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No. 105 junio 2012
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EDITORIAL
EJÉRCITO INFILTRADO
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LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DEBEN FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN LAS URNAS: LEONARDO VALDÉS ZURITA
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URGE REVISAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE REGULACIÓN DE DROGAS: UNAM
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MUJERES Y DEBATE
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JUVENTUD Y VIOLENCIA SOCIAL: LA CATÁSTROFE TIENE SALIDA
Lic. Janet Huerta Estefan
Dra. María Macarita Elizondo Gasperín
Dr. Pedro José Peñaloza
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INAUGURA LA PRODECON SU EDIFICIO SEDE
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CELEBRAN EN LA UNAM EL DÍA DEL MAESTRO
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EL MAESTRO Y LA JUSTICIA Dr. Lázaro Tenorio Godínez
K DIRECTORIO DIRECTOR GENERAL
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LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y LA REFORMA PENAL
Dr. Germán Adolfo Castillo Banuet
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APRUEBA EL CONGRESO LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
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INDIGNANTE SECUESTRO DE NUESTRA EDUCACIÓN BÁSICA
Marco A. Ríos
Dr. Alejo Martínez Vendrell
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Tiempo de Saber
ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN EN TIEMPOS ELECTORALES Mtro. Jorge Antonio Alfaro
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DERECHOS HUMANOS, SOBERANÍA NACIONAL Y SUPERMACÍA CONSTITUCIONAL Dr. Samuel González Ruiz
Propiedad Intelectual
LA EDUCACIÓN, PIEDRA ANGULAR EN EL FOMENTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Dr. Arturo Ancona García-López
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CADALSO Robespierre
LIBR OS EN
LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL Dr. José R. Padilla
Dr. Elías Huerta Psihas DIRECTOR EDITORIAL
Dr. Ruperto Patiño Manffer DIRECTORA DE DIFUSIÓN
Lic. Jackeline Huerta Estefan CONSEJO EDITORIAL
Dr. Sergio García Ramírez Dr. Raúl Carrancá y Rivas Dr. Juan González Alcántara Dr. Carlos Quintana Roldán Dr. Ricardo Ojeda Bohorquez Dra. Mireille Roccatti Velázquez Dr. Francisco Bravo Ramírez Dr. Moisés Moreno Hernández Dra. Elena Ruth Guzmán Gómez Dr. Emilio Rabasa Gamboa Dr. Daniel Montero Zendejas Dr. Emilio Zebadua González Dr. Salvador Valencia Carmona Dr. Germán A. Castillo Banuet Dra. Bertha Beatríz Martínez Garza Dr. Sergio E. Casanueva Reguart Dr. David Vega Vera COORDINACIÓN EDITORIAL
Lic. Janet Huerta Estefan
Marco A. Ríos Editor editorial@forojuridico.org.mx DISEÑO EDITORIAL
L.D.G. Alejandra Sánchez Aragón dgrafico@forojuridico.org.mx COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
Antonio Estevez Celestino FOTOGRAFÍA
Carlos Gamboa García e-mail: fotogamboa@prodigy.net.mx Agencia Cuartoscuro FORO JURÍDICO, órgano oficial de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas A.C., con Registro No. F-335 como Colegio de Profesionistas ante la Dirección General de Profesiones de la SEP. Tiene periodicidad mensual y cuenta con la Reserva Exclusiva del Título, otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor de la SEP, número ISSN 1870-1183 transformado al número EAN-13 de fecha 28 de mayo de 2005. Certificado de Licitud del título no. 13058 expediente 1/432”05”/16949 otorgado el 8 de marzo de 2005 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certificado de Licitud de Contenido Núm. 10631, expediente 1-432 “05” - 16949 de fecha 8 de marzo de 2005 otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Redacción: Monte Albán 613 Col. Letrán Valle CP 03610, México, D.F. Tel. 2595-6354. Impresa en Tipssa. Av. Hidalgo No. 141. Col. Santa Anita. Distribución: Platón 429 Colonia Palmitas. Asesoría Editorial Especializada, S.A. de C.V. Tenayuca 152 oficina 1, Col. Letrán Valle. Tel. 33301625. CITEM Foro Jurídico No. 105, junio 2012.
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EJÉRCITO INFILTRADO
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a detención de 4 generales del ejército Mexicano acusados de mantener vínculos con el narcotráfico resulta ser una señal inequívoca del gran riesgo que significa usar indiscriminadamente a las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada y de debilitar a una de las pocas instituciones mexicanas que cuentan con prestigio y buena imagen, tanto nacional, como internacionalmente. Sin embargo, tal parece que el prestigio no les alcanzo para resistirse a los “cañonazos” de millones de dólares producto del tráfico de estupefacientes, trata de personas, secuestro, etc. No obstante la gravedad de esta situación, en las circunstancias en que fueron detenidos los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y el Teniente Coronel Silvia Hernández Soto, y llevados al centro de arraigos de la PGR, queda la duda si se doblegaron ante los fajos de billetes verdes o si se trata de un movimiento electorero tipo el “michoacanazo”, ya que las detenciones se dieron a un mes de las elecciones y se les arraigó por 40 días. Las acciones contra los militares provienen de una investigación en donde son señalados por 2 testigos protegidos: Sergio Villarreal Barragán “El Grande” y de “Emiliano”, habiendo sido extraditado el primero de ellos de inmediato a Estados Unidos. Es claro que por 4 militares detenidos no se pude acusar a toda la institución, pero no sabemos hasta qué punto ya estén infiltradas las fuerzas armadas por el narco. Lo cierto es que con hechos como este, vuelve a plantearse la duda sobre la efectividad de la
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guerra contra el narcotráfico iniciada por el Presidente Calderón, sin soslayar el alto costo y el incremento de denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos. Lo que sí queda claro, es que mientras no se reestructuren y certifiquen a las policías del país, las fuerzas armadas seguirán realizando tareas de seguridad pública; pero también ha quedado claro que el Presidente Calderón inició esta guerra sin calcular los graves efectos que está causando, particularmente, al no haber realizado un diagnóstico sólido de la situación real de delincuencia organizada en el país; sin una estrategia bien definida y sin un cuerpo de inteligencia igualmente robusto, que sin duda han sido algunas de las causas de las más de 50 mil muertes violentas del sexenio. La necesidad de un cambio en la estrategia para enfrentar al narcotráfico es ya una exigencia que parte no sólo de los partidos de oposición, sino también de los líderes sociales, de los especialistas y de los académicos. Ya es tiempo de frenar la ola de muertos y la ola de violencia generada por una guerra que parece inclinarse hacia el lado equivocado de la balanza. Basta de que América Latina ponga en esta lucha la sangre y nuestros vecinos del norte a los pacíficos consumidores. También es tiempo de poner focos rojos sobre tareas de contra inteligencia en el ejército, para que no se den fenómenos de filtración que después resulten irreversibles. No hay que olvidar que nuestro último bastión contra la criminalidad organizada son justamente las fuerzas armadas K
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Raymundo Gil: Es un verdadero honor y distinción como jurista, escribir y publicar en Foro Jurídico, la mejor revista de México, en la actualidad; muchas gracias a su Director, Dr. Elías Huerta por anunciar mi 3er libro El Nuevo Derecho Procesal Constitucional: Análisis de Casos Prácticos, en la edición de Mayo, y próximo a publicarse por Ubijus. Ana Abregu Mussatti: Estoy agradecida ya que a través de espacios como éste, nos informamos y crecemos en conocimiento para mejorar y ser útiles.
Maestros Mediocres: Editorial Alejo Martínez Vendrell: Les envío una muy calurosa felicitación por el estupendo editorial de mayo. Nuestras autoridades gubernamentales la tienen muy difícil y además están amedrentadas. Sin la activa presión y apoyo de nuestra sociedad la calidad educativa seguirá siendo deplorable. Apoyemos a quien ha mostrado voluntad de hacer algo por liberarnos de la cadenas que imponen la CNTE y el SNTE a nuestra educación básica. Sin ello nuestro país no podrá avanzar ni mejorar. Al menos apoyemos ahora a “Mexicanos Primero”. En la página de internet www.depanzazo.com se puede encontrar un formato de adhesión y otra información relevante. Yesica Luna: Efectivamente, es lamentable la actitud de la “maestra” al solapar a los maestros mediocres que solamente cuidan el recibir íntegro su salario, sin tener un compromiso real con la niñez y juventud. Recordemos que con antelación los maestros realmente contaban con reconocimiento social; ser maestro representaba una autoridad moral. Hoy tristemente ser maestro es sinónimo de corruptelas y sindicalismo lucrativo. Situaciones que únicamente afectan a nuestra niñez, volviéndolos indiferentes, faltos de cultura y lo que es pero, ignorantes. Como muestra los invito a realizar el siguiente ejercicio: pidan a sus niños de entre 10 y 14 años que les cuenten de un personaje celebre de nuestra historia, que les platiquen qué libro es su favorito. La respuesta, la adelanto, (y, ojalá me equivoque) después de mirar para uno y otro lado sólo darán datos aislados y sin sentido. Por lo que hace a su libro favorito, la respuesta aún será más triste, no han leído libro alguno, y lo peor es que nuestros niños no saben leer. Es lamentable pero es la realidad. Todo ello gracias a la maestra Gordillo y su sindicalismo pernicioso.
Propuestas de los Candidatos contra Inseguridad y Violencia
Manuel Pérez: López Obrador y su discurso de lobo disfrazado de corderito. ¿En dónde quedó la República amorosa? ¿Sabías que su equipo de campaña, está cabildeando para una buena recepción en Ciudad Universitaria y al mismo tiempo, formando equipos para otro tipo de recibimiento a los otros candidatos? Que lastima que mi casa, se pretenda convertir en bastión, por no decir cuna de lobos hambrientos de poder. Alexander Sanchez Renquifo: Muy interesante artículo. AAlba Corona: Por lo menos en el Estado de México, Peña no hizo lo que prometió. Moises Cruz: La verdadera esencia de la política, se ha contaminado con mentira y corrupción, por lo que se ha tergiversado inmundamente este concepto. Dos importantes raíces de esta actividad son la gobernabilidad y la administración de recursos públicos, éstas dos encaminadas al beneficio común. Por lo que si viéramos a las instancias de gobierno como verdaderas personas morales de derecho público (empresas), podríamos dejar de aplicar la política como estrategia de productividad, e implementar acciones eficientes competitivas, empezando por nosotros los ciudadanos, como obreros del beneficio común. De nada sirve una boca con oratoria y disertación, si los argumentos expuestos realizados por la mente se encuentran faltos de razón lógica y sustento legal.
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ForoJurídico AbogadoAngel88: Abogado Angel
La corrupción es mas permeable en la administración ejecutiva estatal, ahora entiendo la cloaca de PGJEM.
MaricarmenNava: Maricarmen Nava
Los 4 candidatos presidenciales ofrecen 146 propuestas en materia de seguridad, de las cuales prácticamente una de cada dos la presenta el PAN. La calidad y variación de las ofertas de los partidos y coaliciones es muy peculiar. El 38% de las propuestas de campaña registradas ante el IFE en materia de seguridad, implican reformas legales. Un gran reto en materia de seguridad es que el 61% de los policías ganan menos de $4 mil pesos mensuales. No se cuenta con una base de datos confiable del cuerpo policíaco y 6 de cada 10 estados están rezagados en las evaluaciones de los policías. Estos son algunos matices de realidad en caso de valorar la posibilidad de establecer una policía única.
Ceremonia de Premiación ANDD
Marisol Mejia: La Ministra Margarita Luna, toda una institución a seguir. Daniel Ernesto Moreno: Felicidades a los condecorados. Es de reconocerse la labor que ha hecho el Rector Narro en nuestra Alma Mater. Bien merecido su premio por la Excelencia Académica.
Corridas de Toro: Cadalso Jean Paul Chevalier: Este es el tipo de crueldad hacia los animales que los legisladores mexicanos no consideran “importante” para llevarlo a votación. Es su indiferencia la que mantiene a la sociedad estancada en el atraso y la violencia. A las personas sensibles nos duele y nos avergüenza. Viridiana: Los taurinos son incivilizados y se comportan como cavernícolas defendiendo “espectáculos” crueles y sanguinarios. Al rato van a proteger a los secuestradores y asesinos. Sigamos adelante luchando por la mejor causa del mundo, la vida. ¡Todos tenemos derecho a ella y los toros también! Alfredo Meneses: Ni arte ni cultura...sólo es tortura. Dashiell Draven: Qué podemos esperar de los “taurinos” si ni siquiera pueden dar un buen argumento, y los preceptos jurídicos que plantean como sus garantías nada que ver. Adiós toreros, vamos por la abolición, por un México sin violencia no mas corridas de toros! Por los que no tienen voz, si ellos no pueden hablar, nosotros sí. AstridBotello: Violencia genera más violencia.
Inimputabilidad Penal y Psicopatía en México: Tiempo de Saber Ryvemaoni Zaidonile: Por supuesto que no es una medida saludable, México requiere de un nuevo paradigma, el Congreso debe realizar un análisis de fondo e iniciativas de ley que permitan modificar el Código Penal Federal, y los códigos estatales, para el beneficio de la sociedad en general. Moises Cruz: Primero tendríamos que cambiar nuestro sistema de reclusión y convertirlo en lo que debería de ser (preventivo y de readaptación), para después aplicar los programas específicos para internos con padecimientos metales difíciles de detectar y de alta peligrosidad. Sergio Martinez: Es cierto, pero carecemos de autoridad, Estado de Derecho y falta de Presidente.
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LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DEBEN FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN LAS URNAS: K LEONARDO VALDÉS ZURITA
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A
un mes de la elección más grande en la historia de México, Foro Jurídico entrevistó al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Doctor Leonardo Valdés Zurita sobre algunos de los temas que más preocupan a la opinión pública. Aseguró que en el IFE no hay zonas de riesgo en materia electoral y que no percibe que la delincuencia organizada tenga interés en obstaculizar la fiesta nacional del 1º de julio. En cuanto al segundo debate de los candidatos a la Presidencia de la República, que se realizará en Guadalajara el 10 de junio, el formato será más libre y con mayor tiempo de exposición, afirmó, “debatir y contrastar ideas y propuestas favorece la reivindicación de la política y proporciona mayores elementos de juicio a los ciudadanos para que determinen la oferta política que beneficiaran con su voto.” En relación con las movilizaciones de los jóvenes universitarios que hemos visto en los últimos días, considera que éstas contribuyen a fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia y espera que se manifiesten en las urnas. Igualmente, el Consejero Presidente abordó temas como: la organización del proceso electoral, las novedades de la fiscalización, la participación del IFE en los debates entre los candidatos presidenciales y, particularmente, sobre los resultados el día de la jornada y los instrumentos que se implementarán para dar a conocer las cifras de la votación. Estamos seguros que esta entrevista será gran interés para nuestros lectores; reproducimos a continuación los puntos más sobresalientes. ¿Cuál considera que es el papel de los jóvenes en las próximas elecciones ante las movilizaciones ocurridas durante las últimas semanas en México?
Para mí los jóvenes contribuyen invariablemente a fortalecer la libertad de expresión. Todos fuimos jóvenes alguna vez y nuestras ganas de transformar al mundo nos llevaron a las calles, a pintar paredes, a realizar manifestaciones. Personalmente, cuando pienso en el 68, y entonces yo tenía 15 años, veo como los jóvenes
se manifestaban en contra de un gobierno. Hoy, los cauces institucionales y los avances de nuestra democracia se reflejan en que las manifestaciones de la juventud sean contra candidatos o contra los poderes fácticos. La libertad de expresión es característica de una democracia y su valor más preciado. Sólo así se da el pluralismo y éste contribuye a los cambios institucionales. Por ello, las actuales movilizaciones de los jóvenes universitarios, considero que contribuyen a fortalecer la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia y espero que se manifiesten en las urnas. El próximo 1º de julio por primera vez: 3.5 millones de jóvenes podrán votar en una elección y 10.5 millones en una elección presidencial. Es decir, alrededor de 14 millones de jóvenes votarán por primera vez en una elección presidencial el próximo 1° de julio. Espero que participen con el mismo ímpetu y que su experiencia en este proceso electoral constituya el principio de una actitud ciudadana comprometida, crítica y sobre todo, participativa.
¿Cuántos mexicanos podrán votar el 1° de julio? Pueden votar quienes cuentan con su credencial para votar debidamente actualizada y aparezcan en la Lista Nominal de Electores. Una vez que el Consejo General del IFE hizo la declaración de validez y definitividad el pasado 24 de mayo, el Padrón Electoral se compone de 84 millones 464 mil 713 electores y la Lista Nominal de Electores por 79 millones 454 mil 802 ciudadanos. Por su parte, la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero se integró para estas elecciones federales por 59 mil 51 registros. A partir de estas cifras, resulta importante destacar que el 97.6% de los mexicanos mayores de 18 años se encuentran empadronados, y de este universo el 92.7% cuenta con credencial para votar. De esta manera, el IFE esta preparado para recibir el sufragio de las y los ciudadanos mexicanos el próximo 1° de julio.
En los medios de comunicación hemos escuchado que existen “zonas de peligro” clasificadas por el IFE, ¿cuáles son? Resulta muy oportuna esta pregunta para precisar que el IFE no tiene ninguna clasificación sobre zonas de peligro. Hacemos previsiones operativas que nos ayudan a tomar decisiones específicas para garantizar la integración de las mesas directivas de casilla. Pero no hay una clasificación de ese tipo en el IFE.
¿A qué se atribuye ese término? Desde 2003, para garantizar la integración de las mesas directivas de casilla, en la primera etapa de capacitación, el Instituto identifica aquellas secciones electorales en donde existe alguna problemática particular que podría dificultar que se cuente con el número de ciudadanos necesarios para integrar las casillas. Para esa etapa operativa, el IFE ha clasificado 20 tipos de problemáticas
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Entonces qué sentido tienen los convenios firmados con la Secretaría de Gobernación. Se firmaron, con distintos propósitos. De acuerdo con la legislación electoral vigente, el IFE puede solicitar el apoyo y colaboración de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para respaldar algún aspecto específico de la preparación del proceso electoral federal. En 2012, el IFE suscribió convenios con las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México. El Convenio con la Secretaría de Gobernación permite coordinar acciones encaminadas a garantizar condiciones de seguridad pública dentro del proceso electoral federal, a brindar asesoría a la autoridad electoral y a ofrecer seguridad a las y los candidatos de los partidos políticos. Pero debo subrayar que el Convenio no obliga al IFE a realizar tareas de seguridad pública reservadas al Gobierno Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades municipales.
que determinan el número de secciones que merecen alguna atención especial, a efecto de adoptar las medidas institucionales específicas que permitan resolver cualquier obstáculo en el proceso de capacitación electoral. Las causas son diversas; por ejemplo, secciones con instalaciones militares o navales, con ciudadanos que no saben leer ni escribir, con usos y costumbres, con población flotante, con migración, con zonas turísticas, etc. Así, en este Proceso Electoral Federal 2011-2012, el IFE identificó 12 mil 133 secciones de atención especial, y para poner un ejemplo de lo que esto significa basta decir que había más secciones clasificadas con problemas vinculados a los flujos demográficos (46.12%) como la migración, población flotante, corredores turísticos, entre otros, que las detectadas con problemáticas relacionadas con la inseguridad pública (20.32%), como el pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas, entre un largo etcétera. Pero, de ninguna manera, se puede decir que en el IFE se consideraron zonas de riesgo. Para el IFE no hay zonas de riesgo en materia electoral. En este tema, lo más importante es que las medidas implementadas a partir de esa clasificación de secciones de atención especial permitieron que al término de la primera etapa de capacitación, el IFE está en condiciones de instalar las más de 143 mil casillas y únicamente tenemos detectadas 33 secciones de zonas militares en las que se pueden dificultar la instalación de casillas.
La delincuencia organizada puede entorpecer la jornada electoral el próximo 1° de julio? En el IFE no vemos que la delincuencia organizada tenga interés en obstaculizar la fiesta nacional de la democracia el próximo 1º de julio.
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El IFE ha adoptado las medidas necesarias para respaldar su trabajo institucional y proteger a su personal de eventuales ilícitos. Por su parte, los convenios con el ejército mexicano y con las autoridades navales del país, fortalecer una vez más las tareas que lleva a cabo el IFE para la distribución y custodia de la documentación y los materiales electorales.
¿Cómo ha sido el trabajo para auditar a los partidos políticos en sus gastos de campaña para diferentes puestos de elección? El rediseño del modelo electoral que surgió en la reforma constitucional y legal de 2007-2008 otorgó al IFE mayores herramientas para garantizar que el poder político se dispute exclusivamente con los recursos y medios que la ley dispone. Dicha reforma instruyó la creación de una unidad técnica, la Unidad de Fiscalización a los Recursos de los Partidos Políticos, con rango constitucional, la cual está dotada de autonomía de gestión para revisar y fiscalizar el origen, destino y monto de los recursos que les son otorgados a los partidos políticos. Se eliminaron los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y se estableció una reglamentación para la fiscalización basada en procedimientos y en normas de información financiera. Además, se incluyó, por primera vez en nuestra historia democrática, la revisión de los gastos de precampaña con la finalidad de que cada fase del proceso electoral se desarrolle exclusivamente con los recursos autorizados por nuestra legislación. Con el respaldo de estos fundamentos jurídicos, la Unidad de Fiscalización ha sido puntual en los trabajos que ha realizado para fiscalizar cada una de las etapas del proceso electoral 2011-2012.
¿Qué avances ha logrado el IFE en la fiscalización de las campañas? El pasado 9 de mayo se presentó el dictamen consolidado y la resolución sobre la revisión a los informes de precampaña
revisados mediante un procedimiento expedito. De este puedo destacar 3 aspectos: Primero, se detectaron 26 observaciones que son sancionables; segundo, en 8 casos se inició un procedimiento oficioso para conocer el origen de los recursos que no fueron reportados, y tercero, por las irregularidades que no fueron solventadas, la Unidad de Fiscalización propone sancionar con un monto global de 782 mil 802 pesos a 4 partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Es grato para mí señalar que de los 261 informes revisados de manera expedita, ningún precandidato rebasó los topes de gastos de precampaña. Esto habla del esfuerzo de quienes están disputando el poder político, de contender limpiamente y de contribuir a la construcción de una democracia transparente. Otro aspecto en el que hemos avanzado, y en el que la opinión pública y la ciudadanía han sido muy insistentes, es en la revisión de los gastos invertidos en las campañas presidenciales. Para ello, hemos creado un procedimiento extraordinario de fiscalización a los informes de gastos de campaña de la elección de Presidente de la República. Esta revisión extraordinaria, tendrá como resultado que las observaciones y las conclusiones de la revisión a los informes de campaña de los candidatos a la Presidencia, puedan conocerse el 30 de enero de 2013, es decir, 4 meses antes de lo que marca el COFIPE. Éste es, en mi opinión, un avance significativo y relevante para brindar certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos políticos y coaliciones que participan en el proceso electoral 20112012. Por otra parte, la Unidad de Fiscalización está llevando a cabo revisiones periódicas para monitorear medios impresos, espectaculares e incluso a algunos mítines, a los cuales asisten de manera sorpresiva. Además, para corroborar que toda la información que se reporte en los informes de campaña sea verídica y cierta, dará seguimiento a los eventos de cierre de campaña. Con estas acciones el IFE promueve una cultura de rendición de cuentas y de fiscalización que cumpla con los principios rectores de imparcialidad, certeza y objetividad.
La sociedad considera excesivos los recursos que se destinan a los partidos políticos para sus campañas. ¿Puede haber un justo medio sobre este tema en donde la democracia en México no sea tan cara? No sé si un justo medio, pero lo que puedo asegurar es que el IFE se ha empeñado en buscar opciones tecnológicas, procedimentales y normativas que permitan abaratar los costos de las elecciones federales. En este sentido, me parece que uno de los aspectos a considerar en la evaluación es el parámetro de referencia. Por ejemplo, no es posible valorar el costo de organizar la elección considerando el presupuesto otorgado contra los votos emitidos, ya que el IFE prepara una fiesta cívica para el 100% de los electores inscritos en la lista nominal, y la determinación de ir a las urnas pasa por un proceso individual de percepción sobre la política, los partidos políticos, las expectativas, entre una larga lista de etcéteras. De no determinar un parámetro
de referencia adecuado, a la autoridad electoral se le cargaría el costo de una decisión libre y soberana de los electores: acudir o no a las urna. Aunque es un derecho y una obligación al no existir sanción, queda exclusivamente en manos de los ciudadanos emitir su voto o abstenerse. Por lo cual, me parece, la valoración tiene que concentrarse en el costo de instalación y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, para incluir en este indicador los materiales, la documentación, la capacitación y el envío de los resultados a los distritos. No debemos olvidar que una parte del costo de nuestra democracia tiene su origen en la desconfianza y en la cantidad de atribuciones que se le han asignado a la autoridad electoral. No hay ninguna otra autoridad en el mundo que opere un modelo de comunicación política como el nuestro; que cuente con una Unidad de Fiscalización con rango constitucional; que tenga responsabilidades de educación cívica y además que opere un registro de electores permanente y con los niveles de actualización logrados por el IFE. Y todo esto tiene naturalmente un costo. Por otra parte, me parece impreciso considerar que no hemos hecho esfuerzos para abaratar el costo de los procesos electorales. Uno de los aciertos más significativos de la reforma electoral fue la disminución del financiamiento público que se entrega a los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y para el proselitismo en periodos de campaña. Como ejemplo, bastaría señalar que el financiamiento público otorgado a los partidos políticos para las campañas políticas para este proceso electoral disminuyó en 84.4% en comparación con el que recibieron durante el proceso electoral 2005-2006. Además, hoy no existe la posibilidad para que un partido político, por sí mismo o por un tercero, adquiera o contrate espacios en la radio y la televisión, ya que el IFE ahora es el único administrador de los tiempos del Estado.
¿Qué cambios sustanciales existen en esta jornada electoral en relación con las anteriores? Estoy convencido de que vamos a una elección en donde hay mayor equidad en los medios de comunicación, los recursos que utilicen los partidos políticos y sus candidatos serán más vigilados que en ninguna otra elección y el reconocimiento a las reglas de nuestra democracia fomentará la competitividad de los contendientes. Esencialmente la jornada electoral, tendrá las mismas características que en otras jornadas. Se instalarán las casillas a las 8 de la mañana; serán ciudadanos quienes reciban y cuenten los votos; los representantes de los partidos políticos asistirán como siempre para garantizar imparcialidad y el apego a la ley de quienes están en las mesas directivas de casillas; los observadores electorales podrán realizar sus actividades y al término de la jornada el acta de escrutinio y cómputo será llenada por los funcionarios y verificada por los partidos políticos. En pocas palabras, como sucede desde hace más de 20 años, las y los ciudadanos mexicanos acudirán con toda normalidad a las urnas y emitirán su voto en libertad. Entre los aspectos de detalle organizativo que estarán
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presentes el día de la jornada, puede destacarse que las listas nominales tienen mayores medidas de seguridad, y están más actualizadas; las boletas también incluyen medidas de seguridad adicionales, tales como la microimpresión de textos, una imagen latente que sólo puede ser observada con un decodificador, tinta invisible y caracteres especiales. En cuanto al PREP se disminuirán los tiempos de transmisión de datos y se simplificará su contenido. Sin embargo, tal vez la mayor diferencia, desde mi punto de vista, no está durante la jornada si no al término de ésta. Desde este momento todos los mexicanos votantes o no, pueden estar seguros de que el IFE dará a conocer las cifras estimadas de la votación presidencial, cualquiera que éstas sean. En esta ocasión sin importar si la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de 1 o 20 votos, la autoridad electoral dará a conocer las estimaciones la misma noche de la votación.
Se ha hablado mucho del Sistema de Conteo Rápido y el PREP en las últimas semanas. ¿Me podría comentar un poco sobre este tema y cuáles son las aportaciones de uno y otro a nuestra democracia? Ante el incremento en la competitividad electoral, conocer las tendencias de la votación presidencial, la misma noche de la jornada, se ha convertido en una exigencia de la sociedad mexicana, y sin duda, en un factor de gobernabilidad. La posibilidad de realizar ejercicios muestrales para conocer las tendencias de la votación se incorporó a nuestra legislación en 1996. Dicha atribución se ejerció en 2000, 2003 y 2006, y se fortaleció con la reforma constitucional y legal de 2007-2008. No hay, desde mi punto de vista, ninguna duda respecto a la intencionalidad de los legisladores de que este tipo de ejercicios son convenientes e incluso necesarios para nuestra democracia. De hecho, hace unas semanas el tema del conteo rápido y el PREP fue motivo de debate en la opinión pública, debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó el acuerdo del Consejo General del 14 de marzo de 2012, mediante el cual se aprobó la realización del conteo rápido. En opinión del Tribunal los términos en los que aprobamos dicho acuerdo no eran suficientes para dar certeza al ejercicio, porque no se definía el método de selección de la muestra y no se clarificaban las diferencias entre el PREP y el Conteo Rápido. Como siempre en el IFE acatamos y acataremos todas las resoluciones del Tribunal. Ese el papel de la autoridad electoral: apegarse al mandato legal y aplicar puntualmente sus disposiciones. En este caso, revisamos la resolución y observamos, por una parte, que la revocación había dejado intacta la ejecución de la atribución expresa del Consejero Presidente incluida en el COFIPE, y por otra, la diferencia entre la naturaleza del PREP y de las encuestas nacionales para conocer estimaciones el día de la jornada, está clarificada en la ley tanto en el responsable como en las características de la atribución. Incluso declaraciones posteriores del magistrado ponente del caso, y las notas aclaratorias que sobre el tema
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generó el Tribunal, ratificaron nuestra interpretación. Por tal motivo presentamos un nuevo acuerdo en el que se precisa que la muestra se realizará mediante un método probabilístico en el que cada casilla tiene la misma oportunidad de ser seleccionada, y que el tamaño de la muestra sería definido a partir de dos componentes: 1) lograr los niveles de confiabilidad y precisión más altos posibles y, 2) que el volumen de información pueda ser capturada, transmitida y procesada, para cumplir con el objetivo de oportunidad y certeza. Además con la finalidad de clarificar las características del PREP y el conteo rápido, incluimos elementos para que fueran claras las diferencias entre uno y otro instrumento.
¿Cuáles serían algunas de las características que los diferencian? La cobertura y el método de estimación de resultados de uno y otro constituyen las 2 diferencias más obvias. Por un lado, en el caso del Conteo Rápido, la cobertura es exclusivamente nacional, y el método de estimación de la votación se sustenta en inferencias estadísticas, a partir de un diseño muestral probabilístico de casillas, y la correspondiente selección de la muestra. En este caso se generará un diseño muestral estratificado, con asignación proporcional del tamaño de muestra nacional por estrato, con un nivel de confianza para las estimaciones de al menos 95%. En el caso del PREP, estamos hablando de un sistema informático que avanza con la rapidez o lentitud con la que se realiza el cómputo en cada casilla y distrito. La información contenida en el PREP muestra información preliminar que se vuelve consistente conforme se incrementa el porcentaje de información capturada. Digamos que el PREP corresponde a un registro de tipo censal de los resultados, es decir, de todas las casillas instaladas y que con seguridad, la información de cierre del PREP será similar a la que proporcione el conteo rápido.
¿De dónde se obtienen los resultados de la votación de las casillas en un caso y en otro? En ambos casos, la fuente de datos son las actas de escrutinio y cómputo de casilla, que corresponde al documento de carácter legal que se llena en las mesas directivas de casilla al concluir el escrutinio y cómputo de las 3 elecciones, y que cuenta con las firmas de los representantes de casilla de los partidos políticos. Aunque la forma de enviar la información es distinta. Para el conteo rápido, de las casillas seleccionadas para integrar la muestra, se toman los resultados registrados en las correspondientes actas de escrutinio y cómputo de casilla, y se transmiten inmediatamente al centro de recepción de información en las juntas distritales, donde se capturan los datos en el sistema. En el caso del PREP, los datos contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de casilla se registran en el sistema correspondiente conforme se van recibiendo los paquetes electorales en los consejos distritales.
¿Cuál fue la experiencia del IFE en la organización del primer debate celebrado entre los candidatos presidenciales? Desde mi punto de vista los debates son consustanciales a la vida democrática. Debatir y contrastar ideas y propuestas favorece la reivindicación de la política, y especialmente, proporciona mayores elementos de juicio a los ciudadanos para que determinen la oferta política a la cual beneficiaran con su voto. Debates políticos en México han habido muchos y de diversos tipos. Desde nuestros orígenes como nación independiente, el debate ha enriquecido nuestras leyes y ha contribuido al desarrollo de corrientes políticas y proyectos de país. En 1994 los debates adquirieron un nuevo rostro con la transmisión en televisión de los primeros debates entre candidatos a la presidencia. Como se sabe, se organizaron sin reglamentación; únicamente con la voluntad y acuerdos de los partidos políticos y sus candidatos. Sin embargo, dada la penetración de los medios electrónicos de comunicación, en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, fue evidente la necesidad de legislar sobre esta materia. De esta forma, en 1996 se incluyó una disposición en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que “el Instituto a petición de los partidos políticos y candidatos presidenciales que así lo decidan, organizará debates públicos y apoyará su difusión”. Aunque con esta disposición la autoridad electoral quedaba sujeta a la voluntad de los contendientes, así se organizaron los debates de 2000, y los 2 del 2006 en los cuales, por cierto, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, jugó un rol fundamental al gestionar con los permisionarios la transmisión gratuita y en vivo. Ahora, en cambio, el artículo 70 del COFIPE faculta al IFE para coordinar la celebración de 2 debates entre los candidatos a la presidencia de la República registrados, y a su Consejo General para establecer, previa consulta con los partidos políticos, 4 aspectos clave: 1) las fechas; 2) horarios, 3) duración y 4) reglas para su realización. Así, en 2012, por primera vez, el IFE es responsable legal de la organización de 2 debates entre los contendientes por la Presidencia de los Estado Unidos Mexicanos. Para organizarlos, el Instituto Federal Electoral ha realizado una serie de actos desde el pasado 25 de enero de 2012, con la creación de la “Comisión Temporal encargada de elaborar y proponer al propio Consejo, los lineamientos, criterios o bases para la realización de los debates entre los candidatos a Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para el proceso electoral federal en curso.” Se consultó a un grupo de expertos que sugirieron los formatos más adecuados para la celebración de los debates y el 23 de marzo de 2012, se instaló la mesa de representantes de la candidata y los candidatos al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para acordar las reglas para la realización de los debates. Así, el pasado 6 de mayo de 2012, en el Word Trade Center se celebró el primero de los debates, con la mayor difusión en la historia del país, y que de acuerdo con las instancias calificadoras de audiencia, y de acuerdo con
información de la empresa, IBOPE AGB de México, este debate superó la audiencia del partido de futbol Morelia-Tigres. De acuerdo con dicha empresa, el debate obtuvo 23.5 puntos de rating, contra 13.5 del partido de futbol, lo anterior con base en una muestra de 5 canales en 28 ciudades. Además es necesario agregar que el debate fue visto por más de 290 mil usuarios de Internet desde 25 países, transmitido por más de mil emisoras en las 32 entidades de nuestro país.
¿Qué espera el IFE del segundo debate? El próximo 10 de junio en la Ciudad de Guadalajara se celebrará el 2 debate en las instalaciones de Expo Guadalajara en un formato más libre y con mayor tiempo de exposición para cada uno de los candidatos. Más allá de las características del formato, la transmisión es lo que ha provocado mayores diferencias e intervenciones públicas sobre los debates. Tal vez esto se explique por el ambiente que se generó en el primer debate, cuando un concesionario mediante twitter desdeñó transmitirlo, aunque después lo hizo por uno de sus canales; situación que impulsó la idea de que se solicite una cadena nacional para garantizar la mayor cobertura posible. Esta propuesta, lamentablemente, no tiene fundamento legal para que sea impulsada por el Instituto Federal Electoral ya que la ley es expresa en la materia. La ley establece como obligación de los permisionarios y como potestad de los concesionarios transmitir los debates que organice el IFE. Aunque a mí, como seguramente a la mayoría de las personas que hemos dedicados nuestra vida a la democracia, nos gustaría que todos los mexicanos lo vieran, lo cierto es que lo verdaderamente democrático es que todos tengan la posibilidad de elegir qué ver en la televisión y qué oír en la radio el día del debate. En este sentido fue también la resolución del Tribunal respecto del recurso de apelación que presentó la Coalición Movimiento Progresista sobre la difusión del primer debate entre la candidata y los candidatos presidenciales. En efecto, en la resolución el Tribunal señaló que para preservar el derecho a la información de los ciudadanos no se requiere que el debate sea transmitido en cadena nacional. En cuanto a los aspectos específicos del debate del próximo 10 de junio, se han establecido acuerdos con los representantes de la candidata y los candidatos presidenciales para concebir un formato diferente al que atestiguamos en el debate anterior. Para lograr un mayor dinamismo y propiciar mayor interés de los espectadores, se acordó que el formato fuera más más abierto, sin perder de vista los aspectos de la equidad, y que el moderador sea Javier Solórzano. Por ello, debo reconocer los esfuerzos de los consejeros electorales que han logrado amplios consensos en las mesas de trabajo con los representantes de los contendientes por la Presidencia de la República. Espero que el segundo debate tenga amplios niveles de audiencia, como el primero o más, y que constituya una experiencia de libertad, equidad y certeza que contribuya a que los ciudadanos fundamenten su decisión el próximo 1º de julio K
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URGE REVISAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE REGULACIÓN DE DROGAS: UNAM K Lic. Janet Huerta Estefan
• El gobierno debe cambiar la actual política para enfrentar el problema de las drogas porque no ha dado una respuesta deseable: José Narró Robles. • Durante los últimos 25 años en México se ha duplicado el problema de las drogas.
C
omo seguimiento a la propuesta académica presentada por la UNAM en materia de seguridad y justicia en democracia, se llevó a cabo durante el mes de abril el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas. Entre los principales consensos que hubo como parte de las conclusiones de los expertos nacionales e internacionales que participaron, fue la urgencia de revisar las políticas públicas en materia de regulación de drogas, pero acompañado de un sistemático cambio en la visión jurídica y punitiva del problema. José Narro Robles, Rector de la Máxima Casa de Estudio señaló que la actual política para combatir el consumo de drogas no ha dado los resultados que serían deseables; por eso, es urgente hacer cambios en la materia. La actual política no ha conseguido reducir la producción ni el consumo de estupefacientes en México y en el mundo, los cuales, según encuestas nacionales e internacionales, con datos epidemiológicos duros, muestran que el problema va en aumento. Tan sólo en México a lo largo de los últimos 25 años se ha duplicado el tamaño, la magnitud del problema del uso de drogas. Narro Robles urgió al gobierno mexicano a cambiar los mecanismos usados para combatir el consumo, producción y
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distribución de drogas, porque los implementados actualmente no han dado los resultados deseados. Adelantó que con las experiencias y la información presentada durante el Foro la UNAM, se elaborará un documento con propuestas que sirvan de guía para diseñar políticas que enfrenten el problema del mercado clandestino de las drogas y sus efectos sociales. Ignorar su gravedad sería un error, advirtió el Rector, “Intentar callar a los que tenemos algo que decir, es un desatino.” Luis Raúl González Pérez, Abogado de la UNAM y uno de los principales organizadores del Foro, destacó al presentar las conclusiones, que la riqueza y abundancia de puntos de vista y aspectos relevantes expresados, pusieron en evidencia la amplitud y complejidad de la problemática vinculada al consumo de drogas en México. Se reconoció que existe una preocupación compartida por todos los especialistas, por la necesidad de profundizar las investigaciones, los trabajos y generar más y mejor información respecto del problema; se trata de aspectos en donde la UNAM, así como las demás instituciones de educación superior, pueden y deben jugar un papel preponderante. Tres fueron los temas que sobresalieron durante los 5 días que duró el encuentro: políticas públicas, la juventud y el financiamiento de la delincuencia organizada.
Los ponentes coincidieron en que el consumo de drogas todavía no es un problema de salud pública en México, por lo que se necesita una estricta regulación en vez de seguir con una política prohibicionista que incrementó el poder del narcotráfico. En las mesas se conocieron, resaltó González Pérez, perspectivas desde diversos enfoques disciplinarios y sólidas metodologías que alimentan las reflexiones y el conocimiento que se tiene sobre las drogas denominadas ilícitas. Así mismo, hubo la oportunidad de conocer de primera mano, experiencias internacionales con enfoque en política pública que dejan en claro que existen caminos mucho más sustentables, más allá del mero prohibicionismo. Algo que destacó el abogado de la UNAM es que ya no existe un planteamiento único para enfrentar la problemática social, quedaron atrás dijo, los paradigmas en donde sólo existía el “Todo o Nada”.
entre la sociedad misma, con la aspiración de que los trabajos que se realicen en el contexto que es propio de la Casa de Estudios, sirvan no sólo a México, sino también a otros países.
POLÍTICAS PÚBLICAS
La cárcel, la criminalización y la estigmatización de las y los consumidores no son alternativas para abordar el problema de las drogas.
Ahora el consenso de especialistas, académicos y sociedad apuntan hacia la integralidad y complementariedad entre la prevención, la atención, el tratamiento, el control y la reducción de daños en la producción y en el consumo de drogas. Sin embargo, con relación a la venta y el tráfico de las mismas no existen posturas específicas y contundentes. El abogado González Pérez señaló que la vocación del Foro Internacional fue, desde su concepción, la de trascender de un mero acto académico. “El propósito, plasmado por su Consejo Consultivo en el programa con base en el cual se realizó el mismo, buscó propiciar la generación de insumos útiles que sirvieran para detectar los aspectos más relevantes de las problemáticas que presentan las políticas públicas de regulación del consumo de drogas, así como orientar las acciones que tendrían que tomarse para atender las mismas.” Recordó que corresponde a la Universidad Nacional constituirse en un marco de discusión libre, incluyente y crítica, basada en la experimentación e investigación científica, en la que se genere, concentre y articulen los conocimientos que se pondrán a disposición de quien tenga a su cargo la toma de decisiones sobre el tema de las drogas en nuestro país. Así también, divulgar sus resultados
Luis Raúl González Pérez, expresó que existe evidencia para reconocer que la política actual para reducir o controlar la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas no ha dado los resultados que serían deseables. Por el contrario, parece que contribuye a generar una serie de efectos adversos que van desde la afectación a la estabilidad y tejido social, hasta los altos costos relacionados con los homicidios, que atentan contra los objetivos para lo que se supone, fue diseñada: el ejercicio y la protección del derecho a la salud y a la seguridad de las personas. Las políticas públicas respecto de las drogas no pueden ser planas y generales, sino diversificadas, adecuadas, realistas y realizables. Si bien se requiere mayor investigación para un conocimiento mucho más perfecto, el actual estado apunta hacia un cambio del modelo cerrado y reactivo a uno basado en la protección del derecho a la salud, con abordajes realistas y sobre información crítica. Es decir, la cárcel, la criminalización y la estigmatización de las y los consumidores no son alternativas para abordar el problema. Los participantes coincidieron en la necesidad urgente de un debate que tenga como uno de sus componentes la discusión de una regulación responsable, clara, diferenciada y específica sobre los costos y beneficios de cada una de las políticas que pudieran derivarse. Así también, de cuáles son las mejores respuestas del Estado frente a un problema que es, en primera instancia, de salud pública, enfoque que debe ser reforzado por otras intervenciones sociales de las diversas agencias de Estado. “Se ha sugerido privilegiar intervenciones diferenciadas basadas en los diversos niveles y patrones de consumo, así como de las características propias y específicas de las diferentes drogas lícitas e ilícitas, de conformidad con los impactos que causan tanto en el individuo como en las comunidades, pero también con base en sus impactos sociales, culturales, económicos y hasta ecológicos.”
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Hoy es necesario profundizar el análisis de los distintos tipos de drogas para conocer sus características propias y determinar, por una parte, sus efectos nocivos, pero también, los usos útiles que podrían tener en el ámbito científico y de la salud. Por ello, se coincidió durante el Foro, en establecer y construir las rutas para la elaboración de políticas públicas alejadas de las suposiciones y centradas en la evidencia práctica, el conocimiento científico, con un carácter objetivo y con un perfil de protección a los derechos humanos de los individuos. Se resaltó que los problemas atribuidos al consumo de drogas no son fenómenos aislados, por el contrario, se encuentran vinculados a dinámicas y cambios globales que inciden tanto en los tipos de estupefacientes, como en la magnitud de su disponibilidad, por lo que se precisa una aproximación global con base en políticas públicas que incidan en el ámbito de lo local. Uno de los pronunciamientos fue distinguir entre los efectos de las drogas de aquellos que se derivan de las políticas públicas que en la materia se adopten. González Pérez destacó que los altos índices de violencia no son una consecuencia vinculada a su consumo. Es un asunto más complejo, que atiende a factores diversos de carácter social, económico, cultural o político, entre otros. “Esta cuestión debe ser reconocida por las políticas que se implementen, pues no sólo se deberán atacar sus manifestaciones externas sino también sus causas generadoras. Se debe tener claro cuáles son las afectaciones del consumo de drogas en sus diversos niveles, desde la experimentación hasta la adicción. Se ha afirmado que la introducción de cualquier droga a un organismo vivo provoca reacciones que son identificables, medibles y predecibles que tampoco pueden obviarse respecto de las que se requiere mayor investigación para saber cómo interactúan con el entorno y así evitar las meras generalizaciones, ya que, en primera instancia, no todos los consumidores desarrollan dependencia y no todos lo dependientes son adictos problemáticos.” Las drogas se han transformado y las consecuencias de su consumo también. El análisis de la adicción debe comprender la revisión de los impactos que tienen en los individuos, desde el nivel molecular hasta los que se producen en su entorno social. El prohibicionismo, destacó el Abogado de la UNAM, también ha tenido un fuerte impacto sobre la información. Los análisis mostrados, por ejemplo en el ámbito económico, revelan que podría haber una distancia enorme entre las cifras convencionales que generalmente se exhiben en los grandes foros de discusión y aquéllas que se generan en los trabajos directos de investigación que reconstruyen las rutas de generación de información.
Juventud y Drogas
La preocupación y un tema expresado por los panelistas fue el alcance de las drogas en los jóvenes. El pronunciamiento estuvo centrado en el hecho de que las políticas implementadas deben preservar en todo momento el interés superior de la infancia, con un enfoque en los adolescentes como el grupo de mayor riesgo. Ellos presentan una gran vulnerabilidad, pues ante la falta de oportunidades educativas, de desarrollo profesional, así como de espacios adecuados para la atención de sus problemáticas,
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se encuentran en riesgo, de desarrollar una codependencia al consumo de substancias, como de verse atraídos por las organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas. Las políticas públicas deben dirigirse de manera muy relevante hacia los jóvenes, en busca de crear las condiciones para que, mediante una decisión libre e informada, tomen las mejores decisiones para preservar su salud y se prevenga el que se involucren en actividades ilícitas. De igual forma deben construirse con base en perspectivas “desde”, “con” y “para” la juventud, considerando sus diferentes identidades y manifestaciones. No existe una razón, expresó Luis Raúl González Pérez, para asumir que algún Estado es invulnerable a los problemas vinculados a las drogas. “Las políticas públicas que se implementen en cada nación, si bien deben atender a las características y condiciones propias en ámbitos tan diversos como el social, económico, jurídico y cultural, entre otros; es deseable que, además de estar enfocadas en el desarrollo humano, se nutran de las experiencias y conocimientos adquiridos en el ámbito internacional para rescatar elementos que sean útiles para las mismas. Si bien no podemos hablar de fórmulas o esquemas únicos de solución mediante los cuales su mera implementación bastaría para solucionar la problemática de las drogas en México, no podemos voltear la cara a lo que ha sucedido y sucede en el extranjero.”
LAVADO DE DINERO Otro de los aspectos que resaltó el Abogado de la UNAM fue el financiamiento de crimen organizado; se trata de un importante eslabón en la cadena del narcotráfico en el país, que lleva a la corrupción en los cuerpos policiacos e incluso militares como se ha anunciado en México. En este sentido, destacó que los ponentes advirtieron, como parte de sus conclusiones, la necesidad de fortalecer tanto en el ámbito local como internacional, la lucha contra las células financieras de la delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas; es fundamental, señalaron, no sólo la lucha contra el lavado de dinero, sino contra el lavado de activos en general, contando con estructuras especializadas que materialicen su aplicación. La voluntad de los gobiernos para actuar en este ámbito, abundó, es un indicador real del compromiso que tienen para solucionar el problema, para lo cual se requiere generar la información relevante que permita conocer cómo operan las estructuras del crimen organizado. “En el mediano y largo plazo, la atención a estas áreas será una de las medidas más poderosas y eficaces contra el crimen organizado, causando efectos positivos contra la corrupción, la impunidad y la desconfianza de la sociedad en las instituciones del Estado”, detalló Luis Raúl González. El arma más poderosa de la delincuencia es el dinero, pues con él se compran las armas y los insumos para el tráfico de las drogas, asimismo, se corrompe y soborna a las autoridades y a la sociedad. El trabajo que se haga a este respecto, debe buscar incidir en las estructuras del Estado, pero también, aseguró, en la consolidación de una sociedad que sea fuerte ante estos embates y se convierta en contrapeso cuando surjan estas amenazas. Lo que significa que no se puede atacar efectivamente el abuso de drogas sin
combatir la exclusión social; con la construcción de comunidades más fuertes y el desmantelamiento de las estructuras, redes y bases de la delincuencia organizada. “Es necesario contar con mayor número de profesionales especializados en el ámbito de las drogas, que conjunten los conocimientos interdisciplinarios para actuar de forma efectiva en el mismo. La formación de recursos humanos es un terreno que se debe reforzar en un contexto amplio de primacía de la prevención sobre la reacción.”
Un Problema: Lluvia de Propuestas
Durante la clausura del Foro Internacional, el Abogado de la UNAM, Luis Raúl González destacó que los trabajos de los expertos y académicos demuestran que, aún en temas tan polémicos y complejos como lo es la cuestión relativa a las drogas, en donde evidentemente hay posiciones contrarias y divergentes, existe la voluntad de intercambiar ideas, escuchar y compartir la convicción de buscar soluciones a problemas que son comunes. “Si hay consensos, es posible buscar políticas públicas que reviertan todos estos problemas. Para avanzar en la búsqueda de soluciones en las cuestiones relativas a las drogas, así como en aspectos vinculados a la materia de seguridad y justicia en democracia, es evidente la necesidad de celebrar un pacto político y social de base amplia que permita reorientar nuestras políticas públicas en estas materias.” Se trata de un Pacto, aseveró González Pérez, como una condición necesaria para cualquier reforma profunda en el sector. De no contar con un consenso social amplio que cambie el patrón cultural sobre estos temas, será difícil la implementación tanto de marcos jurídicos como de políticas públicas. Hoy la sociedad civil debe redimensionar su papel, buscando fortalecer su participación en estos ámbitos. Los retos son muy grandes y complejos, pero la meta a la que aspiramos tiene un propósito más elevado. Las soluciones a los problemas no se darán en el corto plazo, pero al trabajar con el ánimo de resolver estos problemas y caminar rumbo a lo que es mejor para México, se estarán dando los primeros pasos para que a la brevedad opere un cambio positivo en estas áreas. “La educación juega un papel fundamental en todas las tareas que nos proponemos.”
En la mesa experiencias internacionales sobre la prohibición de drogas y el abatimiento del crimen organizado vinculado al tráfico de las mismas, el Procurador adjunto de la Fiscalía de Reggio Calabria, Italia, Ottavio Sferlazza reconoció que a pesar de no obtener los resultados deseados, la aplicación del Plan Nacional de Acción contra las Drogas logró en temas de salud pública, reducir entre los jóvenes, el consumo, la mortalidad y las infecciones de VIH y hepatitis C. Miguel Ontiveros Alonso, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó que el tratamiento a los adictos debe ser el primer foco de atención desde este campo, así como el respeto a la dignidad de los policías, el grupo más discriminado en el país. Subrayó que no hay ningún estudio serio que documente que legalizar reducirá la violencia. Carlos Resa Nestares, académico de la Universidad Autónoma de Madrid y consultor de la oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delincuencia, indicó que las estimaciones en la producción de sustancias ilegales en México son grandes debido a que no hay un control real sobre las dependencias que se encargan de erradicarlas. Denunció que no existe un algún instrumento u organismo que compruebe el trabajo realizado en cuanto a decomiso y destrucción de plantíos en México, los elementos tanto del ejército como de la Policía Federal “deben presentar resultados; así los mandos se ganan un ascenso y la Sedena estará encantada de dar buenos datos a la Embajada de Estados Unidos.” El investigador reveló que la sobrestimación de las cifras en el mercado de las drogas también se debe a que las autoridades de seguridad cuentan con “incentivos burocráticos, porque en la medida que aumentan el problema tendrán más recursos”. El factor que genera la violencia en México, subrayó, es la lucha por el mercado y por la protección K
La Voz de los Expertos
A continuación presentamos un breve resumen de la opinión de los panelistas que participaron en el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas. En su mayoría señalaron la necesidad de cambiar la estrategia de combate al narcotráfico y atender los problemas adyacentes que lo envuelven, mismos que dañan al país. En este sentido, el politólogo Jorge Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, aseguró que en México la legalización resolvería problemas de salud pública, pero no los relacionados al crimen organizado. Al Amado, del Colegio de Abogados de Estados Unidos, indicó que antes de la despenalización, se debe atender la pobreza y falta de oportunidades de empleo; la regulación del consumo tiene que ir acompañada de una política de rehabilitación.
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MUJERES Y DEBATE K Dra. María Macarita Elizondo Gasperín*
La discusión de género en la competencia electoral, hasta el pasado 6 de mayo en que se llevó a cabo el primer debate presidencial, se encontraba entre sus propios contendientes, lo que generaba por sí mismo un cierto nivel de expectativa.
S
in embargo, un evento formal cuyo interés estaba centrado en escuchar propuestas políticas e intercambios partidistas, devino en una discusión comunicacional centrada en la figura de una edecán, en donde su participación se limitó sólo al primer minuto del debate, y cuya discusión ha tenido la atención de los últimos días. No pretendo abordar los detalles de esta situación, cuya aclaración ya se dio institucionalmente y a través de diversos medios. Sin embargo, como consejera de este órgano electoral y comprometida con los trabajos que en materia de género realizan con la asesoría del Comité de expertas y expertos en materia de género y no discriminación en el IFE, quiero compartirles mi punto de vista de lo que considero el hecho de hacer del cuerpo humano un estereotipo comercial, en particular, el de las mujeres. Hemos transitado de la representación en la antigüedad de los cuerpos desnudos y prominentes en las estatuillas conocidas como venus, que daban culto a la fecundidad de la mujer, a la irrupción en el Renacimiento de gustos estéticos femeninos. En ellos, se le visualizó en una nueva dimensión: la del deseo, frivolidad, y placeres, simbolizados con desnudos totalmente perfectos y rostros inexpresivos, visión que con sus debidas distancias, perdura hasta nuestros días. La economía actual, dominada por la idea de mercantilizar todo lo que toca, ha comercializado incluso el cuerpo humano, que bien idealiza prototipos de belleza ajenos a la realidad de la mayoría de la gente, que genera ideales estéticos inalcanzables, que provocan frustración, enfermedad, y en situaciones extremas, incluso la muerte.
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La sociedad en conjunto somos corresponsables de ello. Le hemos otorgado a la perfección del cuerpo humano de un lugar distante de su apreciación estética, a un lugar banal de apreciación comercial que alimentamos con nuestros patrones de consumo. En este orden de ideas, va mi comentario con lo acontecido en la transmisión del pasado debate presidencial. Más allá que respeto y respetaré siempre la libertad de toda mujer para vestirse como quiera y pueda, y reconociendo que todo trabajo es loable, me parece que la presentación de la edecán y su cobertura mediática, son un claro ejemplo de la banalidad con la que se promueve la imagen de lo femenino en los medios de comunicación. El tema no sólo tiene que ver con un vestir inapropiado para un evento formal de interés nacional e internacional, sino con la burla y sorna que ello provoca. Faltando al respeto no sólo al televidente que se comprometió a sintonizar en una hora y día de asueto, un canal que le permitiera conocer a los candidatos y sus propuestas, sino también es un acto ofensivo a todas las mujeres que todos los días luchan por un trato digno y respetuoso en sus hogares, en sus trabajos y en su sociedad.
No podemos permitir violencia política o propaganda política con fines sexuales, pues la cosificación de las personas impulsa más formas de violencia, de denostación, sumerge en la invisibilidad. Toda violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de que las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres subsisten. El problema no es el cuerpo humano, bello en todas sus facetas, basta entrar a la página del museo de mujeres (www.museodemujeres.com), para apreciar su perfección y hermosura. Somos dueñas de nuestro cuerpo, somos libres de elegir nuestro destino como seres humanos integrales. Esta es una oportunidad no solamente para manifestar repudio, sino para accionar, para hacer énfasis en que nuestra educación como ciudadanas y ciudadanos tiene que mejorar para entendernos y tratarnos como iguales, es nuestro derecho, pero también es nuestra obligación.
seriamente. Hay un problema cultural: en México aún se concibe a la mujer como objeto, bien decía Norberto Bobbio “el mejor termómetro para medir el grado de civilización de un pueblo es la situación de sus mujeres”. Esperemos que el siguiente debate de los candidatos presidenciales, previsto para el próximo 10 de junio, tenga una cobertura mayor a las mil 90 emisoras de radio y televisión que trasmitieron el primer debate en las 32 entidades del país, y que genere un interés mayor tanto por su cobertura como por su seguimiento. De la misma forma sería deseable, que la cuestión de género sea un eje de las propuestas partidistas, y que puedan ser retomadas por aquél o aquélla que encabecen el próximo gobierno, con miras a integrar y consolidar las políticas públicas y múltiples esfuerzos que ya existen con ese propósito. Este país merece que la sorna y visión sexista de lo femenino, sea ya, parte de nuestra historia, y que transitemos del discurso de género, a un gobierno con visión de equidad K
La presentación de la edecán y su
cobertura mediática, un ejemplo de
la banalidad con la que se promueve la imagen de lo femenino en los medios de comunicación.
La situación de la casa productora, y de la misma edecán de no respetar los requerimientos de sobriedad que ameritaba el evento, sólo evidenció un problema profundo enraizado en nuestra idiosincrasia y en el cual tenemos que trabajar
* Doctora en Derecho. Consejera del IFE.
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JUVENTUD Y VIOLENCIA SOCIAL: LA CATÁSTROFE TIENE SALIDA LOS SALDOS DEL RÉGIMEN DE FELIPE CALDERÓN Cuarta y última parte K Dr. Pedro José Peñaloza* Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Henri Bordeaux. ¿En verdad divino tesoro?
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a revisión de las condiciones en que crecen y se desarrollan las poblaciones infantiles y juveniles es el hilo conductor que nos permitirá establecer la discusión acerca de dónde están y deben estar las prioridades del gasto gubernamental y, por ende, de las orientaciones sociales. De entrada, es preciso recordar que, el 44.2% de la población mexicana, es decir, 42.7 millones, enfrenta una situación de pobreza multidimensional. Entre los niños la cifra asciende a 53.3%, esto significa que, casi 21 millones de menores se encuentran en esas condiciones. Al desagregar las cifras, encontramos que mientras en el rango de la población de recién nacidos, hasta los 17 años, la pobreza multidimensional extrema llegó a 13.1%, lo que implica 5.1 millones de niños y jóvenes, cuando el indicador para la población en general era de 10.5%. En esta órbita de privación de derechos y de vulnerabilidad creciente, uno de los elementos que se requiere visibilizar para prevenir y disminuir su frecuencia, es la exposición de los infantes a la violencia doméstica. Tengamos presente que en 2009, el 8% de la población adulta mencionó haber regañado o pegado a alguno de sus hijos, mientras que, el año anterior, en el 5% de los hogares se reconoció haberlo hecho. Es decir, la tendencia a la violencia como relación dominante está creciendo. Dentro de este coctel de factores que describen al México fracturado, hay hechos y relaciones que se convierten en estado de angustia estacionaria, mismos que son minusvalorados para la medición de la llamada cohesión social y el sentido de pertenencia.
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El porcentaje de familias que tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al médico creció de 19 a 28%; para enviar a sus hijos a la escuela aumentó de 20 a 27% y aquellos que enfrentaron aprietos para comprar artículos escolares, libros y uniformes pasó de 27 a 44%; y en 1 de cada 2 hogares, los ciudadanos dijeron haber tenido apuros para comprar ropa y calzado a los niños, mientras que, en 2008, la cifra era de 35%.1
El Mundo Laboral de los Jóvenes
CIFRA DISPARADA Entre el año 2000 y el 2007 se dio una tendencia a la baja en los homicidios de jóvenes, con un ligero repunte en 2005 y 2006; sin embargo, en 2008 y 2009 la cifra se disparó. Jóvenes de 15 a 29 años asesinados.
7,348
3,786 3,611 3,317 3,511 3,572 2,977
2002
2003
2004
2005
Ejecuciones de jóvenes presuntamente relacionados con la delincuencia organizada
2006
5,069
2007
2008
2009
3,741 1,638
2,511
366 2007
2008
2009
de 30.5%. De mantenerse este ritmo de aumento, en 10 años México se encontrará en la posibilidad de avanzar en la solución de un rezago de muchas décadas. Se dará prioridad a los esfuerzos de ampliación de cobertura en las entidades con mayor rezago, como son: Guerrero, donde apenas 19% de los jóvenes accede a este nivel; Oaxaca, con una cifra de 18%; Chiapas, con un porcentaje igual y, Quintana Roo, el último de la lista, con sólo 16% de jóvenes que ingresan a la universidad.3
2010
Los jóvenes que cuentan con los ingresos más altos, tienen una probabilidad 4 veces mayor de cursar una carrera universitaria. Mientras que sólo el 20% de los más pobres, acceden en el plano nacional, a la enseñanza superior. La disparidad económica y social, además de condicionar el ingreso a dicho nivel educativo, también contribuye a reproducir las divisiones sociales mediante el acceso selectivo a las instituciones, según el origen socioeconómico de los alumnos. No obstante lo anterior, hoy se puede hablar de un recambio en la composición social de la matrícula universitaria, porque los grupos más desfavorecidos se incorporan cada vez más a la enseñanza superior: su número aumentó de 458 mil en 2004 a más de 700 mil en la actualidad. Indiscutiblemente, la inequidad en el ingreso a la educación superior es resultado de un proceso en el que se acumulan múltiples situaciones de exclusión en la biografía de los jóvenes.
Fuente: Cálculos propios utilizando la base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del primer trimestre de 2011, la mitad de los 31.7 millones de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 29 años eran parte de la población económicamente activa. De éstos, 1 de cada 4 estaba en la informalidad, y más del 70% carecía de servicios de salud otorgados por su empleador. Actualmente, se calcula que, al menos 2 millones buscan empleo. Sólo 1 de cada 3 lo encuentra en el sector formal. Según la encuesta, los 3.5 millones de jóvenes de entre 14 y 19 años que ya trabajan, tienen un perfil laboral asociado con bajos ingresos y pocas prestaciones; un tercio de ellos trabaja en el sector informal; el 85% no recibe servicios de salud en su empleo; el 18% tiene ingresos de un salario mínimo o menos y, el 26%, ni siquiera recibe un sueldo. El 22% de este grupo se emplea en el sector primario, pero un tercio de ellos trabaja en la agricultura de subsistencia. En cambio, la población de entre 20 y 29 años tiene mejores condiciones laborales, que los más jóvenes. Sin embargo, enfrenta mayores responsabilidades, ya que el 80% ya es padre de familia. Uno de cada 10 de estos jóvenes labora toda la semana, pero, el 8.4%, no cuenta con un empleo que le permita trabajar más de 4 días. La mayoría de esta población tiene un ingreso de entre 2 y 5 salarios mínimos, y sólo el 5% gana más de 8 mil 850 pesos, que es el equivalente a 5 salarios mínimos. El 9% tiene ingresos de un salario mínimo o menos y el 7%, no recibe un salario por su trabajo. 2
Jóvenes: crisis educativa y deserción. El salto al vacío Ante la creciente demanda de acceso a las instituciones de educación superior, se requiere aumentar la matrícula en 1 millón 700 mil estudiantes, lo que significa que, en una década, se podría lograr una cobertura de 4.7 millones de jóvenes (48%). Lo anterior, en razón de que, la cobertura estimada para el ciclo 2010-2011, fue de 3 millones 32 mil 824 jóvenes, equivalente a una cobertura
Las brechas están marcadas por región, origen rural-urbano, entre las mismas zonas metropolitanas y, por entidades federativas. Así pues, las diferencias entre la ciudad de México, y un estado de la república como Querétaro, son abismales. En la capital del país, el 57% de jóvenes acceden a dicho nivel de estudios. En contraste, la cifra para los jóvenes queretanos es de apenas 16% el índice más bajo a escala nacional. Las entidades federativa con más altos porcentajes en materia de cobertura de enseñanza superior, son: Nuevo León (38%); Sonora (37%); Nayarit (37%); Sinaloa (36%) y Colima (35%). Mientras que los estados con más baja cobertura, después de Querétaro, son: Chiapas (18%); Oaxaca (18%); Guerrero (19%); Guanajuato (20%), y Estado de México
1
ENOE. REFORMA. 12 de agosto de 2011.
2
Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior. La Jornada, 7 de enero de 2011.
Pág. 35. 3
Rodolfo Tuirán. Subsecretario de Educación Superior. La Jornada. 3 de enero de 2011
4
Miguel Ángel Martínez Espinosa, subsecretario de Educación Media Superior.
FORO JURÍDICO 21
(21%). La exclusión se refleja en el rezago educativo, o en el abandono temprano de la escuela. Esto condena a los jóvenes a seguir trayectorias marcadas por la precariedad laboral, la baja productividad, los bajos ingresos, y a los escasos niveles de bienestar y frustración.4 Cada año desertan 600 mil jóvenes de la educación media superior. De ellos, el 70% abandona la escuela en el primer año. La juventud que está fuera del sistema educativo no es una amenaza para la seguridad del país, porque no existe una correlación directa entre baja escolaridad o abandono escolar e inserción en los círculos de violencia. Para el 14.5% de jóvenes que anualmente dejan la escuela, las expectativas de futuro, las posibilidades de vida y desarrollo se reducen, y para este grupo será irrelevante el discurso sobre contenidos, calidad y pertinencia de la educación, ya que ello les resulta completamente ajeno. La etapa crítica surge en el primer año de preparatoria, porque, de los 600 mil alumnos que desertan cada año, 420 mil lo hacen al iniciar dichos estudios.5
a partir de 2007, esta tendencia se revirtió completamente, en tanto que en 2007 fueron ultimados 2 mil 977 jóvenes. En 2009 esta cifra creció a 7 mil 348.9
Narcotráfico, Violencia y Juventud: El Laberinto Construido
154%; mientras que el de las mujeres, en 89%. La mitad de las muertes cometidas en este periodo, se concentró en Chihuahua. Mientras que en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes, en 2009 el registro pasó a mil 647, lo que representa un incremento total de 719% en 3 años. Otros estados con fuerte presencia del crimen organizado, registraron aumentos de homicidios juveniles: Durango, con 154%; Baja California, con 307%; Sinaloa, 298%; Morelos, 190%; Guerrero, 180%, y Nayarit, 162%. Chiapas es el tercer estado con mayor incremento de homicidios; mientras en 2007 se registraron 27 asesinatos, en 2009 fueron 151, lo cual representa un incremento de 421%. Con base en datos de presuntos homicidios relacionados con la delincuencia organizada, se estima que en 2007, fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años; en 2008, esta cifra ascendió a mil 638; en 2009, a 2 mil 511, y en 2010, a 3 mil 741.
De acuerdo con cifras oficiales, el número de infantes presentados ante el Ministerio Público por cometer el delito de delincuencia organizada se ha incrementado durante los últimos cuatro años hasta en 70%. De 2007 a 2010, 5 mil 113 menores fueron detenidos por cometer ilícitos federales, esencialmente contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y Ley contra la Delincuencia Organizada. La PGR reconoce únicamente el vínculo de 95 con cárteles de la droga, en ese periodo. De 714 se desconoce la organización para la cual servían; no obstante, 6 formaban parte de Los Zetas; 5 de La Familia; 4 de los Beltrán Leyva; 2 de La Línea, 2 del Cártel de Juárez; 2 del Cártel del Golfo; 2 más de los Arellano Félix y, 1 del Cártel de Sinaloa.6
Un dato nuevo y dramático: el homicidio, fue la primera causa de muerte entre los jóvenes en 2009, superando a los accidentes automovilísticos.
Homicidios de jóvenes por rangos de edad 2007-2009 Por otra parte, el homicidio de hombres de 15 a 29 años creció en Grupos de edad De 15 a 19 20 a 24 25 a 29
% de crecimiento 124 156 152
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
Saquemos al delito de los sótanos
de la política reactiva e insertémoslo en las avenidas de la conflictividad social y en los resortes de las ciencias sociales.
Los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y del crimen organizado. Por ejemplo, el 60% de los 50 mil asesinados en México son menores de 35 años.7 Un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, advierte que “cifras de la academia hablan de unos 30 mil niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas: los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga.” 8 Entre 2007 y 2009, el número de jóvenes asesinados creció 147%. Lo anterior, pese a que desde el año 2000 se venía registrando un descenso, con un ligero aumento en 2005 y 2006;
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Es importante señalar, que estas cantidades están minusvaloradas en virtud de que, en los años analizados, no se determinó la edad de al menos, el 40% de las víctimas. Incluso, en 2007, no se 5
Enrique Villa Rivera, Director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
El Universal. 23 de noviembre de 2011. Pág. 17. 6
REFORMA, 24 de abril de 2011. Pág. 4.
7
Diego Palacios. Fondo de Población de la Naciones Unidas. La Jornada, 15 de julio
2011. Pág. 22. 8
Luis González Placencia. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal. 9
Cifras de muertes violentas publicadas por el INEGI.
10
El Universal, 12 septiembre 2011. Pág. A10.
tienen registros de la edad del 63.2% de los muertos por el crimen. Otro dato relevante, es el bajo perfil educativo de las víctimas registradas: el 4% de los jóvenes asesinados entre 2007 y 2009 carecían de instrucción escolar. Asimismo, el 31% sólo había concluido algún grado de primaria, y el 8% no acabó la secundaria. De los asesinados de entre 25 y 29 años, apenas 6% contaba con estudios profesionales. Casi el 70% de las víctimas sólo tenía educación primaria, secundaria, o bien, no recibió instrucción escolar alguna. 10
La Violencia Multisistémica Es preciso señalar que un abordaje apropiado para entender la violencia, desde una mirada policromática y multiagencial debe partir de la evaluación de al menos 3 indicadores: a) el costo de los comportamientos violentos; b) la victimización y percepción; y finalmente, c) medir si la inversión pública está impactando en su disminución.
a) Los costos de violencia Estos equivalen, en México, al 12.3% del PIB, que representa más de 1.6 billones de pesos anuales. Según estadísticas del INEGI, en 2010 alrededor de 7.2 millones de personas reportaron haber sido víctimas de un delito en el país; de ellas, el 3.7% dijo haber sufrido una lesión o daño físico y, el 17.3% daño emocional o psicológico. Las víctimas gastaron alrededor de 3 mil 643 pesos en atención médica, psicológica o, en servicio de rehabilitación. Esto significa el costo directo que representó el 4.9% del PIB; por otro lado, un indicador asociado, pero distinto, lo es el costo indirecto, que representa las pérdidas por la reducción del consumo a consecuencia de los cambios de hábito. Mientras que la disminución de inversiones y la baja en la productividad significaron el 7.4% del PIB. Para valorar el efecto multiplicador de la dimensión de la violencia, destaquemos que, como se vio líneas arriba, los costos indirectos suelen ser mayores que los directos.11
b) Victimización y Percepción
Durante el 2010 los mexicanos desembolsaron 210 mil millones de pesos a consecuencia de la delincuencia.12 Para tener conciencia de la cifra, recordemos que el presupuesto aprobado para seguridad pública fue de 110 mil millones, con lo que se observa que la población erogó 100 mil millones más que lo invertido por el Estado para aliviar los males de la inseguridad. En este caso, la traducción del gasto de los ciudadanos por la percepción y victimización, representó el 1.5% del PIB.
para combatir la inseguridad. El coeficiente de efectividad, medido en delitos de los fueros comunes y federales denunciados y sancionados, respecto del dinero entregado a SEDENA, SSP, SG y PGR, es de sólo 0.9%.13 Como se ve, el multicitado discurso de la eficiencia gubernamental para el tema de la (in)seguridad pública, corrobora la enorme distancia entre la radicalización de la amenaza punitiva y el cumplimiento práctico de sus obligaciones y las metas prometidas.
Apuntes Concluyentes Después de este nada optimista recorrido de cifras, omisiones, negligencias, miopías y de la enorme insensibilidad social y política de la clase gobernante y sus aliados, deberíamos reivindicar la posibilidad de construir otro camino, pero para ello se necesita
c) Inversión y Resultados 11
La gran paradoja de las anteriores mediciones consiste en que el Poder Legislativo ha aumentado crecientemente el dinero público
12
Eduardo González Pier, REFORMA. 12 de marzo de 2011. Pág. 6. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE-
INEGI, 2010.
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plasmar una reingeniería del Estado. Sí, una nueva agenda nacional; una re conceptualización del papel de la ciudadanía; una imaginativa e incluyente política de solidaridad para la cohesión social. La puesta en marcha de una reforma integral que trastoque los paradigmas almidonados y rutinarios que se alimentan de la creencia cuasi religiosa, de que la justicia penal lo resuelve todo (igual que el mercado); y por supuesto, como elemento infaltable, la construcción cultural y social que admita que la movilización y organización ciudadana son reflejos legítimos de la defensa de las garantías constitucionales y dique irrenunciable contra los abusos del poder. Evidentemente, no se trata de dinamitar al Estado, pero sí de poner al alcance de los desposeídos un Estado social y democrático de derecho. Ésta es la catapulta central para, ahora sí, recuperar los espacios invadidos por la criminalidad, pues se requiere dejar de ver a la delincuencia como un factor exógeno y entender que su reproducción se da por los caldos de cultivo que fabrican y reproducen las variables sociales. La nueva óptica de la seguridad pública debe ofrecer algo más que toletes y pistolas, y las reiteradas amenazas del ficticio poderío que emana de la aparatosa kriptonita que se le ha impreso al derecho penal. Necesitamos un Estado que tenga la capacidad estructural para insertarse en la globalidad, pero anclado en la equidad social y en las necesidades locales; dicho de otra manera, se trata de nacionalizar la globalidad. Subsanar agravios y agresiones que se reproducen en todas partes, y contra todos los que concurren al mercado laboral o que militan en el ejército industrial de reserva. El paisaje nacional expone, con todo su crudeza, las privaciones de lo elemental y de lo necesario, la desigualdad alienta y agita el rencor social, aniquila la solidaridad en el cuerpo social. Si en realidad se quiere confrontar al delito, actuemos previniéndolo desde las coordenadas sociales; por cierto, zonas olvidadas y minusvaloradas por los políticos daltónicos que consideran que el largo plazo se reduce a 6 años, cuando más. Dejemos de evocar a Lombroso y a sus epígonos vernáculos, propagandistas gozosos de adefesios inconstitucionales, como el arraigo, y avales
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ideológicos de la ceremonia rutinaria –televisiva y morbosa– que justifica que las cárceles se atesten de pobres mal encarados, jóvenes primo delincuentes y mayoritariamente chivos expiatorios de robos que no superan los 5 mil pesos. Saquemos al delito de los sótanos de la política reactiva e insertémoslo en las avenidas de la conflictividad social y en los resortes de las ciencias sociales. Hacerlo puede significar la primera estación para conducir al Estado mexicano a nuevos horizontes y a la construcción de renovadas instituciones.
Nota para ver más allá de las narices Durante los últimos días hemos presenciado la irrupción de segmentos juveniles, especialmente localizados en la esfera educativa, que han planteado una visión crítica, anti autoritaria y contestataria ante los medios –destacadamente televisivos-, por la remisa cultura de tratar de eclipsar la realidad en la competencia electoral. Por supuesto, estamos en presencia de un fenómeno emergente que aún no podemos medir en sus alcances sociales y específicamente electorales; lo que sí es incuestionable, es este nuevo escenario en donde sectores tradicionalmente apáticos o no participativos (en los comicios) están gritando sus demandas y desarrollando sus estados de ánimo. En las próximas semanas sabremos si toda esta energía fresca y rebelde puede encontrar una expresión organizativa y política. Por lo pronto, es absurdo que no se entienda que millones de jóvenes tienen la oportunidad de concurrir a las urnas y definir la elección del próximo 1° de julio. La clase política tiene la oportunidad de interpretar y leer adecuadamente lo que está pasando. Aunque la miopía y el estigmatismo de los partidos políticos es inmensa. Veremos K
*Criminólogo, Economista, Doctor en Derecho y Profesor de la UNAM. Los Saldos del Régimen de Felipe Calderón consta de 4 partes: Seguridad Pública y Procuración de Justicia; Empleo y Salarios; Fuga de Capitales y Lavado de Dinero y; Juventud y Violencia Social. Esta es la cuarta y última parte.
EN RIESGO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL EN MÉXICO
A
4 años de concluir el plazo para que en México se aplique en su totalidad la Reforma Procesal Penal Adversarial y Oral, existen todavía 18 entidades federativas que no han implementado el nuevo sistema penal o realizado las reformas para su inicio. El panorama se ve preocupante ya que en los estados restantes, 3 operan totalmente la reforma (Chihuahua, Morelos y Estado de México), 8 en forma parcial pero con un objetivo claro para su implementación total; en 5 está aprobado por sus Congresos locales el Código Procesal Penal Estatal y 4 cuentan con legislación aprobada para operar el nuevo sistema a partir de 2013. Ante este panorama, se realizó durante el mes de mayo el cuarto Foro Nacional de Seguridad y Justicia, denominado: A 4 años de la Reforma Penal: lo que Falta, organizado por México SOS, Renace y la Red de Juicios Orales, en donde se presentó un balance de las acciones llevadas a cabo por los gobiernos federal y estatales. La preocupación constante por parte de las organizaciones civiles, academia y sociedad en general, fue el poco interés por parte de los 18 gobernadores a quienes no les urge generar las condiciones necesarias para una mejor justicia. El evento se convirtió en una llamada de atención a los gobiernos que por diferentes motivos se niegan a cumplir o retrasar el mandato constitucional.
que la Suprema Corte se reúne con todas las universidades y escuelas de derecho del país para incidir en la adopción de un plan de estudios relacionado con el nuevo sistema.” Reconoció el trabajo realizado por el Poder Judicial de la Federación, al crear la Unidad de la Implementación de la Reforma Penal de Juicio de Amparo; así como a la PGR, al poner en operación la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la oficina de la Procuradora Marisela Morales. “Se han generado elecciones de estados que, valientemente, han impulsado modelos que han servido de referente para animar a otras entidades a lanzarse a cumplir este mandato constitucional. Baja California es un claro ejemplo de colaboración; justo es reconocer, también, la decidida voluntad de algunos Gobernadores, Procuradores estatales y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, de rectificar decisiones tomadas previamente, en torno a la implementación de la reforma, a fin de reencauzarlas.” señaló Martí.
Durante la inauguración del encuentro a cargo del Presidente Felipe Calderón, Alejandro Martí, Presidente de México SOS, señaló que los recursos económicos no pueden ser un pretexto para el atraso existente porque la federación destinó para este año más de 440 mdp para tal fin. Martí destacó que el deber de la sociedad es exigir a los gobernadores y legisladores estatales el inicio inmediato para la instauración del nuevo sistema penal. No hay pretexto, abundó, para no empezar a trabajar ya que existen modelos y formas para la implementación. “A diferencia de cuando se inició, hoy existen ejemplos y buenas prácticas de lo que implica el nuevo sistema penal. Hoy es mucho menos complejo hacerlo.” Convocó a las universidades a sumarse al esfuerzo para crear y capacitar a los futuros abogados que operarán el modelo. “Sabemos
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CAPACITACIÓN, ELEMENTO ESENCIAL PARA LA INCORPORACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO PENAL ORAL: MARISELA MORALES IBAÑEZ
El Presidente de México SOS, hizo un reclamo al Poder Legislativo para que acelere los trabajos a fin de aprobar el Código Federal de Procedimientos Penales, creado por la sociedad civil, académicos y autoridades. “Han priorizado la búsqueda de otras precisiones políticas, desdeñando la urgencia nacional en materia de seguridad. Cada día están más lejos de la ciudadanía, privilegiando sus intereses de partido y personales. La Reforma Penal ya es un hecho en México. Los ciudadanos no cejaremos en acompañar su apropiada implementación. Estamos convencidos de que es posible construir un mejor México con la participación de ciudadanos y autoridades.”
En la Lucha por la Seguridad Durante se mensaje de inauguración el Presidente Felipe Calderón aseguró que en los últimos años, una de las peleas más significativas que han librado los mexicanos es la construcción de un auténtico Estado de Derecho. Para ello se implementó una estrategia integral de 3 componentes fundamentales:
• • •
Enfrentar a los criminales Fortalecer instituciones de seguridad y justicia Reconstruir el tejido social
Recordó que la Reforma de Justicia Penal aprobada en 2008, fue la más trascendental en la vida institucional de México porque sustituyó el ineficaz sistema inquisitorio por un sistema acusatorio de juicios orales, bajo principios de concentración, de inmediación, particularmente de las probanzas, continuidad y presunción de inocencia. Calderón afirmó que con la aprobación del Código de Procedimientos Penales en el ámbito federal se podría acelerar la implementación de la reforma. Se sumó a las voces que urgen a la Cámara de Diputados su aprobación, “seguir posponiendo es un obstáculo a la urgente modernización de nuestro sistema judicial”. Exhortó a todos los niveles de Gobierno y a los Poderes Públicos a acelerar el paso para que la histórica reforma al sistema de justicia se convierta en un cimiento sólido y de legalidad para el país.
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Durante su participación en el Foro, la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, comentó que la institución a su cargo, se encuentra a tiempo para cumplir en tiempo y forma su incorporación al nuevo sistema penal adversarial. Destacó el trabajo que llevan a cabo junto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norte América en el proyecto denominado Diamante. Bajo ese programa se han capacitado a 206 instructores de los 3 perfiles sustantivos: 116 Ministerios Públicos, 47 Policías Federales Ministeriales y 43 peritos. Destacó que el programa se encuentra desplegado en las 32 Delegaciones de la PGR, en donde se han adecuado espacios para la impartición de los conocimientos. En ellos, aseguró, se dedica el tiempo necesario para que el personal se capacite; el plan consta de 12 módulos: 6 de tronco común, 5 de especialidad (Ministerio Públicos, Peritos y Policías Federales Ministeriales) más uno de integración. “Esa capacitación versa sobre el procedimiento acusatorio para brindar a nuestro personal conocimientos específicos, así como técnicas que fortalecerán sus habilidades y destrezas, para el dominio pleno de la intervención ministerial en el nuevo escenario procedimental derivado de la reforma constitucional”. Ese esquema, resaltó la Procuradora, les permite avanzar de manera consistente en el conocimiento del nuevo concepto de justicia penal. Actualmente se cuenta con 160 instructores del proyecto Diamante que capacitan a 6 mil 300 personas de la institución entre Agentes del Ministerio Público Federal, peritos, Policías Federales Ministeriales y personal auxiliar.
Federico Reyes Heroles y Marisela Morales Ibañez
La Maestra Morales destacó que todas las acciones y avances de la PGR son parte del objetivo para abatir la impunidad. Desde hace 14 meses, recordó, la institución se encuentra en un doble proceso: los ajustes institucionales y la profesionalización integral. Los primeros pasan por la permanente depuración de las estructuras internas; los segundos, son parte de un esfuerzo permanente de capacitación, del que forma parte la reorientación hacia un modelo penal acusatorio. “Ninguna coyuntura, ningún caso o circunstancia, por difícil que aparente ser, habrá de alejarnos de este gran objetivo nacional de depuración y profesionalización de la Procuraduría General de la República. Sólo así, avanzando del brazo del derecho, podremos estar a la altura del reclamo social por una mejor procuración de justicia. Nada ni nadie, debe estar y quedar por encima de la ley.” Para fortalecer el nuevo perfil de la procuraduría y ministerio público ante los procedimientos abreviados y las audiencias públicas del nuevo sistema, la dependencia trabaja bajo las siguientes temáticas:
La capacitación, indicó, versa sobre el procedimiento acusatorio para brindar al personal conocimientos específicos y técnicos que fortalecerán sus habilidades y destrezas para el dominio pleno de la intervención ministerial en el nuevo escenario derivado de la reforma. Para darle solidez a esa formación crearon 2 salas de vital importancia: una para la recreación del juicio oral, y otra para capacitación a distancia. Mantienen, de manera concurrente, una coordinación con agencias estadounidenses, de quienes la PGR ha recibido su apoyo en aspectos específicos e importantes en el nuevo sistema de justicia penal. Por ejemplo el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos brinda capacitación al personal técnico en materia de rastreo de armas e intervención en hechos que involucran explosivos. “Esa capacitación nos coloca en mejores condiciones para el ingreso al nuevo escenario procedimental.”
El propósito de la reforma constitucional de justicia penal es transformar de raíz el sistema de justicia.
Procesos de reestructuración y capacitación para MPs en las técnicas y habilidades del sistema acusatorio oral; Coordinación con las Procuradurías Estatales en las que ya rige el nuevo sistema Priorizar la persecución de delitos de alto impacto social; Protocolo de coordinación con policías.
Resulta relevante y determinante para el nuevo sistema de justicia penal la elaboración de protocolos de los procesos de actuación de cada una de las áreas de la Institución. Reglas que describen a detalle, todas las actuaciones y trámites, así como los respectivos plazos que debe observar el personal, de acuerdo a la naturaleza de las funciones de cada área. El avance es muy significativo en esta materia ya que Marisela Morales informó que de los 168 procesos de actuación que se realizan, se ha concluido la elaboración de 121 de ellos; aseguró que espera concluir el trabajo este mes de junio.
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En lo que respecta al campo normativo, la PGR ha participado activamente en la conformación del proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales, inmerso en el marco del proceso legislativo. La legislación procesal, aseveró Marisela Morales, es la que regula el conjunto de mecanismos más importantes relativos al nuevo sistema y por tanto, es la base sustantiva e indispensable para la instrumentación del modelo de justicia determinado en la reforma constitucional de 2008. Otro de los rubros en donde la Institución ha puesto énfasis es la cadena de custodia; esto permite alinear el actuar institucional ante los nuevos postulados procedimentales. También informó que en se avanza a buen ritmo en la coordinación con las procuradurías o fiscalías estatales. La aplicación de los principios básicos y reglas del derecho penal y del procedimiento penal en específico, le ha permitido a cada una de las instituciones atender debidamente sus responsabilidades, acotó la Procuradora. La prioridad, comentó Marisela Morales, que debe concederse a la investigación de delitos de alto impacto social, tiene estrecha relación con las estructuras de las procuradurías y los protocolos de actuación ante diversos tipos de delitos. La sensibilidad debe ser parte del ejercicio de la procuración de justicia y con base a ella, ha de brindarse toda la atención que merecen los asuntos que la propia voz colectiva clasifica, por así decirlo, como de alto impacto social. En este sentido, señaló que la PGR se ha organizado internamente para la atención prioritaria para determinados asuntos. Explicó, “hemos dispuesto la conformación de equipos de trabajo, integrados por los recursos humanos que se requieren de acuerdo al tipo de investigación a realizar, y dotados de los recursos materiales que las circunstancias demanden”. Con la intervención de las policías en el sistema acusatorio será indispensable, aseveró, tener articulados los mecanismos de interacción con la PGR, en virtud de que el trabajo de indagación de los delitos por parte de las policías debe estar bajo la dirección técnica del Ministerio Público. Por eso, la dependencia desde el pasado 17 de abril creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la PGR, que, entre otras atribuciones, realiza los trabajos de coordinación que se requieran con otras dependencias, a efecto de establecer conjuntamente los correspondientes mecanismos de operación interinstitucional. Finalmente destacó que se enfocan en el nuevo modelo de operación de la Policía Ministerial Federal, bajo 5 ejes: Cumplimiento de mandamientos judiciales. Protección de testigos colaboradores y víctimas del delito. Servicios especiales de seguridad y de protección a personas. Investigación ministerial. Localización de fugitivos extranjeros (INTERPOL).
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NO DEBEMOS POLITIZAR LA INSEGURIDAD PARA NO GENERAR DUDAS EN LA APLICACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL: CÉSAR DUARTE JÁQUEZ Durante su participación, los gobernadores de Chihuahua, Oaxaca y Campeche, César Duarte Jáquez, Gabino Cué y Fernando Eutinio Ortega Barnés, respectivamente, señalaron que la implementación del sistema penal acusatorio debe aplicarse de forma gradual en la República mexicana, de acuerdo con las características propias de cada estado e incluso de las regiones que los componen. No hay que olvidar que el primero se encuentra en una situación de consolidación, el segundo con avance medio y el tercero en la etapa de planeación. Aunque coincidieron en señalar que se requiere de recursos económicos, destacaron la importancia de la capacitación en los 3 órdenes de gobierno; así como de los recursos materiales y tecnológicos para su aplicación. Al ser cuestionados sobre el atraso en 18 estados, César Duarte –en cuyo estado ya se encuentra consolidado el nuevo sistema– resaltó que cada gobierno debe hacerlo a un ritmo adecuado sin que medie de por medio la prisa y la improvisación. De esta forma, manifestó, los avances alcanzados en Chihuahua en donde indicó, existe una eficacia en el combate a los delitos; por ejemplo la solución del 100% de los casos de secuestro, se ejecutan el 95% de órdenes de aprehensión. Dijo que no ha sido fácil ya que hasta el momento se han realizado más de 200 reformas a las leyes penales en el Estado, con el objeto de cubrir algunas fallas, como por ejemplo, el fenómeno denominado “puerta giratoria”, la cual explicó el gobernador, ocurría cuando con la inmediatez que eran detenidos algunos delincuentes, de igual forma obtenían su libertad. “Esa puerta la soldamos, o como hemos denominado en Chihuahua, quitamos la porosidad al sistema. Eso nos permite hoy, tener una mayor eficiencia en la vinculación de un inculpado con un proceso y elevar enormemente la eficiencia en la aplicación de las penas a quienes resultan responsables.” También destacó el ejecutivo estatal, la situación de un importante comerciante en Ciudad Juárez quien desde hace 2 años, sus 200 tiendas de conveniencia eran asaltadas hasta 80 veces por semana y hoy apenas llegan a 6. Los gobernadores pidieron no politizar el tema de la inseguridad porque únicamente genera mayores dudas en el avance de la aplicación del nuevo sistema de justica, particularmente Duarte Jáquez, quien lamentó que en muchas ocasiones se conocen más las deficiencias que los aciertos, sobre todo, en tiempos de
Los gobernadores de Campeche Fernando Ortega, de Oaxaca Gabino Cué y de Chihuahua César Duarte Jáquez
electorales. En este sentido, destacó la urgencia de transformar la justicia a fin de recuperar la confianza de la población, y reprobó la politización que se le ha dado al tema de seguridad. Durante su intervención la moderadora Layda Negrete Sansores, comentó que Chihuahua era un buen ejemplo para las demás entidades federativas en la implementación del sistema acusatorio oral, y que a pesar de las dificultades a las que se han enfrentado por la problemática propia de la ciudad fronteriza de Juárez, es un buen modelo de lección aprendida y de como deben de conducirse la voluntad política y el liderazgo en una entidad para implementar el sistema, como es el caso del Gobernador César Duarte.
Durante el Foro participaron funcionarios públicos de las áreas de seguridad y justicia, especialistas y académicos para informar y analizar lo que se ha realizado hasta la fecha y lo que falta hasta la total implementación de la reforma penal prevista en la Constitución Federal, que es el año 2016. Así se tuvo la mesa de trabajo representada por los gobernadores, presidentes de tribunales de justicia, procuradores de justicia, titulares de Secretarias de Seguridad Pública, federal y locales y legisladores, a quienes se les reclamó que no obstante haber recibido hace varios meses por parte del Senado la minuta de nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, no lo aprobaron al término de este tercero y último periodo de la actual legislatura, comprometiéndose el actual Presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Arce Paniagua y el de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño para convocar un periodo extraordinario, después de las elecciones federales (1º de julio), e intentar aprobar este Código, ya que quedaron muy pocos puntos por acordarse, argumentaron.
El candidato del PRI a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto y los moderadores Ana María Salazar y Rafael Heredia Rubio
Igualmente, acudieron al Foro para presentar su visión sobre la reforma penal y lo que falta los candidatos a la Presidencia Enrique Peña Nieto del PRI, Josefina Vázquez Mota del PAN y Gabriel Quadri de Nueva Alianza, asi como los candidatos al GDF del PRI, PAN y PRD exponiendo sus compromisos para la implementación de la reforma en el DF K
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Inaugura PRODECON
Centro de Atención al Contribuyente
Los titulares de la PRODECON y del SAT Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena inaugurando el nuevo edificio de la procuraduria.
Por un sistema tributario más justo y equitativo: Diana Bernal Ladrón de Guevara.
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on el objetivo cumplir el compromiso de crear un diálogo e interlocución permanente entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, fueron inauguradas el pasado 18 de mayo las oficinas centrales de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ubicadas en Insurgentes Sur 954, en la Ciudad de México. El evento contó con la asistencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien identificó a Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de PRODECON, como una impulsora decidida de la protección de los derechos de los contribuyentes. La Ombudsman fiscal enfatizó que con la apertura del Centro de Atención al Contribuyente, la PRODECON da un paso fundamental en su proceso de consolidación. Asimismo, continuará con el cumplimiento del mandato de su Ley Orgánica para fomentar una nueva cultura contributiva y llevarla a cabo con la mayor responsabilidad y en coordinación con las
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autoridades fiscales. “Me congratula que estemos reunidos para ser testigos de lo que constituye un gran avance para nuestro país, la inauguración de la sede de este organismo que nació con el objeto de proteger, defender y reivindicar los derechos de los pagadores de impuestos, garantizando su efectivo acceso a la justicia fiscal”, añadió. Una tarea primordial de la PRODECON es evitar el abuso de la autoridad, pero no, aseveró, impedir su ejercicio cuando éste es legítimo, ya que es prioritaria para México la recaudación de las contribuciones. Reiteró la Procuradora que México requiere un nuevo pacto fiscal basado en la transparencia y rendición de cuentas así como en el respeto a los derechos de los contribuyentes; por lo cual seguirán en su esfuerzo compartiendo experiencias para construir consensos y rutas de acción conjunta en beneficio de las finanzas públicas y de las mejores prácticas administrativas.
Diana Bernal reconoció el apoyo de aquellas las instituciones del Estado para la consolidación de la Procuraduría, especialmente al Presidente de la República Felipe Calderón, que fue representado por el Jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. También agradeció la colaboración del IMSS, con la dirección general del maestro Daniel Karam y del INFONAVIT, a cargo de Víctor Manuel Borrás. A 4 meses de cumplir un año de labores ininterrumpidas, Ladrón de Guevara destacó que PRODECON ha presentado más de 400 medios de defensa entre recursos de revocación, juicios de nulidad y juicios de amparo. En lo que respecta al área de quejas, el organismo ha tramitado más de 570, con un porcentaje de efectividad del 70%; esto se debe, indicó a la buena disposición de las autoridades para avenirse a las pretensiones fundadas de los contribuyentes. La inauguración de las oficinas centrales, añadió, es sólo uno de los primeros pasos “para apuntalar a nuestra Institución, en el tiempo que resta de este año tenemos proyectada la apertura de las primeras Delegaciones regionales. Los resultados que obtengamos hablarán por nosotros, estamos convencidos que la fortaleza que de ello obtenga este organismo, se verá reflejada en la confianza de un mayor número de contribuyentes y en el reconocimiento de nuestra imparcialidad por parte de las autoridades fiscales”, indicó. Durante su discurso retomó los comentarios del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, al señalar que México se sube a una tendencia internacional al ser el primer ombudsman del contribuyente en el ámbito Federal en el país al contar con la PRODECON. Como parte de la celebración, la PRODECON organizó durante una semana un ciclo de Conferencias Magistrales en las que participaron académicos, legisladores, magistrados, ministros y especialistas en materia fiscal. Ahí, Diana Bernal Ladrón de Guevara señaló que a más de 8 meses de haber iniciado operaciones, la encomienda ha presentado retos importantes como materializar la creación y consolidación de un organismo autónomo que coadyuve en la solución de los problemas que enfrentan los contribuyentes mexicanos. Situación que constituye un nuevo paradigma al crearse un ombudsman especializado que debe esforzarse por construir una nueva relación jurídico-tributaria más equitativa y eficiente. “Aunque hasta ahora hemos prestado nuestros servicios en instalaciones provisionales, se ha rebasado ya la cifra de 4 mil 250 solicitudes de atención a los contribuyentes. A eso se suman 14 recomendaciones, que figuran en nuestra página electrónica oficial.” (www.prodecon.gob.mx)
Dentro del plan de trabajo llevado a cabo durante este tiempo, la PRODECON ha realizado reuniones con diversas Cámaras y Confederaciones empresariales así como con colegios de profesionistas, a fin de identificar los casos que ameritan su atención, como observador en las relaciones entre particulares y autoridades, con miras en encontrar las mejores soluciones posibles a los mismos. “Es tarea fundamental de igual importancia por parte de nuestra institución, crear una nueva cultura contributiva que reivindique la dignidad ciudadana de pagar impuestos para las mejores causas públicas y proyectos sociales de nuestro país”, abundó.
La fortaleza de PRODECON se verá reflejada en la confianza de un mayor número de contribuyentes y en el reconocimiento de nuestra imparcialidad.
El ciclo de conferencias se convirtió en una gran oportunidad para intercambiar puntos de vista entre los diversos interlocutores de la relación tributaria: autoridades fiscales, contribuyentes, cámaras empresariales, asesores fiscales, colegios profesionales, legisladores e impartidores de justicia, en temas fiscales que son de interés para la sociedad mexicana. Diana Bernal destacó que el evento sirvió para identificar nuevos mecanismos para avanzar hacia el establecimiento de un sistema tributario más equitativo y justo para los pagadores de impuestos K
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CELEBRAN EN LA UNAM EL DÍA DEL MAESTRO Con motivo del día del maestro, el pasado lunes 14 de mayo la Facultad de Derecho de la UNAM realizó una ceremonia en el auditorio Antonio Caso en la que premió a sus docentes con más antigüedad, entregándoles reconocimientos y medallas, a quienes alcanzaron, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de impartir cátedra ininterrumpidamente.
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l acto estuvo encabezado por la Directora de la Facultad de Derecho, Dra. María Leoba Castañeda, el Lic. Luis Raúl González Pérez, Abogado General de la UNAM, en representación del Rector, el Secretario General de la Facultad, José Barroso Figueroa y el Dr. Fabián Mondragón Pedrero, Presidente de los Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho. Entre los premiados destacan, por 10 y 15 años de impartir cátedra: Ismael Eslava Pérez, Emilio Álvarez Icaza, Maricela Moreno Cruz, Gustavo Moscoso Salas, Luis G. Rebollo Fernández, Jaime Hugo Talancón Escobedo, Ma. del Carmen Arteaga Alvarado y Vidal Zavala Rosas. Por 20 años: Gustavo A. Esquivel Vázquez, Jesús Saldaña Pérez, Guadalupe Sánchez Jiménez, Rogelio Torres Dávila, Carlos Ruíz Alegria, Elena Ruth Guzmán Gómez, César Garizurieta Vega y Ma. de los Ángeles Gastelum Gaxiola.
PALMAS DE ORO Siguiendo con una añeja tradición universitaria, a los maestros que cumplieron 25 años de antigüedad, además del diploma y la medalla, se les impusieron las Palmas de Oro, habiendo sido galardonados con este motivo: María
Jorge Moreno Collado, Macarita Elizondo Gasperín y Elías Huerta Psihas Macarita Elizondo Gasperín, Carlos Daza Gómez, Norma D. Sabido Peniche, Sergio Márquez Rábago, Daniel Montero Zendejas, Emilio Bargain Barraza, Andrés Linares Carranza. Arturo García Jiménez, Eduardo A. Guerrero Martínez y Ofelia Adriana Díaz de la Cueva.
De izquierda a derecha: Daniel Montero Zendejas, Luis Molina Piñeiro, la Directora María Leoba Castañeda Rivas, Carlos Daza Gómez, Flavio Galván Rivera, Andrés Linares Carranza y José Barroso Figueroa. FORO JURÍDICO 33
Elias Huerta Psihas recibe de la Dra. María Leoba Castañeda el reconocimiento por 30 años de docente. Por 30 años: Elías Huerta Psihas, Roberto Almazán Alanís, Jesús de la Fuente Rodríguez, Flavio Galván Rivera, Antonio Moreno de Anda, Luciano Silva Ramírez, Alfonso Muñoz de Cote Otero, Maria Elena Mansilla Mejia y Miguel Ángel Velázquez Elizarraraz. Por 35 años: Fabián Mongragón Pedrero, Carlos Cuenca Dardón, Raciel Garrido Maldonado, Pedro Zamora Sánchez y Alberto Briceño y Ruiz. Por 40 años: Carlos Quintana Roldán, Emma C. Mendoza Bremauntz, Everardo Moreno Cruz, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Armando Quirazco Hernández, Esteban Ruíz Ponce, Vicente Toledo González y María Elodia Robles Sotomayor. Por 45 años: Jorge E. Moreno Collado, Néstor de Buen Lozano, Luis Eduardo Feher, Julián Guitrón Fuentevilla, Luis Molina Piñeiro y Oscar G. Ramos Álvarez. Y por haber llegado a la significativa cifra de 50 años de dar clase ininterrumpidamente se otorgó un especial reconocimiento al Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra, quien también es Maestro Emérito de la UNAM. En nombre de los homenajeados el Dr. Carlos Quintana Roldán dirigió un mensaje en donde afirmó que la educación representa un proceso poderoso y vital que nutre los tejidos de renovación que toda sociedad requiere para enfrentar los retos que cada generación debe vencer en el devenir dialéctico de la vida colectiva. Afirmó que la transmisión del conocimiento de generación en generación, se ha institucionalizado para asegurar sus mejores resultados, dando nacimiento a escuelas y universidades que asumen profesionalmente las tareas educativas que son las claves del progreso y del desarrollo de los pueblos.
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Recordó el Dr. Quintana que ha sido una larga tradición de casi un siglo que el 15 de mayo se festeje en el país el día del maestro, con base en el decreto promulgado en 1918 por el Presidente Carranza en su calidad de Primer Jefe de la Revolución. Se trata, dijo, de una conmemoración que se enriquece en la Universidad año con año y va adquiriendo un mayor significado al dejar en claro el noble papel que las maestras y los maestros tienen a su cargo en una sociedad como la nuestra. Igualmente la celebración los lleva a reflexionar en los trascendentes valores que la educación y la enseñanza asumen en todo conglomerado humano. El papel de los docentes como principales agentes activos del proceso educativo, destacó Quintana Roldán, debe ser reconocido y revalorado para aquilatar su profundo significado transformador de la vida humana. “Bajo estas ideas llenas de un profundo humanismo, es como entendemos y sentimos que ser maestro en esta gran Universidad Nacional y en esta siempre erguida Facultad de Derecho, es un privilegio sin par, que día a día nos brinda la enorme satisfacción de ver la sonrisa fresca y satisfecha de los jóvenes alumnos, de sentir como propias sus inquietudes y de sufrir a la par con sus problemas.” El catedrático señaló que ser maestro en las aulas de la UNAM los hace compartir muchos sueños de un mejor futuro; asimismo, participar también en la esencia eterna de crear conciencias y modelar personalidades. Ser maestro, reiteró, es aspirar a dejar una huella vital en quienes habrán de sucederlos y quienes tendrán pronto en sus manos las instituciones que han sido edificadas por muchas generaciones de abogados. “Si bien es cierto que la educación y la docencia como procesos transformadores de toda sociedad adquieren el noble fin que señalamos, cuando la tarea es enseñar la ciencia del derecho, se acentúa palpablemente el
compromiso que enfrentamos. Recordemos el célebre aforismo romano que afirma: Ubisocietas, ibijus, esto es, allí en donde hay sociedad, allí existe el derecho.” El derecho es la columna vertebral de toda sociedad porque la fuerza de la ley justifica el uso de la fuerza para garantizar la vida y la seguridad de individuos y conglomerados. Sin embargo, previno, solamente estará justificado el ejercicio del poder, si el ente público está revestido de la legitimidad que da la voluntad general y que se plasma en la norma jurídica. Esto impedirá, como lo citó Tomás Aquino, que el Estado y los gobernantes actúen como un grupo de gavilleros. Las maestras y los maestros de la Facultad de Derecho, aseguró el Dr. Carlos Quintana, que este 2012 celebran años de servicios, son portadores de un orgullo bien ganado por la rica tradición jurídica que ha sido reconocida por las valiosas aportaciones que los docentes de la Facultad de Derecho han dado a la construcción normativa que sostiene a la República. “Los docentes de la UNAM tenemos claro que hoy México se encuentra enfrentando un periodo difícil de su vida institucional. El país encara con innumerables dificultades los problemas de inseguridad y de violencia que se han enseñoreado en estos primeros años del siglo que aún está en sus décadas de inicio”. La experiencia de muchos años en las aulas universitarias ha hecho saber a los maestros que deben mantenerse vigorosos y firmes los ideales, las ideas, los principios y los valores que
Carlos Quintana Roldán recibió medalla por 40 años de docente.
Jorge Mario Magallón Ibarra recibió medalla por 50 años de docente. se han fraguado a lo largo del complejo acontecer histórico y les han otorgado un singular perfil como nación. Esa propia experiencia les dice que deberán seguir irreversibles los valores sociales que representan la soberanía nacional, el respeto a los derechos humanos, la libertad ciudadana, la democracia política, la separación de poderes, el sistema federal, la rectoría económica del Estado, los derechos sociales, el Estado laico y la libertad de cultos, la forma laica de enseñanza pública, y una clara separación entre la Iglesia y el Estado. Los docentes universitarios sabemos, destacó, que esta es la hora de la unidad. Es la hora del diálogo y el entendimiento. Es la hora de rechazar rotundamente la violencia y el enfrentamiento como forma general de comportamiento político y social. Convocó a los presentes en el auditorio Antonio Caso a no olvidar las sabias lecciones de la historia patria, que advierten a todos y cada uno de los mexicanos que al estar desunidos hemos sufrido y hemos padecido los más graves daños como nación y como sociedad. Que ese sea el espíritu de concordia que deje la conmemoración del día del maestro, refrendando su compromiso con la ley, con el Estado de Derecho y sobre todo reafirmando profundamente el enorme compromiso que tienen con las nuevas generaciones de educandos que llegan a sus aulas. “A ellos nos debemos, por ellos nos realizamos. Este compromiso, sin duda noble pero exigente, habrá de obligarnos también a estar al día en la actualización de los nuevos conocimientos que se van dando en nuestras disciplinas, porque es evidente que el tiempo no se detiene y no debe detenerse, pues anclarse en el pasado es sinónimo de estancamiento y de falta de progreso. Veamos así siempre hacia adelante. Ello es exigencia inaplazable para todo docente universitario. A mis colegas que cumplimos 30, 35 y 40 años, como a todos quienes hoy son homenajeados, un caluroso abrazo, muchas felicidades" K
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EL MAESTRO Y LA JUSTICIA K Dr. Lázaro Tenorio Godínez*
Quienes impartimos cátedra en derecho, no sólo debemos felicitarnos por ello con motivo del día del maestro, sino también aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre la alta responsabilidad social que guarda el profesorado en relación con la situación actual de nuestras instituciones de administración y procuración de justicia, que es hacia donde esencialmente desembocan nuestros conocimientos.
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l fin del derecho es preservar la paz social, pero para que ésta exista y prevalezca se requiere del esfuerzo conjunto de gobernantes y gobernados, en su esfera individual y social. Por ello, me permito compartirles la siguiente reflexión. Gran parte de la ciudadanía se ha concentrado lamentablemente en el ámbito individual. Cada quien sólo lucha contra la injusticia que inmediatamente le hiere en aquellos intereses que él con atención y vocación especial cultiva; ello ha propiciado un descuido de nuestras instituciones públicas, y de la sociedad en su conjunto, que se ha visto debilitada por falta de conciencia
social, de profesionalismo y calidad moral de sus habitantes, que nos llevan al extremo de vivir condiciones indignas para los mexicanos, teniendo millones de habitantes en pobreza extrema; los esfuerzos realizados han sido insuficientes. Una de las obras que mejor ilustra este panorama, es comentada por el profesor R.Vhon Hiering, en su libro de La Lucha por el Derecho, escrito en 1881, que hace alusión a 3 rubros importantes: a) al interés en la lucha por el derecho; b) a la lucha por el derecho en la esfera individual, y c) la lucha por el derecho en la esfera social. Nos dice el filósofo y jurista alemán: “Miles” de hombres pasan felizmente sin lucha, dentro de los límites fijados por el derecho, y si nos llegásemos a ellos hablándoles de luchar por el derecho, afirmando que éste es la lucha, no nos comprenderían, porque siempre fue para ellos el reinado de la paz y el orden. Bajo el punto de vista de su experiencia personal, tienen perfecta razón; hacen como todos aquellos que tienen riquezas heredadas y que han recogido sin pena el fruto del trabajo de otros, que niegan esta proposición: la propiedad es el trabajo.
ocasiones del sueño de una larga paz, y nos creemos en la paz perpetua, hasta el día en que suene el primer cañonazo, viniendo a disipar nuestras esperanzas, haciendo con tal cambio nacer una generación, tras la que vivió en deliciosa paz, que vivirá en constante guerra, que no disfrutará un solo día, sino a costa de tremendas luchas y de rudos trabajos. En tiempos recientes, hemos tenido serios ejemplos de personas indignadas, cuya lucha por el derecho tuvo una proyección social. Los convirtió en auténticos guerreros por la justicia cuando padecieron en carne propia, con mayor ahínco, los estragos de la impunidad, ya sea a través de un secuestro, un homicidio o la privación de sus propiedades. ¿Será necesario que a cada mexicano le suceda algo parecido para darnos cuenta que debemos velar por la seguridad y la justicia día con día en forma colectiva e individualizada? En esta reflexión debemos tener presente el mundo de los paradigmas, pues muchas conductas que para nosotros podrían parecer apropiadas, seguramente no lo serían para otras personas. Luego entonces, como sociedad, y más aún como abogados, debemos vigilar mutuamente nuestros actos. Brindar la oportunidad de enmendar los propios errores, que bien podrían ser producto de un acto u omisión voluntario o involuntario, pero al fin errores, cual humanos, imperfectos y falibles; siempre dispuestos a la enmienda, para preservar el orden y la paz social, pues de otra manera, cuando en vez de utilizar la fuerza de la razón utilizamos la razón de la fuerza para resolver nuestros diferendos, el Estado de Derecho
La lucha que exige el derecho para hacerse práctico, no es un castigo, es una bendición.
Agrega el filósofo: Lo que decimos del derecho, se aplica no sólo a los individuos, sino también a generaciones enteras. La vida de unas es la paz; la de otras es la guerra; los pueblos como los individuos, son por consecuencia de ese modo de ser subjetivo, llevados hacia el mismo error. Nos alimentamos en
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se derrumba, dando paso a la anarquía y a la venganza privada, lo cual sería por demás lamentable y nada edificante para el desenvolvimiento y supervivencia de la sociedad.
la edificación de un país digno de ser heredado a las futuras generaciones; lo sabemos, este discurso se ha pronunciado desde antaño.
Ihering nos dice que el nacimiento del derecho es siempre como el del hombre, un doloroso y difícil alumbramiento, ¿debemos pues, dolernos de que esto sea así? No ciertamente, porque esta circunstancia, en virtud de la cual los pueblos no llegan al derecho sin penosos esfuerzos, sin trabajos innumerables, sin luchas continuas y hasta vertiendo su propia sangre, es precisamente la que hace nacer entre los pueblos y su derecho ese lazo interno, que al comienzo de la vida, en el nacimiento, se establece entre la madre y el hijo. Se puede decir de un derecho ganado sin esfuerzo, lo que se dice de los hijos de la cigüeña, un zorro o un buitre puede perfectamente robarles; pero ¿quién arrancará fácilmente al hijo de entre los brazos de su madre? ¿Quién despojará a un pueblo de sus instituciones y de sus derechos alcanzados a costa de su sangre? Bien puede afirmarse que la energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos, están en relación proporcional con los esfuerzos y trabajos que les haya costado el alcanzarlos.
Hace más de 200 años se conquistó la independencia de México, hace 100, se gestó una Revolución, en donde miles de mexicanos dieron su vida para que nosotros, nuestros hijos y nietos, tuviéramos una vida digna de ser vivida, en donde se respetaran los derechos fundamentales del ser humano, lo cual a la fecha deja mucho que desear; el camino es largo y sinuoso; existen grandes pendientes en la agenda nacional, concretamente en el ámbito de justicia no resueltos, a saber:
El fin del derecho es preservar la paz social, pero para que ésta exista y prevalezca se requiere del esfuerzo conjunto de gobernantes y gobernados.
No es solamente la costumbre quien da vida a los lazos que los ligan con su derecho, sino que el sacrificio es quien los hace más duraderos, y cuando Dios quiere la prosperidad de un pueblo, no se la da por caminos fáciles, sino que le hace ir por los más difíciles y penosos. En ese sentido no vacilamos en afirmar que la lucha que exige el derecho para hacerse práctico, no es un castigo, es una bendición. Pues bien, aduce el jurista, la defensa de un derecho concreto no es solamente un deber del individuo que es lesionado, para consigo mismo, sino que también es un deber para con la sociedad. Así, queda sentado que defendiendo el individuo su derecho defiende la ley, y en la ley el orden establecido como indispensable para el bien público. Esto es, el hombre debe saber que combatiendo por su derecho individual defiende el derecho en su totalidad; pero además, defendiendo el derecho en general, lucha por su derecho personal; cuando esto no sucede, el derecho simplemente se sacrifica. Hoy nuestro país atraviesa por un momento de transición democrática, estamos en vísperas de elegir a nuestro presidente o presidenta de la República Mexicana y Jefe o Jefa de Gobierno para el DF, respectivamente. Decisiones que habrán de tener un impacto determinante en la vida de todos los mexicanos, pues debemos considerar que la Ciudad de México, es la capital del país, en donde se encuentran establecidos los poderes federales, de cuya organización y funcionamiento depende el desarrollo y la prosperidad de la nación. Los conmino a que participemos entusiastamente con nuestras aportaciones para contribuir en
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a) ¿Qué decisiones va a adoptar el nuevo presidente de México, ante la guerra contra el narcotráfico: continuidad en el uso de las armas; negociación o legalización?
b) Cómo vamos a erradicar el alto índice de impunidad de los delitos en México, cuando según la CNDH y otras instituciones educativas, para el año de 2010, entre 98% y 98.5% de los delitos permanecían impunes; se denunciaba un 22%, que equivalía a 64 mil delitos, de los cuales sólo un 15% se investigaba, y de este porcentaje el 4% concluía, ya sea por lentitud de los proceso o incumplimiento de las leyes, porcentaje que continúa vigente, sin tomar en cuenta la cifra negra. c)
Las cárceles están excesivamente rebasadas en su capacidad y condiciones de higiene que garanticen los derechos fundamentales de existencia y supervivencia de los reclusos. No existen programas de rehabilitación para adictos a drogas y estupefacientes, y menos aún se ha erradicado el tráfico de las mismas, con lo que se logra controlar y extorsionar a la población carcelaria; grupos de fuerza bruta cobran cuotas de “protección” a los más vulnerables, con amenazas cumplidas de verdaderas torturas, en caso de no conseguir la cuota semanal. No importa si se encuentran detenidos en la fase indagatoria o purgando formalmente una condena, la criminalidad interna no distingue de quien puede ser inocente o culpable, es simplemente despiadada, cruel e inhumana. Difícilmente al salir alguien de esa penosa situación, podrá sobrevivir socialmente sin antes ser atendido psicológicamente, y por supuesto, muchos quedan traumatizados de por vida, al haber experimentado la doble victimización: fueron detenidos injustamente y agredidos despiadadamente en un centro de readaptación que debió procurar todo lo contrario.
d)
Los procedimientos judiciales son largos y desgastantes, conformados para efectos prácticos, de 3y hasta 4
instancias, ya sea por la interposición del juicio de amparo directo o indirecto, en donde además existen múltiples reposiciones de procedimientos que hacen retardada y por ende denegada la impartición justicia.
e)
Los auxiliares en la impartición de justicia, sobre todo peritos, resolviendo en el 90% a favor de quien cubre sus honorarios y no de quien tiene la razón materialmente. Muchos abogados perdiendo juicios por errores técnicos, sin reparar el agravio hacia su cliente; y éstos haciendo venganza por mano propia ante la ineficiencia del poder judicial. f) Análisis de la autonomía e independencia judicial, donde se evalúe el desempeño de los consejos de la judicatura locales, la regulación de la carrera judicial y la designación de magistrados, bajo parámetros de excelencia, profesionalismo y objetividad.
g)
Proliferan muchas profesional requerida.
universidades
sin
la
calidad
h)
Se debe analizar la esperanza inconclusa de los juicios orales y la evaluación objetiva de sus resultados.
i)
Hacer coparticipe de la ciudadanía en general, para que opine sobre la organización y funcionamiento de todas las instituciones de procuración e impartición de justicia.
j)
Establecer estándares de calidad en la profesionalización de los servidores públicos.
k)
Debatir sobre la muy comentada colegiación de los abogados para cerciorarse de su desempeño ético y profesional.
l)
Los alcances y los frutos reales de los medios alternativos de solución de conflictos.
m)
El fortalecimiento de todo el sistema educativo básico y universitario en donde se exija a los alumnos respeto, disciplina, valores morales, amor por la patria y por el prójimo.
aprovechar unos cuantos minutos de cada clase para generar conciencia del México que queremos, del México que vamos a reconquistar en estas elecciones. De un cambio que en verdad nos haga sentirnos orgullosos de ser mexicanos, que cuando vayamos o regresemos de otros países, no nos avergoncemos de las condiciones socioculturales comparativas en que nos encontramos ni del desarrollo social, político y cultural que prevalece en nuestro país, que podamos competir en seguridad y en justicia, pero sobre todo, en calidad de vida, a la altura de Canadá, Australia o Suiza, en donde se respeten los derechos fundamentales del ser humano y se cumpla el anhelo de vivir simple y sencillamente felices. Recientemente murió Carlos Fuentes, quien escribiera, entre sus obras, el libro Por un Progreso Incluyente, en donde refiere como objetivo esencial del magisterio, la gran responsabilidad de la educación fincada en la escuela, el maestro y la familia, como base del proceso vertical, ascendente de la educación hacia sus niveles superiores. Es necesario, nos dice el escritor, enseñarle al alumno que no está solo, que está en el mundo, que está con otros; es necesario extender el trabajo individualizado al trabajo compartido, a la prueba de una mayor asimilación de la enseñanza mediante experiencias de trabajo y labor social; que ese proceso de enseñanzaaprendizaje, se extienda a todos, de esa manera podremos lograr que no se pierda el talento de ningún niño, joven o adulto mexicano. Solo así daremos respuesta humana, respuesta mexicana, a los desafíos del nuevo milenio K
La energía y el amor con que un pueblo defiende sus leyes y sus derechos, están en relación con los esfuerzos y trabajos que les haya costado alcanzarlos.
n)
El fortalecimiento de la relaciones familiares a través de programas sociales con perspectiva de género, salarios dignos, recuperación del poder adquisitivo de la moneda, horarios laborales apropiados, fomento de una educación con equidad de género, interacción de maestros, padres y sociedad en la recuperación de valores, por medio del civismo, la cultura, actividades de campo con grupos vulnerables, etc. En fin, estos y muchos otros rubros deben ser materia de análisis verdadero de las personas que aspiran a gobernar, y en especial, del profesorado en derecho, quienes podemos
* Mensaje pronunciado el Día del Maestro en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho el 16 de mayo de 2012. Doctor en Derecho. Catedrático Universitario y Magistrado Familia del TSJDF.
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LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL K Dr. Germán Adolfo Castillo Banuet*
Ahora que el tema electoral está en el centro del debate y que las propuestas de los candidatos debiesen ser el elemento clave para la decisión del voto, viene bien analizar las de los 3 principales candidatos a la Presidencia de la República, a la luz de un tema central para los mexicanos: la seguridad pública y la justicia penal.
L
a ciudadanía reiteradamente ha exigido a las instituciones adoptar las políticas, estrategias y acciones necesarias para retomar el camino de la paz y de la armonía social. Baste recordar las diversas y masivas marchas ciudadanas en diversas ciudades del país. Sin embargo, pareciera que ese anhelo tendrá que esperar aún más. Si bien la reforma a 10 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) publicada en el Diario Oficial del 18 de junio de 2008 es un avance estructural en ambas materias por contener 6 temas básicos:
• • • • • •
Seguridad pública Prevención del delito Combate a la Delincuencia Organizada Extinción de Dominio Sistema penal acusatorio Sistema de reinserción social
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Que de haberse implementado correctamente en los 33 sistemas de seguridad y justicia penal del país (32 locales y 1 federal), cierto estoy que no estaríamos en la problemática actual. La realidad es que aunque lo relativo a la prevención del delito, a la seguridad pública, al combate a la delincuencia organizada y a la nueva figura de extinción de dominio entraron en vigor entre el día siguiente de su publicación y el año siguiente al día de la publicación (19 de junio de 2009), a esta fecha la gran mayoría de las entidades federativas no han cumplido los postulados de esa reforma. Como es sabido y se advierte de los temas indicados, esa reforma es integral y prescribe un cambio de modelo de seguridad y justicia criminal, ya que en el primer tema se torna una competencia concurrente entre la federación, los estados y los municipios, que impone a todos cumplir con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitida el 2 de enero del 2009, y que otorga hasta 4 años para que
todas las corporaciones policiales del país cumplan con el nuevo modelo de desarrollo policial, que incluye el tema ampliamente difundido de la depuración de sus miembros, periodo que está a punto de fenecer y sin embargo tiene un magro avance.
terminado el proceso legislativo para emitir la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Penas. Acaso es rescatable la creación de los jueces de ejecución de sentencias (en el caso federal por Acuerdo del Consejo de la Judicatura quien responsablemente hizo la implementación directa del precepto constitucional reformado), que a pesar de los errores de implementación han comenzado a moderar los abusos del sistema penitenciario.
Aunque los candidatos señalan en sus propuestas la implementación del sistema penal acusatorio oral, no establecen con claridad el cómo, ni indican su compromiso de destinar los recursos suficientes para ese complejo cometido.
En el combate a la delincuencia organizada, se prescribió en la reforma que sería sólo de competencia federal, pero de último momento, se incluyó un transitorio que condicionaba ese cambio (que implicaba a las entidades perder esa poderosa herramienta que es el régimen especial contra el crimen organizado, pero que en buena medida han utilizado para delitos diversos) a que el Congreso de la Unión legislara en la materia, sin ponerle término a esa obligación, con lo que dejaron en el limbo la transición, pues el Congreso no ha legislado en la materia1.
En el aspecto de la prevención del delito, que por primera vez se elevó a nivel constitucional, se han tenido avances normativos, como la emisión de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia o la Ley de la Policía Federal que incluye la investigación para la prevención, pero en los hechos poco se ha avanzado, de ahí que la carga sea en la función policial, pero si ésta, como lo hemos dicho está todavía muy rezagada, entendemos la situación actual. La extinción de dominio es otro ejemplo de lo que no se debe hacer, ya que de origen se acotó en demasía la figura, respecto de su alcance y aplicación en otros países como Italia y Colombia, pero luego el Congreso acotó todavía más la figura, para aprobar un cuerpo inconsistente e ineficaz, que evidentemente no se ha podido aplicar y cuyos resultados son malos, quebrantando la idea original de ser el instrumento líder para impactar las estructuras económicas de la delincuencia organizada. Así llegamos al quinto tema que comprende la reforma constitucional, la reforma al sistema penitenciario, que cambió de objetivo esencial, pues pasó de la readaptación social (concepto de política criminológica adoptado en México en los años setenta) al de reinserción social (política criminal realista y moderna), pero que igual que los anteriores no fue tomada en serio por la mayoría de las autoridades, las que al cuarto para las doce, es decir unos días antes del 19 de junio de 2011, cuando fenecía el término constitucional para su entrada en vigor, aprobaron cualquier tipo de ordenamientos secundarios para intentar cumplir con la reforma, los que desde luego han implementado a la ligera y con magros resultados. En el fuero federal el punto está aún peor, ya que a la fecha no se ha
Ahora nos avocaremos al tema más conocido y esperanzador de la reforma constitucional, o sea, el sistema acusatorio, coloquialmente conocido como el de los juicios orales, que comprende un revolucionario cambio en el procedimiento penal que parte de la filosofía propia del estado democrático de derecho, es decir el respeto a las libertades individuales, encabezadas por la presunción de inocencia, acompañada del debido proceso, lo cual conlleva a una nueva asignación de funciones y cargas para la trilogía procesal y sus auxiliares. Sin duda que ese nuevo sistema exige mejorar la calidad de los operadores empezando por los policías, los agentes del Ministerio Público (MP) y los peritos, al ser la triada que debe realizar la investigación, para que el representante social haga la persecución de los posibles delitos, toda vez que le suprime a este último 2 de sus principales herramientas legales, la fe pública en sus actuaciones y el valor de prueba preconstituida a sus actuaciones, gracias a lo cual ha logrado la mayoría de sus sentencias condenatorias. En ese sentido, para que el MP sea eficiente y eficaz en los procedimientos con el sistema acusatorio, deberá realizar por sí y con sus socios estratégicos investigaciones profesionales y reales (no formales), que le permitan acudir al proceso con verdaderas expectativas de éxito. Pero como la sociedad lo que exige son soluciones rápidas a la mayoría de los conflictos penales (especialmente en casos menos graves), la reforma plantea hasta 6 opciones legales para esa solución, a través de la justicia alternativa
1
Hay quien sostiene que el decreto de reformas a diversos ordenamientos publicado
el 23 de enero del 2009 conlleva el ejercicio de esa potestad, y que entonces, a partir de esa fecha la competencia sólo es federal. Opinión que no comparto pues basta ver si el legislador secundario en algún momento de ese proceso legislativo dijo que estaba ejerciendo la facultad señalada en el artículo sexto transitorio del decreto del 18 de junio antes aludido, aunado a que objetivamente la reforma de enero del 2009 si bien incluye algunas modificaciones a la LFCDO en esencia es otra su finalidad y éstas reformas a la citada Ley evidentemente no constituyen la pauta a la que se refiere el transitorio constitucional.
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criminal y la sociedad advierte que se realizó justicia, pero todo esto en 72 horas y no en meses o años como ahora acontece. El proceso abreviado seguiría la misma suerte del anterior, pero en mi óptica debiese aplicar a casi todos los delitos, y puede pactarse ya avanzada la investigación judicial, por lo que se orienta a obtener la colaboración del imputado. Sobre todo tratándose de delitos cometidos con pluralidad de sujetos activos o si el inculpado es miembro de una organización delictiva, entonces existen razones de conveniencia social para conferirle una reducción en su condena a cambio de su colaboración que permitirá imputar y acusar a otros investigados. Como se advierte, estas formas de justicia además de novedosas son prácticas y posibles gracias a la maximización del debido proceso y el derecho a la defensa del detenido desde el momento inicial, por lo que al desterrarse el oscurantismo de la averiguación previa tradicional, es factible este tipo de soluciones, en los hechos, consensadas bajo los criterios de la ley y de las normas aplicables entre el MP y el defensor, con previa y suficiente asesoría al imputado. Entonces, la mayoría de los casos tendrán soluciones anticipadas y sólo algunos, en los que el fiscal estime que cuenta con elementos suficientes a presentar y desahogar verdaderamente en el juicio contradictorio y oral, o la defensa estime que tiene posibilidades de éxito, deberán requerir el juicio oral.
(también denominada mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en el artículo 17 reformado); de igual forma existen los acuerdos reparatorios que aplican en delitos perseguibles a petición de parte aun cuando existe investigación o proceso; en otros casos, los criterios de oportunidad (previstos en el artículo 21 constitucional) permitirán suspender la investigación, incluso sin acudir al juez, si el sospechoso acepta un plan de reparación que restaure la afectación a la víctima y asegure la no repetición de su conducta. Asimismo, las formas anticipadas de terminación del proceso (previstas en el artículo 20, apartado A, fracción VII), como la suspensión del proceso a prueba que aplican cuando ya se judicializó el caso, se ha iniciado el proceso, y el MP propone esa suspensión a cambio decumplir un plan de reparación que incluye la reparación del daño y la garantía de no reiteración de la conducta; o bien, el proceso simplificado (que se propone en el Código Federal de Procedimientos Penales) y que en mi opinión debe proceder para delitos cuya pena permita la aplicación de sustitutivos penales o la condena condicional, cuando el caso se inició por flagrancia con detenido,éste es primodelincuente, y una vez asesorado legalmente el investigado acepta los hechos imputados y repara o garantiza la reparación del daño, con lo cual la víctima encuentra respuesta a su derecho, el sentenciado obtiene un beneficio de política
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Para implementar estos cambios estructurales se requiere una verdadera visión de Estado, alta prioridad política y amplio financiamiento, pues no puede implantarse sólo con leyes y buenos deseos. La experiencia de los primeros temas de la reforma es la mejor prueba de que el sistema acusatorio exige mayor voluntad de los gobernantes y legisladores. Es penoso reconocer que ni en 2008 ni 2009 el Congreso de la Unión destinó recursos etiquetados para la implementación en el fuero federal y menos para las entidades federativas y sólo comenzó tímidamente en 2010, para otorgar en 2012 la insignificante cantidad de 423 millones de pesos, a repartir entre las 32 entidades federativas. Baste señalar que sólo 3 entidades federativas han alcanzado la implantación del sistema acusatorio en todo su territorio y para todos los delitos (Estado de México, Chihuahua y Morelos), aunque con grandes dificultades en su operación y resultados aún por evaluarse. Ciertamente 7 entidades más han iniciado la operación del sistema en algunas regiones o delitos, pero con desempeños francamente azarosos. La implementación ordenada de la reforma en el país, exige cuando menos 5 años, entonces estamos rezagados, pero además, se requiere la homologación de sistemas estatales, de manera que no incrementemos el caos actual. Si bien por obstáculos políticos no se ha podido establecer la legislación procesal penal única en el país, como sí sucede en otros estados federales como Alemania y Suiza, al menos tratemos
de mantener sistemas coherentes y consistentes. Creo que con lo anteriormente explicado se advierte la magnitud del reto asumido, y lo grave que resulta que a casi 4 años después de publicada la reforma estemos en ese nivel de resultados. Por eso, quiero llamar la atención de Andrés Manuel López Obrador, de Enrique Peña Nieto y de Josefina Vázquez Mota2 quienes incluso en el debate del pasado 6 de mayo dijeron que apoyaban la implementación del sistema acusatorio, para que consideren los 3 elementos anteriores en sus propuestas y en su caso, en el Plan de Desarrollo, ya que aunque sí señalan en sus propuestas de campaña, la implementación del sistema, no se establece claramente el cómo, ni indican su compromiso de destinar los recursos suficientes para ese complejo cometido. Implantar correctamente la reforma al procedimiento penal en los 3 fueros (de guerra, federal y común) tiene un costo de alrededor de 35 mil millones de pesos para sus 8 ejes de implementación (planeación, reorganización, infraestructura, equipamiento, tecnologías de la información y comunicación, capacitación, difusión y normatividad), requiere un trabajo coordinado de los equipos interinstitucionales y multidisciplinarios de los 34 sistemas de justicia del país (incluyendo el militar); exige el apoyo total al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y a su Secretaría Técnica, que es la encargada de operar la coordinación nacional, pero lamentablemente hoy con pocos “dientes”.
La sociedad necesita, exige y merece que los 3 candidatos se comprometan a una implementación correcta de la reforma constitucional. No hacerlo así, podría empeorar la tragedia nacional (véase los problemas que padecen varios países latinoamericanos por la deficiente implementación de este sistema), ya que por las nuevas reglas se pierde el tradicional poderío del MP, quien de no tener los medios para hacer investigaciones serias y profundas, terminará naufragando en un proceso notablemente bondadoso con el imputado, y con ello, las víctimas serán las que de verdad resulten lesionadas en sus derechos, pero primordialmente en sus sentimientos, y entonces, sí seremos un estado fallido. Hoy son candidatos, mañana alguno será presidente, comprométanse desde ya y hagan la debida planeación y presupuestación para el éxito, el país lo demanda ahora, no cuando su sexenio termine K
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Señalados en orden alfabético por su nombre. De igual forma deben comprometerse
los candidatos a las gubernaturas y a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, pues la obligación es de ambos niveles de gobierno. *Doctor en derecho penal. Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México. Correo: gcbanuet@gmail.com
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APRUEBA EL CONGRESO LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS K Marco A. Ríos
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uego de haberlo hecho el Senado, en un procedimiento fast track, el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados aprobó la tan reclamada Ley General de Víctimas que busca poner en su justa dimensión el papel de las víctimas en el marco de la lucha contra el crimen común y organizado, emprendido por el Presidente Felipe Calderón. Numerosas ONGs aplaudieron la medida, de la que se declaran principales impulsores el poeta Javier Sicilia y sus seguidores. Sin embargo, también advirtieron que si no se implementan las acciones necesarias para su aplicación, esta ley se convertirá en letra muerta en poco tiempo. Aunque aún no se anuncia fecha cierta para que el Ejecutivo Federal promulgue la nueva ley, existe preocupación porque hasta el momento no queda muy claro de dónde surgirán los recursos económicos para cumplir con sus objetivos: sí bastará con lo confiscado al crimen organizado o si se destinará una partida presupuestaria suficiente para darle vida. Tampoco se ha definido quiénes serán las personas que encabecen los órganos previstos, para que lo escrito en el texto legal sea cumplido. Con la nueva legislación se busca lograr una reingeniería del sistema de justicia a favor de las víctimas de la violencia y del delito que incluya medidas para la reparación del daño. Pretende también crear un diagnóstico del perjuicio originado durante el periodo de la lucha contra el narcotráfico, que conllevaría a conocer con mayor exactitud el número de personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas, extorsionadas, etc. La ley promueve la creación del Registro Nacional de Víctimas, el Registro Nacional de Datos Forenses, un fondo para la reparación del daño y que se enuncien derechos, como la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. Este ordenamiento es el producto de una amplia consulta entre las bases de cientos de víctimas o de miles, si se toman en cuenta las representaciones victimales que hablaron en su nombre, así como de muy diversas propuestas e iniciativas que fueron presentadas en ambas Cámaras en distintos momentos, sirviendo de base para su elaboración el proyecto redactado por investigadores, abogados especialistas y defensores de Derechos Humanos, convocados por el INACIPE, donde se atendieron en buena medida las propuestas
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hechas por la UNAM, quien a través de la oficina de su Abogado General, Luis Raúl González, realizó también una iniciativa. Estos trabajos fueron enriquecidos con las aportaciones de diputados, senadores e interesados en los derechos de las víctimas. La ley contiene la protección, atención y reparación integral de los derechos de las víctimas en general, ya sea delitos como violaciones a Derechos Humanos y va a complementar la legislación especializada adoptada en la materia con el objetivo de brindar mayor protección a las víctimas. Asimismo, establece la distribución de competencias a la Federación, a los Estados, al Distrito Federal y municipios, definiendo las responsabilidades de todas las dependencias e instancias de los 3 poderes que participan, de conformidad con sus propias atribuciones, en la aplicación de los componentes de la ley. En el capítulo II titulado Concepto, Principios y Definiciones, se establece el concepto de víctima que recoge los estándares internacionales en la materia, que a su vez responden a la evolución del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente en el ámbito de la ONU, y en el del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia. Por otro lado, instaura principios rectores que ayudan a la interpretación de los contenidos de la misma, como los derechos sustantivos de las víctimas, y la forma en que deben conducirse las autoridades desde su primer contacto, hasta la forma en la cual debe leerse el contenido de los programas enfocados a su reintegración en la sociedad y a la recuperación de los efectos por el daño sufrido. Dentro de los Derechos Generales de las Víctimas, se establecen la ayuda, la asistencia y la atención, a fin de que se conviertan en el centro de protección de la norma. Por otro lado se obliga a un acceso equitativo y efectivo a la justicia, por lo que se incorporan elementos que permiten abrir el camino hacia el cumplimiento de este derecho, en particular, el acceso a la justicia para mujeres y niñas en casos de violencia de género. El proyecto reconoce la importancia de hacer efectivas las reparaciones dictadas por mecanismos públicos de Derechos Humanos, como las comisiones de Derechos Humanos, así como de instancias internacionales que determinen la obligación de reparar el daño por parte de las autoridades mexicanas.
Otro de los puntos relevantes de la ley es el referente a la educación, que busca asegurar el acceso y permanencia de las víctimas al sistema educativo, si se hubieran interrumpido los estudios a causa del delito o de la violación a Derechos Humanos. Se pretende que queden excentas de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior o a recibir apoyo con becas para cubrir al menos estos niveles de estudio; de igual forma las instituciones deberán contribuir a la pronta reincorporación de la víctima a la sociedad y, en su momento, a las actividades productivas. Las autoridades encargadas deberán contar con la infraestructura y capacidad para la prestación de servicios educativos, apoyar a niños, niñas y adolescentes que sean víctimas con paquetes de libros y uniformes para que puedan participar y permanecer con dignidad en las actividades educativas.
población. Advirtió que un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las víctimas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que el propio Estado tiene la responsabilidad de crear un sistema que permita encontrar un acceso oportuno y suficiente a los sistemas de justicia que ponderen antes que la re victimización a la población, la creación de mecanismos que contribuyan a eliminar la injusticia y la inequidad y busquen reparación integral de sus daños, fines todos estos que inspiran la creación de la ley aprobada por ambas cámaras.
Se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para regular y supervisar todos los fenómenos
y políticas públicas vinculadas a la protección,
asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación a las víctimas, en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Otro de los aportes son las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia. De esta forma, se otorga el derecho a elegir libremente a su representante legal frente a procedimientos penales y a solicitar la asesoría jurídica gratuita y permanente en caso de no contar con los medios para designarla. Con ello se prevé la asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición o la asistencia en el proceso penal durante la etapa de investigación, el juicio, y la etapa posterior al juicio. En lo que respecta a las Medidas de Reparación Integral, se establecen varias medidas, como de Restitución.
La ley, señala Hernández Barros, crea responsabilidades compartidas a los 3 órdenes de gobierno, así como a un sinnúmero de entidades e instituciones para su labor conjunta en pro de la salvaguarda de los derechos victimales. Conforme al texto aprobado de la Ley, todas las víctimas deben de ser atendidas, incluidas todas y cada una de los que han sufrido desde los delitos más bajos hasta los actos de violación de los Derechos Humanos más graves que puede haber. El ordenamiento, establece y coordina los mecanismos y componentes necesarios para explicar, promover, difundir, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. De igual forma vincula a todas las autoridades en el ámbito de sus distintas competencias para que cumplan con sus obligaciones en este tema. Al realizar un análisis de la ley,
El Dr. Julio Hernández Barros, Catedrático de Derecho Penal del INACIPE, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España, señaló que se trata de una respuesta para mitigar el enorme dolor y sufrimiento ocasionado por la inaplicación de otras leyes. Esta realidad, apunta, no ha sido soslayada por parte del poder legislativo federal, que tiene entre sus altas encomiendas la creación de instrumentos jurídicos que colaboren con la protección y seguridad de la
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detalla que ésta reglamenta el tercer párrafo del artículo primero, el artículo 17 y el apartado C) del artículo 20, de la Constitución. Se establecen los derechos de las víctimas que reclaman ayuda, asistencia y atención; abarca también al derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Establece, apunta, las medidas de ayuda inmediata y humanitaria en el orden de la salud, alojamiento y alimentación, así como en materia funeraria y de transporte; determina las medidas de protección y asesoría jurídica y hace énfasis en las víctimas que tienen una especial condición de vulnerabilidad. “Es sumamente relevante para este documento legislativo, que el Estado garantice el restablecimiento en el ejercicio pleno de los derechos de la víctima, y que promueva la superación de esa condición, a través de medidas de salud, educación, economía y desarrollo, además de las que traten de la procuración y administración de justicia”, destaca el especialista.
Víctimas será operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De acuerdo con el capítulo 83 de la referida ley, será el órgano ejecutivo por el que opera el Sistema que permite la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en todas las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, propiciando su intervención en la gestión y la construcción de políticas públicas, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema con el objetivo de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones. Estará descentralizado de la Administración Pública Federal, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios; goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal. De ella derivan el Fondo del Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Registro Nacional de Víctimas.
Al final del sexenio de FCH, con más de 50 mil
muertes, 20 mil desapariciones y 160 mil desplazados, tenemos una ley, que brinda la posibilidad de un registro nacional de víctimas, de desaparecidos,
y un fondo económico para sus indemnizaciones: JAVIER SICILIA
Mediante la Ley General de Víctimas, se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, máxima institución en la materia en nuestro país, el cual establece, regula y supervisa las directrices, planes, programas, proyectos, acciones, y demás políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas, en los ámbitos federal, estatal y municipal. El Sistema de Atención a
Momento Histórico Una de las organizaciones que más presionaron para darle vida a la Ley de Víctimas fue el encabezado por el poeta Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). En su momento, señaló que durante más de un año, desde lo más profundo de su indignación, el Movimiento no dejó de abrazar el sufrimiento de México. A lo largo de marchas, caravanas y diálogos, nunca perdió de vista lo que el Estado asumió en una monstruosa abstracción de la estadística: seres de carne y hueso a los que no sólo les han asesinado o desaparecido a un ser querido o han tenido que emigrar para escapar de la amenaza, la extorsión o la violencia, perdiendo sus patrimonios, sino a los cuales se les ha criminalizado: han carecido de nombre, de asesoría jurídica y psicológica y del más mínimo trato humano. La lucha, advierte Sicilia, logró la aprobación en las Cámaras una de sus demandas centrales: el reconocimiento legal y hasta entonces negado por el Estado de la existencia de esos seres y cuyo instrumento es la Ley General de Víctimas. Con ella se busca reparar las omisiones de las víctimas de la violencia. “Para quienes somos parte del Movimiento por la Paz, este logro ha sido resultado de dialogar con las instituciones y
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hacer propuestas concretas en diversos ámbitos gubernamentales así como manifestarnos pacíficamente; de reuniones con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil y hasta de semanas intensas de reuniones con legisladores previo a su aprobación.” Aunque reconoce que no se resolverán las causas ni el origen de la violencia, la impunidad o lo profundos agravios de la estrategia fallida de la guerra contra las drogas, muestra, al reconocer la realidad y la necesidad de justicia de las víctimas, la debilidad del Estado y la poca voluntad de quienes conducen este país para enfrentar la actual emergencia nacional desde una agenda estructural y sienta una mínima base para enfrentar a la situación actual. “Por fin, al final del sexenio, con más de 50 mil muertes, más de 20 mil desapariciones y más de 160 mil desplazados, tenemos, con esa ley, la posibilidad de un registro nacional de víctimas y de desaparecidos, y un fondo económico para sus indemnizaciones. Tardía pero necesaria respuesta al inmenso dolor de la nación y a los largos sacrificios del MPJD.” Isabel Miranda, presidenta y fundadora de la asociación Alto al Secuestro, manifestó su beneplácito por el trabajo realizado en la Cámara de Diputados a fin de que México cuente con una ley que urgía dado las terribles condiciones en las que vive la sociedad. Señaló que la ley debe formar parte de todos los Códigos de Procesos Penales a niveles federal y local, pues de lo contrario se quedará como “ley accesorio”. Recordó que uno de los crímenes que más lastiman a la sociedad mexicana, es el secuestro, ya que no solamente daña a la víctima, sino a toda su familia, sus ingresos y su entorno cotidiano. Se trata, destacó, de un delito que se ha incrementado considerablemente durante los últimos 5 años, pero cada vez con más violencia, dejando a su paso familias destrozadas, desintegradas, víctimas que no llegan a reincorporarse al desarrollo personal, social y creando una sociedad con desconfianza en la autoridad. “En Alto al Secuestro, a través del conocimiento empírico, y después profundizado mediante el trabajo de académicos y expertos en la materia, nos dimos cuenta que hacían falta mecanismos eficaces que permitieran generar prevención general para el delito de secuestro y también derechos a favor de las víctimas del secuestro, por lo que se elaboró una propuesta concreta que fue enviada al Congreso de la Unión.” Entre los beneficios que se plantean en la nueva ley, destacan que ahora se da un enfoque integral y amplio a la figura de víctima del secuestro, considerando como víctimas directas aquellas en las que recae la conducta delictiva, y como víctimas indirectas a los familiares o personas cercanas a la primera. Este nuevo concepto permitirá brindar diversos derechos a la familia de las víctimas, ya que en algunos casos la atención se brinda solamente a la víctima directa, dejando a un lado su entorno familiar. Se crea la obligación de garantizar por todos los medios el derecho a no ser víctima del secuestro, por tal motivo, el Estado mexicano, en sus 3 ordenes de gobierno, deberá crear programas encaminados a prevenir su comisión y además, que esos programas sean supervisados, con el fin de garantizar su efectividad. “La prevención del delito toma un aspecto integral y transversal en las políticas públicas y criminales de la autoridad, con esto se busca su efectividad en la aplicación”, aseguró Isabel Miranda.
Objetivos de la Ley General de Víctimas Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de Derechos Humanos; Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones. Asimismo, reiteró que dentro de los elementos de mayor relevancia se encuentran los beneficios para la víctima, los cuales van desde la interrupción de los procedimientos administrativos y judiciales en su contra, ya sean civiles, fiscales o mercantiles, hasta la asistencia especializada en materia de salud para que la víctima pueda tener una rehabilitación óptima. La interrupción de los procedimientos se da bajo el argumento de que la víctima se encuentra privada de su libertad injustificadamente o en que la situación de la familia es tal, que no puede ocuparse de otro asunto, que no sea el hecho de hacer todas las acciones posibles para ver de regreso a su familiar con vida. Así también, se considera que los pagos de rescate sean deducibles de impuestos considerando que el ciudadano cumple puntualmente con el pago de sus impuestos y por su parte el Gobierno Federal o local, incumple con la obligación de proporcionar y de garantizar sus derechos fundamentales, que en este caso son la vida y la libertad K
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INDIGNANTE SECUESTRO DE NUESTRA EDUCACIÓN BÁSICA K
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esde la Revolución Industrial inglesa y durante casi todo el siglo XX se tuvo la acertada convicción de que para lograr que un país saltara del tercer al primer mundo era indispensable que se industrializara. Hoy, las exigencias para superar el subdesarrollo, o mantenerse entre las naciones avanzadas, se han modificado sustancialmente. Profundos cambios en todos los sectores de la actividad humana han llevado al mundo a lo que ahora tiende a denominarse como la sociedad postindustrial o sociedad del conocimiento. Hoy, lo que ha sido quizá la industria más pujante, la que ha marcado un nuevo modelo de vida para la humanidad, la que encumbró y simbolizó a los países más adelantados del planeta, la poderosa industria de automotores, ya se ha vuelto una labor de segunda importancia que tales países empiezan a delegar en los subdesarrollados. En la actualidad nos encontramos entre las grandes potencias de la industria automotora las naciones atrasadas: China, Brasil, India, México y Rusia, estamos entre los productores más importantes del mundo, por encima de muchas naciones desarrolladas. El mundo moderno desplaza progresivamente al tradicional sector industrial y otorga cada vez más importancia a los sectores de mayor rentabilidad, como son diversos servicios y las industrias de punta, en especial a aquellos vinculados estrechamente con el desarrollo científico y tecnológico. Hoy el país que incurra en la grave falla de descuidar el conocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología automáticamente se condena al atraso, al subdesarrollo, a la pobreza, al subempleo, al trabajo mal pagado y a muchos males más. En tales circunstancias, el cimiento fundamental, la base indispensable de una sociedad que pretenda superarse, se encuentra justamente en la educación básica, en la formación que podamos darle a nuestros infantes y adolescentes mientras cursan la primaria y la secundaria. Por desgracia en México vivimos una verdadera tragedia en ese campo. Pero por fortuna, a pesar de la férrea resistencia e intransigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que perniciosamente se ha esforzado por ocultar o por negarse las deficiencias, se filtraron los deplorables resultados de las pruebas que se aplicaban a nuestros estudiantes de educación básica en el esquema de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De esta manera, gracias a un elemental e indispensable sistema de evaluación, hemos descubierto y tomando consciencia del apabullante drama educativo, de la penosísima realidad de nuestra educación básica.
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Dr. Alejo Martínez Vendrell
En los resultados trianuales obtenidos en las pruebas PISA, en los 3 criterios de competitividad que se ponderan; matemáticas, ciencias y lectura, invariablemente no sólo quedamos en el último o penúltimo lugar dentro de los países de la OCDE, sino que además, con base en esos datos objetivos, se calcula que de nuestros egresados de secundaria, apenas alcanzan el nivel promedio de conocimientos de los egresados de primaria del conjunto de la OCDE. Es decir, que nuestros estudiantes necesitan 9 años para aprender lo que otros conquistan en tan sólo 6. Eso es lo que podemos llamar una verdadera tragedia para el presente y el futuro de nuestro país. Hacia principios de la década de 1980 el peso del comercio internacional de México en el Producto Interno Bruto (PIB) representaba menos del 10% del total, mientras que en la actualidad rondamos ya el 30. Es decir, que al menos hemos triplicado su importancia en tan sólo 3 décadas. En general, en el mundo hemos visto comportamientos similares. Como efecto natural de la globalización los países se abren aceleradamente al comercio internacional, algunos de ellos, como China, con un éxito sorprendente. Esto se traduce en un hecho trascendental e ineludible: si no queremos ser aplastados por la progresiva competencia exterior, debemos ser más competitivos en nuestros campos de acción y construir un aparato productivo interno crecientemente competitivo para, por lo menos, mantenernos a flote o para superar el lastimoso subdesarrollo.
Si tenemos en cuenta que uno de los principales factores de la producción es el trabajo y que en una sociedad postindustrial o del conocimiento, éste depende cada vez más de la formación académica, la ciencia y la tecnología, nos toparemos con la cruda realidad de que aumentar nuestra ineludible competitividad exige, reclama imperativamente el partir de una sólida y competitiva educación básica. Mientras sigamos estancados en la grave deficiencia de graduar alumnos de secundaria con nivel apenas de primaria, nos seguiremos encadenando al subdesarrollo, a la pobreza, a la desigualdad social, a la incompetencia nacional e internacional entre otras múltiples desgracias. Por eso, hoy más que nunca, nuestra educación básica demanda que el gobierno federal y los locales, así como la sociedad mexicana en su conjunto, le otorguemos máxima prioridad para enfrentar la urgente e imprescindible superación de las deplorables y mayúsculas deficiencias que hoy padece. Seguir sólo contemplando imperturbable y pasivamente la abusiva privatización de la educación pública básica en provecho casi exclusivo de una muy reducida y nociva cúpula sindical, sería condenarnos de forma indefectible al perpetuo subdesarrollo.
Ejecutivo y frente al propio Presidente de la República, a la candidata presidencial de su partido político, su ex titular de la SEP, quien actuó siempre siguiendo las instrucciones presidenciales, acusándola directamente de haber “envilecido el diálogo por su cortedad de miras” y de haber “supeditado la administración educativa a una ambición personal carente de autoridad moral”. Para rematar, la desprestigiada lideresa se lanzó con acritud contra el nuevo titular de la SEP recriminándolo falazmente por no cumplir con lo pactado con el SNTE, a fin de continuar obstaculizando el cumplimiento de su declarado compromiso en favor de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Puede comprenderse que el Presidente FCH, por prudencia y por no caer en una incómoda controversia pública haya decidido callar y no contestarle. Pero difícilmente podrá justificarse el que no llegue a tomar medidas eficaces para contrarrestar la desbordante prepotencia de la señora Elba Esther Gordillo, quien ha logrado colocarse por encima de quienes teórica y jurídicamente debieran ostentar la capacidad de dirección de la SEP. Y aun de mayor relevancia que eso, resulta imperativo tomar medidas contundentes contra tan chantajista prepotencia a fin de proteger y reparar nuestro hoy deplorable nivel de educación básica.
Mientras sigamos estancados en la grave deficiencia de graduar alumnos de secundaria con nivel apenas de primaria, nos seguiremos encadenando al subdesarrollo.
Es justo durante la etapa de la educación básica cuando el papel del buen maestro puede ejercer un impacto e influencia verdaderamente extraordinarios que deje positiva y favorable huella en los educandos para todo el transcurso de su vida. Entre nuestro enorme cuerpo docente, por ventura son muchos profesores los que poseen la voluntad, la vocación y las aptitudes para realizar ejemplarmente su tarea y la hacen, pero hoy tienen que llevarla a cabo a contracorriente de un retardatario sistema que no los estimula ni los premia, sino que privilegia las lealtades u obsecuencia sindicales, los méritos políticos y aun electorales por encima de los estrictamente académicos. Por lo expuesto es urgente e imprescindible que se estimule y capitalice el enorme potencial hoy desviado u oprimido de nuestro cuerpo magisterial. Es imperativo que ya no sean las lealtades sindicales sino los méritos académicos, el esmero en el trabajo con los alumnos, el rendimiento objetivamente mesurable de su desempeño, lo que en adelante constituyan los criterios centrales para definir niveles salariales, promociones escalafonarias y designaciones para los puestos de supervisión y dirección. Se tiene que erradicar ya la irracional e infausta delegación de la trascendental responsabilidad de dirigir la política educativa que de manera disimulada pero muy real y tangible ha hecho la Secretaría de Educación Pública (SEP) en manos de una extorsionadora, reducida y privilegiada cúpula sindical. Algunas actitudes son sintomáticas y reveladoras de esa desmesurada influencia que se les ha cedido: es verdaderamente lastimoso que la lideresa vitalicia del SNTE critique sin mayores fundamentos y con enorme severidad, en la casa del Poder
La educación en México no tiene rescate ni puede tener futuro mientras nuestras autoridades públicas se encuentren amedrentadas por actitudes de quienes ostentan un injustificable poder que afrenta al presente y atenta contra el futuro de los niños y adolescentes de México. Si queremos que la educación pública sea una eficaz vía de redistribución del ingreso, de mayor igualdad o equidad de oportunidades, de superación de los estratos sociales más desfavorecidos, de superación personal, cultural y profesional de nuestros educandos, de construir mejores aptitudes para enfrentarse al cruento pero ineludible mercado laboral, es de máxima importancia que la educación que proporcione el Estado a los estratos de menores ingresos sea verdaderamente de calidad. Si queremos lograr los muy deseables objetivos de justicia y equidad sociales, de mayor igualdad de oportunidades, de volver a hacer de la educación una fórmula de ascenso social, el mecanismo más eficaz de que disponemos radica en acentuar la capacidad y competitividad de nuestros educandos por la vía de la elevada calidad educativa. Lamentablemente no lo entiende así nuestro Señor Presidente FCH, demasiados gobernadores, la CNTE, el SNTE y por infortunio, muchos otros. Como lo ha mostrado la aleccionadora Asociación Civil Mexicanos Primero, ante la lenidad o los abusos prevalecientes, una responsabilidad que parece recaer cada vez más en la sociedad organizada es la de presionar y apoyar con la mayor fuerza moral posible a tales actores, más políticos que educativos, para cumplir con mucha mayor eficiencia sus respectivas funciones y se ajusten a ellas o ya no permitan que se las continúen invadiendo K
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Tiempo de Saber
ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN EN TIEMPOS ELECTORALES K Mtro. Jorge Antonio Alfaro
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na anécdota frecuente en el mundo de los cinéfilos dice que el famoso actor y director del cine mudo, Charles Chaplin, se presentó a un concurso de imitadores de Charlot, su célebre personaje; ni siquiera pasó de la primera ronda del evento efectuado en San Francisco. Así lo afirmó el mismo Chaplin en una entrevista publicada en el Chicago Herald el 15 de julio de 1915. El episodio es ilustrativo de cómo juzgamos a otros a partir de un patrón de referentes que, en muchos casos, constituyen un estereotipo. Qué resulta más posible, que Chaplin perdiera porque no se imitó bien a sí mismo, o porque su actuación no se apegó al ideario de los jueces de cómo lucía y caminaba Charlot.
discriminatorias. No obstante los intentos de los países democráticos por generar, a través del discurso oficial y la educación, una cultura del respeto y la inclusión, la discriminación en forma abierta o velada sigue siendo un cáncer social.
Es paradójico ver cómo las instituciones responsables de fomentar la participación democrática son de las primeras en coadyuvar a la intolerancia y la discriminación.
Si a un grupo de personas, incluidos los lectores, pedimos que se imaginen un abogado británico y que lo describan, ¿a quién se parecerán más las imágenes descritas, a Tony Blair o a Mahatma Gandhi? Si por el contrario, si visualizamos un sujeto durmiendo al sol, moreno, vestido de manta, sombrero y huaraches ¿en quién pensamos, un indígena mexicano o un pacifista hindú o un turista americano? Y si queremos ir más allá, podemos preguntarnos ¿cómo es esa persona, trabajadora, sabia, tranquila o es holgazana, ignorante y apática? El estereotipo, como visión prejuiciada y exagerada de las características más evidentes de una persona, un grupo social, una nacionalidad o una raza, es uno de los factores de mayor peso para incurrir en prácticas
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Prejuicio y estereotipo van de la mano, el primero engendra al segundo. El prejuicio ocurre cuando no nos damos oportunidad de considerar lo que las personas realmente son. El aprender a calcular a la gente desde la impresión causada en los primeros segundos, se cultiva como habilidad social de la que solemos preciarnos. En efecto, reaccionar rápido ante quien representa una amenaza puede ser un mecanismo necesario para sobrevivir en la sociedad, pero en cuantos casos la amenaza está más en la propia percepción que en el peligro real.
En México tenemos estereotipos que se han convertido en clásicos, con un arraigo tan profundo, que desenmascararlos demanda un esfuerzo crítico. El español conquistador, empresario, rico, déspota y cruel; el indio noble, pero pobre e ignorante; el político corrupto, mentiroso e hipócrita pero a veces simpático; la madre sublime, abnegada y casi santa. Tan solo cuatro ideas de nuestra capacidad de distorsionar una percepción y llevarla a un extremo peligroso, sí peligroso, porque darle carácter de verdadero a los estereotipos nos conduce a actuar en forma excluyente y excluir es el inicio de la discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha aplicado 2 encuestas
nacionales sobre discriminación; la primera en 2005 y la segunda en 2010. Los estudios miden la percepción que los mexicanos tenemos sobre la igualdad de oportunidades y derechos,
se pretende callar a golpes al adversario político, estamos dando muestras de nuestra incultura política, de nuestra falta de democracia y nuestra incivilidad. Los estereotipos y la discriminación no son particularidad de los mexicanos y su democracia, incluso en democracias más antiguas y en países más ricos es frecuente encontrar oleadas de xenofobia, racismo, intolerancia religiosa y política; no por ello es menos triste y denigrante nuestra situación. El problema sigue siendo cómo avanzar hacia una sociedad más respetuosa y tolerante de quien es diferente ya sea por su color de piel, idioma, religión o ideología; cómo aprender a convivir en equilibrio aun con quien no ve el mundo y actúa igual que uno mismo. Tampoco es sensato responsabilizar a los partidos políticos como únicos causantes de la discriminación política, pues en esencia no hacen sino reflejar y expandir el pensamiento y las actitudes del común de la gente. Sin embargo, sí cabe preguntarse por qué son de las instituciones con menor confianza por parte de la gente, ¿tendrá algo que ver con su capacidad de generar discordia? La siguiente gráfica muestra el grado de confianza de la población de México en varias instituciones, nótese que los partidos ocupan el último lugar.
especialmente respecto a grupos considerados vulnerables, discapacitados, niños, minusválidos, indígenas, mujeres, etc. Entre los muchos datos relevantes que describen nuestra sociedad se puede citar que 2 de cada 10 personas en México consideran que han sido discriminados por su falta de dinero, su apariencia física o Comprender y juzgar menos, respetar más y descalificar menos, su edad (Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, son algunos de los principios que partidos, gobierno y en general la p. 39). sociedad requiere comenzar a vivir en forma más efectiva y no tan Por otra parte, “6 de cada 10 personas en nuestro país consideran solo en discursos K que la riqueza es el factor que más divide a la sociedad, seguido por los partidos políticos y la educación” (Obra citada, p. 18). Los partidos políticos, como segundo Escala de confianza en actores políticos y sociales? factor generador de división, es un aspecto digno de En una escala de 0 a 10, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho, tomarse en cuenta en tiempos electorales, cuando las que tanta confianza tiene usted en... polaridades se agudizan, los prejuicios y estereotipos cobran nuevos bríos. Asociar a los militantes o ACTORES PROMEDIO simpatizantes de un partido con la violencia, la La familia 9.1 intolerancia o la corrupción son recursos fáciles; Las universidades públicas 8.0 probar tales asociaciones con hechos concretos y La iglesia 7.7 El ejército 7.6 datos verificables ya no es tan fácil, además se corre Los maestros 7.4 el riesgo que el partido defendido peque de lo mismo El Conapred 7.2 al cual se acusa. Y para terminar de aderezar la medición de nuestra intolerancia, resulta que 43% de la gente, la que menor escolaridad tiene, no permitiría que en su casa vivieran personas con ideas políticas distintas a las suyas. Es paradójico ver cómo las instituciones responsables de fomentar la participación democrática son de las primeras en coadyuvar a la intolerancia y la discriminación. Cuando los militantes de un partido no pueden evitar desprender la propaganda de otros, cuando se descalifican las propuestas de gobierno simplemente por venir del contrario, cuando
La CNDH
7.1
Los comerciantes
6.9
Las ONG
6.8
Los medios de comunicación
6.7
Los industriales
6.5
El IFE
6.3
La SCJN
6.1
Los sindicatos
6.0
Los servidores públicos
5.9
el gobierno
5.6
La policía
5.2
Los diputados federales
5.1
Los partidos políticos
5.0
FORO JURÍDICO 51
DERECHOS HUMANOS, SOBERANÍA NACIONAL, SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y TRATADOS INTERNACIONALES K Dr. Samuel González Ruiz*
El presente artículo tiene como finalidad reflexionar sobre la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, la discusión en la SCJN sobre la jerarquía de los tratados y el Amicus Curie presentado por Santiago Corcuera Cabezut.
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L
a decisión de incorporar los derechos humanos (DH) a nuestro orden jurídico constitucional es soberana y por tanto, corresponde al Estado mexicano la determinación de lo que son en el orden nacional, y solamente de manera subsidiaria, derivada del compromiso soberano de respeto de la Convención de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La obligación de respetar las sentencias de la Corte deriva del Pacta Sum Serbanda, cuando México aceptó su competencia en 1998. EL NUEVO TEXTO CONSTITUCIONAL SEÑALA: “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
ser aplicada por los jueces. En materia de DH se debe interpretar la Constitución Nacional conforme con los tratados internacionales y luego aplicar el principio por persona, con el texto constitucional como base. Seguramente basado en el margen de apreciación de los estados, la Suprema Corte modificó su redacción original del análisis del caso de la Sentencia Radilla señalando los “pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos.” La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de DH, deberá realizar los siguientes pasos:
En materia de DH se debe interpretar la Constitución Nacional conforme con los tratados internacionales y luego aplicar el principio por persona, con el texto constitucional como base.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…” El nuevo texto incorporado al artículo 1º constitucional, aun cuando tiene por objeto ampliar los DH y garantizar su promoción, respeto, protección de conformidad a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad por parte de todas las autoridades, bajo circunstancia alguna puede considerarse que tengan por objeto menoscabar la Soberanía Nacional o la Supremacía Constitucional, al considerar que los tratados y convenciones internacionales, así como las sentencias emitidas por la CIDH tengan una calidad superior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y por tanto deba ser aplicada sin tomar en cuenta la legislación nacional. Es importante señalar que Javier Ezquiaga, ha subrayado que en México la regla de interpretación de la Ley está en el artículo 14 de la Constitución: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” Eso significa que la regla de interpretación no ha sido cambiada y debe
Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;
Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los DH reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos;
Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los DH establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. El Tribunal Pleno, el 28 de noviembre de 2011, aprobó, con el número LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 2011. Con el objeto de clarificar el alcance de la Supremacía Constitucional sobre el derecho internacional, es preciso
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desarrollar argumentos de justificación desde una óptica del ámbito a) político, b) jurídico, y c) lógico.
a) Argumento Político “Soberano implica ser y actuar como internamente supremo y externamente independiente (cfr. John Austin1).” La Soberanía Nacional está prevista en el Capítulo I denominado “De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno”, del Título Segundo de la CPEUM, estableciendo en los artículo relativos lo siguiente: “Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. …”
“…I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;” El argumento político se funda en la Supremacía Constitucional y su relación con la soberanía nacional. En el ámbito de ésta se complementa con el concepto mismo del rol de los estados en el ámbito internacional. La Carta de la ONU reconoce la soberanía de cada uno de los en su artículo 2 que expresamente señala: “Artículo 2.- Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
La teoría general de los DH desarrollada por la CEDH y asumida por la CIDH establece que son las autoridades democráticamente electas de un Estado, los que deben determinar con base a los principios de su Constitución, la aplicación de los DH.
“Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.” Por ser los Estados Unidos Mexicanos una República Federal, el artículo 49 del Capítulo I denominado “De la División de Poderes”, del Título Tercero de la CPEUM señala:
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales 7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la
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2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia…
“Artículo 49.- El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial…” De conformidad con el artículo 103 de la CPEUM, los Tribunales de la Federación podrán resolver toda controversia que se suscite en relación a los siguientes supuestos:
1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
Austin, John (1832/1995), The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.),
Cambridge: Cambridge University Press) (first published, 1832). - (1879), Lectures on Jurisprudence, or The Philosophy of Positive Law, two vols., R. Campbell (ed.), 4th edition, rev., London: John Murray [Bristol: Thoemmes Press reprint, 2002]
presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.” El artículo 39 del instrumento en comento señala expresamente que:
Uno de esos casos es la interpretación conforme entre la Constitución y los tratados internacionales que contengan DH, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 1 de la CPEUM que a la letra dice:
“El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.”
“Artículo 1.- …Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia…”
Por tanto es la Soberanía Nacional la que políticamente establece como principio básico la Supremacía Constitucional.
b) Argumento Jurídico La CPEUM es clara al afirmar su supremacía y señalar que sólo los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma forman parte de las leyes supremas de toda la Unión. El artículo 133 de la CPEUM sostiene que: “Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.” De esta manera la única vía para modificar la CPEUM es la reforma a través del Título Octavo “De las Reformas de la Constitución”, artículo 135 de la CPEUM que a la letra dice: “Artículo 135.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.”
Otro elemento a considerar dentro del argumento jurídico de supremacía constitucional, se encuentra en la protesta que deben rendir los funcionarios públicos, entre ellos el Presidente de la República, los Ministros de la Corte y los legisladores, determina expresamente que se debe guardar y hacer guardar la CPEUM. Así lo señala el artículo 97, párrafo cuarto a octavo: “Artículo 97.-….Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el Senado, en la siguiente forma: Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?” Ministro: “Si protesto” Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. Este principio también se puede observar en el artículo 128 constitucional para los demás servidores públicos. Esto significa que jurídicamente la Constitución es Suprema y por tal motivo no se puede sostener que el derecho internacional es supremo al mexicano.
c) Argumento Lógico Se funda en la supremacía constitucional que deriva de la soberanía constitucional. De conformidad con el principio lógico de que la CPEUM es la que reconoce soberanamente a los tratados internacionales, entre ellos los de DH y que México en ejercicio de sus soberanía los ha ratificado, el argumento lógico señala que en ejercicio de esta soberanía dichos tratados pueden ser denunciados. En efecto todo tratado internacional tiene un procedimiento de denuncia y éste implica que se reconoce la capacidad de un Estado para
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internacional, en la Constitución se establecen los mecanismos para que pueda ser modificada, y evidentemente se incluye la posibilidad de cambiar esta misma clausula. De esta manera la Constitución de Guatemala es suprema al establecer que prevalece el principio de supremacía constitucional en relación con los DH, pues fija los mecanismos para ser modificada y cambiar los efectos jurídicos que la determinan. Así, la incorporación de las disposiciones internacionales es una voluntad soberana de cada Estado, y respetuosa de esta voluntad la Cortes Internacionales han desarrollado jurisprudencia con el objeto de clarificar los procesos a través de los cuales, el Estado adopta las recomendaciones o estándares mínimos en materia de DH.
abandonarlo. Esto puede darse porque el Estado es soberano. Por ejemplo el Pacto de San José se puede denunciar, ya que los tratados tienen un procedimiento de denuncia. Sobre el particular, dicho instrumento internacional señala: “Artículo 78.1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.” Existen casos como el de Guatemala, que su propia Constitución señala expresamente que el derecho internacional es superior al nacional, al establecer: “Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.” Sin embargo, aun en Guatemala prevalece el principio de supremacía constitucional en relación con los DH, pues es la propia Constitución la que establece la preeminencia del derecho
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Por consecuencia, la teoría general de los DH desarrollada por la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) y posteriormente asumida por la CIDH establece que no todas las sociedades son homogéneas y que por lo tanto son las autoridades democráticamente electas de un Estado, a través de los órganos legítimamente constituidos, los que deben determinar con base a los principios de su Constitución, la aplicación los DH. Adicionalmente el Estado Mexicano está obligado a atender el llamado “margen de apreciación de la autoridad estatal” que ha desarrollado la CEDH, y que es reconocido como el Principio de Subsidiaridad, en la CIDH. Cabe mencionar que de conformidad con el “margen de apreciación”, los Estados parte tienen la capacidad de consultar y escuchar las condiciones particulares de sus sociedades en la aplicación de los tratados internacionales. En efecto, la CEDH señaló, al menos desde el caso de “Relating to Certain Aspects of the Laws on the use of Languages in Education in Belgium” v. Belgium (Merits), el 23 Julio de 1968 el concepto de Margen de Apreciación. La CEDH se ha pronunciado en relación éste último en el sentido de que “es de particular importancia en relación con las cláusulas que no definen con precisión los derechos” que se consagran, sino que “deja a los Estados un cierto margen de apreciación en relación con el cumplimiento de su obligación”, es decir, el Estado puede adoptar desde “restricciones de autorizar o excepciones a los derechos garantizados o hasta un punto que permita a los Estados para elegir los medios adecuados para garantizar un derecho”. En la misma sentencia, la opinión colectiva de los jueces que diciente Holmbäck, Rodenbourg, Ross, Wiarda y Mast señala que: “(5) La Corte no puede, en el ejercicio de este poder de apreciación, asumir el papel de las autoridades nacionales competentes, por lo que perdería de vista del carácter subsidiario del mecanismo internacional de aplicación colectiva establecida por la Convención. De ello se deduce que las autoridades nacionales son libres de
elegir las medidas que consideren apropiadas en las materias que se rigen por la Convención” y que la revisión por la Corte se refiere únicamente a la conformidad de estas medidas con los requisitos de la Convención.” En la sentencia de Wilde, Ooms y Versyp, la Corte Europea se determinó que: “La Corte considera…que las autoridades competentes de Bélgica, no transgredieron los límites del poder de apreciación que el artículo 8 (2) (art. 8-2) que la Convención otorga a los Estados contratantes: incluso en los casos de personas detenidas por vagancia, las autoridades tenían razones suficientes para creer que era “necesario” imponer restricciones el propósito de la prevención del delito, la protección de la salud o la moral, y la protección de los derechos y libertades de los demás…” En el caso de Golder vs. Reino Unido, la Corte Europea volvió a los límites de la relación entre la función subsidiaria de las instituciones europeas de DH y el poder de apreciación y decisión de una autoridad local: “Con el fin de mostrar por qué la interferencia denunciada por Golder era “necesaria”, el Gobierno señala que fue la prevención de desórdenes o delitos y, hasta cierto punto, los intereses de la seguridad pública y la protección de los derechos y libertades de los demás. Incluso teniendo en cuenta el poder de apreciación de los Estados contratantes, la Corte no puede discernir cómo estas consideraciones, tal como se entienden “en una sociedad democrática”, podrían exigir al Ministro del Interior prevenir que Golder tenga una correspondencia con un abogado…” En el caso de Handyside vs. Reino Unido, la Corte Europea abordó específicamente lo que implica el margen de apreciación aun en el caso de problemas judiciales, señalando: “48. El Tribunal señala que los mecanismos de protección establecidos por la Convención es subsidiaria a los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos (sentencia de 23 de julio de 1968 sobre el fondo del asunto “lingüística belga”, serie A, núm. 6, p. 35, párr. 10. in fine). El Convenio deja a cada Estado contratante, en primer lugar, la tarea de proteger los derechos y libertades consagrados en ella. Las instituciones creadas por la Convención hacen su propia contribución a esta tarea, y sólo serán aplicadas a través de un procedimiento contencioso y una vez que todos los recursos internos han sido agotados (Artículo 26) (art. 26). Estas observaciones se aplican, en particular, al artículo 10, párr. 2 (art. 10-2). En particular, no es posible encontrar en el derecho interno de los diferentes Estados contratantes una concepción europea uniforme de la moral. El punto de vista adoptado por sus respectivas leyes de los requisitos de la moral varía en función del tiempo y del lugar, especialmente en nuestra época que se caracteriza por una evolución rápida y de gran alcance de opiniones sobre el tema. Por razón de su contacto directo y continuo con las fuerzas vitales de sus países, las autoridades estatales se encuentran en principio en mejor posición que el juez internacional
para pronunciarse sobre el contenido exacto de estos requisitos, así como en la “necesidad” de un “restricción” o “pena” la intención de hacerles frente. ..” En consecuencia, el artículo 10, párr. 2 (art. 10-2) deja a los Estados contratantes un margen de apreciación. Este margen se da tanto para el legislador nacional (“prescrito por la ley”) y de otros cuerpos, entre ellos el judicial, que entre otros, que están llamados a interpretar y aplicar la legislación vigente...” Y agrega cuál es su función en relación los tribunales Nacionales: “50. De ello se deduce que no es de ninguna manera la tarea de la Corte para tomar el lugar de los tribunales nacionales competentes, sino verificar en virtud del artículo 10 (art. 10) las decisiones que se entrega en el ejercicio de su poder de apreciación.” A partir de los anteriores elementos es posible determinar que el concepto de margen de apreciación de las instituciones europeas ha sido aplicado en muchas de las miles de sentencias sobre el tema, y que fijaron su rol a partir del concepto del instrumento viviente que es la convención de DH, y por tanto evolutivo o progresivo. Esta Teoría está directamente vinculada con el llamado principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano de Protección que Diego García Sayán, Juez de la CIDH, describe de la siguiente manera: “El principio de subsidiariedad del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos implica que recae en los Estados –a través de sus órganos y autoridades internas- la responsabilidad primaria de respetar y garantizar en el ámbito de su jurisdicción los derechos humanos recogidos en las normas internacionales de protección y cumplir con las obligaciones internacionales que de ellas se derivan. Antes bien, los garantes en primera línea de la protección de los derechos humanos están llamados a ser los tribunales y autoridades nacionales.” “En principio los operadores nacionales son los mejor situados para conocer, valorar y resolver sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos. Los operadores internacionales no intervienen sino ahí donde el Estado ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. En consecuencia el principio de subsidiariedad establece un mecanismo adecuado para definir los límites de la jurisdicción internacional y las obligaciones de las autoridades nacionales.” Este margen de apreciación hace que las sentencias de la CEDH y la CIDH no sean automáticamente aplicables, salvo para los Estados que fueron condenados, en otros Estados, y que tenga que ser cada país el que determine sus garantías y sus límites. Ambos organismos deben analizar si la globalidad del procedimiento es conforme o no con los instrumentos internacionales K
*Catedrático de la UNAM. Consultor Internacional de temas de Justicia y Seguridad.
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La educación, piedra angular en el Fomento de la Propiedad Intelectual K
Dr. Arturo Ancona García L. Abogado especializado en propiedad intelectual, competencia desleal y telecomunicaciones aancona@ancona.com.mx
México es rico en creaciones intelectuales. Contamos con un marco normativo moderno que las protege; por un lado, la Ley Federal del Derecho de Autor regula todo lo relacionado con la creación y generación de obras literarias y artísticas, entre las que se incluye el software, las obras cinematográficas, las literarias, entre otras. Por otro lado, también existe la Ley de la Propiedad Industrial, cuya función está encaminada a regular los inventos (patentes, diseños industriales), signos distintivos (marcas, avisos comerciales) y denominaciones de origen, por sólo citar algunos ejemplos. Las legislaciones mencionadas recogen los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en los tratados internacionales, con lo que se generan niveles altos y óptimos de regulación en materia de protección a la creatividad como derecho humano fundamental. Ahora bien, si contamos con una infraestructura legal adecuada, ¿a qué se debe que el Foro Económico Mundial ubique a México en el lugar 76 de 142 países en cuanto a su capacidad de innovar? ¿A que se deben las constantes infracciones a estos derechos, que perjudican a sus titulares, a la innovación, a la cultura y la economía del país ante la mirada indiferente de la sociedad y del gobierno? En México, a pesar de que cooperan entre sí las entidades públicas encargadas de regular la Propiedad Intelectual (PI), no existe una articulación formal entre las instituciones relacionadas, y no existe un mecanismo en la materia permanente de consulta, comunicación y actuación entre dichos organismos federales, y mucho menos con los estatales. Es decir, no se han generado políticas de Estado concretas al respecto. En contraste, en otros países se ha apostado no sólo a la generación de cultura, ciencia y tecnología, sino a la protección de dicho conocimiento a través del sistema de la PI, con el fin de incentivar que siga creando, que se distribuya y exporten productos y servicios patentados, que se genere cine internacional (como es el caso de Bollywood, industria de cine de la India), marcas para el turismo, denominaciones de origen, programas de cómputo, entre otros, al amparo de dichas leyes y desde luego con la respectiva generación de riqueza para el país. Es obvio para todos que en el siglo XXI, el conocimiento es un recurso fundamental entre los múltiples determinantes de la competitividad de un país, y aquí las universidades e instituciones de educación superior juegan un papel muy importante. Por tanto, dedicaré el resto del artículo al caso de la PI y las universidades como un ejemplo de lo que se puede y debe fortalecer.
“Foro de Propiedad Intelectual” es una sección producto de la colaboración entre Foro Jurídico y Scientika, asociación civil dedicada a la conceptualización, anclaje y comunicación de modelos innovadores en la Ciudad de México y el mundo. Recibimos tus comentarios y sugerencias a: contacto@scientika.mx
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Las universidades e instituciones de educación superior dentro de sus objetivos deben considerar no sólo la educación, sino el aplicar los conocimientos adquiridos a la cultura e investigación; actividad creativa intelectual que da como resultado, además de la confirmación de la hipótesis, la creación de procesos tecnológicos novedosos, el desarrollo de proyectos arquitectónicos vanguardistas, el diseño de programas de cómputo, el desarrollo de inventos, la protección de sus marcas, la generación de obras audiovisuales, entre otros, que deben ser protegidos y articulados bajo el sistema de PI. El reconocimiento de la importancia del proceso creativo generado a través de las instituciones de enseñanza ha dado como resultado que en los países más desarrollados se establezcan políticas públicas y privadas de fomento y protección de la creatividad intelectual (vía el sistema de PI), y se instituyan oficinas de transferencia tecnológica en las mismas universidades, con el fin de licenciar su tecnología al sector privado y generar recursos que le permita a la institución continuar el proceso creativo, incentivar a sus investigadores, y en general, evitar la fuga de cerebros.
es necesario buscar mecanismos desde el gobierno que fomenten y promuevan la innovación y la protección de la PI de manera interdisciplinaria En Estados Unidos, por ejemplo, se promulgó desde los años ochenta el Bayh-Dole Act (vigente a la fecha), por el cual se regulan medidas tendientes a incentivar la generación de patentes en las actividades de investigación y desarrollo de las universidades. La ley ha dado como resultado que las principales instituciones de educación norteamericanas utilicen recursos públicos para promover la investigación y generar inventos patentables, que posteriormente podrán ser licenciados o vendidos, preferentemente a pequeñas y medianas empresas, situación que genera un doble beneficio: por un lado, se tiene una importante fuente de financiamiento, y por el otro, tecnología al alcance de las empresas que no tienen recursos para crear sus propios centros de investigación. Esto, evidentemente genera una cadena de valor de empleos, impuestos y, en general, bienestar para el país. Es importante fortalecer y articular políticas de PI a efecto de que se regule la titularidad de la tecnología generada como producto de la investigación conjunta de catedráticos y alumnos. Es urgente que las instituciones educativas adquieran experiencia práctica en el uso de la información tecnológica, jurídica y comercial incluida en los documentos de patente, derechos de autor y también experiencia práctica en cómo registrar, comercializar, licenciar y proteger tanto las invenciones, como los resultados de la investigación. Es importante reconocer que los investigadores no sólo son productores de artículos científicos sino que también pueden escalar en su calidad de creadores de patentes, marcas, procesos, secretos industriales y software protegido por el sistema de PI. A falta de una cultura de cooperación en el tema, entre las instituciones académicas y los distintos sectores interesados (la empresa privada y los organismos gubernamentales), es necesario buscar un mecanismo desde el gobierno que la fomente y promueva, puesto que es cada vez mayor la necesidad de contar con un enfoque interdisciplinario de la educación y de la capacidad de generar conocimiento, así como para la preparación de políticas de PI y su aplicación práctica. Las autoridades de nuestro país, en conjunto, deben hacer conciencia y un frente común para proteger no sólo la actividad creativa producida por los investigadores en sus aulas, sino para incentivarla y para reconocer verdaderamente la participación de todos los actores, lo que conlleva a que las investigaciones sean permanentes y evolutivas, y no temporales y estáticas. Si en otros países se ha comprobado que la investigación realizada por las universidades puede ser un generador de recursos y no un gasto innecesario, es primordial que en México las instituciones privadas y públicas destinen parte de su presupuesto a esta actividad de forma permanente, alentando con estímulos económicos a profesores y alumnos no sólo en el proceso de investigación, sino también apoyando la posterior comercialización de los resultados.
FORO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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K Robespierre
CADALSO Se estrenó como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el panista Óscar Martín Arce Paniagua al comprometerse ante los organizadores del 4to Foro Nacional de Seguridad y Justicia que convocará un periodo extraordinario para aprobar el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Tomando en consideración que uno de los principales reclamos de participantes y asistentes a dicho foro organizado por México SOS, que encabeza Alejandro Martí, RENACE y la Red de Juicios Orales, fue justamente el que no se hubiera aprobado dicho Código al concluir el tercer periodo ordinario de sesiones. El también Secretario de la Comisión de Justicia de esa Cámara, Oscar Arce, afirmó en dicho Foro que prácticamente fue un tema el que frenó la aprobación del ordenamiento (fundamental para acelerar la implementación de la Reforma Penal en todo el país), el cual fue objetado por el Dip. Jaime Cárdenas del PT, y que esperaba durante este mes de junio alcanzar los acuerdos necesarios a efecto de que una vez pasada la elección del 1° de julio, se convoque a dicho periodo y se apruebe como un único punto el nuevo Código.
El Dr. Bernardo Espino del Castillo Barrón asumió la presidencia del Colegio de Abogados del Valle de México para el 2012-2015, comprometiéndose a trabajar para lograr que el Derecho hoy más que nunca se mantenga fortalecido ante el nuevo panorama jurídico por el que atraviesa nuestro país. Durante la asamblea anual de este importante colegio de abogados, que tuvo lugar en la ciudad de Toluca, el Dr. Espino del Castillo se comprometió a ampliar las acciones de esta importante organización profesional a todo el Estado de México, particularmente en una época en la que estamos viviendo grandes ataques al Estado de Derecho como es la inseguridad, la impunidad y la violencia creciente en todo el país, pero particularmente en la entidad, comprometiéndose a impulsar, durante el nuevo periodo de la Cámara de Diputados, tanto local, como federal, nuevos proyectos de reformas en materia penal a efecto de que cumpla con sus objetivos de transparencia y respeto a los derechos humanos el nuevo marco constitucional local de la reforma de Seguridad de Justicia de 2008. Espino del Castillo Barrón cuenta con una amplia trayectoria como funcionario y académico. En la PGR fue Coordinador General de Delegaciones y Director General de Amparo. En la academia es profesor en Derecho y en Ciencias, con especialidad en Administración Pública; da clases en la UNAM, INACIPE y en el Posgrado de Derecho de la Universidad Anáhuac.
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Todo parece indicar que el nuevo proyecto que presentará la Ministra Olga Sánchez Cordero sobre el polémico caso de la ciudadana francesa Florence Cassez planteará, una vez más, su libertad absoluta por supuestas violaciones al debido proceso penal. Lo anterior ha trascendido en los pasillos de la Corte en Pino Suárez, y se asegura que éste no tendrá grandes cambios en el fondo en relación con la que fue rechazado el pasado mes de marzo del Ministro Arturo Zaldívar. Adicionalmente, la Ministra ha señalado públicamente que durante la revisión del expediente encontró razones suficientes para ponerla en libertad. Sin embargo, como también ya lo dejó entrever el Ministro José Ramón Cossío Díaz, lo más seguro es que se repita la votación que se dio en la Primera Sala el 21 de marzo y este expediente sea resuelto por el Pleno del Máximo Tribunal del país. Comentó igualmente la Ministra Sánchez Cordero que no ha sido complicada la elaboración de un nuevo proyecto de sentencia, porque existe una lógica jurídica y una interpretación constitucional muy precisa. Mientras tanto, trascendió que con motivo del cambio de Presidente en Francia, la firma de abogados que venía patrocinando a Cassez fue despedida y que Francois Hollande, no desea que éste sea un asunto que complique más las relaciones entre Francia y México. Jalisco cuenta ya con la Ciudad Judicial más moderna de América Latina, con áreas verdes suficientes, oficinas dignas y cómodas y con instalaciones “inteligentes”, que fueron inauguradas el pasado mes de mayo por el Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, quien manifestó durante su mensaje que con estas oficinas de punta, se pretende proporcionar las condiciones óptimas para que jueces, magistrados y en general el personal del Poder Judicial Federal en esta entidad, presten en mejores condiciones los servicios de administración de justicia. Aprovechó la ocasión para señalar que los ciudadanos prefieren solucionar sus diferencias por la vía del derecho, y por ello, los juzgadores deben resolverlas con transparencia y con cara a la sociedad, conminando a los juzgadores presentes de toda la entidad, y desde ahí, de todo el país, para que actúen siempre con honestidad en el desempeño de su función. “La sociedad quiere confiar en que los juzgados y tribunales son los sitios propicios para acudir a pedir justicia, para arreglar diferencias que a veces parecen irreconciliables, para reclamar la protección de sus derechos.” La sede judicial consta de 12 torres que albergan juzgados y tribunales, además de otros 3 edificios complementarios para guardería, gimnasio y 2 auditorios. Tienen una capacidad para mil 900 cajones de estacionamiento para servidores públicos y 600 más para visitantes.
La inéditas movilizaciones de los jóvenes universitarios que se presentan bajo el lema #YoSoy132 modificaron radicalmente el entorno político electoral. Como un nuevo jugador en el tablero, que no era considerado por nadie, súbitamente han puesto a temblar a favoritos y a factores reales de poder como los medios de comunicación. La manipulación de la información sobre los acontecido en la Universidad Iberoamericana por parte de los medios, detonó la indignación de los estudiantes quienes, a través de las redes sociales, se organizaron para hacer oir su voz y manifestar su desacuerdo con la forma en que se maneja la información de las campañas de los candidatos a la presidencia. Poco a poco otras universidades se fueron uniendo para formar un movimiento juvenil que algunos ya califican como la “Primavera Mexicana” haciendo alusión al movimiento de la juventud árabe que logró derrocar a Hosni Mubarak en Egipto, y a otros movimientos juveniles anti autoritarios que se han dado en el varios países. Por lo pronto, y a pesar de que el TRIFE ya manifestó la imposibilidad de transmitir el 2º debate presidencial en cadena nacional, gracias a la presión ejercida por #YoSoy132, Televisa cedió a pasarlo por el canal 2 que es el de mayor cobertura nacional. Aunque ésta es la primera movilización generacional que sale de las redes sociales en México y todavía se encuentra en etapa de maduración, no es de sorprender que durante los próximos días se conviertan en un factor importante para la elección del 1° de julio. Es temprano para medir sus alcances, pero sin duda surgen como una nueva esperanza para lograr un cambio estructural en el sistema político de nuestro país y como una plataforma nueva de exigencia para democratizar los medios de comunicación K
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El Narcotráfico en el Contexto de las Relaciones México-EE.UU. José Octavio Tripp Villanueva, Carlos Mendoza Mora. Porrúa. 2012.
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urante los últimos 25 años, México se ha visto inmerso en una crisis de violencia criminal en constante crecimiento que, entre otros factores, tiene sus orígenes en el narcotráfico y su trasiego, así como en la vecindad con los Estados Unidos, el mercado de consumo de drogas y de producción de armas más grande del mundo. A través de las páginas de la obra se busca un camino para formular una estrategia antinarcóticos soportada en la definición de objetivos comunes, la alineación de políticas sectoriales y la concreción y coordinación de operativos eficaces entre el universo de instituciones binacionales concurrentes, que rompan la inercia de subordinación y desconfianza y se correspondan con el marco jurídico, así como con las circunstancias particulares de México y Estados Unidos. Todo esto para construir mayor certeza en la relación y reducir el riesgo de crisis bilaterales que únicamente benefician a las estructuras criminales que han puesto en riesgo la vigencia del Estado de derecho y el desarrollo saludable y armónico de las futuras generaciones en ambas naciones.
El Derecho Penal Electoral.
Daniel Montero Zendejas. Fontamara, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2012.
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l texto es una significativa aportación al universo nacional de la ciencia jurídica, pero principalmente al campo de la política. De allí la importancia del derecho penal electoral, no como un instrumento punitivo y represivo de la clase gobernante, sino como un medio ciudadano para contener, limitar y prevenir las conductas que en materia electoral producen más daño, por más tiempo y casi siempre con más impunidad. Una propuesta importante del autor consiste en que el delito de peculado y el delito electoral consistente en “destinar fondos, bienes o servicios públicos a su cargo al apoyo de un partido político o candidato” establecen una doble penalidad respecto a una misma conducta, por lo que hace indispensable mejorar la descripción del tipo penal de peculado o la fusión de ambas disposiciones en una sola.
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El Aspecto Jurídico de la Teoría del Caso. Javier Jiménez Martínez. Ángel Editor. 2012.
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a obra se ocupa del elemento jurídico en el planteamiento de la teoría del caso en materia procesal; es decir, de establecer el análisis sistemático del delito que tanto el Ministerio Público como la Defensa deberán plantear ante la autoridad judicial. El autor advierte que no debe confundirse el objetivo que persigue el Derecho penal sustantivo y el Derecho procesal penal, el primero, establece las características que una conducta debe reunir para ser delito; el segundo, las reglas para determinar si la conducta del agente reúne o no las características de una figura delictiva y pueda al mismo tiempo ser sancionada. La teoría del delito es un sistema de hipótesis que se expone a partir de una tendencia dogmática, cuales son los elementos que hacen posible o no la aplicación de una consecuencia jurídica penal, a una acción humana. De esta forma el Dr. Javier Jiménez Martínez defiende con sólidos argumentos el valor que implica la teoría del delito en el marco de la reforma en el proceso penal por el que atraviesa México.
La Motivación de la Sentencia Civil. Michele Taruffo. Editorial Trotta, TSJF. 2011.
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os códigos procesales imponen la exigencia de fundar y motivar los actos jurisdiccionales de privación de derechos a través de la jurisprudencia, especialmente respecto a las sentencias. La indiscutible importancia de esta garantía hace necesario reflexionar sobre la propia naturaleza jurídica de la motivación, conocer las teorías desarrolladas sobre el tema, esclarecer las funciones que éstas desempeñan respecto de las partes en los procesos y de la sociedad en general y fijar la sistemática de la ´motivación, señalando detalladamente qué se puede incluir en ella, qué no y la manera de hacerlo. La presente obra fue pionera en el momento de su edición italiana en 1975 –cuando predominaba una concepción vaga e indeterminada sobre la motivación de la sentencia–, al hacerse cargo de la motivación como un fenómeno complejo que involucra muchos aspectos del razonamiento del juez, tanto en los hechos como en derecho, y de la estructura de la decisión judicial K
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LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL K Dr. José R. Padilla*
En fecha reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio, con votación divida, en el cual declaró improcedente el Juicio de Amparo en contra una reforma constitucional, desición que comparte el suscrito. joserpadilla@prodigy.net.mx
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abido es que el Tribunal Constitucional tiene por función resolver controversias en donde habrá de tomar como medida la Constitución Política, ordenamiento supremo al que se encuentra sometida y que le es dado primero a través del Poder Constituyente Originario y luego por el Poder Revisor de la propia Norma Suprema. Esto quiere decir, que la Corte se encuentra subordinada a ese máximo ordenamiento jurídico. Puesto que nos encontramos en un Estado de Derecho, en donde los órganos de gobierno tienen que obrar conforme lo establecen las normas. Por tal motivo, en la sesión respectiva, el ministro Jaime Salvador Aguirre Anguiano, miembro de la mayoría votante, en frase memorable, recordó a sus compañeros: “Lo menos que debe hacer la Corte es respetar el Libro Nacional”. (Refiriéndose, desde luego, a la Constitución). Sabido es que las reformas constitucionales, de acuerdo del artículo 135 de la Carta Magna, corresponden al llamado Poder Revisor de la Constitución, que se integra por las cámaras de senadores y de diputados mediante votación calificada y con la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal. Es de recordarse que no existe recurso expreso alguno por medio del cual puedan combatirse ni el procedimiento tendiente a dichas reformas, como tampoco el contenido material de las mismas. La discusión en la SCJN versó en torno al caso referente a la prohibición de la venta y adquisición de propaganda electoral en radio y televisión. Prohibición que establece el párrafo tercero de la fracción III del artículo 41 de la propia Carta Federal. Dada su última reforma. Se trata del “amparo en revisión” interpuesto por algunos integrantes de
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la “inteligencia mexicana”, entre quienes figura el ex canciller mexicano, Jorge Castañeda. La Suprema Corte, con su nueva categoría de Tribunal Constitucional, tiene como máxima función cuidar la pureza de la Carta Magna en cuanto a los excesos de los funcionales públicos; ello, a fin de que el patrimonio jurídico de los particulares o “justiciables”, quede intocado. Es decir, los derechos humanos, la vida, la libertad, las propiedades, las posesiones y los derechos en general. Lo anterior nos permite afirmar que el máximo Tribunal de la Nación, como sostienen los clásicos, no habla “por encima, ni por debajo de la Constitución; sino a nombre de la propia Constitución”. Es cierto que el Poder Revisor de la Constitución tiene facultades, casi omnímodas y que resulta indigno de figurar en un sistema democrático como el nuestro. Sobre todo, si se toma en cuenta que los legisladores del país, por tradición, no se preocupan gran cosa por darle categoría a su alta responsabilidad. Es de concluirse que para combatir una reforma constitucional no queda más remedio que “hacer una revolución y, además, ganarla”. De ahí que resulte urgente practicar una reforma al propio artículo 135 de la Ley Fundamental, a fin de ponerle un “freno político” al Poder Revisor de la Constitución. Ello, por medio del establecimiento de un recurso apropiado. Recurso político, no jurídico; pero el medio procesal, en este caso, no puede ser el Amparo, dado que teniendo ya una función jurídica, no sería oportuno “contaminarlo de política”K * Profesor de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM.