Cuadernos de la Mujer

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ARTÍCULO sobre la evolución de la igualdad en México

Cuadernos de la Mujer-------------------------- MADRID WOMAN’S WEEK – nº34 Cuadernos - nº 11

Progresos en los derechos de la mujer mexicana

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Francisca E. Méndez, ministra de la Embajada de México en España.

Desde la década de los setenta, surgió un contexto internacional que favoreció al gobierno de México para que impulsara mecanismos a favor de la igualdad de género, la no discriminación y la erradicación de la violencia. Muestra de ello es la modificación que realizó el Congreso de la Unión en 1975 en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Meses más tarde, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró en México la Primera Conferencia Internacional de la Mujer y dio inicio un decenio denominado con el lema ‘Igualdad, desarrollo y paz’. En 1993, se creo un Comité Nacional Evaluador que elaboro un informe detallado sobre la situación de las mujeres en México y es a partir de aquí cuando surge una proliferación de políticas para salvaguardar los derechos de las mujeres e instaurar una igualdad real.


Los avances en la construcción de una cultura derechos humanos de México han sido sustantivos desde la década de los noventa. Cabe mencionar que estos esfuerzos han tenido lugar en un marco en el que las mujeres han asumido un papel preponderante en el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país y, en el que a partir de las acciones emprendidas por el Gobierno, en diálogo permanente con la sociedad civil, se han logrado avances fundamentales.

de “Las mujeres han asumido un papel preponderante en el desarrollo político, económico, social y cultural de nuestro país y, en el que a partir de las acciones emprendidas por el Gobierno, se han logrado avances fundamentales”

Dichos avances han comprendido grandes transformaciones y esfuerzos de política pública que abarcan importantes procesos de armonización legislativa con los más altos estándares internacionales, el fortalecimiento institucional y la definición de políticas públicas específicas, con total apertura y transparencia, tanto al interior del país como con el sistema internacional de los derechos humanos. En este contexto y con el ánimo de avanzar en este sentido, nuestro país no cesa en sus esfuerzos para avanzar en esa dirección. Al respecto, México se ha convertido en Estado Parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, los cuales han marcado la pauta para la elaboración de las políticas públicas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como para la implementación de diversas leyes que integran el marco jurídico con el cual es posible enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia de género.

Francisca E. Méndez durante su intervención en la II edición de la ‘Semana Internacional de la Mujer’ MADRID WOMAN’S WEEK.

Entre los instrumentos que constituyen el marco jurídico mexicano para enfrentar el fenómeno de la discriminación y la violencia contra las mujeres, están los siguientes: Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación; Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (febrero de 2007), Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (marzo de 2008), Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (noviembre de 2007) y Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (febrero de 2009).

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La violencia familiar es reconocida como causal de divorcio en las 32 entidades federativas y es tipificada como delito en 29 de ellas. La violación entre cónyuges es tipificada como delito en 18 entidades federativas, y el hostigamiento sexual es tipificado como delito en 26 entidades federativas. México cuenta con la ‘NOM- 046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención’, que establece el deber de las instituciones, dependencias y organizaciones de salud de otorgar atención médica a las personas involucradas en situación de violencia familiar o sexual, así como los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y orientación de tales casos, bajo una perspectiva de género para comprender de manera integral el problema de la violencia. Incluye también el deber de las instituciones de brindar a la víctima servicios de aborto médico a solicitud de ésta (o su representante legal, de ser menor de edad), en caso de embarazo por violación, previa autorización de la autoridad competente y después de brindar la información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias. En el ámbito institucional, la sociedad y el gobierno mexicanos han hecho posible la creación de las siguientes instituciones que velan por los derechos de las mujeres:  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;  Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas;  Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia;  Servicios de línea telefónica a mujeres víctimas de violencia en 23 de las 32 entidades federativas; En materia presupuestal, se ha incorporado la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En tal virtud, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Equidad de Género, etiqueta recursos en diferentes ramos para varios programas presupuestarios dirigidos a las mujeres y la igualdad de género. Los totales asignados en millones de pesos para cada año fiscal han sido distribuidos como sigue:     

Ejercicio Fiscal 2008, $7,024.8 mdp. Ejercicio Fiscal 2009, $8,981.6 mdp. Ejercicio Fiscal 2010; $10,920.7 mdp. Ejercicio Fiscal 2011; $14,916 mdp. Ejercicio fiscal 2012; $16,752 mdp.

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En su compromiso irrestricto con el tema de igualdad, el gobierno de México incorporó al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la perspectiva de género de manera transversal en cada uno de los ejes que lo conforman. A través de dicho Plan, se finca el compromiso de promover acciones para fomentar una vida íntegra, digna y con goce pleno de derechos para todas las mexicanas. En el ámbito internacional, la alta importancia que otorga el gobierno de México al compromiso de condenar todo tipo de prácticas que violen los derechos humanos fundamentales de las personas y en particular los de las mujeres, compromiso que se traduce en “El gobierno de México una activa participación en foros regionales y universales, incorporó al Plan así como en la firma y ratificación de los principales Nacional de Desarrollo la instrumentos internacionales, entre los que destacan: la perspectiva de género de Convención para la Eliminación de Todas las Formas de manera transversal en Discriminación contra la Mujer (1981), su Protocolo cada uno de los ejes que Facultativo (2001), y la Declaración de la Asamblea lo conforman” General de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1994). En el ámbito regional, y a efecto de contar con un instrumento regional de promoción y protección de los derechos humanos de la Mujer, el Estado mexicano firmó y ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (1998), mejor conocida como “Convención de Belém do Pará” y su Mecanismo de Seguimiento (MESECVI), este último se constituye en un instrumento regional de promoción y protección de los derechos humanos de la Mujer, al cual México contribuyó a su creación, instalación y sostenimiento. Nuestro país considera firmemente que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social, y su plena e igualitaria participación en la sociedad, tal como lo señala la Convención de Belém do Pará. Por otra parte, nuestro país siempre ha mantenido una intensa actividad en la consolidación y fortalecimiento de la arquitectura de género, tanto en el seno de las Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano. México promovió también la creación del mandato del Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, creado en 1994 con el fin de recabar información que le permitiera emitir recomendaciones y medidas encaminadas a eliminar la violencia en los planos internacional, nacional y regional.

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