JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020
Aspirantes a candidaturas de elección deberán presentar #3De3VsViolencia A fin de evitar que agresores de mujeres ocupen candidaturas en el proceso electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los aspirantes deben firmar un documento, bajo protesta de decir verdad, donde declaren no estar sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, acosadores sexuales o agresores de mujeres en el ámbito familiar o político. La propuesta conocida como #3De3VsViolencia, emanada de la sociedad civil e impulsada por diputadas federales, defensoras de los derechos políticos de las mujeres, la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y Las Constituyentes Feministas fue incluida en los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, aprobados este miércoles. En la sesión de este 28 de octubre, la consejera Carla Humphrey Jordan dijo que es inaceptable la violencia política en contra de las mujeres y es necesario implementar todas las acciones necesarias para su erradicación, como retomar la propuesta de 3 de 3.
Anteriormente el INE aprobó los Lineamientos para el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en razón de género, donde se establece que previo a la solicitud de registro de candidaturas, los partidos y coaliciones, deberán verificar este registro con la finalidad de determinar si sus aspirantes a un cargo de elección popular han sido sancionados por estas conductas. Agresores de mujeres definen políticas contra violencia de género
De cara al próximo proceso electoral y previo a la sesión del INE, líderes del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano se pronunciaron en redes sociales a favor de la iniciativa ciudadana diseñada desde 2017 y que retoma el espíritu de la Declaración 3 de 3 para que candidatos y funcionarios presentaran su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. Sin embargo, en la 3 de 3 contra la violencia, el objetivo es cerrar las puertas a los agresores que violentan a las mujeres para que no obtengan cargos de elección, pero también para que no ocupen puestos
Premia IEE a equipos ganadores del Concurso de Debate Político Juvenil
IEE El Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes premió a las instituciones educativas por su destacada participación en el XI Concurso de Debate Político Juvenil La Juventud y los retos de la Democracia Digital en México. En forma virtual, el Bachillerato General Militarizado 1er Escuadrón Real de Lanceros de Aguascalientes fue galardonado con el primer lugar; mientras que el CBTis No. 168 Francisco I. Madero, T.M., el Conalep Miguel Ángel Barberena Vega T.V. y el Cecyte Plantel Cañada Honda fueron reconocidos por haberse posicionado en el segundo, tercero y cuarto lugar del certamen que contó con la participación de 12 equipos y más de 50 estudiantes, quienes recibieron su respectivo reconocimiento por haber debatido sobre los diversos temas de interés. Durante la celebración, la Consejera Electoral Diana Cristina Cárdenas Ornelas, quien preside la Comisión de Educación Cívica, reconoció a las y los alumnos que formaron parte de este foro de expresión, a quienes invitó a continuar participando en actividades político-electorales. A nombre del IEE, el Secretario Ejecutivo, Sandor Ezequiel Hernández Lara, expresó un reconocimiento a las y los estudiantes, los planteles escolares y al personal del IEE por haber hecho posible la décimo primera edición del concurso.
de decisión en las estructuras del Estado como jueces, magistrados, fiscales o en dependencias de Gobierno, entre otros. En la elección de 2018, Noé Fernando Castañón Ramírez fue designado senador por el PRI, sin embargo no tomó protesta porque fue detenido por violencia familiar, una acusación que presentó su exesposa, quien también informó que el legislador le quitó a sus tres hijos y le prohibió verlos. Sin embargo, dos meses después de su detención y posterior liberación y en medio del rechazo de senadoras, tomó protesta. En enero del año pasado abandonó la bancada del PRI para sumarse a Movimiento Ciudadano. Hoy continúa en funciones. Otros casos que salieron a luz y que muestran la necesidad de que se restrinjan los cargos de elección y de poder a los agresores de mujeres, según las agrupaciones feministas, es la violencia que en mayo ejerció el entonces notario Horacio Aguilar Álvarez De Alba, quien tuvo una discusión con su pareja en la calle, en el Estado de México. En un video difundido en redes sociales se vio a Horacio Aguilar jalando a
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una mujer que permanecía arrodillada en la banqueta. Tras la difusión del hecho estudiantes denunciaron que, además de violentar a su pareja, cuando fue profesor de la Escuela Libre de Derecho fue señalado de acoso y abuso sexual. Otro ejemplo ocurrió en mayo, cuando el exdiputado local del estado de México, Horacio Jiménez López, fue detenido por cometer violencia familiar. Los reportes periodísticos indican que el expriista y fundador de Movimiento Ciudadano golpeó a su pareja dentro de un auto. En septiembre de 2019 el regidor de Valle de Chalco, Jesús Tenorio Sánchez, también golpeó a su pareja. El político priista fue denunciado por los golpes y amenazas a los padres de la mujer que agredió. En respuesta un Ministerio Público le prohibió volver a intimidar a la víctima. A lista de casos públicos se suma el que se conoció en 2013: el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, no pagaba la pensión de sus dos hijos y encarceló a su expareja y madre de los niños por el el delito de fraude fiscal. Mientras que enero se supo que el magistrado Manuel Horacio Cabazos López tenía una denuncia por la violación de sus hijas de 5 y 7 años de edad. Anayeli García Martínez Cimacnoticias
Se desconoce número de personas beneficiadas por Ley de Amnistía a 6 meses de entrar en vigor A 6 meses de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía no se tiene dato alguno de personas que hayan sido beneficiadas, es decir, hay discrecionalidad y opacidad, denunciaron organizaciones civiles. Agrupaciones como Asilegal, Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, entre otras, alertaron de la falta de certeza sobre cómo está trabajando la Comisión encargada de analizar y dictaminar los expedientes de personas privadas de la libertad que buscan obtener la amnistía. En un comunicado conjunto expusieron que desde la sesión inaugural de la Comisión—que se realizó el 23 de junio de 2020—, se desconoce el número de veces que ha sesionado, el número exacto de solicitudes que han recibido y si es que ha resuelto alguna, así como los lineamientos bajo los cuales se llevaron a cabo dichas sesiones (en caso de que hayan ocurrido). El 18 de junio de 2020 se publicó el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Amnistía, el cual establece que será integrada por la Secretaría de Gobernación (Segob), quien la preside, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno que la Segob envió al Congreso, se ha realizado el análisis y dictaminación de 956 expedientes de personas privadas de la libertad para determinar si pueden obtener la amnistía. Sin embargo, el 15 de octubre la secretaria Olga Sánchez Cordero, al comparecer ante la Cámara de Diputados informó otro dato. Allí dijo que se tenían 744 solicitudes, de las cuales 57 son de personas indígenas; 615, que corresponden al 82 por ciento son de hombres y 127 (17 por ciento), de mujeres. Sin embargo, no se sabe cuántas solicitudes fueron aceptadas. Ante la falta de información, las organizaciones aseguraron que es particularmente grave
Se ha realizado el análisis y dictaminación de 956 expedientes de personas privadas de la libertad que a la fecha no se tenga el dato de las personas que han sido beneficiarias de la amnistía y, agregaron que a solicitud expresa de Equis Justicia para las Mujeres para acceder a dicha información, la Oficina de Presidencia se declaró incompetente para atender dicha petición. En este contexto llamaron a garantizar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellos el derecho a la salud, a la vida y a la integridad, particularmente en el contexto de crisis sanitaria al considerar que de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al 20 de octubre de 2020 había 2 mil 635 personas encarceladas contagiadas de COVID-19 y 231 decesos. Señalaron que lejos de reducirse, la población penitenciaria ha ido al alza, y además las reformas constitucionales que amplían el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa facilitan el encarcelamiento de personas. Las organizaciones firmantes insistieron en la urgente necesidad de revisar y resolver todas y cada una de las solicitudes de amnistía; transparentar y publicitar la actuación de la Comisión de Amnistía, incluido el registro de las sesiones en su versión pública; así como los criterios que, tanto la Comisión como las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta para resolver los casos, y garantizar mecanismos permanentes de rendición de cuentas. Exhortaron a la pronta y transparente resolución de las solicitudes presentadas por las organizaciones de la sociedad civil. Cimacnoticias
