LDS 565 del 31 de agosto al 6 de septiembre del 2014 by Luces del Siglo

PERIODISMO VERDAD

565 www.lucexsdelsiglo.com

del siglo

Del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2014 Año 11, Cancún, Quintana Roo $15.00 @lucesdelsiglo

El “diálogo” del gobernador El violento desalojo de habitantes del municipio indígena de Felipe Carrillo Puerto, que exigían agua potable, es el nuevo episodio de represión de la entrada en vigor de la “Ley Antimarchas”, promulgada por el gobernador Roberto Borge Angulo.

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Contenido/.

24 agosto 2014/No.564

Joaquín Paredes Fuente

/ La “ley del garrote”

Presidente / Fundador ( )

Norma Madero

El desalojo violento de habitantes del municipio Felipe Carrillo Puerto de las oficinas de CAPA es un episodio más del “diálogo” del gobierno de Roberto Borge, enmarcado en la “Ley Antimarchas”.

Presidenta

EDITORIAL Director General

Agustín Ambriz Hernández Edición

Enrique Huerta Gonzalo Ramos Reporteros

Antonio Ortiz Francisco Verdayes Hugo David Pérez Isela Serrano Javier Vite Jesús Sierra Jercelia Herrera Mariana Pérez

Diseño

Mauricio Peña

06/

Director Comercial y Marketing

Alberto Ibarra Dorado (998) 847.5778 (998) 847.5992

10/ Lucha gremial

24/ El arduo camino de la identidad

Miembros del Movimiento Insurgente de Burócratas acusan que la dirigente del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, ha usado su cargo para beneficio propio.

Forjar una cultura es algo que se hace continuamente y que se va modelando conforme a las circunstancias, situación que vive el cada vez más desarrollado Cancún.

14/ El reto electoral Periodismo Verdad Luces del Siglo. Editor responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04–2011–112513132200–102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido 15479. Domicilio de la Publicación: Av. Reforma, Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77524 Tiro certificado y foliado: Diez mil ejemplares. Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Impedir que el dinero del narcotráfico financie campañas y partidos políticos es vital para salvaguardar la democracia de México y de América Latina, coinciden expertos.

18/ La difícil tarea de ayudar Los albergues para migrantes no sólo tienen que lidiar con la carencia de tiempo, familia y dinero, sino también con el hostigamiento de las autoridades y la incomprensión de los vecinos.

30/ Blablabla

Luces del Siglo se distribuye y circula en las tiendas Oxxo, locales cerrados y puestos de periódicos.

dbreves/ El botín de las deudas estatales

Popularidad a la baja Las cifras arrojadas por las encuestas son contundentes: han descendido los niveles de aprobación del presidente Enrique Peña Nieto. Según una encuesta del centro de investigaciones Pew Research, seis de cada diez mexicanos reprueban la gestión económica del mandatario y 57 por ciento de los encuestados rechazan la apertura de Pemex; asimismo, la popularidad del presidente se ubicó en 51 puntos porcentuales, mientras que el apoyo a sus detractores se ubicó en 47 por ciento. Números similares arrojó la encuesta realizada por BGC-Excélsior, que ubica en 43 puntos porcentuales la popularidad del presidente, además de que la mitad de los encuestados aseguran que el mandatario sigue sin cumplir con las expectativas que se tenían de su gobierno. (EHM)

En lo que va del año, se calcula que los bancos habrían obtenido ganancias de aproximadamente 27 mil 688 millones de pesos por concepto de servicio de deuda, provenientes del financiamiento de 17 bancos con las 32 entidades. De cada 100 pesos asignados para el servicio de la deuda, 93 corresponden a intereses generados; el resto es dinero otorgado por comisiones, gasto de la deuda y costo por coberturas. Los estados que más contribuirán a las ganancias de la banca son el Distrito Federal, que acabará pagando 4 mil 86.3 millones de pesos, y el Estado de México, con 3 mil 914 millones. Por su parte, Quintana Roo pagará mil 389.8 millones de pesos a los bancos por concepto de deuda, lo que representa el 6.7 por ciento de su presupuesto neto. (EHM)

Voracidad sindical El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros, dirigido por Víctor Flores, acabó con dos fideicomisos de los ex trabajadores. El primero, de 14 mil 500 millones de pesos, era para el pago de pensiones, mientras que el segundo, por 345 millones, para un seguro de vida. Sin embargo ambos se quedaron ‘‘sin fondos’’ desde hace dos años, por lo que las jubilaciones del gremio se pagan con presupuesto federal y los pagos a los beneficiarios del seguro de vida están suspendidos desde 2012. Según el comité ejecutivo del sindicato, los estudios actuariales que conciernen al fideicomiso del seguro de vida contenían errores y exigió que los fondos los reponga Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y le otorgue al gremio otros 457.9 millones de pesos para poder regularizar los pagos a las viudas y familiares de los ex trabajadores. (EHM)

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Frente contra Estado Islámico El presidente Barack Obama busca aliados para combatir a los yihadistas de la organización Estado Islámico (EI), que ya ocupa ciudades en Siria e Irak. “Eliminar de raíz un cáncer como el Estado Islámico no será fácil ni rápido. Estamos urgiendo a los países de la región para que apoyen a los iraquíes en la lucha contra estos terroristas bárbaros, y con este objetivo estamos construyendo una coalición internacional”, declaró el mandatario. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha anunciado que siete países —Albania, Canadá, Croacia, Dinamarca, Italia, Francia y Reino Unido— se han sumado a Estados Unidos en el compromiso de suministrar armas y equipamiento a las fuerzas kurdas que combaten contra EI en el norte de Irak; pero ante la guerra civil en Siria, estos países dudan en llevar a cabo una medida similar. (EHM)

Datos unidos contra la delincuencia

Abren puertas a amparos Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte determinaron que cualquier ciudadano podrá amparase contra cobros excesivos de luz, corte en el suministro, entre otras acciones relacionadas con el servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El hecho de que la CFE tenga el monopolio en la prestación del servicio público de electricidad, se traduce en que cuando firma un contrato de servicio con los usuarios, se signa un contrato “administrativo” y no como antes consideraba la Corte, un contrato “entre iguales”. Además, plantea que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica, el usuario se somete a las condiciones de la Secretaría de Economía, de la de Energía y a lo establecido por la ley, sin posibilidad de negociación, lo que viola el principio de igualdad entre las partes. (EHM)

Las organizaciones aglutinadas en el Consejo Ciudadano acordaron crear una base de datos homologada de los delitos que se cometen en el país. La Comisión Especial de Desarrollo Policial será la encargada de recopilar, procesar y analizar la información. Edna Jaime, directora de México Evalúa, indicó que aunque actualmente se cuenta con el registro llevado a cabo por las procuradurías con averiguaciones previas, se necesita contar con el reporte de los incidentes registrados por las policías, para dimensionar el problema de la delincuencia. Aunque la activista aceptó que para ello fue creada Plataforma México, lamentó que dicho sistema no sea explotado adecuadamente como un recurso de inteligencia para orientar la operación de las fuerzas de seguridad. “Creo que Plataforma México fue un Ferrari sin piloto, sin mecánicos ni la pista para correrlo”, ejemplificó. (EHM)

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dpolítica/Derechos humanos

Apuesta Borge por

“Ley del Garrote”

/ Mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos brilla por su ausencia, el gobierno estatal ha reprimido al menos a tres movimientos populares, incluso se ha violado la polémica Ley de Ordenamiento Civil.

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Por Gonzalo Ramos

as quejas por los excesivos cobros de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), aunado al desinterés del gobierno por solucionar el problema, fueron una bomba de tiempo que devino en el más reciente capítulo de la represión en Quintana Roo; en esta ocasión, contra indígenas mayas que se organizaron en el Consejo de Colonias Populares (Cocopo). Y es que el gobierno de Roberto Borge Angulo no se caracteriza por el diálogo, sino por usar “el garrote”, son varios los ejemplos de ello, como los enfrentamientos ocurridos con los integrantes del magisterio, con los taxistas de Cancún o con los ejidatarios de Holbox, quienes se confrontaron con los elementos policiacos ante los oídos sordos a sus peticiones por parte del mandatario. Esta vez, el conflicto fue originado por el precio del agua en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, el cual se disparó tras la colocación de unos nuevos medidores. Los manifestantes llevaron a CAPA los recibos, que en algunos marca hasta 31 mil pesos por concepto de un mes de servicio de agua potable, y la única respuesta que obtuvieron fue que “seguramente tendrían una fuga” y debían pagarlo. Tras una serie de fallidas negociaciones, el pasado 12 de agosto, el Cocopo optó por bloquear las instalaciones de CAPA, ubicadas en la plaza principal de Felipe Carrillo Puerto. La situación explotó siete días después, cuando el gobierno estatal decidió realizar un desalojo, por lo que las fuerzas policíacas arrasaron violentamente con quienes se encontrarían en ese lugar, lo mismo con ancianos enfermos que con jóvenes estudiantes. Según narra uno de los dirigentes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Omar Sánchez Cutis, el mismo día del enfrentamiento, él acudió a la invitación de miembros del Cocopo

a una reunión con el presidente municipal, Gabriel Carballo Tadeo, el gerente de CAPA en el municipio, Fernando Serrano Trujillo, familiares de los detenidos y miembros del Consejo, para apoyarlos en los aspectos legales del conflicto. En la reunión se llegaron a diversos acuerdos. Incluso, horas antes del choque con los uniformados, el Cocopo emitió un comunicado en el que informaba sobre lo pactado. Se trataba de siete puntos, entre los que se determinaba que el bloqueo a las oficinas de la dependencia sería disuelto ante un notario público y con la presencia del propio Carballo Tadeo, quienes darían fe de las condiciones del inmueble tras siete días de haber sido tomado por los manifestantes. Otro de los puntos era que el plantón se cambiaría de lugar al kiosco del parque principal, pues continuarían pugnando porque se retiraran los nuevos medidores de agua potable y se dispusiera la gratuidad del servicio para personas mayores, madres solteras y personas que ganen menos de cinco salarios mínimos. Además, la protesta continuaría para exigir la liberación de Teresa Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab, líderes del movimiento que fueron detenidos como resultado por una demanda interpuesta por CAPA, acusados del delito de sabotaje, mismo que no alcanza fianza. Sin embargo, cuatro horas más tarde, arribó al sitio del plantón el

Policias en desalojo de manifestantes en Felipe Carrillo Puerto.

Activistas de Felipe Carrillo Puerto, ejidatarios de Holbox y profesores, entre otros, han sido víctimas de la represión del gobierno de Roberto Borge.

Manifestación para exigir la liberación de los líderes del Cocopo.

director de CAPA, y detrás de él no un notario, sino el director de la Policía Municipal, Gerardo González Espinoza y la subprocuradora de Justicia de la Zona Centro del estado, Blanca Imelda Ávila Varguez, acompañados de varios elementos policiales. Ante el reclamo de que eso no había sido lo pactado, la respuesta de las autoridades fue que tenían 10 minutos para retirarse, lo que ocasionó la molestia de los miembros del Cocopo, pero acordaron seguir manifestándose de forma pacífica. No obstante, vencido el ultimátum, las autoridades regresaron con más policías, granaderos y elementos encapuchados, quienes entraron a las oficinas de CAPA y prendieron las luces. Tanto las versiones de los detenidos que salieron libres, como de los testigos del acto, coinciden en que pasado este punto, un hombre al que nadie conocía –y que señalan como infiltrado–, que portaba una playera roja, apareció y comenzó a atacar a los policías. Acto seguido, las fuerzas públicas reaccionaron y arrasaron con todo lo que había a su paso. Según los mismos testigos, la consigna parecía ser que nadie grabara los hechos con su teléfono celular, y quien lo hiciera, sería aprehendido. Lo mismo con los miembros de otros movimientos que acudieron a apoyar al Cocopo, como Marisol Ceja Gálvez, del Congreso Nacional Ciudadano y otros miembros de Morena. Por el simple hecho de documentar el acto, el periodista independiente Pedro Canché Herrera,

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“Cadena humana” en apoyo a ejidatarios de Holbox.

fue inculpado directamente por el vocero del estado, Rangel Rosado Ruiz, de presuntamente haber movilizado gente desde otros municipios para generar el alboroto. Mediante un comunicado, el gobierno de Quintana Roo aseguró que Ceja Gálvez había confesado que Canché Herrera era quien pagaba los pasajes y estancia de los que participaban en los bloqueos. La activista asegura haber hecho su declaración ante el Ministerio Público varias horas después de que el boletín saliera a la luz. Hasta el cierre de esta edición, a los líderes Teresa Brito Piña y Alfredo Esquivel y Cab se les aplicó un auto de formal prisión, por lo que podrían estar hasta 15 años en la cárcel, por intentar revertir los excesivos cobros de la paraestatal responsable de suministrar de agua potable a los quintanarroenses. Lo acontecido en Felipe Carrillo Puerto pudiera incluso contravenir la polémica Ley de Ordenamiento Cívico, pues establece que durante las manifestaciones se debe contar con la presencia y movilización de asistencia médica de emergencia y que debe haber acompañamiento, observación y asistencia por parte de los abogados de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a efecto de documentar posibles violaciones. Situación que no se dio aquella noche. Por si fuera poco, en la fracción tercera del artículo 31 de dicho ordenamiento, se establece que para las sanciones de los detenidos por alterar el orden público se tomarán en cuenta, entre otros aspectos, la condición económica del infractor. Este apartado tampoco se cumplió en el caso de los detenidos aquel día, dado que las fianzas alcanzaban hasta 40 mil pesos, según denunciaron sus familiares. También se contradijo al artículo 32 de dicha norma, el cual estipula que las sanciones serían de entre 10 y 100 salarios mínimos

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Lo acontecido en Felipe Carrillo Puerto pudiera incluso contravenir la polémica Ley de Ordenamiento Cívico, pues establece que durante las manifestaciones se debe contar con la presencia y movilización de asistencia médica de emergencia y de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

generales, es decir, el tope máximo sería de 6 mil 377 pesos. Marchas posteriores dejaron entrever el sentir del pueblo, en su mayoría compuesto por indígenas mayas. En medio de los discursos en las concentraciones, los quejosos evidenciaron los atropellos de los que han sido víctimas por parte de los gobiernos. Una de esas voces fue la de doña Tiburcia Chan, de 74 años, integrante del Cocopo. “Creímos en Borge, lo pusimos en el poder y nos dejó comiendo frijoles y chile. Yo a Carballo lo apoyé desde que fue diputado, le dije: ‘vas a subir, pero trabaja por nosotros’. Fui priista, pero cuando entré a Cocopo empezamos realmente a trabajar por el pueblo”, afirma la anciana maya en un video grabado y traducido por Pedro Canché. Y concluye en medio de aplausos: “Si el gobierno va a matarnos, que nos agarren, pero nunca me van a matar porque entonces voy a vivir más, voy a vivir entre mi pueblo”. De ejidatarios a presidiarios. Paralelo al conflicto en Felipe Carrillo Puerto, la persecución de manifestantes iba tomando otro tono en el caso de Isla Holbox. El clímax ocurrió cuando, casualmente, algunos de los protagonistas de los movimientos contra el proyecto La Ensenada fueron detenidos por presuntos delitos ambientales en la ínsula. La historia comenzó cuando los ejidatarios denunciaron que había empresarios vinculados con el grupo yucateco Bepensa que

poseían tierras ejidales a su nombre, pero que en realidad eran patrimonio de los nativos de la isla. Todo detonó en una asamblea calificada como apócrifa, en la que se atendió a los intereses del grupo Península Maya Developments, el cual buscaba desarrollar un megaproyecto en la ínsula. El propio gobierno estatal, de la mano del ex secretario de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo, cercó el lugar donde sería la asamblea y repelió a los ejidatarios que luchaban por sus propiedades. Todo bajo el argumento de procurar el orden social. En medio de la confusión, el ex funcionario atropelló a uno de los manifestantes y dio instrucciones de usar gases lacrimógenos y piedras para agredir a la población. Tres días después, el general Villa presentó su renuncia. Los ejidatarios, que se habían manifestado de manera pacífica, tomaron la alcaldía de Holbox y advirtieron que no permitirían que los empresarios los despojaran de sus tierras con la complicidad del gobierno. Denunciaron que, sin asesoría legal, ni permitírseles leer y comprender el cerro de hojas que firmaron, fueron engañados, ya que los empresarios yucatecos les ofrecieron formar parte del desarrollo turístico. Una mentira más en la que, reconocieron, cayeron sin remedio. (Luces del Siglo 553) Semanas más tarde, eran algunos de esos mismos ejidatarios quienes eran trasladados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos ambientales. También aprehendieron a un estudiante y tres topógrafos que trabajaban legalmente en el terreno. En total, hubo 16 detenidos. La delegada en Quintana Roo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ludivina Menchaca Castellanos, ha caído en diversas contradicciones durante el proceso judicial en contra de los comuneros, por lo que familiares y activistas han exigi-

do su renuncia y acusado a la funcionaria de actuar por motivos políticos. Una acelerada decisión llevó a un juez a dictar su formal prisión a los detenidos, lo que podría condenarlos a varios años de cárcel. Los medios de impugnación y amparos por parte de sus abogados defensores, siguen en proceso. Maestros en lucha. Diez meses atrás, el movimiento magisterial en Quintana Roo urgió al gobierno de Roberto Borge Angulo a tomar medidas para posteriores levantamientos. Fue así como nació la polémica Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, conocida popularmente como “Ley Antimarchas”. Pionera en su estilo, fue rechazada por amplios sectores de la sociedad, porque se dijo que buscaba criminalizar la protesta y el libre derecho a la manifestación. Quizá la medida más polémica de dicha legislación es el artículo 18, donde se establece que si durante las manifestaciones se obstaculiza la prestación de un servicio público, la administración pública “tomará las medidas necesarias para garantizar el orden, la paz y la prestación de servicios públicos”. Manga ancha para cometer toda clase de atropellos, critican sus opositores. Con apenas unas horas de avalada, la legislación se mantuvo discreta durante el desfile del 1 de mayo, cuando se llevaron a cabo manifestaciones simultáneas en diversos puntos del estado, principalmente en Cancún y Chetumal. En Cancún, medio centenar de personas, que se identificaron como integrantes del Comité de Lucha Magisterial, provocaron que el alcalde Paul Carrillo abandonara el desfile a la mitad del evento; mientras que en Chetumal, la fuerza pública, vestidos de civil, se dedicó a amedrentar a quienes osaron manifestarse pacíficamente. Días más tarde, durante la visita del presidente Enrique Peña

Nieto, un grupo de manifestantes fue cercado por los policías en una vialidad secundaria del centro de Cancún, mientras se dirigían a la avenida Tulum, por donde supuestamente pasaría el convoy del Ejecutivo federal. Los uniformados les impidieron colocar carteles en contra del mandatario, fueron amedrentados y se les retuvo por alrededor de una hora. Para las manifestaciones en Holbox, contra el proyecto La Ensenada los ejidatarios fueron cercados, aunque el “error” fue dejar que los testigos publicaran fotos y videos del acto, lo que incluso evidenció y llevó a la dimisión de Bibiano Villa Castillo como secretario de Seguridad Pública estatal. Ya en los recientes acontecimientos en Felipe Carrillo Puerto, todos los teléfonos celulares fueron arrebatados, y sus dueños reprimidos, por lo que hay poco material documental del acto. Las tácticas parecen haberse ido perfeccionando. Ombudsman acotado. A pesar de los diversos amparos y la solicitud de varios sectores ciudadanos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para declarar inconstitucional la Ley de Ordenamiento Cívico, por atentar contra los principios más básicos de las garantías en las leyes mexicanas, ningún intento ha prosperado. Incluso, el presidente de la Cdheqroo, Harley Sosa Guillén manifestó que, desde su punto de vista, la Ley de Ordenamiento Cívico no violenta las garantías individuales “porque no trata de impedir la libre manifestación sino de protejan tanto los derechos de los manifestantes como de terceros, en un ambiente ordenado y sin que recurran a acciones violentas”. La legislación incluye dos condiciones de trabajo para los derechos humanos. La primera es que se capacite a los policías en el trato a los manifestantes, especialmente cuando se requiere su detención; la segunda es que cada

Profesores disidentes durante la gresca con la policía en las instalaciones del Palacio Municipal.

Para el ombudsman estatal, Harley Sosa, la Ley de Ordenamiento Cívico no violenta las garantías individuales “porque no trata de impedir la libre manifestación sino de protejer tanto los derechos de los manifestantes como de terceros, en un ambiente ordenado y sin que recurran a acciones violentas”.

que haya una marcha o manifestación, se debe presentar personal de la oficina del ombudsman para certificar que no haya violaciones de derechos. Sin embargo, en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, el contacto de la Comisión se redujo a visitas con los detenidos, en las que se les informó que pueden denunciar posibles ultrajes a sus derechos, además de que dijeron que se llevarían a cabo las diligencias correspondientes y que se recabaría “la mayor información posible sobre los hechos suscitados”. En Holbox, la defensoría de los derechos humanos también brilló por su ausencia. Por este tipo de situaciones, el presidente estatal del PRD, Julio César Lara Martínez, criticó la falta de alguna recomendación de la oficina a cargo de Sosa Guillén, a quien acusó de ser una comparsa más del gobierno del estado, al permitir violaciones en la materia. Lo secundó el diputado perredista Jorge Aguilar Osorio, quien consideró que a la autoridad le hizo falta tolerancia y comunicación para llegar a acuerdos con la gente de la zona maya. “Condenamos la criminalización de la protesta, ya lo vimos con los maestros, recientemente con los comuneros detenidos en Holbox. Nos damos cuenta de que en verdad existe una coordinación de los tres niveles de gobierno para reprimir a la población inconforme. Sin duda ha regresado el PRI de hace 70 años”, sentenció./

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Disputa por el control de sindicato de burócratas

/ Los opositores a la dirigente sindical del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, denuncian que durante 15 años se ha mantenido al frente de dicha organización para garantizar posiciones políticas.

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Por Javier Vite

l viejo estilo de los gobiernos autoritarios, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento en Benito Juárez (SUTSABJ), Delia Alvarado Alvarado, ha permanecido en su puesto por 15 años ininterrumpidos, a pesar de las voces que exigen democracia en la organización. Opositores a la lideresa acusan que sigue las mismas prácticas del viejo sindicalismo mexicano, pues en todo este tiempo ha puesto la estructura del sindicato al servicio de los presidentes municipales en turno, además de colocar a sus incondicionales en puestos clave del sindicato y reprimir a los agremiados que no están de acuerdo con ella, en detrimento de los 2 mil 600 afiliados.

Felipe Canché Moo y Tomás Villanueva, ambos ex sindicalizados, acusan que fueron expulsados del gremio por supuestamente haber participado en actividades políticas en contra del sindicato. En diversas entrevistas, Delia Alvarado negó haberlos expulsado y argumentó que la determinación fue tomada por los integrantes de la Comisión de Justicia y Vigilancia del SUTSABJ. “Felipe Canché, incurrió en una falta en el artículo 93 del reglamento, que se refiere a la realización de mítines o declaraciones en contra de los dirigentes del sindicato o en contra de los postulados del sindicato”, declaró la lideresa gremial. Sin embargo, los ex sindicalizados señalan que en realidad fueron expulsados por manifestar su oposición a los cambios estatutarios del SUTSABJ que permiten la ampliación del mandato de la secretaria general y el incremento en el cobro de cuotas –que llega hasta el 10 por ciento del sueldo de los trabajadores–. Ante ello, Canché Moo y Tomás Villanueva, junto con otros 150 inconformes, crearon el 11 de julio pasado el Movimiento Insurgente de Burócratas, a través del cual exigen la renuncia de la líder sindical para que se convoque a una nueva elección. Al respecto, Delia Alvarado ha reiterado que fue electa hasta el 2017 y señala que su periodo al frente del sindicato de burócratas municipales se apega a las modificaciones al artículo 41 de su reglamento, en el cual se estipula que el mandato se amplió a seis años. Pero según sus detractores, la lideresa no respeta los estatutos como ella dice, y como prueba señalan que al obtener los cargos de regidora en 2005 y como actual suplente de la diputada

local Susana Hurtado, debió pedir licencia ante el sindicato y no lo hizo. Para colmo, asegura Canché Moo, recientemente Delia Alvarado nombró a sus dos hijos delegados generales, con lo que ante una eventual destitución ellos asumirían el control interino hasta concluir el periodo y convocar a elecciones, lo que ha ocasionado descontento al interior del sindicato. “Hay más de mil 500 empleados inconformes por la situación”, asevera. Por su parte, Tomás Villanueva, quien pidió no revelar el nombre de los miembros que se han sumado al movimiento, denuncia que varios trabajadores aún enfrentan un proceso ante la Comisión de Honor y Justicia del sindicato por recriminarle a la lideresa el mal manejo de éste, por lo que, asegura, se ha emprendido una campaña de terror y amenazas al interior de la agrupación. “Incluso ya algunos compañeros han sido cambiados de área o se les han retirado los beneficios ganados y el retiro de las compensaciones, a fin de demostrar que en el sindicato se aplica la ‘Ley de Herodes’”, comenta Villanueva. Lucha en los juzgados. Felipe Canché Moo, quien lleva 25 años laborando para la comuna de Benito Juárez y quien fuera alguna vez secretario de finanzas del SUTSABJ, informa que guiado por su abogado, José Luis González Nolasco, analiza interponer una demanda en contra de Delia Alvarado por enriquecimiento ilícito y, además de exigir una auditoría a las cuentas del gremio, ya que existe la sospecha de un probable desvío de recursos para beneficio personal de la lideresa o para las próximas campañas políticas en las elecciones federales de 2015. “Hasta usa a trabajadores municipales para construir una

Felipe Canché Moo, ex sindicalizado y opositor a Delia Alvarado.

Los opositores a Delia Alvarado la acusan de colocación de incondicionales en puestos clave del sindicato, hostigamiento y represalias en contra de sus adversarios y favorecer a los presidentes municipales en turno, aun en detrimento de los trabajadores afiliados al SUTSABJ.

casa en la comunidad de Francisco May”, asegura. Además, Canché Moo sospecha que la secretaria general del SUTSABJ, es la autora intelectual de la golpiza que sufrió el pasado 25 de julio. El ex sindicalista asegura que tras su expulsión, de castigo fue enviado como comisionado al Centro de Retención Municipal, mejor conocido como “El Torito”, donde fue golpeado por el director Juvenal Reyes Marrufo y dos custodios que intentaron quitarle su teléfono celular. Por ello, Canché Moo presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal, con número 4999/2014, por el delito de lesiones, ya que en la gresca resultó lastimado de su brazo y el dedo pulgar derecho. Aunque en un principio señaló que no le quisieron tomar su declaración ni que fuera valorado por el médico legista, al final tuvo que acudir en una segunda ocasión para dichos servicios. En cuanto a su expulsión y la de sus compañeros inconformes, explica que esta decisión ya fue apelada y que inclusive ya promovió un amparo que, de ser concedido por el Juez Segundo de Distrito, quedará sin valor lo dictaminado por la Comisión de Honor y Justicia del SUTSABJ.

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Tomás Villanueva, ex sindicalizado y opositor a Delia Alvarado.

Desestima acusaciones. A pesar de que Luces del Siglo buscó durante varias semanas a la secretaria general del SUTSABJ para que diera su versión sobre los hechos, nunca atendió a las llamadas. Sin embargo, en declaraciones publicadas en diversos medios de comunicación, Delia Alvarado negó cualquier responsabilidad de las imputaciones en su contra y agregó que se trata de envidias “por mantener una agrupación fuerte, que cumple y que está al pendiente de sus agremiados”. Asimismo, aseguró ante los medios locales que no permitirá que “malos elementos pongan en mal al sindicato” que dirige. “Si alguna persona por intereses meramente personales quiere desestabilizar, no se lo vamos a permitir y eso fue lo que pasó, pero para mí son trámites más engorrosos”, declaró ante la prensa. Acerca de las denuncias en su contra por su actuación al frente del gremio del Ayuntamiento, Delia Alvarado las demeritó, aduciendo que sólo era un “grupúsculo” de familiares que van a recibir su sanción. “No tenemos en el sindicato a nadie a la fuerza, si no tienes convicción y no quieres estar dentro del sindicato, ¿qué haces dentro de un sindicato?, para todo hay tiempos y formas y éstos se salieron de los tiempos y de

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El Movimiento Insurgente de Burócratas exige la renuncia de la líder sindical del Ayuntamiento de Benito Juárez, Delia Alvarado, y que se convoque a una nueva elección.

Trabajadores del Ayuntamiento de Benito Juárez.

las formas y eso no se los vamos a permitir”, comentó. Cercana al poder. La secretaria general del sindicato de burócratas del municipio de Benito Juárez, Delia Alvarado Alvarado, pasó de ser secretaria de Radio Cultural en el Ayuntamiento, a ser subdirectora de la estación y de ahí, a ser la líder del gremio por casi 15 años, posición que ha sabido ocupar para mantener el control sobre los trabajadores, lo que le permite negociar y obtener sendos beneficios. Su carrera como dirigente sindical comenzó en 1999, cuando la entonces presidenta municipal Magaly Achach impulsó a Alvarado Alvarado en el sindicato para evitar una debacle laboral ante la falta de pagos, compensaciones y bonos, debido al mal estado de las finanzas locales. Pero su momento de fama llegó en el trienio de Juan Ignacio García Zalvidea, cuando Delia Alvarado organizó una manifestación en contra del alcalde verdecologista por instrucciones del entonces gobernador Joaquín Hendricks para derrocarlo y así poder tomar el control del Ayuntamiento. Gracias a ello –y al apoyo del sindicato de taxistas–, Alvarado Alvarado fue nombrada quinta regidora, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos de 2005 a 2008. Cabe destacar que nunca renunció o pidió licencia como secretaria general del sindicato y, por el contrario, al-

ternaba su trabajo, a pesar de estar prohibido en los estatutos del sindicato. Con la llegada de Francisco Alor Quezada a la presidencia municipal, los trabajadores del Ayuntamiento sufrieron atropellos a sus derechos adquiridos, con la anuencia del sindicato. Así pues, se descontarían los festejos por su cumpleaños, y los montos en el bono a los delegados, becas para los hijos de los sindicalizados, entre otros más. A la llegada de los alcaldes perredistas Gregorio Sánchez Martínez y Julián Ricalde Magaña al Palacio Municipal, Delia Alvarado mantuvo cierta distancia, aunque nunca permitió que los trabajadores se salieran de control, a cambio de ello logró colocar de nuevo a sus hijos Sidharta y Alberto Sáenz Alvarado, a pesar de que anteriormente ambos habían estado inmiscuidos en un escándalo por actos de corrupción. Actualmente se mantiene como líder sindical de los burócratas del Ayuntamiento durante la administración del priista Paul Carrillo de Cáceres, con quien logró un acuerdo de financiamiento para obtener terrenos que serán “entregados” a los empleados municipales, a quienes se les descontará de su cheque para que puedan hacerse de una propiedad, aunque hasta que no concluyan con el pago, el nombre a quien se adjudica la propiedad es a la misma líder sindical, Delia Alvarado, quien “firma” como aval./

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dpol铆tica/Elecciones

Irrupci贸n de crimen organizado

en elecciones, un peligro / Magistrados de Latinoam茅rica coinciden en que uno de los principales retos en materia de justicia electoral en la regi贸n es evitar la influencia de las bandas delincuenciales en los comicios para no perder la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de realizar y validar las votaciones.

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lucesdelsiglo.com

Por Hugo David Pérez

ueces y expertos en materia electoral de Latinoamérica expresaron su preocupación por la presencia cada vez más fuerte de grupos del crimen organizado que financian campañas políticas con dinero proveniente de la venta de drogas, armas e incluso personas en algunos países de la región, aunque las señales de alerta se ubican especialmente en México. Por eso, los especialistas señalan que para los comicios estatales y federales del próximo año, las autoridades electorales mexicanas tienen el reto de evitar que el dinero del crimen organizado sirva para financiar candidatos y partidos políticos, pues de darse, no sólo impactaría en la credibilidad de los procesos electorales, sino que minaría los derechos políticos de los ciudadanos. Desde 2011, el asesor de las Naciones Unidas Edgardo Buscaglia advirtió que cerca de 65 por ciento de las campañas electorales en México están contaminadas con dinero proveniente de la delincuencia organizada, principalmente del narcotráfico, y criticó la pasividad con la cual actuaba el Estado ante estas irregularidades. Daniel Zovatto, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto para la Democracia y Asesoramiento Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), señala que uno de los principales retos del sistema electoral es el evitarla penetración del “narcodinero” en el financiamiento de los partidos políticos. Entrevistado tras su participación en la VI Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, realizado en Cancún, el directivo detalla que el problema de la irrupción del crimen organizado tiene que ver con la enorme violencia que se vive en los países de Latinoamérica y la desigualdad económica, la cual

Daniel Zovatto, director para América Latina y el Caribe de IDEA.

Las autoridades electorales mexicanas tienen el reto de evitar que el dinero del crimen organizado sirva para financiar candidatos y partidos políticos, pues de darse, no sólo impactaría en la credibilidad de los procesos electorales, sino que minaría los derechos políticos de los ciudadanos.

se hace evidente cuando un 30 por ciento de la población vive en la penuria en la región. En el caso de México, más de la mitad de la población pertenece al estrato de la pobreza. “América Latina tiene los índices más altos de criminalidad del mundo pero eso tiene que ver con que, pese a 35 años de vigencia de la democracia, los rezagos socioeconómicos continúan: seguimos teniendo la peor desigualdad del mundo, seguimos teniendo índices de percepción de corrupción muy altos, entonces en ese contexto la criminalidad juega un papel muy importante”, explica. Para el directivo se debe reflexionar sobre el papel del dinero en la política, mejorar las condiciones de equidad en la competencia, establecer medidas para transparentar los gastos y cómo controlar los disparadores del gasto electoral. “Hay un riesgo real, así como en determinado momento grandes grupos económicos pueden llegar a colocar en cargos de representación popular a personas que defiendan sus intereses, el crimen organizado, los dueños de la explotación ilegal de la minería, de la tala ilegal, de la trata de personas y otras dimensiones del crimen organizado están ejerciendo un influencia importante. El dinero siempre jugará un papel importante, por eso es importante conocer su procedencia”, detalla Zovatto.

Sobre el poder de los grupos delictivos para colocar a su gente dentro de las candidaturas, el experto recuerda el caso de Colombia, donde en un momento determinado, en ciertas áreas controladas por las guerrillas, estos grupos ejercieron una fuerte influencia dentro de la elección de autoridades locales. Por su parte, Augusto Hernández Becerra, magistrado del Consejo de Estado de Colombia, asevera que es claro que las organizaciones criminales aspiran a controlar los gobiernos locales y a tener una gran influencia en los congresos y en los gobiernos nacionales, “para que defiendan desde el gobierno sus intereses”. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador, Patricio Baca Mancheno, señala que a pesar de que el Estado financia a las organizaciones políticas, los candados deben estar dirigidos a las aportaciones privadas. Asimismo, indica que no sólo en México se debe cuidar el origen de los fondos a través de reglas claras respecto al gasto electoral, sino que debería ser una labor en los demás países. Antecedentes que alarman. Aunque en México la relación de políticos y cabecillas de las bandas criminales en varios estados se ha considerado un “secreto a voces”, fue hasta el 2009 cuando la Procuraduría General de la República entró en acción con el operativo conocido como “Michoacanazo”, donde fueron detenidos 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez de Michoacán. Sin embargo, la mayoría de los imputados fueron liberados por falta de pruebas, pero a partir de ese hecho, la lista de gobernantes y funcionarios ligados al crimen organizado ha aumentado, siendo esa entidad una fuente inagotable de escándalos por los nexos entre la clase política y la delincuencia organizada. En los últimos días se han dado un par de casos emble-

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Salvador Gomar Nava, magistrado del TEPJF.

máticos, ambos en territorio michoacano. Por una parte está la grabación en la que aparece Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ahora ex gobernador Fausto Vallejo, en una charla con el narcotraficante Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de Los caballeros templarios, donde analizan la situación del gobierno estatal. El otro escándalo fue la aprehensión de la presidenta municipal de Huetamo, la priista Dalia Santana, acusada de homicidio y extorsión en beneficio de “La Tuta”, y a quien se le dictó el auto de formal prisión el pasado 21 de agosto. Para Quintana Roo esta situación no es nueva. En 1999 el ex gobernador Mario Villanueva Madrid fue detenido por las autoridades, acusado de narcotráfico; actualmente purga una condena en Estados Unidos por lavado de dinero. Asimismo, en 2010 el entonces candidato del PRD-PT-Convergencia a la gubernatura de la entidad, Gregorio Sánchez Martínez, fue

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Augusto Hernández, magistrado del Consejo de Estado de Colombia, asegura que las organizaciones criminales aspiran a tener una gran influencia en los los gobiernos nacionales, locales y en los congesos “para que defiendan desde el gobierno sus intereses”.

Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo ligado al narcotráfico.

acusado de tener nexos con el narcotráfico, lo que le valió ser detenido y pasar un año en la cárcel, para luego ser liberado por falta de pruebas. Hay otro factor que interviene en la política: el miedo al crimen organizado y las oleadas de violencia que puede desatar, situación que ha influido en los resultados electorales. Medios nacionales reportaron este fenómeno en los comicios para gobernador en Michoacán –denunciado por la entonces candidata Luisa María Calderón–, donde se amenazaba a candidatos y a votantes para dirigir el sufragio, o el famoso “voto del miedo” en Tamaulipas, luego del asesinato del entonces aspirante al cargo, Rodolfo Torre, por lo que fue sustituido por su hermano, Egidio, quien a la postre salió triunfador en las urnas. Segunda oportunidad. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Salvador Nava Gomar, explica que durante ocho años han dado respuesta a cerca de 110 mil asuntos como máximo organismo jurisdiccional en materia electoral. Esto, según el magistrado, contribuye a la transparencia y a la tutela de forma efectiva de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Dice que el próximo año se pondrá a prueba al recién creado INE, el cual deberá tener una “sana” interacción con las instancias locales y, de ser necesario, con el Tribunal Electoral, el cual servirá como garante para revisar que las dinámicas de las otras instituciones se realicen correctamente. Otro de los retos que enfrentará el recién creado Instituto Nacional Electoral (INE) en los próximos comicios federales, donde se llevarán a cabo 17 elecciones estatales y 9 gubernaturas, más el recambio en la Cámara de Diputados, será recuperar la confianza del ciu-

dadano, a través de un sistema que conjunte la supervisión de procesos y la capacitación, señala Daniel Zovatto, director regional de la asociación IDEA. “La reforma electoral tiene muchos desafíos, pero lo que hizo es tomar constancia de una realidad, el IFE, hoy INE, había avanzado muchos más a nivel nacional de lo que se había avanzado a nivel de los estados, por eso ahora el compromiso es que el INE también se haga cargo de esos procesos, no haciendo micro manejo, pero sí garantizando quiénes lo integran, capacitándolos, haciendo auditorías de calidad para que esos organismos electorales tengan la solvencia profesional, de técnica y de procedimientos, ese es el desafío”, detalla el experto. Juan José Núñez Calderón, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, es duro y directo, los índices de confianza en las instituciones electorales en América Latina están entre los más bajos del mundo, por lo que limpiar su imagen no sólo es un reto para México, sino para la región. “En el caso de Venezuela se dicen muchas cosas en los medios internacionales, pero nuestro sistema electoral es reconocido por observadores internacionales como uno de los más perfectos del mundo, incluso por encima del de Estados Unidos, que es de donde nace la matriz de opinión de que nosotros tenemos un poder electoral supeditado, irresoluto e inconcluso”, exclama. Y asegura que “el reto para la región es establecer sistemas que permitan la transparencia y además que los ciudadanos de los distintos países confíen en el proceso electoral, es decir, que tengan absoluta confianza de que los resultados que emite el órgano electoral son exactamente los que ocurrieron”./

Por sexto mes consecutivo las exportaciones de México crecieron: Peña Nieto

l Presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de más de mil millones de dólares para la instalación de la planta de ensamble de la empresa automotriz KIA Motors en Nuevo León. Ahí, el Mandatario resaltó que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en julio las exportaciones totales de México crecieron 4.5 por ciento, y con ello julio es el sexto mes consecutivo en que las exportaciones totales crecen en su comparativo anual”. Precisó que en los primeros siete meses del año “las exportaciones crecieron 4.3 por ciento respecto a las registradas durante el mismo periodo del año anterior”. El Titular del Ejecutivo Federal recordó que en los últimos meses se han anunciado inversiones por 10 mil millones de dólares por parte de la industria automotriz en México, con un compromiso de generación de más de 28 mil empleos. Confió en que estas inversiones seguirán llegando al país “porque México se está transformando en una de las economías más atractivas, seguras y confiables para el mundo. Nuestro país cuenta con inigualables ventajas: su economía es una de las más grandes y abiertas del mundo, con Acuerdos de Libre Comercio con 45 naciones; tenemos una posición geográfica única con acceso privilegiado al mercado consumidor de Norteamérica y al de América Latina, lo mismo que al de Europa y al de Asia; asimismo, cuenta con una población joven y talentosa, cada vez más preparada para enfrentar los retos”. Apuntó que “además de su sólida estabilidad macroeconómica, México ha adquirido una experiencia inigualable en su integración a las cadenas globales de valor, especialmente en la industria automotriz”. El Presidente de la República expuso tres razones por las que hoy es un buen momento para invertir en México: La primera razón es que “nuestro país se está fortaleciendo, o está fortaleciendo su presencia en actividades de mayor valor

agregado. Gracias al talento de nuestra gente joven, emprendedora, altamente capacitada, hemos ingresado con éxito en las áreas de ingeniería, desarrollo y de la industria automotriz. México se ha consolidado como una de las plataformas más competitivas para producir y exportar vehículos y autopartes”. Añadió que “en el primer semestre de este año, nuestro país se ha situado como el primer productor de automóviles de América Latina y el séptimo a nivel mundial”. La segunda razón es que “la economía mexicana se está fortaleciendo. En relación al mercado interno, en los primeros seis meses del 2014 el gasto de las dependencias del Gobierno de la República aumentó en más de 19 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año 2013. Sobresale el mayor dinamismo en turismo; comunicaciones y transportes, y en ciencia y tecnología. “Más importante aún, por sus efectos multiplicadores en el resto de la economía, es el crecimiento real de 31.7 por ciento en el gasto de inversión física, con un monto superior a 396 mil millones de pesos. “Todo esto ha comenzado a traducirse en mejores oportunidades laborales para los mexicanos, y prueba de ello es que en el mes pasado el empleo formal creció a una tasa anual de 3.7 por ciento, de acuerdo a los datos que proporciona el Seguro Social”. Y, por último, “seis de las 11 reformas transformadoras que se han alcanzado, gracias al respaldo del Congreso de la Unión, son de carácter económico y habrán de elevar la productividad y el ritmo de crecimiento del país. Con la aprobación de las Reformas Laboral, Hacendaria, Financiera, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones y Energética, México cuenta ahora con un moderno andamiaje institucional que le permitirá crecer a mayores tasas en los siguientes años”.

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dcomunidad/Migrantes

El difícil (y peligroso)

camino para ayudar a los migrantes

/ En México la tarea de auxiliar a los migrantes es casi tan difícil como el camino que recorren hacia el norte. No sólo es necesario sacrificar tiempo, familia y dinero, sino enfrentar la incomprensión de vecinos y autoridades locales. Pero no es todo: en su escenario siempre existe el riesgo de sufrir ataques de quienes ven a los migrantes como una mercancía.

Foto de portada: Daniela Pastrana

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Por Verónica Espinosa

os vecinos del barrio La Pradera en Irapuato, Guanajuato se habían acostumbrado a que migrantes centroamericanos que llegaban en los trenes cargueros tocaran a sus puertas en busca de comida y agua. Pero eso cambió en junio de 2010, cuando se abrió la Casa del Migrante. Este albergue es uno de los más recientes en el país, y como ha ocurrido con otras casas surgió por pura necesidad: los migrantes empezaron a llegar cada vez más a la ciudad, en tren, autobuses o camiones de carga y en poco tiempo empezaron a deambular por las calles. Irapuato es, como casi todas en el centro del país, una comunidad migrante. Muchos han vivido o tienen familia en Estados Unidos, pero a pesar de ello se sorprendieron con la llegada de cientos de centroamericanos. La ciudad es encrucijada de una de las líneas del ferrocarril carguero que cruza el país. Desde Irapuato los migrantes pueden optar por seguir hacia Guadalajara, Jalisco, en la ruta del Pacífico, o hacia Torreón, Coahuila. Otro camino va a Celaya, Guanajuato, y de ahí continúa hacia San Luis Potosí que es el inicio de la peligrosa ruta de Laredo y Reynosa, Tamaulipas. La llegada de los centroamericanos cambió los planes de Guadalupe González, la fundadora de la Casa: originalmente su albergue sería sólo para atender indigentes, a los que también recibe, pues son enviados por la policía o el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal. Pero la mayoría de quienes llegan son de Centroamérica. “Hemos tenido hasta 110 en un día, y todos comen”, dice Ramiro, una de las cuatro perso-

“Hemos tenido hasta 110 migrantes en un día, y todos comen”, dice Ramiro, una de las cuatro personas que cubren los dos turnos para la operación de la Casa. nas que cubren los dos turnos para la operación de la casa. Es carpintero y en su tiempo libre atiende un pequeño taller. Pero la mayor parte de su tiempo lo ocupa en la Casa. Cada mes la Casa recibe un promedio de 850 a 900 migrantes, aunque en junio y julio pasados la cifra bajó a un promedio de 700 personas. “Es que en varias estaciones ya no los dejan subir al tren”, dice el carpintero. Sabe, porque los mismos migrantes lo cuentan, que en Escobedo, un pueblo cercano a Celaya, los empleados del tren recibie-

ron la orden de impedirles subir a los vagones. En este nuevo escenario sostener el albergue es un camino cuesta arriba. En los cuatro años que ha funcionado la vida cotidiana es de privaciones y escasez de dinero. El día que lo visitaron los periodistas la línea telefónica estaba fuera de servicio, pues no hubo dinero suficiente para cubrir la tarifa mensual, ni siquiera con la ayuda de los donadores permanentes “que no nos fallan”, asegura la encargada. Los gastos siempre superan los ingresos. Eso sí, lo que nunca ha faltado es comida, especialmente arroz, que es el favorito de los centroamericanos, y de vez en cuando reciben donaciones de pizzas. Pero la falta de dinero es sólo uno de los problemas para Guadalupe. Como ha ocurrido con otras casas del migrante a lo largo del país, en Irapuato los activistas han enfrentado la oposición de sus vecinos, quienes incluso exigen al presidente municipal que les obligue a cerrar o cambiar de colonia. “Queremos que se vayan ya, ya”, gritaron en una tensa reunión convocada por el Cabildo. Y es que en La Pradera muchos creen que los migrantes son responsables de robos, inseguridad y acoso a las mujeres que caminan cerca del albergue. Es una culpa ajena, dice Guadalupe González. “La coincidencia con la ola de violencia que comenzó en el país y el arribo de más migrantes ha sido desafortunada porque se les cree responsables”, cuenta. “Es frustrante que cualquier cosa que pase en la colonia se la achaquen inmediatamente a ellos”. Guadalupe piensa que el encono de sus vecinos tiene que ver con el desconocimien-

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dcomunidad/Migrantes to que hay sobre su trabajo, y sobre todo la tarea de información para el camino que se intercambia en las horas de descanso de los huéspedes. “En Coatzacoalcos está durísima la delincuencia; los agarran en el tren y les quitan cien dólares a cada uno, cuando los traen”, se escucha. “Hace como dos meses nos llegó un grupo de Matamoros. Eran 40 y los secuestraron; les pedían a sus familiares 7 mil dólares”, completa otro. La información sirve. Cuando salen de la Casa los migrantes se van con la certeza de que viajar a Monterrey, Nuevo León, es una ruta rápida pero peligrosa; que es más seguro irse por Guadalajara, Jalisco hasta Mexicali, Baja California en la frontera norte pero el trecho es más largo. Y que aún en esa vía llamada la Ruta del Pacífico hay puntos de cuidado, como Benjamín Hill, So-

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En mayo pasado Fray Tomás González, director del albergue La 72 y dos de sus colaboradores fueron golpeados por policías federales cuando detuvieron a 300 centroamericanos que viajaban al norte.

nora, la puerta de entrada al desierto de Altar y donde las extorsiones de la Policía Federal son frecuentes. Amenazas, la estrategia. La historia del albergue de Irapuato confirma que en México ayudar a los migrantes no es fácil: hay que invertir muchas horas de trabajo, sacrificar tiempo personal y muchas veces el dinero propio. Pero cada vez con más frecuencia, también es una tarea peligrosa. En Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz o Coahuila los activistas y organizaciones que atienden a los ciudadanos en tránsito viven bajo amenazas permanentes, a veces de policías o funcionarios locales, casi siempre de bandas de traficantes de personas. En mayo pasado Fray Tomás González, director del albergue La 72 y dos de sus colaboradores fueron golpeados por policías federales cuando detuvieron

a 300 centroamericanos que viajaban al norte. Antes había ocurrido un ataque armado al comedor de Huehuetoca, Estado de México, sin contar las amenazas e intentos de detención en contra del sacerdote Alejandro Solalinde. No son casualidades, asegura el padre Pedro Pantoja, fundador de Belén, Posada del Migrante. Los ataques, amenazas y protestas “vecinales” contra los albergues parecen ser parte de una estrategia –no está claro de quién– para evitar la ayuda a los migrantes. Solalinde dice que la tendencia es más evidente este año. La razón es que los migrantes centroamericanos iniciaron un proceso de empoderamiento y en los últimos meses han tomado decisiones inéditas como desafiar al Instituto Nacional de Migración (INM) y moverse en caravanas hasta la frontera con Estados Unidos. El caso más evidente ocurrió en abril, cuando unos mil 200 centroamericanos cruzaron en grupo todo México y llegaron hasta la línea fronteriza del norte. El INM les concedió un permiso de salida, lo que permitió una estancia temporal en el país. Pero lo más importante no se hizo público, hasta ahora: varios de los caminantes de la caravana lograron cruzar a Estados Unidos e iniciaron un proceso de asilo. “Eso motivó la reacción violenta de Estados Unidos”, afirma Solalinde. “Dijeron: ‘tú me estás mandando migrantes centroamericanos y lo que voy a hacer es regresar a tus mexicanos por lugares que ya no son seguros como Sásabe (Sonora) y Dios que te bendiga’”, dice. El sacerdote cree que la decisión de acompañar a las caravanas es una de las ra-

zones del endurecimiento en la política del gobierno mexicano, que decidió impedir a los migrantes abordar los trenes cargueros. Pero no hay de otra, confiesa. “Ellos no van a estar solos porque los defensores que hemos acompañado a la gente lo seguiremos haciendo. Los vamos a acompañar en las caravanas, no transportamos a nadie sino que vamos a protegerlos, a ser testigos de lo que está pasando”. Seguir el camino a pesar de los obstáculos. Una lección para muchos albergues. Acoso. Jorge Vázquez creía que los migrantes que deambulaban en su Celaya, Guanajuato, “eran unos tontos por salir de su país, por dejar a su familia”. Pero cambió de opinión cuando perdió todo su dinero en El Salvador. “Recibí toda la ayuda posible, fueron muy generosos conmigo, y también vi su realidad, cómo viven, cómo el agiotismo se los acaba porque los deja pobres y endeudados de por vida. Cuando volví a Celaya decidí hacer algo para devolver ese favor”. Así nació Manos extendidas a los necesitados, A.C., un albergue en la colonia Emiliano Zapata por donde en dos años han pasado 3 mil 200 personas en tránsito. Es una casa con camas en habitaciones separadas por sexos, sala de televisión, cocina y dormitorio para personas lésbico-gay, una de las pocas casas de migrantes en el país con este servicio. Como todos los albergues para migrantes contar con dinero es siempre un problema. Pero en este caso el mayor desafío han sido las autoridades municipales, que han clausurado a Manos extendidas con el argumento de que no cumplen con los reglamentos. Desde hace varios meses el Cabildo de Celaya emprendió

Jorge Vázquez creía que los migrantes que deambulaban en su Celaya, Guanajuato, “eran unos tontos por salir de su país”. Pero cambió de opinión cuando perdió todo su dinero en El Salvador. Ahora dirige Manos extendidas a los necesitados. una serie de acciones para verificar la operación de la casa: primero solicitó acreditar el uso correcto del suelo, después emitió recomendaciones de protección civil y enseguida canceló la condonación en el pago del servicio de agua que antes había autorizado. Vázquez recibió ayuda de estudiantes universitarios para cumplir con estos requisitos, pero aun así las acciones municipales no cesan. Una de las razones de estos requerimientos repentinos, sospecha, podría ser el apoyo del albergue para denunciar abusos por parte de la policía municipal, e incluso les han acompañado a presentar denuncias ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Varias han prosperado. Por

ejemplo, el 18 de junio el alcalde panista Ismael Pérez Ordaz recibió la recomendación del expediente 05/2014/C-1, originado por la queja de un migrante salvadoreño a quien los policías detuvieron durante cuatro horas, acusándolo de pedir dinero en los semáforos. El hombre estaba en proceso de ser repatriado y esperaba al Instituto Nacional de Migración en el albergue, pero entonces decidió pedir dinero en las calles cuando fue apresado. El ombudsman estatal recomendó al alcalde sancionar a los responsables. Así iniciaron las inspecciones administrativas al albergue, y después la policía municipal canceló la vigilancia que tenía en los alrededores de la casa. Mientras, la operación del albergue pende de un hilo, pues en cualquier momento las autoridades municipales pueden ordenar su cierre definitivo. Si eso ocurre, los centroamericanos serían más vulnerables. Celaya es una de las ciudades con más índice de delincuencia en el centro del país, y muchos de los delitos se cometen en las calles que todos los días recorren cientos de migrantes./

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dcultura/Historia

La identidad

y sus circunstancias

/ En una ciudad joven como Cancún, la construcción cultural es una labor constante. La convivencia de distintas culturas y variados sucesos han enriquecido este proceso.

Sergio Sandria Elvira atrapa un cocodrilo en la laguna Nichupté. Foto Francisco Camelo.

Bulevar Kukulcán a la altura del Jardín del Arte, Canal Sigfrido. Se puede observar el actual edificio de la Semarnat que antes tuvo giros comerciales. Foto Vivis Vivisita.

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Por Francisco Verdayes Ortiz

nsistentemente se habla de la identidad como una condición atemporal, como si ésta pudiera mantenerse sin modificación alguna; inerte a través del tiempo. ¿Cuál es la identidad de los cancunenses? ¿Cuál es la identidad de los quintanarroenses? Se pregunta con menuda frecuencia la sociedad que busca respuestas inmediatas. Entiéndase por identidad a todo aquello que caracteriza a una sociedad: el comportamiento, formas de vestir, música, comida, filosofía, arquitectura, acentos y maneras de hablar. Queda claro que la identidad la modifica el entorno. Los mayas del periodo Clásico fueron muy diferentes a los del Postclásico. Los hombres de la explotación maderera y chiclera no fueron exactamente iguales a sus paisanos de la costa que vivieron del cultivo del coco, de la caza de lagartos, de la captura de la tortuga o de la pesca del tiburón. Por eso, cuando se habla de la identidad en tiempo pasado parece que sólo hubo una, y con frecuencia suelen hacerse mezclas anacrónicas. Ya lo decía el filósofo español José Ortega y Gasset, “el hombre y su circunstancia”. Esto nos indica que incluso la identidad puede cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, la forma de pensar que tuvieron los pioneros de Cancún no es la misma idea colectiva que hoy prevalece, porque si las circunstancias cambian… simplemente cambia todo. Las islas que hacen continentes. Cancún es un resumen de la historia de Quintana Roo. En 44 años de existencia aquí puede verse lo que ha pasado en siglos en el resto de la entidad. La mezcla constante de culturas, que en principio operan como islas y con el tiempo forman continentes, creando nuevas identidades. Nada raro, el agrupamiento es una característica humana, especialmente en condiciones adversas. Los alpinistas suelen decir “amigos en la montaña, amigos de toda la vida”.

Dentro del sistema lagunar Nichupté se encuentra el sitio conocido como Somosaya, bautizado como La Laguna del Amor por el ingeniero Lara a principios de los 70´s. Esta imagen fue captada en 1974. Foto Francisco Camelo.

Desfile del 16 de septiembre. Es el contingente del Conalep en 1983. La marcha solía comenzar en la avenida López Portillo, teniendo como punto de partida el desaparecido Cine Maya. Foto Ofe Navarro.

El Palacio Municipal en los 80´s. Foto Vivis Vivisita.

Cuando la ciudad de Cancún nació las circunstancias hicieron idénticos a los pioneros. No importaba si eran yucatecos, norteños o del bajío, todos eran gente muy joven que padeció los ataques del mosco y la dependencia de pipas para el abasto de agua, como –de igual forma– todos disfrutaron de las playas virginales y de la fraternidad que se formó en torno a esa relación. Cancún era un Edén en el que las condiciones

ofrecían espacios para la caza de animales silvestres, además tenía historia, al encontrarse sobre los vestigios de la civilización maya. Sin embargo en cuatro décadas las circunstancias cambiaron: los pioneros se hicieron grandes y dejaron de ser soñadores e idealistas. Los moscos fueron controlados y el abasto de agua se volvió sencillo, pero apareció la delincuencia. Se perdieron los grandes arenales y el orgullo de sentirse maya se limitó a la colocación de nombres en lengua autóctona para las principales calles y avenidas. Además, por si fuera poco, la exuberante selva fue perdiendo su verdor hasta convertirse en concreto. Y termino por completar la frase del maestro José Ortega y Gasset. “Soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. La identidad actual de los cancunenses es el resultado de aquellas islas humanas que se convirtieron en continente. Se saben yucatecos, campechanos, tabasqueños o italianos, pero hoy se hacen llamar cancunenses y están luchando por salvar su selva, su arena y su historia. A casi 45 años de distancia los hijos de los pioneros están creado una nueva identidad basada en el sentido de pertenencia. Aquí ya no hay que construir una ciudad como lo hicieron sus padres, aquí hay que rescatar una ciudad. De ahí la importancia de los grupos que luchan por la defensa de los sitios históricos, por los parques y los pulmones verdes. Cancún envejeció cuando la corrupción le hizo desviarse de su trazo original. Hoy la sociedad ya no se limita a la queja; actúa, se levanta, protesta y alza la voz. Pelea y evoca los tiempos pasados, los de la seguridad y la cortesía. “Si no la salvo a ella no me salvo yo”. Es la nueva identidad del cancunense en forma de redes sociales. Por eso se concluye que la identidad no es estática, cambia constantemente de acuerdo con las circunstancias./

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Los tentáculos del muerto de Punta Nizuc

La Pregunta

¿Ha sido usted víctima de los despachos de cobranza?

“Cometieron tremendo fraude con la señora y hasta ahora nadie le ha dicho nada”.

“Debido a graves e inesperados problemas de salud, tuve problemas de pago, pagué lo que pude y comencé a sufrir el acoso de los despachos por años. Hoy estoy enfrentando el cáncer de próstata y les digo a los cobradores que no me queda nada. De hecho, si me encarcelan, al menos tendría asegurado techo y comida”.

/ Marco Ruiz

“#SoloEnMexico los muertos votan y/o venden terrenos valuados en millones de dólares, pobre Cancún”. / Luisma Chávez

“Lo más seguro es que no pase nada, o le echen la culpa a otros, pero después de todo resultaron bien premiados, uno como senador de la República y la otra como secretaria del PRI”.

/ Manuel Lemus

“Es un hostigamiento constante, marcan a cualquier hora del día, son prepotentes, y al final tú ya ni deuda tienes, al menos ese es mi caso en C&A” .

/ Lucía Mtz

“En lugar de preocuparse por mantener las bellezas naturas de Cancún, que son lo que lo hacen atractivo, cada día las destruyen más. Claro como ellos ya tiene la lana del mundo se podrán ir cuando aquí ya no tengamos que comer, pero la gente trabajadora como siempre es la que pagará por esas ¡ratas!”

/Nidia Coral

“Infonavit vende sus carteras a los despachos, que son un vivo ejemplo de todo el acoso, desde ir a tu casa a hacer el numerito de la deuda, marcar por teléfono, enviar miles de cartas de un supuesto embargo, todo para asustar a la gente”.

/ José Leyva

Terrorismo en abonos chiquitos

“Muchas personas están endeudadas porque no les alcanza el dinero que ganan, por eso las deudas”.

/María Ayala

/Carmen Pech

Violencia en el país sigue disminuyendo: Peña Nieto

“Lo único que está bajando es la calidad de vida en el país”.

“Cierto es, debo, pero no puedo pagar y me molestan a cada rato en mi casa, en mi oficina y hasta con mi mamá. No pagamos porque no tenemos, no porque no queramos”.

/ CM KB

/Aldonst Camargo

Temen médicos a leyes represivas

“Entonces Quintana Roo ya no pertenece a México, porque aquí es tiro por viaje un asalto, asesinato y decapitados”.

“Otro sector que fastidia el gobierno, mientras nosotros no nos organicemos, no pasará nada y los políticos seguirán enriqueciéndose”.

/ Ramón Juárez

/Flor García

Vuelta al mundo... Con cargo al erario

“Trabajar para el gobierno…es como un cheque en blanco... pueden colocar la cifra que les dé la gana”.

“Aunque todos nos quejemos del IMSS y los hospitales del gobierno, también es cierto que en el estado y en el país no hay instalaciones ni equipo médico para que puedan cumplir con su trabajo”.

/ MaCarmen Rz Mtz

/Fernando Osorno

“Y yo dando vueltas a la manzana de mi casa, sigamos manteniendo a estos zánganos, sigamos votando por los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, PANAL y PVEM, bueno los dos últimos son parásitos y satélites de los demás”. / Luis Tenorio

La pregunta ¿Considera que en Q. Roo ha habido un retroceso en derechos humanos?

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