Las más preocupantes de todas: LAS BAJISIMAS CIFRAS DE VIOLACIÓN Según la clasificación de la Procuraduría General de la República (PGR), los delitos sexuales comprenden: • Violación sexual • Acoso sexual • Seducción • Proxenetismo • Pornografía infantil • Aborto
A pesar de la gran variedad de delitos, para el 2010 sólo se reportan 5,488 denuncias de delitos sexuales (no desglosados). Sumando todos los casos denunciados para el período 2008-2010, el total es de apenas 16,574. ¿Por qué tan pocos? 3
A pesar de las cifras alarmantes citadas anteriormente, quizás lo más preocupante sea el reducido número de casos reportados en la categoría de delitos sexuales (que como se ve incluye una diversidad de delitos). Las bajas cifras evidencian, por un lado, la escasa atención de las autoridades a delitos como el proxenetismo y la pornografía infantil, a pesar del auge cobrado por todas las formas de explotación y comercio sexual en el país. El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 del PNUD cita la existencia de diversas modalidades de comercio sexual con menores de ambos sexos entre los 12-17 años. Por otro lado, estas cifras evidencian una gran reticencia por parte de las mujeres adultas a denunciar las violaciones y el acoso sexual. El desglose por edad de los casos de violación sexual muestra que alrededor de las tres cuartas partes de las denuncias corresponden a menores de edad, sobre todo niñas. La violación de una mujer adulta o de una joven que ya ha perdido la virginidad raras veces se denuncia y a menudo ni siquiera se reconoce como tal, particularmente cuando el agresor es un conocido (y mucho menos cuando el agresor es el marido o ex-marido). Los bajos índices de denuncia de esta forma de violencia obedecen en parte a prejuicios culturales que tienden a culpabilizar a la víctima, avergonzándola moralmente frente a la familia y la comunidad. Pero no hay duda que el enfoque familista de la Ley 24-97 y de las políticas públicas contra la violencia implementadas desde su promulgación han contribuido a esta situación, al enfocar toda la atención en la violencia de pareja al tiempo de prácticamente ignorar otras formas de violencia. Este componente familista ha permitido legitimar el combate a la violencia de género ante amplios sectores de la cada vez más conservadora sociedad dominicana, apelando a argumentos como la desintegración familiar y la orfandad que resulta de los feminicidios. En contraste, la violación de adultas y el acoso sexual conducen a cuestionamientos políticos más problemáticos sobre la autonomía corporal de las mujeres, la sexualidad como mecanismo de apropiación y control de sus cuerpos, la construcción socio-cultural de la sexualidad masculina, etc. Peor aún, el análisis feminista de la violación se plantea desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, no desde la visión de sus funciones instrumentales al interior de la familia patriarcal que a menudo predomina en el enfoque familista. Esto explicaría por qué todos los actores, tanto del sistema público (policía, judicatura, Ministerio de la Mujer) como del privado (ONGs, universidades, etc.), así como la cooperación internacional, han centrado su atención de manera casi exclusiva en la VIF y, en menor medida, en el abuso sexual de menores. La construcción del discurso y de las políticas públicas familistas en torno a la violencia de pareja se ha hecho a costa de la invisibilización progresiva de la violencia sexual que sufren las mujeres adultas. Revertir esta situación es uno de los grandes retos que enfrenta el movimiento feminista actualmente en el país.
EL PROBLEMA FUNDAMENTAL AHORA: Nuestros gobernantes y la clase política en general todavía no reconocen el problema de la violencia de género como una EMERGENCIA NACIONAL Algunos factores en esto: a.La “privatización” de los problemas de las mujeres (p. e., el cólera o el dengue vs. la mortalidad materna y la VBG) b.La prevalencia de actitudes culturales machistas y misóginas en relación a la VBG c.Insuficiente demanda social para presionar a las autoridades, aunque ésta va en aumento d.Insuficiente rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos (el 1% para los refugios, el 4% de los municipios)
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La violencia contra las mujeres constituye una emergencia nacional desde cualquier ángulo que se mire. En términos de salud, la morbi-mortalidad por violencia supera todas las enfermedades bajo control epidemiológico en el país. En términos judiciales, esta violencia ha desbordado el sistema de justicia con sus más de 60,000 denuncias anuales de violencia de pareja, cuya atención demanda una gran cantidad de recursos humanos y materiales a un sector ya de por sí agobiado por la estrechez económica. En términos psico-sociales deja tras sí una estela de mujeres torturadas, de niños y niñas traumados por la VIF o dejados huérfanos por los feminicidios. En términos de derechos humanos constituye una violación cotidiana de los más elementales derechos de las mujeres (a su integridad física, a vivir libres de coacción y violencia, a no sufrir malos tratos y torturas, etc.). La respuesta claramente insuficiente del Estado ante la magnitud del problema constituye en sí una violación de los compromisos adquiridos por el país con la ratificación de numerosos convenios internacionales de derechos humanos. Ningún gobierno dominicano ha asumido el problema de la violencia de género con la seriedad que éste amerita y está claro que en la actualidad la clase política en general no reconoce la situación como lo que es, una emergencia nacional. Hay múltiples razones para esto, entre ellas: - La tendencia a ‘privatizar’ los problemas que afectan a las mujeres. Es decir, mientras los problemas que afectan los hombres se perciben como cuestión de interés público, los que afectan de manera exclusiva o muy mayoritariamente a las mujeres a menudo se perciben como cuestiones particulares de la vida privada, hasta cierto punto propias de la condición femenina. Compárese, por ejemplo, la reacción de las autoridades ante la fiebre aviar, el cólera o el dengue, todos considerados graves amenazas a la salud pública y enfrentados como tales, con el manejo que estas mismas autoridades dan a la mortalidad materna y a la violencia de género, problemas gravísimos y de carácter crónico. Estos se perciben como problemas “de las mujeres”, aún cuando numéricamente hablando superen a todas las otras causas de morbimortalidad que afectan a la ciudadanía en su conjunto. - La prevalencia de actitudes culturales machistas y misóginas en la sociedad dominicana en sentido general, agravada por la renuencia de las autoridades y de las personalidades sociales y políticas más influyentes a reconocer el papel del machismo cultural como origen de la violencia contra mujeres y niñas. Ningún gobierno le ha concedido suficiente importancia al problema como para poner en marcha programas adecuadamente financiados y de amplio impacto dirigidos a prevenir la violencia, atender adecuadamente a las víctimas y acabar con la impunidad de los agresores –como sí se ha estado haciendo en otros países donde estadísticamente hablando el problema es menos grave que en el nuestro, como Ecuador o España.
Aunque no existen estudios formales que midan la prevalencia de actitudes machistas hacia la violencia de género entre la población en general, la evidencia anecdótica es muy preocupante -desde los jueces que liberan agresores con fianzas ridículamente bajas, hasta la opinión de ciudadanos que a través de programas radiales interactivos expresan sin ambages su opinión de que las mujeres “provocan” a los hombres a cometer actos de violencia (v.g., “si una mujer se deja de un hombre y antes de pasar los tres meses ya está con otro, ¿qué puede esperar? Por eso es que las matan, porque ellas mismas son las que llevan a los hombres a eso”). Entre los grandes tomadores de decisión y la mayoría de personalidades influyentes de la vida nacional todavía no ha calado la idea de que la violencia de género se vincula directamente con la subordinación de las mujeres y el machismo ideológico. Cuando se refieren a esta violencia suelen asimilarla al aumento de la delincuencia común. La oposición feroz de las iglesias y de los sectores conservadores en general al análisis feminista sobre las causas de la violencia contra la mujer constituye un obstáculo fundamental a la implementación de políticas públicas efectivas contra el problema. Este rechazo da paso a la patologización individual de los agresores, así como a argumentos que atribuyen el problema a la pérdida de valores, al aumento de la delincuencia común, o (con un matiz claramente clasista) a los problemas de la pobreza. Mientras no se alcance un masa crítica de líderes de opinión que comprendan las causas reales y las consecuencias de la violencia contra mujeres y niñas, no se logrará construir una demanda social lo suficientemente fuerte como para convencer a las autoridades de la necesidad de poner en marcha una política pública integral contra la misma.[1] Por último, hay que señalar los efectos de la falta de transparencia y la insuficiente rendición de cuentas por parte de las autoridades. Considérese, por ejemplo, la Ley 88-03 “mediante la cual se instituyen en todo el territorio nacional las casas de acogida o refugios, que servirán de albergue seguro […] a las víctimas de violencia intrafamiliar o de género”. A este fin la ley especializa el 1% de las recaudaciones por concepto de la Ley de Tenencia y Porte de Armas de Fuego, un 1% de las multas pagadas por los violadores del Art. 309-6 de la Ley 24-97 (sobre las órdenes de protección), así como una asignación en la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos. No está claro si el Ministerio de la Mujer, que es la entidad encargada de gestionar estos refugios, recibe o no la totalidad de estos fondos; lo que está claro es que lo que dispone la ley no se cumple en lo absoluto, dado que en la actualidad existen apenas dos refugios (uno de ellos diminuto) en todo el territorio nacional. Algo similar ocurre con la Ley 176-07, que también especializa fondos para la lucha contra diversos problemas que afectan a las mujeres, incluyendo de manera explícita la violencia intrafamiliar y de género (ver Art. 19). Al igual que en el caso anterior, esta ley no se cumple y no existe una demanda ciudadana que obligue a su cumplimiento.
[1] La lucha por el 4% en la educación es un buen ejemplo de la importancia de contar con el apoyo de las iglesias y de personalidades influyentes de todos los sectores nacionales para la construcción de una demanda social fuerte. Aunque todavía no se ha logrado el 4%, no hay duda que existe un consenso importante en la sociedad dominicana que más temprano que tarde obligará a los tomadores de decisión a satisfacer dicha demanda.
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE ORDEN INSTITUCIONAL 1. Ausencia de una política pública integral de prevención y atención 2. Bajísimos presupuestos: • Montos desconocidos y no calculables con datos disponibles • Parece no haber presupuesto fijo • Gran dependencia de la cooperación internacional • En el país funcionan actualmente solo 2 refugios para mujeres maltratadas 3. Lo anterior se vincula a la insuficiencia de recursos humanos y materiales para la atención, en consecuencia: • Política de conciliación • Ineficacia de las órdenes de protección • Bajísimo número de condenas judiciales a agresores 4. Falta de adecuados servicios médicos y psicológicos para víctimas a través del sistema nacional de salud, a pesar de la adopción de protocolos para prestarles atención integral
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El ejemplo de otros países muestra que una política integral de lucha contra la violencia de género debe tener tres grandes componentes: de prevención, de atención a las víctimas y de sanción a los agresores. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, el primer componente ha incluido una campaña masiva a través de los medios de comunicación y los espacios públicos (vallas, afiches, etc.) promoviendo la igualdad de género, cuestionando la masculinidad tradicional, y conectando ambas cosas con la violencia contra la mujer. De particular importancia resulta la transversalización de estos programas de prevención, sensibilización y prevención a todos los niveles del Estado, incluyendo los sistemas de educación, salud y justicia, las autoridades de migración (tráfico y explotación sexual), NNA, cultura, deportes, etc. La lucha contra la violencia tiene que ser una política de Estado, que abarque todos los niveles y articule adecuadamente los esfuerzos, y no simplemente un programa dentro de uno o dos ministerios. Claro está que una política integral de prevención, atención y sanción requiere de presupuestos conmensurables con la magnitud del problema a enfrentar. De más está decir que en el caso dominicano los recursos no solo son limitadísimos, sino que se desconocen los montos destinados a la violencia, ya que ni la Procuraduría, ni la judicatura, ni el Ministerio de la Mujer desglosan esta información en sus presupuestos de gastos. Las consecuencias de la insuficiencia de recursos se manifiestan a todos los niveles: • En la política de conciliación del sistema de justicia que obliga a un alto porcentaje de mujeres violentadas a retornar con sus agresores sin ningún tipo de protección o seguridad. • En la ineficacia de las órdenes de protección, que no cuentan con el respaldo efectivo y oportuno de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento. • En la falta de servicios legales, médicos y psicológicos de calidad para las víctimas de violencia y sus hijos/as. Los 14 centros de atención que existen actualmente en todo el territorio nacional son más que insuficientes para atender el gran volumen de casos denunciados.
5. Dramática insuficiencia de los servicios de re-educación para hombres agresores
• En la gravísima falta de refugios para mujeres maltratadas y sus hijos, siendo inconcebible que en un país donde se registran más de 60,000 denuncias anuales solo existan dos albergues.
6. Invisibilidad de la violación sexual de mujeres adultas para todos los actores del sistema (policial, judicial, de atención a víctimas, etc.)
• En la insuficiencia de programas de re-educación para agresores y la consecuente desidia de las autoridades para obligar a los agresores a completar dichos programas. • En el bajísimo número de condenas judiciales a agresores, que victimiza doblemente a las mujeres agredidas, colocándolas en situación de mayor vulnerabilidad y asegurando la impunidad de los agresores.
Conclusión EL PROBLEMA IDEOLOGICO CULTURAL • Empoderamiento y equidad de las mujeres: necesidad de cambiar el paradigma cultural de la autoridad y el control masculinos sobre las mujeres. • Urge evidenciar el carácter opresor y arcaico del machismo tradicional dominicano y promover nuevos modelos de masculinidad. • Necesidad de implementar estrategias a corto, mediano y largo plazos: el cambio generacional y la necesidad de romper las cadenas familiares de transmisión de la violencia.
Si partimos de que los determinantes últimos de la violencia contra las mujeres y las niñas son las ideologías culturales de género y las desigualdades estructurales entre los sexos, se hace necesario estrategizar el cambio en diferentes marcos temporales. La implementación de nuevas políticas y programas institucionales son medidas a implementarse en el corto y mediano plazo, como en el caso de la puesta en práctica dentro del sistema de salud de los protocolos de atención a víctimas de violencia, la ampliación en el número de centros de atención a víctimas o la revisión de la política de conciliaciones. En comparación, los cambios de actitudes y de ideologías requieren un marco temporal más largo y suelen evidenciarse con mayor claridad en términos generacionales. Este cambio generacional también implica romper la transmisión de los modelos de violencia aprendidos en el hogar y que resultan ser uno de los indicadores más precisos del riesgo de violencia en la edad adulta: los niños que vieron a sus padres agredir tienen mayores posibilidades de ser agresores al crecer, en tanto que las niñas que vieron a sus madres sufrir violencia tienen mayores posibilidades de casarse posteriormente con un hombre agresor. Por supuesto que los cambios culturales a mediano y largo plazos también requieren la implementación de medidas inmediatas, como la inclusión de nuevos contenidos en el currículum escolar relativos a los derechos de las personas, la equidad de género y la resolución pacífica de conflictos. Pero también requiere de esfuerzos sostenidos a largo plazo que involucren a amplios sectores del Estado y de la sociedad civil trabajando de manera coordinada para el logro de metas comunes. Para ser efectiva, la erradicación de la violencia debe ser un proyecto compartido, que movilice a todos los sectores sociales, y no solo a las mujeres.
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