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SUPLEMENTO LI 126-septiembre 13

Ecuador, ¿hacia el socialismo?

Desde Henri Toussaint1 a los grupos que impulsan la auditoria de la deuda, el ejemplo que nos ponen junto al de Argentina –ver articulo LI 124-, es el de Ecuador. El impulsor de la auditoria, el presidente Rafael Correa, acaba de obtener en febrero, en primera vuelta, una amplia mayoría con que iniciar su tercer mandato. Nos parece pues un buen momento para analizar los efectos de su política. Además, de la auditoria, Correa ha aplicado, completo, el recetario que desde IU a sectores de la izquierda alternativa, escuchamos constantemente como la “solución” de los problemas, sin romper con el sistema: “revolución ciudadana”, incremento de tasas a los ricos, equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, soberanía alimentaria… y por tanto también sirve para hacer balance de si con la reforma del capitalismo alcanza para resolver las necesidades del pueblo, o, al contrario, cada vez fortalecen más un estado instaurado en el capitalismo que poco a poco va dejando el lastre de la demagogia que se vio obligado a aceptar para no perderlo todo, y van recuperando terreno los enemigos de clase.

Por la rreconstr econstr ucción de la IV Inter nacional econstrucción Internacional

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Auditoría y más: pan para hoy y hambre para mañana

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En 2008, Correa declaró que “Lo primero es la vida, después la deuda”, considerándola ilegítima, odiosa e inconstitucional pues absorbía más del 50% de los recursos del estado. Creó un Comité de Auditora que concluyó que una gran parte de la deuda era ilegitima, sufrió las amenazas del Banco Mundial y del FMI, expulsó a sus enviados,… y declaró el cese de pagos del 70% de la deuda en bonos. Hizo lo mismo que Argentina: ante el cese de pagos los acreedores sacaron al mercado los bonos al 20% de su valor, y el gobierno compró 3.000 millones de la deuda “ilegítima” por 800 -también de dinero público-. Quedaba la “legítima”, y para pagarla, hubo que renegociarla y endeudarse nuevamente. El gráfico muestra que si bien respecto al PIB la deuda se ha reducido mucho – por los altos precios del petróleo que han hecho subir el PIB, dejando las mayores cifras de ingresos en este concepto en las ar ar-cas del estado, de la historia de Ecuador Ecuador-, en cifras netas es casi el doble de la del 2009, cuando se decretó el no pago de la ilegítima. Otra considerable entrada de ingresos ha procedido de la reforma tributaria, incrementando los ingresos a partir de perseguir la evasión fiscal (que se ha reducido al 40%) y de gravar a los más ricos y al sector financiero y reduciendo el déficit fiscal a cerca del 2%. Ha tratado de controlar la salida de capitales, elevando el impuesto que debían pagar (el 5% en 2011), pero no ha conseguido que la banca repatríe el 25% de los ahorros que se mantienen fuera del país desde 2008. Tampoco funcionó el impuesto verde, que al contrario, trajo problemas medioambientales. Aún y con todo ello, hubo que echar mano a la caja del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) por un valor, hasta 2012, de 4.557,6 millones de dólares (casi el doble que cualquiera de los gobiernos anteriores). Esas elevadas cantidades de ingreso al Estado, según Correa, les llevaría a recuperar la soberanía y romper con la dictadura de los mercados. Así, no volvió a ellos a por más dinero para pagar la deuda “legítima” y reconstruir el estado, sino

que optó por créditos chinos (al 7%) a cambio de futuros de petróleo. China se ha convertido en el primer acr eedor.. Empezó en acreedor eedor 2009 y se fueron renovando y ampliando en dos capítulos: para libre disponibilidad (incluyen pago de deuda e ingentes inversiones públicas), y para proyectos de generación eléctrica. Sólo por los primeros, ya en 2011 Ecuador debía entregar, sin licitación, el 54% de su crudo exportable hasta el 2013. En puertas de estas últimas elecciones, entraban otros 2.000 millones para cubrir el presupuesto nacional de este año. El retorno hipotecará el petróleo del país hasta 2020. Y como garantía, Petroecuador entregó poderes a Petrochina para que pudiera cobrarse en su nombre, en el mercado internacional, cualquier saldo que se le debiera.

Pero el país no se ha liberado del mercado yanqui, mucho más allá de lo que aún debe al BM. Esencialmente porque,, la economía ecuatoriana sigue dolarizada desde el 2000, lo que ata el país a las oscilaciones del valor del dólar que determina la Reserva Federal norteamericana, y le impide utilizar los recursos de una política monetarista. Pero además, si las inflaciones en ambos países no van de la mano, como está ocurriendo, aumenta el déficit de la balanza comercial, ya que EEUU sigue siendo el principal receptor de las exportaciones ecuatorianas (el 56%) y el principal origen de las importaciones (29%, seguido de China con el 19%, con la que también tiene déficit comercial). Así, en 2011 la inflación diferencial entre Ecuador y EEUU, hizo que el cambio real fuera de 1,8$


ecuatorianos por 1 dólar yanqui, lo que facilitó aún más la entrada de las importaciones y una pérdida de competitividad de las exportaciones. Eso, además, frenó los efectos de la política arancelaria de Correa que tenía por objetivo impulsar la manufactura interna. De conjunto podemos afirmar que tras la auditoría, con la subida de impuestos progresivos, la reducción de la evasión fiscal, la deuda con la caja de pensiones… Ecuador tiene una deuda externa mayor que, con los elevados intereses que le cobra China, hipoteca su petróleo hasta 2020, mientras que no ha roto su dependencia del imperialismo yanqui.

¿”Sumak Kawsay”2 con una política extrativista de petróleo y mega minería? “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) y los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio.” (Macas, sabatina del 10.12.2011). O sea que, política extractiva, empezando por el petróleo. Al respecto, en abril 2013 alertó que “La matriz energética del país no es sostenible si no encontramos más petróleo. Va a colapsar el país de aquí a 2020 si no mejoramos las reservas y la explotación petrolera”. El principal rubro de entrada de dólares, tiene para 11 años de producción en los campos en opera-

ción, y otros 8-9 si sumamos las reservas que se calcula que no están en producción. Si se le suma la paralización de la refinería de Esmeraldas y la falta de capacidad para producir derivados, la economía depende exclusivamente de la extracción. Así pues, se licitaron 6 bloques para prospecciones en 2011, y ahora están licitando otros 13, entre los que se cuentan por lo menos 2 donde hay constancia de pueblos no contactados. Pero es que la Ley de Hidrocarburos de 2010, aunque incrementaba el poder del estado y renegociaba licitaciones, no hizo que se modernizara la extracción en los pozos estatizados –incluso se redujo la extracción total-. En 2012, Correa logró lo que no consiguieron los gobiernos neoliberales anteriores: que a cuenta de la baja eficiencia del ente estatal, se hicieron realidad los contratos para “recuperar la producción” de los principales campos petroleros con el concurso de empresas extranjeras, manteniendo solo la supervisión en manos de Petroecuador. La necesidad de rendibilizar al máximo los pozos en operación y facilitar las nuevas prospecciones, cuestionan el “Sumak Kawsay” de la Constitución, no sólo por si afectan a selva virgen o directamente a pueblos, sino que para explotarlas hay que abrir carreteras que sí o sí los afectan y atentan tanto contra el medioambiente, como contra los medios de vida de las comunidades indígenas indígenas. La Conaie y la Cofeniae se oponen y exigen consultas a los pueblos afectados, mientras el gobierno lo sustituye con

acuerdos clientelares bilaterales – como con los záparos, wuaoranis y shuar- a cambio de agua potable, alcantarillado, luz… que dice garantizarán las petroleras adjudicatarias. La reducción de los hábitats de las comunidades se acelera y se degradan sus for for-mas de vida, empujando a los pueblos a ocupar territorios vecinos y provocando enfrentamientos sangrientos entre comunidades.3 Y como “la meganimería va porque va”, que dice Correa, los pueblos indígenas no sólo se enfrentan al avance de las prospecciones petrolíferas, sino también a la mega minería del oro y el cobre –ver gráfico-. Las de oro son canadienses y anteriores a Correa y no se les ha puesto freno. Pero además, hay nuevas, a cielo abierto, por el interés chino por el cobre. La china Ecuacorriente (ECSA) posee la mayor, la de Mirador, en tierras shuar: con reservas de cobre por 5 millones de libras, procesará 60 mil toneladas diarias y pagará al estado el 52% de las ganancias (incluyendo todos los impuestos) y 100 millones como regalías anticipadas. Estas explotaciones añaden a los mismos problemas de los pozos petroleros, la contaminación de las aguas con metales pesados (en Mirador: un 4,2 de una escala de 5, mientras esté en explotación; y un 4 tras su cierre) y un consumo diario de agua equivalente al de un ganado de unas 100.000 vacas lecheras lecheras. Y como no se obliga a que el refinado de los metales se haga en Ecuador, la mayoría de los beneficios se los lleva la empresa extractora.

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Ley de Tierras y Ley de Aguas: con la propiedad hemos topado Pero donde saltan con toda nitidez las limitaciones de las reformas de Correa, es en la incapacidad para aplicar la prometida Reforma Agraria y del Agua. La Constitución de Ecuador de 2008, reconoce la soberanía alimentaria, con énfasis en la producción agropecuaria interna y no para la exportación, con Transicionales que comprometen la elaboración de una Ley del Agua antes de octubre 2009, y una Ley de Tierras y Territorios sin plazos. La primera, tuvo un borrador vetado por el propio Correa en 2011 y aplazada para esta legislatura. La de Tierras no tiene ni fecha, aunque en marzo del 2012 la Red Agraria, presentó como iniciativa ciudadana, un proyecto de ley con 800 organizaciones y 46.000 firmas que está en el limbo pues se han incumplido todos los plazos de tramitación y no hay ni primer informe. Entre las razones para el retraso está la falta de pronunciamiento de Correa sobre temas centrales potestad del presidente por el art. 135: fondo de tierras, cobro de impuestos, límites a la tenencia de la tierra… No es casualidad: las disensiones empiezan dentro del propio oficialismo de la Alianza PAIS, porque es tocar el tema de propiedad y enfrentarse a los terratenientes, y como constata Gerónimo Yantalema (Pachakutik), miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria “La tierra y el agua son temas complicados que pueden quitar votos a cualquiera. Por eso no lo trataron antes de las elecciones del 2013”. Eso, en el mejor de los casos, pues Correa lo argumentaba en 2011, porque “la pequeña propiedad rural va en contra de la

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Movilizaciones por Ley del Agua. 2010

eficiencia productiva y de la reducción de la pobreza… repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir pobreza.” Y aclaraba el objetivo de “que los grandes terratenientes vendan sus tierras y

crea menos de 0,25 por ha/año (1 empleo cada cuatro hectáreas). Para colmo, Correa ha venido impulsando una política de biocombustibles, teóricamente para cultivo en las áreas en que no se

de esta forma se democratice la tenencia, eso es lo que se busca, esto se ha hecho en muchas partes del mundo, es más eficiente que la reforma agraria”. La gran mayoría del campesinado posee el 64% de las unidades productivas, de menos de 5ha., y ocupan el 6% de la superficie total, mientras que las unidades de producción de más de 100 has, representan el 2% del total (muchas de un mismo propietario) y ocupan el 43% de la superficie (III y último Censo Nacional Agropecuario). Y ello con dos agravantes: 1. hay 1.500.000 de ha de latifundios, en condiciones de improductividad que dejan de producir unos 3.000 millones de dólares por año; y 2. mientras la agricultura familiar genera entre 0,5 y 4 empleos permanentes por ha/año, la agroexportadora

produce: es decir más cultivo extensivo para exportación. Parecida es la distribución del agua: el 1% de hacendados y agroexportadores controlan el 70% del caudal del agua (muchas veces gratuita); mientras que el 80% de campesinos pobres apenas tienen acceso al 12% de caudal de agua (y deben pagar por ella). La no promulgación de la Ley de Tierras y de la de Aguas, determina no sólo las condiciones de vida de 5 millones de ecuatorianos (1/3 de la población), sino también de la estructura productiva que sigue orientada a la agroexportación y no a la soberanía alimentaria, en abandono de los compromisos constitucionales.

¿Cambios en la estructura productiva hacia un modelo social? El sistema económico, de conformidad con la Constitución de Montecristi de 2008, en su artículo 283, debe ser social y solidario. Ello engloba a todas las formas de organización económica, que deben concluir, luego de un complejo proceso de transiciones, en un todo socialista. Y define la realidad actual como de economía mixta de tres sectores: la economía empresarial, la estatal y la economía popular. Así, posteriormente, se apro-


baron el Código de la Producción, la Ley de Empresas Públicas y Ley de Economía Popular y Solidaria, para cada rama. Esta última, que hipotéticamente iba a ser el motor del cambio, es una versión reformada de la ley de cooperativas, con una compleja y confusa estructura institucional, y eje de la recuperación de la manufactura interna, de la propiedad comunal de la tierra… ya hemos visto que de tierras, nada, y de manufacturas, bien poco. A nivel teórico es difícil de entender que el retorno a estructuras precapitalistas o de inicios del capitalismo se vaya a convertir ahora en medidas de superación del capitalismo. Por tomar sólo el ejemplo de las cooperativas de ahorro y crédito, parece estar volviendo a las bases de las Cajas de Ahorro en los países europeos4. Y su final convertidas en bancos nos resulta muy familiar. De conjunto, los planteamientos cooperativistas de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que siguen partiendo de la propiedad privada de los medios de producción, generan más que dudas y recuerdan los planteamientos de Proudhom del s. XIX, sobradamente discutidas por Marx y constatadas por la historia.5 A nivel práctico, como –se quiera o no- lo determinante es la macroeconomía capitalista en que están inmersas, apenas ha avanzado. Como tampoco ha tenido resultado “Los elevados recursos que ha destinado el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) para fortalecer a las mipymes (…), ni en el nivel de ingresos en el sector indus-

trial y manufacturero, y tampoco en el nivel de empleo…” pues, como ya hemos señalado, con las fluctuaciones del dólar se han reforzado las importaciones.6 Pero además, las medidas proteccionistas de la manufactura interna del 2009, fueron prácticamente desmanteladas en 2011. Ya hemos señalado el déficit de la balanza comercial en general, pero si excluimos el petróleo, la balanza comercial no petrolera llegó a -8.490,8 millones de dólares, el mayor de toda la historia comercial del país (2006: 3.714,85). Así las cosas, el impulso se redujo en 2012 a absorber parte

de la producción cooperativista en los servicios públicos (hasta un 3% del presupuesto de éstos), con un discutible mecanismo para evitar la prohibición constitucional de la “tercerización”, como con las de confección de uniformes escolares. “Una de las transformaciones más importantes de la sociedad actual es que, en esencia, es consumista. Y si se ha incrementado ese consumo es por el flujo de recursos monetarios importantes. El eje de la circulación monetaria es el Gobierno, que refuerza el imaginario del consumismo. (…) El Gobierno tiene su discurso de la estabilidad y que solo él hace posible que la sociedad cumpla su sueño: consumir..” (Francisco Rohn Dávila, director del CAAP -Centro Andino de Acción Popular-, Diario El Comercio, el 11/ 03/12). Y los grandes grupos, que no las cooperativas, se han adaptado mejor que nadie a esa orgía de importaciones de bienes de consumo y a absorber las ingentes cantidades de obra pública. La estructura productiva prácticamente no ha cambiado, y la concentración de riqueza no se ha reducido más que en los períodos anteriores. Los beneficios de los grandes grupos económicos en el período 2006-2010 serían 364% superiores al período 2004-2006. Con la Ley Orgánica de Regulación

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y Control del Poder del Mercado, en 2011, no se buscó romper las estructuras monopólicas existentes, sino apenas combatir sus prácticas anticompetencia. No hay que olvidar que, en tanto ciudadanos, también participaron de la elaboración de las leyes que les incumben. Así el 90% de las ventas internas, medidos por el INEC, se concentran en el 1% de las empresas. Los beneficios de la banca privada en el período 2007-2009 (gobierno de Correa) fue 70% superior al período 2004-2006 (gobiernos neoliberales) y en 2011, incrementó un 52,1% los beneficios del año anterior… Consecuente con la necesidad de cambiar la matriz energética –y terminar con los cortes y el racionamiento de 2008-2009-, Correa impulsa un refuerzo de las hidroeléctricas que financia China, (a intereses sobre el 7% a 15 años, a cambio de futuros de petróleo), a través del Banco de Exportaciones e Importaciones (Eximbank). Son nueve centrales que generarán el 70% de la energía, financiadas y construidas por empresas chinas: desde 2010 la Coca-Codo Sinclair (producirá casi el 45% de la demanda interna), que construye la china, la Sinohydro; luego la de Sopladora, construida por la también china Gezhouba; y en abril 2013, la de Minas-San Francisco. Así el cambio de modelo energético, sigue hipotecando petróleo para su pago yy,, aparte de la discutible afectación de zonas protegidas (como Sopladora en el Parque Nacional Sangay),, la tecnología y la construcción quedan totalmente en manos chinas. Pero además, y ya en 2010-11, la soberanía pública sobre el sector definida por la Constitución, se “relativizó” con las “condiciones que configuran la excepcionalidad para la participación privada y de la economía solidaria…: 1 Cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general; o, 2 Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas (…) (CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad, 2012).

“ Pocas veces antes los más excluidos estuvieron ”7 menos peor”

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La orientación del gasto público sí cambio de pagar la deuda a inversiones sociales. El gasto públi-

co se triplicó entre 2006 y 2012 (pasando de 47.000 millones de dólares a 144.000). La misma proporción siguió la inversión en salud salud, llegando a 1.774 millones el año pasado (6,8% del presupuesto general del estado), acercando el sistema a la gratuidad, produciendo medicamentos genéricos, creando hospitales móviles y duplicado las horas laborales y salarios de los médicos para aumentar la atención, aunque siga siendo deficitaria en zonas rurales rurales. La inversión en educación pasó del 2,5% del PIB en 2006 al 5,5% al 2011, alcanzando la gratuidad en todos los niveles de escolaridad escolaridad. Todo ello ha permitido mejoras ciertas, como se refleja en la reducción de la pobreza que ha pasado del 35% en 2007 al 25,6 en 2012 2012. Aunque en este aspecto no se pueden olvidar ni la emigración ni el efecto de las remesas de esas trabajadoras. La emigración se ha frenado drásticamente, pero e l movimiento migratorio anual aún no es positivo, y aún menos ha conseguido el retorno de los miles que emigraron entre el 20042008 2008. Lo que ha cambiado es que de ser las remesas el segundo capítulo -tras el petróleo- de ingresos estatal en 2007 (6,7% del PIB), en términos relativos ha caído más de la mitad (2,8% en 2012 del PIB), perdiendo ese peso nacional. Pero en cifras absolutas han pasado de 3.087,9 millones a 2.672,5 –apenas 400 millones menos-, por lo que sigue siendo factor fundamental para el nivel de pobreza –y consumo- de las familias y poblaciones receptoras. Además, la Ministra de Productividad, Verónica Sión, destacó que

Ecuador haya ascendido 15 puestos en el ranking del Índice de Competitividad Global. Y ello implica, por los valores que conforman el índice, que el gobierno promueva también la flexibilidad laboral, la apertura del mercado y la seguridad para las inversiones. Por eso, al llegar al capítulo sueldos y condiciones laborales, los cambios son menos halagüeños. El subempleo y el paro, aunque se han reducido, superan respectivamente el 50% el primero y al 4,16% el segundo (marzo 2013). Así que sólo queda un 45% de la población activa regularmente ocupada, con diferencias salariales que van de 1 (peones agrarios y obreros industriales) a 6 (administración pública, y en particular defensa y seguridad social). Así aunque la inflación se ha reducido del 8,83% en 2008 a 6,12% anual en marzo 2013, y ha habido importantes aumentos salariales en el sector público, la media de los salarios, queda por debajo de las necesidades. Los ingresos por familia (considerando que entran 1,6 sueldos en cada una) si bien alcanzan la llamada canasta vital8, no llegan a la denominada canasta básica. Como parte de la campaña electoral, Correa incrementó el salario básico a 318$ para 2013 que permitiría alcanzar el 98% de la canasta familiar básica al multiplicarlo por 1,6. Desde los sindicatos se insistía que, con sólo un 45% de ecuatorianos ocupados, eso no era cierto ya que en una mayoría de familias sólo entraba –si entraba- un salario. Y si vamos a derechos laborales, “la revolución ciudadana” no los garantizó, sino que al contrario, golpeó una y otra vez a los trabajado-


res públicos, instaurándose un sistema de compra de renuncias obligatorias (Decreto 813), con el que se ha despedido a miles de funcionarios públicos y se mantiene atemorizado al resto.

El César contra libertades democráticas y derechos de la mujer A partir de la noción del buen vivir, el nuevo preámbulo constitucional se encomienda a Dios y a la Pacha Mama. Define una nueva distribución una separación de poderes en cinco ramas (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia, y control social) y un estado fuerte para hacer frente a la dictadura de los mercados. Y como sea que Correa se aupó en el ambiente de crisis y corrupción de los partidos, denunciando la “partidocracia”, la Constitución limita la influencia de éstos… a cambio de ampliar los de Correa a semejanza de un César romano romano: limita la independencia del legislativo, siempre bajo amenaza de que el presidente revoque la Asamblea Nacional (por una vez en los tres primeros años de mandato), puede poner un representante propio en cada territorio para controlar el cumplimiento de las políticas del ejecutivo, ya hemos hablado del art 135... y amplía la intervención del ejecutivo en lo económico -políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera- y lo social. Sólo se le aumentan los controles para decretar el estado de excepción –que puede revocar la Asamblea Nacional- y se incluye la revocatoria del mandato presidencial con un 15% del registro electoral. Los der echos de la mujer derechos mujer,, topan de frente con el César -y con

Dios- que afirma: “vetaré cualquier artículo sobre aborto que vaya más allá de lo que ya existe en el Código Penal”9. La OMS estima que en Ecuador hay alrededor de 125 mil abortos por año: uno cada cuatro minutos. Y el 18% de las muertes maternas son causadas por abortos clandestinos (330 muertes por cada 100.000 abortos), cifra muy superior a la de países donde el aborto es legal. Además, se ha expresado públicamente poniendo en duda la equidad de género como parte de la democracia y ha hecho comentarios machistas en público… pero es el César. Ese estado, presidencialista y fuerte -reforzado a partir del catalogado como golpe de estado por las reivindicaciones policiales en 2010-, no ha cambiado sus bases sociales, y utiliza sus recursos para mantener el orden burgués con todo esión tipo de repr epresión esión: aparte de su persecución a ciertos medios de comunicación, se ha denunciado la criminalización de los defensores de los derechos humanos y persecución a dirigentes indígenas y sociales como terroristas. En marzo 2013, una marcha nacional convocada por la CONAIE denunciaba que tenían “197 compañeros acusados de terroristas y saboteadores”, y exigía “…cambios radicales que no se están haciendo”.

La reconstrucción del estado, objetivo de Correa Desde finales de los noventa ningún presidente terminó su mandato: Correa fue el primero en lograrlo y ser reelegido. Antes de él tres presidentes fueron expulsados por las movilizaciones. Abdalá Bucaram fue derrocado en 1997 por robo y corrupción, con las protestas mayoritariamente de Quito. Jamil Mahuad fue derrocado en 2000, por la lucha del movimiento indígena, que con la CONAIE tomó las calles de Quito y fue apoyada por coroneles del ejército. El coronel retirado Lucio Gutiérrez ganó las elecciones en 2002 y, perdido el apoyo de la CONAIE y del movimiento político Pachakutik, también fue defenestrado en 2005, por la llamada “rebelión de los forajidos” -clases medias de Quito-. En 2006 ganó Correa con su Alianza PAIS, un tecnócrata que define su gobierno

como “desarrollista y progresista, enfocado en la reconstrucción del Estado y los servicios sociales”. Se identifica con el chavismo y el “Socialismo del siglo XXI”. Analicemos eso de la “reconstrucción del Estado”. Correa y sus partidarios, lo identifican con que la política neoliberal anterior lo había ido vaciando de servicios sociales, y ellos los reconstruyen. Pero eso –el bienestar, lo social…- no es lo esencial de un estado. El problema era que el Estado anterior a Correa era enfrentado continuamente por las luchas, resquebrajándolo y dificultando su función central de control y mantenimiento del orden burgués. Por eso, es tan significativo que justamente Correa, en nombre del Socialismo del siglo XXI, sea quien se enorgullezca de haber rreconstruido econstruido el estado –bur –bur-gués-, en lo que se ha venido en llamar gobiernos postneoliberales: gobiernos que buscan reconstruir el Estado sin grandes trasformaciones al modelo económico. En palabras del propio Correa:: “Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.” (Telégrafo, 15/1/2012) Eso no es nuevo: la socialdemocracia, ya salvó al estado burgués, a caballo de grandes movilizaciones y a través de las urnas, a principios del s. XX, para terminar siendo el gendarme que aplastaba revoluciones como la alemana y asesinaba revolucionarios como Rosa Luxemburgo en 1923. Y es que esos gobiernos no avanzan hacia la revolución, sino que tratan de canalizarla hacia un capitalismo “democratizado” del que ellos serían gestores…. La burguesía, si puede, los saca de en medio pero puede convivir perfectamente con ellos, como ha demostrado la socialdemocracia europea –o la nórdica en particular- durante decenios. Lo grave es que hoy, sectores significativos de la izquierda estén obnubilados por esos procesos, los avalen y traten de reproducirlos repitiendo a quien les quiera escuchar que “de reforma en reforma… hasta la revolución final”, cuando la historia del movimiento obrero y el hoy de países como Ecuador, han demostrado lo contrario.

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Los y las ecuatorianas no están ni igual ni peor que en 2008 –como no es lo mismo PP que PSOE, o menos aún la dictadura de Primo de Rivera que la II República-, pero tampoco están más cerca de una revolución que acabe con el capitalismo, fuente de los males que les llevaron a movilizarse reiteradamente y a muchos a dejarse la vida. Porque, como reconoce Alberto Acosta10, teórico de la “revolución ciudadana” hoy enfrentado al gobierno, se han dado los “Primeros pasos postneoliberales, mas no postcapitalistas” (Título del artículo publicado en “Desde Abajo” 22/04/ 12). El problema es que lo achaca a una mala gestión y no ve que la misma “revolución ciudadana”, borrando las diferencias de clase, sentó las bases para que no se haya tomado ni una sola medida anticapitalista. Para hacerlo, y erradicar los males que les llevaron a tanta lucha, los y las ecuatorianas, deben, de nuevo, como en 1997, 2000 o 2005, echarse a la calle y enfrentar ese estado reconstruido por Correa, y ser ellos quienes tomen las riendas y rompan con el capitalismo,… y, sí, hagan la revolución.

Dosier LI "No pagar la deuda", junio 2013 Notas 1

Henri Toussaint. Economista belga dirigente del SU, organización internacional a la que pertenecen Izquierda Anticapitalista y Revolta Global, que participó activamente en la auditoria del Ecuador.

nos de los taroenanes expulsados de sus territorios -en los que operan REPSOL y la china NOMECO-; los wuaoranis los vengaron con entre 18 y 30 muertos tagaeri y taromenane. Hay una comisión de investigación en marcha... 4

El origen de las cajas de ahorro está vinculado a las instituciones de tipo benéfico, especialmente a los Montes de Piedad. Éstos surgieron en la Italia del siglo XV, a iniciativa de los franciscanos, quienes otorgaban préstamos prendarios sin interés para satisfacer necesidades más elementales. Inicialmente, tanto las cantidades prestadas como los gastos de administración se nutren de limosnas y donativos. Cuando se hicieron insuficientes, empezaron a cobrar intereses, que limitó el Quinto Concilio de Letrán en 1515. En el siglo XVIII, los Montes de Piedad están patrocinados por iniciativa real. Posteriormente, ya como Caja de Ahorros aparecen en la segunda mitad del s. XVII en Gran Bretaña –que en tanto que protestantes, rechazaban el concepto de Monte de Piedad- para fomentar el ahorro entre las clases trabajadoras, remunerándolo. En el estado español, el origen está en los Pósitos de grano para facilitarlo en tiempos de malas cosechas de los s. XVII y XVIII, anteriores a los Montes de Piedad. Las Cajas de Ahorro propiamente dichas comienzan en el trienio liberal (1820-1823), y especialmente con la vuelta de los ilustrados exiliados después de la muerte de Fernando VII en 1833. Aparecen en el marco de una sociedad muy castigada por la Guerra de la Independencia, con el fin de luchar contra la usura que sufrían los pequeños agricultores en los momentos de malas cosechas. Fueron creadas por miembros de organizaciones católicas o por las sociedades de Amigos del País.

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La Constitución de 2008 “incluye el término Sumak Kawsay (buen vivir) buscando un desarrollo económico, social y cultural equilibrado y reconociendo la integralidad que debe existir entre el ser humano, su comunidad y la naturaleza”

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3 El último enfrentamiento entre pueblos, de abril 2013. Los wuaorani aceptaron el contacto con la “civilización” desde los años cincuenta, en un territorio reconocido de unos 2 millones ha., hoy drásticamente mermado. Por su parte, los tagaeri y taromenane, optaron, tras amargos contactos, por el aislamiento en su territorio reconocido formalmente como la “Zona Intangible“ en la región del Yasuní, pero también se ha ido reduciendo. En abril, en el bloque 16 de Repsol, teóricamente territorio wuaorani, fue asesinada una pareja a ma-

5 Pierre-Joseph Proudhon (18091865). En París se relacionó con los socialistas utópicos de la línea de Fourier y publicó la obra, ¿Qué es la propiedad?, en 1840. En ella está la afirmación: “La propiedad es un robo”, aunque, después matizara esta frase defendiendo que no era contrario a la misma, sino a sus perversiones y arreglos injustos. Pero su obra más sistemática es Sistema de las contracciones económicas, o Filosofía de la miseria, del año 1846. Se trata de una obra donde se fusiona el socialismo utópico con elementos de la economía clásica liberal. En ella se defiende el mutualismo, donde quedaría abolido el dinero, y donde habría un intercambio justo de los productos, medio para construir una sociedad armónica. El concepto de autoridad quedaría sustituido por el del

contrato libre. No harían falta las leyes y las instituciones. Proudhon aborrecía la violencia como medio para transformar el orden: se debía establecer una etapa intermedia con el establecimiento de un sistema de crédito sin intereses y la creación de cooperativas. Todo esto provocó la condena de Marx que le acusó de defender un tipo de socialismo pequeño burgués y de mantener la propiedad privada de los medios de producción con las cooperativas. Proudhon participó en el proceso de 1848 al ser elegido diputado de la Asamblea Nacional. Napoleón III le condenó a tres años de prisión por el delito de incitación al odio. Del anarquismo evolucionó, al final de su vida, hacia una especie de federalismo democrático como solución al problema del estado. También modificó su inicial ataque a los métodos violentos, al considerar en, La guerra y la paz (1861) que ésta podía ser lícita en determinadas circunstancias. 6 “aflora con nitidez (….) la estructura del aparato productivo (reflejado en el incremento de las importaciones de bienes de consumo en un 20,3%, materias primas 31,8%, combustibles 23,1%) e incluso de las exportaciones (las primarias crecen a mayor ritmo de las industriales en el 2011, 28,3% frente al 18,2% de las industrializadas” (Salarios e inflación del Ecuador en 2011. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Marzo 2012)

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Subtitular del artículo de Acosta citado en 9. 8

Las canastas se refieren a un hogar con 4 miembros, está n constituidas por alrededor de 75 artículos, de los 299 que conforman el IPC. La canasta familiar –básica- fue constituida en 1982, mientras que la canasta vital fue constituida en enero del 2007, para marzo 2013 representa un costo de 604,25$ y 436,27$ respectivamente 9

El Código Penal sólo reconoce el aborto terapéutico “con riesgo para la vida de la mujer”, y el eugenésico, cuando hubiera “embarazo por violación o estupro cometido en una mujer deficiente o demente”. 10

Alberto Acosta, fue uno de los redactores del plan de gobierno de Alianza PAIS que procura instaurar gradualmente un estado socialista en Ecuador. Posteriormente fue Ministro de Energía y Minas, y luego presidente de la Asamblea Nacional Constituyente cargo del que se retiró por pugnas de poder en su partido. Actualmente no forma parte del gobierno de Rafael Correa a pesar de ser uno de los principales ideólogos de la “Revolución Ciudadana“.


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