En la imagen se lee como estos y otros “abajofirmantes” apoyaron la elección presidencial en la que después se desveló que sí hubo fraude electoral, en nueve puntos donde aseguraron que la elección “fue ejemplar” por la participación de 42 millones de votantes, que “todo transcurrió con normalidad”, refrendaron al INE –antes IFE– su “confianza en su imparcialidad e independencia”.

“Hemos elegido un Congreso plural donde ningún partido tendrá la mayoría absoluta de votos. Celebramos que la pluralidad política del país quedó genuinamente expresada en la elección del 2 de julio”, indicaron en el tercer punto y en el siguiente aseguraron que las elecciones “siguen probando que son el canal legítimo para la expresión de las más profundas inquietudes de una sociedad compleja como la mexicana”.

Reconocieron, entonces, “el espectacular crecimiento de la izquierda” en esa elección y respecto a la falta de limpieza, las impugnaciones y los señalamientos de fraude por parte del ahora presidente que en ese momento era aspirante presidencial, señalaron:

“Existe, sin embargo, una aguda controversia en torno a la limpieza y validez de la elección presidencial. Quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude”.

En el séptimo punto pidieron no “alimentar una espiral de crispación y alarma” ni inyectar elementos para envenenar el ambiente político, no enfrentar a los adversarios como si fueran enemigos y llamaron a edificar un clima para reforzar la convivencia política en la diversidad.

“Nuestras instituciones electorales son un patrimonio público que nadie debe lesionar. Son el soporte de una de las libertades fundamentales que los mexicanos hemos conseguido en estos años: la libertad de votar y ser votados sin que nadie manipule nuestro mandato”, concluyeron entonces.

México, desinformación y polarización social incrementan riesgos a la libertad de expresión desde lo local

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Los riesgos y las vulnerabilidades son más profundos y diversos en el ámbito estatal y municipal del país. El incremento de las agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de DDHH se han conjugado con la polarización social, la desinformación y la dificultad para acceder a información pública, los cuales se han exacerbado durante los meses contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. Asimismo, las condiciones de discriminación, estigmatización y exclusión hacia grupos vulnerables como migrantes, comunidad LGBTTTI+ se han agudizado, impulsadas por el conservadurismo social, religioso y político.

En este contexto, las capacidades en los estados del país en materia de prevención, protección y acceso a justicia son casi inexistentes. Por ejemplo, 12 estados del país carecen de un marco jurídico apropiado para la defensa de periodistas y personas defensoras de DDHH; 19 estados no cuentan con ninguna estructura de Mecanismo de Protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos; solamente 4 estados de 32, cuentan con áreas especializadas para la investigación de delitos contra la libertad de expresión; no hay capacidad técnica para realizar análisis de riesgos; del promedio total de carpetas de investigación iniciadas o abiertas en el país, solamente el 0.02% corresponden a delitos contra periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos. Por su parte, mientras el Mecanismo de Protección continúa con importantes limitaciones presupuestales, la FEADLE ejerció en 2018 el 22.05% de su presupuesto y en 2019 el 57.73%. Ambas instancias federales carecen de recursos humanos, así como capacidades técnicas y de coordinación para implementar medidas de protección efectivas e investigaciones judiciales eficientes.

Es por ello que El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), presenta el Informe Libertad de Expresión en México 2020. El Informe se elaboró en colaboración con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el Programa de Periodismo CIDE y el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México. Además, contó con el financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América (USAID).

El Informe toma como punto de partida la voz y la experiencia de periodistas y personas defensoras para apuntar una serie de hallazgos y recomendaciones que permitan mejorar los medios de prevención, protección, seguridad, acceso a justicia y pluralidad de medios estatales. También, analiza los avances y tareas pendientes del Mecanismo de Protección federal, así como de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Princi a es recomendaciones ara mejorar a Libertad de Ex resión en os Estados

Fortalecer el marco legal de protección a la libertad de prensa y la defensa de derechos humanos en todos los estados del país y apuntalar este proceso con el desarrollo de instituciones especializadas en la protección y la investigación de delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Cada estado debe desarrollar planes de prevención y protección basados en las características de sus contextos político, social, económico, criminal y cultural, con la incorporación de enfoque de género e interseccional. *Definir instrumentos jurídicos y de monitoreo de los medios de comunicación estatales para evitar tanto la concentración en la propiedad de medios, como la confluencia de intereses políticos y comerciales. *Promover una participación más equilibrada de las mujeres en los medios de comunicación a través de la sensibilización entre personas propietarias y directivas, así como impulsar la profesionalización de las mujeres al interior de los medios de comunicación donde trabajan *Crear un sistema homologado para el registro de agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que incluyan enfoque de género e interseccional. *Desarrollar e implementar encuestas de victimización específicas para periodistas y personas defensoras de derechos humanos que incluyan enfoque de género e interseccional, con el objetivo de generar más y mejor evidencia acerca de las formas de victimización que enfrentan periodistas y personas DDH en lo local. *Impulsar la creación de áreas o fiscalías especializadas para investigar delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Princi a es recomendaciones Mecanismo de Protección y FEAD LE

*Mecanismo de Protección.- Los planes de protección deben considerar la combinación de medidas materiales y políticas, así como individuales y colectivas pertinentes. *Mecanismo de Protección.- Desarrollar estadísticas que muestren todos los datos sociodemográficos de las personas beneficiarias, incluyendo la perspectiva de género y enfoque diferenciado. *Mecanismo de Protección.- Que la Secretaría de Gobernación solicite la intervención del representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para que en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno del Mecanismo presione a las personas gobernantes de los estados para el cumplimiento de lo estipulado en el Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. *Mecanismo de Protección.- Estandarizar los procedimientos de operación a nivel federal y estatal *Mecanismo de Protección.- Generar mesas de trabajo con la presencia del Mecanismo federal, los mecanismos locales, empresarios de medios de comunicación, periodistas, personas defensoras, entre otros actores sociales, para analizar la pertinencia de las acciones ejercidas por el Mecanismo hasta el momento y convocar al diálogo ciudadano. *Mecanismo de Protección.- Condenar públicamente las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. *Feadle.- Realizar y publicar un plan estratégico con fechas para el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores en materia de efectividad para la investigación de delitos contra la libertad de expresión. *Feadle.- Elaborar y publicar un protocolo específico para el manejo adecuado de la información confidencial aportada por las y los denunciantes.

*Feadle.- Se considera importante desarrollar indicadores para orientar mejor la política de investigación criminal en delitos contra la libertad de expresión para reducir la impunidad en este tipo de delitos. *Feadle.- Habilitar unidades de atención para las víctimas de delitos contra la libertad de expresión en las entidades federativas. *Feadle.- Desarrollar programas de intervención y contención psicológica para quienes realizan las investigaciones.

Princi a es recomendaciones ara Medios de Comunicación

*Adopción de protocolos de prevención en las redacciones que contemplen medidas de seguridad física, psicológica y digital. *Adoptar protocolos para la prevención de violencia de género y capacitar al personal para la identificación y denuncia de cualquier forma de violencia contra la mujer. *Incentivar la adopción de posicionamientos conjuntos entre autoridades de gobierno y medios de comunicación ante casos de agresiones físicas o digitales, homicidios, privación ilegal de la libertad o desplazamiento forzado, con el fin de conLa defensa del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, presentó un juicio de amparo para tratar de frenar cualquier orden de aprehensión y solicitud de extradición que se haya dictado en su contra.

De acuerdo con registros electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juicio de amparo fue promovido el pasado 9 de julio, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunciara que el exmandatario chihuahuense había sido detenido en Miami, Florida.

La demanda está radicada en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México con el número de expediente 328/2020, sin que haya sido admitida, ya que se solicitó a la defensora de Duarte Jáquez acreditar su personalidad jurídica.

Los registros judiciales indican que la abogada del exgobernador priista dio cumplimiento a la petición del juzgado, requisito para que el amparo sea admitido a trámite.

Con la demanda, el político priista busca frenar su extradición desde Estados Unidos hacia México.

El exgobernador de Chihuahua enfrenta 21 órdenes de aprehensión giradas por jueces penales de Chihuahua por acusaciones de peculado y desvíos multimillonarios de recursos públicos; además de que en el ámbito federal se le imputan transferencias ilegales de dinero al Partido Revolucionario Institucional (PRI) mediante descuentos no autorizados a servidores públicos y empleados del gobierno estatal.

Tras su detención el pasado 8 de julio, la FGR informó que desde 2018 existían solicitudes formales del gobierno de Chihuahua para extraditar a César Duarte, las cuales se mantuvieron inactivas en denar y visibilizar toda forma de violencia contra la libertad de prensa. *Desarrollar acciones conjuntas entre medios de comunicación y autoridades federales y estatales, para emplear medidas temporales de atención integrales a periodistas desplazados de sus lugares de origen. *Facilitar que periodistas desplazados puedan reincorporarse a los medios de comunicación en los cuales colaboraban antes de desplazarse o ser extraídos. También debe considerarse la posibilidad de conformar una bolsa de trabajo en otros medios de comunicación en diferentes estados del país. *Desarrollar planes de protección para medios de comunicación que garanticen la seguridad de sus instalaciones, infraestructura digital y personal que labora. *Adoptar enfoques de derechos humanos, de género e interseccional en sus líneas editoriales. *Capacitar a las personas periodistas en la cobertura de noticias con enfoque de derechos humanos. *Capacitar el personal en las redacciones para que la línea editorial evite la revictimización, la estigmatización y cualquier forma de discriminación.

César Duarte busca amparo contra su extradición a México

/ Juan Omar Fierro

Libreexpresion.mx

la PGR hasta que esa dependencia se transformó en Fiscalía y Alejandro Gertz Manero fue designado Fiscal.

“Ante la relevancia del asunto y a fin de evitar la impunidad, en el año 2019, la hoy FGR inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadunidense”, explicó la FGR.

La so icitud

La solicitud de extradición se deriva de una orden de aprehensión girada contra Duarte Jáquez el 8 octubre 2019 por la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Estado de Chihuahua, por la probable responsabilidad del exmandatario en los delitos de peculado y asociación delictuosa.

A César Duarte también se le vincula con la llamada “Operación Safiro”, un mecanismo de triangulación de recursos públicos mediante la contratación de empresas fachada y la simulación de obras y servicios con gobiernos estatales que sirvió para un presunto desvío de 650 millones de pesos, según investigaciones del periodista Raúl Olmos.

Además, el gobierno de Chihuahua acusa a Duarte de participar en este mismo esquema a nivel estatal, simulando obras y servicios que no se prestaron al gobierno de Chihuahua, mecanismo que sirvió para desviar al menos 250 millones de pesos del erario local.

En la trama también aparece el secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien ya fue condenado a tres años de cárcel por recibir 1.7 millones de pesos de dinero proveniente del gobierno de Chihuahua en dos de sus empresas, derivado de la triangulación de recursos.

Operación Litibú. Peña Nieto inyectó 2,100 millones a resort de Riviera

EME EQUIS

/ Esteb n D

vid Rodríguez

La tarde del sábado 9 de marzo de 2013, José de Jesús Gallegos Álvarez, un exitoso hombre de negocios de 47 años, viajaba en su Toyota Highlander por las calles de Colinas de San Javier, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Había tenido una reunión con el gobernador priista, Aristóteles Sandoval, quien ocho días antes lo había nombrado secretario de Turismo.

Gallegos ignoraba entonces que estaba sentenciado a muerte. Nemesio Oseguera Cervantes, un criminal conocido con el sobrenombre de el Mencho, líder del grupo delincuencial denominado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aseguraba que el secretario de Turismo blanqueaba dinero para otra organización delictiva, “Los Caballeros Templarios”, y temía que la introdujera a Guadalajara, con protección del gobierno estatal.

“Si llega al lunes, los Templarios van a entrar a trabajar a nuestra casa como si nada”, dijo a los pistoleros a quienes asignó el asesinato. Uno de ellos era Jonathan García García, llamado John Perro, quien sería atrapado semanas después del homicidio, y relataría a los fiscales los pormenores de la planificación, como el exhaustivo monitoreo de rutas y actividades del “objetivo”.

Por eso, cuando el chofer del secretario de Turismo se percató de que eran seguidos por dos camionetas en las que viajaban hombres armados, después de que salieron de Casa Jalisco, de nada sirvió que acelerara a fondo y mantuviera la delantera por más de un kilómetro. Cerca de Plaza Pabellón, la Toyota fue cercada y parada en seco. Los persecutores bajaron de sus vehículos y tiraron repetidas veces sobre el funcionario, en un fugaz traqueteo.

Fue así como terminó la vida de Jesús Gallegos Álvarez, fundador de Promotora del Pacífico Mexicano y socio de Grupo Litibú, empresas pioneras en las inversiones turístico-inmobiliarias del desarrollo Litibú de la Riviera Nayarit.

Los Ancir en Litibú

Nadie podía suponer que cuatro años después, La Tranquila, el desarrollo que Gallegos construyó en el polígono FONATUR-Litibú, sería transferido por el gobierno de Peña Nieto a Prestadora de Servicios WSC – Litibú (WSC-Litibú), una firma fondeada por subsidiarias, fideicomisos y bonos bursátiles de Walton Street Capital (WSC), socia principal de los hermanos Ancira Elizondo en el sector inmobiliario. La nueva empresa compró el complejo de La Tranquila, y Fonatur reasignó el convenio.

WSC y Grupo Chartwell conforman Grupo Hotelero Santa Fe (GHSF), que preside y dirige Carlos Gerardo Ancira Elizondo. Además de él, son accionistas de GHSF a través de Chartwell, dos de sus hermanos: Guillermo (fallecido en enero) y Jorge.

Jorge Ancira Elizondo, además, es director general adjunto de Altos Hornos de México (AHMSA), que presidiera su hermano Alonso Ancira Elizondo, cuya extradición de España a México se halla en trámite, pues enfrenta a la justicia por la venta con sobreprecio de las empresas Agronitrogenados y Fertinal a Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando la paraestatal era dirigida por Emilio Lozoya Austin.

En cuanto a WSC - Litibú, esta comparte dos consejeros con GHSF: Federico Martín del Campo Flores y Diego Gutiérrez Aguayo. Uno de los fideicomisos que la conforman lleva en su panza a Grupo Monex. El gobierno les puso banquetas, agua potable, red de riego, electrificación... Y extendió un crédito millonario a WSC-Litibú, vinculada con los hermanos Ancira Elizondo.

La configuración empresarial fue identificada por una investigación de EMEEQUIS, desarrollada a partir de documentación oficial, manifestaciones de impacto ambiental, actas notariales, informes de gestión y reportes bursártiles.

Antes de transferir el desarrollo de La Tranquila a WSC-Litibú, el gobierno de Peña Nieto remodeló Litibú con 500 millones de pesos, relotificó y renovó su equipamiento urbano.

Pero, sobre todo, otorgó un crédito de 77 millones de dólares (más de 1,600 millones de pesos) para que el fondo inmobiliario privado concretara la transformación del inmueble en todo un Conrad, marca de lujo de hoteles Hilton, franquicia manejada por GHSF en México.

En marzo de 2014, la editorial londinense Latam Legal Ltd. difundió a través de LexLatin, su revista para América Latina: “Bancomext ortorgó un financiamiento por USD 77 millones (...) al fondo inmobiliario WSC CKD Litibú, creado por la desarrolladora Walton Street Capital (WSC). (...) Se propone reconvertir el antiguo hotel ‘La Tranquila Resort’ en un nuevo establecimiento con la bandera Conrad”.

En suma, el desarrollo turístico vinculado a la familia Ancira Elizondo obtuvo apoyos gubernamentales con un valor de más de 2,100 millones de pesos, durante el sexenio de Peña Nieto.

L Tr nqui : socios de f mi i

Aunque el expresidente Peña Nieto, durante su mandato, habitualmente se hospedaba en el desarrollo Punta Mita, de Fernando Senderos, donde solía jugar golf en los campos diseñados, respectivamente, por Jack Nicklaus y Agustín Pizá, no desdeñaba en absoluto el campo deportivo creado por Greg Norman en Litibú, a donde también acudía.

En la semana de fin de año de 2014, el periódico Reforma reportó que el mandatario había sido visto en ese campo, a un costado de La Tranquila. Hacía ya más de un año que había muerto Gallegos Álvarez, uno de los dueños de ese resort.

Las empresas ligadas a ese desarrollo sufrieron modificaciones tras el asesinato del secretario de Turismo de Jalisco. En 2015 se nombró administrador de Promotora del Pacífico Mexicano a Aarón Salgado Bolaños; y como apoderada general quedó Ana Lucía Gallegos Espinosa, hija del exsecretario. La empresa se liquidó en abril de 2018. En Grupo Litibú sólo quedaron como accionistas Rafael Ledezma Ruán y Enedina Haro Haro. En julio de 2019, también fue liquidada.

La Tranquila había sido adquirida desde 2017 por WSC – Litibú, un fondo de inversión inmobiliario que tiene como accionistas a Cibanco (WSC CKD Fideicomiso de gastos CIB/2022); Deutsche Bank México (División Fiduciaria Walton Street México CKD, Número F/1685), y cuyo consejo de gerentes está formado por Ira Jay Schulman, K. Jay Weaver y Jeffrey Scott Quicksilver de Walton Street Capital (Hilton); Brett Rose, Eric Montgale; así como por Federico Martín del Campo Flores y Diego Gutiérrez Aguayo, quienes también tienen sillones en el consejo de administración de Grupo Hotelero Santa Fe (GHSF).

Cibanco es fondeado por un WSC-CKD, es decir, un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) de Walton Street Capital (WSC). Se trata de una emisión bursátil vinculada a un fideicomiso específico, en este caso el denominado CIB/2022.

En cuanto al fideicomiso 1685 de Deutsche Bank México, éste es un fondo inmobiliario bursátil formado por Walton Street Equity CKD, Walton Street México CKD Managers, administrado por Deutsche Bank México, y que tiene como representante común a Monex Casa de Bolsa, de Monex Grupo Financiero.

Tal es la configuración empresarial detrás de la rehabilitación de La Tranquila y su transformación en un hotel bajo el sello Conrad, la marca de lujo de Hilton, que desde el año pasado es el Conrad Playa Mita. Hilton es una franquicia manejada en México, justamente, por GHSF.

Carlos Ancira Elizondo maneja también, a través de GHSF, las marcas de Hoteles Kristal y Quinta Real. También desarrollan centros comerciales y condominios residenciales.

Cabe recordar que su hermano Alonso no sólo enfrenta la acusación de haber vendido con sobreprecio las plantas de fertilizantes. Tanto Alonso Ancira como Emilio Lozoya Austin han sido implicados con la red de operaciones fraudulentas de la constructura Odebrecht.

A Lozoya se le imputa la recepción de recursos de esa empresa para la campaña electoral de Peña Nieto en 2012, de la que fue coordinador de Asuntos Internacionales, y posteriormente de recibir sobornos de dicha empresa a cambio de contratos en Pemex. Ancira, por su parte, habría efectuado transferencias a Grangemouth Trading Company, una off shore ligada a Odebrecht.

Dinero púb ico p r beneficio priv do

El gobierno de Peña Nieto emprendió un programa de relotificación de Litibú en 2016, donde varias inversiones habían acabado mal. En especial Fadesamex, que había comenzado con gran expectativa, se declaró en quiebra y paró por varios años su proyecto; y de Iberostar, que incumplió plazos y convenios, y acabaron demandando al gobierno.

Para la relotificación, el gobierno efectuó trabajos de terracerías, pavimento, banquetas, guarniciones, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, red de riego, electrificación, alumbrado público, canalización telefónica, jardinería y mobiliario, con una inversión de poco más de 500 millones de pesos, de acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de Conclusión de la Administración 2012-2018 de Fonatur.

De todo aquello sólo quedó en claro la transferencia de La Tranquila a WSC – Litibú. Pero el gobierno federal no sólo le preparó el terreno y le asignó el lote. Además, le consiguió un crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) por 77 millones de dólares, es decir, unos mil 600 millones de pesos. La autorización del financiamiento se concretó el 9 de febrero de 2018, para la remodelación del inmueble que fuera del infortunado secretario de Turismo de Jalisco.

De acuerdo con LexLatin, en el proceso de aprobación del crédito para WSC-Litibú, ésta fue asesorada por la firma Ritch, Mueller, Heather & Nicolau S.C., mientras que el banco fue asesorado por Nader Hayaux & Goebel S.C. (NG) y por la consultoría jurídica de la institución financiera.

La remodelación consistió en la incorporación de 265 habitaciones y suites nuevas, 2,800 metros cuadrados de espacios premium para eventos al aire libre, 280 metros de salas de trabajo para grupos pequeños, múltiples terrazas de césped, mil metros lineales de playa…

Todo un paraíso.

Un fort ez de exc usivid d

Al norte de Punta de Mita, traspuestos los acantilados del Cerro Careyeros, se despliega el amplio brazo de la Bahía de Litibú, en realidad una sucesión de ensenadas que se prolongan once kilómetros hasta Punta Sayulita, sobre las aguas del Pacífico.

Años atrás, las autoridades designaron con el nombre de Polígono Litibú a toda esa franja. Ahora se conoce con el nombre de Litibú sólo a la primera anconada, y al desarrollo privado que se halla en ella.

Todo comenzó en el año 2002, durante el gobierno de Vicente Fox, cuando el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur) adquirió tierras del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) para desarrollar lo que sería el Centro Integralmente Planeado Nayarit (CIP -Nayarit). Los CIPs son un concepto utilizado desde los 70s por el gobierno mexicano para el desarrollo de polos turísticos.

La diferencia del CIP Nayarit, es que fue concebido desde el principio para “atender la demanda de turismo exclusivo y de alto gasto”, de acuerdo con el Libro Blanco del proyecto.

Ocuparía 870 hectáreas y se dividiría en tres etapas, una por cada desarrollo: Litibú, El Capomo y La Peñita de Jaltemba, aunque esta última al cabo quedaría fuera del proyecto. Las autoridades federales y estatales se ocuparon de la regularización de las tierras, que incluyó la reubicación de la comunidad de Higuera Blanca, así como de la conexión de vialidades, electrificación subterránea y dotación de infraestructura hidráulica para la micro-región.

Se emprendió entonces la ejecución de la primera etapa, Fonatur-Litibú o Polígono Litibú, una reserva turística ubicada tres kilómetros al norte de Punta Mita, totalmente cerrada, sobre 154 hectáreas, con dos kilómetros de frente de playa. Fonatur ejecutó la urbanización interna, un campo de golf de 18 hoyos, una ciclovía, edificó una puerta de entrada con ánimo de fortaleza, una caseta de ventas, enmalló el resto del perímetro y comenzó la lotificación.

Inici n s compr s

Para 2006 estaba vendido el 60% a los desarrolladores, que comenzaron a promocionar el santuario como Paraíso Litibú. Entre los principales inversionistas que llegaron estaban los consorcios españoles Martinsa-Fadesa e Iberostar.

En México, Martinsa-Fadesa operaba con la subsidiaria Fadesamex, y compró cinco lotes (3, 4, 5, 7 y 7-A) en Litibú por 476.8 millones de pesos –de acuerdo con un informe de 2008 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, unos 27 millones de euros en ese momento.

Los planes de Martinsa-Fedesa eran edificar dos hoteles de lujo, 320 condomi