SIDbaires – Departamento de Comunicación y Cultura Agosto de 2009
Hacia una comunicación para el desarrollo Apuntes preliminares
Abstract (con links internos al texto) ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación? La Comunicación no como una intermediación sino como una arena donde una comunidad construye su destino común a través de la política. En nuestras sociedades híper-mediatizadas, la
percepción de la comunicación ha reemplazado a la percepción directa del mundo. La comunicación tiene que ver con la construcción política del espacio público y, en definitiva, con una lucha por el poder. En el trascurso de la modernidad, la
construcción de lo público a partir de lo mediático ha ganado terreno con respecto a la interacción directa entre los actores sociales. La construcción social moderna es una construcción virtual – una comunidad imaginada. En esa construcción, la prensa ha
sido históricamente un actor político primordial. Pero el enfoque de su accionar viró desde lo político a lo empresarial, lo que derivó en una privatización efectiva del espacio público. Lo público regido por una lógica exclusiva de mercado afecta de
manera directa al resto de las instituciones representativas de la democracia. Una comunicación para el desarrollo implicaría, en términos ideales, intentar poner de nuevo al espacio público al servicio del público. Lo público sólo puede ser
representado en su totalidad por el Estado. El Estado no es el gobierno. Un proyecto de comunicación que cree condiciones para el desarrollo deberá hacer énfasis en el
carácter estatal – ni gubernamental ni privado – de las políticas de comunicación. El manejo de los medios públicos debe ser el mascarón de proa de todo el proyecto. El proyecto de ley de Medios Audiovisuales que se debate en la actualidad va en la dirección correcta hacia el ideal, pero es perfectible, sobre todo en términos de evitar
un sesgo gubernamental que impida la generación de políticas de Estado de más largo aliento. Más allá de las discusiones de coyuntura, un proyecto de comunicación para el desarrollo no puede ignorar que nos encontramos en un punto de inflexión en las formas de comunicación colectiva a partir del desarrollo y masificación de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información, con Internet como vanguardia. Estamos asistiendo a un nuevo modo de fabricación de cultura. Minimizar su implicancia en la construcción de un proyecto político mutila las posibilidades de acción en la esfera pública. Por último, sintetizamos algunos principios mínimos para empezar a pensar el concepto de comunicación para un proyecto de desarrollo.
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¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación? El problema de la comunicación aparece generalmente como un problema de instrumentos y de intermediaciones. Desde esta concepción, basada en los modelos tradicionales que postulan la existencia de esquemas de tipo emisor-mensaje-receptor
de
manera
lineal,
los
problemas
de
la
comunicación de los proyectos políticos y/o culturales radicarían en carencias o falencias de algunos de los eslabones de la cadena: o bien el emisor no es lo suficientemente potente o claro, o el mensaje es débil o el receptor es incapaz de entender el mensaje. La comunicación, desde este punto de vista, sería apenas un insumo para los procesos de construcción de consenso y hegemonía. La idea de comunicación como insumo es, paradójicamente, típica de la Era de la Información en la que vivimos, en la que comunicación e información se han instalado en la centralidad del modelo de acumulación. El propio uso de la palabra “medios” para referirse a las organizaciones generadoras de mensajes públicos es sintomático de esta visión. Tal mirada sobre el problema de la comunicación es limitada cuando de lo que se trata es de pensar cómo debería ser un esquema de comunicación para un proyecto de desarrollo. La comunicación analizada desde un punto de vista instrumental cae necesariamente en una lectura más ligada al instrumentalismo del marketing – político y/o social – que a la construcción política de una comunidad y un destino común, objetivo que bien podría pensarse como el fin último de todo proyecto político. La cuestión de la comunicación no puede ser escindida de dos cuestiones centrales para la organización de nuestras sociedades desde el comienzo de la modernidad. La primera de esas cuestiones es la dimensión del poder. Y la segunda, ligada a la anterior de manera directa, es la de la construcción colectiva de lo público. En nuestras sociedades híper-mediatizadas, en las que la percepción de la comunicación ha reemplazado a la percepción directa del mundo (Bolz, 2006), la dimensión de poder se relaciona
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directamente con la construcción mediatizada del espacio público. Esto no quiere decir que lo público se limite a lo comunicacional mediático, pero sí que gran parte de lo público pasa por lo comunicacional-mediático y que lo comunicacional-mediático influye de manera determinante en lo público.
La comunicación como construcción de lo público La discusión sobre la comunicación es, en gran medida, la discusión sobre la configuración del espacio público. A partir de la modernidad, existieron tradicionalmente dos lugares en los que manifiesta lo público. El primer espacio es el espacio físico en el que los actores públicos interactúan: del ágora griega y la plaza pública o los cafés literarios de comienzos de la modernidad a las organizaciones políticas, sindicales y sociales. Pero estos espacios fueron quizás menos relevantes en la construcción de los EstadosNación modernos que el segundo tipo de espacio: el espacio virtual de discusión pública en el que los actores podían manifestar sus posiciones privadas sobre lo público con una audiencia mayor que la de sus interlocutores directos en la mira. Es lo que Anderson (1983) llama la “comunidad imaginada” y hoy se conoce más vulgarmente como comunidad virtual. La virtualidad de esta comunidad no está dada por la forma del soporte de mediatización de la interacción (en nuestros tiempos se asocia virtual a las comunicaciones electrónicas y principalmente a Internet) sino por la creencia común de pertenencia a un mismo espacio. Esta doble vertiente de lo público es típico de la construcción moderna de los Estados y se diferencia sustancialmente de
la construcción de lo
público del
antecedente histórico más citado por la modernidad: la Grecia antigua. En la modernidad, las dos vertientes de construcción de lo público – la espacial y la virtual y/o mediática – han entrado en colisión en más de una oportunidad y lucharon por convertirse en homogéneas. ¿Está saldada esa discusión en la actualidad? ¿Hay acuerdo en que las grandes definiciones públicas pasan en nuestras sociedades por lo mediático? Parecería, en principio, que sí.
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Ya desde los mismos orígenes de la modernidad, la prensa fue un actor preponderante a la hora de construir el colectivo político-social de los Estados modernos. Los poderes políticos que pugnaban por consolidarse territorial e identitariamente requerían de esas construcción de colectivos imaginarios para consolidarse una vez caída la legitimidad real basada en la figura del Rey como descendiente de Dios. Sin embargo, el discurrir de la prensa como actor político (Borrat, 1989) primigenio de la sociedad moderna muestra el lento pero seguro pasaje que realiza entre el proyecto político y el objetivo comercial. Este recorrido se ve tan claramente en el devenir del periodismo occidental moderno en el camino que separa al periodismo político-panfletario de la Revolución Francesa (Marat) con el periodismo comercial con orientación de mercado de los grandes popes del periodismo estadounidense (el “ciudadano Kane” Hearst y Pulitzer). También se manifiesta en el caso argentino: de la Gaceta de Moreno como suerte de boletín oficial de la Revolución de Mayo (o al menos de su facción más radical) a la “tribuna de doctrina” del proyecto político de Mitre y aún al lazo del Clarín de Roberto Noble con el movimiento industrial-desarrollista en sus primeras tres décadas de vida. El Clarín post-Noble de Magneto adquiere características de economía de mercado y abandona todo proyecto político que no sea funcional a los intereses de expansión del grupo económico en tanto tal. Esta pequeña digresión demuestra un cambio radical en el modo en el que la dimensión del poder ingresa en el problema de la comunicación y, según lo dicho más arriba, en la construcción de lo público. En primer lugar, el poder de comunicación deja de estar en manos de ciudadanos que, en su calidad de ciudadanos privados, participan en lo público con algún tipo de interés universal, para transformarse en un ámbito en el que actores privados poderosos ejercen su poder de influir en lo público con el objetivo de beneficiar sus intereses particulares o sectorial-comerciales. En la típica sociedad de masas del siglo 20, el poder de estos actores mediáticos se relaciona con la posibilidad de establecimiento de las agendas públicas de discusión. Para seguir la máxima sociológica de McCombs y Shaw (1986), los medios cuentan, de mínima, la capacidad para establecer “sobre qué” el
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público va a pensar y, de máxima, de definir el “qué” va a pensar el público sobre esos temas. De lo que se trata entonces es de una gradual privatización del espacio público (Habermas, 1986). Las consecuencias institucionales de este fenómeno no son comprensibles a partir de las categorías construidas a lo largo de la historia moderna por los actores privados que han detentado el poder mediático. Al menos dos de estas ideas fuerza esconden notables falacias. La imagen del cuarto poder mediático en contraposición a los tres poderes del Estado oculta el hecho de que este cuarto poder no está sujeto a ninguna rendición de cuentas de tipo democrático y su existencia queda exclusivamente en manos de las lógicas del mercado. La otra idea fuerza del sistema mediático-periodístico, el de la libertad de prensa casi como sinónimo de libertad de expresión, reniega del hecho de que el costo de acceso al mercado de medios es altamente restrictivo y su creciente tendencia a monopolización u oligopolización deja muy pocas voces en condiciones de expresar sus ideas, lo que lleva a un marchitamiento de “marketplace of ideas”. Esta idea, como se verá más abajo en el apartado acerca de las nuevas tecnologías, entra severamente en cuestión en los albores de nuestro siglo 21. Estas dos ideas derivaron en una tercera que debe ser enfáticamente desechada: aquella que indica que los medios presentan un “reflejo” de la sociedad. Existe ya un amplio consenso sociológico en el ámbito mediático sobre el paso de la idea de reflejo a la de construcción. Pero el paso que sigue a este descubrimiento – que no está tan claramente instalado en los grandes públicos bombardeados durante años con el discurso del reflejo de la realidad – es intentar descubrir las lógicas que guían esa construcción y las mejores formas en las que un movimiento con ambiciones políticas de transformar la realidad puede actuar sobre ellas en beneficio del proyecto.
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Una comunicación para el desarrollo – Condiciones ideales y posibilidades de reforma Una mirada crítica sobre el problema de la comunicación en nuestras sociedades – una mirada que avance, como se decía arriba, hacia una acción que cambie el estado de las cosas para mejor – puede contar con una aproximación estructural y una coyuntural. En lo estructural, se puede pensar en la generación de condiciones ideales en las que se debería generar un espacio en el que se pueda discutir y eventualmente lograr acuerdos acerca del modelo de desarrollo de un país. Desde el punto de vista coyuntural, se requiere realizar una mirada objetiva sobre el estado de cosas actuales y a la viabilidad política de una acción hacia un cambio gradual. En el caso específico de la Argentina 2009, ese debate está dado por la discusión actual en Argentina en torno a una nueva ley de radiodifusión. En lo estructural, de lo que se trata es de la recuperación del espacio público para el público. Lo público – con perdón de la redundancia – no es ni gubernamental ni privado. Lo público es un espacio común al cual es posible acceder por el simple hecho de pertenecer a una comunidad. Lo público mediático es, en su ideal, un lugar donde los actores de la sociedad pueden comunicarse, comunicar, interactuar. Existen al menos dos lugares desde donde lo público-mediático se construye. La primera es en la propia regulación del espectro radiofónico por parte de su propietario: el Estado como representante de la ciudadanía en su conjunto. El espectro es propiedad
colectiva
inalienable
y
su
otorgamiento
a
los
actores
licenciatarios, sean públicos o privados, debería seguir una lógica ligada con los intereses colectivos. La definición en términos de contenido de esos intereses es menos importante que la necesidad de que exista un mínimo consenso en que el acceso a esos medios de difusión y unión virtual y masiva debe ser lo más inclusiva como sea posible, aún si eso significa que el Estado deba destinar recursos a la comunicación masiva de los múltiples actores. La libertad de expresión – o su pariente mayor, el derecho a la comunicación –
no requiere un Estado que proteja libertades negativas
(que no se entrometa) sino, en tanto derecho social, un Estado que
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intervenga con firmeza en la creación de las condiciones de existencia de los medios materiales para que la expresión sea posible en los niveles de escala de un momento histórico determinado. El segundo lugar desde donde se construye lo público-mediático es en el manejo de los medios públicos propiamente dichos. Los medios del Estado deben ser el patrón-oro para todo el sistema mediático, sobre todo en sus departamentos de información. Los medios del Estado tienen una virtud que ningún otro sector puede tener: en no tener que representar más que al Estado-Nación como proyecto político histórico. Tal condición lo obliga a ser todo lo pluralista como pueda ser. En este punto, y en virtud de las dos formas mínimas de construcción de lo público-mediático, no podría afirmarse con más énfasis la importancia de que estatal no sea gubernamental. Los criterios para el uso del espectro de comunicación masiva y para el manejo de los medios de difusión públicos deben
ser
establecidos
por
órganos
autárquicos
de
personal
y
personalidades idóneas, elegidas por concurso – quizás de forma similar a la que se eligen a los miembros de una Corte Suprema. Sus políticas no pueden estar ligadas a las discrecionalidades del poder político de turno. En tanto el sistema nervioso central de nuestras sociedades, un esquema de comunicación para el desarrollo requiere políticas estables y duraderas que otorguen
los
espacios
necesarios
para
que
la
discusión
prospere
colectivamente en lugar de pendular espasmódicamente en una maraña de intereses privados o político-partidarios coyunturales.
¿Qué significa esto en términos de políticas concretas? Una mirada sobre el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales. La aplicación de políticas concretas que se dirijan hacia el horizonte ideal requiere una referencia, aunque sea esquemática, al estado actual de la cuestión. La ley vigente en Argentina (22285, de 1980) ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de los años que sirvieron para adaptar la normativa a las condiciones existentes de facto en el mercado o a las
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necesidades políticas del esquema hegemónico de turno. Así, luego de un cierto quietismo en el período alfonsinista, la década de los años ’90 fue testigo de una agresiva apertura privatizadora del espacio públicomediático, que derivó en la concentración actual. Mastrini-Mesman (1996) se han referido a este proceso en términos de re-regulación más que desregulación, como fue conocido vulgarmente. La re-regulación del período menemista permitió un alto nivel de concentración horizontal y vertical de la industria mediática argentina, con la obvia consecuencia (política) del surgimiento de uno de los grupos multi-mediáticos más grandes de la región: el Grupo Clarín. Esta política fue llevada adelante sin el menor nivel de discusión y mucho menos consenso. Las privatizaciones de los medios fueron parte de un paquete más general de privatizaciones de las empresas del Estado y las normas modificadas de forma específica para re-regular el esquema comunicacional ocurrieron de manera aislada y generalmente por decreto, sin que exista un debate específico e integrador del tema. En ese sentido, el debate actual en torno al problema de la comunicación y la radiodifusión es inédito para la democracia argentina. Si bien es cierto que las muletillas relacionadas con los supuestos ataques del gobierno a la prensa o las valoraciones en torno a la condición de monopolio del Grupo Clarín, a veces tapan el bosque más tupido del debate que la sociedad se debe, el grado de masividad y masa crítica generada frente al problema pone al país en condiciones sin precedentes para avanzar, aunque sea parcialmente, en el camino de objetivo ideal presentado más arriba. La existencia de nuevas formas de comunicación horizontal, que no existían apenas una década atrás, explique quizás en parte esta posibilidad de dar ahora un debate que parecía inviable en el pasado. La gran innovación estructural de la ley con respecto a la legislación vigente es que incluye a la televisión por cable como objeto de la regulación estatal en términos similares a los que se regula la televisión abierta o satelital y la radio. Este aspecto de la legislación es positivo en tanto da cuenta del impresionante desarrollo que la distribución de TV por cable ha tenido en Argentina y de hecho incontrastable de que – al menos hasta que la
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televisión digital sea una realidad – más de la mitad de la población de nuestro país ve televisión a través de uno u otro servicio de cable. La ley genera avances en puntos indiscutiblemente retrógrados de la ley en vigencia. El principal se refiere a la autoridad pública encargada de aplicar la ley y regular el espectro audiovisual. La increíble vigencia del artículo de la ley 22285 que indica que el COMFER debe estar integrado, entre otros, por un miembro representante de cada una de las fuerzas armadas ha hecho que el Comité fuese sucesivamente intervenido por los gobiernos de turno y ejercieran su voluntad. Mientras que el proyecto del gobierno, que conforma a la nueva autoridad de aplicación con tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo y dos por las segunda y tercera minorías del Congreso es de por sí un avance, sería deseable poder ir un paso más allá en la búsqueda de una mayor colegiación y autarquía del organismo para que éste no quede librado a las coyunturas políticas de un momento particular y pueda diseñar políticas consistentes y durables en el mediano y largo plazo. El mismo precepto aplica a la conducción de los medios del Estado, lo cual es aún más relevante en términos de un proyecto de comunicación para el desarrollo en tanto los medios colegiados del Estado deberían ser las principales fuentes de información independientes para los ciudadanos, al mejor estilo BBC o TVE). Con respecto a los mecanismos anti-trust de la ley – y sin pretender aquí entrar en tecnicismos – la letra de la ley aparece como correcta en tanto a los límites a la cantidad de licencias (10 de radiodifusión, 24 si se incluye licencias de cableras a nivel nacional), y la clave yace en la posibilidad de hacer cumplir la exigencia en el exiguo un año de plazo que marca la ley para la adaptación de los actores involucrados. Por último, la ley postula el loable objetivo de reservar un tercio del espectro audiovisual a las organizaciones ni privadas ni estatales. Este punto debe ser destacado, aunque no queda claro cómo se conjugará esta posibilidad con las necesidades concretas de fondos para la producción de contenidos por parte de estos actores, que en principio carecerán tanto del expertise como de los recursos para ser emisores. Este problema, de
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cualquier manera, puede ser objeto de una discusión posterior y en ese sentido la ley otorga un marco apropiado para hacerlo.
Hacia una nueva forma de pensar el espacio público El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información – cuyo estandarte es Internet – promete reformular la forma en la que concebimos el espacio público y amenaza con convertirse en un elemento que cambie los ejes de este debate desde sus propias raíces. Lejos del optimismo idiota de creer que con la comunicación digital se come, se educa y se cura, podemos afirmar que una mayor horizontalidad en el acceso ayuda a sumar más voces a la discusión sobre comer, educar y curar – también sobre otros tópicos más y menos interesantes. La instantaneidad editorializante que los modos de hacer Internet despliega subvierten de manera incipiente – al menos por ahora - las lógicas informativas que reinaban nuestro ecosistema de medios hasta llegado el 2000. Lo que antes era una mala revista fotocopiada, de distribución barrial y armada a fuerza de abrochadora, hoy – aún con escasa expertise tecnológica de quien la edite - se ha transformado – por ejemplo - en un blog de difusión global. Lo interesante del fenómeno es la coralidad con que estas formas de construir mundo perforan nuevas maneras de pensar la “realidad” – además del abaratamiento en el acceso. Textos escritos por cientos, miles y millones, leídos y replicados por cientos, miles y millones. La dimensión colaborativa que Internet despliega e inaugura una lógica de cognición distribuida donde el saber queda descentrado, residiendo en nodos que interactúan ad infinitum. Estamos asistiendo a un nuevo modo de fabricación de cultura, a nuevas formas de funcionar en, para y con la sociedad. La pelea por instaurar nuevos sentidos sigue siendo desigual, pero con una diferencia: el terreno de lucha es el mismo ciberespacio para paquidermos multimediales y ratoncitos bloggers. Las
formas
en
que
consumimos
contenidos
están
cambiando,
los
consumidores de esos contenidos han cambiado y –lo más importante de todo- han aparecido nuevos consumidores con nuevas formas de consumir.
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Ya existen entre nosotros nativos digitales que dialogan con todo tipo de contenido a través de nuevas sintaxis, nuevas semánticas y nuevas pragmáticas.
Generaciones
tecnológica naturalizada, desconocidos
hasta
hace
que
criadas
a
aprehenden
poco.
Estamos
base y
de
aprenden
hablando
de
coexistencia con
modos
formatos
no
secuenciales emparentados con la siempre –injustamente- denostada cultura de la imagen. Esto implica que los medios audiovisuales se tornen cada
vez
más
cognitivamente
exigentes,
que
demanden
mayor
intertextualidad, más complejidad en la digestión de lo consumidoproducido. El futuro nos aguarda con más hibridación de medios, mayor segmentación y muchísima más producción. Estamos ante el nacimiento de una nueva forma de ágora. Intentar entenderla para poder actuar en ella, con sus lógicas y sus modalidades de pensamiento, será imprescindible para cualquier proyecto político, social o cultural. Considerada Internet como una plataforma en constante construcción, dinámica, cambiante e inabarcable, lo que hoy digamos sobre su futuro posiblemente valga una carcajada en cinco años. Sí puede afirmarse concretamente que la tecnología y su aplicación generan conocimiento y poder. Relegar ese campo o minimizar su implicancia en la construcción de un proyecto político conlleva mutilar las posibilidades de actuar en la esfera pública. Queda claro que el cilicio no calma el hambre, que la fibra óptica no cura el mal de chagas y que con WiFi no puede conectarse la red cloacal de la Argentina toda. Pero puede inferirse aún con más vehemencia que sin el manejo y reapropiación de las alquimias tecnológicas el horizonte del desarrollo quedará definitivamente al otro lado del arco iris.
Espacio público, espacio de ideas, espacio para el desarrollo Este apenas somero repaso de las cuestiones de principio y concretas que deben estar sobre la mesa de discusión cuando se habla de comunicación es apenas un paso primero en el camino de comenzar a desarrollar e instrumentalizar el concepto de comunicación para un proyecto de desarrollo. En principio, se podrían sacar algunas conclusiones preliminares.
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1. La discusión por la regulación, el control y el uso del espacio mediático en nuestras sociedades es la discusión por el dominio del espacio público. 2. Este espacio público es físico – son “los fierros” o “la calle virtual” de nuestra Era – pero es también la posibilidad del establecimiento de las ideas madre que guiarán las voluntades de los grupos sociales y los individuos. 3. Una comunicación para el desarrollo tiene que ser capaz de brindar los espacios necesarios para el desenvolvimiento de la mayor cantidad de actores posibles, en un marco regulado de manera ecuánime y estable por la autoridad pública. 4. Una comunicación para el desarrollo tiene que posibilitar que todos cuenten con los elementos para dar la batalla cultural en condiciones lo más igualitarias posibles. Como propietario inalienable del espectro audiovisual,
el
Estado
está
en
condiciones
inmejorables
para
distribuir las herramientas de comunicación. Ergo, 5. En la comunicación no hay propiedad privada, sino administración del derecho de hablar en el espacio público. 6. La irrupción de nuevas tecnologías de información y comunicación, su evolución dinámica y su interacción con la política, coadyuvan en la construcción de nuevas lógicas para el espacio público cuyo impacto es impredecible. Su comprensión y seguimiento son imprescindibles para cualquier proyecto político que tenga a las próximas décadas como horizonte de desarrollo.
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Bibliografía
Anderson, B. (1983). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, London.
Bolz, N. (2006). Comunicación Mundial. Katz Editores, Buenos Aires.
Borrat, H (1989). El periódico, actor político. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.
Habermas, J. (1986). Historia y Crítica de la Opinión Pública. Ediciones Gil, México.
Mastrini, G. y Mestman, M. (1996) “¿Desregulación o re-regulación? De la derrota de las políticas a la política de la derrota”, en CIC Nº 2, UCM, Madrid.
McCombs M, Shaw D. (1986). “¿Qué agenda cumple la prensa?”. En Graber, D. (compiladora), El poder de los medios en la política. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.
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