La Gaceta de Ciencia Política - Año 11, Número 1 (Primavera / Verano 2014) by La Gaceta de Ciencia Política

A Ñ O 11, N Ú M E R O 1 P R I M AV E R A / V E R A N O 2014

AC T UA L IDA D

ENFOQUE

Las reglas están para romperse: la fiscalización de los partidos políticos mexicanos

El sistema de partidos en Uruguay: del bipartidismo al pluralismo moderado

Héctor Duarte

Arturo Albarrán

México y el mundo: la política internacional de Felipe Calderón

La transformación silenciosa de Costa Rica

Eduardo Torres

Elías Camhaji

E N S AY Í S T I C A El capitalismo de los últimos días Manuel Guillén

$40

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L A G AC ETA D E CIENCIA POLÍTICA AÑO 11, NÚMERO 1 P R I M AV E R A / V E R A N O 2 0 1 4

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LA GACETA DE CIENCIA POLÍTICA, Año 11 No. 1 primavera/verano 2014, es una publicación semestral editada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, a través de la División Académica de Ciencia Política del ITAM. Río Hondo No.1, Col. Progreso Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01080, México, D. F. Tel. 56284000 ext. 3702 www.gacetadecienciapolitica.itam.mx, gacetacpol@itam.mx. Editor responsable: Thalía Angelina Guerra Mina. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2011-072809483900-109. Número ISSN: 2007-6398, impresa por Instituto Tecnológico Autónomo de México, ubicada en Río Hondo No.1, Col. Progreso Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, México, D. F., este número se terminó de imprimir el 1 de julio de 2014 con un tiraje de 500 ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. © Instituto Tecnológico Autónomo de México Diseño: Norman Palm · fertig design · www.fertigdesign.com La Gaceta de Ciencia Política es una publicación semestral realizada por estudiantes de la licenciatura de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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La Gaceta de Ciencia Política se propone difundir trabajos en materia de investigación y análisis de las instituciones e ideas políticas. Principalmente aquellos que realiza la comunidad académica y universitaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México así como otros centros de investigación del país y del extranjero. Abierta como es la disciplina, la Gaceta de Ciencia Política es escenario de encuentro, diálogo e intercambio, concebido por estudiantes, con la misión de enriquecer y estimular el estudio efectivo de los fenómenos políticos.

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M E S A D I R E C T I VA José Ramón Enríquez Thalía Guerra CONSEJO EDITORIAL Roberto Ascencio Christian Cuéllar Isabel Mejía Juan José Zamudio C O N S E J O C O N S U LT I V O Felipe Curcó Federico Estévez Eric Magar Alejandro Moreno Vidal Romero Pedro Salmerón Jeffrey Weldon

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Í NDI CE Editorial 9

AC T UA L IDA D

ENFOQUE

Las reglas están para romperse: la fiscalización de los partidos políticos mexicanos

El sistema de partidos en Uruguay: del bipartidismo al pluralismo moderado

Héctor Duarte

Arturo Albarrán

México y el mundo: la política internacional de Felipe Calderón Eduardo Torres 37

E N S AY Í S T I C A El capitalismo de los últimos días Manuel Guillén 53

La transformación silenciosa de Costa Rica Elías Camhaji 121

La Gaceta de Ciencia Política agradece a la LVIII Legislatura del Estado de México por su apoyo para la publicación de este número. Los agradecimientos se extienden de manera particular al diputado por el distrito XXXIII de Ecatepec, Aarón Urbina Bedolla, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política; así como al diputado por el distrito XVII de Huixquilucan, Juan Jaffet Millán Márquez, ex alumno de las licenciaturas en Economía y en Ciencia Política por el ITAM y anterior subdirector de La Gaceta (2000 – 2001).

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EDIT O R I A L El presente número de La Gaceta de Ciencia Política se ha elaborado en un esfuerzo por continuar la labor emprendido por numerosas generaciones de politólogos del ITAM que desde 2003 posibilitan un espacio para la discusión de temas relevantes para la disciplina. En este número se introduce la sección Enfoque. En dicha sección se presentan dos ensayos producto del seminario de titulación impartido por el Dr. Horacio Vives Segl. Primeramente, Arturo Albarrán lanza una propuesta de cómo los partidos tradicionales en Uruguay pierden su lugar predominante en un sistema bipartidista gracias al surgimiento de una tercera fuerza política, el Frente Amplio. Por su parte, Elías Camhaji busca ilustrar el cambio gradual que experimenta el sistema de partidos en Costa Rica, el cual no ha sido abordado con la suficiente atención. En la sección de Actualidad les compartimos el texto de Eduardo Torres quien plantea las características y retos principales en política exterior durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón. Asimismo, dentro de esta sección se publica el ensayo ganador a Mencíon Especial en la primera edición del Concurso de Ensayo Polítco Alonso Lujambio. El ensayo, escrito por Héctor Duarte, propone tres causas a la deficiente fiscalización a los partidos políticos mexicanos. Por otro lado, en la sección Ensayística Manuel Guillén explora desde diversas perspectivas las características del capitalismo de los últimos años, enfocando su atención en el postmodernismo.

Finalmente, queremos agradecer a todos aquellos que apoyan continuamente a La Gaceta, tanto aquellos que nos leen, como aquellos que nos enriquecen con sus ideas. En esta ocasión resaltamos las valiosas contribuciones del Dr. Horacio Vives. De igual manera, agradecemos a la Representación de Alumnos de Ciencia Política por su apoyo.

A CT UA LI DA D

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LAS RE G LA S ESTÁ N PA RA R O M PER S E: LA FIS C ALI ZA CI Ó N DE LO S R ECUR S O S D E L OS PARTI D O S P O LÍ TI CO S M EXI CA N O S 1 Héctor Duarte2 Éste artículo explora el sistema de fiscalización de recursos campaña en México. Argumenta que tres factores han impedido su efectiva aplicación: incentivos perversos de la legislación, reglas poco claras y debilidad de los órganos reguladores. Asimismo, se ofrecen algunas recomendaciones para hacer más efectivo el proceso de sanciones a partidos. INTRODUCCIÓN

al como los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento de una democracia moderna3, el dinero es imprescindible para que los partidos lleven a cabo sus funciones. Por medio de los recursos económicos, los partidos sostienen una estructura permanente de militantes que los vincula con la sociedad y pueden competir por el voto de los ciudadanos en las campañas electorales4. Sin embargo, los recursos económicos pueden tener dos efectos nocivos sobre la calidad de la democracia. En primer lugar, el dinero puede aumentar la inequidad de la competencia por los votos. Al contar con más recursos un partido puede movilizar en mayor medida a sus militantes, generar más información para persuadir a los votantes y coordinar de mejor manera las decisiones de los electores.5 Como dice Laurence Whitehead: “El dinero no es siempre suficiente para ganar votos, pero en la mayoría de los casos cierta-

1 El presente ensayo fue acreedor de la Mención Especial en la primera edición del Concurso de Ensayo Político Alonso Lujambio. 2 Héctor Duarte es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (titulado con mención honorífica) por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha participado en proyectos de investigación en el CIDE, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente colabora en el Instituto Nacional Electoral. 3 John H. Aldrich, Why parties? The origin and transformation of parties in America (Chicago: The University of Chicago Press, 1995). 4 José Woldenberg, ”Relevancia y actualidad de la contienda político-electoral”, en Manuel Carrillo, Alonso Lujambio, Carlos Navarro y Daniel Zovatto (coords.), Dinero y contienda político electoral: reto de la democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 2003). 5 Roberto Gerhard, ¿Cuál es el impacto de los gastos de campaña sobre los resultados electorales? El caso de las elecciones para diputados por mayoría relativa a nivel federal en México 2003. Tesina de Licenciatura. (México: Centro de Investigación y Docencias Económicas, 2006).

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mente ayuda”.6 La desventaja de esto es que cuando uno de los contendientes tiene una cantidad de recursos considerablemente mayor al resto, la democracia puede volverse lo que José Woldenberg llama un “ritual con ganadores y perdedores predeterminados”.7 Un segundo inconveniente del dinero en la política es que éste puede provocar que los políticos electos pierdan independencia frente a sus proveedores de recursos económicos. Esto puede ser especialmente problemático cuando los principales de un gobierno están involucrados en actividades ilícitas como el narcotráfico o pertenecen a esferas de la sociedad supuestamente separadas del Estado como una iglesia.8 Debido a que la relación entre el dinero y la política puede ser problemática, las democracias modernas han implementado una serie de regulaciones al financiamiento de los partidos con el fin de eliminar o reducir efectos como los descritos anteriormente. Para vigilar el cumplimiento de estas regulaciones y disuadir su violación ha sido común el diseño de instituciones fiscalizadoras cuya principal herramienta punitiva son las sanciones de índole económica, electoral e inclusive penal, ya sea sobre candidatos o partidos políticos. A pesar de estos esfuerzos, para muchos expertos sobre el tema, la disuasión y el castigo de los ilícitos asociados con el dinero es el punto más débil del proceso de fiscalización en diversos países.9 Con esto en mente, este ensayo buscará explicar por qué la fiscalización ha sido incapaz de cumplir con su objetivo de castigar y disuadir los actos ilícitos asociados con el origen y destino del dinero en la democracia mexicana Para ello, se hará énfasis en las regulaciones de años electorales. La hipótesis propuesta es que el fracaso en la revisión de cuentas de los partidos se debe una combinación de tres factores: la generación de incentivos perversos por parte de la legislación, la falta de criterios claros en torno al dinero y el papel pasivo de las instancias de apelación. Para cumplir con el objetivo de este ensayo, el trabajo se divide en cuatro partes. En primer lugar se expone cuáles son las regulaciones sobre financiamiento partidario más comunes alrededor del mundo; se profundiza en la importancia del proceso de fiscalización y los problemas asociados a éste. En segundo lugar se justifica la elección de México como caso de estudio y se describe el proceso de fiscalización en este país. En tercer lugar se presenta la evidencia cuantitativa y cualitativa. Finalmente se añaden las conclusiones y algunas recomendaciones de política pública para mejorar el proceso sancionatorio de los partidos.

6 Laurence Whitehead, “Money and party politics in modern market democracies”, en Eduardo Posada Carbó y Carlos Malamud (eds.), The financing of politics: Latin American and European perspectives (Londres: Institute for the study of the Americas, 2005). 7 Woldenberg, Relevancia y actualidad del contenido politico-electoral, 21. 8 Karl-Heinz Nassmacher, “Monitoring, control and enforcement of political finance regulation.”, en IDEA (ed.), Funding of political parties and election campaigns (Estocolmo: IDEA International, 2003). 9 Nassmacher, Monitoring, control and enforcement of political finance regulation.

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LA REGULACIÓN AL FINANCIAMIENTO Y LA FISCALIZACIÓN A NIVEL COMPARADO Las democracias han establecido una serie de regulaciones para controlar los efectos nocivos del dinero en la política. De acuerdo con Michael Pinto-Duschinsky, entre las regulaciones más comunes se encuentran: • Topes a los gastos: límites al gasto permitido a un partido político nacional en una campaña electoral. • Límites a las contribuciones: restricciones a la cantidad máxima que un individuo o una institución puede donar a un partido. • Transparencia en la identidad de los contribuyentes: declaraciones públicas sobre los donadores a las campañas y a los partidos. Además, divulgación del monto de la donación. • Prohibiciones contra tipos de contribución específicos: la regulación o restricción de ingresos provenientes de cierto tipo de actores.10

La Tabla 1 hace un recuento de la frecuencia con la que se presentan este tipo de normas a nivel mundial. Tabla 1: Regulaciones al financiamiento de los partidos políticos más comunes a nivel mundial Tipo de regulación

% (número de países)

Topes a los gastos de campaña

41% (42 países)

Límites a las contribuciones

28% (29 países)

Transparencia en la identidad de los contribuyentes (cualquiera)

62% (71 países)

Prohibiciones contra contribuciones de Al menos 49%1 (51 países) actores específicos (parciales o completas) Notas: (N=104) Fuente: (Pinto-Duschinky, 2002, p. 75).

Tal como dice Karl-Heinz Nassmacher, para que los efectos benéficos de estas regulaciones permeen sobre todo el sistema político se requiere de mecanismos para hacer cumplir estas reglas.11 En relación con estos mecanismos, dos asuntos son fundamen-

10 Michael Pinto-Duschinsky, “Financing politics: a global view”, Journal of democracy 10 (4) (2002): 61. 11 Nassmacher, Monitoring, control and enforcement of political finance regulation.

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tales: quiénes son los responsables de cumplir las regulaciones y cuál es la autoridad encargada de supervisar el enforcement. Relativo a la primera cuestión, la mayor parte de los países han encargado a los partidos u órganos dentro de éstos la responsabilidad de cumplir con las normas establecidas. Sobre el segundo punto, hay una gran heterogeneidad. Ciertos países han optado por subordinar la fiscalización a un departamento gubernamental, otros por dejarla a cargo de órganos jurídicos, y otros más la han encargado a agencias autónomas que le reportan sus hallazgos a instancias como los órganos electorales.12 Más allá de estos meros aspectos positivos de la normatividad en distintos sistemas políticos, algunos expertos en el tema han investigado más a profundidad los efectos de los distintos diseños de los órganos de control financiero. Alonso Lujambio, por ejemplo, sugiere características específicas para mejorar la efectividad en la detección de ilícitos. Entre éstas se encuentran la necesidad de incorporar mecanismos indirectos de control de los recursos13 e instrumentos de investigación formidables14 disponibles para los órganos fiscalizadores. Dada la ausencia de muchas de estas facultades legales en los países latinoamericanos, Lujambio pareciera implícitamente sugerir, que la mayoría de las instituciones de control de los recursos en esta región son ineficientes.15 A pesar de que los hallazgos en temas del financiamiento y la fiscalización son amplios, queda pendiente una cuestión. No se han incorporado indicadores medibles sobre la distribución y la gravedad de las sanciones ni experiencia de primera mano de los actores políticos y las autoridades (con excepción de la trayectoria personal del propio Lujambio). Por ello, el presente trabajo busca incorporar estas dos cuestiones a la evidencia sobre fiscalización, y aportar algo adicional al conocimiento sobre el tema. LA REGULACIÓN Y EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN EN MÉXICO México representa el caso de un país recientemente democratizado que ha tenido problemas con la fiscalización de los partidos políticos. El actual sistema no ha logrado dejar satisfechos a actores políticos, ciudadanía o siquiera a las propias autoridades electorales. Hay mucha evidencia de lo anterior, pero poca tan clara como las palabras del ex Consejero Presidente del IFE después de concluido el proceso de fiscalización de las campañas de 2012:

12 Nassmacher, Monitoring, control and enforcement of political finance regulation, 142-144. 13 Como son el monitoreo del gasto, la transparencia de la información financiera de los partidos, y la colaboración de los órganos fiscalizadores con otras instituciones. 14 Por ejemplo, el acceso de ciertas instituciones a la información resguarda por el secretario bancario, fiscal y fiduciario. 15 Alonso Lujambio, “La fiscalización de los gastos de los partidos políticos”, en Dieter Nohlen, Daniel Zovatto, Jesús Orozco y José Thompson (comps.), Tratado de derecho electoral comparado de América Latina. (México: Fondo de Cultura Económica, 2007), 824-835.

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Reconozco que el actual modelo de fiscalización es el más avanzado que hemos podido diseñar los mexicanos, pero obviamente es todavía insuficiente. Es claramente insuficiente ante el nivel de intensidad de nuestras contiendas electorales y para responder al reclamo social de mayor rendición de cuentas.16

Ahora, el caso mexicano cuenta con algunas diferencias que lo hacen distinto a la gran mayoría de los países. Una de estas particularidades es la gran cantidad de regulaciones que los partidos deben respetar en torno al dinero. La Tabla 2muestra que la legislación mexicana cuenta con la totalidad de las regulaciones más comunes a los recursos de los partidos encontradas por Michael Pinto-Duschinsky y previamente presentadas en la Tabla 1. Un marco legal tan extenso no es un caso representativo ni siquiera para América Latina. Incluso algunos actores dentro de los propios partidos mexicanos, quienes han sido los encargados de diseñar este sistema, plantean que el sistema está sobre-regulado y que esto representa un obstáculo a la agilidad, transparencia y certidumbre del proceso de fiscalización.17 Tabla 2: Reglas de financiamiento más comunes y su aplicación en México Fiscalización Topes a los gastos de campaña (cualquiera)

Aplicación en México [Legislación específica] “Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General” (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales [COFIPE], art. 229 párrafo 1).

16 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013, (México, 2013). 17 José Antonio Hernández Fraguas, comunicación personal, (México, 2013).

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Límites a las contribuciones (cualquiera)

“La ley […] señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41 sección II). “Cada partido político no podrá recibir anualmente aportaciones, en dinero o en especie, de afiliados y simpatizantes por una cantidad superior al diez por ciento del monto establecido como tope de gastos para la campaña presidencial inmediata anterior” (COFIPE, art.78 párrafo 4 inciso c) fracción I). “Las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral facultada para ello, tendrán un límite anual equivalente al punto cinco por ciento del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial (COFIPE, art. 78 párrafo 4 inciso c) fracción III).

Transparencia en la identidad de “En cada informe será reportado el origen de los recursos que se halos contribuyentes (cualquiera) yan utilizado para financiar los gastos campaña, así como el monto y destino de las erogaciones” (COFIPE, art. 83 párrafo 1 inciso d) fracción IV). Prohibiciones contra contribuciones de actores específicos (parciales o completas)

“No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de los estados, y b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada y paraestatal, y los órganos del Distrito Federal c) los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras d) los organismos internacionales de cualquier naturaleza e) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión f ) las personas que vivan o trabajen en el extranjero g) las empresas mexicanas de carácter mercantil” (COFIPE, art. 77 párrafo 2 incisos a-g).

Fuente: Elaboración propia a partir de Pinto Duschinksy, Michael (2002), Institute for Democracy and Electoral Assistance (2013) y COFIPE (2008).

Sin embargo, el contar con un marco regulatorio tan amplio representa también una ventaja metodológica puesto que las enseñanzas de este caso pueden extenderse a otros países que cuenten con al menos una de las regulaciones que México tiene. Un estudio

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sin esta ventaja sólo permitiría replicar los hallazgos a países con exactamente la misma regulación que el caso de estudio. Asimismo, el hecho de que se considere en el estudio únicamente a un país es ventajoso debido a que esto controla por factores económicos, sociales y políticos particularmente heterogéneos en el tema de la fiscalización. Queda por describir cómo es la fiscalización de los recursos de los partidos en México. Este proceso está integrado desde 1994 a las facultades del Instituto Federal Electoral. La Unidad de Fiscalización, órgano autónomo perteneciente a la estructura del IFE, se encarga de realizar la tarea de revisión de los recursos de los partidos a partir del Reglamento de Fiscalización vigente.18 Dicho esto, es posible identificar cinco etapas principales en el actual modelo de fiscalización de los partidos. La primera consiste en la rendición de cuentas a la autoridad electoral. Dentro de esta etapa los partidos presentan ante la Unidad de Fiscalización informes con el origen de los ingresos recibidos y el uso que se le dio a éstos durante el periodo correspondiente. El número de informes y la periodicidad de éstos varía de acuerdo a si se trata de un año electoral o uno ordinario. Después de que los informes son entregados comienza la segunda etapa del proceso: la revisión del origen y destino de los recursos. Para verificar que los recursos reportados por los partidos corresponden con la realidad, el artículo 83 del COFIPE establece que la Unidad de Fiscalización debe recibir, junto con los informes, un estado consolidado de la situación patrimonial de los partidos y de los bienes de los que son dueños firmado por un auditor externo. Además, la Unidad tiene la capacidad para realizar investigaciones y exigir toda la documentación necesaria a las organizaciones políticas cuando hay indicios de conductas fuera del marco legal. Con la aprobación de la reforma electoral de 2007-2008, el artículo 41 constitucional en su sección V establece que estas averiguaciones no están limitadas ni siquiera por el secreto fiscal, bancario y fiduciario presente en otras leyes. Adicionalmente los partidos políticos pueden iniciar, a través de quejas o denuncias, procedimientos administrativos contra otros partidos.19 En caso de que la autoridad fiscalizadora detecte irregularidades, se provee al partido político involucrado de un plazo específico para realizar las aclaraciones correspondientes. Si las aclaraciones no son satisfactorias, la Unidad debe notificar al partido que su respuesta no subsana los errores y debe brindar nuevas oportunidades para aclarar dichas deficiencias. Por ejemplo, para las campañas de 2012, los partidos tuvieron hasta ocho momentos distintos para ratificar las observaciones realizadas por la autoridad fiscalizadora.20 Si el partido es incapaz de aclarar que las irregularidades constituyen

18 El artículo fue escrito previo a la reforma del 2013. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). 2008. 19 Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, Elecciones, dinero y corrupción: Pemexgate y amigos de Fox (México: Cal y Arena, 2006). 20 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013.

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errores contables que no son violatorios de ninguna ley, entonces éstas se incorporan al dictamen consolidado elaborado por la Unidad de Fiscalización.21 La tercera etapa de la fiscalización consiste en la valoración que el Consejo General hace de la evidencia recopilada por la Unidad de Fiscalización en su dictamen consolidado. En dicho dictamen se presentan las irregularidades de los partidos que no fueron subsanadas y se sugieren las sanciones correspondientes. En este sentido, es de suma importancia tomar en cuenta dos aspectos de dichas sanciones. En primer lugar, consisten mayoritariamente en multas económicas. Por un lado, a pesar de que el COFIPE en su artículo 354 contempla una sanción de corte electoral, como es la pérdida del registro del partido involucrado, esto nunca ha llegado a ocurrir; otro tipo de penas electorales como la nulidad de la elección por rebase de topes de campaña no están incluidas en la legislación federal. En segundo lugar, como sucede en la mayoría de los países, los sujetos obligados a costear una sanción son primordialmente los partidos políticos. Esto corresponde con el criterio jurisdiccional conocido como culpa in vigilando aplicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que establece que los partidos políticos son los responsables en el tema de financiamiento de la vigilancia de la conducta de sus dirigentes, candidatos, militantes y simpatizantes.22 Dicho esto y volviendo al proceso de la fiscalización, a la revisión del dictamen consolidado le sigue la votación del mismo. En ésta, el Consejo General tiene la facultad de regresar el dictamen a la Unidad de Fiscalización en caso de que estén ausentes aspectos que se estiman como necesarios. Sin embargo, en caso de que el dictamen sea aprobado por una mayoría del Consejo General y que los partidos involucrados no estén de acuerdo con éste, se da la cuarta etapa de la fiscalización: la apelación. En este escenario, los partidos pueden recurrir al TEPJF y demandar la reducción de las sanciones aplicables. En principio, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el TEPJF puede determinar la reducción o eliminación de la pena. Ahora bien, en algunos casos ante demandas de otros partidos la misma ley establece que el Tribunal también puede ordenar al IFE comenzar investigaciones de conductas sospechosas encaminadas a aumentar la sanción.23 Posterior a la decisión del Tribunal se da el último paso en el largo camino de la fiscalización mexicana: el pago de la multa. Dicho cobro se realiza a través de una reducción al financiamiento público que los partidos reciben en el año siguiente en que la multa es impuesta. El pago no se realiza en una sola exhibición y puede prolongarse por varios

21 Marco Antonio Zavala, “Las novedades de la Reforma Constitucional de 2007 en materia de fiscalización”, en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coords.), Estudios sobre la reforma electoral 2007: hacia un nuevo modelo. (México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación2008), 407-484. 22 Córdova y Murayama, Elecciones, dinero y corrupción. 23 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Ley General del Sistema de medios de impugnación en materia electoral (México.: TEPJF, 2009).

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años.24 EL PORQUÉ DEL FRACASO DE LA FISCALIZACIÓN: EVIDENCIA CUANTITATIVA Y CUALITATIVA A pesar de la complejidad de este entramado institucional y de las diversas instancias de corrección y apelación disponibles para los partidos, el proceso de fiscalización mexicano, al igual que muchos otros en el mundo, no ha podido generar la confianza suficiente entre actores políticos, autoridades electorales ni ciudadanía. Tampoco pareciese que haya logrado reducir la cantidad de ilícitos financieros cometidos por los partidos. Para tratar de analizar las razones de esto se presentan a continuación tres partes de una misma explicación. Incentivos perversos de la ley Debido a severas fallas en su diseño, la fiscalización a los partidos mexicanos ha sido incapaz de disuadir el mal uso del dinero en la política, por lo que las leyes y los objetivos de éstas (como la búsqueda de equidad en la contienda) han sido continuamente transgredidos. Esto se refleja principalmente en tres aspectos: las continuas violaciones a los topes de campaña. el incentivo a no reportar gasto electoral, y el uso del prorrateo como instrumento para aumentar la inequidad de la contienda. En relación con el tope de gasto, históricamente los legisladores mexicanos no sólo no han sabido cómo diseñar mecanismos para hacer respetar esta regla, sino que han brindado incentivos para violarla. Antes de la reforma electoral 2007-2008 llegaba a ocurrir que el financiamiento electoral asignado a los partidos más grandes superara al tope agregado de gastos de campaña.25 En otras palabras, el régimen de financiamiento público les otorgaba a algunos partidos más recursos de los que eran permitidos gastarse, lo que facilitaba la violación al tope máximo establecido por la ley. A partir de 2008, el cambio en la fórmula de asignación de financiamiento público ha prevenido esta situación. Sin embargo, siguen existiendo otros incentivos perversos para violar el tope de gasto. Uno de los más importantes consiste en que la violación de esta regla pareciera brindar ventajas significativas para lograr triunfos electorales. Así lo demuestra el Gráfico 1, que compara el porcentaje de candidatos que alcanzaron la victoria rebasando el tope de gastos de campaña contra el del total de las candidaturas del mismo partido o coalición para las recientes elecciones de 2012. Puede observarse que en todos los casos fueron mucho más exitosas las candidaturas que violaron la ley

24 Córdova y Murayama, Elecciones, dinero y corrupción. 25 Córdova y Murayama, Elecciones, dinero y corrupción.

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en comparación con las que respetaron la misma. La diferencia más dramática es la del PAN, en el cual el 50% de los candidatos que rebasaron el tope de gastos de campaña ganaron su elección, mientras que de entre el total de candidatos (incluyendo a los que sí respetaron esta regla), el porcentaje desciende a un 17%. Lo anterior se explica debido a los beneficios que el dinero trae consigo en una campaña y que ya han sido mencionados. El resultado final es que, tan sólo en 2012, 199 candidatos a puestos de nivel federal rebasaron el tope de gastos de campaña y 115 de ellos resultaron electos para un puesto político. Gráfico 1: Comparación de candidaturas violadoras del tope de gastos de campaña contra todas las candidaturas por partido político o coalición26

Fuente: Elaboración propia a partir de IFE (2013) y Congreso de la Unión (2013).

El problema en la legislación consiste en que no existen mecanismos para evitar este incentivo a violar los topes y así aumentar las posibilidades de victoria electoral. Por un lado, la nulidad por rebase de tope de gastos no está contemplada en la legislación mexicana. 27 Por otro lado, las sanciones que sí están contempladas, como las multas económicas, son claramente insuficientes. El Gráfico 2, que compara el total del monto de las sanciones contra el total del financiamiento público para 2012, muestra esta situación.

26 Para fines de una comparación más justa en la elaboración de la proporción de candidaturas victoriosas se utilizaron sólo el mismo tipo de candidatura de quienes rebasaron los topes de gasto. Por ejemplo, dado que los únicos dos candidatos del PAN que rebasaron el tope eran candidatos a diputados, en este caso sólo se utilizaron para la comparación el total de los candidatos a diputados y no a senadores o presidente de la República. No se incluyen candidatos de Nueva Alianza porque ninguno de ellos violó el tope de gastos. 27 Escrito antes de la reforma del 2013. Actualmente, si se considera nulidad por rebase de topes de campaña.

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Las multas representan apenas el 6.65% de los recursos públicos de los partidos, por lo que no parece que las sanciones son un disuasivo importante al rebase de los topes de campaña. El Gráfico 3, que hace la misma comparación con datos de 1997 a 2012, indica que la tendencia histórica no es muy distinta a lo que sucedió en 2012. Las sanciones para todo el periodo representan apenas el 7.13% del financiamiento público de los partidos. A esto habría que agregar el hecho de que el IFE permite pagar las multas a plazos. Esto extiende el horizonte temporal de costos de los partidos, lo que podría hacer parecer a las sanciones aún más insignificantes. Gráfico 2: Proporción de multas sobre financiamiento público, 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFE (2013). Nota: Para 2012 se toman en cuenta sólo las multas por actividades de campaña, puesto que la fiscalización de las actividades ordinarias partidistas no ha concluido aún.

Gráfico 3: Proporción de multas sobre total de financiamiento público (1997-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IFE (2012 y 2013).

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Un segundo problema con el diseño de la fiscalización es que éste incentiva a no reportar el gasto utilizado en tiempos de campaña electoral, lo que va en contra de todas las reglas relativas a la transparencia de los recursos. Esto se debe a la forma en la que se calcula el gasto que los partidos no declaran al IFE. En estos casos, la Unidad de Fiscalización le asigna a los eventos o la propaganda no declarada el valor promedio de los gastos que sí fueron registrados en los informes de campaña. Posteriormente se aplica una sanción de 150% del monto estimado del gasto que no fue reportado. Evidentemente, para las organizaciones políticas el mejor escenario posible es que el gasto no reportado nunca sea descubierto. De esta manera, no pagan la sanción del 150% del monto de lo no declarado y estos egresos no aumentan la probabilidad de rebasar el tope máximo de campaña u otros límites. Sin embargo, a los partidos les reditúa que, en caso de que el gasto no reportado sea descubierto, éste sea de la propaganda o los eventos políticos más costosos. Esto porque, dados los criterios de la Unidad de Fiscalización, son calculados como el promedio de otros gastos; es decir, cuando los gastos son grandes éstos son calculados a la baja. Por lo tanto, la sanción será menor a lo que en realidad debería ser y el gasto no abonará tanto como debiera al total de los egresos del partido. En las elecciones de 2012 es posible encontrar diversas muestras de este incentivo perverso. En total se estimó que no se reportaron 189.90 millones de pesos, lo que representa el 7.2% de todo el gasto electoral.28 Muchos de estos egresos no registrados fueron en egresos de grandes proporciones, que pareciese que fueron sub-calculados por la autoridad fiscalizadora. Por ejemplo, de acuerdo con asesores del PRD dentro del IFE, los espectaculares no reportados del candidato presidencial de la coalición Compromiso por México fueron tasados en aproximadamente $20,000 cuando el valor de éstos a costo de mercado rondaba en $40,000 dado su tamaño y ubicación.29 Ahora, una revisión al contenido del dictamen consolidado arroja que la Coalición Movimiento Progresista se benefició de la misma regla al dejar de reportar 470 espectaculares que fueron tasados en cerca de $11,000; es decir, probablemente, una cantidad muy inferior al precio de mercado real de acuerdo con la misma coalición.30 Finalmente, está el tema de un instrumento perfectamente legal desde hace muchos años y que ha sido ampliamente utilizado en muchas campañas electorales: el prorrateo. Dicho instrumento hace referencia a la repartición de gastos de campaña a criterio de

28 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013. 29 Silvia A. Reza, Comunicación personal, (México, 2013). 30 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013.

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los partidos, establecida en el artículo 177 del reglamento de fiscalización.31 El prorrateo de gastos cobró gran relevancia a partir de que, en 2012, la Coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) aplicó criterios poco igualitarios para la distribución del gasto entre sus candidatos. El promedio de gasto “prorrateable” asignado a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue de tan sólo el 1%, mientras que las campañas de los diputados y senadores de la Coalición Compromiso por México absorbieron el resto del costo. Sin embargo, poco se habla de que el prorrateo había sido utilizado en elecciones anteriores de maneras incluso más exageradas. Por ejemplo, en 2006 el gasto prorrateado a la campaña de Felipe Calderón, candidato del PAN, fue del 0% de los gastos de la publicidad compartida con otros candidatos.32 A pesar de ser un instrumento legal, el lado negativo de una regla como el prorrateo es que crea una “verdad contable” muy distinta a la realidad y que podría estar generando ilícitos que nunca son castigados. A partir del prorrateo, un candidato puede gastar de manera excesiva y vulnerar de facto los topes de campaña. Sin embargo, con la distribución de sus gastos entre muchos otros candidatos puede esquivar cualquier falta a la ley o transferirla a candidatos con menor visibilidad. Las campañas de 2012 son ilustrativas de muchos de los abusos en el uso del prorrateo. Por ejemplo, en el cierre de campaña de Enrique Peña Nieto, celebrado en el Estadio Azteca, el gasto fue distribuido entre 99 candidatos y a la candidatura presidencial de EPN sólo se le cargó el 1% del costo del evento. La legitimidad de esto es debatible si se considera que muchos de los restantes 98 candidatos “beneficiados” por el cierre de campaña ni siquiera tuvieron la oportunidad de pronunciar un discurso en dicho evento. A pesar de esto, a muchos de ellos se les prorrateó un gasto mayor que a la candidatura presidencial. El resultado de ejemplos como el anterior es que, como los propios consejeros del IFE admiten, el tope de gastos de campaña se vuelve ficticio y su objetivo como política pública, la búsqueda de equidad entre los contendientes, queda totalmente vulnerado.33 Falta de claridad en los criterios de fiscalización Ahora bien, las fallas de la fiscalización en México no son atribuibles sólo a la generación de incentivos perversos por parte de reglas mal diseñadas que han estado presentes desde hace muchos años. Una de las razones por la que algunos sectores de la sociedad

31 De acuerdo con dicho artículo, la mitad de los gastos prorrateables deberán ser distribuidos de manera igualitaria entre todas las campañas. La mitad restante sí será distribuida de acuerdo a los criterios de cada partido en concordancia con las campañas beneficiadas. 32 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013. 33 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013.

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quedaron tan insatisfechos con la actuación de la autoridad electoral en 2012 es que no fue del todo claro qué era lícito y qué no a la hora de gastar. En otras palabras, no hubo claridad acerca de cuáles eran las reglas del juego. Lo anterior no es exclusivo del proceso electoral de 2012, pues la fiscalización es un tema que, por su naturaleza, cuenta con múltiples detalles y es imposible incluir todos en un código legal. Esto se acentúa incluso más en un sistema tan regulado como el mexicano. Por ello, a pesar de lo detallada que pueda ser la normatividad en torno al tema del dinero, muchas de las labores de auditoría se prestan a la interpretación discrecional de la autoridad fiscalizadora. Aunado a esto, el hecho de que el Reglamento de Fiscalización haya cambiado para cada proceso electoral desde 2003 complica la generación de experiencia y el proceso de aprendizaje tanto de partidos como de autoridades fiscalizadoras. Esto sucedió nuevamente en 2012, cuando el Reglamento de Fiscalización de 2011 fue aplicado por primera vez para auditar el gasto de 1,605 campañas. La Unidad de Fiscalización tuvo que utilizar criterios sumamente discrecionales para discernir cuáles conductas representaban actos lícitos y cuáles no. Ante casos como éste, donde hay nuevas y complicadas reglas, es recomendable un estado pleno de información y asistencia de la autoridad.34 Esto no sucedió en las elecciones de México de 2012. El hecho de que los grupos de auditores evaluaran por separado a los partidos y coaliciones provocó que cada uno aplicara criterios distintos, generados sobre la marcha, de acuerdo a las conductas que observaba.35 Para algunos actores políticos, las interpretaciones que hicieron los auditores de la Unidad de Fiscalización del Reglamento en la materia y del COFIPE fueron ilegales y contradictorias con el propósito de proteger a la Coalición Compromiso por México.36 El autor de éste ensayo no comparte que las acciones de la autoridad fiscalizadora hayan tenido esta intencionalidad política, pero sí que los criterios de los auditores no fueron los más claros ni consistentes. Esto llegó al extremo de contradicciones entre los criterios adoptados por las autoridades, el propio Reglamento de Fiscalización e incluso con la Constitución. La aplicación del prorrateo, por ejemplo, fue controversial debido a que ni siquiera al interior de la autoridad electoral estaba claro para cuántas candidaturas podía aplicarse, en qué casos, o si este instrumento podía ser utilizado en el gasto no reportado.37 Sin embargo, probablemente el hecho que más complicó la labor de auditoría de la Unidad de Fiscalización fue la existencia de una coalición parcial, la Coalición Compromiso por México, y partidos o coaliciones que postularon a los mismos candidatos

34 Nassmacher, Monitoring and Enforcemenet,145-145. 35 Reza, Comunicación personal. 36 Camerino Márquez Madrid, comunicación personal, (Mexico:, 2013) 37 Véase IFE, 2013b

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para los 365 puestos de elección popular de primera minoría.38 La decisión de aplicar los mismos criterios para ambos tipos de contendientes generó un gran número de dudas y objeciones. Por la aplicación de las normas que se hizo a los partidos coaligados parcialmente, éstos enfrentaron un umbral de tope de gastos agregado más alto que el resto de los partidos, pues tuvieron un mayor número de candidatos que una coalición total o un partido político. Otra ventaja de las coaliciones parciales es que éstas tienen más candidatos para poder prorratear su gasto, lo que les permite esquivar el tope de gastos de campaña más fácilmente. Debido a esto, para consejeros electorales del IFE como Benito Nacif, con esta aplicación de las reglas se violaron principios constitucionales como el del artículo 41 sección II, que establece que los partidos contarán de manera equitativa con recursos para llevar a cabo sus actividades.39 Una muestra puntual de lo que el consejero Nacif defiende es la visita de Enrique Peña Nieto a Monterrey el 22 de abril de 2012. En el evento estuvieron presentes tanto candidatos de la Coalición Compromiso por México, como del PRI y del PVEM que no pertenecían a la Coalición y el gasto del mismo fue prorrateado entre todos éstos. Esto implicaba que el gasto fue repartido entre candidatos que competían por un mismo puesto (los candidatos del PRI y del Partido Verde que no formaban parte de la Coalición). Existen elementos para considerar tal criterio como ilegal, pues viola el artículo 125 del Reglamento de Fiscalización que prohíbe la facturación conjunta entre partidos. Además, en un caso extremo implica que el gasto de la Coalición Compromiso por México podía ser repartido hasta en 510 candidatos. Este prorrateo a gran escala le brindaba una ventaja significativa a estos partidos para evitar el rebase de topes. Por ello fue uno de los asuntos más polémicos del dictamen y que más dudas generó en torno al verdadero gasto de los partidos (IFEa, 2013). Instancias de apelación pasivas Como ya se ha mencionado, el TEPJF es el órgano encargado de resolver las inconformidades de los partidos en relación con las decisiones sancionatorias del IFE. En ocasiones ha sido parte fundamental del proceso de fiscalización. Por ejemplo, el Tribunal ha reabierto investigaciones donde el IFE en un primer momento no había detectado ilícito alguno. El caso paradigmático de lo anterior es el conocido como Amigos de Fox, en el cual la Alianza por el Cambio, integrada por el Partido Acción Nacional y el

38 El término coalición parcial hace referencia a que los partidos coaligados postulan un mismo candidato para algunos puestos y candidatos distintos para otros. En cambio, la coalición total postula los mismos candidatos para todos los puestos sometidos a votación. En el caso de elecciones federales una coalición total consiste en 365 candidaturas conjuntas. 39 IFE, Versión estenográfica de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral del 15 de julio de 2013.

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Partido Verde, recibió dinero para la campaña de Vicente Fox a través de esquemas de triangulación de fondos. En primera instancia la Comisión de Fiscalización fue incapaz de suponer la existencia de conductas ilegales. Sin embargo, a raíz de una queja interpuesta por el PRI en el Tribunal, éste último reabrió la investigación y dotó al IFE de acceso a información protegida por el secreto bancario y fiscal. A partir de estas nuevas investigaciones, el Instituto Federal Electoral le impuso al PAN y al PVEM una multa millonaria, no sólo por no haber reportado financiamiento recibido para la campaña de Vicente Fox, sino porque buena parte del origen de este dinero provenía de fuentes ilícitas.40 A pesar de que el Tribunal dispone de este gran contrapeso al poder del IFE, de acuerdo con expertos en derecho, es más bien raro que el primero ordene nuevas investigaciones encaminadas a encontrar ilícitos en las cuentas de los partidos.41 De igual manera, no es común que el TEPJF contradiga las sanciones impuestas por el Consejo General. De hecho, del total de multas impuestas por el Instituto Electoral de 1997 a 2009, el Tribunal sólo ha reducido 7% de las mismas. Este carácter pasivo del TEPJF es similar para todos los partidos. Así lo muestra el Gráfico 4, que compara la distribución del total de las multas impuestas por el IFE y las que son ratificadas por el Tribunal Electoral después de resueltas las impugnaciones de los partidos. La proporción que se muestra corresponde al total de las multas del periodo de 1997 a 2009.42 Para algunos partidos, como el PAN, el PRI y los partidos más pequeños, la proporción aumenta ya sea por cambios en los criterios sancionatorios o debido al ordenamiento de nuevas investigaciones. Para el resto de los partidos, la proporción de las sanciones son reducidas. No obstante, como puede observarse, en todos los casos los cambios son marginales. Tal vez la única excepción sea la del PVEM, el cual ha visto reducidas sus multas en un 39%.

40 Córdova y Murayama, Elecciones, dinero y corrupción. 41 José Antonio Caballero, comunicación personal, (México: 2012). 42 La información para años posteriores no se encuentra disponible en el IFE probablemente debido a que las quejas para 2010, 2011 y 2012 no han sido desahogadas por la justicia electoral.

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Gráfico 4: Proporción de sanciones 1997-2009 a partidos políticos mexicanos impuestas por el IFE y revisadas por el Tribunal Electoral

Fuente: Elaboración propia con base en IFE (2012).

Un análisis del desempeño del Tribunal revela una gran heterogeneidad, aunque con una tendencia parecida a la del Gráfico 4; es decir, a la pasividad y a la confirmación de las resoluciones del IFE. Para muchos años dentro del periodo (9 de 13), el TEPJF prácticamente no modificó el monto de las multas aplicables a los partidos (lo hizo en menos de un 3% del total de la sanción). Igualmente, no puede decirse que el Tribunal haya adoptado una postura más proactiva en los últimos años, pues desde 2005 no ha reducido las multas en una proporción considerable (de 2006 en adelante, el promedio de cambio ha sido de sólo un 0.275%).43 Con este análisis no quiere culparse en demasía al TEPJF. Como se expuso en el ensayo, buena parte de las fallas de la fiscalización corresponden a reglas deficientes cuya elaboración está fuera de las manos del Tribunal. Sin embargo, el autor considera que el Tribunal sí puede colaborar en el proceso de fiscalización en al menos dos sentidos. Por un lado, la intervención de la justicia electoral puede ser útil tomando en cuenta las impugnaciones de los partidos que hacen referencia a algunos de los criterios nebulosos de la Unidad de Fiscalización que fueron descritos en la sección anterior. Una interpretación sólida de las leyes de fiscalización por parte de los jueces facilitaría la tarea

43 IFE, Sanciones impuestas por año. (2012).

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de los auditores, por lo que el número de delitos electorales detectados probablemente aumentaría. Por otro lado, la vigilancia entre partidos también provee un buen mecanismo para que el Tribunal ordene reabrir investigaciones cuando existan sospechas fundadas de que se cometieron ilícitos asociados con el financiamiento. Prueba de ello es el caso de Amigos de Fox, una experiencia positiva de intervención jurídica que debería de ser repetida con mayor frecuencia por el TEPJF. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA

Como se ha expuesto en este ensayo, las problemáticas del modelo de fiscalización mexicano son muchas. Por un lado, algunas reglas (o la ausencia de éstas) incentivan la violación de otras reglas o la contradicción con principios que el sistema electoral busca defender. Por otro lado, estas reglas deficientes no son del todo claras para los partidos y en ocasiones se aplican de manera poco uniforme y hasta posiblemente ilegal. Finalmente, la instancia jurídica de apelación disponible (el TEPJF), más allá de algunas contadas excepciones, no ha sido lo suficientemente proactiva para corregir las deficiencias en las labores del IFE y de la Unidad de Fiscalización. Ahora, el hecho de que en este ensayo la unidad de análisis consista en un solo caso hace difícil tratar de extrapolar estas conclusiones. Por ello, no se busca proponer que estas tres causas sean necesarias y suficientes para explicar una fiscalización deficiente en otras partes del mundo, pero sí que debe prestarse atención a estas variables. Con esta advertencia en mente queda por resolver cómo corregir estas fallas en el proceso de fiscalización. Una de las soluciones propuestas más sencillas es la de políticos como el representante del PRI ante el IFE, José Antonio Hernández Fraguas, quien recomienda desregular el sistema con el fin de hacer las normas mucho más sencillas. Con ello se piensa que incluso la ciudadanía podría llegar a interesarse más por los temas de fiscalización y abandonar la desconfianza que permea actualmente en el sistema.44 Sin embargo, adoptar esta sugerencia podría implicar el abandono de aspectos normativos valiosos tutelados por la actual regulación y abrirle la puerta a algunos de los efectos nocivos del dinero en la política mencionados anteriormente. Por tanto, la cuestión es regular de manera adecuada el proceso de fiscalización y no abandonarlo del todo. Para ello, el primer paso consiste en eliminar los incentivos perversos actuales en la ley. Esto implica aumentar las multas para que éstas puedan servir como un verdadero disuasivo y no sólo como una forma cómoda y benévola de sanción. Habría que aumentar las sanciones aún más por rebase de topes de campaña y considerar la nulidad de la elección cuando se rebase por amplio margen dicho gasto máximo. De igual manera,

44 José Antonio Hernández Fraguas, comunicación personal, (México: 2013).

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hace falta calcular el gasto no reportado a través de un cálculo para cada caso y no a través del promedio del gasto que sí fue reportado. En este sentido si el partido involucrado se niega a otorgar información sobre dicho gasto no reportado debería ser posible requerir información a cualquier persona física o moral como, de acuerdo con Carlos Navarro, ya sucede en muchos otros países.45 Finalmente, hacer un tope de gastos para las 365 campañas de primera minoría sometidas a votación por partido o coalición en elecciones federales, como reemplazo a un tope para cada una de las campañas, acabaría con una regla violatoria de la búsqueda de equidad como es el prorrateo. En relación con la falta de criterios claros de fiscalización no sería sano tratar de prever todas las interminables formas de recibir y erogar recursos en una campaña electoral. No sólo difícilmente sería posible sistematizar todas ellas, sino que haría la labor de auditoría de gastos de la Unidad de Fiscalización incluso más complicada de lo que es hoy en día. Por ello, basta con establecer reglas claras sobre cuáles serán los criterios generales de fiscalización y, tal como la literatura sobre el tema sugiere, informarlos con anterioridad a todos los partidos. Además, es necesaria la coordinación y comunicación entre quienes se encargan de auditar los recursos de los partidos. Un error grave es separar y mantener aislados a estos auditores de acuerdo al partido o coalición que les ha tocado analizar. Esto previene un sano proceso de aprendizaje e incentiva que los criterios sean poco uniformes hasta al punto de llegar a contradecir algunos aspectos de leyes de mayor jerarquía. Finalmente, las recomendaciones para mejorar el proceso de apelación, a grandes rasgos, ya han sido mencionadas. A un tribunal electoral no puede exigírsele que invente reglas nuevas que sean más adecuadas para perseguir los propósitos que busca la ley. No obstante, lo que los jueces sí pueden hacer es una interpretación de la ley que genere precedentes para evitar nuevas controversias. Esto sería particularmente útil para, por ejemplo, aclarar si algunos de los criterios de la Unidad de Fiscalización seguidos en 2012 eran violatorios ya fuese del Reglamento de Fiscalización, del COFIPE o inclusive de la Constitución. Adicionalmente, el Tribunal podría retomar el rol que en ocasiones ha tenido como iniciadora de investigaciones relevantes encaminadas a la detección de ilícitos de gran magnitud. Evidentemente, esta gran sacudida al sistema de fiscalización no sería de ninguna manera sencilla. Principalmente con estos cambios se afectaría a los partidos políticos que han podido aprovecharse de estas deficiencias para obtener un balance positivo a la hora de violar la ley o los valores que ésta, supuestamente, defiende. Sin embargo, la introducción de estos cambios aumentaría la equidad en las contiendas electorales, brindaría una mayor certeza acerca de quiénes son los proveedores económicos de los

45 Lujambio, “La fiscalización de los gastos de los partidos políticos”.

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partidos y probablemente reduciría la influencia de éstos. Esto beneficiaría directamente a la ciudadanía en dos sentidos. En primer lugar, su decisión a la hora de votar sería mucho más informada y, por tanto, mucho más libre. En segundo lugar, los partidos se preocuparían más por satisfacer a sus potenciales electores y no tanto a quienes les otorgan los recursos para su financiamiento.

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MÉ X IC O Y EL MUNDO . LA PO LÍ T I CA I N TE RNACI O NA L DE FELI PE CA LD ER Ó N Eduardo Torres Alonso1 A partir de una amplia definición de política exterior, se exponen los principios y las prácticas que México ha seguido en esta materia desde la segunda mitad del siglo XX. El contenido del artículo se divide en dos secciones. En la primera, se delinean algunos trazos históricos de la política exterior mexicana: se muestran los principios que la rigen, se explican los orígenes de las doctrinas Estrada y Carranza y, por último, se exponen algunas de las acciones y políticas que se han tomado en esta materia desde el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hasta el del presidente Vicente Fox. La segunda sección hace una revisión crítica a la política exterior del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa: sus avances, retrocesos, estancamientos y aciertos o errores; en otras palabras, sus decisiones ante el mundo. Para concluir, se presentan unas consideraciones finales en las que se comentan los cambios que se han seguido en el posicionamiento de México frente al mundo durante los sexenios más recientes. INTRODUCCIÓN

a política exterior es un tema de alta prioridad para los Estados. Los múltiples circuitos estratégicos para el desarrollo –comerciales, políticos, culturales y sociales– hacen que los países identifiquen objetivos prioritarios en el contexto internacional y diseñen, instrumenten y ejecuten planes y programas que les permitan alcanzarlos. De esta manera, la política exterior de cada país tiene un perfil claro y una meta que cumplir. LA POLÍTICA EXTERIOR MEXICANA: ALGUNOS TRAZOS HISTÓRICOS Se entiende por política exterior al conjunto de políticas, decisiones y acciones que integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente; basado en principios claros, sólidos e inmutables; que se enriquece y mejora de forma permanente; por el cual cada Estado o actor internacional define sus líneas de conducta y establece metas y acciones en los campos que trascienden sus fronteras y que pueden incidir al interior de las suyas. La

1 Eduardo Torres Alonso. Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

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política exterior es aplicada de forma sistemática con objeto de encauzar y aprovechar el entorno internacional para cumplir los objetivos nacionales y mantener relaciones cordiales con el exterior.2 La política en la materia que practica México está basada en un conjunto de principios, surgidos a partir de la experiencia histórica nacional, que reclaman consideración y respeto; ha destacado por su activismo bilateral y multilateral; ha construido y acrecentado una larga y muy prestigiosa tradición diplomática que le ha valido un amplio reconocimiento en el concierto de naciones, y ha sido desplegada por un personal de muy alto perfil adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).3 Tales principios se encuentran establecidos en la fracción X del artículo 89 constitucional: autodeterminación de los pueblos; no intervención; solución pacífica de controversias; proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo y lucha por la paz y la seguridad internacional. Las constantes intervenciones que sufrió México durante el siglo XIX propiciaron que uno de los fundamentos de las relaciones con el exterior fuera el respeto absoluto a la soberanía. En las invasiones sufridas por México se encuentran las semillas que dieron origen a dos doctrinas fundamentales: la Carranza y la Estrada. La primera fue establecida por el presidente Venustiano Carranza y sostiene la igualdad entre los Estados, desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación, y decreta la equivalencia de derechos nacionales y extranjeros ante las leyes de un país. Por otro lado, la doctrina Estrada surgió de la iniciativa del secretario de Relaciones Exteriores del presidente Pascual Ortiz Rubio, Genaro Estrada Félix, quien estableció la posición de mantener o romper relaciones con otro país sin que ello significara la aprobación o reprobación de sus gobiernos locales. En este sentido, sostuvo que cuando se produzca la ruptura del orden constitucional, el gobierno mexicano no emitirá un acto de reconocimiento, sino que se limitará a romper o mantener las relaciones diplomáticas. En la segunda mitad del siglo XX surgió lo que se conoce como la doctrina Díaz Ordaz que quedó establecida al calor del conflicto Cuba-Estados Unidos. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz aplicaría la doctrina Estrada de manera positiva al mantener el reconocimiento diplomático (de Cuba, en este caso) independientemente del carácter u orientación de los gobiernos. Una segunda aplicación, pero ahora de significado negativo, ocurrió cuando el presidente Luis Echeverría Álvarez no vaciló en romper relaciones diplomáticas con Chile, condenando el gobierno golpista de Augusto Pinochet. En la gestión del presidente Miguel de la Madrid se redujo el activismo internacionalista y su política exterior se concentró en la problemática en América Latina. Durante su administración, México participó en asuntos de seguridad mediante la promoción

2 Edmundo Hernández-Vela Salgado, Diccionario de política internacional (México: Porrúa, 2002), 935. 3 Hernández Vela Salgado, Diccionario de política internacional,155.

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de soluciones pacíficas y negociaciones multilaterales de acuerdos de paz para la solución de los conflictos bélicos de Centroamérica. En el último año de su gobierno, De la Madrid elevó a rango constitucional los principios de la política exterior mexicana, mismos que permitieron delinear los códigos de conducta que el Estado mexicano habría de cumplir con relación a su comportamiento exterior. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988. En el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, México aprovechó los medios a su alcance para incrementar su presencia en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); su incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a la Organización Mundial de Comercio (OMC). El eje de la política modernizadora fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero no fue el único de esta materia suscrito durante este periodo: se firmaron tratados de libre comercio con Costa Rica y Nicaragua y, en el marco del Grupo de los Tres, con Colombia y Venezuela. La firma del TLCAN hizo evidente la atención que proporcionaba el gobierno por los países del norte del continente, pero su visión no estaba limitaba a las relaciones con ellos: los esfuerzos que realizó el gobierno del presidente Salinas para alcanzar mejores lazos de comunicación y vinculación con Iberoamérica son de destacarse. Fue, por ejemplo, promotor y anfitrión de la Primera Cumbre Iberoamericana en 1991. Además, durante la negociación del proceso de paz en El Salvador, México fue considerado para ser parte del mismo a invitación del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Pérez de Cuéllar. Finalmente, en 1992, fue firmado en el Castillo de Chapultepec el acuerdo de paz definitivo entre el gobierno y la guerrilla de aquella nación.4 El presidente Ernesto Zedillo consideró como principio rector de la política de seguridad nacional y de la política exterior el fortalecimiento de la soberanía. Los objetivos de ésta última fueron: 1) fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad nacional y el imperio de la ley en todo el territorio mexicano; 2) recuperar, preservar y hacer valer la nueva estatura política y el mayor peso económico de México frente a los centros económicos mundiales y en los foros multinacionales; 3) asegurar que la política exterior, en los consensos bilaterales, multilaterales y de cooperación, respalde y refleje los intereses de México; 4) renovar la política exterior para asegurar una vinculación profunda con el país, sus desafíos y sus éxitos, su cultura y sentido de pertenencia entre las comunidades de mexicanos ubicadas en el extranjero; 5) promover posiciones internacionales acordes con las transformaciones internas y, en su caso, con el principio de corresponsabilidad entre naciones en torno a los grandes temas mundiales de la posguerra fría: la estabilidad financiera internacional, el libre comercio, y la

4 Luis Eduardo Garzón Lozano, “25 años de política exterior en México. Carta de navegación para un país a la deriva”, El Cotidiano 24(156) (2009): 124.

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migración; la democracia, los derechos humanos, y el cuidado del medio ambiente; y el narcotráfico y el terrorismo.5 En este sexenio iniciaron las distancias entre México y América Latina, siendo el caso cubano uno de los más representativos. Comentarios irónicos del comandante Fidel Castro6 provocaron molestias en el gobierno zedillista, que comenzó a hacer declaraciones en torno a la falta de apertura política en Cuba. Este suceso provocó el llamado a consultas del embajador mexicano en la isla por el presidente Zedillo y el enfriamiento de la relación, lo que obligó al Canciller cubano a trasladarse a México para aclarar el malentendido. Este episodio, por demás desafortunado, llevó al presidente Zedillo a no realizar lo que ya era una tradicional visita de trabajo a Cuba; hasta que en el marco de la IX Cumbre Iberoamericana, en 1999, pisó tierra cubana.7 El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 correspondiente al gobierno de Vicente Fox, persiguió la consecución de tres objetivos centrales en la materia que nos ocupa: a) proyectar una nueva imagen de México frente a la comunidad internacional; b) priorizar la relación estratégica con Estados Unidos; c) fortalecer la presencia del país en los más importantes foros multilaterales. Junto con estos tres objetivos, se delinearon diez ejes de acción: 1) impulso de la imagen de México como país plural, seguro y democrático; 2) desempeño de un papel más activo en la definición del sistema internacional del nuevo siglo; 3) promoción del desarrollo económico sostenido y sustentable, en donde los beneficios lleguen a todos los sectores; 4) apoyo y promoción de los derechos humanos; 5) reevaluación de la posición de México en los temas en donde antes no asumía un papel activo; 6) fomento de la interacción entre México, Canadá y Estados Unidos; 7) instrumentación de nuevas bases para una mejor relación con Estados Unidos; 8) impulso a las relaciones de México con los países latinoamericanos; 9) generación de mejores relaciones con Brasil; 10) fortalecimiento de un proceso de instrumentación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, muchos de los planes de la administración foxista se borraron (un acuerdo migratorio integral, por ejemplo). Más aún, la intención de jugar un papel más activo en los organismos multilaterales llevó a México al Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2002-2003, por lo que se enfrentó un dilema importante cuando a tal organismo llegó la propuesta de invadir Iraq. En el año 2005 en Waco, Texas, los presidentes de México y Estados Unidos, Vicente Fox y George Bush, respectivamente, y el primer ministro canadiense, Paul Martin,

5 Garzón Lozano, “25 años de política exterior en México. Carta de navegación para un país a la deriva”, 121. 6 Fidel Castro mencionó que los niños mexicanos conocían a Mickey Mouse mejor que a sus héroes patrios. 7 Garzón Lozano, “25 años de política exterior en México. Carta de navegación para un país a la deriva”: 126; María de Lourdes Ramírez Flores y Andrés Ruiz Pérez, “La política exterior en México: breve evaluación de los últimos 3 años”, Bien Común, 15(186) (2010): 98.

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sostuvieron una cumbre trilateral para el lanzamiento de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. En los meses siguientes el gobierno estadounidense implementó la Iniciativa de Seguridad Fronteriza, que incidía en el tratamiento policial de la inmigración ilegal. Además, la Cámara de Representantes de ese país aprobó la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y el Control de la Inmigración Ilegal (HR 4437), que preveía la construcción de una barrera de contención física y vigilancia electrónica a lo largo de una parte de la frontera con México (1,125 km). La doctrina de seguridad de Estados Unidos se tradujo en el uso de todos los recursos disponibles en el marco de su sistema de defensa para buscar y destruir a sus enemigos o a todo aquel que apoyara a los líderes del terrorismo.8 Los principales aciertos de la política exterior de este sexenio fueron: el ingreso de México al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente; el fallo de la Corte Internacional de Justicia a favor de México en el caso de los condenados a muerte en Estados Unidos, y la posición de México de mantenerse en la Corte Penal Internacional a pesar de las presiones de Estados Unidos. Los desaciertos más notorios fueron: las crisis diplomáticas con Cuba y Venezuela; el intento fallido del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, de convertirse en el titular de la Secretaría General de la OEA; el fracaso de un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, y las penosas declaraciones del presidente Fox, como el caso de los “negros” que no quieren realizar los trabajos que ocupan los mexicanos en Estados Unidos.9 FELIPE CALDERÓN Y EL MUNDO Al principio de su campaña, Felipe Calderón publicó el documento El reto de México: lineamientos generales de política pública. Ahí postuló una política exterior “definida y activa” que sería una “palanca de todos los mexicanos”. Su programa estaba estructurado en 16 puntos: 1) complementar las acciones del gobierno mexicano con los Objetivos del Milenio propuestos por la ONU; 2) promover activamente los derechos humanos y la democracia en el plano nacional e internacional; 3) incrementar la participación política de México en organismos internacionales, así como foros multilaterales, promoviendo el respeto a los derechos humanos y el desarrollo humano sustentable; 4) redoblar esfuerzos para garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos de los migrantes en el exterior; 5) buscar un acercamiento más sólido con las comunidades de mexicanos en el exterior; 6) mejorar los servicios consulares transformándolos en verdaderos promotores de las comunidades en el extranjero; 7) incrementar la coopera-

8 Olga Pellicer et. al., “Las relaciones de México con el exterior: un breve diagnóstico”, en México ante el mundo: tiempo de definiciones. (México: Fondo de Cultura Económica, 2006): 30-32. 9 Rafael Velázquez Flores, “Una propuesta de política exterior para 2006-2012”, Nueva visión socialdemócrata, (3-4) (2006): 41.

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ción bilateral con Estados Unidos y Canadá, analizando distintas opciones en materia migratoria, comercial y de seguridad; 8) promover un acuerdo migratorio, basado en programas de empleo temporal; 9) promover esquemas de cooperación regional para la construcción de infraestructura; 10) innovar en los controles fronterizos haciéndolos más prácticos y más seguros; 11) construir alianzas estratégicas con Latinoamérica, Asia y la Unión Europea; 12) formular estrategias para impulsar el comercio, el desarrollo de infraestructura y los programas de cooperación científica, tecnológica y académica; 13) aprovechar los tratados comerciales suscritos para detonar áreas poco desarrolladas; 14) participar de manera más activa en los programas de cooperación, asistencia técnica y desarrollo; 15) aprovechar la pertenencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para derivar acuerdos gubernamentales y empresariales con los países de la Cuenca del Pacífico; 16) transformar la relación con China e India en oportunidades para el desarrollo, trascendiendo una visión de simple competencia en una búsqueda institucional de intereses compartidos.10 Como presidente electo, Calderón llevó a cabo varias giras internacionales. La primera de ellas fue a Centro y Sudamérica. Con ello, el mensaje era reorientar la política exterior de México buscando un mayor acercamiento con América Latina. La segunda gira internacional fue a Canadá. Ahí, Calderón criticó la construcción del muro fronterizo estadounidense y solicitó al Premier canadiense, Stephen Harper, una ampliación del programa de trabajadores temporales mexicanos en ese país. Finalmente, visitó Estados Unidos en noviembre de 2006, días antes de tomar posesión. Ya como presidente constitucional y durante la XVIII Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, efectuada en enero de 2007, Calderón Hinojosa y la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, delinearon los principales ejes de la política exterior de la nueva administración: a) mayor coordinación entre las diferentes dependencias para alcanzar los objetivos; b) recuperación del liderazgo de México en el mundo –en especial con América Latina– y la construcción de relaciones sólidas y respetuosas; c) una política exterior activa que proyecte los intereses nacionales; d) con Estados Unidos, quitar del centro de atención el tema migratorio sin restarle importancia; e) reforzar las relaciones con cada región y organismos internacionales y corregir los errores.11 En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se señalaron cinco objetivos generales de la política exterior: 1) apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo; 2) contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios demo-

10 Rafael Velázquez Flores, “El proyecto de política exterior de Felipe Calderón: ¿golpe de timón?”, Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM (108) (2010): 125-127. 11 Velázquez Flores, “El proyecto de política exterior de Felipe Calderón: ¿golpe de timón?”.

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cráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable; 3) impulsar la proyección de México en el entorno internacional; 4) proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior; 5) construir una nueva cultura de la migración. En 2007 México trabajó por recuperar su posición en Latinoamérica como un actor indispensable en los procesos de concertación y como agente mediador en el restablecimiento de los equilibrios regionales. Un buen paso fue dado el 7 de marzo de 2008 cuando México asumió, en Santo Domingo, República Dominicana, la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río para el siguiente bienio.12 El haber obtenido, por segunda ocasión, un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2009-2010 representó un logro de la diplomacia mexicana, ya que obtuvo 185 de los 192 votos posibles en la Asamblea General de la ONU. Pero es de lamentarse que no se hayan explicitado los propósitos estratégicos perseguidos ni se haya planteado una agenda que incluya temas significativos como el desarme, o la “responsabilidad de proteger” en situaciones de infinita gravedad, como la situación en Haití o el genocidio en Darfur. Además, el tema de la participación de México en las Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas ha estado ausente.13 A finales de junio del 2009, el golpe de Estado en Honduras presentó una oportunidad para México de reactivar una política de liderazgo en América Latina. Luego de la sustitución forzada del presidente constitucional, Manuel Zelaya, y el nombramiento de Roberto Micheletti como gobernante interino, México recibió a la Canciller del gobierno depuesto, retiró a su embajador acreditado en Honduras y condenó el golpe de Estado. El 3 de agosto de ese año, Zelaya realizó una visita a México por invitación del presidente Calderón y fue recibido como jefe de Estado. En diciembre, este personaje volvió a México por invitación oficial y fue recibido como “Huésped Distinguido” por el presidente. No obstante los aciertos anteriores, en determinados asuntos la respuesta ha tardado o ha sido errática como en los casos que se presentan a continuación. Florence Cassez El 9 de diciembre de 2005 el gobierno mexicano acusó a Florence Cassez, ciudadana de origen francés, de integrar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”. La detención de Cassez ocurrió el 8 de diciembre de 2009. Si bien existían testimonios de víctimas que

12 Carlos Levy, “Crisis y retos de la política exterior de México: 2006-2012”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, LI(205) (2009): 126-127. 13 Garzón Lozano, “25 años de política exterior en México. Carta de navegación para un país a la deriva”: 130.

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la incriminaban, el proceso mediante el cual fue condenada a 60 años de prisión fue altamente cuestionado. Los abogados de Cassez argumentaron que la sentencia no fue resultado de una decisión jurídica, sino política, ya que Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, implementó la detención durante un periodo en el que fue ampliamente criticado por su falta de resultados al frente de la Agencia Federal de Investigación. Esto ocasionó polémica en la opinión pública francesa y llevó a que más de 140 miembros del parlamento de aquel país exigieran al gobierno de México que repatriara a la joven, con base en el Tratado de Estrasburgo. La presión fue tal que este asunto fue parte de la agenda del presidente Nicolás Sarkozy durante su visita a México. El 22 de junio de 2009 el gobierno de México anunció que no entregaría a Florence Cassez a la justicia francesa debido a que, bajo el sistema de justicia galo, podría ser acreedora a una sentencia menor. Ante ello, Daniel Parfait, Embajador de Francia en México, anunció que para su país el caso no estaba cerrado ya que consideran que el Tratado de Estrasburgo obliga al gobierno mexicano a entregar a Cassez.14 Redadas y quiebras Al inicio del mes de diciembre de 2006, el gobierno de Estados Unidos desató una serie de redadas para detener migrantes en diversos estados de ese país. No hubo reacción inmediata de parte del presidente Calderón en defensa de los connacionales. La SRE fue la que giró instrucciones para que los consulados mexicanos mantuvieran sus labores de protección y asistencia durante las redadas. En el mismo mes, quebró la aerolínea Airmadrid, lo que ocasionó que miles de pasajeros quedaran varados. La SRE no atendió de manera inmediata a los mexicanos que se quedaron varados en diferentes aeropuertos y que solicitaban su apoyo. Luego de algunos días de indefinición, los funcionarios mexicanos atendieron a los afectados. Visas canadienses El gobierno de Canadá anunció que a partir del 6 de julio de 2009, los ciudadanos mexicanos necesitarían visa para entrar a ese país debido al alto número de solicitudes de refugio que presentaban los connacionales. Durante la Cumbre de Líderes de Norteamérica, que tuvo como sede Guadalajara en agosto de 2009, el presidente Felipe Calderón expresó al primer ministro de aquel país, Stephen Harper, la inconformidad del gobierno ante dicha medida. El embajador mexicano en Canadá, Francisco Barrios, declaró que el gobierno canadiense lo consultó antes de efectuar la medida, y él respon-

14 Florence Cassez fue puesta en libertad el 23 de enero de 2013 tras un fallo de la Suprema Corte de la Nación.

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dió que no consideraba la implementación de visas como la solución óptima. SB 1070 En abril del 2010, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, impulsó la iniciativa del Senado 1070 (Senate Bill 1070, SB 1070). Dicha ley enmienda los estatutos de Arizona de forma tal que se permite a las autoridades aprehender, sin orden previa, a una persona que se sospeche haya cometido alguna ofensa pública que la convierta en alguien retirable de Estados Unidos. La modificación a los estatutos permite a cualquier oficial, cuyo trabajo sea vigilar el cumplimiento de la ley, detener a cualquier individuo de apariencia sospechosa y pedirle que confirme su identidad (incluida su residencia legal). Esta ley deja espacio para que se lleven a cabo actos racistas por parte de la autoridad. Es claro que el gobierno de México no es el único interesado en cabildear con las autoridades de Arizona lo relativo a este asunto, pero estuvo ausente. Por considerar que el grupo de latinos más grande en Estados Unidos son los mexicanos y al contenido potencialmente racista de la ley SB 1070, se debió haber presionado más al gobierno de Arizona para detener dicha legislación. AH1N1 México fue uno de los focos iniciales de la epidemia de influenza AH1N1. La incertidumbre generada por la enfermedad provocó que diversos gobiernos tomaran medidas con el objeto de proteger a su población. Sin embargo, algunas de éstas fueron tomadas unilateralmente e incluso devinieron en políticas discriminatorias; por ejemplo, en China, Hong Kong y Singapur se detuvieron a ciudadanos mexicanos que no presentaban síntomas de la enfermedad. El criterio para detenerlos fue la portación de pasaporte mexicano. Además de la detención basada en criterios de nacionalidad, se les recluyó en condiciones reportadas como poco salubres. Estas acciones fueron criticadas por la ONU a través de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, Navi Pillay, que declaró que ninguna persona podía ser detenida en cuarentena únicamente por su nacionalidad. El gobierno mexicano negoció con las autoridades de dichos países la repatriación de los connacionales. A esto se sumó que países como Argentina, Cuba, Ecuador y Perú restringieran vuelos a México y prohibieran a personas y productos provenientes de México la entrada a su territorio, en violación a tratados internacionales. La SRE reaccionó ante estos sucesos, pero se pudieron haber gestionado otro tipo de medidas o se pudo haber protestado más enérgicamente ante las violaciones a los derechos de los mexicanos. CONSIDERACIONES FINALES

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La política exterior de México sufrió cambios durante las últimas décadas del siglo XX. A lo largo de la primera mitad de ese siglo se sustentó en principios y valores tradicionales que permitieron defender los intereses nacionales en el escenario internacional. A partir de la década de los setenta y con la apertura comercial, el apego a esos principios se subordinó al logro de intereses específicos. No obstante, existieron situaciones de respeto a los principios, y otras más de ruptura y de pragmatismo: los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo son claros ejemplos. El sexenio de Vicente Fox comenzó con una política exterior de mayor acercamiento hacia América del Norte, en especial a Estados Unidos. Uno de los temas centrales de su estrategia fue el de la migración. No obstante, los resultados no sólo fueron precarios, sino negativos. Además, los conflictos con naciones latinoamericanas lastimaron el prestigio de la política exterior de México, y al final de su periodo su “bono democrático” no se tradujo en beneficios en el exterior para el país. El presidente Felipe Calderón se propuso una política exterior de bajo perfil, pero a la vez responsable y proactiva. La presencia de México en los organismos multilaterales empieza a recuperar espacios antes perdidos y las relaciones bilaterales se han mejorado con aquellos países en donde existía algún conflicto. Es preciso no olvidar lo que anotara Fernando Solana: “[l]a planeación estratégica de las vinculaciones de México con el resto del mundo, en lo económico, lo político, lo social y lo cultural, es tarea crucial para alcanzar nuestros objetivos. Al tiempo que se aprovechan las oportunidades que le brindan las nuevas situaciones que se están produciendo en el contexto internacional”.15 Si se desea proyectar una política exterior de Estado se deben establecer los consensos necesarios para que existan los acuerdos suficientes que respondan al interés nacional.

15 Fernando Solana, Cinco años de política exterior (México: Porrúa, 1995), 33.

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BIBLIOGRAFÍA Garzón Lozano, Luis Eduardo. 25 años de política exterior en México. Carta de navegación para un país a la deriva. El Cotidiano 24(156) (2009): 119-131. Hernández-Vela Salgado, Edmundo. Diccionario de política internacional. México: Porrúa, 2002. Levy, Carlos. Crisis y retos de la política exterior de México: 2006-2012. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales LI(205) (2009): 119-141. Pellicer, Olga et. al. “Las relaciones de México con el exterior: un breve diagnóstico”, en México ante el mundo: tiempo de definiciones, Luis Herrera-Lasso M. (coord.), México, Fondo de Cultura Económica, 2006. Ramírez Flores, María de Lourdes y Andrés Ruiz Pérez. La política exterior en México: breve evaluación de los últimos 3 años. Bien Común 15(186) (2010): 96-106. Solana, Fernando. Cinco años de política exterior. México: Porrúa, 1995. Velázquez Flores, Rafael. El proyecto de política exterior de Felipe Calderón: ¿golpe de timón? Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM (108) (2010): 121-155. . Una propuesta de política exterior para 2006-2012. Nueva visión socialdemócrata (3-4) (2006): 41-52.

ENSAYÍ STI CA

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E L C APITA LI SMO DE LO S ÚLT I M O S D Í A S Manuel Guillén1 Al igual que los milenarismos medievales, las modernas disquisiciones en torno a la implosión definitiva del sistema-mundo capitalista adolecen del equívoco mayor del tono apocalíptico religioso tradicional: el espejismo de pensar que una narración básicamente fantástica cuenta con sustento empírico para realizarse en la historia próxima; en pocas palabras: dan por cierta la fantasía de la inminencia del fin de los tiempos. Exploraré algunos aspectos de los milenarismos antiguos, basándome en el trabajo de Norman Cohn que hizo época, En pos del milenio, y su bien documentada historia crítica en torno a los mismos para, posteriormente, hacer un recuento en abanico de las aseveraciones revolucionarias en torno a la cancelación del periplo capitalista mundial en una de las obras paradigmáticas de Karl Marx, El manifiesto comunista. Terminaré con la exploración interrogativa acerca de si la asunción de Fredric Jameson de que el cyberpunk es la representación postmodernista por excelencia, en clave estética, de este tipo de premoniciones sobre el futuro del capitalismo, es también la aceptación tácita de su carácter eminentemente narrativo, fantasioso, literario, aunque también esclarecedor sobre las dinámicas sociales problemáticas del presente. PRIMERO

omo parte de sus análisis sobre el poder en la historia occidental, Michel Foucault describió, en términos de un discurso del poder por medio de la guerra, a los diversos milenarismos que plagaron el pensamiento europeo medieval; un fenómeno estructural de la sociedad de carácter recurrente e incluso cíclico: los quiebres epocales que modifican el orden social establecido, introduciendo dinámicas diversas que muchas veces, especialmente al inicio de la disolución o modificación de la estabilidad conocida, pueden ser interpretadas en términos de catástrofe y pérdida de la unidad cosmológica (en la antigüedad) o disolución del “cemento” social (en la era moderna); catástrofe que, generalmente, es concebida como el inicio de una difícil transición hacia un posterior estado luminoso del organismo social: […] durante todo el medioevo y más tarde aún, ligada al tema de la guerra perpetua,

1 Manuel Guillén es licenciado y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de filosofía, instructor empresarial independiente y periodista cultural desde 1996, participando en diversas publicaciones nacionales. Sus campos de estudio son la estética y la filosofía política. Actualmente realiza una investigación doctoral en la UNAM sobre teoría crítica de Fredric Jameson.

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renacerá sin cesar la esperanza del día de la nueva victoria, la espera del emperador de los últimos días, del dux novus, del nuevo Jefe, del nuevo guía, del nuevo Führer; la idea de la quinta monarquía, del tercer imperio, del tercer Reich —el que será a un tiempo la bestia del Apocalipsis o el salvador de los pueblos. Se trata de la vuelta de Alejandro perdido en las Indias; de la vuelta, tanto tiempo esperada en Inglaterra, de Eduardo el Confesor; de Carlomagno dormido en la tumba que se despertará para resucitar la guerra justa; de Federico Barbarroja y de Federico II, que esperan en su antro el despertar de su pueblo y de su imperio; del rey de Portugal, olvidado entre las arenas de África, que volverá para una nueva batalla, para una nueva guerra y para una victoria que será esta vez definitiva [...] Es un discurso oscuramente crítico pero también, sin embargo, intensamente mítico, es el discurso de las amarguras incubadas, pero también el de las más locas esperanzas.2

Teóricos como Luhmann3 y Sloterdijk4 han referido este fenómeno como especialmente notable en el tránsito de la Antigüedad a la Modernidad, pero me parece que no es privativo de este momento de transición, sino que puede rastrearse en otros momentos de la historia humana, como fue el tránsito hacia la esclavitud egipcia de los hebreos, con la concomitante historia de padecimientos de huida desértica hasta el momento culminante de la comunicación antropo-divina en la figura de Moisés; o los intentos de las civilizaciones mesoamericanas para incrustar en el orden simbólico de su mundo mítico la abrupta y avasallante llegada de los europeos a sus tierras ancestrales. Acon-

2 Michel Foucault, Genealogía del racismo (Barcelona: La piqueta, 1993), 66. 3 Así en su obra ¿Cómo es posible el orden social?, dice: “[s]e puede afirmar, en términos generales, que aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XVI se hace cada vez más difícil sostener el concepto de perfección del mundo antiguo, la unidad de pluralidad y diversidad. La diversidad aumenta demasiado a costa de la unidad, como por ejemplo, a consecuencia de la expansión territorial de Europa y a consecuencia de la dislocación de la tradición religiosa o culta en confesiones y escuelas irreconciliables y en competencia. Se habla en mayor medida de diversitas, varietas también de corruptio, vicissitudo, decay, dado que lo diverso y lo variante se colocan en contraposición con el viejo concepto de diversidad dentro de la unidad y, de esta manera, se experimenta negativamente. El contorno de unidad que envuelve la diversidad y que puede presentarla en cada caso particular como perfecta, se desvanece y en su lugar aparecen puntos de vista como la resistencia estoica contra las vicisitudes o también la autoconservación de una unidad dentro de la diversidad”. Véase Niklas Luhmann, ¿Cómo es posible el orden social? (México: Herder, 2009), 51-52; negritas y cursivas en el original. 4 En su libro Esferas I, afirma sobre el particular: “Comenzando en las capas sociales ilustradas y siguiendo, progresivamente, en las masas informadas del Primer Mundo, desde el siglo XVII se expande la nueva y relevante sensación psico-cosmológica de que los seres humanos no han sido el punto de mira de la evolución, esa diosa indiferente del devenir. Cualquier mirada a la fábrica terrestre y a los espacios extraterrestres basta para acrecentar la evidencia de que el ser humano es sobrepasado por todos los lados por exterioridades monstruosas que exhalan hacia él frío estelar y complejidad extrahumana […] Con ayuda de su inteligencia incansablemente indagadora, el animal abierto derribó el tejado de su vieja casa desde dentro. Tomar parte en la Modernidad significa poner en riesgo sistemas de inmunidad desarrollados evolutivamente”. Véase Peter Sloterdijk, Esferas I (Madrid: Siruela, 2009), 30.

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tecimientos que, de manera cierta, Sloterdijk ha señalado bajo el concepto de “ruptura esférica”. En suma, los procesos de transición epocal son vividos como crisis culturales y civilizatorias ante las cuales se responde con una semántica de la catástrofe, codificada como historias apocalípticas que sostienen la destrucción definitiva del mundo conocido y su concomitante restructuración regeneradora. En la antigüedad, esto se vinculó con la imaginería cristiana; y en la actualidad, mayoritariamente, con los pánicos asociados a los productos del capitalismo avanzado, como son los desarrollos científicos y las paradojas del crecimiento social. Por ello, en nuestra era no es casual la explosión del cyberpunk (como fenómeno cultural), del ecologismo radical (como fenómeno político) y de los cultos de salvación instantánea vía el dinero (como fenómeno religioso). Todos ellos fenómenos característicos de la Postmodernidad, entendida ésta como un proceso de definición reflexiva de época.5 Tal como lo expresa Jameson: “Quizás la postmodernidad, la consciencia postmoderna, consista sólo en la teorización de su propia condición de posibilidad, que es ante todo una mera enumeración de cambios y modificaciones”.6 Asimismo, el pensamiento crítico de la Modernidad generó una forma específica de refutación del mundo, el “momento autodestructivo” de la crítica moderna (como lo llamó Bolívar Echeverría). Momento que en el mundo postmoderno adquiere la forma general de la disociación: “[...] lo postmoderno busca rupturas, acontecimientos antes que nuevos mundos, el instante revelador tras el cual nada vuelve a ser lo mismo, el «cuando-todo-cambió» [...]”.7 Modernidad y antigüedad comparten así impulsos apocalípticos tamizados por las propias formaciones sociales estructurales de cada periodo histórico. En ambos casos, estos impulsos pueden ser interpretados como auto descripciones sistémicas8 ante dinámicas de ruptura de la armonía conocida. Esta semántica conformaría una especie de malla de contención ante la pérdida de un orden social establecido. Afirmaría la inminencia de la catástrofe, invariablemente por medio de una hipérbole narrativa sobre

5 Esto lo ha explorado de manera brillante Hans Robert Jauss al elaborar una definición convincente de la postmodernidad; en ella, establece que no es tanto una época histórica determinada como una consciencia teórica y colectiva de un umbral temporal; la transición de un momento del sistema social a otro: “[La Postmodernidad] en su crítica al paradigma agotado de sus predecesores, hacía aflorar a la conciencia la última gran época de la modernidad estética como algo ya pasado. Un horizonte cerrado de experiencia mundana se enfrenta a un horizonte aún abierto de expectativas estéticas y políticas [...] Más allá de la polémica denominación, lo que sí se ha generalizado es el reconocimiento evidente de una cesura epocal [...] La crisis estética acompaña luego a la política”. Véase Hans Robert Jauss, Las transformaciones de lo moderno (Madrid: Antonio Machado Libros, 2004), 16. 6 Fredric Jameson, Teoría de la Postmodernidad (Madrid: Trotta, 1998), 9. 7 Jameson, Teoría de la Postmodernidad, 9. 8 Para la cuestión de las (auto) descripciones del sistema social puede verse Niklas Luhmann, Sistemas Sociales (México: UIA-Alianza, 1984), especialmente el capítulo 4: “Comunicación y acción”.

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las causas de la misma,9 lo mismo que la relación de ésta con la conducta humana y, finalmente, las especificaciones del momento ulterior a todo ello. El esquema es básicamente literario, integrando una clásica historia en tres partes (inicio-drama-desenlace; algo establecido desde la Poética de Aristóteles) con el héroe (en este caso, por supuesto, la humanidad como héroe colectivo) experimentando un proceso de transformación ardua, pero vivificante. Siguiendo el análisis de Hyden White en torno a la estructura retórica de los principales discursos histórico-filosóficos de la Modernidad, es posible afirmar que en las narraciones de este tipo los momentos particulares acaecen bajo la forma de la tragedia (los sufrimientos particulares que se han de padecer), en tanto que la totalidad de lo narrado ocurre como comedia (el surgimiento del mundo nuevo tras la hecatombe social).10 Bajo la retórica de la dogmática religiosa, o bajo la argumentación de la crítica social, el artificio estructural literario se diluye en la vigorosidad de la anunciación profética o de la ideología revolucionaria (según sea el caso), con el resultado dramático (es decir, literario) de ser tomados como descripciones y predicciones válidas del mundo actual y de su devenir.11 Su impronta social es grande y su atractivo finalista recibe una codificación ampliamente comunicable por una diversidad de medios de difusión masiva. Es un ambiente en el que los referentes son estrictamente culturales y, en consecuencia, su verdad está supeditada a la narratividad. Una de las consecuencias capitales de ello es la constitución de una red de creencias socialmente compartidas en torno al moderno cataclismo social como horizonte de la

9 Algo que sigue siendo tan válido en el pasaje del sexto sello en el Apocalipsis de Juan, por ejemplo (“Y miré: cuando abrió el sello sexto, hubo un terremoto grande, el sol se puso negro como un saco de crin, la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes sacudida por viento fuerte; el cielo fue retirado como un volumen que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares”), que en el trepidante inicio de Armageddon (1998) de Michael Bay, con los fragmentos del mega asteroide cayendo como misiles contra las ciudades terrícolas. 10 Una detallada explicación de estas y otras estructuras retóricas de la historia y la teoría puede verse en Hayden White, Metahistoria (México: Fondo de Cultura Económica, 2005). 11 Con la ventaja del anacronismo, los ojos modernos pueden ver el componente eminentemente mítico de los contenidos apocaliptistas del pasado. Es dable pensar que podemos detectar ese tipo de componente en los grandes discursos de la Modernidad justo porque estamos en una época diversa a esta, es decir, estamos en la Postmodernidad.

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inminencia histórica.12 Dicha red de creencias proporciona diversos grados de verosimilitud a la idea del fin de los tiempos, cuya versión contemporánea es la del cierre del ciclo vital del capitalismo histórico. Los grados de afirmación cultural de ello van, de novelas gráficas y teleseries de fina factura, como es el ejemplo paradigmático de The Walking Dead, a acabadas teorías sociológicas neomarxistas, como los sistemas-mundo de Immanuel Wallerstein. No obstante, lo cierto es que la posible verdad de los asertos (sean estéticos o sean epistémicos) sobre la clausura de la civilización capitalista siempre excede imaginativamente a los rendimientos empíricos con que se cuenta. A decir de Jameson: “[...] la decisión respecto a si nos hallamos ante una ruptura o una continuidad no se puede justificar empíricamente ni argumentar filosóficamente, ya que ella misma es el acto narrativo inaugural que fundamenta la percepción e interpretación de los acontecimientos que van a narrarse”.13 Básicamente, esto es así porque las mencionadas auto descripciones sistémicas operan como una forma de interpretar una realidad que es sólo parcialmente percibida porque se halla in progress. En la medida que son interpretaciones, ya bien sociológicas, proto-sociológicas o culturales, comparten las características básicas de toda interpretación; de acuerdo con Hyden White, el núcleo de estas es el siguiente: Dado que la interpretación es sistemáticamente dubitativa, como la naturaleza de su objeto, la terminología que mejor se acomoda a la descripción, y la manera más apropiada para explicarla, sólo puede partir de todo aquello que pase como lenguaje literal (o técnico) y de conceptualizaciones estereotipadas de posibles objetos de percepción, y ponerse a disposición de técnicas de figuración por medio de las cuales se puedan fijar sus referentes en la consciencia y, por lo tanto, constituirlos en posibles objetos cognitivos […] Dado que la interpretación conlleva diferentes maneras de describir y explicar un objeto o situación que consideramos merece el esfuerzo de ser comprendida, su propia

12 La cuestión del carácter específico de este tipo de creencias comunes nos lleva a la cuestión de los imaginarios sociales que no trataré en este escrito. No obstante, puede referirse sobre ellos lo que afirmó el teórico pionero de su definición contemporánea, Cornelius Castoriadis: “[e]l hecho de que la historia sea creación se escinde en estos dos conceptos: es un hacer; este hacer se apoya en el imaginario [...] en el hacer hay necesariamente la referencia a lo real-racional [...] el hacer humano necesariamente teje un contenido imaginario conjunto, una red simbólica, una referencia a lo real-racional, una referencia a lo funcional”. Véase Cornelius Castoriadis, Historia y creación (México: Siglo XXI Editores, 2011), 99-100. Una red simbólica que se imbrica con la actividad cotidiana; un plus racional e imaginativo que ordena el espacio de la interacción en el tiempo. No es necesario ni definitivo, puesto que caduca históricamente, pero mientras es operativo es asimismo la determinación de lo real efectivo. Son ideas, imágenes, narraciones y principios rectores que estructuran el espacio de la vida en sociedad en un tiempo determinado. Las cualidades de ese tiempo son, a su vez, el fundamento de posibilidad de ese conjunto de sentido racional-imaginativo. 13 Jameson, Teoría de la Postmodernidad, 13.

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modalidad de articulación discursiva es de naturaleza más trópica que lógica.14

Tenemos, entonces, una dinámica recursiva entre literalidad (teórica o religiosa) y figuración metafórica o alegórica de aquello que se describe o se pretende describir. En el caso que nos ocupa, la unión de ambas es lo que históricamente ha dado vigorosidad a la serie de narraciones apocalípticas que se han afirmado a través del tiempo. Por una parte, se establece un vínculo semántico y formal con una tradición sancionada como verdadera (sea la teología cristiana o sea la ciencia social) y, por otro, se engarza con la emotividad de los legos por medio de figuras literarias de alto impacto: lo mismo la decadencia espiritual del alto clero y muchos de sus fieles y el concomitante anhelo de su inminente castigo divino, que la abrumadora desigualdad de un sistema económico y las paradojas de un modo de producción que, en sí mismo, acarrea el germen de su propia destrucción. Profecías todas que, no obstante la tozudez de sus agoreros, no se han materializado jamás en la historia y, contrario a lo que su alojamiento narrativo afirma, parece que nunca lo harán; o no, por lo menos, de la manera en que ha sido proyectado su final. SEGUNDO De acuerdo con las disquisiciones anteriores, es posible sostener una línea de continuidad que podríamos llamar “ideológica” (si bien el término es anacrónico y en la tradición marxista posee un sesgo negativo) entre los apocaliptismos antiguos y los modernos. Ambos conjuntos comparten los ya mencionados efectos del impacto social y las cualidades descriptivo-fantásticas de toda narración que sostiene la idea del fin de los tiempos. En consecuencia, es necesario realizar un panorama general de las raíces medievales de la Modernidad. Aquellas que remiten a un estado de encantamiento del mundo preconizado como un espacio metafísico esencialmente modificable por la

14 Hayden White, “Retórica de la interpretación” en José Manuel Cuesta Abad y Julián Jiménez Heffernan (editores), Teorías literarias del siglo XX (Madrid: Akal, 2005), 919-920. También añade los siguientes referentes de la imbricación entre imaginación y descripción; retórica y teoría: 1. “Lo cual no quiere decir que la interpretación, como la narración, no tenga una dimensión literal en su modo característico de articulación. Por el contrario y al igual que la narración, la interpretación realiza su función o consigue su peculiar efecto de proporcionar una especie de «entendimiento» de los objetos de los que trata, precisamente en virtud de su problematización de la relación entre el lenguaje literal y figurado”. 2. “Aunque normalmente una interpretación desee ofrecer la verdad literal respecto a su objeto de interés, brota de una sensación fundamental de inadecuación de cualquier convención de literalidad con la representación de ese objeto. Por esto es por lo que cualquier discurso genuinamente interpretativo siempre debe aparecer, a un mismo tiempo, como un juego de figuraciones posibles de su objeto de interés y como una alegorización de su propio acto de interpretación”.

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intervención decisiva de la fuerza divina, azuzada por el actuar humano. Una obra ya clásica para tener una visión genérica del apocaliptismo medieval es En pos del milenio de Norman Cohn. Ahí, el autor declara que entiende al término “milenarismo” como un tipo particular de salvacionismo, y que: Los movimientos o sectas milenaristas siempre conciben la salvación como un hecho: a) colectivo, en el sentido de que debe ser disfrutado por los fieles como colectividad; b) terrenal, en el sentido de que debe realizarse en la tierra y no en un cielo fuera de este mundo; c) inminente, en el sentido de que ha de llegar pronto y de un modo repentino; d) total, en el sentido de que transformará completamente la vida en la tierra, de tal modo que la nueva dispensa no será una mera mejoría del presente sino la perfección; e) milagroso, en el sentido de que debe realizarse por, o con, la ayuda de intervenciones sobrenaturales.15

Una vez que ha establecido esto, Cohn analiza el surgimiento y desarrollo de algunas sectas heréticas de la baja Edad Media que tuvieron un impacto considerable en la Europa central de la época, siendo de las más poderosas la denominada del “Espíritu Libre”, cuyo principio rector era que al pertenecer a dicho culto se estaba libre de todo pecado; y, por supuesto, que esto hacía a sus integrantes más puros y superiores al resto de los seres humanos. Su actitud era misionera, mesiánica y beligerante. Una de las consecuencias de asumirse más allá del pecado (definido, tipificado, establecido y sancionado por la iglesia católica), fue que pronto afirmaron la impertinencia de la autoridad eclesiástica y política y, muy especialmente, de la propiedad privada. Dice el historiador: Resultaba muy curioso que la misma convicción de su infinita superioridad fue la que primero convirtió a los adeptos al Espíritu Libre en portadores de una doctrina social revolucionaria. Hacia el siglo XIV al menos algunos de ellos habían decidido que el estado de inocencia no podía reconocer la institución de la propiedad privada. En 1317 el obispo de Estrasburgo comentaba: “Creen que todas las cosas son propiedad común, de donde deducen que el robo les está permitido”. De hecho, era muy normal que los adeptos consideraran todas las cosas como suyas.16

15 Norman Cohn, En pos del Milenio (Madrid: Alianza, 1981), 15. 16 Cohn, En pos del Milenio, 181.

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Si bien la radicalidad de estas propuestas prácticas con fundamento místico causó furor (entre los adeptos) y azoro (entre sus enemigos) en el punto culminante del Medievo, las raíces de su anarquismo social son añejas; herederas de diversas visiones culturales acerca de una edad fundacional de la humanidad, ajena a las desigualdades, injusticias y miserias sociales conocidas, una Edad de Oro en la que los seres humanos gozaban de una armonía natural y de un orden comunitario inmaculado, y que Cohn ubica incluso en la época griega postclásica: Podemos remontar al mundo antiguo el origen de las fantasías igualitarias y comunistas, del mismo modo que el de las demás fantasías que han ido conformando la escatología revolucionaria europea. La Europa medieval heredó de griegos y romanos la noción de «Estado de Naturaleza» como un estado de cosas en el que todos los hombres eran iguales en posición y riqueza y en el que nadie era oprimido ni explotado por otros; un estado caracterizado por una universal buena fe y fraternal amor y también, a veces, por una total comunidad de bienes e incluso de esposas.17

Esta herencia cultural, que tuvo representantes reconocidos en la época latina como Ovidio y Luciano, “ejerció una considerable influencia sobre la especulación comunista de la Edad Media”.18 Fue transmitida de formas diversas, acordes con los estándares comunicativos de la época, siendo una de las principales la diatriba oral mística itinerante que realizaba variadas distorsiones, enmiendas y adaptaciones según necesidades, pero que desembocó en una importante corriente comunista antigua que ensanchó las raíces de la fabulosa afirmación de un origen humano signado por la comunidad de bienes. Mito sustancial a toda propuesta posterior de regeneración social. Por supuesto, durante la Edad Media el grueso de estos planteamientos estuvo tamizado por la escatología cristiana, ligada al simbolismo del Anticristo como núcleo nefando de la inminencia del fin de los tiempos.19 En esto es posible identificar una estructura recurrente: la identificación del fin de la Iglesia con el fin de los tiempos —“la Iglesia de Roma era la prostituta de Babilonia y el papa el Anticristo” —20 y la constante apelación a la pobreza material, ya sea en términos ideológicos ya en términos de combatividad real, como medio para llevar a buen puerto la convulsión fintemporal:

17 Cohn, En pos del Milenio, 186. 18 Cohn, En pos del Milenio, 186. 19 Para un panorama histórico detallado sobre la figura simbólica del Anticristo, puede verse Bernard McGinn, El Anticristo (Barcelona: Paidós, 1994). 20 Cohn, En pos del Milenio, 211.

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[...] jornaleros excluidos de los gremios y a los que no estaba permitido asociarse en organizaciones propias; obreros desempleados, soldados licenciados y desertores; un exceso de población formado por mendigos y desempleados: en suma, todo un submundo urbano que vivía en la mayor miseria y siempre al borde de la inanición, y que se veía constantemente engrosado por la huida de vasallos de los campos. En semejante medio, en el cual fanáticos prophetae se mezclaban con pobres desorientados y desesperados que vivían en los márgenes mismos de la sociedad, un levantamiento que ya de por sí estaba sacudiendo de arriba a abajo la estructura social no podía sino dejarse sentir como una fuerza cataclísmica y producir formas extremas de violencia.21

Los tradicionales motivos apocalípticos, incorporados al canon bíblico medieval, fueron retomados de manera constante, recalcitrante y, al cabo sui generis, en estas prédicas milenaristas heréticas al afirmar el fin del mundo, aunque siempre concebido como fin de la Iglesia y renovación de la fe postapocalíptica. Interpretados por astutos profetas regionales, auto proclamados iluminados, magos e, incluso, dispensadores de milagros, a los que Cohn llama prophetae; personalidades carismáticas que ya bien por propia voluntad, ya por componendas políticas que los motivaban para ejercer su ministerio popular,22 se dedicaron a difundir entre el populacho una “retórica igualitaria” que tenía pleno sentido en un mundo estrictamente estamental, piramidal y previamente ordenado de manera ultramundana. Los apocaliptismos medievales funcionaron como paisajes mentales que lo mismo proporcionaban esperanza en el futuro que motivos para la acción insurgente con la finalidad de modificar sustancialmente el estado de cosas imperante. Sin duda, pueden ser identificados como los antecedentes directos del mito revolucionario moderno: “[el intento de recrear la Edad de Oro] dio lugar a una doctrina que se convirtió en un mito revolucionario tan pronto como fue presentado a los turbulentos pobres y se fundió con las fantasías de la escatología popular”.23 Con este panorama fundacional es posible sostener, entonces, que este impulso milenarista se transformó, en la Modernidad, en los discursos complementarios de la regeneración social y la revolución. A pesar de claras diferencias en el plano ideológico y, muy especialmente, en las figuraciones del fin de los tiempos, propias de la transición

21 Cohn, En pos del Milenio, 204. 22 Tal fue el caso ejemplar del seudo profeta alemán Hans Böhm, originario de la comunidad de Niklashausen, quien en el último cuarto del siglo XV causó revuelo en la región del Tauber (sur de Alemania), con una prédica incendiaria en contra del clero y la nobleza, afirmando milagros personales y reuniendo multitudes en torno a su figura. Sin embargo, dice Cohn: “[e]l santo joven de Niklashausen había sido explotado, sin duda, por algunos hombres más astutos que él. Sabemos que ciertos señores locales utilizaron la alteración para debilitar a su señor superior, el obispo de Würzburg, con el cual habían estado disputando durante largos años”. Véase Cohn, En pos del Milenio, 232. 23 Cohn, En pos del Milenio, 197.

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histórica y cultural del Medievo a la primera Modernidad (dependientes del decaimiento de la metafísica cristiana y el encumbramiento de la nueva fe en las posibilidades racionales humanas), la estructura, tanto narrativa como de pensamiento, se mantuvo en la afirmación de la posibilidad inminente de reconstituir el mundo, aunque esta implicara la destrucción de todo aquello que hasta la fecha lo había conformado. Anarquismo, comunismo, impulso revolucionario, son figuras del pensamiento y móviles para la acción belicosa desde la antigüedad medieval que evolucionaron y se adaptaron a la, en muchos aspectos, innovadora forma del mundo de la Modernidad.24 Así, por ejemplo, en la versión del Apocalipsis taborita (movimiento milenarista rebelde del siglo XV, ubicado en la antigua zona checa), era necesario recuperar el estado de naturaleza comunista e igualitario por medio de sistemáticas matanzas de todos aquellos que históricamente se habían solazado en la división clasista de la sociedad. Con la venia divina, una vez llevado a efecto este exterminio aséptico, el siguiente paso sería la conquista del mundo para su causa: “[d]espués de haber llevado a término la gran purificación y de haber recreado el estado de comunidad total sobre suelo bohemio, los santos deberán dirigirse a conquistar y dominar el resto del mundo”.25 Aniquilación de los malvados y su orden mundano a manos de los elegidos, retorno al año cero de la comunidad de bienes, regeneración social y universalización de su doctrina y su proyecto serán, asimismo, los motivos centrales de los programas apocaliptistas modernos, mejor conocidos como proyectos revolucionarios del sistema social. TERCERO Es momento de realizar una revisión crítica (si bien inevitablemente somera) de una de las obras más recalcitrantes del apocaliptismo moderno, que durante generaciones fue interpretada como una publicación política, contestataria, revolucionaria e, incluso, científica, pero nunca como un ramal eminente del amplio cauce del milenarismo

24 En un conocido pasaje, Jürgen Habermas ha sintetizado plásticamente el contraste social entre el Medievo y la Modernidad: “[l]as ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, necesitaron siglos enteros para unirse con las demás; el proletariado moderno, gracias a los ferrocarriles, ha creado su unión en unos cuantos años”. Véase Jürgen Habermas, El discurso filosófico de la Modernidad (Madrid: Taurus, 1987), 69. 25 Cohn, En pos del Milenio, 216.

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occidental.26 En efecto, en El manifiesto comunista de Karl Marx y Federico Engels, encontramos uno de los momentos culminantes y fundacionales de todo planteamiento posterior acerca del fin de los tiempos. Es el punto nodal de la fe moderna en el capitalismo de los últimos días. Desde el inicio mismo de la obra, ésta presenta los rasgos del discurso de la lucha que Foucault destacó como característicos del viejo milenarismo premoderno, según se ha citado ya líneas arriba: la confrontación guerrera como parte del proceso de purificación social fintemporal. Dicen Marx y Engels en su Manifiesto: Toda historia de la sociedad humana, hasta el día de hoy, es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, barones y siervos de la gleba, maestros y oficiales; en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces, y otras franca y abierta; en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social, o al exterminio de ambas clases beligerantes.27

Es difícil no ver en este pasaje, tantas veces repetido en la historia de la teoría contestataria del siglo XX (y también como eslogan en la historia de la belicosidad revolucionaria comunista efectiva de dicho siglo), elementos apocaliptistas preclaros: la confrontación definitiva entre antagonistas, la proclamación de la regeneración por venir y, en caso de fallar esta, la aniquilación total del orden existente. Por cualquiera de las vías planteadas, se accede al cabo a un mundo apocalíptico, en el que “el exterminio” del orden existente es el cauce de acción rector. En la misma ruta de pensamiento, el texto continúa con una rapsódica narración histórica sobre el encumbramiento de la

26 ¿Por qué durante mucho tiempo el marxismo no fue interpretado como una variante secularizada del apocaliptismo medieval? Michel Foucault ofreció en su momento una explicación convincente de ello: el pensamiento dialéctico moderno fue tenido como representación última de la racionalidad; es decir, como lo totalmente opuesto a los desvaríos místicos y oscurantistas medievales: “Este discurso [apocaliptista] es, en sus elementos fundamentales, extraño a la gran tradición de los discursos filosófico-jurídicos. Es más, para los filósofos y juristas es la exterioridad del discurso. No es tomado en consideración ni siquiera como discurso del adversario, con el cual no se discute. Es sólo aquel discurso descalificado que es tenido al margen y que debe permanecer marginal si se quiere que el discurso justo y verdadero pueda por fin instalarse como ley [...] En todo caso, o será denunciado como discurso de lo histórico parcial e ingenuo, o será acusado de ser un discurso grosero que sostiene reivindicaciones no elaboradas” (Genealogía del racismo, óp. cit., p. 67). Es decir que en la transición moderna, la antigua historicidad bélica, finalista, catastrofista y, en última instancia, redentora, fue desacreditada por completo como una forma de la ignorancia y la superstición, y todos los discursos que partieron de dicha desacreditación se asumieron como científicos y verdaderos, dando por sentado que existía una distancia esencial entre ellos y su contraparte antigua. 27 Carlos Marx y Federico Engels, El manifiesto comunista (Madrid: Cenit, 1932), 60.

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burguesía y el surgimiento de los factores materiales que dieron lugar al surgimiento del capitalismo. La narración, mucho más dramática que científica, rápidamente se desliza hacia la afirmación del germen de la destrucción social por sus propios vicios:

[...] la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria,

demasiado comercio. Las fuerzas productivas de que dispone no sirven ya para fomentar el régimen burgués de la propiedad; son ya demasiado poderosas para servir a este régimen, que embaraza su desarrollo. Y tan pronto como logran vencer este obstáculo, siembran el desorden en la sociedad burguesa, amenazan dar al traste con el régimen burgués de la propiedad. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ellas engendrada. ¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos maneras. Destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas, y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir, que remedia una crisis preparando otras más extensas e imponentes y mutilando los medios de que dispone para precaverlas. Las armas con que la burguesía derribo al feudalismo se vuelven ahora contra ella. Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle muerte, sino que además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios.28

La clase obrera cumple el rol del pueblo elegido, aunque no en el estilo tribal del judaísmo histórico, sino al modo universalista del cristianismo de los perdedores:29 como aquella comunidad internacional plena de sufrimientos terrenales que la vuelven candidata para la redención. No en un ultramundo, por supuesto, sino en la realidad tangible del tiempo histórico. En el grueso de los movimientos milenaristas medievales se presuponía un grupo humano que hacía de su desgracia un privilegio. Eran aquellos oprimidos por la estructura vigente del organismo social que los convertía en candidatos para recibir un tipo de justicia de orden superior que, al cabo, restaurara el orden del verdadero bien en la Tierra. Esta particularidad los hacía lo que siglos después Marx llamara “la clase que tiene en sus manos el porvenir”, cuya sofocante circunstancia, paradójicamente, los ubicaba en la vanguardia histórico-material del mundo, sustituto empiricista de la predestinación metafísica medieval: El trabajador se convierte en un simple resorte de la máquina, del que sólo se exige una

28 Marx y Engels, El manifiesto comunista, 66-67. 29 Que, por supuesto, no fue el único como pensaba Nietzsche, puesto que estaba también el de los ganadores: el alto clero que ocupó el vacío del Imperio romano de Occidente.

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operación mecánica, monótona, de fácil aprendizaje. Por eso los gastos que supone un obrero se reducen, sobre poco más o menos, al mínimo de lo que necesita para vivir y para perpetuar su raza [...] No son sólo siervos de la burguesía y del Estado burgués, sino que están todos los días y a todas horas bajo el yugo esclavizador de la máquina, del contramaestre, y sobre todo del industrial burgués dueño de la fábrica.30

De manera similar a la que sostuvieron los prophetae medievales, los filósofos decimonónicos del comunismo industrializado identificaron el repositorio voluntarioso de la redención social inminente. Es el conjunto de los llamados a la acción emancipadora bajo la guía de la luminosidad del conocimiento verdadero. En aquellos tiempos, era el saber de lo divino; en la edad moderna, el de las leyes de la historia económica y su devenir. En la antigüedad medieval la cancelación de la opresión se identificaba con el fin de la Iglesia. Con El manifiesto, ésta se identifica con la clausura del periplo capitalista. Igualmente, la clase de los elegidos, que en los cristianismos heréticos de la antigüedad recibía su dote de metajusticia desde una instancia teológica, y en Marx y Engels por medio del devenir de la historia, muy pronto asumía una actitud plenamente activa en el objetivo de lograr el cierre definitivo de aquello que la había oprimido a través del tiempo. Una vez establecida su singularidad en la sociedad, el siguiente paso era comenzar proactivamente la destrucción del mundo condenado en sí mismo a desaparecer. El Maestro de Hungría, John Ball, Thomas Müntzer (todos ellos estudiados por Cohn), acaudillaron rebeliones medievales con todas las de la ley en contra de los representantes del orden establecido. En el mismo sentido, la clase elegida en la obra de Marx habría de cumplir un activismo regenerador destructivo hacia el mundo que la atenazaba: Al principio son obreros aislados, luego los de una fábrica, luego los de toda una rama de trabajo, los que se enfrentan, en una localidad, con el burgués que personalmente los explota. Sus ataques no van sólo contra el régimen burgués de producción, van también contra los propios instrumentos de la producción; los obreros, sublevados, destruyen las mercancías ajenas que les hacen la competencia, destrozan las máquinas, pegan fuego a las fábricas [...] De todas las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no hay más que una verdaderamente revolucionaria: el proletariado.31

Son evidentes los estadios de la ruptura del mundo establecido, en clave apocalip-

30 Marx y Engels, El manifiesto comunista, 67-68. 31 Marx y Engels, El manifiesto comunista, 68-70.

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tista. El tránsito que va de un orden social opresivo y, en última instancia insostenible, hacia la conformación de un grupo de elegidos cuya misión histórica es la destrucción del mismo por medios activos, voluntariosos, violentos. El mito de la revolución, así, enraíza en el suelo antiguo del mito de la regeneración divina del mundo. Plantea una catástrofe purificadora inevitable en el futuro y un conjunto de iluminados que la acelerarán con sus acciones decisivas; con ellas, caerán los malvados, aquellos que gozaron de la gloria y las riquezas terrenales efímeras, pero que la hora de la verdad habrá de poner en su justo sitio mundano: la condena de su extinción en tanto que portadores de lo falso y lo aberrante. La actividad humana es lanzada con ahínco hacia el porvenir y se afirma que las claves de la historia efectiva no señalan algo diverso a ese desenlace. Todo ello ya presente en el imaginario europeo desde los momentos de esplendor medieval: “[e]n las mentes de los sectario apocalípticos de los siglos XII y XIII, los ricos ya estaban empezando a sufrir la metamorfosis que con el transcurso del tiempo los transformaría en el Capitalista de la propaganda del siglo XX: un ser verdaderamente diabólico por su capacidad de destrucción, su crueldad, su grosera sensualidad, su capacidad de engaño y, sobre todas las cosas, por su poder casi omnímodo”.32 Marx habló de las contradicciones del sistema capitalista, del acrecentamiento de la presión hacia abajo -hacia la clase obrera-, en la medida que expande sus presupuestos de producción, como la maquinización y la mercantilización; sin embargo, no pudo dejar de hablar en un lenguaje altamente metafórico que vincula su especulación mucho más al texto literario-profético que al científico-descriptivo. Como él pretendía: “[...] al desarrollarse la gran industria, la burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que produce y se apropia de lo producido. Y a la par que avanza, se cava su fosa y cría a sus propios enterradores. Su muerte y el triunfo del proletariado son igualmente inevitables”.33 En este sentido, es mucho más afín de lo que jamás se pensó a la retórica teológica que a la positividad científica: En cuanto a la religión medieval, sin embargo, es importante comprender los singulares recursos conceptuales de la teología medieval, que no radican tanto en una devoción particular como en su estructura de forma notablemente compleja [...] La teología medieval, como el pensamiento tribal, es más metafórica que conceptual; pero al contrario que el mito, es un sistema de pensamiento extraordinariamente elaborado y articulado [...] La teología constituye así un depósito de metáfora y especulación metafórica cuya

32 Cohn, En pos del Milenio, 101. 33 Marx y Engels, El manifiesto comunista, 72.

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dinámica no se recuperó hasta tiempos modernos [...]34

Diatriba, orden metafórico y profecía histórica conforman el tejido de sentido, altamente emotivo, de la obra decisiva del marxismo como religión.35 A querer o no, bajo su influencia se construyó prácticamente la totalidad de los discursos y las acciones contestatarias de la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX; incluso en la actualidad, remanentes de aquellas fantasías escatológicas positivistas influyen en los alegatos y las actividades de aquellos que se oponen sistemáticamente al orden social imperante. Son los renovados esperanzados con el final apabullante de una realidad en muchos sentidos atroz.36 Con infortunio, la historia les debería corroborar que el Milenio nunca ha llegado, por más que se rece y se linche a los traidores de Dios. O por más que se incendien comercios y se vocifere vía Internet. CUARTO Hace más de siglo y medio, Karl Marx constató las condiciones infra humanas de los

34 Fredric Jameson, Arqueologías del futuro (Madrid: Akal, 2009), 84. 35 Hasta donde me alcanza, el análisis más contundente en torno al carácter religioso del marxismo es el de Talcott Parsons, “El simbolismo religioso y económico en Occidente” en Biografía intelectual (Puebla: BUAP, 1986). 36 Al estudiar uno de los rasgos más pertinaces de los enclaves sociales a través de la historia, la conformación de órdenes jerárquicos como fundamento de la organización humana, Peter Sloterdijk señala que dicha circunstancia ha producido en algunos grupos humanos, minoritarios pero recalcitrantes, una reacción permanente a lo largo del tiempo: la esperanza de que el mundo tal cual es pueda modificarse de raíz. Aquello que da sentido al mundo, la estructura social realmente existente (ayer, los imperios regionales; hoy, la globalización planetaria; en la antigüedad, la égida cristiana; hoy, la omnipresencia capitalista), se vuelve problema, concreción asfixiante de la cotidianidad. En consecuencia, provoca reacciones contestatarias. Sublimaciones culturales de lo que podría ser pero no es. Conjuntos imaginativos sobre el otro lado del mundo, su negación, su contraparte. Son los símbolos, las leyendas, los discursos y las teorías de aquellos representantes y agoreros de la conversión esencial del estado de cosas efectivo por su opuesto, por aquello que, al mismo tiempo, refuta e ilumina la actualidad: “Bajo el «terror de la historia», representaciones de una abolición de la situación mundial empiezan a ser atractivas para caracteres radicales en general; un nuevo tipo de hombres ajenos al mundo, desertores del mundo y corremundos entran en liza. Reflexionan sobre grandes negaciones y transformaciones de todas las cosas; una desconocida pasión de esos grupos pioneros por lo inexistente, lo otro, el allendismo y el distanciamiento del mundo toma posesión de la historia. Salvación, liberación, iluminación pasan a ser el glosario guía de nuevas y revolucionarias orientaciones supercósmicas y anticósmicas. ¿De qué otro modo sería posible que la quema del mundo esperada por los apocalípticos pudiera esperar con expectación febril la abolición del destino global en un futuro inmediato? [...] Del sentimiento de recreación mesiánica de todas las criaturas surgen promesas de un nuevo cielo y una nueva tierra. Tampoco el milenarismo marxista moderno se contentaba con menos que con la reconstrucción del planeta tierra para hogar de una humanidad definitivamente liberada del miedo al mundo”. Véase Peter Sloterdijk, Extrañamiento del mundo (Valencia: Pre-Textos, 2010), 62-63.

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guetos de trabajadores, desempleados y muchedumbre desplazada del campo a la ciudad en la emergente Berlín industrial.37 El espectáculo social de miseria humana, desigualdad brutal en la distribución de la riqueza y aporías sistémicas al interior del capitalismo mundial, no ha hecho sino recrudecer con el paso del tiempo. Si bien ha habido una oleada de prosperidad global (especialmente hacia mediados del siglo XX), incluso para quienes no acumulan capital ni poseen los medios de producción, como ha sido el caso de las clases medias en todo el mundo, lo cierto es que la polarización socio-económica ha aumentado de manera sostenida a lo largo de la Modernidad.38 Esto es una cuestión de hecho y los resultados de la misma estallan aquí y allá en el mundo entero, aunque de manera preponderante en el Tercer Mundo. Desempleo crónico, desobediencia civil, revueltas y rebeliones, incremento sostenido del ejército laboral de reserva y del crimen en todas sus modalidades (a la cabeza de las cuales está el narcotráfico), hambrunas, epidemias, desastres ecológicos. Boom de Estados fallidos al cabo.39 Todo ello derivado de la imperfección estructural del capitalismo que, en palabras simples, consiste en que para que haya una acumulación excesiva de riqueza en unos cuantos, necesariamente tiene que haber una excesiva carencia de muchos, puesto que los recursos transformables son finitos. Esto es en lo que han insistido los teóricos de cuño marxista en los últimos ciento setenta años, comenzando por el propio Marx. No obstante, el problema pertinaz de sus análisis y predicciones sociohistóricas ha sido que frecuentemente se desliza en ellas el componente apocalíptico cultural que se ha mencionado en apartados anteriores. Inmerso en la analítica sociológica, el apocaliptismo como constituyente de un persistente imaginario social transepocal, da forma al modelo crítico utilizado, dotándolo de su carácter particular: una metafísica sobre el fin de los tiempos. Tomemos el caso del sociólogo neoyorquino Immanuel Wallerstein, eminente estudioso del capitalismo histórico y sistémico, quizá una de las más altas autoridades en el tema, y declarado neomarxista. Además de sus puntuales y realistas señalamientos sobre los engarces históricos del capitalismo, el tipo de dinámicas políticas, sociales e ideológicas que le son anejas y las consecuencias sociológicas, financieras y ecológicas de las

37 Sobre el tránsito de su originaria zona de residencia campirana a la bulliciosa Berlín en su juventud, véase, Isaiah Berlin, Karl Marx (Madrid: Alianza, 2000). 38 Un panorama general sobre los retos de la perennidad de la pobreza en el mundo puede verse en Humberto López, “Pro-poor growth: a review of what we know (and what we don’t)”, The World Bank (PRMPR). 39 En el marco del Índice de Estados fallidos, que desde hace ocho años realiza la revista Foreign Policy en conjunto con la organización no gubernamental Fund for Peace, se establece que: “[l]a categoría de ‘estados fallidos’ se ha convertido en parte del uso estratégico actual y posee diferentes definiciones. Para los propósitos de nuestro Índice, un Estado fallido es aquel en el que el gobierno no posee control efectivo de su territorio, no es percibido como legítimo por una porción significativa de su población, no proporciona seguridad doméstica o servicios públicos básicos para sus ciudadanos, y carece del monopolio del uso de la fuerza. Un Estado en caída puede experimentar violencia activa o ser simplemente vulnerable a la violencia”. Véase “The Failed States Index 2005” en Foreign Policy 154 (mayo/junio del 2006), 52. (Traducción del autor).

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mismas, ha insistido en que el sistema-mundo capitalista, como él lo llama por razones analíticas,40 está a punto de llegar a su cierre definitivo. En Wallerstein hay una lectura que es desconcertante, porque con frecuencia pasa de una textualidad heurística factual a una narración claramente apocalíptica sobre su objeto de estudio: […] el moderno sistema mundial, como sistema histórico, ha entrado en una crisis terminal y dentro de cincuenta años es poco probable que exista. Sin embargo, como el desenlace es incierto, no sabemos si el sistema (o los sistemas) resultante será mejor o peor que éste en el que ahora vivimos, aunque sí sabemos que el período de transición será una época de tremendas perturbaciones, porque lo que se juega en la transición es mucho y porque la capacidad de pequeños inputs para afectar el resultado es muy grande.41

Wallerstein es, qué duda cabe, experto en el tema y ha identificado, por lo menos, tres problemas estructurales del capitalismo que, a su juicio, son irresolubles en el mediano plazo: 1) la lucha entre los propios capitalistas por hacerse de mercados que rindan las ganancias suficientes para hacer viable la producción, en un ambiente mundial de consumidores volátiles, tanto en deseos como en capacidad adquisitiva; 2) la desruralización del mundo; es decir, el estrechamiento de la capacidad sistémica para conseguir mano de obra barata en diversas geografías industrialmente “vírgenes”, y 3) el acrecentamiento de la crisis ecológica mundial, en la que las intervenciones privadas y públicas reversibles, o por lo menos mitigantes, de la misma son escasas e insuficientes, cuando no inexistentes. Todo esto es muy probablemente cierto, pero la complicación mayor de su prognosis radica en la verticalidad de su aserto escatológico: una vez más, como en el apocaliptismo medieval y en Marx y Engels, se sostiene la inminencia del cierre del periplo capitalista como un designio inamovible. Fin de los tiempos ineluctable, que se ha predicho con esperanzador fervor hoy como ayer. He señalado ya cómo un modo secularizado del apocaliptismo medieval vertebra las líneas centrales de El manifiesto comunista de Marx y Engels. Este tipo de influencia puede rastrearse en numerosos estudios de línea marxista, como es el caso de Wallerstein, pero también en textos de crítica social sin más, ajenos al núcleo discursivo de dicha escuela de pensamiento de origen decimonónico; si bien al no tener un armazón

40 “[…] en «sistema-mundo» estamos frente a una zona espaciotemporal que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales, una que representa una zona integrada de actividad e instituciones que obedecen a ciertas reglas sistémicas”. Véase Immanuel Wallerstein, Análisis de Sistemas-Mundo (México: Siglo XXI, 2006), 32. 41 Véase Immanuel Wallerstein, Conocer el mundo, saber el mundo (México: Siglo XXI Editores-CIICH-UNAM, 2007), 5.

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teórico estricto y con límites bien definidos, como lo fue el marxismo con su compromiso teórico sobre la direccionalidad de la historia y la necesidad dialéctica de sus diversos estadios temporales, se verifica en ellos un matiz que permite un tipo diverso de afirmación sobre la clausura del sistema socioeconómico actual. Es la ruta textual que desemboca en el apocaliptismo postmodernista por excelencia: el cyberpunk. Tomemos, por ejemplo, el destacado estudio Planeta de ciudades miseria, del investigador independiente Mike Davis. Allí, elabora un repaso panorámico global de uno de los problemas más alarmantes de nuestra civilización: el advenimiento de los asentamientos humanos post urbanos. Es decir, lugares de habitación masiva que carecen de la infraestructura básica que, tradicionalmente, configuró a las ciudades modernas. Espacios tomados por numerosos grupos de personas que únicamente cuentan con lo mínimo para subsistir. En muchos casos, solamente con un techo y algún tipo de delimitación precaria frente al medio ambiente circundante. Son las villas miseria, ciudades perdidas o arrabales del mundo entero. Ubicadas en una relación parasitaria con las grandes metrópolis, son el espejo negro de éstas. Dice Davis en su estudio: El modelo clásico del campo poseedor de una gran mano de obra y de la ciudad como fuente de capital, se invierte en muchos lugares del Tercer Mundo, donde encontramos ciudades desindustrializadas poseedoras de una gran mano de obra, y regiones rurales con gran afluencia de capital. Dicho en otras palabras, el motor de esta «urbanización generalizada» se encuentra en la reproducción de la pobreza y no en la reproducción del empleo[…] Kinshasa, Luanda, Jartum, Dar-es-Salaam, Guayaquil y Lima crecen de manera prodigiosa pese a la ruina de sus industrias de sustitución de importaciones, de la reducción de sus sectores públicos y de la caída de las clases medias[…] Como resultado, el veloz crecimiento urbano en un contexto de ajuste estructural, devaluación de la moneda y recorte del gasto público, ha resultado una receta infalible para la producción en masa de áreas urbanas hiperdegradadas. Un investigador de la Organización Internacional del Trabajo calcula que en el Tercer Mundo, el mercado formal de la vivienda rara vez cubre más del 20 por 100 de las necesidades, por lo que la gente se construye sus propios chamizos, se refugia en alquileres informales y divisiones pirata del espacio, o simplemente se instala en las aceras.42

Hasta aquí parte de lo que podríamos llamar el análisis científico sobre las principales causas socioeconómicas del crecimiento acelerado de las ciudades miseria mundia-

42 Mike Davis, Planeta de ciudades miseria (Madrid: Foca, 2007), 30-31. El estudio que refiere, de acuerdo con su citación, es: A. S. Oberai, Population Growth, Employment and Poverty in Third-World Mega-Cities (1993).

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les. Se establecen causas del problema y se mencionan casos del mismo. Es un panorama preocupante que parece no tener punto de resolución en el futuro próximo o a mediano plazo. Obedece a una dinámica sistémica global, inter generacional y de largo alcance en sus consecuencias. Marca, asimismo, un momento de inflexión histórica: el verdadero tránsito de la Modernidad a la Postmodernidad, ya no como fenómeno exclusivamente cultural y filosófico, sino contundentemente cotidiano. Pero un poco más adelante en su obra, Davis realiza un desliz que es retórico, es ideológico y, sobre todo, es imaginativo: una prospectiva más afín a la ciencia ficción umbrosa del último cuarto del siglo XX que al tipo de examen geográfico y sociológico que se había ofrecido inicialmente: Así pues, las ciudades del futuro se encuentran lejos del cristal y del acero con que las imaginaban generaciones anteriores de urbanistas: la realidad nos presenta un panorama de ladrillo sin cocer, paja, plástico reutilizado, bloques de cemento y tablones de madera. En lugar de ciudades de luz elevándose hacia el cielo, la mayor parte del mundo urbano del siglo XXI se mueve en la miseria, rodeado de contaminación desechos y podredumbre. De hecho, los 1.000 millones de habitantes que ocupan las áreas urbanas hiperdegradadas, podrían mirar con envidia las ruinas de las sólidas viviendas de barro de Çatal Hüyük levantadas en Antolia en el alba de la vida urbana hace nueve mil años.43

El sesgo es discreto pero, al cabo, notable y determina la clave del párrafo citado. Es en las primeras tres líneas donde se realiza una contraposición que es no sólo descriptiva, sino eminentemente creativa: el antagonismo entre un futuro pensado como posible, pero irreal, y uno funestamente inminente. No es en primera instancia un aserto empírico, sino literario. Porque, de hecho, sí que existen las ciudades del futuro (es decir, vigentes en la actualidad y de durabilidad futura altamente previsible), “de cristal y acero” y “de luz elevándose hacia el cielo”. Los distritos centrales de lugares como Atlanta, Nueva York y Dallas. Ciudades satélite integradas al espacio urbano añejo, como Santa Fe en la Ciudad de México. Amplias extensiones comerciales, financieras y de vivienda como Hong Kong, Kuala Lumpur y Shangai. Ciudades completas con ese cariz como Dubai, Frankfurt y Doha. Es decir, junto con la realidad del crecimiento de la hiperdegradación urbana, se verifica al unísono su contraparte, el desarrollo del urbanismo monetarizado, eficiente, confortable. En breve, la estrategia textual utilizada remite al artificio de la ciberpunkización de la sociedad, presente en numerosas obras literarias y cinematográficas postmodernistas. De la fundacional versión cinematográfica de la novela Do Androids Dream with Elec-

43 Davis, Planeta de ciudades miseria, 33.

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tric Sheep? (1968) de Philip K. Dick, Blade Runner de Ridley Scott de 1982, en la que se presenta una ciudad de Los Ángeles futura atestada de gente, hipertecnologizada, plagada de tribus urbanas, animales artificiales, ingeniería genética de tianguis, policías desenfrenados y androides humanizados en rebeldía, a la reciente cinta Elysium (2013) de Neill Blumkamp, en la que el realizador no imaginó a la Los Ángeles del futuro como una sucursal hiperpoplada y desregulada del Tokio actual, como hiciera Scott hace una generación, sino que la visionó como una de las peores ciudades miseria de Latinoamérica: el Bordo de Xochiaca en la periferia paupérrima de la Ciudad de México (y fiel a su estilo hiperrealista, que mostró espectacularmente desde su ópera prima del 2009, District 9, fue justo en ese sitio donde la cinta fue filmada). Un universo de masas humanas que viven en la perdición del desempleo crónico, la insalubridad, el crimen, el hambre y la degradación irremisible del medio ambiente que los rodea. Controlados por robots policías y mercenarios-soldados a las órdenes del gobierno de los millonarios, poderosos y exquisitos que viven aislados no ya de estas comunidades, sino del planeta mismo en una estación espacial, sucursal sideral de Beverly Hills, conocida como Elysium. El cyberpunk, ha afirmado Fredric Jameson, en tanto que género artístico especialmente desarrollado en la literatura y el cine postmodernos, es ante todo el planteamiento de una disutopía, en la doble acepción del término. Por una parte, es lo opuesto a las utopías clásicas que poseían un halo redentor de armonía, concordia y superación de las contradicciones sistémicas de un mundo problemático. Por otra parte, es la negación de dicho género literario-filosófico, ya que éste, por definición, propone un futuro deseable pero improbable, cuando no imposible de llevarse a efecto. El cyberpunk, en cambio, plantea un porvenir atroz cuya materialización cuenta con todas las probabilidades a favor. Es el paso siguiente en la desaforada lógica del desarrollo de nuestra civilización. En este sentido, Jameson ha identificado en dicho subgénero de la ciencia-ficción una característica fundamental: su construcción como prognosis de la inminente desaparición de la sociedad burguesa, que durante tanto tiempo ha sido llamada, eufemísticamente, ‘sociedad civil’; desaparición de la sociedad civil, pero no del capitalismo como modo de producción y como motor generador de la sociabilidad humana. De esta guisa, la estética cyberpunk recoge y proyecta, en un cúmulo de obras, una abigarrada imaginería crepuscular en la que se mezclan los más inquietantes avances de la cibernética, la ingeniería genética y la física nuclear, con el montaraz resurgimiento de atavismos tribales, místicos y oscurantistas —la neobarbarie—, en medio de ciudades hacinadas, polucionadas y decadentes, constituyendo así la propuesta estética más viable para sondear, criticar y prospectar el devenir del actual sistema-mundo. En muchos sentidos, el cyberpunk retrotrae a la civilización a un punto de no retorno. Al mismo tiempo lugar de desolación, que nacimiento de un nuevo porvenir. Pero lo más interesante es que el producto de dicho parto no es ni redentor ni luminoso. En la proyección de las posibilidades sombrías del desarrollo ulterior del capitalismo tardío, tras su pe-

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riodo de transición contemporánea, “la exploración visionaria del cyberpunk […] ocupa el lugar que, en último término, podría corresponder a una teoría completa de lo que sigue a la sociedad civil”.44 En dicho género se preserva el pathos de la decadencia sistémica, pero sin resolución emancipatoria. El sistema-mundo capitalista entra en un impasse posthumanista (ya efectivo en el presente en muchos lugares del mundo), pero nunca postproductivo. Los ejes de su dinámica vital, fabricación y mercantilización; venta y consumo, siguen intactos. Ha cambiado la sociedad que lo sostiene, pero no su vigencia económica. Es más, el cariz de la sociedad gira en torno a su realidad corporativa, como en los ejemplos emblemáticos señalados de Blade Runner y Elysium. De esta manera, el giro cyberpunk presenta un rasgo más consecuente con la realidad histórica: la caída de las civilizaciones ocurre más como un largo crepúsculo que como la culminación de un eclipse.

44 Fredric Jameson, Las semillas del tiempo (Madrid: Trotta, 2000), 135.

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ENFO Q U E

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EL SISTEMA DE PARTIDOS EN URUGUAY: DEL BIPARTIDISMO AL PLURALISMO MODERADO Arturo Albarrán Cortés1 El sistema de partidos de Uruguay se constituye como uno de los más estables e institucionalizados del Cono Sur. Sin embargo, éste sufrió una mutación tras la aparición de un tercer partido político a finales del siglo XX que, en lugar de significar un rompimiento, derivó en su consolidación. El surgimiento electoral del Frente Amplio, un partido de izquierda, sirvió como catalizador para la reforma constitucional de 1996, que modificaría las reglas electorales y, con ello, la lógica de competencia partidista. El Frente Amplio ganó por primera vez en la elección presidencial de 2004 y se convirtió en la principal fuerza política del país en detrimento de los partidos tradicionales, el Colorado y el Nacional. Factores económicos y sociales aunados a una nueva ingeniería electoral son los elementos más visibles que explican el cambio político y la llegada de la izquierda al poder, evento generalizado en la región latinoamericana. INTRODUCCIÓN

ruguay se constituye como una de las democracias más longevas y estables del Cono Sur. Este país cuenta con los partidos más antiguos de la región —el Partido Colorado (PC) y el Partido Blanco (PN) fundados en 1836— que a la fecha siguen participando activamente en la arena política.2 Uruguay podría considerarse como un caso atípico de la región, pues se aleja notablemente de la regla general que se vivió en América Latina (AL) desde mediados del siglo XX. El sistema de partidos y la relación de cooperación entre las dos principales fuerzas políticas fueron factores fundamentales de la visible estabilidad que presentó el país hasta antes del episodio autoritario acontecido en 1973. América Latina se caracterizó por ser una zona territorial con fuerte inestabilidad política, prolongados periodos de crisis económicas y múltiples gobiernos autoritarios surgidos de los recurrentes golpes de Estado realizados por los militares. Si bien Uru-

1 Arturo Albarrán es estuiante de Economía y Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 2 Elena Martínez, “Capítulo de Partidos de Uruguay”, en Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg (ed.) Partidos Políticos de América Latina (México, Fondo de Cultura Económica: 2003), 426.

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guay también padeció algunos síntomas de desequilibrio político, lo hizo en menor medida respecto a la generalidad latinoamericana. En suma, el siglo XX representó un periodo de constantes cambios políticos entre las blandas transiciones a la democracia y los visibles retrocesos autoritarios. El rompimiento, más que la continuidad, era la realidad que se vivía en Latinoamérica, por lo cual muchos consideraban a la región políticamente inestable por naturaleza.3 Las explicaciones de esta “normalidad” latinoamericana son variadas. Algunas apuntan al régimen político. Es por ello que académicos sistemáticamente señalaron como responsable al sistema presidencial, precisamente por su evidente inhabilidad para resolver el conflicto político debido a la parálisis y a la rigidez interna del sistema.4 Sin embargo, el sistema de partidos es también una variable bastante considerada en el análisis político. Esta explicación señala que más bien la falta de institucionalización del sistema de partidos dificulta la gobernabilidad, volviendo a la democracia más endeble y la legitimidad sumamente cuestionada.5 No obstante, otro argumento señala que más que la existencia de partidos débiles, la falta de respuesta del mandato, es decir, la discrepancia entre las promesas de campaña y la política pública ejecutada por el candidato ya en el gobierno, es la razón de la debilidad de las democracias latinoamericanas.6 Uruguay, al igual que los demás países de la región, vivió un retroceso democrático en 1973; pero un pacto entre las principales cúpulas militares y políticas del país — omitiendo al Partido Nacional— lograron el regreso de la democracia en 1985 a través del mecanismo electoral.7 El punto clave radica en que la política uruguaya de la postdictadura se tornaría distinta a la anterior de 1973. El restablecimiento de las instituciones democráticas generaría una serie de vaivenes compatibles con la alternancia de gobiernos de centro derecha y, por primera vez, de la izquierda, quien ganaría su primer elección presidencial en 2004.8 El caso uruguayo muestra que el tiempo de duración del sistema democrático en un país puede ser un buen indicador del nivel de institucionalización alcanzado por

3 Mitchell Seligson, “The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries” en Journal of Politics 64(2002): 408–433, 418. 4 Juan Linz y Arturo Valenzuela (eds.), The failure of presidential democracy (Baltimore, Johns Hopkins University Press: 1994), 8-10. 5 Scott Mainwaring y Timothy Scully, “La institucionalización de los sistema de partidos en América Latina” en Revista de Ciencia Política 17(1995): 63-101, 88. El presente trabajo de investigación sigue más esta línea de explicación. El sistema de partidos de Uruguay se encuentra entre los que tienen un mayor grado de institucionalización, mostrando que el partidismo de Uruguay es bastante estable. Véase también Mainwaring & Scully, “La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina", 81. 6 Susan Stokes, “Are Parties What’s Wrong with Democracy in Latin America?” presentado en el XX Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (Guadalajara, México: 1997), 15. 7 El Pacto del Club Naval llevado a cabo entre los colorados, la izquierda y las élites militares acordó la vía electoral para realizar el regreso de la democracia en Uruguay. 8 Alejandro Guedes et al. Presidentes, Partidos e Ideología en Uruguay (1920-2009) (Montevideo, Universidad de la República: 2011), 17.

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una democracia. Una concepción de stock, más que de nivel, se debe resaltar, es decir: mientras que las nuevas democracias inician un proceso de configuración durante una transición, las democracias viejas e institucionalizadas presentan, por lo general, mayor estabilidad política.9 El presente depende críticamente del pasado. De hecho, actualmente Uruguay cuenta con los índices de aprobación de democracia más altos de la región con un 75% según Latinobarómetro y un 86.5% de acuerdo a la Latin American Public Opinion Project (LAPOP). La variable de interés de esta investigación es el sistema de partidos. Sartori lo define como “el sistema de interacciones que resulta de la competencia entre partidos”.10 Uruguay, diseñado en un inicio para ser un bipartidismo debido a su sistema electoral,11 representa un caso en el cual el sistema de partidos ha transitado por varias etapas, pasando por un bipartidismo hasta un pluralismo moderado justamente por la aparición de una tercera fuerza política con significativo éxito electoral.12 Los partidos tradicionalistas funcionaban como partidos cártel y office seekers; mientras que el Frente Amplio (FA) seguía más la lógica de un partido programático.13 Sin embargo, los partidos tradicionalistas han buscado reinventarse en los últimos años tras perder la presidencia en 2004. La importancia de los partidos políticos en una democracia no es menor, pues escenifican la representación simbólica de la política, el ámbito donde se expresan las demandas sociales y el espacio genuino del debate público.14 La diversidad de las fuerzas políticas cristaliza la fragmentación del sistema de partidos. Una alternativa para saber qué tan fragmentado se encuentra este espacio político es calculando el número efectivo de partidos mediante la fórmula de Laksso y Taagepera.15 Con base en los resultados de las elecciones presidenciales, para 2004 se tuvo un valor de 2.6, mientras que para 2009 la fórmula arrojó una cifra de 2.9. Tal hecho, demuestra una participación efectiva de tres partidos, reafirmando la transición del bipartidismo al pluralismo moderado.16 América Latina es una región donde la desigualdad, tanto en el ámbito social como económico, es un rasgo característico de su historia. Bajo este contexto se “da a la izqui-

9 John Gerring et al. “Democracy and Human Development” en The Journal of Politics 74(2011): 1–17, 2-3. 10 Giovanni Sartori, Parties and Party System (Cambridge, Cambridge University Press: 1976), 43-44. 11 La elección presidencial se definía con la regla de mayoría simple. Recordando a Duverger, este tipo de sistema incentivaba la instauración de un bipartidismo. 12 Allan Ware, Political Parties and Party Systems (Oxford, Oxford University Press: 1996), 168-170. 13 Steven Wolinetz en “Beyond the Catch-all Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies”, en Juan Linz, José Ramón Montero y Richard Gunther (ed.) The Future of Political Parties, (Oxford, Oxford University Press: 2002), define al partido programático como aquel que adquiere una postura intermedia entre vote-seeking y policy-seeking. 14 Mainwaring y Scully, “La institucionalización de los sistema de partidos en América Latina”, 5. 15 Markku Laksso y Rein Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe” en Comparative Political Studies 12 (1979): 3-27. 16 El cálculo del número efectivo de partidos se realizó con los resultados de la primera vuelta presidencial de 2009 en "Poltical Database of the Americas", Georgetown University, disponibe en: http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Uru/uruguay.html (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2013).

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erda una base apoyo natural que engloba típicamente a la mayoría de la población”.17 Sin embargo, una revisión de la plataforma de los partidos tradicionales —Colorado y Nacional— nos permite ubicarlos a la derecha del espectro ideológico, dejando a la izquierda marginada en el juego político. Entonces, nos preguntamos ¿por qué Uruguay, a diferencia de los demás países de la región, tiene un sistema de partidos bastante estable y no polarizado? ¿Por qué la izquierda no tenía un partido político que patentemente la representara antes de 1971? Respecto a la estabilidad del sistema de partidos, la respuesta más factible puede venir por las características propias de la sociedad uruguaya. Al considerar a Uruguay como una sociedad pequeña18 y relativamente homogénea, se podría asumir que la estructura de partidos no sea necesariamente tan diversa debido a la poca polarización social.19 Una sociedad poco segmentada como la uruguaya, aunada a un sistema electoral de mayoría en la elección presidencial, incentiva la formación de un bipartidismo. Lo anterior posibilita la existencia de una democracia de mayorías, como fue el caso del predominio de los partidos tradicionales —propiciado por su cercanía ideológica— en Uruguay.20 La otra incógnita es la poca presencia de la izquierda hasta antes de 1971 en la política uruguaya. Cabe preguntarse, ¿Uruguay era un país con mucha desigualdad? La respuesta parece ser negativa. Uruguay se caracterizó durante el siglo XIX por tener un fuerte crecimiento económico con una distribución relativamente buena del ingreso.21 Por lo tanto, apelando a una sociedad homogénea y con una distribución más o menos equitativa del ingreso22, probablemente, en términos de Lipset y Rokkan, la división izquierda-derecha no se pudo potenciar como en otros países donde la izquierda, representada por varios partidos y de manera desorganizada, polarizó la arena política .23 El regreso de la democracia a Uruguay representó un punto de quiebre importante para la izquierda. Posterior a la transición, las políticas públicas que se implementaron

17 Matthew Cleary, “Explaining the left´s resurgence” en Journal of Democracy 17(2006): 35-48, 27. 18 Actualmente el país cuenta con una población de 3, 369 millones de habitantes de acuerdo al Banco Mundial (2011). 19 Pablo Valenzuela, “Estabilidad presidencial y democracia en Uruguay: una mirada a tres momentos” en Revista Divergencia 1(2012): 55-72, 64. 20 Arend Lijphart, Modelos de democracia, formas de gobierno y resultados en 36 países (Ariel: 2000), 72. 21 Ramón Díaz, “El Observador”. Mayo 15 de 2004, Montevideo, 1. Citando a Díaz: “El tiempo de los mayores crecimientos económicos en Uruguay, entre 1871 y 1887, cuando su ingreso per cápita era comparable a Inglaterra, Francia y Alemania, fue un momento de gran crecimiento demográfico, producto de la avalancha de inmigrantes europeos que buscaron la prosperidad económica mediante una ética de trabajo y de austeridad…” Tomado de Arocena 2000, p.4. 22 Uruguay se caracteriza actualmente por tener el Coeficiente de Gini más bajo de la región, de 45.3, de acuerdo al Banco Mundial (2010). 23 Felipe Arocena, “La contribución de los inmigrantes al Uruguay” en Papeles del CEIC. Universidad del País Vasco, 2009, 4.

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siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington,24 afectando a amplios sectores que posteriormente verían a la izquierda como una opción viable de gobierno, tras la gestión del Frente Amplio en Montevideo, alterando la lógica partidista que había prevalecido por mucho tiempo.25 La izquierda uruguaya renace después de la dictadura militar como una fuerza electoral cierta que amenaza de manera real la permanencia de la estructura partidaria tradicional en el poder.26 De hecho, en cuanto al significado que ha adquirido la izquierda, basta decir que Latinobarómetro posicionó a Uruguay en primer lugar en su informe de 2010 respecto a la proporción de población ubicada en este lado del espectro con un 30%, superando a países como Bolivia y Venezuela que podrían percibirse con mayor ideología de izquierda (Cuadro 1). Ahora bien, el Frente Amplio pareció entender su posición estratégica en la arena política. Si el Frente Amplio quería ganar una elección en su lógica de vote seeker, incluir al electorado ubicado en el centro era punto fundamental.27 Con un apoyo del centro político aunado a la mala gestión de la política tradicional —principalmente el colapso financiero en 2002— el Frente Amplio logró conquistar el poder por la vía electoral en 2004.28 Sin embargo, algo que se debe decir expresamente es que la izquierda que entendemos hoy no es la misma que la de la década de los sesenta, aquella radical, socialista y revolucionaria. Hoy en día, la izquierda tiene una agenda progresista que apela a programas redistributivos, defiende la democracia, busca la mitigación de la pobreza como parte de su oferta política y se abre a la idea de la globalización y los efectos de la economía mundial.29 Expresa un discurso moderado que es aceptado por amplios sectores del electorado.

24 Conjunto de reformas económicas recomendadas a los países latinoamericanos. Se proponía la liberalización comercial e instauración de esquemas fiscales responsables para impulsar el crecimiento económico en la región. 25 Adolfo Garcé, “El trampolín de Tabaré. La gestión del Frente Amplio en Montevideo”, en Nueva Sociedad 212 (2007): 120-133, 120. 26 David Altman et al., Constitutional Reforms And Political Turnover In Uruguay: Winning A Battle, Losing The War (Montevideo, Universidad de la República: 2011), 9-10. 27 Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy (New York, Harper Collins Publishers: 1957), 28. Susan Stokes, Political Parties and Democracy (Department of Political Science, University of Chicago: 1999), 252. 28 Juan Pablo Luna, “Frente Amplio and the Crafting of a Social Democratic Alternative in Uruguay” en Latin American Politics and Society 49(2007): 1-30, 17. 29 Carles Boix, Political parties, growth and equality, conservative and social democratic economic strategies in the world economy (Cambridge, Cambridge University Press: 1998), 5. Latinobarómetro, “Informe Latinobarómetro 2010”, 63-65.

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Cuadro 1. Posición ideológica de los países de América Latina

Fuente: Latinobarómetro 2010

Un análisis más a fondo del sistema de partidos uruguayo inevitablemente nos lleva a estudiar con detalle su sistema electoral. Tal estructura representó un aspecto fundamental a la hora de hablar de la vida partidista del país. Se puede argumentar que la reforma electoral de 1996 se hizo precisamente para evitar la llegada a la presidencia del Frente Amplio en la elección de 1999. No obstante, en 2004 ocurriría una situación inédita, pues en la elección de ese año, por primera vez en la historia política de Uruguay, un partido no tradicional y de izquierda asumía el Poder Ejecutivo. La Tabla 1 muestra los cambios relevantes que introdujo la reforma electoral de 1996.

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Tabla 1. Cambios de la reforma electoral de 1996 Modificaciones

Antes de 1996

Con la reforma de 1996

Elección presidencial

Mayoría simple

Mayoría absoluta con el mecanismo de la segunda vuelta

Elecciones legislativas

Representación proporcional

Elección del candidato presidencial

El voto doble simultáneo o “ley de lemas”

Elecciones primarias (candidato único)

Temporalidad de las elecVinculadas y concurElecciones separadas (presidenciales, legislaciones rentes tivas y municipales) Fuente: Martínez Barahona, Elena. 2003. Capítulo de Partidos de Uruguay. P.429.

En el caso de Uruguay ciertamente las leyes electorales juegan un rol influyente, más no determinante. Un estudio histórico muestra que dichas reglas afectan la habilidad de los partidos políticos para sobrevivir como organizaciones independientes —como establecen las proposiciones de Duverger— de tal forma que los partidos tratarán de manipular estas leyes a su propia conveniencia. Las reglas electorales son endógenas al juego político. Los beneficios pueden ser múltiples e incluso contrarios en el largo plazo. Indudablemente, el incentivo para formar una coalición tiene que ver con la durabilidad de las leyes electorales siempre y cuando éstas permitan la permanencia en el poder. La lección que se deriva del caso uruguayo es que la reforma de 1996 permitió revertir en el corto plazo una situación electoral poco ventajosa para los partidos tradicionales, pero en una dinámica de largo plazo, el cambio de las reglas abrió un telón de esperanza para la izquierda. En términos coloquiales, se gana una batalla pero no la guerra; al contrario, la querella política se vuelve más competitiva. El objetivo de este trabajo de investigación consiste en señalar qué tantos cambios ha sufrido el sistema de partidos uruguayo desde el 2000 hasta la fecha. El análisis histórico permitirá dilucidar las posibles causas de cambio o continuidad en el sentido que “los sistemas políticos se consideran como configuraciones de estructuras políticas históricamente determinadas”. En suma, cambios en la ingeniería electoral y transformaciones socioeconómicas postdictadura marcaron los puntos fundamentales que modificaron el sistema de partidos que predominaba hasta antes de 1973 con la estructura de dos partidos tradicionalistas, pero que posteriormente abriría la pauta a una tercera política —ubicada a la izquierda— que llegaría al poder en las elecciones presidenciales de 2004 y nuevamente en 2009, siendo actualmente la mayor fuerza electoral del país.

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EL SISTEMA DE PARTIDOS DE URUGUAY: RAÍCES Y DESEMPEÑO El sistema de partidos de Uruguay se compone principalmente de tres fuerzas políticas: el Partido Colorado (PC), el Partido Nacional (PN) y el Frente Amplio (FA). Los dos primeros son los más longevos del sistema político uruguayo; mientras que el FA surgió aproximadamente hace un poco más de cuarenta años modificando la competencia partidista que había predominado durante la mayor parte del siglo XX. En los últimos años, el sistema de partidos de Uruguay ha transitado de un bipartidismo a un sistema plural moderado, aunque el votante uruguayo, debido a las modificaciones del sistema electoral, apela a dos modelos diferenciados de hacer política: el tradicional y el del FA. Uno de los objetivos fundamentales de los partidos políticos es ganar elecciones (o reelegirse) y ejecutar la oferta política propuesta en campaña. El ganar elecciones representa un medio para conseguir los verdaderos fines que persiguen los políticos. En un argumento reduccionista, los partidos políticos sirven como herramientas para los políticos para conseguir su verdadero fin: “generar un historial político exitoso”, además de aplicar políticas públicas acordes a sus preferencias. Sin embargo, una estructura institucionalizada de partidos apela más a los asuntos propios del partido y, en menor medida, a los intereses de políticos ambiciosos. El caso uruguayo parece ir más por la línea de partidos institucionalizados, no obstante, los liderazgos son pieza clave en el estudio, siendo el de Tabaré Vázquez uno de los más importantes del FA. En Uruguay la política es necesariamente partidista, pues las candidaturas independientes no están contempladas por la ley electoral. Por ello, la única forma de acceder a un puesto de elección popular es a través de un partido político. Ante esto, cabe preguntarse ¿los partidos políticos muestran altos porcentajes de aceptación? Según la LAPOP, los partidos políticos se posicionan dentro de las instituciones a las que menor confianza le tienen los uruguayos, aunque cuentan con un 41.6% de aceptación, lo cual es relativamente alto si, por ejemplo, se compara con el caso mexicano del 35.4%. Sin embargo, la sociedad uruguaya alberga una idea mayoritaria que sostiene que la democracia no puede pensarse sin los partidos políticos, evidenciando la partidocracia existente en el país. Una explicación de la baja confianza a los partidos políticos sería una baja percepción en el buen desempeño del gobierno. Las percepciones sobre el desempeño del gobierno —en tópicos relevantes para el electorado— son un referente de la confianza hacia los partidos políticos. Actualmente, el tema de seguridad es el que mayor relevancia tiene en la agenda pública del gobierno de Uruguay. La LAPOP apunta que un 63% de la población percibe que no ha habido mejoras en la seguridad ciudadana y los datos muestran que una mayor percepción de seguridad ciudadana se asocia con mayor confianza en los partidos políti-

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cos (ver Anexo), entonces la tesis de Hagopian se adapta al caso uruguayo para explicar la baja confianza en los partidos políticos, más allá de la representatividad, donde los partidos políticos en Uruguay se encuentran relativamente bien posicionados. Un problema que se asocia sistemáticamente a los partidos políticos es la corrupción. Bajo esta línea es factible señalar que la falta de legitimidad se debe a aspectos relacionados con la percepción de corrupción; no obstante, Uruguay cuenta con los niveles más bajos de percepción de corrupción de la región. Entonces, con un argumento complementario, una posible explicación de la conformidad con los partidos políticos sería la certidumbre producida por las instituciones electorales. Una estructura de reglas formales —las elecciones y su correcta regulación— resulta ser eficiente al punto de mitigar la falta de legitimidad y/o confianza hacia los partidos políticos (Cuadro 2). En el caso de Uruguay, las elecciones y la Corte Electoral son las instituciones que mayor confianza reportan, validando esta explicación. Cuadro 2. Confianza en las instituciones en Uruguay. Evolución histórica (2007-2012)

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.

Los partidos políticos, por lo general, plantean una plataforma ideológica con el fin de comunicar al electorado qué representan, exponer propuestas de política pública y buscar identificarse con una base electoral con la finalidad de ganar elecciones en contextos electorales competitivos.30 En particular, sirven para reducir los costos de infor-

30 Karen Strom, “A Behavioral Theory of Competitive Political Parties” en American Journal of Political Science 34(1990): 565-598, 575.

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mación a los que se enfrentan los votantes.31 Por ello, en aras de ubicarlos ideológicamente, se realizara una breve reseña de los principios básicos de las tres principales fuerzas políticas de Uruguay. El PC, fundado en 1836 por Fructuoso Rivera, es el partido que mayor tiempo se ha encontrado ligado al poder en la historia política de Uruguay. Desde sus inicios se constituyó como un partido defensor de los intereses urbanos, de las ideas liberales y del libre comercio. Bajo la bandera del Batllismo,32 el bienestar se volvió la política clave del trazado político del PC. Concretamente, apela a las clases medias, así como a la creación de canales que permitan la movilidad social.33 Dentro del espectro ideológico se le puede clasificar como un partido de centro derecha. Actualmente el PC se encuentra fraccionado por temas sociales como el aborto, la eutanasia, la despenalización de la mariguana (propuesta del FA) y los derechos de los homosexuales. El PN, fundado en 1836 por Manuel Oribe, tiene una historia longeva al igual que el PC. Antes de la aparición del FA, el PN jugó el papel del eterno opositor.34 Partido defensor de propuestas como la reforma agraria, la distribución equitativa del ingreso y una poca intervención del Estado, se estableció como un representante de las zonas rurales, con una propensión política centrista aunque bastante conservador, lo que hacía que se tintara con colores de derecha. Este acoplamiento permitió la existencia de un cogobierno, donde la oposición participaba activamente en la política nacional.35 Los temas como la eutanasia y el aborto muestran posturas variadas; respecto a los derechos de los homosexuales y a la despenalización de la mariguana, el rechazo es prácticamente unánime.36 Finalmente, el FA es fundado por Líber Seregni en 1971. Tras el fin de la dictadura militar y el inicio de la apertura democrática, el FA se erigió como alternativa real frente a los partidos tradicionales. Surgió de la unión de varias agrupaciones de izquierda, de ciudadanos independientes buscando una alternativa de gobierno y de disidentes de los partidos tradicionales. El partido es considerado de izquierda. Mantiene una agenda progresista y postula los siguientes principios: 1) antiimperialista; 2) a favor de la democracia, la libertad y los derechos humanos; 3) antioligárquico; 4) en contra de las políticas neoliberales y a favor de la redistribución equitativa de la riqueza, y 5) un Es-

31 John Aldrich, Why parties? The origin and transformation of party politics in America, 49. 32 La historia del PC del siglo XX inevitablemente se encuentra ligada a la figura de José Batlle y Ordóñez, quién impulsó la instauración del Estado de Bienestar en Uruguay durante su presidencia de 1903-1907. 33 Martínez, “Capítulo de Partidos de Uruguay”, 437-439 34 El primer presidente electo del Partido Blanco fue Luis Alberto Lacalle para el periodo de 1990-1995. Durante el siglo XX, el PC fue prácticamente un partido hegemónico. 35 Martínez, “Capítulo de Partidos de Uruguay”, 476-479. 36 Comunicado respecto a la posición de la despenalización de la mariguana en http://partidonacional. org.uy/portal/index.php/10-editoriales/1084-legalizacion-de-la-marihuana-la-gran-improvisacion, fecha de consulta: 20 de Septiembre de 2013.

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tado activo en el terreno económico.37 Actualmente, el FA —congruente con su agenda progresista— se expresa a favor de temas controvertidos, siendo la despenalización de la mariguana el que actualmente se halla en mayor discusión. En términos de tipología de partidos, se podía definir que tanto el PC como el PN funcionaban como partidos cártel dada la poca polarización política y el acuerdo de coparticipación en el gobierno; no obstante, el crecimiento electoral del FA y su posterior victoria hizo que los partidos tradicionales cambiaran su estrategia de comunicación política y convocaran a diversos sectores de la población, que no necesariamente coincidieran con su histórica base electoral; es decir, los últimos años se han caracterizado por la adopción de una tendencia catch all por parte de los partidos tradicionales. Aunque hay estudios que señalan que los partidos tradicionales, desde su origen y durante su período de hegemonía electoral, se comportaban como partidos catch all,38 la explicación no es del todo satisfactoria, pues el sistema electoral vigente antes de 1996 no incentivaba la maximización del número de votos y, a excepción de la elección de 1989, el PC era el partido electoralmente dominante. Los partidos políticos tradicionales de Uruguay (PC y PN) —mientras gobernaban— podían considerarse como office seekers, pues dado que el sistema de partidos era mínimamente fragmentado, las posibilidades ex ante de ganar una elección y conservar sus puestos no resultaban mínimas, a pesar de que no se maximizara el número de votos. Históricamente, los partidos tradicionales tenían acceso a las oficinas de gobierno, pero con el surgimiento del FA, vieron amenazada su capacidad de manejar el gasto así como la implementación de políticas acordes a su plataforma ideológica.39 Para los partidos tradicionales, por primera vez, se les presenta un peligro que atentaba contra sus offices. El PN sólo pudo asumir el gobierno por un periodo. El PN se convirtió en gobierno en la elección de 1989 con la elección de Luis Alberto Lacalle como presidente. Sin embargo, bajo esta lógica de office seeker, el PN no logró volver a reelegirse tras perder la elección de 1994 ante el PC.40 Lacalle resultó ganador, pero el PN no obtuvo mayoría en ninguna de las Cámaras, lo que significó que tendría que negociar, primero al inte-

37 Martínez, “Capítulo de Partidos de Uruguay”, 509-515. 38 Jorge Lanzaro y Gustavo De Armas, Uruguay: Clases Medias y Procesos Electorales en una Democracia de Partidos (Montevideo, Universidad de la República: 2012), 4. 39 Altman et al., Constitutional Reforms And Political Turnover In Uruguay: Winning A Battle, Losing The War, 9. 40 Un partido que se encuentra en el poder, en teoría, tiene acceso a grandes recursos lo que le permite impulsar políticas que puedan ser electoralmente rentables y le permitan ganar la próxima elección (Strom, “A Behavioral Theory of Competitive Political Parties”, 576).

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rior de su partido41 y después con los otros partidos. El gobierno de Lacalle termino con saldo negativo en términos electorales principalmente por los frecuentes enfrentamientos con diversos sectores sociales por temas salariales.42 El PN se deslindó de Lacalle —lo cual es posible en un sistema de partidos institucionalizados— y con Julio María Sanguinetti (PC de 1995-2000) formó parte de la coalición de gobierno necesaria para llevar a cabo la reforma a la Constitución de 1996. Tras perder el gobierno, el PN se convirtió en el aliado real del PC justamente ante la aparición real de una oposición, el FA. El tercer partido político, el FA, pareció manejar más la lógica de un partido programático: si bien necesitaba conseguir votos para ganar la elección, razón de la moderación del partido, el FA mantuvo una posición clara de oposición hacia los partidos tradicionales en la cual sus principios básicos no fueron modificados en esencia. 43 Esta postura generó que la incertidumbre de los votantes acerca de la consistencia de la plataforma política del FA fuera minimizada y, en el largo plazo, electoralmente recompensada.44 La moderación —buscando maximizar el número de votos— y su postura fija frente a políticas públicas son las cualidades que permiten clasificar al FA como un partido programático. La literatura señala recurrentemente que en los últimos años los partidos uruguayos han transitado a la lógica de los partidos catch all, tanto los tradicionales como el FA.45 Los partidos catch all no se basan en la estructura social del electorado, como lo harían otro tipo de partidos más “ideologizados”. Un análisis de las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de 2004 y 2009 parece confirmar esta hipótesis, pues no es visible una atadura entre las clases sociales y la distribución de los votos.

41 Lacalle era el líder indiscutible del herrerismo, una facción, pero no del partido, el Blanco. Los partidos políticos uruguayos no son unitarios: presentan varias fracciones al interior. Existió algo llamado la “Coincidencia Nacional” que se instituyó como una Alianza –un gabinete multipartidista- que posibilitaría sacar adelante la agenda del Presidente Blanco, pero que al final resultó ser un total fracaso tras los diversos actos de desviación de sus integrantes (Guillermo Waksman, “La Gran Derrota de Lacalle” en Nueva Sociedad 124(1993), 17-21, 17). 42 Waksman, “La Gran Derrota de Lacalle”, 19. 43 Steven Wolinetz señala que existen tres orientaciones primarias de los partidos: vote-seeking, policyseeking y office-seeking. Sin embargo, bajo estas orientaciones puede haber énfasis intermedios entre estas, de la cual, el partido programático es una postura intermedia entre vote-seeking y policy-seeking. Ver Steven Wolinetz, “Beyond the Catch-all Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies” en Juan Linz, Jose Ramon Montero y Richard Gunther (ed.), The Future of Political Parties (Oxford University Press: 2002). 44 Strom, “A Behavioral Theory of Competitive Political Parties”, 573. 45 Guedes et al. Presidentes, Partidos e Ideología en Uruguay (1920-2009), 14. Lanzaro 2001, 37. Luna 2003, 200.

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Tabla 2 Intención de voto en Uruguay según Nivel Socioeconómico (NSE) (Segundo semestre de 2004) NSE

Otras

Indecisos

Total

Alto y medio alto

100

Medio

100

Medio bajo

100

Bajo

100

Fuente: Equipos-Mori. Obtenido de Lanzaro y De Armas 2012.

Tabla 3 Intención de voto en Uruguay según Nivel Socioeconómico (NSE) (Segundo semestre de 2009) NSE

Otras

Indecisos

Total

Alto y medio alto

100

Medio

100

Medio bajo

100

Bajo

100

Fuente: Equipos-Mori. Obtenido de Lanzaro y De Armas 2012.

Como lo muestran las Tablas 2 y 3, existe una independencia entre el NSE y la adhesión a un partido. No hay conexión entre la clase social a la que pertenece el votante y la distribución de voto.46 En la elección del 2004, la adhesión al FA es mayor en todos los estratos sociales. Independientemente de la clase social, el electorado uruguayo se mostró a favor de un cambio en la dirección de la política nacional, siendo la izquierda quien encabezaría este llamado. Por otro lado, se observa que la adhesión al voto en la elección de 2009 fue menor para el FA que en 2004. No obstante, lo que resulta interesante es que el grueso del apoyo electoral al FA, un partido de izquierda, viene de las clases medias y no de las clases bajas como normalmente se pensaría. Los partidos políticos uruguayos actualmente siguen una lógica de partidos catch all en la cual los ciudadanos con distintas predisposiciones votan acorde a criterios distintos del nivel socioeconómico, superando la categoría que tuvieron en el siglo XX. Una manera de entender este hecho es que en Uruguay, al tener una de las sociedades menos desiguales de AL, la participación de las clases medias como proporción es may-

46 Lanzaro y De Armas, Uruguay: Clases Medias y Procesos Electorales en una Democracia de Partidos, 53.

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or que en países más desiguales.47 Por lo tanto, en términos estratégico-electorales, todos los partidos políticos buscan absorber a tan importante segmento de la población. Sin embargo, las clases medias, con mayores niveles de escolaridad, tienden a asociarse a votantes más informados, menos ideologizados y más propensos a ser indecisos.48 Esto genera que en distintas elecciones el votante pueda manifestar una distinta simpatía partidista. El voto clasista no se activa en el caso de Uruguay. Con tal razón, los partidos políticos, en un entorno más competitivo, buscan aumentar su base electoral con la finalidad de que en cada elección tengan un resultado neto positivo que les permita ganar.49 El FA se convirtió en gobierno por primera vez en la elección de 2004, mientras que los partidos tradicionales pasaron a la oposición. Los resultados de las elecciones nacionales, así como la composición de la Cámara de Representantes y el Senado en los últimos años, ejemplifican el crecimiento electoral sostenido del FA. Ante este panorama, los partidos tradicionales, posiblemente por el voto de castigo, han decaído considerablemente al punto que el PC, el de mayor fuerza en el pasado, pasó a ser la tercera fuerza política del país alcanzando un poco más del 10% en la elección nacional, 10 diputaciones y 3 senadurías. Por otra parte, el PN ha tenido porcentajes buenos vis a vis con el PC en las últimas elecciones, consolidándose como la segunda fuerza política y el referente de la política tradicional del país. Gráfico 1. Resultados de las Elecciones Nacionales (1° Vuelta: 1989-2009)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay.

47 Según el Informe sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe de 2010, aproximadamente el 40% de los hogares en Uruguay se catalogan como clase media, siendo el porcentaje más alto de la región. 48 Juan Enrique Huerta, “The Role of Exposure to Television and Schooling in Four Models of Predictors of Youth Participation in Democracy”. Zer 23 (2007): 95-117, 116. 49 Un dato interesante es que la tasa de reelección de 1999-2004 tanto para la Cámara de Representantes como para el Senado fue de 24.49% y 29.03% respectivamente, revelando que existe un alto grado de rotación en el Legislativo derivado de un entorno electoral bastante competitivo (Legislatina, 2013). Pero también no se debe dejar de lado que fue el año electoral más rentable para el FA, por lo que probablemente explique las bajas tasas de reelección, pues muchos legisladores del FA se eligieron por primera vez.

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Tabla 4. Resultados de las Elecciones Nacionales (2° Vuelta: 1999 y 2009) Partido

1999

2009

Partido Colorado

51.29%

-----

Frente Amplio

44.07%

52.39%

-----

43.51%

Partido Nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Electoral de la República Oriental de Uruguay.

Gráfico 2. Evolución en el Legislativo del PC (1990-2010)50

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

Gráfico 3. Evolución en el Legislativo del PN (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

50 La Asamblea Legislativa de Uruguay se compone de 99 miembros; mientras que el Senado por 30. Ambos son electos por un período de 5 años con posibilidad de reelección sin límite (IFE, Estudios Electorales en Perspectiva Internacional Comparada. Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 39 y 58).

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Gráfico 4. Evolución en el Legislativo del FA (1990-2010)

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

En términos generales, lo que se observa es que el sistema de partidos, con claras diferencias electorales, persiste con matices de continuidad, como sería la presencia de los tres principales partidos, así como de cambio, el predominio actual del FA. Lo que se deduce es el grado de adaptación de los partidos políticos —principalmente tradicionalistas— ante cambios significativos en la estructura de competencia y de relación con el electorado. Lo apremiante para estos partidos es que a pesar de haber perdido gran parte de su apoyo electoral, eso no atentó contra su sobrevivencia en la arena política, como sucedió con otros partidos en la región latinoamericana. El presente análisis inevitablemente debe ahondar en la fragmentación del sistema de partidos. ¿Hay mucha competencia partidista o ésta se reduce a unos pocos partidos? La fragmentación del sistema de partidos ilustra la polarización de la competencia política. Un análisis comparado del Número Efectivo de Partidos (NEP), tanto con la fórmula Laksso y Taagepera (L&T),51 como la de Golosov,52permite una operacionalización de la fragmentación partidista para las elecciones del Ejecutivo como del Legislativo del período de 1989-2009.

51 Laksso y Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”. 52 Grigorii Golosov, “The Effective Number of Parties: A New Approach” en Party Politics 16 (2010): 171-192.

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Tabla 5. Número Efectivo de Partidos fórmula L&T y Golosov (1989-2009)

Año 1989 1994 1999 2004 2009

L&T 3.68 3.69 3.29 2.61 2.9

Nacionales Golosov 2.96 3.36 2.78 2.11 2.24

Legislativas L&T Golosov 3.38 2.93 3.31 3.28 3.41 2.77 2.6 2.19 2.96 2.4

Fuente: Elaboración propia con datos de la Corte Electoral de la República Oriental de Uruguay.

La Tabla 5 muestra que, ciertamente, el sistema de partidos uruguayo ha devenido en la competencia real entre dos fuerzas políticas: la tradicional y la del FA.53 Más adelante se comentará sobre los efectos del sistema electoral en el sistema de partidos, ya que se asume que es una posible explicación clara del pluralismo moderado uruguayo. Sistemáticamente la medición de Golosov arroja un NEP menor que L&T. Una peculiaridad se encuentra que tanto el NEP para las elecciones Nacionales como Legislativas no advierte discrepancias notorias. Antes de la elección de 1999 la explicación era que existía un “efecto de arrastre” por la simultaneidad de las elecciones, pero después de la separación de los comicios electorales, este dato indica, que, a pesar de existir representación proporcional en las elecciones legislativas, que fomenta un multipartidismo, la representación partidista se encuentra concentrada en los principales partidos. En el tema de la aparición de nuevos partidos, Uruguay, al igual que Paraguay, no posee altas barreras a la entrada de nuevos jugadores lo que permite a priori la inclusión de pequeñas fuerzas políticas y su eventual representación.54 Pero como se vio anteriormente, no existe mucha fragmentación en el sistema de partidos. Si no es la oferta política, entonces más bien la demanda política es la causa de este hecho. Una sociedad que se siente representada como la uruguaya no demanda nuevos cuadros políticos que vengan a cubrir esa ausencia de representatividad, pues se encuentran satisfechos con la estructura partidista vigente (ver anexo).55 Finalmente, un punto interesante y que ha cobrado mayor importancia durante los

53 Los rangos relevantes de la fragmentación del sistema de partidos son: 1) Menor a 2: La competencia electoral se reduce a un partido político; 2) entre 2 y 3: Existe competencia electoral entre 2 y medio partidos; 3) entre 3 y 4: Se habla de un sistema plural moderado; y 4) mayor a 4: Sistema multipartidista. 54 IFE, Estudios Electorales en Perspectiva Internacional Comparada. Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 44. La Ley N° 18.485 establece que para fundar un partido se requiere presentar ante la Corte Electoral una solicitud con la firma de al menos 0.5% del total de ciudadanos habilitados para votar en la última elección nacional (en la actualidad, 1.282 firmas como mínimo). Fuente: Poder Legislativo. 55 Latinobarómetro, “Informe Latinobarómetro 2010”, 33.

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últimos años es el liderazgo de las mujeres. Países como Chile con Michelle Bachelet, Brasil con Dilma Roussef, o Argentina con Cristina Fernández de Kirchner son ejemplos claros en la región. Uruguay alberga un significativo apoyo a la idea de que las mujeres pueden gobernar.56 En el tema del Legislativo, la representación femenina se ha quedado estancada en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado hubo un aumento del 10% entre 2000-2010 (Gráfico 5). Sin embargo, actualmente existe un déficit importante de representación femenina.57 La discriminación en los puestos es la respuesta más acertada a esta problemática.58 En el terreno político, los hombres asumen los cargos de mayor relevancia; mientras que las mujeres se quedan con puestos de menor envergadura. En 2009, en tema de cuotas, se aprobó la Ley N° 18.476 que estipula la inclusión en las listas electorales de personas de ambos sexos en cada terna de candidatos, tanto para titulares como suplentes para los diferentes comicios electorales —internas, presidenciales, departamentales— que se presenten.59 La única peculiaridad es que la ley introduce una división entre las elecciones internas, las presidenciales y departamentales. En el caso de las primeras, las cuotas comenzaron a aplicarse en 2009 de manera permanente; sin embargo, para las últimas, sólo se aplicarían para las elecciones de 20142015.60 La ley se modificará o permanecerá por la legislatura electa en función de los resultados de las elecciones próximas a celebrarse.

56 Queirolo et al., Cultura política de la democracia en Uruguay y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades, 63. 57 En 1932, Uruguay le otorgó a las mujeres la capacidad de participar política. Sin embargo, actualmente cuenta con los niveles más bajos de representación femenina (Palacio Legislativo, “Representación política de las mujeres y la cuota en Uruguay”, Primer Encuentro Nacional de Mujeres Convencionales (2009), 51). 58 El ingreso reportado por los hombres es superior al de las mujeres en la mayoría de las parejas, ilustrando la existencia de disparidades en la sociedad uruguaya. Fuente: LAPOP, Reporte de Uruguay 2012. 59 Con la nueva normativa, Uruguay estipula una cuota de género del 33% (IFE, Estudios Electorales en Perspectiva Internacional Comparada. Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 39 y 56). 60 Palacio Legislativo, “Representación política de las mujeres y la cuota en Uruguay”, 26

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Gráfico 5. Porcentaje de mujeres y de hombres en las Cámaras (1999-2010)

Fuente: Legislatina. Observatorio del Poder Legislativo en América Latina.

LA REFORMA ELECTORAL DE 1996: EL ANTES Y EL DESPUÉS El caso de Uruguay ilustra cómo la ingeniería electoral puede ser modificada por los partidos políticos para evitar malos resultados en el corto plazo. La lógica de competencia entre los partidos y los resultados finales es afectada por las leyes electorales, pero los cambios en la normativa electoral resultan endógenos, por lo que los efectos en el largo plazo pueden ser ambiguos para quienes se muestran a favor de la reforma en un inicio. Uruguay representó un laboratorio bastante interesante donde se tenía una estructura de partidos —los denominados tradicionales— que preferían el statu quo, pero estos comenzaron a sentirse amenazados por una tercera fuerza política que, electoralmente hablando, crecía considerablemente. Reformar el sistema electoral pareció ser la idea más creativa en ese momento, no obstante no se calcularon los efectos indirectos de estos cambios. Varias interrogantes surgen al respecto: ¿cómo era el sistema electoral antes de 1996? ¿Cuáles eran los cambios electorales que modificaban la lógica de competencia entre los partidos políticos? ¿Qué efectos se tuvo en el corto y largo plazo? El sistema electoral prevaleciente desde 1918 y hasta antes de la reforma de 1996 se componía de cuatro aspectos principalmente: a) sistema de mayoría relativa para la elección presidencial; b) régimen de doble voto simultáneo (DVS) o “ley de lemas”; c) representación proporcional a nivel legislativo, y d) elecciones vinculadas y concurrentes.61 La reforma de 1996 —aplicada por primera vez en la elección de 1999— modificó tres características del sistema electoral uruguayo: a) se estableció la segunda vuelta en la

61 Martínez, “Capítulo de Partidos de Uruguay”, 429. Desde 2010 se eligen también, de manera independiente, los candidatos a los Municipios.

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elección presidencial sustituyendo la mayoría simple; b) se introdujeron las elecciones primarias en los partidos y la eliminación de sublemas para la elección de diputados, y c) el establecimiento de un calendario electoral con elecciones separadas.62 A continuación, se realizara una comparación general de la normativa electoral actual vis a vis con la anterior de 1996 y se esclarecerán los cambios sustanciales que se cristalizaron en la competencia partidista en Uruguay. Las elecciones legislativas no tuvieron ningún cambio, se siguió con el mecanismo de representación proporcional. Primero la Cámara de Representantes: la fórmula de asignación de escaños que se utiliza es el cociente Hare.63 La magnitud media es 5.2.64 Por ley, se establece una delimitación de los distritos para elección de los legisladores. Se reglamenta que a cada departamento le corresponde al menos dos representantes, según el artículo 88 de la Constitución. Con respecto al Senado, el rasgo característico es que los escaños se eligen en un distrito nacional único acorde a lo estipulado en el artículo 94 de la Constitución. En el diseño de la regla, la mayoría simple para la elección presidencial generaba fuertes incentivos hacia el bipartidismo,65 pero también estimuló mantener unificada a la izquierda en comparación con otros países latinoamericanos. Como la ley electoral hacía factible la posibilidad de ganar debido a que sólo se necesitaba mayoría simple, la unidad, tanto de los partidos tradicionales como de la izquierda, era la estrategia más inteligente que se podía tomar. La dinámica se agudizó cuando la izquierda se convirtió en una amenaza real. Con la reforma de 1996 se introdujo la primera modificación relevante a discutir: la segunda vuelta con la modificación del artículo 151 de la Constitución.66 La segunda vuelta jugó un papel estratégico para los partidos tradicionales. El balotaje significaba cerrar la posibilidad de que ganara la izquierda, al menos en el corto plazo. En caso de que la izquierda —representada por el FA— pasara a segunda vuelta, necesariamente un partido tradicional pasaría a competir en la segunda elección. El partido tradicional excluido apoyaría al partido tradicional que pasara a segunda vuelta,

62 Martínez, “Capítulo de Partidos de Uruguay”, 429. 63 El cálculo del cociente Hare se da del dividir el número de votos válidos de unas elecciones entre el número de escaños en juego, obteniendo una cuota repartidora. 64 IFE, Estudios Electorales en Perspectiva Internacional Comparada. Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 44. 65 William Riker, Liberalism Against Populism. A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice (Prospect Heights, Waveland Press Inc.: 1982), 754. 66 El artículo 151 de la Constitución lo estipula así: “El Presidente y el Vicepresidente de la República serán elegidos conjunta y directamente por el Cuerpo Electoral, por mayoría absoluta de votantes. Cada partido sólo podrá presentar una candidatura a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República. Si en la fecha indicada por el inciso primero del numeral 9° del artículo 77, ninguna de las candidaturas obtuviese la mayoría exigida, se celebrará el último domingo del mes de noviembre del mismo año, una segunda elección entre las dos candidaturas más votadas.” Obtenido de la Constitución de la República Oriental del Uruguay en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1739/15.pdf, fecha de consulta: 10 de septiembre de 2013.

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fortaleciendo la coalición tradicional y “asegurando” la victoria en la elección.67 Si bien la segunda vuelta resultaba, a primera vista, benéfica para los partidos tradicionales, otros argumentos y la evidencia misma señalan que hubo efectos adversos para los partidos tradicionalistas.68 Esta regla generó que se creara una competencia bipolar entre dos frentes, uno representando el ala tradicional y otro a la izquierda, o en su caso extremo, una diferenciación clara entre el gobierno (Blancos y Colorados) y la oposición (Frente Amplio).69 La distinción de plataformas y de políticas (del gobierno de coalición) era bastante difícil por lo que, tanto evaluaciones positivas y mayormente las negativas se adjudicaron a la política “tradicional”. La oposición capitalizó este hecho e hizo uso de esta diferenciación en las campañas políticas. La segunda vuelta era una demanda de los partidos tradicionalistas.70 Sin embargo, una amplia base popular resultaba imprescindible para aprobar el cambio electoral dado que se sometería a plebiscito popular. Por ello, resultó ineludible introducir otros aspectos, que si bien no eran del agrado total para los partidos tradicionales, su inclusión parecía ser inevitable. Bajo esta condición, la introducción de elecciones primarias y candidaturas presidenciales únicas estipuladas en el artículo 77 número 12,71 resultaron ser concesiones otorgadas a la oposición como contraparte a la segunda vuelta. El Doble Voto Simultáneo (DVS) o “ley de lemas” consiste en una elección simultánea en la que los votantes elegen un partido o “lema”, seguido a un candidato presidencial de cada partido y, finalmente, una lista de diputados y senadores que ellos apoyan de un partido en específico.72 El trasfondo era que cada partido podía tener varios sublemas, por lo que este sistema era, en esencia, la combinación de una elección primaria y una general. Usualmente se tenían múltiples candidatos presidenciales en la elección general. El candidato ganador era aquél que recibía el mayor número de votos por parte

67 Altman et al., Constitutional Reforms And Political Turnover In Uruguay: Winning A Battle, Losing The War, 17. 68 Un efecto deseable para los tradicionalistas era que se esperaba el Presidente gobernara con una mayoría legislativa. En la realidad, ocurrió lo contrario. 69 Luna, “Frente Amplio and the Crafting of a Social Democratic Alternative in Uruguay”, 17. 70 Declaraciones de Tabaré Vázquez respecto a la segunda vuelta: “No le quepa a nadie dudas que si gana la elección el Encuentro Progresista [Frente Amplio] como seguramente las va a ganar en 1999, y esta es la gran preocupación por esta reforma constitucional que es más una reforma electoral, y sale segundo un partido tradicional, van a acumular los partidos tradicionales en la segunda vuelta para la candidatura a la Presidencia. Esto lo han dicho los propios dirigentes de los partidos tradicionales” (Vázquez, Búsqueda N° 870, 21/11/1996, p. 7). Tomado de Altman et al., Constitutional Reforms And Political Turnover In Uruguay: Winning A Battle, Losing The War, p.16. 71 El artículo 77 en su fracción 12 señala: “Los Partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios del total de componentes de cada Cámara.” Obtenido de la Constitución de la República Oriental del Uruguay en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1739/15.pdf, fecha de consulta: 10 de septiembre de 2013. 72 Ver Barreiro, El sistema de partidos políticos en Uruguay, 8: Las listas son cerradas y bloqueadas, es decir, el elector no puede hacerle modificaciones ni de orden ni supresión de candidatos.

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de su partido, y su partido era el que tenía la mayoría simple en la elección presidencial.73 Este mecanismo de elección evidenció un claro problema: el candidato ganador no era necesariamente el que obtenía el más alto porcentaje de la votación.74 Apelando a la existencia de un hueco de representatividad tergiversado por la ley electoral, la reforma de 1996 contempló el establecimiento de elecciones internas de los partidos para evitar esta anomalía. En teoría, esto no debía representar ningún problema para los partidos: simplemente cada partido procuraría enviar a su candidato más competitivo. No obstante, hubo factores que sí modificaron el accionar de los partidos. Los partidos políticos uruguayos se identifican por tener bastantes facciones al interior, pero el DVS limitaba las posibilidades de perder el poder, pues no se mermaba la cohesión de los partidos. La alta fragmentación intrapartidista se vislumbraba como causa y consecuencia del sistema electoral uruguayo.75 La regla era que, a pesar de existir diferencias entre los votantes de un mismo partido debido a las simpatías con diversas facciones, la configuración electoral garantizaba la lealtad total al lema o partido en la elección. 76 La nueva normativa establece que el candidato debía ganar las elecciones primarias con mayoría absoluta u obtener el 40% de los votos con una ventaja sobre el segundo lugar de al menos un 10%. Si esto no sucedía, un órgano deliberativo, llámese Colegio Elector Nacional, se encargaría de postular al candidato;77 sin embargo, a pesar de que este caso no se ha presentado aún en ninguna elección interna, la fricción que puede ocasionar al interior de los partidos es sustancial.78 La importancia radica en que esta medida podría generar disputas internas que exacerbaran las diferencias y fragmentaran al partido.79 A los candidatos en la elección interna se les presentó un dilema: ser lo bastante competitivos para ganar la elección, pero no por gran margen, ya que pudieran dañar al partido. Ciertamente, el DVS evitaba esta problemática al interior de los partidos. La competencia interna en los partidos se volvió un factor importante en la vida partidista del país. Una medición del número efectivo de candidatos podría servir como base para inferir qué tan intensa es la competencia al interior de los partidos. Haciendo

73 Jeffrey Cason, “Electoral Reform, Institutional Change, and Party Adaptation in Uruguay” en Latin American Politics and Society 44 (2002): 89-109, 95. 74 Un caso es la elección de 1971 donde Juan María Bordaberry ganó las elecciones recibiendo un 55.7% de la votación del Partido Colorado y una votación nacional del 22.8%. Wilson Ferreira recibió el 26.4% del voto nacional (más que Bordaberry), pero su partido (PN) perdió la elección. Tomado de Caetano y Rilla 1994, 333-34. 75 Altman et al., Constitutional Reforms And Political Turnover In Uruguay: Winning A Battle, Losing The War, 5. 76 Cason, “Electoral Reform, Institutional Change, and Party Adaptation in Uruguay”, 94. 77 Altman et al., Constitutional Reforms And Political Turnover In Uruguay: Winning A Battle, Losing The War, 24. 78 Esta nueva normativa está contenida en las disposiciones transitorias y especiales en su apartado W en los subapartados e y f que hablan de la forma de elección (por mayoría absoluta o por el Colegio Elector Nacional) del candidato a la Presidencia de la República. 79 Ozge Kemahlioglu et al., “Why Primaries in Latin American Presidential Elections?” en The Journal of Politics 71 (2009): 339-352, 345.

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uso de la fórmula de Laksso y Taagepera80 para el NEP, se propone una aproximación, si bien no la más adecuada, ilustrativa de la pugna en las candidaturas internas. Como muestra la Tabla 6, parece que la competencia en las elecciones internas, al igual que en las generales, se basa a lo más en tres candidaturas, exhibiendo una competencia moderada entre los aspirantes en la elección interna y un mínimo de riesgo de polarizar las divisiones internas de los partidos. Tabla 6. Número efectivo de candidatos en las elecciones internas (1999-2009) Partidos Políticos

Elección 1999

Partido Colorado Partido Nacional Frente Amplio

2.01 2.81 1.40

Elección 2004 1.20 1.82 5.72

Elección 2009 1.79 1.96 2.29

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

Finalmente, la tercera modificación consistió en que las elecciones en todos los órdenes se dieran en distintos lapsos de tiempo (artículo 151 y 77). Este cambio permitió que los votantes pudieran distinguir entre la política departamental y nacional, así como desvincular líderes locales y candidatos presidenciales. Las diferencias entre las distintas facciones se hicieron patentes, ocasionando que el proceso de negociación al interior de los partidos se volviera relevante. Por otra parte, un aspecto negativo que introdujo la reforma en este apartado fue la ampliación y el aumento de los costos de campaña. De hecho, la opinión pública mostró rechazo a esta medida, pues gran parte del electorado uruguayo está en contra de un gasto excesivo en la política, incluyendo gastos de campaña. La Tabla 7 muestra el aumento de gastos de campaña entre la elección de 1994 y la de 1999-2000. Si tomamos la elección de 1994, donde todos los puestos públicos —Presidente, Senadores y Representantes— se elegían en la misma elección, en comparación al proceso de elecciones separadas de 1999-2000, el gasto electoral tuvo un aumento del 16%. Tal hecho evidencía un mayor uso de recursos públicos a los comicios electorales basados en la duración de los mismos.

80 Laksso y Taagepera, “Effective Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”.

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Tabla 7. Gastos de campaña electoral (en millones de dólares de 1995)

Fuente.

Kevin

Casas-Zamora:

“Paying

democracy…”.

Obtenido

Rial

2004.

En suma, las diferentes modificaciones a la normativa electoral afectaron la lógica de competencia entre los partidos. Si bien los cambios no fueron inmediatos, la reciente regla electoral le resultaría favorecedora al FA en el largo plazo, pues le permitiría diferenciarse claramente de la plataforma política tradicional. El FA se mostraría como una opción de gobierno viable tras la declaración de un discurso moderado y una gestión exitosa en Montevideo, tema que se discutirá en la siguiente sección. MONTEVIDEO: EL PRIMER BASTIÓN DEL FA Y EL DESENVOLVIMIENTO DEL LIDERAZGO DE TABARÉ VÁZQUEZ En términos de elecciones, si bien los comicios nacionales suelen ser los más importantes, los procesos electorales locales/departamentales no deben considerarse superficiales pues permiten ver el desempeño de una fuerza política a nivel subnacional, lo que genera un historial de resultados que dan credibilidad al proyecto político que representa y restan incertidumbre a los votantes acerca del desempeño de un partido político. En particular, el caso de Montevideo es emblemático ya que sirvió como laboratorio de la izquierda uruguaya. En 1989, el FA ganó la elección departamental de Montevideo, siendo Tabaré Vázquez quien asumió el cargo de Intendente. Entonces, ¿cómo contribuyó la gestión de Montevideo al FA a ganar las elecciones presidenciales en 2004? ¿Por qué la figura de Tabaré Vázquez se volvió un referente importante del FA participando como el candidato presidencial en las elecciones de 1994, 1999 y 2004? La victoria electoral del departamento de Montevideo fue punto clave del desarrollo electoral del FA. Montevideo es la capital del país, la ciudad más poblada, y la metrópoli que alberga gran parte de la actividad económica, industrial y financiera de la nación. Por tales motivos, la proyección política que ofrecía era enorme. En el momento que el FA ganó el gobierno de la capital, la izquierda no pensó sólo en realizar una buena administración, sino en cristalizar una ambición política: utilizar a

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Montevideo como plataforma para conquistar el gobierno nacional. Uno de los ejes torales de la administración frenteamplista fue la ejecución adecuada de las políticas sociales. Acorde a su ideología, la estrategia del FA era combinar eficacia administrativa con sensibilidad social. El tema social —como partido de izquierda— era fundamental. De hecho hay estudios que demuestran que Montevideo no restringió el gasto social durante la crisis de 2002. La experiencia en Montevideo fue rica para el FA por dos razones principalmente. Primero, el ser gobierno y enfrentar los retos duros de la administración permitió que la izquierda dejara atrás las posturas herméticas y asumiera una posición pragmática. Sin duda alguna, el ser gobierno le permitió al FA entender las complejidades de la administración de un departamento y lidiar con la asignación de recursos teóricamente escasos. Y segundo, permitió la creación de una figura política como la de Vázquez que en su primera aparición como candidato a la presidencia en 1994 obtuvo el 30% de los votos, mientras que el partido ganador (el PC) consiguió el 32%. Montevideo, principal bastión del FA, se mostró como referente de la gestión exitosa del FA. Uruguay, siendo un país chico, tanto en territorio como en población, facilitó que los buenos resultados fueran publicitados a los departamentos vecinos generando un efecto cadena a lo largo del país. Un chequeo de los resultados electorales muestra la existencia de una relación lineal entre la evolución electoral del FA a la Presidencia y los resultados electorales en Montevideo. Además, si se incluye la evolución electoral de los demás departamentos es evidente el crecimiento electoral del FA a lo largo y ancho del país versus el desplome electoral de los partidos tradicionales, especialmente el PC. Gráfico 6. Evolución electoral del FA en las elecciones presidenciales y el departamento de Montevideo: 1989-2009

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

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Gráfico 7. Evolución electoral por departamentos del PC (1989-2009)

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

Gráfico 8. Evolución electoral por departamentos del PN (1989-2009)

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

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Gráfico 9. Evolución electoral por departamentos del FA (1989-2009)

Fuente: Elaboración propia con la Base de Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo.

Actualmente el FA gobierna 6 departamentos, el PN 11 y el PC 2. El PN es el único partido que ha mantenido históricamente la mayoría de sus gobiernos departamentale; mientras que el FA le ha arrebatado al PC la mayoría de los departamentos de 2000 a la fecha. El mandatario Vázquez, aprendiendo de las experiencias pasadas, acogió la bandera de la moderación de sus actitudes como eje central de su estrategia electoral. Sin embargo, el expresidente uruguayo no fue el único miembro que adoptó esta posición, sino que todo el aparato partidario del FA lo entendió como una condición necesaria para atraer a un mayor número de electores y ganar en las urnas. Incluso el actual presidente de Uruguay, José Mujica, ex dirigente de la guerrilla revolucionaria de Tupamaros, justificó y se mostró de acuerdo con esa posición. La estrategia fue adoptada por todo el partido y no sólo por algunos políticos en solitario. DEL 2000 A LA FECHA: EL PREDOMINIO DEL FA El gran hito en la historia política de Uruguay se dio en la elección de 2004, pues fue la primera vez que la izquierda ganó las elecciones nacionales y logró derrotar a la coalición tradicional que había tenido una posición hegemónica, tanto de la Presidencia como del Poder Legislativo, durante toda la vida democrática de Uruguay. Las últimas eleccio-

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nes, celebradas en 2009, refrendaron nuevamente a la izquierda en el poder, mostrando que la izquierda se consolidó como una opción viable de gobierno y no sólo una válvula de escape ante el mal desempeño de los partidos tradicionales. La explicación económica generalmente es bien aceptada como causa de la caída de un gobierno, ya sea democrático o autocrático. Durante los periodos en los que los partidos tradicionales ocuparon el poder en el siglo XX la economía transitaba bien. Este panorama cambió en el siglo XXI. La pérdida de poder del ala tradicional y el ascenso del FA se dieron justamente cuando la economía comenzó a mostrar tendencias de debilidad. Ese momento histórico coincidió cuando la política tradicional decidió modificar el modelo estatista por uno neoliberal, acorde a la necesidad de instaurar reformas estructurales dictadas por el Consenso de Washington. De ahí que la lógica del voto económico se vislumbre como un factor importante del crecimiento electoral del FA, pues las mejoras por la adopción de estas nuevas políticas no resultaron ser las esperadas. El colapso financiero del 2002, durante la administración de Jorge Batlle, abrió paso a la crisis económica más severa de la historia de Uruguay. Los estragos sociales que causó la crisis fueron imputados a la derecha uruguaya. A la izquierda no se le podía culpar precisamente porque no tenía injerencia alguna en las políticas implementadas. Al contrario, la izquierda se expresaba como oposición real —como resultado del cambio electoral— ante estas políticas neoliberales. En este contexto, todas las clases sociales, sin importar su posición en el escalafón, decidieron castigar al partido en el gobierno bajo una lógica prospectiva del voto (véase Tabla 2). La izquierda resultó ser la gran beneficiada de este acontecimiento. Un análisis de diversos indicadores del desempeño económico muestran explícitamente los malos resultados económicos del primer lustro del siglo XXI. Gráfico 10. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) (1995-2012)

Fuente: Banco Mundial (2014)

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De acuerdo al Gráfico 14, la implementación de las políticas de liberalización no tuvo el efecto esperado respecto a la distribución del ingreso como se dio en otros países. En cambio, viendo la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de inflación, las clases medias se vieron afectadas por la recesión económica, pues su poder adquisitivo se vio mermado por el aumento de la inflación y la caída de los salarios reales. Este efecto negativo a las clases medias influyó, sin duda alguna, en el triunfo del FA en las elecciones nacionales de 2004, tomando en cuenta que el grueso del apoyo del FA viene de dicho estrato socioeconómico. Apelando a un voto retrospectivo, el electorado uruguayo otorgó la oportunidad a la izquierda para conducir el destino del país, justo como lo habían hecho la mayoría de los países de la región. Una vez en el poder, la izquierda se dio a la tarea de implementar políticas que vinieran a apuntalar el crecimiento económico a mayores tasas y que generaran un aumento de los salarios y el empleo, además de que,se instrumentaran programas sociales —vía una política social innovadora— para aliviar la pobreza y marginación de los sectores más desprotegidos. Una manera sencilla de mostrar esto es con el coeficiente de Gini, que a partir de 2007 comienza a disminuir, lo cual significa una mayor igualdad en la sociedad y que puede considerarse como un buen proxy del resultado de la política social del FA.

Gráfico 11. Tasa de Desempleo (1995-2011)

Fuente: Banco Mundial (2014)

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Gráfico 12. Desigualdad en Uruguay (1989-2010)

Fuente: Banco Mundial (2014)

Gráfico 13. Tasa de inflación (1995-2012)

Fuente: Banco Mundial (2014)

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Gráfico 14. Distribución del ingreso en Uruguay

Fuente: Lanzaro y Des Armas (2012).

La frase de “los buenos tiempos permiten la estadía de los partidos; los malos, los expulsan” puede ser entendida en la realidad uruguaya. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿todo se explica con el voto económico? No necesariamente. Si vemos los últimos años del período de Julio María Sanguinetti (1995-2000), la economía se venía debilitando; no obstante, el electorado nuevamente votó por el partido Colorado en la elección de 1999. Si bien el bolsillo —criterio del voto económico— importa a la hora de emitir el voto, este issue no es el único que se encuentra en la mente de los votantes, sino que un conjunto de factores sociales más la ingeniería electoral detonan el voto estratégico. En las últimas administraciones, el tema de seguridad se ha convertido en la mayor demanda social del electorado; consecuentemente, también en el tema de mayor visibilidad en la agenda pública. En ese sentido, la seguridad, como promesa de campaña, puede volverse un punto toral en los futuros comicios electorales, donde los partidos tradicionales pueden obtener dividendos políticos mediante una oferta política innovadora o el electorado permita darle continuidad a la postura seguida actualmente por el FA.

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Tabla 8. Percepción ciudadana. En su opinión, ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país? Temática

2006

2008

2010

2012

Economía

62.28%

55.68%

37.22%

21.11%

Seguridad

15.70%

20.64%

39.28%

51.45%

Indicadores: Economía incluye: Problemas económicos, inflación, desempleo y pobreza. Seguridad incluye: Delincuencia, narcotráfico, terrorismo, falta de seguridad y violencia. Fuente: Elaboración propia con datos de LAPOP.

Finalmente, una última cuestión importante a responder es qué tanto afecta la aprobación presidencial en la intención de voto. Por un lado, la literatura asume votantes racionales que deciden su voto en función del desempeño del gobernante en turno.81 Esta teoría se vincula más al voto retrospectivo. Por otra parte, otra línea de análisis señala que la aprobación presidencial tiene un efecto decreciente en el tiempo, pues conforme avanzan las campañas el electorado conoce mejor a los candidatos y hacen menor uso de la gestión presidencial como atajo de información.82 Un voto prospectivo se asemeja más a esta explicación. ¿El electorado uruguayo es retrospectivo o más bien las campañas electorales tienen un impacto en el voto? Gráfico 15. Evaluación de gestión del Presidente Tabaré Vázquez (2005-2009)

Fuente: Equipos-Mori.

81 Morris Fiorina, “An Outline for a Model of Party Choice” en American Journal of Political Science 21(1977): 601-625, 604. 82 Vidal Romero, “La Herencia del Presidente: Impacto de aprobación presidencial en voto” en Política y Gobierno 16 (2009): 3-35, 12.

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Si se analiza la evaluación del presidente Vázquez bajo la lógica del voto retrospectivo, hubiera sido razonable que José Mújica hubiera ganado la elección en primera vuelta; sin embargo, Mújica no obtuvo la mayoría absoluta, por lo que tuvo que irse a segunda vuelta (ver Anexo). Ante este hecho, la primera impresión que surge es que los electores uruguayos se acercan más a la visión de un voto prospectivo. El electorado uruguayo se presenta como espectador de las campañas y del desenvolvimiento de los candidatos en la competencia electoral. En el caso particular de la campaña de 2009, Mújica se posicionó como un candidato más a la izquierda que el gobierno de Vázquez, en gran medida por sus antecedentes y su ubicación ideológica.83 Pero la función específica de las campañas es promocionar a los candidatos y “vender” un conglomerado de políticas que se efectuarían si se ganara la elección.84 Siguiendo esta línea, la campaña sirvió para moderar la figura de Mújica, así como la introducción de Danilo Astori85 como candidato a la vicepresidencia en la fórmula electoral para confirmar la mesura del nuevo gobierno frenteamplista. Como buena democracia, las campañas importan. Si bien, la primera década del siglo XXI puede considerarse como la aparición de la izquierda en Uruguay, con un crecimiento importante y con la obtención de la presidencia en 2004, ésta tendencia comienza a tener su punto de quiebre en la elección de 2009. Para la elección de 2009, el FA tiene que irse a segunda vuelta, pues no alcanza la mayoría absoluta (Mujica obtiene el 48% de los votos), siendo la segunda ocasión que se presenta después de la elección de 1999.86 Actualmente el FA se constituye como la fuerza electoral más importante de Uruguay. La próxima elección será en octubre de 2014, donde el FA se muestra aventajado en la intención de voto (ver Anexo).87 Dentro de las candidaturas para las elecciones internas de 2014 los nombres que se plantean para el FA son el ex presidente Tabaré Vázquez y la senadora Constanza Moreira. Por el PC, los posibles candidatos son Pedro Bordaberry —el más factible—, José Amorín Batlle y Manuel Flores Silva. Y finalmente, en el PN se barajean nombres como Jorge Larrañaga —quien acumula la mayor intención de voto— Sergio Abreu, Jorge Saravia y Luis Alberto Lacalle Pou. Sin embargo, lo interesante es ver si el FA logra conseguir ganar en primera vuelta, lo que refrendaría su

83 Lanzaro y De Armas, Uruguay: Clases Medias y Procesos Electorales en una Democracia de Partidos, 53. 84 David Mayhew, “The electoral connection and the Congress”. En Congress, Structure and Policy, editado por Matthew McCubbins y Terry Sullivan. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, 21. 85 Danilo Astori fue el Ministro de Economía durante la gestión de Vázquez entre 2005-2008. La inclusión de Astori en la campaña permitió, primero, evitar una ruptura en el FA, pues Astori era el candidato preferido de Vázquez, y segundo, moderar la posición de Mújica. 86 Lanzaro y De Armas, Uruguay: Clases Medias y Procesos Electorales en una Democracia de Partidos, 34. 87 El FA aventaja en la intención de voto en http://historico.elpais.com.uy/130106/pnacio-686643/politica/ intencion-de-voto-favorece-al-frente/, fecha de consulta: 30 de Septiembre de 2013.

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predominio electoral, o si tiene que irse a segunda vuelta, revelando que la competencia partidista se ha vuelto mayor. Por las intenciones de voto, se puede concluir que lo más probable es que nuevamente se presente una segunda vuelta en las próximas elecciones. Gráfico 16. Simpatía por partidos a Nivel Nacional

Fuente. Equipos - Mori.88

CONCLUSIONES El sistema de partidos de Uruguay se caracteriza por su gran estabilidad. Sin embargo, a finales del siglo XX y principios del XXI, el sistema de partidos se transformó debido a la aparición de una tercera fuerza política con éxito electoral, el FA. En particular se desarrollaron tres puntos a lo largo de esta investigación que explican esencialmente la transformación del sistema de partidos en los últimos años. Tales cuestiones son: 1. La reforma electoral de 1996 que cambió la perspectiva de competencia electoral. 2. La transición neoliberal y la implementación de reformas pro-mercado. 3. El voto económico como mecanismo de castigo a la política tradicional y la aparición de un nuevo tema esencial en la agenda política: la seguridad. En términos generales bajo el marco de Lijphart, un esbozo más detallado del sistema

88 La metodología usada es una muestra probabilística a 717 personas mayores de 18 años. Es una muestra representativa del territorio nacional en zonas urbanas (más de 10,000 habitantes). El margen de error es de 3.7%. Los resultados provienen de la encuesta realizada por la firma de investigación entre el 28 de febrero y el 12 de marzo de 2012.

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político uruguayo remite a pensarlo como un híbrido y no sólo como un sistema mayoritario como se había propuesto en un inicio. Su entramado institucional combina elementos mayoritaristas (Estado centralizado y unitario) con aspectos consensualistas (una Constitución escrita, representación proporcional en el Legislativo, bicameralismo simétrico). Reducirlo a una categoría sería limitar en exceso la lógica del funcionamiento del sistema político. En el aspecto consensual, el cogobierno de los partidos tradicionales se cristalizó como el rasgo característico de la política uruguaya durante el siglo XX. Con la llegada del FA, si bien el gobierno es quien tiene la capacidad de crear e instaurar las políticas de su agrado, también existe un acuerdo informal entre los partidos de que en los temas más relevantes de la agenda pública la inclusión de la opinión de la oposición es algo deseable apelando a una mayor legitimidad del resultado político, ya sea una ley o una reforma.89 La negociación y la inclusión de una pluralidad responsable patentan la fortaleza actual e institucionalización del sistema de partidos. El cambio electoral de 1996 impidió que el FA ganara la elección de 1999, esto no volvería a suceder en la elección de 2004. Las reglas electorales son endógenas y, por ende, los resultados pueden ser imprevisibles en el largo plazo. Como expresa Cox, las reglas electorales sobreviven el tiempo en que los partidos lo creen conveniente o se adaptan a sus intereses. El panorama actual presenta nuevas demandas aunadas a cambios constitucionales. En 2010 surgió nuevamente un debate que involucraba una reforma constitucional electoral ahora impulsada por el FA. Dentro de las nuevas modificaciones estarían la anulación del balotaje en caso de que el partido más votado obtuviera una mayoría absoluta en la representación parlamentaria y una reducción del calendario electoral. El debate aún no se ha congelado, pero las perspectivas de discusión y cambio distan de ser claras.90 Normalmente, el tema económico es el que se encuentra ligado a la intención de voto, pero en Uruguay el tema de seguridad ha aparecido con mayor visibilidad en los últimos años. Un hecho es que en la elección de 2009 la tendencia electoral creciente del FA mostró su punto de inflexión. La explicación más adecuada para este caso, considerando las elecciones de 2004 y 2009, parece venir por parte del mismo perfil del electorado uruguayo. El electorado uruguayo, principalmente de clase media, muestra un comportamiento más volátil y libre, sin fuertes adhesiones a los partidos políticos. Cada campaña es una nueva oportunidad tanto para el gobierno de reafirmar su estadía, como para la oposición de replantear una nueva estrategia de gobierno. En este entorno, el votante aparece como un agente que evalúa si la gestión actual —tanto en desempeño económico como en otras áreas como la seguridad— lo satisface y reafirma su decisión,

89 Adolfo Garcé, “Consensualismo a la uruguaya”. El Observador, Mayo 15. Fecha de consulta: 20 de septiembre, 2013. 90 Carolina Porley y Marcos Rey, “Ni para fumata”. Brecha Digital, Marzo 15.

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o acorde a las expectativas de las ofertas de campaña, decide dar su voto de confianza a la oposición. En el caso particular de la elección de 2009, la figura de Mújica probablemente fue tomada por la opinión pública como más radical que la de Tabaré Vázquez. Esto ocasionó que el electorado de centro no aceptara del todo la candidatura de Mújica ante la duda de si seguiría la misma línea que Vázquez. Ante esto, Mújica moderó su posición obteniendo la victoria en la segunda vuelta. Sin embargo, la crisis global de 2008, que si bien no tuvo el mismo impacto que la de 2002, también debe considerarse como una coyuntura importante en la elección pasada. Un crecimiento menor del PIB y un efecto negativo sobre la balanza comercial se establecieron como puntos negativos al performance del gobierno por su inhabilidad de mostrar herramientas de política económica que permitieran estabilizar la economía de mejor manera. La elección de 2014 también parece que será del FA según la intención de voto, pero como dice Przeworski, la democracia implica certidumbre de las reglas, pero no de los resultados. En suma, la volatilidad electoral al interior de las clases medias y un sistema de partidos estable son aspectos que se conciben dentro de una democracia estable, con una fuerte competencia y con un sistema altamente institucionalizado. El sistema de partidos uruguayo que data de la misma creación del país ha permanecido, hasta la fecha, con la importante introducción de un tercer partido de izquierda que apareció en la arena electoral con gran empuje. Sin embargo, el FA, en lugar de minar la integridad del sistema de partidos, ha venido a fortalecer un sistema de partidos sólido y representativo de las demandas sociales de la población.

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LA TRANSFORMACIÓN SILENCIOSA DE COSTA RICA1 Elías Camhaji2

“La vida política en Costa Rica es,

o reconfortantemente normal o desesperadamente aburrida”.

-David Close3

La democracia costarricense ha sido comparada a un oasis en medio del desierto de autocracias y democracias fallidas de Latinoamérica. Esta democracia ha sido un punto de referencia para el resto de la región por muchos años. Sin embargo, desde hace quince años han ocurrido una serie de transformaciones, sistemáticamente pasadas por alto, que han debilitado la robustez de la democracia en Costa Rica.

INTRODUCCIÓN

lo largo de su historia, la democracia costarricense ha sido un ejemplo sobresaliente y un punto de referencia recurrente en Latinoamérica y en el mundo en vías de desarrollo. Rodeado de vecinos subdesarrollados, con altos índices de violencia, con procesos de democratización truncos y donde la democracia ha sido más la excepción que la regla, Costa Rica se ha erigido como un régimen democrático sólido, que ha alternado el poder por la vía electoral de manera ininterrumpida desde 1953. Por este hecho, Costa Rica constituye un caso de estudio sumamente interesante para cualquier científico social; aunque muchos consideran que, ante la existencia de un país “donde todo funciona tan bien”, la historia de éxito costarricense es “desesperadamente

1 Este artículo se terminó de escribir antes de que fueran realizadas las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2014. La información y datos aquí presentados están actualizados al 31 de diciembre de 2013. 2 Elías Camhaji es tesista de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente, es Productor Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica. 3 Fernando Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica,” Ciencias Sociales no.98 (2002):29-56.

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aburrida”. Entonces, ¿aún queda algo que decir sobre Costa Rica o está todo resuelto? Un primer interés que motivó esta investigación fue elucidar por qué este país centroamericano ha tenido una trayectoria tan distinta a la de otros países de la región y, en particular, tan diferente al proceso de democratización en México. A partir de estas diferencias, se ideó el concepto de democracia robusta, que intentaba explicar las diferencias teóricas e institucionales de ambos Estados. En esta línea, el concepto de robustez se utilizó para medir las diferencias cualitativas en los procesos democráticos de estos dos países. Por eso, el marco teórico del presente documento se enfoca en definir este concepto: en las acepciones y aspiraciones sobre la democracia, en las características del sistema electoral, en los rasgos del sistema de partidos y en el funcionamiento de la cultura política que hacen a Costa Rica cualitativamente distinto en términos políticos a cualquier otro país de la región. Al iniciar la investigación, se hizo evidente que el molde ideal en el que frecuentemente se intenta encasillar a Costa Rica dista mucho de la práctica. Es cierto, Costa Rica sigue siendo uno de los principales bastiones democráticos de la región y durante mucho tiempo se han apreciado visos de un país sui generis, diferente a cualquier otro de su tipo en su vida política. Sin embargo, desde hace 15 años el país ha sufrido transformaciones significativas que merecen ser estudiadas y analizadas. De acuerdo al informe para este año de Latinobarómetro4, Costa Rica (sí, el país de la democracia robusta) ha registrado la mayor disminución en cuanto a apoyo a la democracia en la región respecto a sus promedios históricos de filiación democrática.

4 Latinobarómetro, “Informe 2013”, fecha de consulta 28 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www. latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf

Fuente: Latinobar贸metro (2013, 18)

Tabla 1. Apoyo a la Democracia 1995-2013 Costa Rica

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La disminución ha sido mayor que en países como México (que en 2012 atestiguó el regreso al poder del partido hegemónico durante la época del autoritarismo), Uruguay (otra democracia sólida en el continente), Panamá (un país con un proceso de democratización mucho más corto), Honduras (cuya democracia sufrió en 2009 un golpe de Estado) y que Nicaragua o El Salvador (países históricamente marcados por las secuelas de largas guerras civiles). Esto no se detiene aquí. Recientemente, la encuestadora mexicana Consulta Mitofsky5 presentó los resultados de su sondeo sobre aceptación presidencial para el segundo semestre del 2013. Laura Chinchilla, la primera mandataria en la historia de Costa Rica, cuenta con el nivel de aceptación más bajo de toda la región y de toda la muestra, que incluye a países de Europa, Asia y Oceanía: sólo 9% de los costarricenses aprueban su desempeño como titular del ejecutivo. Algo está cambiando en Costa Rica. Alejamiento de las urnas, escándalos de corrupción, caída del régimen bipartidista, replanteamiento de las preferencias partidarias, volatilidad en el sistema de partidos: estos son los síntomas. Para algunos, el diagnóstico no da lugar a dudas: “Costa Rica ha perdido su capital democrático”6. Otros aseguran que la democracia está sufriendo modificaciones esenciales y que el país puede salir fortalecido de este proceso. En este trabajo se defiende esta segunda opinión. Con miras a lograr este objetivo, el documento primero se concentra en definir el marco teórico a seguir: la democracia robusta. En segundo lugar, se elabora un breve esquema del sistema electoral costarricense. En tercero, se hace un estudio profundo del sistema de partidos en Costa Rica. En dicho apartado se exponen los orígenes del bipartidismo en Costa Rica, se presenta la clasificación histórica del sistema de partidos en tres períodos distintos, se identifican a los principales actores políticos y cómo interactúan entre ellos y se muestran las ventajas de los partidos tradicionales frente al resto. Más adelante, la investigación se enfoca en definir el agotamiento del sistema bipartidista y el surgimiento de un pluripartidismo limitado. En esta parte se enfatizan las principales causas y fenómenos que nos llevan a hablar de una nueva democracia costarricense. Por último, se presentan las conclusiones y las perspectivas venideras para la democracia costarricense. Después de esto, quizá el lector deje de percibir a Costa Rica como un país aburrido en donde todo se desarrolla sin contratiempos.

5 Consulta Mitofsky, “Evaluación de mandatarios en América y el mundo”, fecha de consulta 18 de octubre de 2013. Disponible en: http://consulta.mx/web/images/mundo/2013/EvMandatoriosCM.pdf 6 Latinobarómetro, “Informe 2013”, fecha de consulta 28 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www. latinobarometro.org/documentos/LATBD_INFORME_LB_2013.pdf

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MARCO TEÓRICO: DEMOCRACIA ROBUSTA Frecuentemente se afirma que Costa Rica ha tenido una evolución política cualitativamente

más avanzada (robusta) que México y que otros países latinoamericanos. Lo anterior es una noción comúnmente compartida y, hasta cierto punto, evidente. Paradójicamente, dada la obviedad aparente de esta afirmación, se ha profundizado poco más allá de conjeturas y juicios simplistas. De hecho, existen pocos estudios sistemáticos que arrojen parámetros concretos y, por ende, permitan emprender análisis heurísticos más sólidos de la política centroamericana y latinoamericana. Para superar este fardo metodológico, utilicé el término «robustez» para desarrollar una clasificación que pudiera diferenciarse del concepto “schumpeteriano” de competencia electoral (“lucha competitiva por el voto de la gente”)7 —que admite fachadas electoreras y excluye un componente cualitativo importante— y de la concepción poliárquica de Dahl —que enarbola dicho componente cualitativo, pero es de difícil implementación en la práctica—. Dentro del espectro de definiciones tradicionales que se encuentran a mano, democracia robusta hace referencia a la definición de Adam Przeworski que señala que “la democracia es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones”.8 Éste es el primer criterio de robustez, el enforcement institucional que permite que los partidos se mantengan en el juego democrático a pesar de sus derrotas en las urnas. En consecuencia, el siguiente aspecto a tratar son los factores institucionales que coadyuvan a que perdure este arreglo democrático, es decir, el sistema de partidos y el sistema electoral. Mainwaring y Scully definen a un sistema de partidos como “un conjunto de interacciones en la competencia entre partidos”9 y caracterizan al sistema de partidos de Costa Rica como uno de los más institucionalizados de la región a partir de cuatro dimensiones teóricas:10 1. Estabilidad: las reglas y naturaleza de la competencia entre partidos es estable. En otras palabras, los partidos no son volátiles, sino que permanecen. 2. Raíces representativas: los partidos deben tener raíces en la sociedad que pretenden representar, con una alusión equiparable a la noción de clivajes 11, pero que sigue una

7 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 29-56. 8 Adam Przeworski, Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America (Cambridge: Cambridge University Press, 1991). 9 Scott Mainwaring y Timothy R. Scully, “La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina,” Revista de Ciencia Política 17(1995): 65-101. 10 Mainwaring y Scully, “La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina", 65-101. 11 Seymour Martin Lipset y Stein Rokkan, “Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments,” en Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives (New York: Free Press, 1967).

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línea de formación de identidades políticas a partir de instituciones políticas y no necesariamente con base en constructos sociales y culturales. 3. Ruta electoral para llegar al poder: las elecciones son el único mecanismo de aceptación compartida para alternarse en el poder y repartirse los puestos públicos entre los actores relevantes del sistema. 4. Asuntos de partido importan: a un nivel agregado, los intereses del partido tienen mayor importancia que los intereses individuales de sus miembros, incluso ante liderazgos importantes que participen de él. En cierto sentido, hay un incentivo para fortalecer al partido como institución y no alrededor de una figura personalista.

Para el período de 1970 a 1990, Costa Rica recibió por parte de ambos autores un puntaje de 11.5 de 12 posibles, en una escala que daba a cada uno de los cuatro rubros una nota de 3 puntos cuando el grado de institucionalización era alto y de 1 punto cuando era bajo. En específico, el único aspecto en el que Costa Rica no recibió la calificación más alta fue el segundo, es decir, el que trata de la representatividad de su sistema de partidos, aunque recibió una nota alta de 2.5 puntos12. Actualmente, existe evidencia de un problema más profundo de representatividad en Costa Rica que puede identificarse en rasgos como los niveles de abstencionismo y diversos sondeos de opinión pública que advierten poca confianza hacia los partidos políticos, por lo que regresaré a este tema más tarde. Sartori aplica una definición similar a Mainwaring y Scully cuando establece que “un sistema de partidos es precisamente el sistema de interacciones que resulta de la competencia entre partidos”13. Esta compatibilidad es útil para fines de este análisis, ya que éste seguirá la clasificación establecida por el politólogo italiano para enmarcar al sistema de partidos costarricense. Por el número de partidos que componen a cada sistema y su peso o posición relativa en él, Sartori elabora una clasificación de siete tipos de sistema de partidos:14 1. Partido único: sólo existe un partido que monopoliza el poder político. 2. Partido hegemónico: un partido tiene una hegemonía en el sistema, pero da cabida a que exista un conjunto de partidos satélite o subordinados. 3. Partido predominante: un partido mantiene el poder sin alternarse con otro, pero por criterios mayoritarios. 4. Bipartidista: dos partidos entran en competencia directa por conseguir una mayoría absoluta. La igualdad competitiva subyace a la posibilidad latente de alternancia en el poder. 5. Pluralismo limitado: a diferencia del bipartidismo, el partido ganador no ob-

12Mainwaring y Scully, "La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina", 65-101. 13 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos (Madrid: Alianza Editorial, 2002). 14 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, 151, 158, 160 y 161.

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tiene mayoría absoluta, lo que lo obliga a formar coaliciones de gobierno. De aquí se desprende que existan entre 3 y 5 partidos relevantes para coaligarse entre dos polos (una situación sumamente probable en el caso concreto de Costa Rica, dada la posibilidad de elecciones de segunda vuelta), con poca distancia ideológica entre ellos y con tendencia hacia posiciones en el centro (en términos de Sartori, de competencia centrípeta). 6. Pluralismo extremo, y 7. Atomización: asumen un grado de fragmentación y polarización política más alta, con oposiciones antisistémicas, con poco apego a la normativa electoral y coaliciones inestables. Para fines de este trabajo, habrá un énfasis obvio en el sistema bipartidista, la configuración

de partidos “tradicional” en Costa Rica, y en el pluralismo limitado, el nuevo patrón que parece emerger recientemente. Para complementar estas bases teóricas, en el documento se presentarán conceptos de análisis cuantitativo como el índice del número efectivo de partidos con la metodología de Laakso y Taagepera y el índice de volatilidad de Pedersen. Por último, para terminar este marco teórico y esta noción de democracia robusta es necesario incluir al sistema electoral. Desde un punto de vista institucionalista, el sistema electoral es, como argumenta King (2000, 1), “el método utilizado para calcular el número de posiciones electas en el gobierno que los individuos y los partidos ganan después de elecciones”.15 Al respecto, apunta Dieter Nohlen que “los sistemas electorales determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y a través de las cuales es posible convertir votos en escaños parlamentarios (en el caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobierno (en caso de elecciones para presidente, gobernador, alcalde, etc.)”.16 Por lo tanto, se hace patente la relevancia que tiene el sistema electoral tanto para los políticos en el reparto del poder como para los ciudadanos, quienes no sólo deben tener alternativas electorales claras en los partidos, sino reglas que amparen oportunidades reales de representación. Como señala Alonso Lujambio, en alusión a Dieter Nohlen, los arreglos institucionales democráticos como los sistemas electorales enfrentan un “trade-off entre la eficacia y la representatividad”17. Preferiblemente se buscan instituciones que garanticen gobernabilidad y que amparen la representatividad, pero no se pueden optimizar ambos simultáneamente.

15 Charles King, “Electoral systems,” fecha de consulta 3 de octubre de 2013. Disponible en http://www9. georgetown.edu/faculty/kingch/Electoral_Systems.htm 16 Dieter Nohlen, “Sistemas electorales y reforma electoral,” Quid Juris 3(2004): 8-58. 17 Alonso Lujambio, “Comentario a Sistemas electorales y reforma electoral. Una introducción de Dieter Nohlen” en La reforma del Estado. Estudios comparados (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2004).

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Cuando se habla de democracia robusta, se hace referencia a un sistema electoral que garantiza “un terreno de competencia equilibrado”. Esto parte de las nociones recién mencionadas: reglas que amparan la competencia entre partidos, normas que protegen las oportunidades de revelación y representación de preferencias del electorado, así como un equilibrio entre pautas de gobernabilidad y de representatividad. En adición, un aspecto que es importante incluir, es que hay cabida para la reforma electoral18, es decir, existe un margen para la corrección de “fallas de origen” y, dadas las condiciones previas, existe un espacio para que los actores políticos participen de este cambio. De esta forma se pone de manifiesto la interacción y la mutua influencia entre el sistema de partidos y el sistema electoral. Desde este punto de partida, estas son las dimensiones que delimitan el marco teórico del trabajo y el concepto de democracia robusta. Históricamente, Costa Rica ha tenido una tradición democrática más robusta que sus pares latinoamericanos, pero dista mucho de ser un tipo ideal. En consecuencia, no se pretende establecer pautas normativas a partir de este arquetipo ni, mucho menos de sus componentes cualitativos. En cambio, se busca comparar y describir los cambios de la democracia costarricense en estas aristas que le diferenciaban de otros países. UN ESQUEMA DEL SISTEMA ELECTORAL DE COSTA RICA Como muchos otros países de Latinoamérica, Costa Rica tiene un sistema de gobierno presidencialista, con la peculiaridad de ser un régimen unicameral. Mainwaring y Shugart definen al presidencialismo a partir de dos características distintivas. La primera es que el presidente es “siempre el titular del poder ejecutivo y es elegido mediante voto popular”19. La segunda se refiere a que “los períodos de gestión para el presidente y la asamblea son fijos”.20 En principio, este punto no es trivial, ya que expone lo que está en juego (la presidencia y la legislatura), cómo está en juego (en supervivencia separada —siguiendo a Linz21— y mediante voto popular) y cada cuánto está en juego (en períodos fijos). Si extendemos la metáfora lúdica, este es el nombre de la “competencia” y el “premio” a disputar, por lo que a continuación haré una presentación esquemática de “las reglas del juego”. De acuerdo al Instituto Federal Electoral, el sistema electoral de Costa Rica es

18 Arend Lijphart y Bernard Grofman, Choosing an Electoral System (New York: Praeger Special Studies, 1984). 19 Mainwaring y Shugart, “Juan J. Linz: Presidencialismo y Democracia. Una Revisión Crítica,” en Desarrollo Económico no. 13(1994): 1-33, 2. 20 Mainwaring y Shugart, “Juan J. Linz: Presidencialismo y Democracia. Una Revisión Crítica”, 1-33 21 Mainwaring y Shugart, “Juan J. Linz: Presidencialismo y Democracia. Una Revisión Crítica”, 1-33

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un sistema híbrido de mayoría, con la implementación de una mayoría específica.22 En este contexto, una mayoría absoluta basta para acceder a la presidencia, pero si ninguna de las fórmulas o candidatos contendientes consigue una mayoría superior al 50%, es suficiente con obtener una pluralidad mayor al 40% de los votos para evitar el balotaje o la puesta en marcha de una segunda vuelta. Autores como Shugart y Carey han adjudicado a esta mayoría específica el carácter centrípeto del sistema de partidos costarricense.23 Este es el primer ejemplo de la influencia del sistema electoral en el sistema de partidos de Costa Rica. Este primer rasgo distintivo del sistema electoral no es exclusivo para Costa Rica, ya que se ha implementado en otros países de América Latina como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Sin embargo, Costa Rica lo estableció al menos seis décadas antes que los otros ejemplos regionales, a mediados de los años treinta. Otra peculiaridad del país centroamericano es que se eligen junto con el presidente a dos vicepresidentes que actúan como suplentes de este último. 24 Cabe mencionar que sólo se ha tenido que recurrir a la segunda vuelta electoral en una ocasión, en la elección presidencial de 2002, lo cual habla, por un lado, de la funcionalidad del umbral, y de la dinámica bipartidista del sistema de competencia costarricense por el otro. De hecho, de las 15 elecciones presidenciales que se han celebrado en la era democrática (1953 – 2010), 6 se han resuelto mediante el criterio de mayoría específica y desde 1990 ningún candidato ha alcanzado una mayoría absoluta —tomando en cuenta sólo la primera vuelta de los comicios de 2002— (ver tabla 2). Tabla 2. Elecciones presidenciales de Costa Rica (1953 – 2010), porcentaje del candidato ganador y número de partidos inscritos a la elección presidencial (los frentes y coaliciones se cuentan como 1 partido) Elección presidencial

Porcentaje de ganador

Número de partidos

1953

64.71%

1958

46.42%

1962

50.29%

1966

50.48%

1970

54.79%

22 Instituto Federal Electoral, Estudios electorales en perspectiva internacional comparada: Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina (México: Instituto Federal Electoral, 2011). 23 Fernando Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica,” en Anuario de Estudios Centroamericanos no. 27(2001): 163-168. 24 Instituto Federal Electoral, Estudios electorales en perspectiva internacional comparada: Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 19.

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1974

43.44%

1978

50.51%

1982

58.80%

1986

53.10%

1990

50.18%

1994

49.62%

1998

46.90%

38.58%

2002* 1ª 2ª

57%

2006

42.26%

2010

46.90%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Base de Datos Políticos de las Américas de la Universidad de Georgetown y de la Organización de Estados Americanos.

De la tabla presentada también puede inferirse la duración de mandato de cuatro años, la cual es análoga tanto para el poder ejecutivo como para el poder legislativo. Esta duración se estableció a raíz de una reforma electoral en 1962 que redujo los períodos en el poder de cinco a cuatro años. Además, con esta reforma se aumentó el número de escaños en la legislatura de 45 a 57 curules, el número actual.25 En relación directa a la duración de mandato, resulta relevante recalcar que en Costa Rica no hay reelección consecutiva, la cual fue proscrita en 1969.26 En 2003, un fallo del Tribunal Supremo de Justicia estableció la reelección en el poder ejecutivo después de dos períodos. De tal forma, Costa Rica se convirtió junto con Panamá en los únicos con esta modalidad de reelección presidencial en la región. Para el poder legislativo, la reelección no es inmediata, pero se da en intervalos de un período.27 Siguiendo con la asamblea legislativa, su número de asientos es fijo, y se reasignan regionalmente conforme se actualiza la información censal.28 A continuación se presenta la distribución histórica de los escaños por provincia, en la cual se expone el predominio de San José y Alajuela y su mayor representatividad demográfica en detrimento de la representatividad de otras provincias menos populosas. 25 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 2. 26 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 136. 27 Instituto Federal Electoral, Estudios electorales en perspectiva internacional comparada: Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 26. 28 Instituto Federal Electoral, Estudios electorales en perspectiva internacional comparada: Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 38.

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Tabla 3. Sistema electoral Costarricense. Total de escaños según año y provincia

Fuente: Diego Brenes (2010, 4) con referencia a las respectivas declaratorias de elección del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica. El promedio por provincia no considera las primeras dos elecciones, dado el cambio en el número de curules a repartir.

A diferencia del criterio mayoritario para elegir a la rama presidencial, los asientos en la legislatura se asignan a partir de un sistema de representación proporcional en estos siete distritos provinciales.29 Se utiliza como fórmula electoral el cociente Hare, que divide el número de votos obtenidos entre el número de asientos disponibles para asignar los escaños30 y, ante la presencia de asientos residuales, se le otorga a quien tenga el residuo mayor. 31 Además, la elección de diputados se realiza con listas bloqueadas y cerradas, lo cual implica que se restringe la decisión del electorado a las opciones presentadas y en el orden en que son presentadas.32 Institucionalmente, el efecto de las listas cerradas podría asumirse en teoría como un mayor control de los partidos sobre sus candidatos, tanto en los procesos de nominación interna como en las posibilidades de ser elegido.33

29 Manuel Alcántara y Flavia Freidenberg, “Los partidos políticos en América Latina,” América Latina Hoy, no. 27 (2001): 17-35. 30 King, “Electoral systems”, fecha de consulta 3 de octubre de 2013. 31 Luis Diego Brenes Villalobos, “Elecciones 2010: Transformaciones inconclusas del sistema de partidos en Costa Rica” en Revista Derecho Electoral no. 10 (segundo semestre 2010):1-20. 32 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 136. 33 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 141.

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De los siete distritos electorales, siguiendo la clasificación de Nohlen, “seis son chicos o medianos y sólo uno (San José) es grande”.34 De la existencia de distritos tan pequeños y de la baja representatividad regional arriba comentada pueden inferirse efectos de desproporcionalidad, que se aminoran con la existencia de un distrito cuantitativamente mucho más grande en relación a los otros.35 Aunque en Costa Rica no existe un umbral electoral de manera formal, los asientos en la asamblea se reparten a nivel nacional, lo cual complica la existencia de partidos regionales en distritos con baja densidad demográfica como Guanacaste, el caso más extremo de poca población y pocos escaños asignados,. Lo anterior da visos de la influencia del sistema electoral en el sistema de partidos costarricense.36 Por ejemplo, para la elección de 2006, un partido político que hubiera obtenido el 2.5% de los votos en el distrito capitalino de San José habría alcanzado uno de los 57 curules de la Asamblea Nacional. A su vez, un partido político con una agenda política limitada a Limón y sin presencia en otros distritos hubiera tenido que obtener 13.45% de los votos en dicha provincia. De hecho, para esa elección, y tomando en cuenta las divergencias en la magnitud de distrito, esta barrera “artificial”37 propició que se excluyera a cinco partidos de la legislatura que hubieran ganado un escaño bajo otro criterio de mayor representación regional.38 En el apartado de sistema de partidos se retomará el tema de la representatividad y de los partidos regionales. Como se ha mencionado en esta sección, las elecciones son cada cuatro años y son concurrentes, es decir, en cada elección los costarricenses llenan tres papeletas: una para la elección de presidente, otra para elegir un diputado y una última para la elección en el ámbito municipal.39 Es importante aclarar que para los municipios se elige, de forma simultánea a la elección general (febrero), a las regidurías que conforman al Consejo Municipal, y posteriormente (diciembre) se eligen a las alcaldías y a los síndicos (Consejos de Distrito).40 Ante la existencia de elecciones concurrentes en los diversos ámbitos de gobierno, merece la pena preguntarse si se da un efecto de arrastre. Como se presenta en la siguiente tabla (ver Tabla 4), en 13 de los 15 casos el partido ganador de las elecciones presidenciales ha sido también el partido con más escaños en la Asamblea Nacional, aunque no en todos los casos le ha bastado para tener una mayoría absoluta. En con-

34 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 144. 35 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 144. 36 Brenes, “Elecciones 2010: Transformaciones inconclusas del sistema de partidos en Costa Rica”, 5. 37 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 145. 38 Brenes, “Elecciones 2010: Transformaciones inconclusas del sistema de partidos en Costa Rica”, 10. 39 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 138. 40 Randall Rodríguez Amor, “Tipología de los partidos participantes en elección de regidurías y sindicaturas y sus resultados electorales” (Artículo preparado para “Jornadas de Investigación del Instituto de Investigaciones Sociales 2012”, 4 de octubre en San José, Costa Rica.).

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secuencia, muy probablemente estamos ante un fenómeno combinado —y difícil de disociar tajantemente— de arrastre electoral con un bipartidismo fuerte.41 Tabla 4. El carácter concurrente de las elecciones en Costa Rica Elección

Partido ganador de las elecciones

Partido con mayoría en la Asamblea

¿Mayoría absoluta?/ Número de escaños

1953

Partido Liberación Nacional (PLN)

PLN

Sí/30

1958+

Partido Unión Nacional (PUN)*

PLN

No aplica, oposición/20

PLN

Sí/29

PLN

No aplica, oposición/29

PLN

Sí/32

PLN

No/27

CU*

No/27

PLN

Sí/33

1962 1966+ 1970 1974 1978 1982 1986 1990

PLN Coalición Unificación Nacional (CUN)*

Coalición Unidad (CU)* PLN PLN Partido Unión Social Cristiana (PUSC)*

PLN

Sí/29

PUSC*

Sí/29

1994

PLN

No/28

1998

PUSC*

No/27

2002

PUSC*

No/19

2006

PLN

No/25

2010 PLN PLN No/24 Fuente: Elaboración propia con datos de Recursos Electorales en Internet: Elecciones Generales en Costa Rica. Nota 1: se marcan con un asterisco (*) al PUN/CUN/CU/PUSC porque han sido el mismo partido históricamente, pero han cambiado de nombre. Nota 2: se marcan con un signo de más (+) a las elecciones en que el partido en la presidencia y el partido con más escaños en el congreso no han coincidido.

Entrando en cuestiones de diseño institucional, la Constitución Política de 1949, aún vigente, establece que la institución encargada de realizar los comicios es el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Sus magistrados son electos por el Tribunal Superior de Justicia, la rama judicial de gobierno del país.42 El TSE tiene cuatro atribuciones: la

41Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 140. 42 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 134.

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administración electoral (organizar todo lo relacionado a las elecciones); registro civil (elaborar el padrón electoral y expedir la cédula de identidad, así como resolver lo que compete al derecho civil —matrimonio, divorcio, naturalización, etc.—); jurisdiccional (dictar resoluciones en materia electoral y ser garante del Código Electoral), y formación de democracia (promoción de la democracia).43 Su normativa se plasma en el Código Electoral de 1953, cuya reforma más significativa se emprendió en 1996, en la cual se enmendó la mitad del articulado. En la reforma más reciente, realizada en 2009, se profundiza en la “democratización interna de los partidos políticos” y se pone en marcha el voto de los costarricenses en el extranjero a partir de la próxima elección general, en febrero de 2014.44 Abonando a esto, ambas reformas respondieron a coyunturas y cúmulos de circunstancias interesantes y dignas de mencionarse. Una vez que se consolidaron los criterios procedimentales (alternancia por medio de las urnas, transparencia electoral) de la democracia costarricense, la primera (1996) se dio ante la necesidad del electorado de profundizar en aspectos cualitativos de su régimen democrático (responsiveness, transparencia e inclusión en las listas de candidatos de los partidos). Por su parte, la segunda (2009) surgió como respuesta a los síntomas del resquebrajamiento del sistema bipartidista (alejamiento de las urnas, escándalos de corrupción, desgaste en las relaciones representantes-representados y apoyo a nuevas fuerzas políticas). Más adelante se abordarán con detalle estos síntomas y también, aunque marginalmente, los antecedentes de estos cambios en la década de los noventa. Volviendo a este bosquejo institucional, el Código Electoral establece que el voto es de carácter obligatorio en Costa Rica, aunque no se estipulan sanciones para quien se abstenga de sufragar, lo cual no ha ayudado a disminuir el abstencionismo que se ha registrado recientemente y que constituye uno de los mayores retos para la democracia del país.45 Por el lado positivo, el TSE ha probado ser sumamente eficiente en el desempeño de sus funciones, lo cual le ha dotado de credibilidad entre los ciudadanos y lo ha llevado a ser considerado formal e informalmente como la cuarta rama de gobierno en ese país.46 Por último, la normativa electoral en Costa Rica obliga a que los partidos políticos obtengan financiamiento estatal, con el fin de evitar que se coaliguen con intereses económicos poderosos que los comprometan a seguir agendas particularistas. No obstante, el umbral establecido para obtener financiamiento público (alcanzar el 5% de los votos) y la exclusión de partidos provinciales o cantonales (sólo es válido para conten-

43 Tribunal Supremo de Elecciones. “Conózcanos”, fecha de consulta 15 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.tse.go.cr/el_tse.htm 44 Tribunal Supremo de Elecciones, “Conózcanos,” fecha de consulta 15 de noviembre de 2013. 45 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 140. 46 Sánchez, “Sistema electoral y partidos políticos: incentivos hacia el bipartidismo en Costa Rica”, 135.

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dientes a elecciones nacionales) ha tenido históricamente como efecto el aumento de la brecha entre los partidos del bipartidismo y los partidos alternativos a ese sistema.47 En esta parte del trabajo se han presentado algunos de los rasgos más importantes del sistema electoral costarricense y se ha hecho hincapié también en demostrar su influencia en el sistema de partidos de ese país. Es cierto, existen otras figuras interesantes como la ausencia de revocación de mandato y de candidaturas independientes, las cuotas de género en la legislatura y el referéndum, pero ahondar en estas cuestiones rebasa los propósitos de este trabajo de investigación.48 A continuación, se analizará el sistema de partidos por sí mismo. EL SISTEMA DE PARTIDOS COSTARRICENCE Antes de entrar en materia, es necesario ofrecer una perspectiva histórica de la génesis del sistema de partidos de la Segunda República (1953 – 2014) y para este fin hay que remontarse a la Costa Rica de la década de 1940. LOS ORÍGENES DEL PARTIDISMO EN COSTA RICA: LA GUERRA CIVIL DE 1948

Durante este período, Costa Rica no era un país muy diferente a nivel subregional —del resto de los Estados centroamericanos— ni a nivel regional —del resto de las naciones latinoamericanas—. La sociedad costarricense de los cuarenta era eminentemente agraria y tradicional y tenía la aspiración permanente de modernizarse. Por lo tanto, enfrentaba retos similares a los de otros países iberoamericanos que continuaban sus procesos de consolidación estatal: emprender una reforma agraria, definir el papel de la Iglesia Católica como actor político y en la vida pública, encontrar respuestas a los dilemas de desarrollo económico y social, intentar inhibir movimientos políticos de extrema izquierda y derecha, etcétera. En general, dentro de la clase política de la época había un consenso de los problemas nacionales, pero había diferentes agendas de cómo resolverlos. La arena política estuvo dominada por una élite cafetalera conservadora —representada por el Partido Republicano, bajo el liderazgo de Rafael Ángel Calderón Guardia— que no era completamente ajena a las necesidades del grueso de la población, pero que estaba decidida a monopolizar el camino del país hacia la modernización.49

47 Óscar Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, Anuario de Estudios Centroamericanos 22 (1996): 151 48 Instituto Federal Electoral, Estudios electorales en perspectiva internacional comparada: Elecciones presidenciales y legislativas en 18 países de América Latina, 28 49 Harry Brown Araúz, “Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá” (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2004), 81

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Este afán llevó a los republicanos a la exclusión de otros grupos políticos, a la organización de dos fraudes electorales —en 1944 y en 194850—y a la formación de alianzas casi “kafkianas” que aglomeraban por un lado a los comunistas (mal vistos por el resto de los actores políticos por su radicalismo) y por el otro a la Iglesia).51 En este sentido, la guerra civil de 1948 se fraguó en un contexto caracterizado por un descontento prolongado y patente en frentes políticos diametralmente distintos, pero que lograron coaligarse para poner fin por la vía militar al segundo gobierno de Calderón Guardia.52 Una vez consagrado el golpe de Estado al gobierno de los republicanos, el primer desafío para los golpistas fue amasar un acuerdo político de reparto de poder, ya que por un lado estaban los socialdemócratas que constituyeron el Ejército de Liberación Nacional, el brazo militar de la operación, y por el otro un segmento disidente de la élite cafetalera que se había visto excluido económicamente por los calderonistas y que había resultado el ganador legítimo de las elecciones de 1948. En consecuencia, con el Pacto Ulate-Figueres se acordó que se formara en mayo de 1949 una Junta Militar (socialdemócrata) que ostentaría el poder por 18 meses y que después lo entregaría a los conservadores disidentes.53 De esta forma, los socialdemócratas, que no eran por sí mismos una fuerza electoral consolidada, recibieron una oportunidad formidable para llegar al poder. En ese lapso de 18 meses, José Figueres Ferrer, jefe de la revolución y presidente de la Junta, aprovechó su posición provisional para formar las bases institucionales del sistema político emergente de la guerra civil y los cimientos de la potencia electoral del Partido de Liberación Nacional (PLN), el principal actor político de Costa Rica durante la Segunda República.54 En gran medida para evitar una nueva crisis política, fue en este momento cuando se promulgó la vigente Constitución Política de 1949, se abolió al ejército y se establecieron instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral y el Código Electoral. Las secuelas de la guerra civil también orillaron a las fuerzas políticas a agruparse en “dos grandes polos”: un polo reformista de centro (el bando de los ganadores) y un polo de centro derecha (el bando de los perdedores y de los vencedores que no formaban

50 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 83 51 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 106 52 Carlos E. Carranza Villalobos, “Un centenario de vida de los partidos políticos costarricenses. Entre la génesis y la crisis,” ABRA 23 (2003): 98 53 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 108 54 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 110

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parte del PLN).55 Por ende, no es exagerado afirmar que “la guerra civil es el clivaje fundamental del país”56. Sin hacer este recuento de los hechos no se puede entender el entramado institucional de la democracia costarricense. Tampoco se puede comprender el surgimiento del régimen bipartidista que dominó la dinámica política de la segunda mitad del siglo XX, ni la cultura política de un país donde el arraigo democrático, “por lo menos en su acepción política, es una característica definitoria del estilo de vida costarricense”57. CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA DE PARTIDOS EN COSTA RICA

Con base en las mediciones del número efectivo de partidos en las 15 elecciones presidenciales y legislativas junto con la tipología de sistemas de partidos de Sartori, Brenes divide al sistema de partidos en tres períodos históricos: 1. 1953 – 1978: período inestable y de formación del sistema de partidos que contó con dos elecciones de pluripartidismo limitado (1958 y 1974) y cuatro elecciones bipartidistas (1953, 1962, 1966, 1970). 2. 1978 – 1998: consolidación y época dorada del bipartidismo que comprende cinco elecciones (1978, 1982, 1986, 1990, 1994). 3. 1998 – 2006: caída del régimen bipartidista y transición hacia un pluripar tidismo limitado (1998, 2002, 2006, 2010, 2014).58

El número efectivo de partidos presidenciales (NEPe) y parlamentarios (NEPp) se presenta a continuación en la Tabla 5 y en el Gráfico 1, en el cual también se agrega esta medida a nivel municipal y se extiende el análisis hasta la última elección nacional.

55 Carranza Villalobos, “Un centenario de vida de los partidos políticos costarricenses. Entre la génesis y la crisis”, 98 56 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 32 57 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 31 58 Brenes, “Elecciones 2010: Transformaciones inconclusas del sistema de partidos en Costa Rica”, 1-20. El análisis de Brenes termina en 2006, se actualizó a partir de Ronald Alfaro Redondo (2010) y por investigación propia (2014). En este trabajo se mantiene la división propuesta por Brenes.

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Tabla 5. Sistema de partidos. Costa Rica. NEPp y NEPe

Fuente: Brenes (2010, 3) con utilización del índice Laakso y Taagepera. Nota: *Períodos que califican al sistema de partidos como pluripartidista limitado.

Gráfico 1. Número efectivo de partidos en las distintas elecciones 1953 - 2010

Fuente: Alfaro Redondo (2010, 109) con datos del TSE.

EL BIPARTIDISMO EN COSTA RICA: EL PLN Y EL PUSC (Y LOS DEMÁS)

En la sección de sistema electoral se demostraron los mecanismos institucionales que han reforzado históricamente al sistema bipartidista. A manera de recapitulación, se presenta el siguiente gráfico:

Fuente: Sánchez (2001, 173)

Gráfico 2. Sistema electoral y bipartidismo en Costa Rica

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El Partido de Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han sido los beneficiarios de este arreglo institucional, como se expone a continuación Tomando en cuenta los incentivos institucionales hacia el bipartidismo y el modus operandi, Óscar Fernández califica al sistema de partidos como uno de bipolaridad disuasiva. El concepto se desprende de dos condiciones: 1) La preponderancia de dos grandes fuerzas políticas que concentran el grueso de las votaciones. 2) La presencia de mecanismos regulatorios (sistema electoral) que facilitan la consolidación del bipartidismo y merman el surgimiento de otras fuerzas.59 Complementariamente, la definición se matiza con cuatro aspectos adicionales. En primer lugar, bipolaridad disuasiva no implica el surgimiento simultáneo de las dos fuerzas. Como veremos más adelante, el PUSC surgió formalmente tres décadas después que el PLN. En segundo término, de un sistema de esta naturaleza no se infiere que sólo existan dos partidos nominalmente, sino que dos partidos dominan la arena electoral. Tercero, la competencia es centrípeta, como ya se ha mencionado antes, el bipartidismo no se da entre dos extremos ideológicos, sino entre agendas políticas que tienden a la mimetización. Finalmente, para los electores no hay incentivos de entrada para crear nuevos partidos ni para votar por otras fuerzas, ante el efecto psicológico de desperdiciar su tiempo y su voto.60 En este sentido, ya hemos visto los efectos del sistema electoral en la consolidación del bipartidismo. La siguiente tabla muestra el primer criterio de la definición de este concepto, es decir, la concentración de los votos por parte de los dos partidos dominantes en el período de oro del sistema bipartita costarricense y en la elección de 1998 que, de acuerdo a Brenes, marcó el inicio de la transición hacia un pluripartidismo moderado.61

59 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 147 60 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 148 61 Brenes, “Elecciones 2010: Transformaciones inconclusas del sistema de partidos en Costa Rica”, 1-20

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Tabla 6. Resultados de las elecciones presidenciales en Costa Rica. 1978 - 1998

Fuente: Sánchez (2002, 138). Nota 1: (d) Coalición integrada por los Partidos: Reno vación Democrática, Unión Popular, Demócrata Cristiano y Republicano Calderonista. Nota 2: La tabla original se recortó para mostrar sólo el período arriba señalado.

Como se puede observar, la concentración de los votos siempre fue mayor al 90%, incluso cuando empezaba a cuartearse el régimen bipartidista. Desde este punto de partida, se hace un cambio en la unidad de análisis para hablar de los patrones de interacción, de las características, de las similitudes y de las diferencias de los partidos políticos de Costa Rica. Más adelante se expondrá cómo ha evolucionado la interacción entre partidos a través de estos rasgos de diferenciación en el nuevo contexto pluripartidista. Dentro de los rasgos compartidos, un gran segmento de los partidos políticos de Costa Rica tiene un origen revolucionario y parte del clivaje revolucionario. Fundado en 1951, el PLN es descendiente directo del Ejército de Liberación Nacional y apela constantemente a José Figueres Ferrer (Don Pepe), el caudillo más importante de la guerra civil.62 Otros partidos como Vanguardia Popular, cuyo origen se remonta hasta la década de 1930, desempeñaron un papel relevante en el conflicto armado de una década

62 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 155

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después (en este caso, los comunistas), aunque después no lograron consolidarse por ser proscritos durante los 20 años que siguieron a la revolución. En el caso del PUSC, aunque surge formalmente hasta 1983 como una aglomeración de cuatro fuerzas de centro-derecha —el Partido Republicano Calderonista, el Partido Renovación Democrática, el Partido Unión Popular y el Partido Demócrata Cristiano63—, con la bandera de la democracia cristiana y con ciertas filiaciones liberales en materia económica,64 en su linaje político se puede identificar claramente el legado de la familia Calderón, el bando perdedor durante la guerra civil.65 En esta línea, el camino previo a la formalización del PUSC como partido había estado marcado por coaliciones coyunturales contra el PLN, y en muchos casos lo que subyació a esas alianzas, remitía al clivaje revolucionario.66 Una segunda característica compartida de los partidos costarricenses es su “intermitencia funcional”67 como un efecto de la tradición democrática del país. La certeza de la continuidad de las elecciones incentiva a los partidos a participar activamente de ellas, pero a desaparecer después de las campañas. La intermitencia recae en un fuerte activismo electorero y una pasividad prolongada durante el inter de cada ejercicio electoral. Un último rasgo común son las pocas referencias ideológicas en las campañas y en el quehacer de los partidos. Por lo general, el cuerpo doctrinario de cada partido ha sido relegado a segundo término para ocuparse de aspectos coyunturales de cada contienda.68 Como se estipuló antes, en especial para el caso del PLN y el PUSC, muchas veces las agendas de gobierno se yuxtaponían. En el fondo, la cuestión fundamental: no han sido los planes de gobierno de ambos, ya que prácticamente se han desarrollado como iguales, sino quien ha representado legítimamente esos intereses.69 Esto podría asumirse como una batalla por el centro del espectro ideológico. En cuanto a las diferencias entre los partidos mayoritarios y los minoritarios, una primera divergencia es que, por las aspiraciones y las oportunidades reales de ocupar el poder que tiene cada grupo, los partidos mayoritarios se mueven en la dimensión presidencial y los partidos minoritarios se desenvuelven en la dimensión parlamentaria. En otras palabras, hasta las últimas tres elecciones, los partidos minoritarios daban

63 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 158 64 Alcántara y Freidenberg, “Los partidos políticos en América Latina”, 27 65 Carranza Villalobos, “Un centenario de vida de los partidos políticos costarricenses. Entre la génesis y la crisis”, 101 66 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 89 67 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 155 68 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 155 69 Óscar Fernández, “Costa Rica. La reafirmación del bipartidismo”, 8

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por perdida la elección presidencial y concentraban sus expectativas en las elecciones legislativas y municipales. En la dinámica bipartidista, la contienda presidencial era exclusiva de los partidos mayoritarios.70 En el sentido de Wolinetz, se podría decir que el PLN y el PUSC han sido Officeseekers, mientras que los partidos alternativos aún son policy-seekers (los partidos alternativos no han ganado la presidencia y se han concentrado en agendas sectoriales y particularistas)71 y cuando su margen de acción está muy limitado (aspiran a muy pocos escaños en la Asamblea) se podrían clasificar como simples vote-seekers que pelean por su supervivencia.72 En relación a esta primera distinción, la segunda diferencia radica en que la importancia relativa de los partidos minoritarios o alternativos en el sistema electoral estaba en razón de los boquetes de poder que dejaban los partidos mayoritarios. Si los partidos del bipartidismo conseguían mayorías absolutas en la Asamblea Nacional, los esfuerzos de los partidos minoritarios por obtener representación legislativa se volvían inútiles. En contraparte, si no se daba una mayoría parlamentaria absoluta, el potencial de chantaje y negociación de los pequeños partidos aumentaba sustancialmente.73 Abonando a esta segunda diferencia, la tercera hace referencia al perfil que desarrollan los partidos minoritarios en torno a si son incluidos en las coaliciones de gobierno o no. Cuando los partidos alternativos al bipartidismo tienen la posibilidad de sumarse al gobierno, sus estrategias se concentran en maximizar el chantaje en las negociaciones que le permitan al partido mayoritario gobernar con una base de apoyo legislativo más amplia. Cuando son excluidos de la coalición, los partidos minoritarios adoptan roles de denuncia y fiscalización de los partidos de gobierno. Así, hipotéticamente, por pragmatismo y en un contexto de poco arraigo doctrinario, un partido político costarricense puede “cambiar la cara” de una elección a otra.74 El siguiente punto a recalcar es que tanto el PLN como el PUSC han logrado amasar una base de votantes duros a lo largo del tiempo, mientras que durante el siglo XX los partidos chicos no lograron apuntalarla. Los partidos minoritarios se han visto constreñidos a movimientos sectoriales (en el caso de los partidos de izquierda) o al ámbito

70 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 149 71 El artículo se terminó de escribir antes de que se conocieran los resultados de las elecciones de 2014, donde el Partido Acción Ciudadana obtuvo por primera vez la presidencia de la Republica. 72 Richard Gunther y Larry Diamond, “Species of Political Parties: A New Typology,” Party Politics no. 9 (2003): 169 73 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 156. Quizá el punto sea demasiado obvio, ya que en todo sistema de partidos se dan juegos de suma cero, pero es una característica descriptiva que marca la interacción entre partidos minoritarios y mayoritarios. Es desde este enfoque que se analiza al sistema de partidos de Costa Rica. 74 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 156

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provincial y, en el extremo, al cantonal.75 En comparación, a los partidos alternativos al bipartidismo, esto nos lleva a identificar al PUSC y al PLN como partidos catch all (atrápalo-todo), aunque es necesario detenerse y matizar este punto76. Por un partido catch all se entiende a “uno que evita el dogmatismo ideológico en el interés del pragmatismo y conceptos retóricos como ‘el pueblo’, ‘la nación’, ‘el progreso’, ‘el desarrollo’ o del tipo que busca (y recibe) electoralmente el apoyo de un espectro amplio de votantes, que sobrepasa a un partido enfocado a una clase social o denominación religiosa y que desarrolla lazos a una variedad de grupos de interés en vez de apoyarse exclusivamente en las prebendas organizacionales y mobilizacionales de uno solo”.77 Con base en esta definición, el PLN se apega más que el PUSC al modelo clásico de partido catch all debido a que se constituye desde sus inicios posrevolucionarios como un partido de masas y de vocación nacionalista y anticomunista.78 En muchos aspectos comparable con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, el PLN se ha asumido ideológicamente y, en gran medida, ha sido históricamente el “padre de la Segunda República” de Costa Rica; pero a diferencia de otros partidos atrápalo-todo de la región, ha contado con una mayor inclinación democrática.79 De hecho, durante su época de hegemonía en los años setenta, se realizó una encuesta que pretendía explicar su dominio sobre la política costarricense y evaluar su grado de identificación a nivel nacional. El estudio arrojó que variables como el clivaje urbanorural, el nivel socioeconómico y la edad no eran buenos predictores para explicar este fenómeno. La variable con la mayor capacidad explicativa fue el clivaje de la guerra civil.80 A su vez, pese al apelativo demócrata cristiano y a su génesis elitista, el PUSC también ha actuado como un partido catch all, pero no a raíz de sus orígenes revolucionarios. En todo caso, el PUSC entendió que su vida política dependía de consolidarse como una oposición creíble y responsable al PLN. Dadas las fuerzas centrípetas del sistema de competencia, su estirpe de coalición opositora no podía limitarse a la esfera demócrata cristiana y ante la ausencia de otros opositores relevantes pudo aglomerar a sectores de

75 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 157 76 Fernández, “Los partidos políticos: Su interrelación y sus rasgos centrales en la sociedad costarricense”, 157 77 Robert H Dix, “Clevage Structures and Party Systems in Latin America,” Comparative Politics 22 (1989): 26 – 27 78 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 103 79 Dix, “Clevage Structures and Party Systems in Latin America,” , 27 80 Dix, “Clevage Structures and Party Systems in Latin America,” , 28

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oposición muy diversos en la esfera social, política y económica del país.81 Por lo tanto, se podría afirmar que durante el bipartidismo el PLN y el PUSC tenían dos ventajas que los diferenciaban del resto de los partidos costarricenses. La primera fue una ventaja territorial, producto de acaparar el terreno político nacional durante el siglo XX.82 La segunda fue una ventaja por posición ideológica centrista y atrápalotodo, producto de acaparar el espectro ideológico nacional en ese período.83 A continuación se profundizará brevemente en estas dos ventajas. LAS VENTAJAS DEL PLN Y EL PUSC COMO PARTIDOS NACIONALES Y CATCH-ALL DURANTE EL BIPARTIDISMO

Volviendo al tema de la representatividad regional y los problemas de proporcionalidad que pueden derivarse del bipartidismo y de la normatividad electoral, Randall Rodríguez Amor llevó a cabo un ejercicio interesante. El autor realizó una tipología de partidos midiendo su fuerza electoral y diferenciándolos por la circunscripción de su inscripción: a) Partidos cantonales: partidos que sólo compiten en el ámbito municipal y que siguen intereses personalistas y/o de nicho municipal. b) Partidos provinciales: partidos que compiten en más de dos de los siete distritos electorales (ver Tabla 2). c) Partidos nacionales: partidos que compiten en todos los ámbitos de gobierno. En este rubro se presentan tres subtipos: los partidos del bipartidismo, partidos alternativos y partidos nuevos/emergentes.84 A continuación, se presenta el desempeño histórico de cada familia de partidos:

81 Brown, Los partidos políticos en Centroamérica. Un estudio institucional comparado sobre la disciplina partidista en Costa Rica, Guatemala y Panamá, 119. 82 Rodríguez Amor, Tipología de los partidos participantes en elección de regidurías y sindicaturas y sus resultados electorales, 3. 83 Ronald Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2006 en Costa Rica y la recomposición del sistema de partidos políticos,” Revista de Ciencia Política, no. 26 (2006):125 – 137. 84 Rodríguez Amor, Tipología de los partidos participantes en elección de regidurías y sindicaturas y sus resultados electorales, 3 y 12

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Tabla 7. Fuerza electoral a nivel nacional según familias de partidos. 1953 - 2010

Fuente: Rodríguez Amor (2012, 12).

Como se puede apreciar, los partidos nacionales han sido los grandes beneficiarios del sistema electoral existente a lo largo del tiempo, en especial el PLN y el PUSC. Es cierto, los partidos regionales y sobre todo los cantonales han ganado preponderancia, pero su “tajada” aún sigue siendo demasiado pequeña. Al paralelo, un fenómeno interesante es que la caída del bipartidismo ha ejercido recientemente una influencia mucho más potente que el efecto de la barrera artificial de representación regional. Los partidos políticos alternativos al orden bipartidista y nuevas opciones en la escala nacional han ocupado los espacios dejados por los dos grandes partidos costarricenses. Por ende, la ventaja territorial de los partidos del orden bipolar fue un factor decisivo en el escenario político durante gran parte del período de la Segunda República, es decir, las primeras cinco décadas. Sin embargo, si se observan los últimos procesos de votaciones, aparentemente la norma no ha resistido la caída del bipartidismo en Costa Rica. Habrá que esperar para ver si los frentes políticos alternativos y provinciales logran conseguir la suficiente fuerza para reformar este mecanismo, o si se convierten en los nuevos beneficiarios del statu quo. En cuanto a las ventajas de posicionarse tácticamente como partidos catch all y como efecto del carácter centrípeto del sistema de partidos de Costa Rica, se expone la siguiente tabla:

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Tabla 8. Composición de Asamblea Legislativa según familia de partidos políticos 1953-2010

Fuente: Alfaro Redondo (2010, 107) con datos del TSE.

Categorías: 1) Partido de centro: Partido de Liberación Nacional. 2) Partidos de derecha y centro/derecha: Partido Demócrata, Republicano Nacional Independiente, Unión Nacional, Republicano, Independiente, Unión Cívico Revolucionaria, Unificación Nacional, Demócrata Cristiano, Nacional Independiente, Renovación Democrática, Coalición Unidad, Movimiento Nacional, Unidad Social Cristiana y Movimiento Libertario. 3) Partidos de izquierda y centro/izquierda: Acción Demócrata Popular, Acción Socialista, Frente Popular Costarricense, Pueblo Unido, Alianza Popular, Fuerza Democrática, Acción Ciudadana y Frente Amplio. 4) Partidos regionales e intereses específicos: Unión Agrícola Cartaginés, Acción Democrática Alajuelense, Unión Generaleña, Agrario Nacional, Renovación Costarricense, Acción Laborista Agrícola, Integración Nacional, Accesibilidad sin Exclusión y Restauración Nacional. Como puede observarse claramente, las ventajas del PUSC y el PLN como las alternativas ideológicas dominantes, dada su tendencia centrista, dieron como resultado un dominio en las urnas que se extendió hasta el quiebre del sistema bipartidista. La ya mencionada disputa por el centro derivó en la alternancia en el control de la mayoría de los asientos de la Asamblea Legislativa. En las últimas dos elecciones, el desplome del PUSC y la erosión de su base de votantes fueron capitalizados por otros partidos de centro-derecha, pero sobre todo por partidos de centro-izquierda como el Partido Acción Ciudadana. La caída de uno de los dos gigantes del bipartidismo abrió la puerta y aceleró el proceso hacia una mayor representación de fuerzas políticas que históricamente habían estado relegadas. Por lo tanto, es momento de hablar sobre la caída del sistema bipartidista costarricense.

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EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA BIPARTIDISTA Y EL SURGIMIENTO DEL PLURIPARTIDISMO LIMITADO En las partes anteriores a esta sección se ha tratado con detalle el tema de la predominancia histórica del bipartidismo en Costa Rica. Aparentemente, en los últimos procesos electorales se puede observar un viraje hacia un orden emergente: el pluripartidismo limitado. Por esta razón, el objetivo de este apartado es elucidar las causas del surgimiento de este nuevo equilibrio institucional. Como se ha hecho hincapié, la caída del bipartidismo coincidió con el inicio del siglo XXI, por ello la aparición de este punto de inflexión nos obliga a remontarnos a la Costa Rica de finales del siglo pasado. En la década de 1990, tras consagrar cinco decenios de conquistas democráticas, los costarricenses ya no se conformaron con garantías procedimentales de democracia y empezaron a exigir garantías democráticas cualitativas y más profundas.85 En este lapso se dio un proceso de agotamiento del sistema bipartidista del país centroamericano. Al mismo tiempo, se inició una caída en la credibilidad de los gobernantes, los ciudadanos se alejaron de la participación pública y empezaron a verse señales de polarización política. De cierto modo, la brecha entre ciudadanos y políticos se evidenció como nunca antes frente a la ausencia de alternativas políticas reales. Los dos grandes partidos habían llegado casi al extremo de la mimetización y el orden institucional (el sistema electoral y el sistema de partidos) no daba cabida a otras fuerzas.86 Ante estos signos de “malestar democrático”, la reacción del PUSC y el PLN fue buscar válvulas de escape como la apertura al público de las convenciones nacionales y los procesos internos de votación, la implementación de las cuotas de género en la Asamblea Legislativa y la inclusión de votantes en las listas de candidaturas (aunque seguían siendo listas cerradas y bloqueadas). Estos recursos no tuvieron el éxito previsto, simplemente no fueron suficientes (Fernández, 1996, 161). En respuesta, un gran número de politólogos costarricenses han intentado entender y explicar este proceso de derrumbe bipartidista. Entre ellos, de la bibliografía consultada, el análisis de Fernando Sánchez ha sido el más elocuente y detallado en esta tarea. Sánchez enmarca a las elecciones de 1998 y 2002 como parte de un proceso de “desalineamiento electoral” que tuvo cuatro características: el aumento del abstencionismo, el quiebre del voto, una mayor volatilidad electoral y el apoyo a terceros partidos. En seguida, se analizarán los últimos cambios en estas cuatro dimensiones.

85 Carranza Villalobos, “Un centenario de vida de los partidos políticos costarricenses. Entre la génesis y la crisis”, 102 86 Carranza Villalobos, “Un centenario de vida de los partidos políticos costarricenses. Entre la génesis y la crisis”, 104 y Fernández, “Costa Rica. La reafirmación del bipartidismo”, 8

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ELAGOTAMIENTODELSISTEMABIPARTIDISTA:ELAUMENTODELABSTENCIONISMO

La constante alta participación electoral de los costarricenses se había constituido como uno de los principales logros de la democracia en ese país. La funcionalidad de la maquinaria bipartidista hacía pensar que los votantes realmente tenían incentivos para sufragar, ya que podían cambiar en las urnas la configuración del poder en los tres ámbitos de gobierno (recordando el concepto de democracia robusta). Las opciones políticas podían resultar acotadas, pero estaban también siempre en competencia. Efectivamente, salvo en las primeras dos elecciones posteriores a la guerra civil, las cifras de abstencionismo hasta 1994 se habían mantenido en el mismo nivel (alrededor del 20%), como se muestra en el siguiente gráfico. Gráfico 3. Grado de abstencionismo según año de elección 1953-1994

Fuente: Carranza Villalobos (2002, 103).

A partir de 1998 hubo un salto en el abstencionismo hacia las treintenas porcentuales. En 1998 se registró 30.1%87 en 2002 llegó a 31.2%88, en 2006 superó el 35%89 y en 2010, por primera vez en este período, bajó respecto de la última elección, pero se

87 Carranza Villalobos, “Un centenario de vida de los partidos políticos costarricenses. Entre la génesis y la crisis”, 102 88 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 33 89 Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2003 en Costa Rica y la recomposición del sistema de partidos”, 125

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mantuvo en los niveles de 1998.90 Finalmente, para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014 se registró 31.73% de abstencionismo. 91 EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA BIPARTIDISTA: EL QUIEBRE DEL VOTO

Como se vio anteriormente, dada la concurrencia de las elecciones presidenciales y legislativas, el efecto de arrastre en Costa Rica ha sido históricamente fuerte. Como en prácticamente todos los otros sistemas presidencialistas, la elección para el poder ejecutivo acapara los reflectores durante las campañas. Aunado a esto, la contienda presidencial ha estado históricamente monopolizada por el PUSC y el PLN, lo cual ha obligado a los partidos alternativos al bipartidismo a concentrarse en las elecciones legislativas y municipales. En este contexto, el quiebre del voto se torna en un indicador de suma relevancia para medir cómo votos que estaban siendo “arrastrados” anteriormente por el bipartidismo se redistribuyeron hacia otras fuerzas políticas, ya sea por el fin del monopolio bipartita de la elección presidencial o por un mejor desempeño del resto de los partidos en su campo tradicional de batalla: las elecciones legislativas. Entonces, el quiebre del voto es fundamental para medir cambios en los patrones de votación92, sobre todo ante un electorado descontento. Estos son las cifras hasta el quiebre del bipartidismo en Costa Rica (1998-2002). Gráfico 4. Quiebre del voto en las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica. 1953-2002

Fuente: Sánchez (2002, 41).

90 Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2003 en Costa Rica y la recomposición del sistema de partidos”, 104 91 Tribunal Supremo de Elecciones, “Conózcanos”, fecha de consulta 15 de noviembre de 2013 92 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 41

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Como se observa, el aumento en el quiebre del voto en Costa Rica ha sido progresivo desde la década de 1980. En 2002 alcanzó su nivel más alto desde 1958. EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA BIPARTIDISTA: UNA MAYOR VOLATILIDAD ELECTORAL

El índice de volatilidad de Pedersen mide los cambios en el desempeño electoral de cada partido de una elección a otra.93 Un índice alto o un aumento abrupto implican grandes realineamientos en la distribución del poder político, como la salida estrepitosa de uno de los dos partidos en el poder (1958, 1978, 2006) o el surgimiento de un nuevo frente opositor (2002). Para tener una visión más amplia de los cambios en el sistema de partidos costarricense, en el siguiente gráfico se presentan los índices de volatilidad de Pedersen tanto para las elecciones presidenciales como para las elecciones legislativas. De esta forma se puede evaluar el desempeño en la contienda presidencial y en la repartición de escaños de cada elección. Gráfico 5. Volatilidad electoral según tipo de elección 1953-2010

Fuente: Alfaro Redondo (2010, 104).

Como se puede observar, en el zenit del bipartidismo en Costa Rica (1978 – 1994) la volatilidad era sumamente baja y alcanzó sus mínimos históricos. No obstante, a partir de la década de 1990 empezó a subir paulatinamente, hasta nuevamente alcanzar niveles

93 Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2003 en Costa Rica y la recomposición del sistema de partidos”, 103

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altos con el quiebre del período bipartidista. En esta línea, la gráfica muestra claramente el inicio del descontento democrático y como esto formó una “bola de nieve” que acabó con el orden bipartito. A su vez, habrá que esperar a que se consoliden los resultados de 2014 para ver si se mantienen las tendencias anteriores o se abre paso a una nueva dirección de cambios. EL AGOTAMIENTO DEL SISTEMA BIPARTIDISTA: EL APOYO ELECTORAL A TERCEROS

Como se muestra en la Tabla 7 y la Tabla 8, la hegemonía electoral del PUSC y del PLN se ha erosionado de manera progresiva,94 pero hasta ahora no se ha tratado directamente al hecho concreto o detonante que propició este nuevo reacomodo político. Además de los factores de desgaste que se han mencionado hasta ahora, el suceso que dio el puntillazo al sistema bipartidista fueron las acusaciones de corrupción y recepción de sobornos contra dos ex presidentes y miembros prominentes del PUSC: Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del caudillo republicano y mandatario de 1990 a 1994, y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, titular del ejecutivo de 1998 a 2002.95 A raíz de esto, el PUSC no ha podido recuperarse de una década de escándalos y no hay señales de que lo vaya a hacer pronto. En los últimos días, su recién postulado candidato presidencial renunció y denunció nuevos actos de corrupción en las cúpulas partidarias demócrata-cristianas.96 De este modo, la base de votantes del PUSC se ha trasladado hacia otras agrupaciones políticas, en particular hacia al Partido Acción Ciudadana (PAC) fundado apenas en 2001 bajo el liderazgo de Ottón Solís Fallas, ex miembro del PLN.97 Más allá de la posición política del PAC (centro izquierda), la cual le ha valido agrupar a la mayor parte del voto de izquierda en la última década, esta fuerza política se ha sabido consolidar entre el electorado costarricense (que, como se mostró, no tiene identificaciones doctrinarias demasiado fuertes) como la oposición más atractiva al antiguo régimen bipartidista. El PAC ha logrado formar una coalición electoral interesante entre votantes de izquierda, desencantados e indecisos, así como de entre la antigua base de votantes del PUSC. 98 En 2002, a un año de su fundación, su irrupción en el escenario político costarri-

94 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 30 y Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2010 en Costa Rica: Una mujer al mando setenta años después”, 107 95 Roberto E Salom, “Los procesos de corrupción de la democracia en Costa Rica,” Nueva Sociedad 196 (2005): 48 – 49 96 Jorge Luis Araya, “Respaldo al PUSC se desplomó tras renuncia del Dr. Hernández,” Semanario Universidad, 23 de octubre de 2013 97 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 41 98 Sánchez, “Desalineamiento electoral en Costa Rica”, 40

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cense provocó la implementación de la segunda vuelta electoral por primera vez en el país, y una elección más tarde (2006) se quedó a un punto porcentual de arrebatarle la elección al ex presidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.99 Para 2010, el partido no fue tan exitoso y quedó a 21 puntos de Laura Chinchilla del PLN, aunque se mantuvo como segunda fuerza.100 Desde 2002 y hasta 2010, Ottón Solís había sido el único candidato del PAC.101 Para la elección presidencial de febrero de 2014, el PAC dio un viraje y apostó en sus elecciones internas por Luis Guillermo Solís Rivera, también ex militante del PLN.102 A su vez, otro partido político de oposición que ha cobrado importancia ha sido el Movimiento Libertario (PML). Éste fue fundado en 1994 y tiene en Otto Guevara Guth a su figura más importante.103 Probablemente con la pretensión de llenar el espacio en el espectro ideológico del PUSC, los libertarios se han agrupado en la centroderecha, nutriéndose de ex miembros y votantes liberales de ese partido, y han logrado amasar en esta última década una fuerza electoral cada vez más fuerte.104 Para hacer un recuento de los últimos cuatro procesos electorales (sin contar los procesos de 2014) se presentan las siguientes tablas: Tabla 9a. Desempeño electoral por partido en elecciones presidenciales % 1998-2010 Partido

1998

2002

2006

2010

PLN

44.6%

31.1%

40.9%

46.9%

PUSC

47%

38.6%

3.6%

3.9%

Desempeño electoral

99 Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2006 en Costa Rica y la recomposición del sistema de partidos políticos”, 131 100 Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2010 en Costa Rica: Una mujer al mando setenta años después”, 102 101 Manuel Álvarez Rivera, “Elecciones Generales en Costa Rica”, fecha de consulta 24 de octubre de 2013. Disponible en: http://electionresources.org/cr/index_es.html 102 Álvaro Murillo y José Meléndez, “Costa Rica no se va a afiliar al ALBA,” El País, 5 de febrero de 2014, sección internacional 103 Movimiento Libertario, “Historia”, fecha de consulta 27 de noviemnre de 2013. Disponible en: http:// www.movimientolibertario.com/historia 104 Alfaro Redondo, “Elecciones nacionales 2010 en Costa Rica: Una mujer al mando setenta años después”, 109

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0.4%

1.7%

8.5%

20.9%

PAC

No aplica

26.2%

39.8%

25.1%

Otros

2.7%

7.1%

3.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de Recursos Electorales en Internet: Elecciones Generales en Costa Rica.

Tabla 9b. Desempeño electoral por partido en elecciones legislativas % y (escaños) 1998-2010 Partido

1998

2002

2006

2010

PLN

34.8%

27.1%

36.5%

37.3%

(23)

(17)

(25)

(24)

41.2%

29.8%

7.8%

8.2%

(27)

(19)

(5)

(6)

3.1%

9.3%

9.2%

14.5%

(1)

(6)

(9)

No aplica

22%

25.3%

17.6%

(14)

(17)

(11)

10.6%

3.6%

7.6%

18.1%

(6)

(1)

(4)

(7)

PUSC

PAC

Otros

Desempeño electoral

Fuente: Elaboración propia con datos de Recursos Electorales en Internet: Elecciones Generales en Costa Rica. Otros partidos que alcanzaron escaños por elección: 1998: 5.8% (3) Fuerza Democrática, 2.8% (1) Integración Nacional, 2% (1) Reno-

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vación Costarricense, 1.2% (1) Acción Laborista Agrícola 2002: 3.6% (1) Renovación Costarricense 2006: 2.5% (1) Unión Nacional, 2% (1) Restauración Nacional, 1.6% (1) Accesibili dad sin Exclusión, 1.1% (1) Frente Amplio 2010: 9% (4) Accesibilidad sin Exclusión, 3.9% (1) Renovación Costarricense, 3.6% (1) Frente Amplio, 1.6% (1) Restauración Nacional

Como se puede inferir de las tablas, el PLN quizá ya no tenga la suficiente fuerza para conseguir mayorías absolutas en la Asamblea Nacional, pero ha ganado la presidencia y el mayor número de escaños en las últimas dos elecciones. Por su parte, el porcentaje de votos que obtuvo el PUSC en la elección legislativa de 2010 fue poco más de una quinta parte del que obtuvo en la elección legislativa de 1998, es decir, por cada nueve diputados que tenía en 1998 ahora sólo cuenta con dos. Para la elección presidencial en ese lapso, el derrumbe es más dramático. El PUSC no obtuvo en la última elección ni la décima parte de los votos que consiguió 12 años antes. El caso del PAC llama la atención porque primero tuvo un debut muy exitoso como partido emergente en 2002 y mandó de forma inédita a los partidos dominantes a la segunda vuelta. En 2006 tuvo la elección más exitosa de su corta historia y estuvo bastante cerca de ganar la presidencia, aunque se erigió como segunda fuerza nacional. En la elección de 2010 no pudo continuar creciendo e incluso tuvo un desempeño relativamente decepcionante, aunque se mantuvo una vez más como segundo lugar. Movimiento Libertario ha tenido un crecimiento exponencial desde su fundación tanto en la carrera por la presidencia como en su presencia en la Asamblea Legislativa. De no haber obtenido prácticamente nada –ni siquiera el 1%– en la elección presidencial de 1998, en la última elección consiguió más de una quinta parte del total de los votos. Por último, otros partidos minoritarios han logrado representación en las últimas cuatro elecciones. En 1998 fueron tres partidos conservadores (uno de centro-derecha, uno de derecha y uno evangélico) y uno agrarista los que se repartieron seis escaños. En 2002, sólo el partido evangélico logró conseguir de nueva cuenta una curul. En 2006, la caída del PUSC abrió la puerta a dos partidos de centro-derecha, a un partido de izquierda y a un partido conservador que defiende los derechos de gente con discapacidad y de la tercera edad (Accesibilidad sin Exclusión). En 2010, Accesibilidad sin Exclusión (PASE) logró cuatro escaños en la Asamblea y tiene perspectivas para seguir creciendo; los otros tres partidos sectoriales se llevaron los tres asientos restantes.105 Por lo tanto, el apoyo a terceros partidos en las últimas elecciones nacionales ha aumentado considerablemente. En este período, el PLN pareció seguir dominando, pero

105 La clasificación de los partidos se adoptó de Alfaro Redondo (2010) y de una breve revisión de las páginas web de esos partidos.

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los terceros partidos concentraron alrededor del 50% de los votos del electorado para la elección presidencial, que antes estaba monopolizada por el bipartidismo. En la Asamblea Nacional, los partidos alternativos tenían —hasta la elección de 2014— 47.37% de los escaños, una situación inimaginable durante el período bipartidista. Recordando la definición aquí citada de Sartori,106 el caso costarricense actual se ajusta bien al modelo de pluripartidismo limitado. Por un lado, el partido ganador de las elecciones de 2010 (PLN) sólo logró obtener una pluralidad y esto lo obligó a formar coaliciones legislativas. El otro partido del bipartidismo (PUSC) aún no ha desaparecido del todo. Por el otro, recién han surgido tres partidos relevantes (PAC, PML, PASE) —incluso cuatro, si se toman en cuenta los resultados que obtuvo Frente Amplio (FA) en la primera vuelta de 2014, 17.4%— y su distancia ideológica no es tan amplia y la competencia electoral mantiene tintes centrípetos. LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE HOY Este es el nuevo orden institucional de la democracia costarricense y el contexto en el cual se celebraron las elecciones de febrero de 2014. Hoy, a poco menos de una semana de los comicios, estos son los resultados preliminares al último corte disponible de datos (ver tabla 10). Tabla 10. Desempeño electoral por partido en elecciones presidenciales % 2014

106

Partido

2014

Diferencia 2010

PLN

29.59%

-17.3%

PUSC

5.97%

+2.0%

11.19%

-9.7%

PAC

30.95%

+5.8%

Sartori, Partidos y sistemas de partidos.

Desempeño electoral

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17.14%

+16.74

Otros (8)

4.9%

+1.4%

Fuente: Elaboración propia con datos preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones (03/02/2014 12:03.49)

Como se aprecia en la tabla, las elecciones recién celebradas representan un experimento natural formidable para evaluar las transformaciones silenciosas del orden democrático costarricense. Más allá de las particularidades en los resultados, es indudable que algo está sucediendo en Costa Rica y es claro que este cambio no es casual ni fruto de la espontaneidad. Al contrario, obedece a una serie de transformaciones silenciosas que cimbraron al régimen desde sus cimientos. Hasta hace unos meses —incluso semanas o días—, los sondeos auspiciaban que el candidato oficialista Johnny Araya se mantendría a la cabeza de los comicios107 y el verdadero debate era si el PLN ganaría la presidencia en primera o en segunda vuelta, inaugurando una etapa inédita de hegemonía socialdemócrata con tres períodos consecutivos en la presidencia. Al momento que se escribe este texto, el debate estará vigente hasta que se celebre un balotaje en abril de este año. Al margen de esto, ya de momento se han manifestado tendencias que merecen ser señaladas con claridad y que abren un panorama de incógnitas sumamente interesantes: El contraste del caso del PAC y el del PML —los dos “grandes beneficiarios” (aunque no han llegado a la presidencia) de la expansión del sistema de partidos—, el aumento repentino de Frente Amplio, la modesta recuperación del PUSC —quizá suficiente para abonar a su potencial de chantaje en la segunda vuelta— y si la izquierda moderada podrá dar el salto de calidad para llegar a la presidencia de un país tradicionalmente centrista. Lo anterior podría definir no sólo una contienda electoral, sino además el destino del sistema de gobierno más robusto de América Latina. CONCLUSIONES A lo largo de este trabajo de investigación se ha expuesto cómo Costa Rica ha funcionado de facto y de jure como un sistema bipartidista durante la segunda mitad del

107 De la redacción, “Costa Rica alista una reñida elección presidencial,” Excelsior, 1 de febrero de 2014, sección global.

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siglo XX. De facto porque la práctica política entre la ciudadanía y el gobierno estaba entendida entre sólo dos alternativas electorales. De jure porque el diseño institucional del sistema electoral costarricense establece incentivos bastante claros hacia el bipartidismo. Arriba descritos, estos incentivos pueden desagregarse en la dinámica mayoritaria de las elecciones presidenciales y en el carácter híbrido del umbral de 40% como requisito para implementar la segunda vuelta, reglas que afectaron la configuración y la distribución de poder en el sistema de partidos de ese país. Otros factores como la desproporcionalidad en las magnitudes de distrito de cada circunscripción, el financiamiento público limitado a partidos nacionales y la concurrencia de los comicios en los distintos ámbitos de gobierno se desprendían de la normativa electoral y marcaban la pauta para el dominio de únicamente dos partidos. Como señala Sartori, la posibilidad latente de alternancia en el poder, en este caso entre el PUSC y el PLN, era el fundamento del régimen democrático bipartidista y sus instituciones.108 Si se mantiene esto en consideración, el diagnóstico de Mainwaring y Scully sobre el sistema de partidos se torna casi evidente: partidos estables, arraigados, que se alternan por medio de las urnas y con intereses más allá de los personalistas. En resumidas cuentas, se desarrollaba un sistema de partidos institucionalizado.109 Actualmente, si sólo importaran las instituciones, Costa Rica debería seguir teniendo un orden bipartito. Incluso, se podría afirmar que no se han registrado grandes cambios en las reglas electorales o que, al menos, apunten a cambiar las viejas instituciones bipartidistas. ¿Por qué se ha roto entonces la correspondencia entre lo que sucede de jure y lo que se da de facto? ¿Por qué las interacciones institucionales entre el sistema electoral y el sistema de partidos ya no son tan evidentes? En el subtexto del documento, la hipótesis del cambio hacia un nuevo sistema de partidos es una especie de “implosión” del orden anterior. Se habla de “implosión” y no de “explosión”, porque las transformaciones no se dieron por modificaciones en “las reglas del juego”. No es posible hacer un seguimiento de reformas desde el núcleo institucional que imperaba antes. En cambio, el mecanismo causal propuesto asumió que si el sistema costarricense transitó hacia el pluripartidismo fue porque no hubo cambios formales ni de gran alcance en la normativa electoral. Si la vía de la reforma electoral estaba bloqueada porque afectaba a los beneficiarios del statu quo, los cambios tenían que venir desde las urnas: abstencionismo, quiebre del voto y selección de otras alternativas políticas que generaron volatilidad en el sistema de partidos. Los escándalos de corrupción, que afectaron al PLN y borraron del mapa al PUSC, fueron el revulsivo necesario para provocar y consolidar este proceso. 108 Sartori, Partidos y sistemas de partidos. 109 Mainwaring y Scully, “La institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina,” 65-101.

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Empíricamente, la evidencia de las últimas elecciones corrobora el cambio hacia el pluripartidismo limitado o moderado. El PLN ha ganado sólo con la pluralidad de los sufragios. El número efectivo y nominal de partidos hace inferir que existen al menos cuatro partidos relevantes, los cuales mantienen una competencia centrípeta y tienen poca distancia doctrinaria entre ellos. El ajuste con la clasificación de Sartori es prácticamente perfecto al presentarse de nueva cuenta un balotaje. Más adelante se deben analizar las estrategias y las alianzas partidistas en la segunda vuelta en este nuevo contexto. Regresando a Mainwaring y Scully, quizá la institucionalización del sistema de partidos costarricense ha decaído, en especial si se evalúa bajo dichos parámetros. Más allá de su validez, la pregunta de fondo sería si estos parámetros –hasta cierto punto arbitrarios y normativos– siguen siendo relevantes cualitativamente para el país. ¿Sufre la democracia en Costa Rica con la caída del PUSC, el principal hecho “desestabilizador” si se es ortodoxo con el tema de la institucionalización? ¿Se puede hablar del PAC y del PML como movimientos personalistas y perniciosos para el desarrollo democrático de Costa Rica? ¿Una nueva victoria del PLN en las elecciones presidenciales del 6 de abril de 2014 comprometería el principio no escrito de la alternancia en el poder de ese país? ¿Este cúmulo de cambios haría de Costa Rica una democracia menos robusta, en relación a otros países de la región? Parece que si se hicieran estas afirmaciones se iría demasiado lejos. Por otra parte, también sería preferible optar por la mesura en cuanto a perspectivas demasiado optimistas, ya que aún queda mucho por venir y por verse. Al margen de juicios normativos, el propósito de este trabajo fue poner de manifiesto que algo ha cambiado en Costa Rica y que este cambio no ha recibido la suficiente atención en el campo académico ni fuera de él. Eventualmente, si el cambio en el sistema de partidos costarricense tiene consecuencias significativas en la esfera política, y más allá de ésta, es probable que el país reciba mayor atención desde el exterior. De momento, el advenimiento de la nueva democracia costarricense se ha dado de forma silenciosa, ante el espejismo de una Costa Rica “donde todo funciona sin problemas” y a la sombra de la falta de interés en el ámbito especializado.

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