LDS 575 del 9 al 15 de noviembre del 2014 by Luces del Siglo

PERIODISMO VERDAD

575

Del 9 al 15 de noviembre de 2014 Año 11, Cancún, Quintana Roo $15.00

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del siglo

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Migrantes

Entre la corrupción y la delincuencia

La vigente ley federal migratoria no ha terminado con la vejación de los derechos humanos de los migrantes que entran al país por la frontera sur, expuestos a la corrupción y al crimen organizado.

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Dragon mart en agonía

Olivares mendiola cabeza de la corrupción

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Contenido/.

09 noviembre 2014/No.575

Joaquín Paredes Fuente Presidente / Fundador ( )

Norma Madero Presidenta

EDITORIAL

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Director General

Agustín Ambriz Edición

Enrique Huerta Reporteros

Antonio Ortiz Hugo David Pérez Isela Serrano Javier Vite Jesús Sierra Jercelia Herrera Mariana Pérez

/ Ley sin efectos Aunque alabada por reconocer los derechos humanos, la ley migratoria vigente no se puede poner en práctica cabalmente por falta de capacitación y difusión de los derechos de extranjeros.

Diseño

Mauricio Peña

Director Comercial y Marketing

Alberto Ibarra Dorado (998) 847.5778 (998) 847.5992

10/ Agoniza el dragón

El megaproyecto comercial Dragon Mart Cancún enfrenta problemas legales y financieros que comprometen su existencia.

16 / Nido de corrupción

Cobro de cuotas por trabajar, “tabulador de mordidas”, salarios bajos, son las constantes que soportan los miembros de la Dirección de Tránsito municipal, quienes acusan que la corrupción viene de arriba.

Periodismo Verdad Luces del Siglo. Editor responsable: Norma Madero Jiménez. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor: 04–2011–112513132200–102. Número de Certificado de Licitud de Título y Contenido 15479. Domicilio de la Publicación: Av. Reforma, Mza 62, Lote 1, SM 84. Frac. Bahía Azul, Benito Juárez, Quintana Roo. C.P. 77524 Tiro certificado y foliado: Diez mil ejemplares. Artículos de opinión y análisis firmados, son responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de esta casa editorial. PRINTED IN MEXICO/IMPRESO EN MÉXICO

Luces del Siglo se distribuye y circula en las tiendas Oxxo, locales cerrados y puestos de periódicos.

22/ La presencia de los desaparecidos

Aún no se sabe el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entregados por la policía al crimen organizado. Mientras tanto, a nivel nacional e internacional, la imagen de México cae a pedazos.

28/ Blablabla

dbreves/ Que siempre no

Se dispara deuda pública De enero a septiembre de este año, las finanzas públicas del país experimentaron un crecimiento de más de 412 mil millones de pesos en la contratación de deuda interna y externa, siendo 119 por ciento superior a la que se requirió para financiar el déficit observado en los mismos nueve meses del año pasado, según reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta alza se debe a que los gastos pasaron de 22 mil 15.5 millones de pesos de enero a septiembre de 2013, a 207 mil 437 millones en los mismos nueve meses de este año, lo que amplió 842 por ciento la necesidad de obtener financiamientos para cubrir este déficit en el sector público. En esos nueve meses aumentaron los ingresos, crecieron más los gastos y se multiplicó el déficit de las finanzas públicas respecto al mismo periodo del año pasado. Por si fuera poco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la autorización otorgada al Ejecutivo federal para contratar deuda adicional por 570 mil millones de pesos y 10 mil millones de dólares durante 2014. (EHM)

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revocar la licitación al consorcio China Railway Construction Corporation (CRCC) para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro, con el fin de “propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia”; el CRCC era el único candidato inscrito y había presentado un presupuesto de más de 50 mil 820 millones, cuando el gobierno estimaba un costo de casi 43 mil millones de pesos. Sin embargo, no se hace mención a los nexos políticos de las empresas mexicanas asociadas al CRCC, como la empresa GIA, propiedad de Hipólito Gerard, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex presidente Carlos Salinas y Constructora Teya, vinculada a la empresa Eolo, que arrendó los aviones de la campaña presidencial de Enrique Peña. (EHM)

Turismo electoral a la inversa Así como pobladores de Yucatán y Campeche se enlistaron en el padrón electoral de Quintana Roo para inclinar la balanza electoral hacia el PRI en las elecciones locales de 2013; ahora, en vísperas de los comicios del año siguiente, gente procedente de Quintana Roo y Campeche se enlista en el padrón de Yucatán, pues se renovarán 106 ayuntamientos y el Congreso local, denunció el senador Daniel Ávila. El legislador panista señaló que tienen detectadas al menos 500 personas que han tramitado su cambio de domicilio de Quintana Roo a Yucatán, por lo que ya se amplió la denuncia, hecha en mayo de 2013, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fepade). Daniel Ávila advirtió que otro factor de riesgo para los comicios del siguiente año, es que desde agosto, la Cámara de Senadores debió nombrar al titular de ese organismo, pues el 7 de octubre pasado dio inicio el proceso electoral 2015.

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Red de información negada Entre enero y junio de este año, el gobierno mexicano solicitó a Facebook los datos de 267 cuentas de usuarios, más del doble que durante el mismo periodo del 2013, cuando pidió los datos de 127 usuarios, según los reportes de solicitudes gubernamentales que actualizó la red social. Sin embargo, Facebook sólo entregó la mitad, esto quiere decir que las autoridades pudieron acceder a 135 cuentas de la red social. Asimismo, en el primer semestre de este año, el gobierno de México pidió en 111 ocasiones a Google el acceso a la información de sus usuarios; ante Microsoft se presentaron 460 solicitudes para acceder a los datos de 705 cuentas y, ante el servicio de correo electrónicos Yahoo!, se realizaron 89 solicitudes. (EHM)

Bloque antinarco Los ejércitos de 15 países de América Latina, incluido el de México, han realizado 488 mil operativos contra el narcotráfico en dos años, lo que equivale al 76 por ciento de las fuerzas militares de los países de la región, indica un informe de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal). En el documento llamado “Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe”, realizado por la Resdal, también reporta que los países analizados destinaron para labores de defensa más de 71 mil 277 millones dólares para este año, siendo México, Brasil y Colombia las naciones que más recursos destinan para actividades de seguridad nacional, apoyo a la población civil en caso de emergencias y auxilio en materia de seguridad pública. (EHM)

Investigan paraíso fiscal europeo Luxemburgo se encuentra bajo investigación de la Comisión Europea, acusado de practicar el tax ruling, la cual permite que las empresas se apoyen en reglamentaciones fiscales laxas para optimizar sus declaraciones y, a su vez, priva a otras naciones del impuesto a las ganancias que realizan. Documentos dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), señalan que este país organizó un sistema de evasión fiscal en beneficio de más de 340 multinacionales como Apple, Amazon, Fiat, Ikea o Pepsi, entre 2002 y 2010. En su defensa, el ministro de Finanzas de ese país, Pierre Gramegna, aseguró que el tax ruling “no es una especialidad de Luxemburgo, muchos otros países la practican” y añadió que esta práctica responde a los estándares tanto de la Unión Europea como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. (EHM)

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dpol铆tica/Derechos humanos

Migrantes,

en la indefensi贸n

/ A pesar de ser considerada una ley de avanzada por incorporar la defensa de los derechos humanos de los extranjeros que transitan en nuestro pa铆s, la ley de migraci贸n no ha podido terminar con los graves abusos que se siguen cometiendo contra este sector poblacional.

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Por Hugo David Pérez

ejos de facilitar trámites migratorios de los extranjeros que cruzan por la frontera sur mexicana, la vigente ley federal en la materia poco ha hecho para acabar con la corrupción que permite a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), policías estatales, “coyotes”, inspectores del Ayuntamiento y hasta miembros de la delincuencia organizada, abusar de los indocumentados que llegan a Cancún en busca de oportunidades de trabajo.

Apolo Domínguez, abogado y presidente de la asociación civil Ángel Ciudadano.

Apolo Domínguez Motolinía, presidente de Ángel Ciudadano, organización no gubernamental especializada en temas de justicia que lo mismo otorga asesoría jurídica y sicológica tanto a mexicanos como a extranjeros, añade que esta situación ha potencializado los problemas del desempleo y de la inseguridad. “Al llegar a México, los migrantes se encuentran ante un panorama desolador, porque muchos no cuentan con una estancia legal que les permita encontrar trabajo, por lo que deben aceptar realizar labores deplorables e, incluso, en algunos casos, son captados por la delincuencia organizada”, afirma. “Hay que recordar –continúa– que la mayoría de los extranjeros que llegan a nuestro país vienen con el objeto de superarse, y al no encontrar las expectativas para poder hacerlo, entre ellas mandar dinero a sus familiares, empiezan a caer en la desesperación y es ahí donde empiezan a ser presas de personas que tienen malas intenciones y los empiezan a cooptar para actos ilícitos”, lamenta el abogado. Según cifras de la Unidad de Política Migratoria, dependiente de la Secretaría de Gobernación, Quintana Roo es la puerta por la que los extranjeros entran al país, por encima del Distrito Federal, Jalisco y Baja California Sur. Tan sólo en 2013, el Instituto Nacional de Migración (INM)

contabilizó la entrada de 10 millones 4 mil 699 personas de otras naciones por este estado, casi el 40 por ciento de todas los extranjeros que llegan a México. Asimismo, Quintana Roo es el tercer estado donde más residencias temporales se renovaron de enero a septiembre de este año, con 4 mil 100 trámites, por debajo de Jalisco, que realizó 4 mil 734 trámites. El primer lugar lo ocupa el Distrito Federal con 11 mil 933. En cuanto a las ciudades que más reciben extranjeros a través de transporte aéreo, Cancún se ubica sólo por detrás de la ciudad de México a nivel nacional, mientras que en transporte marítimo, Cozumel y Majahual se ubican entre los puertos con mayor número de entradas de extranjeros en todo el país. “Esto nos habla de la importancia que tiene Quintana Roo como un lugar no sólo de visita, sino de paso y estancia de miles de extranjeros; sin embargo, en la práctica hay muy poco apoyo por parte de las autoridades hacia los inmigrantes, y esto es una cadena en la que sufrimos todos, ellos en lo personal y nosotros como sociedad”, acusa Domínguez Motolinía. “¿Qué pasa con un inmigrante ilegal? Que encuentra un trabajo donde le pagan lo que quieren, que abusan de él, que lo explotan. Los inmigrantes viven hacinados y con un temor permanente a las autoridades. De repente se acaba el trabajo, ellos tienen que comer, tienen que mandar dinero a sus familias que permanecen en sus respectivos países; y ellos no se mueven, ellos se quedan acá, sin trabajo, sin protección de ningún tipo y terminan ingresando a otras filas, y empiezan a ser los malos, los criminales, los ganones de esto, y entonces empiezan a haber cristalazos, empiezan a haber una serie de consecuencias, las cárceles se llenan de muchísimos extranjeros”,

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El presidente de Ángel Ciudadano compara la situación que enfrentan los migrantes mexicanos en Estados Unidos con la situación que enfrentan los centroamericanos en México. “Es exactamente lo mismo que criticamos de allá”. Y lo peor es que aquí ni los consulados ayudan a sus migrantes. “No creas que hay mucho apoyo por parte de sus consulados, porque en algunos casos son consulados muy pobres que atienden muchísimo el tema migratorio y no se dan abasto”. –¿Y ustedes no hacen por acercarse a los consulados? – Nuestra relación con los consulados es mínima, sólo cuando presentamos al Instituto Nacional de Migración a algún extranjero para que lo asistan acerca de su situación por nuestra parte nosotros le damos aviso al consulado correspondiente pero eso por ley lo tiene que hacer el INM al mismo tiempo. Sin preparación. A juicio del presidente de Ángel Ciudadano el problema no es la nueva ley, “que en realidad contempla artículos pensados precisamente para que el inmigrante transite por México o permanezca en él sin que sea un suplicio”, sino la desinformación que existe entre la población sobre los derechos de los migrantes y la falta de la autoridades para darle promoción y difusión sobre todo en los estados fronterizos. “No es posible que en un estado fronterizo como Quintana Roo no se hagan campañas permanentes de información a migrantes, que los concientice sobre sus obligaciones y derechos. “No hemos visto campaña, un cartel o siquiera un volante que ande girando por los puntos de entrada al país; si existe, qué bueno, pero nosotros no lo hemos detectado. Y es necesaria la atención, porque nosotros que

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Cuatro de cada 10 extranjeros que llegan a México, lo hacen por Quintana Roo. Además, la entidad ocupa el tercer lugar nacional con más residencias temporales renovadas. Cancún es la segunda ciudad que recibe más gente de otras naciones, por vía aérea.

atendíamos sicológica y jurídicamente a nacionales, comenzamos a recibir peticiones de extranjeros cada vez más seguido. “Entonces lo que tratamos de hacer es levantar la voz, que vean la campaña en aeropuertos, en puertos, donde se coloquen diferentes carteles con la información necesaria y solito llegue el extranjero y vea los derechos y obligaciones que tienen”, lamenta Domínguez Motolinía. Otra de las fallas que encuentra en la aplicación de esta ley, a casi dos años de su promulgación, es la falta de preparación y sensibilización en funcionarios públicos. Si bien concede que este perfil ha cambiado paulatinamente en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, no sucede lo mismo con aquellos trabajadores de oficinas gubernamentales –sobre todo a nivel estatal y municipal– que, eventualmente, atienden a este sector poblacional. “El personal federal, en este caso los agentes federales de migración, han tenido mucha capacitación, pero a nivel estatal y municipal hay mucho desconocimiento, algunos incluso

creen que sigue vigente la Ley General de Población”, comenta. Señala que esta falta de preparación es todavía más alarmante en los estados fronterizos, donde cada año reciben a miles de extranjeros. “No se entiende por qué siendo Quintana Roo tan importante, la policía fronteriza no esté mejor capacitada que en el centro del país, tan sólo por el manejo del idioma, es necesario que los policías aprendan otro, pero eso lamentablemente no sucede”. Ley sin efectos. La vigente Ley de Migración, junto con su reglamento, que entraron en vigor a finales del 2012, señalaba la profesionalización y capacitación de los servidores públicos que trabajan dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), para otorgar trato digno a los migrantes y así revertir el cúmulo de acusaciones en todo el país por la corrupción que imperaba en sus oficinas. “Mientras no tengamos vocación de servicio en los funcionarios públicos para aplicarla la ley como debe de ser, podemos legislar millones y millones de leyes y de códigos pero final-

No muchos migrantes cuentan con una estancia legal que les permita trabajar.

Los migrantes que trabajan, aseguran que los inspectores del Ayuntamiento son más temidos que los del INM.

mente la aplicación por el ser humano va estar mal hecha”, explica Domínguez Motolinía. Con el objetivo de ampliar esta limpia de elementos, el año pasado tan sólo en Quintana Roo, fueron separados de su cargo el delegado federal del INM, José Luis Vargas Guajardo, y 39 servidores públicos más al detectarse irregularidades y actos de corrupción en el desempeño de sus funciones como responsable de la Terminal II del Aeropuerto Internacional de Cancún. El reporte del INM señala que se le encontraron en el casillero de Vargas Guajardo en la Terminal II 253 mil 306 pesos y 381 dólares en efectivo, producto de pagos que realizaron visitantes extranjeros por concepto de derechos migratorios, reposiciones y multas. Estos pagos, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Ingresos de la Federación, debían depositarse a la Tesorería de la Federación, pero el dinero fue retenido indebidamente por el ex funcionario. Por ello, el 4 de marzo del 2012 el INM presentó una denuncia en contra del señor José Luis Vargas Guajardo ante la Procuraduría General de la República (PGR), de la cual se inició la averiguación previa AP/ PGR/QROO/CAN/89/2013-V. También se detectaron irregularidades en la documentación de extranjeros que intentaban internarse al país por este puerto, sobre todo de ciudada-

nos de Cuba, Rusia y Colombia, y como resultado de la estricta verificación aplicada por las autoridades, se han rechazado 519 solicitudes de internamiento en el primer trimestre del año. La mayor parte de estas irregularidades se descubrieron en la delegación local de Chetumal, donde únicamente en los últimos seis meses de 2012 se autorizaron más de mil trámites de internación de extranjeros que presentaban alguna irregularidad en sus papeles. En manos de la corrupción. Pero la delincuencia organizada no es la única aduana que deben sortear los inmigrantes indocumentados, también está la corrupción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sobre todo del municipal. “Para mí y la gente que conozco es más peligroso un inspector del Ayuntamiento que un narco. La gente del gobierno sólo está cazándonos para ver qué y cuánto vendemos, y es peor si se enteran que somos extranjeros sin papeles”, señala Juan, quien solicita mantener el anonimato para relatar sus desventuras en Cancún. Sus ganancias proceden de la venta de unos chocolates que guarda en una mochila color negro. Trabaja sobre la avenida Tulum, cuidándose que nadie lo vea y aunque se hace pasar por chiapaneco, con más confianza acepta que es originario de Guatemala.

A pesar de ser estado fronterizo, Quintana Roo no cuenta con una policía fronteriza bien capacitada ni se hacen campañas permanentes de información al migrante.

“Yo soy de Guatemala, la verdad iba camino a los Estados Unidos, ya he estado ahí un par de veces pero me jalé acá por el turismo, sólo que se acabó la chamba y sin papeles no me han contratado en ningún lado, por lo que me puse a vender dulces para poder sacar para la comida y pagar un cuartito en Villas Otoch”, relata. Lo verdaderamente difícil, confiesa, es tener que lidiar con los inspectores del Ayuntamiento de Benito Juárez, quienes les exigen permiso para vender sobre la vía pública, pero que por la misma falta de documentación no pueden tramitar dicho requisito, haciéndolos presa fácil para la corrupción. “El otro día iba vendiendo los dulces, me para un hombre y me dice ´Ahora si ya valiste, yo soy el mero mero de aquí´. Uno piensa que habla de un narco o algo, pero no, se trataba, según él, de un funcionario de alto rango del gobierno, hasta me mostró su tarjeta. Tuve que entregarle 200 pesos, lo que saco en casi dos días”, recuerda Juan con el ceño fruncido. Esta historia forma parte del cúmulo de testimonios de inmigrantes que se ven extorsionados para no ser parte de las estadísticas de deportaciones hacia sus respectivos países. El año pasado la nacionalidad de los extranjeros presentados ante la autoridad migratoria para su deportación lo abarcaban principalmente los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, con casi un 90 por ciento de los 80 mil 902 personas deportadas. “La verdad es muy difícil estar en México, debes hacer muchos sacrificios, yo porque estoy sólo, pero veo a mis compañeros cómo los mismos policías los levantan y les quitan su dinero los días de paga, cómo abusan de ti y te amenazan con deportarte, pero bueno, quién se va a preocupar por nosotros”, concluye./

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dpolítica/Comercio

Dragon Mart Cancún,

en fase terminal / Su corazón económico ha dejado de latir, enfrenta severos problemas legales, de multas y recargos, además de denuncias penales contra los responsables del daño ambiental provocado al predio “El Tucán”. Prevén clausura inminente.

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Por Isela Serrano

l emporio comercial que pretendía construirse en Cancún, llamado Dragon Mart, se ha convertido en un enfermo en fase terminal. Su corazón económico ha dejado de latir. En poco más de dos años, la compañía promovió en China más de 3 mil 500 cartas de intención; sin embargo, no consiguió ni el uno por ciento de los interesados para la renta de locales donde se venderían materiales de construcción, productos de ferretería, muebles, autopartes, maquinaria y demás. En las 561 hectáreas del predio conocido como “El Tucán” ni siquiera han comenzado las obras de edificación del recinto comercial, las viviendas, ni mucho menos del área de 20 bodegas para la distribución de productos a toda América Latina; no obstante ello, los socios del proyecto enfrentan sanciones, resolutivos y millonarios pagos por casi 50 millones de pesos. Entre ellas, las multas por más de 20 millones de pesos por delitos ambientales, los gastos de reparación del daño y el seguimiento de la Procuraduría General de la República (PGR) a la denuncia penal interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) el pasado 3 de octubre contra el representante legal, apoderado, propietario y contra quien resulte responsable. Esta última denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente Previstos en Leyes Especiales de la PGR imputa la probable comisión de delitos ambientales sancionados en el Código Penal Federal, con penas que van de dos a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa; es decir, de 18 mil 600 a 186 mil pesos. Otro severo padecimiento que enfrenta el Dragon Mart

Juan Carlos López, director de Dragon Mart Cancún.

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le negó un amparo por la “supuesta indebida sanción” y la no atribución de la Dirección Municipal de Ecología para solicitar a la empresa los permisos de desmonte y chapeo; ahora deberá pagar la multa de 2 millones de pesos, más recargos y actualizaciones por daños ambientales.

Cancún, son los trámites que durante más de dos años los desarrolladores y las autoridades ambientales locales rechazaron necesitar para comenzar las obras, como el caso de la Manifestación de Impacto Ambiental Federal, sin que eso signifique que obtendrán los permisos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Proveedores, proyectistas e incluso autoridades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) están a la espera de respuestas de lo que pasará en 2015 para el proyecto y, tras el pago de 20 millones de pesos, esta dependencia podría reubicar las torres de alta tensión que pasan de manera transversal al recinto ferial del Dragon Mart, caracterizado por ser un proyecto con decenas de voces que han denunciado su inviabilidad técnica, legal e incluso de ubicación estratégica para transportar mercancías. Por si esto fuera poco, el pasado 3 de noviembre, el proyecto recibió otra fatal noticia. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito le negó un amparo por la “supuesta indebida sanción” y la no atribución de la Dirección Municipal de Ecología para solicitar a la empresa los permi-

sos de desmonte y chapeo; por tanto, la empresa deberá pagar próximamente a la administración del priista Paul Carrillo de Cáceres más de 2 millones de pesos, más recargos y actualizaciones por daños ambientales, como determinó la administración anterior a cargo de Julián Ricalde Magaña. A pesar de que la empresa obtuvo la licencia de construcción incumpliendo diversos criterios urbanos y ambientales, se amparó y recibió la instrucción de un juez de Quintana Roo para recibir el documento y, no obstante, ha recibido favores por parte de la administración local, amén de ser “el proyecto del sexenio” del gobernador priista Roberto Borge Angulo, la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza municipal deberá cobrar a Dragon Mart Cancún varios millones de pesos, en los próximos días. Inclusive, a pesar de que Heyden José Cebada Ramírez, ex responsable de la obra del Dragon Mart Cancún se desempeñe actualmente como funcionario público municipal. En entrevista con Luces del Siglo, Heyden José Cebada Ramírez niega tener conflicto de intereses y afirma que, por “ética” renunció como responsable de obra del mega proyecto, lo que sin embargo ocurrió meses después de fungir como servidor público municipal. La voracidad. En el inmueble marcado con el número 22-09 del kilómetro 333 de la carretera Cancún- Puerto Morelos, el espectacular: “Que no te cuenten cuentos chinos, aquí se construye el Dragon Mart Cancún”, ya fue retirado. La alta velocidad a la que conducen los automovilistas en esta carretera federal contrasta con la quietud en el terreno

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dpolítica/Comercio Daniel Ávila, senador.

que prometía recibir un millón de visitantes al año; entre ellos, compradores de todo el mundo para adquirir mercancías en exhibición, turistas y residentes de los cinco continentes interesados en las áreas comerciales o eventos culturales México-China. De acuerdo con sus proyecciones, para estas fechas, esperaba recibir mil 918 compradores diarios, de lunes a domingo, para lo cual, más de 2 mil personas trabajarían en el Centro de Exhibición y residirían en el área habitacional del Dragon Mart Cancún (gerentes chinos), 3 mil personas –entre ellos mexicanos– se desempeñarían como vendedores y otro medio

Cemda interpuso la denuncia popular contra Dragon Mart Cancún y el amparo exigiendo acciones de Profepa porque había omisionesm así como la aplicación de la nueva ley de responsabilidad ambiental para notificar a la PGR del delito cometido en el predio.

millar de ciudadanos operaría en el área de bodegas. Se esperaba que el mega desarrollo, considerado prácticamente otra ciudad, tuviera el consumo de un millón 261 mil metros cúbicos por año, de agua extraída del subsuelo, sin embargo, el vital líquido no puede siquiera entubarse, debido a la incertidumbre del proyecto. El resolutivo, elaborado por Fierros & Asociados, destaca que para este año, en las bodegas de almacenaje, entrarían y saldrían 30 tractocamiones tipo quinta rueda diariamente y, para 2015, se duplicaría el número de unidades de carga. En 2014, su primer año de operaciones, el proyecto estaría al 40 por ciento. Sin embargo, la principal enfermedad que ha presentado el Dragon Mart Cancún ha sido la voracidad, cuyos costos continúan sumando ceros y denuncias. Sin oxigeno. “Es inminente la clausura a Dragon Mart Cancún. Es cuestión de días o semanas”, sostiene el senador Daniel Ávila, quien ha dado

Predio “El Tucán”, lugar donde se edificaría el Dragon Mart Cancún.

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seguimiento al caso a través de denuncias y solicitudes a la Profepa para la aplicación del marco legal y dar forma a la sanción penal por los daños ambientales cometidos en el predio “El Tucán”. “No sé si tenga que estar en la cárcel el representante legal de la empresa pero la autoridad responsable tiene que fincar responsabilidades a quien resulte responsable”, subraya en entrevista con este semanario el legislador por Yucatán. “Estamos esperando la clausura definitiva de la obra. He tenido comunicación directa con el doctor Haro Belchiz, procurador de Profepa, y me está diciendo que está esperando a que se eche para atrás un amparo que supuestamente habían metido los promotores del Dragon Mart Cancún, para entonces sí clausurar definitivamente la obra”, adelanta el senador. Daniel Ávila, quien ha denunciado amenazas por parte del gobernador Roberto Borge de no meterse en temas de Quintana Roo, considera que ante el panorama sombrío del proyecto “no hay opción de que haya un Dragon Mart en Quintana Roo, y prueba de ello es que la empresa se fue a Panamá”. Triunfo ciudadano. Hace dos años, el Dragon Mart causaba temor entre diversos sectores; sin embargo, pocos estuvieron dispuestos a manifestarlo públicamente. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) fue la primera organización que efectuó la demanda contra las violaciones e irregularidades en la entrega de permisos al proyecto. A la distancia, la directora de la oficina del sureste, Alejandra Serrano Pavón, comenta: “La mayoría de las personas creían que era una batalla perdida y no valía la pena iniciarla porque tenía muchos

factores e intereses de un nivel muy alto de por medio, ahora no quiero decir que existe la garantía de la aplicación de la legislación ni a nivel local ni federal, pero tampoco todo está perdido, es responsabilidad nuestra como ciudadanos pedir que se aplique y se cumpla la ley, y no sólo estar contemplando o criticando, sino exigir autoridades responsables”. Además del Cemda, a la lucha se sumaron organizaciones civiles como Voces Unidas por Puerto Morelos y diversos colegios y la labor en la Cámara de Diputados, a través de la diputada por Quintana Roo, Graciela Saldaña y en el Senado de Daniel Ávila, así como la presión de organismos empresariales como la Concamin para exigir el cumplimiento de la ley. Para Alejandra Serrano, a pesar del entorno favorable al proyecto por parte de las autoridades locales, el hecho que se niegue un amparo a la empresa y se le obligue a reparar el daño por la falta de permisos ambientales, tal y como lo advirtió esta organización reiteradamente, es alentador. “Aunque pareciera que no hay estado de derecho, no todas las autoridades tienen ese criterio, y están dispuestas a aplicar el marco jurídico como amerita”, festeja Serrano Pavón, luego de enfatizar que el proyecto siempre estuvo sostenido por alfileres sobre todo en materia legal, y la negativa de amparo y multas demuestran que no existió ninguna campaña en contra del proyecto, sino exclusivamente una exigencia de cumplir con el marco legal. Lo importante ahora, añade, es trabajar en la restauración, que es un criterio que hace falta trabajar en la parte ambiental porque se cree que pagando la multa y ya no pasa nada.

¿Bajarán el switch a Dragon Mart? La vocera de la Comisión Federal de Electricidad de la Península de Yucatán, Laura Estrada, confirmó a Luces del Siglo que las torres de alta tensión pasan de manera transversal al terreno “El Tucán”, donde pretende construirse el Dragon Mart Cancún. La empresa elaboró un estudio de factibilidad para reubicar las torres y se encuentra en gestiones ante la CFE para reubicarlos. “Estamos en disposición que esto haga cuando el proyecto se reactive. La informaron que se tiene es que esto puede ser en 2015. Mientras, la gestión ante la Comisión Federal está avanzando. “En Yucatán por ejemplo, cuando se hizo una macroplaza, había que reubicar unas torres. Llegas, solicitas a CFE peninsular el permiso, se hace el estudio de factibilidad para que, sin perjudicar el servicio de energía a otros usuarios se reubiquen esas torres y si es factible se reubican”, dijo.

Recuerda que el proyecto cayó en un círculo vicioso en el que decían: “quiero que me aplique este marco jurídico, cuando no era así”; situación que fue fomentada incluso por el Instituto Nacional de Impacto y Riesgo Ambiental (INIRA) al dar una Manifestación de Impacto Ambiental estatal con lo cual, dice la abogada, las autoridades de Quintana Roo trataron de amparar de manera irregular el proyecto con una autorización que nunca debió haber existido.

Dragon Mart, el “proyecto del sexenio” del gobernador Roberto Borge.

Alejandra Serrano, directora de oficina del sureste de Cemda.

Además del difícil panorama económico que enfrenta el proyecto Dragon Mart, lo más grave –sostiene– es el procedimiento penal. “Hace notar que el proyecto ya no tiene cabida, hay que ver cómo se resuelve y en qué términos se sanciona. Porque todo esto irá más allá de una pena pecunaria, mucho más allá la responsabilidad del promovente”. Cuando el Ayuntamiento de Benito Juárez, Cancún negó la licencia de construcción al Dragon Mart Cancún, la hidrogeóloga Guadalupe Velázquez, integrante del colectivo “Voces Unidas por Puerto Morelos”, declaró que le habían cortado una cabeza al dragon, ahora, la científica comenta: “Si sumamos las multas, sanciones y demás, ya cayeron varias cabezas del dragon”; sin embargo –reflexiona– todavía falta la daga en el corazón que eminentemente sería la clausura definitiva al proyecto. Al final, no sabemos cuántas cabezas tienen estos animales míticos, como tampoco sabemos cuáles son las piezas ni los intereses de los grupos en el poder que utilizan máscaras para obtener beneficios legales, administrativos y financieros, lo que sí, dice, es que el dragón está tumbado./

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Queremos un federalismo fuerte, con entidades sólidas y eficaces: Peña Nieto

l entregar el Primer Premio Nacional de Investigación “Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales”, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, expresó: “queremos que en México haya un federalismo fuerte a partir de entidades federativas más responsables, eficaces y sólidas”. “(Queremos entidades) con las capacidades institucionales necesarias para cumplir a cabalidad sus responsabilidades constitucionales”. Subrayó que los trabajos de los galardonados el día de hoy “serán de gran utilidad para aquellos gobiernos estatales y municipales que buscan alternativas que permitan fortalecer su capacidad de respuesta institucional a un marco de responsabilidad y, particularmente en este caso, de solidez financiera”. Peña Nieto celebró que la Universidad Nacional Autónoma de México, el Grupo Financiero Interacciones y Pricewaterhouse Coopers hayan creado el Premio. Destacó que la investigación es fundamental para generar políticas públicas eficaces para ante los grandes retos, e incrementar la capacidad de respuesta de las finanzas estatales. Estableció que con la instrumentación de la Reforma, este año las entidades federativas y municipios recibirán 578 mil millones de pesos por concepto de participaciones Federales, 5.1 por ciento más, en términos reales que lo que recibieron en el año 2013. Además, a partir de la implementación de la Reforma se está fortaleciendo la operación de los Fondos de Aportaciones y Participaciones Federales en apoyo a los gobiernos estatales; y apuntó que a partir de 2014 se mejoró la distribución,

destino, ejercicio y transparencia de los recursos distribuidos a través del Fondo de Aportaciones Federales para que cumplan con mayor eficiencia los objetivos para los que fueron creados. También se creó el Fondo de Fiscalización y Recaudación en 2014, el cual incentiva la capacidad de entidades y municipios para fortalecer sus ingresos propios, apuntó. El Titular del Ejecutivo Federal añadió que similarmente, para incentivar el cobro de Impuesto Predial, a partir de 2015 se distribuirán parte de los recursos del Fondo de Fomento Municipal a aquellas entidades que se coordinen con sus municipios en la administración de esta obligación fiscal. Destacó que este año se puso en marcha la plataforma de Transparencia de Proyectos de Inversión en Entidades Federativas y Municipios, con lo que se apoya con más de 55 mil millones de pesos a estados, ayuntamientos y delegaciones del Distrito Federal en la ejecución de proyectos de infraestructura, de apoyo a migrantes y sus comunidades, de desarrollo de zonas metropolitanas y fronterizas, de accesibilidad para personas con discapacidad, de combate a la pobreza y de impulso a instalaciones deportivas y culturales. Señaló también que la Reforma Energética fortalece el Federalismo Fiscal y que las entidades con actividad petrolera recibirán ingresos adicionales mediante el fondo de extracción de hidrocarburos. El Presidente Peña Nieto pidió que el Premio Nacional de Investigación se consolide como un puente entre las necesidades de los estados y el talento de los jóvenes profesionistas mexicanos. Por ello, reconoció a los galardonados por su aporte para “normar y mejorar las políticas públicas que debe haber en los estados para el fortalecimiento de la hacienda pública estatal”.

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djusticia/Policía

La corrupción

apunta al capitán Olivares Mendiola

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/ A pesar de la salida de Alejandro Menache Reyes y de Mar García de la Dirección de Tránsito municipal, siguen los cobros de cuotas por trabajar al interior de la corporación, cuyos elementos se han dedicado a extorsionar a los automovilistas.

Por Javier Vite

a corrupción al interior de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, hasta el momento sólo ha cobrado las cabezas intermedias, falta la principal que es la del propio secretario, Arturo Olivares Mendiola, sostienen elementos de la corporación que desde el anonimato se dicen hartos de las extorsiones que padece por trabajar. En referencia a la reciente salida de Alejandro Menache Reyes y de Mar García de la Dirección de Tránsito, los agentes inconformes denuncian que siguen forzándolos a entregar cuotas fijas a sus jefes inmediatos. “El comandante con clave ‘Dragón’, su nombre es Gurubel (José Gurubel Marentes, coordinador general de Motopatrullas) sigue cobrando normal: cada elemento por moto tiene que pagar 200 pesos por turno, mientras que por patrullas y camionetas son 500 pesos”, revelan. Esa “tarifa por trabajar” de cada agente de Tránsito municipal, suma conjuntamente a la semana 10 mil pesos, los cuales van a parar a los altos mandos. Asimismo, los agentes aseguran que al interior de la corporación se estipuló un tarifario de “mordidas” que los elementos tienen que cumplir día tras día. Por ejemplo, una patrulla motocicleta tiene que entregar a su supervisor mil pesos diarios por extorsión a automovilistas, mientras que las patrullas y camionetas están obligadas a entregar a sus supervisores 2 mil pesos diarios. La cuota semanal que los agentes de Tránsito deben entregar a sus superiores en estos casos, oscila entre 300 mil y 400 mil pesos.

A esto, hay que agregar que los superiores piden a los agentes de Tránsito reportar 10 sanciones viales (multas) de forma oficial, ya sea por estacionarse en lugares no aptos, pasarse los altos, utilizar el teléfono mientras conduce, no utilizar el cinturón de seguridad, circular con exceso de velocidad y manejar bajo los influjos del alcohol, entre otras infracciones. “La corrupción sigue porque llega hasta el capitán Arturo Olivares Mendiola, por eso es que no importa que hayan designado hace ocho meses como nuevo director de Tránsito a Juan Carlos García Miranda”, indica un agente desde el anonimato. Según el indicador nacional denominado Observatorio Vial, Quintana Roo se ubica entre los 10 estados con mayor desconfianza hacia los elementos policiacos, ya que la encuesta arrojó que ocho de cada 10 habitantes considera como deshonestos a los oficiales de la policía. La función recaudadora de la Dirección de Tránsito es necesaria para el Ayuntamiento pues resulta que un buen porcentaje de esos recursos encuentra otros destinos.

Mar García Méndez, ex subdirector de Tránsito cesado por acoso sexual y presunto estafador de terrenos en la ruta de los cenotes.

Arturo Olivares Mendiola, secretario de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez.

La Dirección de Ingresos de la Tesorería Municipal señala que mensualmente la Dirección de Tránsito tiene que generar recursos para la comuna por 2 millones de pesos; sin embargo, sólo se genera la mitad, ya que la otra parte va a parar a los bolsillos de mandos y subordinados corruptos, señala Raúl Fernández León, secretario de Acción Política de la Comisión Nacional e Internacional de Derechos Humanos. La Ley de Ingresos Municipales indica que los conceptos que generan mayores recursos para el Ayuntamiento son los cobros de multas por no contar o por caducidad de la licencia de conducir, así como el trámite de permisos de circulación y arrastre de grúas. Siempre y cuando el infractor no llegue a un acuerdo con el agente de Tránsito. Por si esto fuera poco, sólo se reporta el 30 por ciento de las operaciones diarias del trámite para licencias de conducir que se realizan en las instalaciones de la dependencia; el otro 70 por ciento va a la denominada “caja chica” de Tránsito. Otro punto de corrupción es el alcoholímetro, el cual ha sido señalado reiteradamente

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Denuncia sobre el acoso laboral que la señora Sara Frías, que sufre a cargo de los mandos de la Dirección de Seguridad Pública, le armaron un expediente en Asuntos Internos con la indicación del secretario de Seguridad Pública.

como un punto de corrupción para la Dirección de Tránsito. “En el primer filtro, revisan a los conductores alcoholizados les sacan de 500 a mil pesos, si pagan les dan custodia hasta que pasen el retén y luego se van, pero si la persona se niega a pagar esta multa no registrada, los oficiales los pasan al segundo filtro donde le vuelven a decir que deje su cuota y de ahí lo convencen.

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Denuncia ante el Ministerio Público federal por corrupción en la Secretaría Municipal de Seguridad y Tránsito de Benito Juárez, pues el encargado del área de trámites y permisos , Alejandro Casas le pidió 5 mil pesos para que liberar a sus vehículos.

El caso es sacar el dinero”, denuncia Raúl Fernández. Tras recabar datos y entrevistas con afectados cuyas denuncias ha presentado ante el ministerio público y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, Raúl Fernández asegura que desde la llegada de Alejandro Menache Reyes, ex director de Tránsito, se ha reportado sólo el 50 por ciento de lo calculado por el Ayuntamiento como ingreso. A ocho meses de la salida de Menache Reyes de la corporación, la corrupción no ha disminuido. Red de corrupción. Un dicho dice “si el de abajo lo hace, el de arriba lo ordena”. Esta máxima se aplica en la Dirección de Tránsito municipal de Benito Juárez para indicar el grado de colusión que hay entre los altos niveles de la jerarquía en la corporación, por lo que la impunidad no es casualidad. Una de las primeras acciones tomadas por Paul Carrillo de Cáceres, tras su toma de protesta como presidente municipal de Benito Juárez, fue nombrar el pasado 1 de octubre de 2013 al capitán Arturo Olivares Mendiola como titular de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, quien se desempeñaba como jefe de la Policía Judicial del Estado en la zona norte, luego de ser ratificado por el Cabildo, tras seis meses de tardanza, debido a que no había aprobado los exámenes de control y confianza. Ya instalado, Olivares Mendiola hizo los primeros nombramientos que a la postre servirían para tejer una red de corrupción con sus incondicionales. El primero en la lista fue Alejandro Menache Reyes, ex Policía Federal de Caminos,

quien se haría cargo de la Dirección de Tránsito, pero vigilado muy de cerca por Mar García Méndez, quien fungía como subdirector de Tránsito y encargado de colocar a las piezas claves dentro de la dependencia para que la “caja chica” sonara contantemente. Ya posicionado en el cargo, Menache Reyes exigió cuotas a patrulleros y motociclistas por el uso de las unidades vehiculares para laborar, por lo que surgieron varios señalamientos por corrupción en su contra. También creó el grupo motorizado “Troyanos”, que operaba en la zona hotelera de Cancún, incluso en zonas que correspondían a la Policía Federal, y que adquirieron fama por extorsionar turistas. Por el control de estos recursos surgió una rivalidad entre Alejandro Menache Reyes y el titular de Seguridad Pública en Benito Juárez, Arturo Olivares Mendiola. El primer asalto lo ganó Menache Reyes, con la salida de la corporación de Mar García Méndez, quien tuvo que ser retirado de la Subdirección de Tránsito por una denuncia de acoso sexual. A pesar de su salida, varios elementos al interior de la corporación señalan que García Méndez maneja los hilos de la corrupción, ya que su gente sigue operando el negocio al interior de la dependencia. Sin embargo, hace ocho meses, Menache Reyes dejó la dirección de Tránsito, con fuertes señalamientos de corrupción en su contra, pero sin ninguna investigación por estas acusaciones. Ahora, la red de esta corrupción la sigue operando Juan Carlos García Miranda. En esta red de corrupción participan también Jesús Cristóbal Mena Paullada –incondicional de Arturo Olivares–,

Juan Carlos García, director de tránsito en Benito Juárez

nombrado director de Asuntos Internos, y Plinio Garduño Montoya, nombrado coordinador de peritos y responsable directo de imponer el tipo de sanción y quien exige las cuotas a los elementos para poder trabajar. Igualmente Víctor Gómez Uitz, coordinador de patrullas; Alejandro Casas Poncelis, coordinador del área de trámites y permisos –por donde pasa el dinero de la corporación– y José Gurubel Marentes, coordinador general de Motopatrullas, quienes directamente se encargar de cobrar a todos los elementos. Germen. El descontento al interior de la Secretaría de Seguridad Pública municipal también es por las bajos salarios. De acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el promedio nacional de sueldo de policías estatales de menor rango, es de 9 mil 250.28 pesos mensuales, sin embargo Quintana Roo se encuentra por debajo de la media al reportar 4 mil 894 pesos al mes. El sueldo para un oficial de rango operativo asciende a 18 mil 672 pesos, mientras que en Quintana Roo el sueldo de un coordinador operativo es de 10 mil 148 pesos mensuales. Además, hay dudas en el manejo por parte de los encar-

Según el indicador nacional denominado Observatorio Vial, Quintana Roo se ubica entre los 10 estados con mayor desconfianza hacia los elementos policiacos, ya que la encuesta arrojó que ocho de cada 10 habitantes considera como deshonestos a los oficiales de la policía.

gados de la corporación policiaca en Benito Juárez de los recursos provenientes de la Federación, como el Subsidio para la Seguridad en los municipios (Subsemun), sobre todo con aquel dinero destinado para premiar la labor de los elementos. Estas sospechas originaron que los policías municipales circularon una carta en donde acusan al presidente municipal Paul Carrillo de jinetear el dinero federal, y entregar reportes falsos sobre la aplicación de los recursos, como la supuesta adquisición de patrullas nuevas, cuando en realidad se pintan y reparan provisionalmente las que se encuentran en el taller. Un ejemplo que sirve para sustentar esas dudas, fue lo ocurrido el pasado 3 de diciembre de 2013, cuando policías municipales denunciaron que la tienda de materiales de construcción Sumacasa, único establecimiento en el que los elementos podían intercambiar un vale por 11 mil 400 pesos como apoyo a la edificación de sus viviendas, elevara los precios de sus productos hasta en un 30 por ciento. (Luces del Siglo 531)

En aquella ocasión, era común observar cómo los uniformados salían furibundos de la pequeña oficina de la tienda, cubierta de papel, donde atendían a los elementos de la corporación que solicitaban la mercancía. Ahí, un supuesto gerente de la constructora los atendía, pero los precios que les daba eran mucho más elevados que en otros establecimientos. Por si fuera poco, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal se quejan de los altos costos de los alimentos en el comedor de esta corporación, el cual fue anunciado con bombo y platillo por el presidente municipal. “La comida nos la dejan en 55 pesos, que tal vez está bien porque está a precio de calle, pero el refresco cuesta 15 pesos, cuando en la tienda es más barato”, se queja un uniformado. Así, aseguran, de nada sirven los discursos solicitando policías honrados, si no se le dan valor y reconocimiento a la labor que desempeñan. La corrupción hay que combatirla desde los mandos superiores./

Mar García Méndez (izq), ex subdirector de Transito, con Paul Carrillo presidente municipal, en la primera piedra del templo masón.

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Cimbra Ayotzinapa a México

/ La desaparición de los 43 normalistas de Guerrero ha evidenciado la inoperancia del gobierno federal y le ha traído críticas tanto del interior como del exterior del país.

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Por Enrique Huerta

pesar de la participación de elementos del Ejército, de elementos de las policías estatal, municipal y comunitarias, de que se han hallado 12 fosas y se han detenido alrededor de 60 personas, una bolsa llena de ceniza bastó para que el gobierno federal, en voz del procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, admitiera por primera vez la posibilidad de que los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hayan sido asesinados y después calcinados. Los diarios de todo el mundo dedican páginas al caso, mientras que miles de habitantes de ciudades de México y del extranjero han tomado las calles para marchar bajo el grito de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” En internet circulan videos y fotografías de apoyo de estudiantes de varias latitudes del mundo para exigir que se resuelva el caso. “El panorama es desolador. Se trata, como admitió el secretario (de Gobernación) Osorio Chong, de la situación más grave que ha enfrentado el gobierno. La historia ha llegado al Parlamento Europeo, al Vaticano y a la Casa Blanca. Ayotzinapa ha sido el golpe más duro a toda la estrategia del gobierno del presidente Peña Nieto”, comenta el politólogo Mario Campos en su artículo “La otra tragedia de Ayotzinapa” para el diario El Universal. En ese texto, el especialista señala que el caso de Ayotzinapa impacta a la sociedad por la debilidad o falta de competencia que ha mostrado el gobierno en este caso, la cual “es percibida por los ciudadanos que se saben y se sienten desamparados, pero también por los grupos de la delincuencia que hoy saben que no tienen enfrente al poderoso Estado que puede hacerse sentir cuando quiere”.

Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.

“Ahora nos junta Iguala, pero hay que recordar que en los últimos siete años se han registrado más de 25 mil desapariciones, sólo que en este caso se llevaron a 43 personas de un solo jalón”, activista de Cancún.

Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México, advierte que ahora que el “país está abierto al mundo, y cuando se trataba de presentarlo como un país moderno, Iguala viene y recuerda que hay aspectos que no han cambiado, que aquí la vida humana sigue teniendo poco valor y que quienes tienen el poder no están dispuestos a dejarse frenar por un discurso de modernidad. (…) La debilidad del Estado, la corrupción y el menosprecio del Estado mexicano hacia las víctimas son el caldo de cultivo de la barbarie cometida”. Aguayo afirma en una entrevista para un diario español que ese sentimiento de indefensión de la sociedad es entendible porque “los partidos y las instituciones se han separado tanto de la sociedad… Eso es lo terrible, la indefensión. Todos estamos indefensos en ese país, porque sabemos que todos somos víctimas potenciales, es una sociedad que vive con miedo. No solo a la delincuencia común sino a la delincuencia organizada, porque te estudia, sabe dónde estás, te secuestra, sabe cuánto tienes y cuánto tiene tu familia…” Sin embargo, este sentimiento de indefensión que señalan ambos politólogos, se ha visto desplazado por los participantes

en las jornadas de apoyo a Ayotzinapa, que se realizan semana tras semana en todo México. En Cancún, se han llevado a cabo una marcha y varios mítines, así como en Playa del Carmen. Asimismo, se encuentra el movimiento “#43×43. Ni un desaparecido más”, el cual partió de Iguala, Guerrero, hacia el Distrito Federal, para exigir el esclarecimiento de este caso. “Ahora nos junta Iguala, pero hay que recordar que en los últimos siete años se han registrado más de 25 mil desapariciones, sólo que en este caso se llevaron a 43 personas de un solo jalón”, advierte un activista de Cancún. Incredulidad. Lo ocurrido en Ayotzinapa ha impactado de tal manera a la sociedad, que si de por sí ya se tenían dudas sobre la relación entre policías y criminales, con este caso aumenta la sospecha exponencialmente. El procurador Jesús Murillo Karam relató, basado en testimonios de tres detenidos, que 26 de septiembre, un grupo de jóvenes tomaron un autobús Estrella de Oro y partieron de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la ciudad de Iguala, donde tomaron otros dos camiones. El entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, pidió a la policía local para “contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones”, según declaraciones del operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, explicó el procurador. Es en este mismo evento, los policías municipales de Iguala dispararon contra el convoy de estudiantes y asesinaron a tres normalistas. Según el titular de la PGR, la desaparición de los 43 estudiantes se dio posteriormente, también a orden de Abarca. Elementos de la policía municipal

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dpolítica/Justicia de Iguala retienen con violencia a los jóvenes y los trasladan a la central policiaca, que con ayuda de la policía municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto entre Iguala y Cocula, denominado como Loma de Coyote, lugar donde los policías entregaron a los detenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Para la organización Amnistía Internacional (AI), las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en Ayotzinapa “han sido limitadas e incompletas”, además de que el gobierno federal se rehúsa a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace en estos casos. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, señaló que Murillo Karam “ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. La desaparición de los 43 normalistas también ha abonado en la incredulidad de la sociedad hacia los políticos y las instituciones. Ejemplo de ello es que tanto las declaraciones y promesas tanto de Murillo Karam

El 26 de septiembre, elementos de la policía dispararon contra un camión que trasladaba a estudiantes; murieron seis personas. Horas más tarde, 43 jóvenes serían entregados al crimen organizado; nadie sabe el paradero de los normalistas.

como de Peña Nieto, no surten efecto en los padres de familia de los jóvenes, quien han subrayado que no confían ni en las autoridades federales ni en las locales, por lo que para ellos la llama de la esperanza sigue viva mientras no se compruebe fehacientemente que, efectivamente, los restos hallados en ese basurero de la localidad de Cocula son los de sus hijos. En esa misma sintonía se encuentran movimientos sociales y organizaciones, como el movimiento “#43×43. Ni un desaparecido más”, quienes consideran que el anuncio de Murillo Karam “abona a la desconfianza y falta de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones”. Incluso el vocero de este movimiento, José Alcaraz García, aseguró que la presión social ha servido para que los gobernantes respondan para esclarecer el caso, aunque señaló “que después de 40 días y sólo después que la sociedad se movió, hayan dado los resultados” y reiteró su idea de que el gobierno federal “estaba administrando la crisis”. Por ello, el ofrecimiento del presidente Enrique Peña Nieto de hacer justicia a familiares de las víctimas de los asesinatos y des-

El ex presidente de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, “los Macbeth de México”.

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apariciones de estudiantes de Ayotzinapa, de su solidaridad con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y de la promesa de que el Estado mexicano hace uso de todos los medios y capacidades de que dispone para esclarecer los hechos y dar con todos los responsables, no han tenido eco. La desconfianza de los padres de familia hacia el gobierno federal –el estatal fue rechazado desde el principio, a pesar del reciente nombramiento de Rogelio Ortega como gobernador interino– ocasionó el fracaso de la reunión con el presidente en Los Pinos, pues los afectados consideran que no se les dio una solución concreta y sólo le dieron vueltas. Los Macbeth de México. Así denominó el diario español ABC al ex presidente de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda –a quien llaman Lady Macbeth de Iguala, en referencia a los personajes de esta obra, escrita por William Shakespeare que habla de ambición y violencia–, quienes fueron aprehendidos en la madrugada del martes 4 de noviembre, en una casa ubicada en Iztapalapa, acusados de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado. La PGR señala al matrimonio como los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos y los responsables de los hechos violentos el 26 de septiembre pasado, donde murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Sin embargo, conforme pasan los días, el pasado de José Luis Abarca y de su esposa sale a la luz. El primero es sospechoso de corrupción y otros delitos graves, como el asesinato de su compañero de partido, Arturo Hernández Cardona, en junio de 2013, y a pesar de la evidencia

que involucra al ex alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014. En cuanto a María de los Ángeles Pineda, se le ubica como la principal operadora del grupo criminal Guerreros Unidos y como hermana de tres narcotraficantes ligados a los cárteles de Sinaloa y de Los Beltrán Leyva. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, señala que al procurador Jesús Murillo Karam se le “olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011”. Como en estos casos ocurre, el nombre de José Luis Abarca es sinónimo de complicidad, por lo que las acusaciones, señalamientos y deslindes están a la orden del día. Diputados del PRI señalaron que Andrés Manuel López Obrador, ex candidato presidencial y otrora figura del PRD –partido en el cual también militaba Abarca–, debería de aclarar sobre su presunta relación con el ex edil de Iguala, a lo que el ahora líder de Morena, respondió que no lo conocía, ni influyó en su candidatura, pero que está dispuesto a declarar ante la Procuraduría General de la República. Días después, el ex presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que los miembros de su partido están dispuestos a ser investigados sobre vínculos con el ex alcalde de Iguala. Los militantes del PRD identifican a José Luis Abarca con la corriente de “Los chuchos”. Estamos “dispuestos absolutamente a comparecer cuando se nos convoque, se nos invite, dispuestos a aportar toda la in-

formación que pueda ayudar a dejar claro y que se conozca la verdad, incluyendo al senador Barbosa, porque él era miembro de la dirección nacional del PRD en el 2012 y era el coordinador nacional de Nueva Izquierda, en el 2012, cuando se postuló (José Luis) Abarca”, comentó el ex dirigente del sol azteca. Al respecto, el nuevo presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, aseguró que su partido “no está vinculado con los Abarca. El PRD no los protegió, no los escondió. Es totalmente circunstancial que se hayan escondido en una delegación (Iztapalapa) con dos millones de habitantes”. Eso sí, el deslinde del PRD con Abarca fue al unísono, cuando Carlos Navarrete, los líderes de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y Miguel Alonso Raya, así como los presidentes del Congreso, Miguel Barbosa y Silvano Aureoles, negaron cualquier responsabilidad directa o indirecta en los hechos del 26 de septiembre en Iguala y en la actuación del ex alcalde. A pregunta expresa respecto a si Abarca es un caso aislado de vínculos políticos con el crimen organizado, Jesús Ortega apuntó que la delincuencia ha penetrado a muchas instituciones del Estado mexicano y es claro que los partidos políticos también han sido afectados, junto

La desconfianza de los padres de familia hacia el gobierno federal y estatal ocasionó el fracaso de la reunión con el presidente en Los Pinos, pues los afectados consideran que no se les dio una solución concreta.

con las iglesias, empresarios de todo tipo, policías, ministerios públicos y el Ejército. Signos de Estado fallido. Columnistas y politólogos refieren que la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa es una muestra del debilitamiento del Estado mexicano. El politólogo Sergio Aguayo explica que con el resquebrajamiento del Estado centralista, el crimen organizado penetró en los municipios, debilitando al Estado en beneficio de los multimillonarios, los gobernadores y el crimen organizado. El 6 de noviembre, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, resaltó los esfuerzos por ubicar a los estudiantes desaparecidos y rechazó que el Estado mexicano haya sido rebasado por este tipo de acontecimientos. “Hay un profundo dolor en todos nosotros en relación de este caso, yo creo que las instituciones del Estado, ahí están las instituciones del Estado y yo creo que va a salir adelante el Estado...las instancias gubernamentales están poniendo todo su empeño en esto”, manifestó. Ese mismo optimismo es compartido por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien aseguró que los 43 jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, no pone en riesgo el Acuerdo Global suscrito entre México y la Unión Europea, a pesar de que ya en el Viejo Continente condicionan cualquier firma de acuerdos con el respeto a los derechos humanos. Pero esta visión no es compartida por miles de mexicanos, quienes ven en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una alerta del posible regreso del régimen autoritario y de la guerra sucia que caracterizó al PRI en la décadas de los sesenta y setenta./

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Subastan bienes públicos de Cozumel

La Pregunta

“Esto no es más que la muestra del saqueo a las arcas municipales. Lo peor es que no pasa nada”.

¿Está de acuerdo en que se venda patrimonio municipal para saldar deuda pública, como en Cozumel?

/ Sergio López

“Que se subasten las propiedades de los políticos”.

“Desgraciados, ni porque algunos de los gobernantes crecieron en la Isla, buitres”.

/ Paulo Montoya

/ Sandra De Rosado

“Si se trae a cuentas a los responsables de que no se pueda pagar dicha deuda, sí; vamos, dejemos de hacer pendejos, que cuando en lo que al gobierno respecta, hablar de ineptitud y malos manejos es un eufemismo para decir ‘ladrón’, así que si esta acción incluye el que los causantes paguen lo justo, pues si no queda de otra, pues que se venda, de otra forma es hacernos pendejos y los ladrones felices y campantes, total el pueblo pendejo paga”.

“De poco han servido los ajustes del ‘nuevo’ PRI y la lealtad de la población conservadora de la isla que año tras año vota por el partido oficial, pues ahora en plena crisis en vez de regular la enorme riqueza de los grandes monopolios -todos de familias priistas como los Borge, Coldwel, González Cantú, etc-, el gobierno local busca subastar el patrimonio municipal para salir de la deuda que ellos mismos generaron”. / Justicia Social Quintana Roo

“¿Y la clonada qué dice? Cozumel en crecimiento y generando empleos con ocupaciones del 98%”.

/ Julio César Sosa Yeladaqui

/ Aluminio Cervera

“Recortes sociales, plan de austeridad y subasta de bienes públicos para Cozumel. En este sistema, la crisis siempre la generan los más ricos y las deudas las pagamos todos”.

“Se vende mi país llévele, llévele”. /Paulo Montoya

“Ah, pero vivimos en una ‘isla de paz’”.

/ Justicia Social Quintana Roo

/ Ezequiel García

“Solidaridad no está lejos de esa realidad”.

Acusan de despojo a funcionario de Profepa

/ Juan José Cutz

“Y la Profepa qué hace al respecto, ¿no ha iniciado alguna investigación, o será un acto de injusticia que quedara en el olvido?”

“¡Claro que no! Pero aun así lo venderán, para eso ni voto piden del pueblo”. / Alan Mtz

/ Olivia García

Denuncian entrega ilegal de terreno para proyecto Borge-Shakira

“O sea que si le gusta y es funcionario público puede adueñarse… las autoridades como siempre, haciéndose de la vista gorda”.

“Favor de investigar el motivo de la donación, a qué proyecto y a quién beneficiará”.

/ Carlos Román

/ Juan Antonio Palacios

PRD: nueva dirigencia, misma historia

“Estas lacras sí pueden arrancar el suelo al estado y de a gratis”.

“Los mismos de siempre… la misma historia”. / Corona Silvia

/ Roberto Navarrete

La pregunta ¿Cree usted seguirá el proyecto Dragon Mart Cancún?

“Los ciudadanos deberíamos impulsar a los partidos políticos a una renovación total de integrantes, para que no los mismos 7 gatos estén en el poder… un claro ejemplo el estado que siempre son los mismos tanto en el PRI, PAN o PRD”. / Oscar

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