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Margarita Hernández Ortiz Es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Ha sido becaria del CONACYT y del Programa de Becas CLASO-ASDI apoyos con los que ha desarrollado diversas investigaciones en torno a los modelos e instituciones de gestión cultural en diferentes países como Argentina, México y Brasil. Su experiencia laboral, tanto en el ámbito privado como público, se ha concentrado en la docencia universitaria; el diseño e implementación de estrategias de desarrollo comunitario a través de la gestión cultural; y el análisis, medición, construcción y evaluación de programas y políticas culturales. @maga_hernandezO maga.hernandezo@gmail.com

CONTENIDO 4

Introducción

8

La configuración de los modelos nacionales de gestión cultural (1810-1988)

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Proyectos de nación y políticas culturales

CONACULTA: el modelo actual de gestión cultural nacional

25 27 33

Procesos de conceptualización

49

Procesos de socialización-percepción

69

Conclusión: apuntes para pensar nuevas instituciones

76

Bibliografía

Procesos de institucionalización

La estructuración del sector cultural gubernamental en México: apuntes para pensar nuevas instituciones

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INTRODUCCIÓN La tesis central de estas páginas1, parte de la idea de que es posible comprender las dinámicas y efectos del sector cultural gubernamental mexicano si se atienden los modos en los que éste se constituye como un campo que se estructura en relación a los elementos sociales, políticos y económicos que lo contextualizan.

Partiré del supuesto de que la acción cultural gubernamental no es expresada únicamente en sus políticas culturales como recursos narrativos; que el andamiaje cultural estatal contemporáneo (enunciativo, jurídico e institucional) responde a la implementación de un modelo de gestión cultural específico; que en los vacíos y limitaciones de la propia política cultural se hace evidente la influencia de otros sectores, como el económico, el político y el social. En fin, intentaré salir del análisis de las lógicas administrativas de la dimensión estético-artística de la cultura, para observar los procesos de configuración de un sector cultural gubernamental que es contextualizado históricamente por factores locales y globales, operado por cierto tipo de instituciones y modelos de gobierno, y que es apropiado (o no) por las instituciones, los actores culturales y las comunidades en general.

La correlación entre Estado y Cultura, se sostiene sobre una compleja red articulada por el poder, donde los procesos de cohesión social y legitimación política son materializados y dan sentido tanto a las acciones gubernamentales como a las diversas prácticas sociales a través del intercambio de capitales de varias esferas que no se circunscriben como aisladas. El Estado busca formar un cuerpo ciudadano a través de una noción de articulación cultural transversal a la acción gubernamental, que favorece el establecimiento de sistemas de comprensión-habilitación social que conducen a los habitantes de una nación a la concreción de proyectos de nación complejos. En otras palabras, el Estado expresa su articulación con la cultura, como es evidente, en su política cultural, pero también y de forma paralela, en su política educativa, en su política económica, en su política social y, finalmente, en sus instituciones de formación política.

La necesaria presencia de la política cultural, entendida en términos generales como el conjunto de disposiciones en el que subyacen las

1 Estas ideas son un extracto del desarrollo de la tesis doctoral “La estructuración del Sector Cultural en México”, defendida en abril del 2014 y dirigida por la Dra. Rossana Reguillo Cruz. Actualmente se encuentra en proceso de publicación impresa y/o digital.

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acciones u omisiones2 en torno al fomento y administración de los asuntos culturales de una nación; se hace presente desde el momento en que el Estado es considerado como tal, por lo que desde esta perspectiva, la acción cultural gubernamental es inherente a la acción del poder político.

Todo Estado diseña, mantiene y difunde su propia política cultural y ésta está presente de forma transversal en todas sus acciones u omisiones, pues aun cuando no exista una evidencia discursiva que la exprese claramente, todas las acciones encaminadas a la conformación de un cuerpo ciudadano, desde esta perspectiva, podrían considerarse parte de la política cultural gubernamental.

La importancia de la política cultural en la configuración de los estados y sus proyectos de desarrollo es evidenciada de muchas formas. Se deriva de documentos, acciones y pronunciamientos pero, simultáneamente, está también presente en aquellos espacios intangibles, no dichos, no regulados, donde no hay evidencias claras de la existencia de lineamientos e intenciones; se encuentra ahí donde el Estado no expresa (por desconocimiento o por estrategia) la implementación de acciones ideológicas y creación de instituciones en vías de configurar una cultura nacional adecuada y funcional al proyecto de estado nación imaginado. Sería erróneo afirmar que en México las políticas culturales son herederas de la implementación de los esquemas del Estado moderno en el país y que tanto la historia como el desarrollo cultural del México contemporáneo pueden ser comprendidos a cabalidad mediante el análisis de los planteamientos fundacionales de la ONU o la UNESCO, por ejemplo.

Las políticas culturales son ante todo productos de un campo y como tales deben ser comprendidas. Las políticas culturales, aquellas que se evidencian en los proyectos de gobierno, los planes de desarrollo y en los programas nacionales de cultura, son en todo caso pre-textos3 que nos permiten, entre otras cosas, rastrear la historia de la cultura política de nuestro país y en consecuencia comprender que las acciones gubernamentales en materia de cultura impactan e involucran procesos que van más allá de la administración, preservación, el fomento y la difusión de los aspectos estético-artísticos nacionales.

2 Me refiero por omisión a que aquello que queda negado o excluido de la formulación de origen de la política pública es, también, parte de la misma.

3 La noción pre-texto en esta afirmación, asume que la textualidad de la realidad puede ser evidenciada en la existencia de textos que pueden ser analizables. Las políticas culturales entendidas como pre-textos responden a la posibilidad metodológica de entenderlas como productos de la estructuración de un campo complejo y dinámico en el que intervienen diversos elementos sociales, políticos y económicos, y que paralelamente se ve constantemente modificado por la capacidad de agencia de los actores sociales.

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En este sentido, el modelo de gestión gubernamental mexicano para los asuntos culturales será analizado en estas páginas a la luz, sí de las políticas culturales, pero en relación con acciones de gobierno mucho más amplias que desde mi punto de vista colaboran con la conformación de un cuerpo ciudadano que incorpora lógicas de acción y consumo cultural; a partir de la implementación de modelos de nación complejos que integran estrategias de producción y circulación de bienes, estrategias educativas, estrategias de política social, y por último, estrategias de acción política (institucionales y de la sociedad civil).

Así, en la primera haré una breve caracterización histórica del sector cultural mexicano (1810 – 1988), enfatizando las cuestiones institucionales y su relación con la implementación (no ausente de conflicto) de proyectos de nación que han sido transformados a través de la historia. Y, siguiendo está lógica histórica de articulación, intentaré reconstruir el proceso de transformación/vaciamiento de los diversos modelos de gestión cultural gubernamental hasta 1988 que se institucionaliza el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Posteriormente, analizaré las implicaciones de la instalación del modelo CONACULTA4 en nuestro país, para evidenciar las estrategias y supuestos sobre los que el Estado mexicano construye su propio concepto de cultura, y cómo este concepto se cristaliza a través de una política cultural de Estado que no subyace únicamente en las formulaciones enunciativas e institucionales de sus programas nacionales de cultura, sino que se hace evidente en términos conceptuales y ejecutivo-institucionales, con implicaciones hasta en la forma en la que los actores y comunidades culturales comprenden una acción cultural estatal que colabora (o no) en la dinamización de un sector cultural amplio, diverso y complejo en el que intervienen diversos interlocutores.

Para realizar este análisis agruparé la información recabada en tres categorías: procesos de conceptualización (plano ideológico/conceptual), procesos de institucionalización (plano institucional/operativo) y por último, procesos de socialización (plano social-perceptivo), de acuerdo con el modelo Geneological Analysis of the Art of Goverment (Foucault, 2000; Inda, 2005) (Fig.1). De tal forma, los procesos de conceptualización expondrán los elementos ideológico-conceptuales, o lo que yo llamo las plataformas de sentido, que provén las orientaciones argumentativas que configuran el 4 Modelo CONACULTA se refiere al esquema de gestión cultural que se descentraliza a partir de 1988 y cuya implementación implica procesos de conceptualización, institucionalización y socialización específicos.

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modelo de gestión cultural nacional que se implementa a partir de 1988; los procesos de institucionalización, en total correspondencia con las plataformas de sentido, mostrarán las formas en las que se delimita el sector de atención y se crean las instituciones y los lineamientos operativos en relación con aquello que es considerado “legitimo” y “adecuado”; y por último, los procesos de socialización permitirán, por un lado evidenciar los impactos y consecuencias de las acciones institucionales y discursivas del Estado mexicano en materia cultural en términos de percepción y autopercepción del campo5. Mientras que por otro lado, posibilitarán la observación de las condiciones contextuales nacionales que exigen una transformación de las instituciones culturales de México, o para decirlo con Bourdieu, el análisis de estos procesos permitirá un acercamiento a la dimensión de la práctica social. (Bourdieu, Algunas propiedades de los campos, 1990).

Dimensión Teórica

Dimensión Metodológica

Dimensión Empírica

Fig. 1. Esquema de homologación de conceptos teóricos y metodológicos. Elaboración propia.

5 Permitirá la visualización de elementos empíricos para comprender el porqué de las dinámicas actuales del sector cultural mexicano, sus límites, los actores que lo integran y, sobre todo, mostrar aquello que se mantiene en los márgenes, los acuerdos tácitos entre los actores sociales e institucionales, y en general, las pugnas por el poder y los capitales en juego.

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LA CONFIGURACIÓN DE LOS MODELOS NACIONALES DE GESTIÓN CULTURAL (1810-1988) Para reconstruir esta breve historia cultural incorporaré como ejes transversales conceptos como proyecto de nación y unidad nacional, que por lo regular aparecen íntimamente ligadas a la idea de la existencia, construcción y difusión de una política cultural nacional que opera en función de la concreción de construcciones ideológico-políticas. En México, desde la época independentista hasta la fecha, como parte de esta construcción ideológica, han coexistido dos principios elementales: tradición y modernidad (Monsiváis, 1988; Tovar y de Teresa, 1994; Valenzuela, 1999).

Durante el periodo independentista (1810-1867), caracterizado de forma general por ser un proceso de emancipación y definición nacional, el ánimo nacional novohispano se funda sobre un territorio unificado aunque culturalmente diverso y políticamente adverso. El llamado a la articulación de un discurso nacional basó el planteamiento de las responsabilidades del nuevo Estado en la existencia de elementos culturales, institucionales, religiosos y militares que se encontraban presentes de forma heterogénea; pero que constituyeron un caldo de cultivo (con un alto contenido simbólico) por medio del cual se establece la idea de una patria y se da pie a la existencia de una actitud nacionalista comprometida con el poder soberano (Pernas Guarneros, 2009; Tovar y de Teresa, 1994).

La política cultural del Estado mexicano de aquellos años enfatizó estos rasgos y a pesar de que las condiciones políticas eran poco favorables para ello, fundamentó las acciones estratégicas para esta materia en un modelo surgido de las corrientes ideológicas de la Ilustración Francesa.

Así, en 1824 el presidente Guadalupe Victoria establece legalmente el sistema educativo nacional considerado como la base de la ciudadanía y la moral social. En 1825 crea el Museo Nacional, promulga la primera ley que prohíbe la exportación de antigüedades y promueve el resguardo y cuidado de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

La educación y la preservación de valores patrimoniales conformaban los esfuerzos estatales ya que, se pensaba, serían fundamentales para dominar los conocimientos necesarios para el establecimiento de las bases de una sociedad mexicana unificada (cívica, cultural y lingüísticamente), nacionalista y dispuesta a defender la soberanía nacional (Tovar y de Teresa, 1994, págs. 21-28).

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Alrededor de 1857 el acervo simbólico sobre el que se construye el sentido de nación independentista sufre una transformación de fondo al impulsarse, de la mano de Benito Juárez, la separación entre la Iglesia y el Estado. El conjunto de elementos simbólicos sobre los cuales se habría configurado la idea de patria desde el Estado tendría que renunciar a un imaginario religioso profundamente arraigado, para dar paso a la instalación de una ideología positivista que ponderaba, desde el gobierno, el culto a la ciencia y el progreso.

La mayor aportación de este periodo fue el de separar de manera legal y de organizar la educación pública y la política cultural que se le hallaba incorporada, con base en la enseñanza libre, la separación Iglesia-Estado, la gratuidad y obligatoriedad de la educación elemental, la emancipación de la mujer, la civilización de los indígenas (así se consideraba el proceso de educación que a ellos se dirigía), la operación de escuelas industriales y de artes y oficios, y la multiplicación de bibliotecas para el pueblo (Pernas Guarneros, 2009, pág. 32).

Resalta durante esta época de transformaciones el surgimiento de políticos que en mayor o en menor medida compartían un perfil similar.

Los políticos involucrados en la implementación de los modelos culturales influidos por la Ilustración y el positivismo franceses eran intelectuales y/o artistas que participaban de manera activa en la vida política, militaban en algún movimiento social o se habían involucrado en conflictos armados. Esta tendencia, de la configuración de “ideólogos de clase” (Monsiváis, 1988) estaría presente durante los periodos Porfirista, Revolucionario y Postrevolucionario. Quizá, éste sea un factor explicativo de la vasta producción intelectual y académica que se mezcla constantemente con los pronunciamientos oficiales, ya que no se percibe una desvinculación entre la obra y la militancia política de dichos caudillos ilustrados.

Durante el Porfirismo, Justo Sierra y Gabino Barreda (coincidentes en puntos básicos aunque desde perspectivas diferentes), encarnan el impulso del positivismo como una “fuerza reguladora que convenza a los individuos de la necesidad de ajustar sus actos a las exigencias de los principios científicos que el Estado determine” (Monsiváis, 1988, pág. 1386); juntos, continúa Carlos Monsiváis (1988), ofrecen un plan de rehabilitación educativa y cultural, una restructuración ideológica nacional que estaba encaminada a la inevitable legitimación de un modelo político totalitario.

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Heredero de la máxima “Libertad, Orden y Progreso”, este periodo ve nacer la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes (1905)6, la primera institución gubernamental mexicana que formaliza una política cultural evidente y articulada al proyecto nacional que pugnaba por la estabilidad social y el progreso económico, lamentablemente, a costa de la libertad y la democracia. Durante la época, la implementación de esta política cultural da pie a la creación de otros organismos culturales y reformas como: el Museo de Arqueología e Historia, el Conservatorio Nacional, la Escuela Nacional de Bellas Artes (Academia de San Carlos), la Biblioteca Nacional, el Palacio de Minería, la Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y sus Territorios, y la reinauguración, en 1910, de la Universidad Nacional (suprimida en 1865).

De sus antecedentes históricos, la cultura porfiariana incorpora nociones muy claras sobre la importancia de la institucionalización de la ideología estatal en vías de la neutralización oportuna de cualquier forma de expresión que se considerara contraria al sentimiento nacionalista, progresista, conciliador y legal.

Hasta este momento, Justo Sierra identificaba tres etapas de la personalidad de la nación mexicana: “ a) la de la Independencia, que dio vida a la personalidad nacional; b) la de la Reforma, que dio vida a nuestra personalidad social; y c) la de la paz, que dio vida a nuestra personalidad internacionalista y que correspondía al gobierno de Díaz” (Valenzuela, 1999, pág. 50). Sin embargo, la existencia de esta última era cuestionada y cuestionable, ya que es justo en los límites de la totalidad ideológica y estructural del régimen porfiriano que se crean movimientos sociales e intelectuales que colaboran con la difusión de argumentos para sustentar la necesidad de un cambio de rumbo.

La escena cultural nacional, compuesta mayoritariamente por grupos de oposición, formó parte sustantiva de la rebelión en contra de Porfirio Díaz y, sobre todo, de la posterior institucionalización de los ideales revolucionarios. Según autores como Carlos Monsiváis y José Manuel Valenzuela, la militancia político-intelectual-artística de principios de siglo fue un factor definitorio para diluir “el cuerpo monolítico de la cultura porfiriana” (Monsiváis, 1988, pág. 1391), ya que gracias a la publicación 6 “En la Secretaría promovida por Sierra se reunían las escuelas primarias, normales, preparatorias y profesionales en el Distrito Federal y los Territorios(…) Sierra instala un modelo educativo que unifica y reúne la vasta diversidad de la actividad educativa y cultural de México (…) al impulsar la Ley de Educación Primaria para el Distrito Federal y sus Territorios propugna el carácter nacional de la educación y, a la triada tradicional de educación intelectual, educación moral y educación física, añade la educación estética” (Tovar y de Teresa, 1994, pág. 32).

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de documentos y la conformación de grupos de discusión se establecieron trincheras que enrarecieron el clima político de la época. Personajes como José Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirano consideraban que “el hombre de letras no podía aislarse en su torre de marfil, sino participar en la vida política” (Valenzuela, 1999, pág. 51) de forma activa y comprometida. La fundación del Ateneo de la Juventud7 vino a revitalizar la vida cultural del México de principios de siglo y significó la concreción del esfuerzo intelectual de un grupo que pugnó fuertemente por la instauración de un Estado humanista, que promoviera más que una visión científico-positivista, una política cultural-educativa que fuera transversal a las diversas búsquedas políticas que enmarcaron la lucha armada8.

Se identifican hasta este punto algunos rasgos característicos de la escena cultural post revolucionaria, como la cercana relación de los intelectuales a quienes sería confiada la misión humanista de un proyecto nacional de cultura y educación vinculado a la actividad política (aunque desde una trinchera pacifista donde la actividad política no implicaba necesariamente una actitud contestataria o crítica ante el poder). Se trata de elementos que fueron sentando las bases para la posterior institucionalización del sector cultural, cuyos modelos seguirían privilegiando las figuras de intelectuales y artistas comprometidos con el modelo educativo de nación.

Después del conflicto armado y teniendo como contexto la Primera Guerra Mundial, José Vasconcelos considera que han surgido “nuevas necesidades 7 Es pertinente en este momento una nota crítica al Ateneo de la Juventud Mexicana, en aras de la construcción de claroscuros y también con la intención de no contraponer en directo este modelo con el de CONACULTA: “La leyenda del Ateneo de la Juventud resulta inevitable: el sistema político y social vencedor en la Revolución precisa de una legitimidad integral. Fundar la cultura de la Revolución en un grupo de la evidente brillantez del Ateneo es hacerse de bases sólidas. Los historiadores de la cultura oficial eliminan incongruencias, desvanecen contradicciones y disparidades, no toman en cuenta las críticas feroces de Vasconcelos a sus compañeros, insisten en describir un vasto paisaje fraternal.

Queda, a la distancia, un conjunto unívoco, indivisible, cuya tajante y severa mitología requiere, grosso modo, de varias precisiones: a) su importancia política no es tan vasta, ni tan demoledora (…); b) como tarea colectiva, el Ateneo es, sólo una renovación voluntariosa que, al no ser proseguida, se disuelve sin mayores consecuencias (…); c) los ateneístas no son nunca una ruptura declarada contra el positivismo.

Disienten de la doctrina pero, de un modo básico se consideran herederos de lo mejor de quienes lo han sustentado (…); d) La ‘revolución moral’ de los ateneístas se organiza en derredor de una idea abstracta: el heroísmo (…); e) El marasmo y la desmoralización, situados en términos estéticos, exigen de los ateneístas una respuesta: la independencia cultural que es regeneración moral (…) el plan de regeneración moral termina en la demanda de un trato deferencial para los intelectuales; f) La victoria declarada no se disfruta.

La mayoría de los ateneístas observa con temor a la revolución, se repliega, se aparta” (Monsiváis, 1988, págs. 1397-1403).

8 “Los proyectos revolucionarios tenían sus particulares características regionales, políticas y sociales: la fe democrática de Francisco I. Madero; el indigenismo campesino de Emiliano Zapata; el constitucionalismo de Venustiano Carranza; el ánimo de reivindicación social de Francisco Villa” (Tovar y de Teresa, 1994, pág. 34)

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adaptativas” y elabora “un plan de salvación/regeneración de México por medio de la cultura (el Espíritu)”. Se convierte así en el artífice de la institucionalización de la historia cultural revolucionaria y construye una política cultural-educativa a la luz de las influencias del Ministro de Instrucción de la URSS, Lunatcharsky (Monsiváis, 1988, pág. 1417). Esta política fue armada sobre cinco grandes pilares: (1) una educación concebida como actividad evangelizadora, (2) campañas contra el analfabetismo, (3) difusión y promoción de las artes, (4) el intercambio cultural, y (5) la incorporación de la minoría indígena. Vasconcelos declara el propósito de su cruzada: Educar es establecer los vínculos nacionales. ‘El arte es la única salvación de México’. Si los mexicanos aprenden a leer y a vivir de acuerdo con el ideal humanista, habrán conjurado el desastre, se habrán inmunizado con los peligros del exterior, se habrá cumplido el ideal apostólico de Fray Pedro de Gante y Vasco de Quiroga (Vasconcelos citado por Monsiváis, 1988, pág. 1417).

Así, en 1920 es aprobada la creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP); en tan sólo tres años de gestión se instalaron 2000 bibliotecas públicas en todo el país9; en 1923 se abrieron los Talleres Gráficos de la Nación; se incorporó a la educación básica la iniciación a las artes; se coordinó a las academias y grupos de arte que se encontraban dispersos; se instrumentaron las famosas Misiones Culturales10; se fundó la Estación Radiofónica de la SEP; se establecieron nuevos centros de artes y oficios; etcétera.

Entre 1929 y 1934, la SEP cambia de titular en por lo menos cinco ocasiones y durante la gestión de Narciso Bassols11 se inicia la reorganización de la política cultural que atravesaría varias administraciones.

Durante este periodo de reformas que van de 1934 a 1946, se crean el Palacio de Bellas Artes y el Fondo de Cultura Económica; se promulga la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales; la creación del Seminario de Cultura Mexicana; el Colegio Nacional y el Colegio de México, sin embargo, algunas de las más significativas en materia cultural son la creación del Instituto Nacional de Antropología 9 “El acervo de muchas de ellas no excedía los 50 volúmenes y no todas contaban con un local fijo. En muchos casos las presidencias municipales sirvieron de sedes a cargo de los maestros de las localidades” (Tovar y de Teresa, 1994, pág. 37).

10 Programa complementario del proceso de alfabetización iniciado por Vasconcelos, “reunía a los intelectuales y creadores mexicanos para dar capacitación técnica, artística y pedagógica a los maestros rurales” (Tovar y de Teresa, 1994, pág. 38).

11 Junto con Eduardo Vasconcelos fue uno de los dos Secretarios de Educación durante la gestión del presidente Abelardo L. Rodríguez.

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e Historia (INAH, 1938); la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI, 1939); y la fundación del Instituto Nacional de Bellas (INBA, 1946). Tanto la fundación del INAH, como la del INBA y del INI se percibían como la continuación de los proyectos reformadores de Sierra y Vasconcelos, ya que implicaban: la ampliación del campo de acción cultural, la autonomía institucional del sector, y un avance en la preservación, cuidado, estudio e impulso de los valores patrimoniales mexicanos, tangibles e intangibles (Pernas Guarneros, 2009; Tovar y de Teresa, 1994).

Desde la creación del Sistema Educativo Nacional en 1824, hasta nuestros días, las políticas culturales del país han estado fuertemente vinculadas al sector educativo nacional, de hecho, como se observa, enunciativamente no había una división clara entre ambas. Sin embargo, su relación no ha mantenido las mismas características y la separación de objetivos ha dejado su huella. La política cultural-educativa impulsada con claridad por los diversos proyectos de nación revisados hasta el momento, fue paulatinamente distanciándose (no en términos administrativos) hasta convertirse en la política educativa y la política cultural, así, separadas.

Durante la segunda gestión de Jaime Torres Bodet como Secretario de Educación (1958-1964) comienza a constituirse el subsector cultura que, en aras de garantizar la eficiencia de la administración de la política educativa y la política cultural, condujo prácticamente a la disolución de la relación entre ambas políticas públicas. La presumida independencia de la política cultural del sector educativo fue relativa, lo que se verificó en realidad fue un proceso gradual de desvinculación, más que una autonomía. La creación del sub sector otorgó a las instituciones culturales autonomía jurídica con respecto a la SEP, pero, en términos de influencia política y ejercicio presupuestal, lo que en realidad aconteció fue la segregación del sector a un segundo plano. Comenzando así la creación de instituciones hiperespecializadas, y lo más grave, desvinculadas entre sí.

A partir de 1960 y hasta 1988, bajo la forma jurídica de Subsecretaría de Cultura (cambió de nombre en varias ocasiones, aunque en lo general ya aglutinaba a todos los organismos e instituciones culturales fundados hasta el momento) y en coincidencia con los planteamientos de la UNESCO12, se dio paso a la reforma institucional del subsector que buscaba la incorporación de un modelo de modernización integral.

12 Jaime Torres Bodet regresaba a México después de haber fungido como Secretario General de la UNESCO de 1948 a 1952, puesto que alcanzó justo después de haber concluido su primer periodo como Secretario de Educación Pública durante el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho (1940-1946).

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Tras la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la UNESCO, se preconizaba la necesidad de forjar ciudadanos a partir de conceptos como la democracia y la paz social. Estos conceptos se adaptaron admirablemente en México por dos motivos: por una parte se reconocía en ellos una necesidad primordial, la de seguir extendiendo los bienes de la educación y la cultura a la población mexicana. En el ámbito internacional, México se adaptó también a una formación que preconizaba valores capaces de fomentar en el individuo el respeto y la cooperación con todos los pueblos (Tovar y de Teresa, 1994, pág. 45).

No será esta la primera vez que la influencia de corrientes ideológicas deje su marca en territorio nacional específicamente en los asuntos relacionados con la cultura, por lo que, teniendo como marco los planteamientos desarrollistas que circulaban en aquellos años, el subsector cultural mexicano toma forma al adoptar plataformas de sentido transnacionales que dictaminaban no sólo las tendencias culturales sino también la modernización institucional, política y económica de los estados nación.

Entre los principales objetos de esta reforma internacional, se identificaba de forma especial el establecimiento de procesos de descentralización administrativa gubernamental. Política que cobraba una importancia central, ya que en México la capital del país alojaba la mayor parte de las instituciones culturales, y desde este escenario de centralización institucional se dictaba la política cultural de todo el territorio, en un proceso que reducía y excluía las realidades regionales.

Carlos Lara, en su texto “La política cultural en México. Oficialismo, alternancia y transición” (Lara G., 2012), recupera, gracias a varias entrevistas realizadas con funcionarios, artistas e intelectuales y otras publicaciones, la crónica de los proyectos y acontecimientos políticos que antecedieron la institucionalización del CONACULTA en 1988. Refiere así, que la idea de agrupar a las instituciones culturales en un consejo descentralizado de la SEP con libertad de criterio y orientación, tiene su origen en la administración del presidente Luis Echeverría, cuando éste envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 1975, proyecto que probablemente fue encargado al Procurador General de la República Lic. Pedro Ojeda Paullada (Tibol, 2006).

La afirmación anterior, según lo expuesto por Raquel Tibol en la columna “Tres décadas sin legislar sobre cultura” publicada por el semanario Proceso con fecha del 30 de julio de 2006 y citada por Lara, resulta

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un dato interesante porque a decir de ambos, la comunidad cultural en aquel momento tenía recelos sobre el proyecto, obviamente fundados en las acciones de represión política por parte del Estado (una inmediata anterior, la represión del Movimiento Estudiantil de 1968, y la realizada durante por la propia administración de Echeverría conocida como la matanza del Jueves de Corpus o Halconazo), y temía particularmente el hecho de que fuera el titular del ejecutivo el que definiera la política o lineamientos para la materia, además de designar al titular del organismo en cuestión. Asumo, como una probabilidad, el que el escenario político y social mexicano de la época influyera en el hecho de que dicha iniciativa no prosperara, en tanto los artistas e intelectuales formaban parte activa de estos movimientos sociales.

La configuración de lo que hoy conocemos como el CONACULTA comienza a dibujarse durante el último mes del sexenio de Miguel de la Madrid. Lara aborda dos momentos que marcan una diferencia en la forma de plantear el tema cultural en la configuración de discursos y/o agendas de gobierno. Resulta muy interesante el hecho de que en 1980, López Portillo, en el marco de su Plan Global de Desarrollo (1980-1982) incluyera el tema de la cultura como parte de la exposición de principios de la filosofía política del nacionalismo incluida en el texto y no el marco del patrimonio cultural y las bellas artes; y que por el contrario, Miguel de la Madrid en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988, alentado en parte por la tendencia internacional gestada en la ONU, de incorporar a los planes de desarrollo su sectorización por ámbitos o esferas relacionadas al mismo, estableciera un capítulo específico, relativo a la política social, sobre educación, cultura, recreación y deporte que proponía desarrollar la cultura nacional, fortalecer la calidad académica, revisar los planes y programas de estudio, la racionalización de la matrícula de educación media superior y superior e impulsar la educación tecnológica, el deporte y la recreación, ampliando el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales, deportivas y recreativas (Lara G., 2012, págs. 21-22).

La necesidad de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, así sectorizado, como fue presentado, buscaba mostrar proyectos nacionales de desarrollo especializados y autónomos13 planteados por el ejecutivo con la intención de legitimar la nueva administración presidencial 13 En ese momento los conceptos de políticas transversales de gobierno aún no se difundían, la novedad gubernamental consistía en incorporar el concepto del desarrollo como la consecuencia de impulsar e incluir diversas esferas de la realidad, entre ellas la cultura.

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que enfrentaba la crisis económica detonada en 198214. Es importante mencionar que durante este sexenio se incorporan por primera vez los ejercicios de la planeación, conducción, coordinación y orientación de las políticas públicas como parte de las obligaciones estatales; la promoción del desarrollo regional; y la reafirmación de la coexistencia armónica y responsable de los sectores público, privado y social (Lomelí, s/f).

La promulgación de la Ley de Planeación en enero de 1983 es otro acontecimiento nacional que enmarca el contexto de creación del CONACULTA, estableció como objetivo instituir las normas y los principios básicos que orientarían la planeación nacional del desarrollo, integrando el Sistema Nacional de Planeación Democrática entre el ejecutivo federal y las entidades federativas, estableciendo las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y las comunidades indígenas. Por estas razones, el decreto de creación del CNCA comenzó señalando que los cambios sociales ocurridos en México en los últimos años habían generado nuevas exigencias y requerimientos de orden cultural que el Estado debía atender (Lara G., 2012, pág. 23).

Además de la fuerte influencia internacional y enfrentado a una crisis social, política y económica que le significó la incorporación de nuevas nomenclaturas y metodologías propuestas por organismos internacionales, en el plano de las políticas públicas para el sector cultural también se verifica un cambio de timón relacionado con el hecho de que nuestro país fuera sede en 1982 (justo un año antes de la publicación de PND antes mencionado) de la firma de la “Declaración de México sobre las Políticas Culturales”. Constituida por la Conferencia Mundial sobre las Políticas 14 En 1982, la inflación alcanzó el 100%; el índice de desempleo era del 8%; y la deuda externa representaba un gasto de alrededor del 53% del PIB. Recordemos que en 1982, la situación económica y política nacional, provocó la creación del Programa Inmediato de Reordenación (PIRE) que consistía en la generación un plan nacional de emergencia antecedente del Pacto de Solidaridad Económica del salinismo o al recientemente creado Pacto por México del gobierno del presidente Peña Nieto. El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) coincidía en que las causas de los desequilibrios eran el déficit público y la sobrevaluación del tipo de cambio. El propósito de este programa era el control de la demanda agregada y el restablecimiento gradual de la estabilidad de precios, por lo que el ajuste debía iniciar con el saneamiento de las finanzas públicas. Los lineamientos eran: aumentar el ahorro interno; estabilizar el mercado cambiario; promover el empleo y la planta productiva; y combatir la inflación. Además incluía estrategias de a) renovación moral: en este punto se elaboró la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; b) planeación: se llevó a cabo el Plan Nacional de Desarrollo; en la rectoría económica del estado; c) reformas constitucionales; d) descentralización y democratización: impulsó al federalismo por medio de la reforma al artículo 115 y la descentralización de la administración pública (Lomelí G.) (http://arleth91.blogspot.mx/).

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Culturales de la UNESCO (UNESCO, 1982), esta declaración es considerada como un parte aguas internacional, que dio inicio a una importante tradición de investigación, diseño, evaluación y medición para ofrecer a los Estados recursos metodológicos y materiales ideológicos que les ayuden a enmarcar sus políticas culturales15.

En 1988, la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia no se da sin sobresaltos. Las capacidad de organización política de la sociedad civil mexicana se habían fortalecido a fuerza de tragedias, matanzas y una crisis económica que se dejó sentir hasta en la mesa de los mexicanos; y los actores políticos, sociales y empresariales no reconocían la vigencia de un gobierno que representaba los (ya) viejos ideales de la revolución mexicana y no daba muestras de llevarlos a los escenarios de la modernidad.

El adverso escenario político-social que encuentra esta administración, significó el derroche de las mejores destrezas político-discursivas de las que podía echar mano el Partido Revolucionario Institucional, era pues evidente para el presidente y su gabinete, que había que abandonar el discurso del nacionalismo revolucionario para instalar un discurso modernizador que incorporara nuevos conceptos y paradigmas como el de la globalización, el mercado político, la competitividad, la reforma del Estado, el crecimiento económico, participación ciudadana y así lo hicieron. “La implantación de un nuevo discurso se produce en la medida en que se transforma el modelo de desarrollo, la política económica, social y las instituciones” (Concepción Montiel, 2006) y desde los primeros días del sexenio se dieron muestras claras de que así sería.

El uso discursivo de las llamadas políticas públicas del “liberalismo social” y la “modernización”, permitieron el establecimiento del pacto económico, social y político que llevó por nombre Programa Nacional Solidaridad, que a la larga significó una plataforma ideológica que concedió sustentar la implementación de políticas públicas neoliberales que llevaron, entre otras cosas, a la privatización de poco más de mil empresas paraestatales, la nacionalización de la banca, la firma del Tratado de Libre Comercio y la reforma agraria, sólo por mencionar algunos proyectos sexenales. Es en el marco de estas transformaciones que por medio de un decreto presidencial, el 7 de diciembre de 1988, nace el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

15 Así, encontramos una evidencia de cómo las tendencias conceptuales e ideológicas internacionales logran tener efectos e influencias a corto plazo en los discursos institucionales y en ocasiones (no con tanta frecuencia) en ámbitos operativos.

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Varios autores que reseñan la génesis de la institución coinciden en que su creación responde a la necesidad de un organismo que ordene y articule las instituciones culturales nacionales, administre recursos y que, eventualmente, se convirtiera en un organismo dinamizador del sector cultural (Lara G., 2012; Pernas Guarneros, 2009; Tovar y de Teresa, 1994).

Quizá por eso, la figura jurídica que se adopta para la creación del Consejo es la de constituirse como un órgano desconcentrado y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública que articulara una administración cultural más coherente, funcional y participativa, ceñida a los criterios de eficiencia y racionalidad que normaron la reforma de la administración de ese sexenio, así como el desarrollo de una acción cultural entendida como supuesto imprescindible del progreso político, económico y social (Lara G., 2012, pág. 25).

Arropado por personajes como Octavio Paz, Jaime Sabines y Héctor Vasconcelos, quienes incluso dieron su visto bueno al nombramiento de titulares y diseño institucional, (Lara G., 2012), el CONACULTA fue una de las primeras concreciones de la política de modernización administrativa del sexenio y fue asumido por la administración salinista como una respuesta a la “legítima demanda de la descentralización de la acción cultural del gobierno para atender tanto los requerimientos de los diversos estados como la problemática y expectativas de desarrollo de las comunidades artísticas e intelectuales locales” (Tovar y de Teresa, 1994, pág. 52).

De las páginas de la revista editada por Octavio Paz, y ante la notoria decadencia de las instituciones culturales, surgió en los años ochenta, la idea de crear un consejo de cultura ligero, flexible, participativo, especializado. En una palabra, anti burocrático (en su diseño se advierten, entre otras, las ideas de Gabriel Zaid). Y sí, a fines de los ochenta se creó el Conaculta, una voluntarista superestructura burocrática, sin mucha definición institucional, que no despejó, sino incluyó los problemas del INBA y del INAH (entre muchos otros, el ya señalado por Vuelta hace veinte años: la mayor parte de los presupuestos se gasta en mantenerse a sí mismos) (Tostado, 2003).

Por su parte, Carlos Lara amplía esta reflexión y afirma que la creación del Consejo suponía, además, la posibilidad de establecer un diálogo abierto con la comunidad artística y la sociedad en vías de garantizar el pleno ejercicio de libertad de creación, una mejora organizativa y el cuidado del patrimonio nacional.

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Suponía un diálogo constante con la comunidad artística, la comunidad intelectual, y con la sociedad en su conjunto; que el Estado debía estimular la creación artística y cultural garantizando la plena libertad de los creadores, razón por la cual la presencia estatal en ese campo debía ser esencialmente en el ámbito de la organización y de la promoción, alentando las expresiones culturales de las distintas regiones y grupos sociales del país, y promoviendo las más amplia difusión de los bienes artísticos y culturales entre los diversos sectores de la población mexicana, procurando la preservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural de la nación (Lara G., 2012, pág. 24).

El segundo titular del organismo (el primero fue Víctor Flores Olea), Rafael Tovar y de Teresa (1994) explica que la creación del Consejo es ante todo una respuesta los desafíos del México moderno, Ante el desafío de estas nuevas y cambiantes circunstancias, de grandes oportunidades pero también de enormes riesgos, México ha iniciado el ejercicio de una política de modernización de sus estructuras políticas, económicas y sociales respaldada en la amplia diversidad de su cultura (…) así, la creación del Consejo reflejó la voluntad de que las instituciones culturales no quedaran relegadas en el esfuerzo por modernizar el país. No sólo era necesario dar unidad a la política cultural, sino también atender el rezago que venía cuestionando la eficacia de muchas de nuestras principales instituciones de cultura y de reorientar la gestión (…) Con la instalación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se ha logrado imprimir unidad y coherencia a la pluralidad y la multiplicidad de la política cultural del Estado mexicano: crear un organismo que agrupara, por primera vez en México, al conjunto de instituciones públicas, de carácter federal, dedicadas a la preservación, la promoción y la difusión de nuestra cultura (págs. 12-20).

Ambas citas, escritas más bien desde una postura oficialista, evidencian la vinculación del discurso cultural con el discurso modernizante propio de la época. Apelan a un proyecto de transformación institucional de corte federalista neoliberal que se concretaría en la creación de organismos públicos descentralizados y sectorizados como el CONACULTA. En lo que respecta a la política de desarrollo social, dentro de la cual se encuentra sectorizada la política cultural, esta plataforma de sentido neoliberal sustituye la dimensión social-comunitaria del desarrollo para apostar al desarrollo individual o particular (Concepción Montiel, 2006) a través de la

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dotación de fondos y/o subsidios que se ejecutaban desde programas que manejaban instituciones gubernamentales creadas especialmente para estos fines. En la misma semana del anuncio de la creación del CONACULTA se anuncia con bombo y platillo el lanzamiento del programa SOLIDARIDAD. En este sentido, el proceso de conceptualización que da origen al Consejo no puede desligarse del proceso de vaciamiento paulatino de un modelo originado en la época post revolucionaria conocido como modelo vasconcelista, que apostaba por el desarrollo social y comunitario con una visión claramente integradora de las esferas de desarrollo. En pocas palabras, la adopción de estos conceptos implicó un nuevo cambio de timón paradigmático16, ya que durante este proceso se sustituye la retórica revolucionaria por una neoliberal, el discurso nacionalista por el de globalización, la soberanía nacional por apertura e internacionalidad, justicia social por competitividad, asistencia social por excelencia, proyecto nacional propio por libre mercado, grupos y sectores por individuos, pasado y memoria común por presentismo y modernidad, mitos colectivos fundantes por imágenes de consumo (Valenzuela, 1999, pág. 15).

PROYECTOS DE NACIÓN Y POLÍTICAS CULTURALES La revisión de los proyectos culturales nacionales, explora el plano histórico/contextual que enmarca el desarrollo de plataformas de sentido y la consecuente adopción de modelos de acción y gestión cultural que se cristalizan en formas institucionales concretas. Un acercamiento de este tipo permite evidenciar que a pesar de que la construcción discursiva se concentra evidentemente en el campo cultural, éste no es ajeno a influencias de otros campos y factores políticos, económicos y sociales ya sean nacionales o internacionales. La sistematización de información histórica, ayuda a transparentar el desarrollo de un campo con una visión interdisciplinaria, enriqueciendo el contexto del propio campo de estudio, ya que el modelo metodológico asume que el desarrollo de los campos es 16 Dice José Manuel Valenzuela, que la renovación de los rasgos del proyecto nacional y sus implicaciones identitarias constituyen una prioridad ante la pérdida de credibilidad de un proyecto neoliberal instaurado en México desde la década de los ochenta. Entre las consecuencias del trastrocamiento de los rasgos definitorios del proyecto nacional, el autor destaca dos: la ruptura y decantación de la identidad nacional; y la fragmentación y redefinición de la cultura nacional (Valenzuela, 1999).

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modelado por las razones, las técnicas y los actores y ofrece la posibilidad de observación de las formas en las que se “vive” el campo; da cuenta de cómo es que se cristalizan las ideas, conceptos y discursos; y, por último, ofrece material empírico para evidenciar cómo el campo es transformado por los sujetos, agentes, instituciones y comunidades, que naturalmente pugnan por el control del mismo.

Como es posible observar, después de analizar de manera breve algunos de los hechos que han marcado la historia cultural del país, en México, la intervención o gestión cultural ha venido adoptando distintos modelos a través de los años.

La importancia de la acción cultural gubernamental y su integración a las estrategias de configuración-concreción de proyectos de nación de forma articulada y explícita puede ser fácilmente rastreada por lo menos hasta los albores del sexenio salinista. La condición permanente de articulación entre proyecto de nación y política cultural puede analizarse desde varias perspectivas y momentos donde la presencia del tema cultural aparece constantemente vinculado a asuntos diversos, no necesariamente de desarrollo artístico como se asumiría desde una concepción estética del término cultura; sino por el contrario, constantemente aparece referido al terreno de la negociación y operación política. Algunas veces como indicativo de la implementación de proyectos de corte totalitario como en el Porfiriato, y otras como indicativo del interés no manifiesto del Estado Mexicano a abandonar posturas estatales absolutistas cuando el entorno social se encuentra enrarecido como en la época post revolucionaria o durante el Salinismo.

Esta condición de permanente vínculo con la esfera del poder explicaría las razones políticas que subyacen a la implementación de modelos, a la creación de instituciones y a algunas decisiones operativas como las razones argumentadas para otorgar o no una relativa autonomía del subsector cultural en relación a la SEP, o el hecho de que durante el proceso de adopción de nuevos modelos de operación gubernamental, el tema de la cultura cobre fuerza o se deje de lado.

En todo caso, es de suma importancia señalar de forma preliminar por lo menos cinco observaciones: a. En los periodos analizados hasta el momento, la correlación entre cultura y Estado cobra fuerza cuando se trata de legitimar un proyecto de nación a través del establecimiento de nuevos pactos sociales.

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b. Con relación a los efectos sociales de las políticas culturales, hay que señalar que en los periodos estudiados la intención de la conformación de “cuerpos ciudadanos ideales”, está presente constantemente. Me refiero a que por medio de las instituciones culturales y los discursos que le dan sentido a las mismas, se instaura, legitima y soporta una retícula social estándar, un modelo ciudadano que se plantea como meta y que extrañamente entre 1810 y 1960 (principalmente) circulaba entre las fronteras de los conceptos de modernidad y tradición, ya que posteriormente esta búsqueda parece desdibujarse al dar cabida a discursos que apelaban a la heterogeneidad o a la diversidad como riqueza nacional y objeto de preservación. c. Por otra parte, en referencia a los actores y protagonistas, no sorprende que en un país con tradiciones culturales tan arraigadas como México, la figura de los políticos-intelectuales-artistas esté tan vinculada al desarrollo de los modelos de gestión-acción cultural gubernamental. Su presencia constante en la definición de ideologías, conceptualización de instituciones y producción de materiales ideológicos, por lo menos hasta el 2000, sugiere que a diferencia de otros sectores gubernamentales, el campo cultural gubernamental mexicano ha sido fuertemente influido por un grupo de actores sociales de trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional. Si bien a éstos podría llamárseles “ideólogos de clase”, como señala Carlos Monsiváis (1988), es importante señalar que dotaron al sector de una densidad intelectual que no es compartida por ningún otro sector estatal17, (ver Cuadro 1. Modelos de acción cultural-ideológica por periodo histórico) d. Es evidente, que por lo menos hasta finales de los años 60, se percibe la articulación de políticas públicas en pos de un proyecto de nación claro y coherente que tuvo consecuencias positivas en varias esferas, particularmente en lo que se refiere a la conformación de una identidad o cultural nacional, como durante las épocas del México Independiente, del periodo Revolucionario, o en la dimensión educativo-cultural de Vasconcelos y Sierra. e. A partir de los años 70 se implementa un modelo de desarrollo por sectores que si bien señala la necesidad de involucrar esferas entonces ausentes, opta por la implementación de programas 17 Por lo menos hasta el involucramiento de la academia en el campo de la economía y del desarrollo social, aunque no de forma directa como en este caso. El acercamiento a estos campos, específicamente el del desarrollo social, se ha realizado a través de la incorporación de análisis y resultado de evaluaciones de programas específicos.

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autónomos. Se privilegia un modelo modernizador, en el que cada sector parece avanzar por caminos independientes y con objetivos dispares, aun cuando en términos enunciativos los programas nacionales de desarrollo afirman lo contrario. Esta misma condición de relativa autonomía podría ser indicativa de la falta de visión estratégica de los gobiernos contemporáneos mexicanos, ya que al renunciar a la integralidad, podrían estar renunciando también a la construcción de un proyecto nacional de corte sistémico.

En el cuadro 1 presento una síntesis que agrupa los distintos modelos de acción cultural-ideológica por periodo histórico, desde los primeros años del México independiente hasta 1994. Destaca la carga ideológica de cada uno de los modelos, consecuente con las políticas educativas, económicas y de política exterior las distintas etapas histórico-políticas del Estado mexicano. De igual forma, se puede apreciar la evolución en los alcances y propósitos de las políticas públicas institucionalizadas en cada periodo, y que va de la institucionalización de patrimonios nacionales en los primeros años de vida independiente, al claro objetivo educativo y alfabetizador de la Reforma, el Porfiriato y la Revolución; para gradualmente ir institucionalizando las labores de creación, promoción y conservación artística e intelectual hacia finales del s. XX. En todo caso y en concordancia con la plataforma metodológica construida, la revisión del plano histórico, así como su análisis, hace observable un campo con por lo menos tres dimensiones en las que subyace la razón política de la implementación de un modelo de desarrollo cultural gubernamental: a. Primero, que cada periodo histórico está marcado por la adopción de modelos gubernamentales a los que vienen aparejados conceptos específicos que son expresados en términos de discurso. b. Segundo, que esos discursos se expresan o son puestos en operación por medio de instituciones gubernamentales que vuelven operativos dichos discursos a través de programas y proyectos específicos. c. Tercero, que todo este aparato finalmente se expresa en dinámicas y prácticas sociales o tiende a transformarse cuando el propio aparato gubernamental deja de tener vigencia y las prácticas sociales comienzan a exigir una nueva transformación.

Así, buscaré reconstruir el modelo contemporáneo de gestión cultural gubernamental (1988-2012) a través del análisis de las estructuras objetivas

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en las que se expresa y los efectos sociales de la implementación del mismo.

Las categorías de sistematización y análisis de la información disponible se concentrarán en: (1) la construcción y conceptualización del modelo de gestión cultural nacional implementado entre 1988 y 2012; (2) los procesos de institucionalización del propio modelo; (3) los efectos que el modelo tiene como dinamizador de la esfera social, específicamente la comunidad artística mexicana y otros beneficiarios de servicios culturales.

Modelos de acción cultural-ideológica por periodo histórico

Cuadro 1. Elaboración propia a partir de Concepción Montiel (2006), Monsiváis (1988), Pernas Guarneros, (2009), Salazar (2011), Salinas de Gortari (1994), Tovar y de Teresa (1994), Valenzuela (1999) y Villoro (1988).

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CONACULTA: EL MODELO ACTUAL DE GESTIÓN CULTURAL NACIONAL La cultura no puede pensarse al margen de los escenarios en los que transcurre el devenir nacional, y en tal sentido tanto la transversalización como la multisectoralidad del tema es un asunto vital. La construcción del estudio de caso parte del supuesto de que el modelo implementado a nivel nacional desde 1988 y vigente hasta la fecha, es tematizable y puede problematizarse teórica, metodológica y políticamente en el marco de las ciencias sociales. En este sentido, construiré una reflexión diacrónica en la que se establecen relaciones y vínculos entre los procesos de conceptualización, institucionalización y socialización del propio modelo a lo largo de cuatro sexenios.

A partir de su fundación, el CONACULTA establece un modelo propio de gestión cultural federal con características conceptuales y de operación específicas que ha sido replicado a nivel nacional, vinculándose de maneras diversas con las políticas estatales y municipales. Para los gobiernos estatales y municipales el modelo resultaba novedoso, se anunciaba como una de las concreciones más acabadas del proyecto de modernización administrativa salinista, donde una de las políticas anunciadas era la de la descentralización18 de los bienes y servicios culturales y de recursos (CONACULTA, 1990-1994; Leal, Padilla, y Robles, 2009), por lo que resultó casi natural a los gobiernos estatales y municipales, ajustarse al modelo y fundar o transformar sus propias instituciones culturales.

Como se puede observar en el cuadro siguiente, 22 de los 32 estados de la república, fundan sus instituciones culturales posteriormente a la creación del CONACULTA.

18 Sobre el tema de la descentralización, Omar Castro, explica que este fenómeno forma parte de una de las funciones básicas del Estado ya que se entiende como “una conjugación de fuerzas centrales y descentralizadas que dan vida a la organización política de la sociedad”, lo que significa que los tres niveles de gobierno, a pesar de tener una condición autónoma, pueden caminar en la misma dirección o a la inversa. Ante ello, continua Castro, la descentralización (que cobra mayor o menor importancia según las intenciones o proyectos de los gobiernos) “se confirma como un modelo de vida que proporciona a la sociedad y a las instituciones del gobierno condiciones para articularse respetando sus competencias” (Castro de la Mora, 2010, pág. 57).

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Instituciones Culturales Estatales en México por año de Fundación

Cuadro 2. Elaboración propia a partir de la información disponible en la página web de las instituciones estatales.

Además, en una concatenación de acciones y organismos (reacciones muy comunes en las instituciones gubernamentales de todos los sectores de nuestro país dada la dependencia económica), muchos gobiernos municipales hicieron lo propio, lo que probablemente quiera decir que un buen porcentaje de los aproximadamente 2,440 municipios de México (SEGOB, 2010) esté replicando el modelo de gestión del Consejo19. Los datos son evidencia de que la política de descentralización implementada a partir de 1988, ha tenido éxito a nivel nacional (finalmente, el primer requisito para que exista una política cultural es tener un área gubernamental dedicada exclusivamente a esos fines), pero ¿Qué modelo institucional y estrategias de atención se han descentralizado y replicado desde hace 25 años?

19 Por lo menos, en el caso de Jalisco, los 125 municipios que lo integran operan sus instituciones culturales en total coincidencia con el organismo federal.

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PROCESOS DE CONCEPTUALIZACIÓN En términos de implementación de una política cultural de alcance nacional coherente y adecuada, sin duda uno de los grandes dilemas que enfrenta el Modelo CONACULTA (MC, para futuras referencias), radica en la confusa conceptualización del término cultura.

La política neoliberal salinista se anclaba en dos conceptos que fundaron, desde el discurso, un tipo específico de política pública, instituciones y programas gubernamentales que se extendían a todos los sectores gubernamentales. Por un lado, el de “modernización” que según varios autores representaba la forma digerida del neoliberalismo (término del cual, al parecer, el mismo Salinas intentó desmarcarse constantemente), significó justificación a los cambios institucionales profundos que sucedieron durante la administración (Concepción Montiel, 2006; Dorantes, 2013; Ruiz V., 2007; Salazar, 2011); y por otro lado, uno acuñado por él mismo, el “liberalismo social”, que según sus propias tesis, recuperaba las mejores tradiciones del liberalismo Juarista del siglo XIX y las de la Revolución Mexicana, pero que finalmente representaba la propuesta ideológica del neoliberalismo en su faceta social (Concepción Montiel, 2006).

Así, dado su contexto primario de origen, el MC se asienta y opera cómodamente en esta plataforma bi-conceptual, quedando destinado a asumirla de forma permanente, ya que a la lectura de los últimos cuatro Planes Nacionales de Cultura (CONACULTA, 1990-1994, 1995-2000, 2001-2006 y 2006-2012), esta plataforma bi-conceptual podría ser un factor determinante en la explicación del manejo diferenciado que del propio concepto de cultura se hace en dichos documentos. El problema, en todo caso, es que dichas bases conceptuales de inicio plantean una relación paradójica en términos de la lucha discursiva que se ha vuelto una constante al paso de los años y que se ejemplifica específicamente en dos planos: uno retórico, aquel concepto de cultura anclado al “liberalismo social”; y otro operativo, anclado al concepto de “modernización”.

En el caso del concepto retórico de cultura, con apariciones constante en textos y discursos oficiales de las últimas administraciones, se hace evidente la influencia del liberalismo social. Esta noción abreva a su vez en el nacionalismo post revolucionario priista, ya que constantemente apela o conjura al orgullo del pasado y la diversidad cultural nacional, enarbolando

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las banderas de la soberanía y la identidad, al mismo tiempo que otorga a la cultura un poder transformador, unificador, salvador, casi de corte fetichista, que prácticamente escapa al pensamiento operativo gubernamental. Lo que complica de entrada la ejecución de cualquier política cultura. Dice Nivón: La herencia ilustrada a la hora de tratar a la cultura la ha convertido en un objeto cultural muy próximo a los objetos religiosos. Ello ha hecho de la cultura un campo próximo al mundo sagrado, que había que dejar libre al curso de las fuerzas creativas de los seres humanos. Sin embargo, la cultura, a pesar de todo, no puede eludir la administración (Nivón, 2009).

Por ejemplo, Tovar y de Teresa en su libro Modernización y Política Cultural (1994), en el que realiza un ejercicio retrospectivo sobre la fundación del Consejo y sus primeras administraciones, resalta que la creación del organismo evidencia la importancia que adquiere la cultura en la administración del presidente Salinas de Gortari y recupera del V Informe de Gobierno una reflexión en donde coloca a la cultura como una de las razones que justifican la preeminencia de la soberanía: (la soberanía) está en nuestra cultura milenaria, en nuestras raíces históricas, en nuestra identidad colectiva (…) A lo largo de nuestro territorio, en medio de nuestra diversidad, no existen antagonismos insalvables de raza, lengua o creencias como los que, al aflorar, han pulverizado a otros países. Las fronteras de la patria coinciden con el ámbito mismo de nuestra cultura (pág. 17).

Sin duda, el extracto hace a un recurso puramente retórico anclado en la larga tradición de los informes que caracterizaron la época, pero el traslado de estos recursos queda también inscrito en la redacción de los Planes Nacionales de Cultura (PNC), que son construcciones, sí de corte retórico, pero sobre todo agendas de gobierno a seis años. Son documentos que tienen, a diferencia de los informes, un corte mucho más operativo, pues por definición, cumplen con una obligación constitucional estipulada en la Ley de Planeación (1983), de publicar dentro del primer semestre de la administración los principios, objetivos, acciones y programas a realizar durante el sexenio. Este uso conceptual se hace evidente entonces en aquellos apartados que corresponden a los ejercicios de justificación de principios o puntos de partida en por lo menos los últimos cuatro PNC, aun cuando entre 1988 y el 2012 la alternancia de partidos políticos haya tenido lugar.

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Como referencia, comparo las siguientes construcciones discursivas para mostrar cómo este uso de la forma retórica del término cultura, incluso ante la necesidad y el interés de tomar distancia después de la alternancia política, fue adoptado por las administraciones panistas como recurso propio.

Cuadro 3. Comparativo PNC. Elaboración propia a partir de datos de CONACULTA.

Resulta muy interesante observar que a pesar de las diferencias políticas, por lo menos en materia de cultura, la transición no significó la adopción de nuevos conceptos o recursos ideológicos; en términos generales no se percibe un cambio de los usos referenciales a esta construcción conceptual donde la cultura es el origen y el fin de todas las cosas. Si bien comienzan a utilizarse nuevos conceptos como el de cohesión social o pertenencia, desde mi punto de vista, son conceptos que lejos de marcar una diferencia con otro periodo, se suman a una larga lista de “ítems pendientes” que la cultural puede y debe hacer a través de la aplicación de la política cultural y sus programas operativos.

Cabe resaltar que a pesar de que estas construcciones conceptuales tienen una carga casi sagrada, inmaculada, abstracta (Nivón, 2009; Rausell, 1999), no difieren tan radicalmente de las generalidades planteadas por el

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concepto antropológico de cultura. Por el contrario, ponen de manifiesto un uso rebuscado y “arengado”, si se quiere, del término cultura en su conceptualización antropológica moderna, una tendencia central del pensamiento científico social contemporáneo. Es difícil, sino imposible, recuperar las fuentes que han sido consultadas para la escritura de un discurso oficial o de un PNC, pero los equipos de asesores y hasta académicos o especialistas contratados ex profeso, normalmente suelen recuperar discusiones teóricas sobre los temas a reseñar y desde este punto de vista la similitud no resultaría extraña de establecer, por ejemplo, dada la participación de los llamados Think Tanks.20 Ahora bien, retomando el plano de la plataforma bi-conceptual de origen, en lo que respecta al uso del concepto cultura vinculado al de “modernización”, éste aparece relacionado a una condición operativa y no ideológica. Según sus fundadores, el Consejo fue creado en función de demandas sociales y objetivos de gobierno específicos. En términos generales, estos objetivos pugnaban por una mejor administración de aquellos órganos que habían quedado relegados y olvidados ante el crecimiento de la demanda educativa a nivel nacional y que implicaron a la SEP dejar de lado el cuidado de las instituciones culturales autónomas como el INAH, el INBA y otras más. La necesidad de que la nueva institución adoptara y ordenara las áreas que en otro momento concentró la Subsecretaría de Cultura en pos de la modernización administrativa, concentró la visión operativo-conceptual del Consejo en temas específicos que las mismas vocaciones institucionales ya contemplaban. Surge entonces, devenido de la operación y aplicación de un concepto operativo como el de modernización, una concepción paralela del término cultura, que se limita a la administración de recursos destinados al cuidado, preservación, difusión y fomento del patrimonio cultural y artístico nacional.

Sin la evidencia de que exista un puente mediador entre el concepto antropológico utilizado en la exposición de motivos y principios de los PNC de los últimos cuatro sexenios, inmediatamente después, la construcción del texto se traslada a la descripción-enumeración de objetivos operativos y programas sustantivos, donde la concepción de la cultura como recurso de 20 “Suele asumirse que la expresión en la lengua inglesa think tank surgió en Estados Unidos, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, su uso se ha extendido hacia otras regiones del mundo. Con frecuencia se utiliza en inglés en los países que hablan otras lenguas. Comúnmente se traduce como usinas de pensamiento. En un principio, esta denominación se aplicó especialmente a centros caracterizados como de derecha o liberales, pero con el paso del tiempo y su uso en diversos contextos sus aplicaciones se han diversificado. Actualmente, la idea se utiliza de manera amplia para hacer referencia a centros de investigación y promoción de ideas y políticas multidisciplinarios, política o socialmente influyentes, con buenos recursos financieros” (Mato, 2007, pág. 20).

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transformación social se desdibuja completamente. Lamentablemente, esta densidad conceptual no permea la descripción de acciones e intereses particulares de las políticas culturales. Por el contrario, sin mencionar jamás un nuevo concepto de cultura, es posible leer que a nivel operativo el término sufre una reducción importante, circunscribiéndose únicamente a la administración de los asuntos estético-patrimoniales.

En general, la estructura de los PNC se compone así: a) introducción: una redacción donde se hace la exposición de motivos, se justifica la existencia de los propios planes y algunas veces se ofrece un diagnóstico de corte perspectivo; b) exposición de estrategias generales; c) descripción de programas sustantivos (en el caso del PNC 1995-2000 se ofrece incluso un diagnóstico por apartado) con sus objetivos y líneas de acción.

A continuación expongo el detalle de descripción de objetivos y la comparación de los mismos con la descripción de las líneas de acción de uno de los programas sustantivos (PS), que, a decir de los propios textos “el Gobierno de la República ratifica plenamente (…) y asume también el deber de precisar el sentido particular que estas grandes tareas, a la luz de los objetivos, lineamientos y directrices adoptados, tendrán en los próximos años” (CONACULTA, 1995-2000, pág. 21)

Plan Nacional de Cultura 1995-2000

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“OBJ. GRAL. FORTALECER LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO ARTÍSTICO, DE CARÁCTER NACIONAL, EN LAS ÁREAS DE TEATRO, DANZA, MÚSICA, ARTES VISUALES, ARQUITECTURA Y LITERATURA, CON EL PROPÓSITO DE PRESERVAR EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE MÉXICO, DIFUNDIR SUS MANIFESTACIONES, ESTIMULAR LA CREACIÓN, DESARROLLAR Y FOMENTAR LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN, DIFUNDIR EL ARTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROMOVER LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS” (CONACULTA, 1995-2000, PÁG. 51).

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Cuadro 4. Síntesis PNC. Elaboración propia a partir de CONACULTA.

Si bien sería infructuoso mostrar todos los PS de cada uno de los PNC, esta muestra comparativa comprueba que efectivamente aquel concepto de cultura de corte más antropológico en el que se apoya la construcción de principios generales, asume en esta traducción a rasgos operativos que el término cultura es sinónimo de artes, artistas y cualquier otro asunto directamente referido a éstos. Parte pues, de una definición de cultura de tipo conservador, auto contenido y coloquial que expresa de forma segmentada como aquello que se entiende por cultura es reducido a la enumeración de actividades, productos y procesos de creación simbólica relacionados con el significado coloquialmente compartido de arte y producción artística.

En términos cotidianos, esta confusión podría explicarse con lo que Raymond Williams llama una “convergencia práctica” de conceptos, muy natural al término cultura (Williams, 1981, pág. 13), sin embargo la dimensión Estado imprime a esta circunstancia varios retos. Si bien no se puede olvidar que detrás de la concepción operativa del Consejo existe de entrada una delimitación ejecutiva (recordemos que su más grande objetivo o meta era ordenar las instituciones culturales nacionales existentes), el problema radica en que, su génesis institucional hiperespecializante lo condena a no poder hacer operativa una ampliación epistemológica que está incluida en sus propias agendas de gobierno, programas operativos y documentos fundacionales. Es decir, detrás de esta paradoja conceptual,

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hay dos operaciones fundamentales, por un lado, la de reducir el concepto de cultura a lo que hay administrativamente dentro del Consejo; y por otro, la de suponer que el campo de especialización del CONACULTA, está directamente relacionado con un trabajo de transformación social como tal, en una operación que parecería automática. Con lo anterior no pretendo de ninguna forma asumir o si quiera sugerir que no considero que las artes y los artistas son, han sido y serán una pieza clave en los procesos de transformación social en la historia nacional o universal. Por el contrario, asumiendo que así es, lo que busco señalar es que esta reducción conceptual se inserta en la estructura de un aparato gubernamental que actualmente se encuentra debilitado y adelgazado; y que además podría poner en entredicho la justificación de su propia existencia al no poder dar cuenta de una visión transversalizada de la acción cultural gubernamental y su relación directa con el bienestar social de un país como México.

En un contexto contemporáneo nacional extremadamente enrarecido y en el que la dimensión simbólica ha cobrado una importancia sin precedentes, puesto que los modelos y debates contemporáneos plantean que en buena medida los problemas de pobreza, violencia y delincuencia que aquejan a nuestro país tienen una explicación sistémica; la revisión de las implicaciones conceptuales del MC nos obliga a reflexionar sobre la imposibilidad de que desde la base epistemológica en la que se asientan el Consejo y todas las instituciones culturales gubernamentales del país, se den las condiciones para entender que el recurso de la cultura (Yúdice, 2002) implica necesariamente un traslado conceptual/institucional hacia la posibilidad de operar una política cultural transversal que comprenda a la cultura como recurso para el desarrollo social.

PROCESOS DE INSTITUCIONALIZACIÓN Una vez problematizada la plataforma conceptual del MC, analizaré algunos de los procesos de institucionalización que éste ha originado. En esta propuesta analítica el autor sugiere tomar el poder en sus formas y sus instituciones más regionales, más locales, pues ahí donde el poder se inviste de estas instituciones, cobra cuerpo en unas técnicas y da instrumentos materiales de intervención de la realidad (Foucault, 2000, págs.

36-42). Parto de que en concreto, el modelo parecería ubicarse en las siguientes coordenadas institucional-conceptuales22.

22 “Los modelos públicos de gestión de la cultura en los países de América Latina han tomado sus referencias en dos modelos distintos que en su fase inicial parecían extremos de un espectro. A) Modelo anglosajón. Consejo de Cultura. B) Modelo francés. Ministerio de Cultura. El modelo anglosajón

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Fig. 2. Modelo CONACULTA. Elaboración propia a partir de García Canclini (1987) y Nivón (2006).

está basado en la intensa participación ciudadana en el quehacer de cada país desde lo local hasta lo nacional, incluyendo la cultura, que ha desarrollado el modelo del Consejo para la Cultura, que se compone por miembros elegidos de muy diversas maneras. Este modelo implica la creación de un fondo financiero que adjudica recursos a las mejores propuestas o proyectos. Es un modelo que implementa y dirige las iniciativas ciudadanas pero no necesariamente define políticas culturales públicas. Este modelo se complementa con el sistema legal de incentivos a través de la reducción de impuestos directos en compensación a las donaciones con fines específicos, en este caso a la cultura. El modelo francés del Ministerio de Cultura es abarcante e incluye todos los aspectos de la administración y gestión de la cultura, desde la creación y las artes interpretativas hasta el patrimonio y la memoria. Funciona con presupuesto anual del Estado, dependiente del Tesoro General de la Nación. Es un modelo que delinea políticas de Estado. Con el tiempo estos modelos han ido aproximándose entre sí, el modelo francés ha incorporado al consejo como parte de su infraestructura así como las dinámicas de acción comunitaria y de acción civil, mientras que el modelo anglosajón ha incorporado a su esquema los modos y modelo de un ministerio. Estos modelos han sido seguidos con variantes por distintos países de América Latina.

Los países que optaron por el modelo anglosajón de consejo fueron desde un principio Venezuela, con la creación del Consejo Nacional de la Cultura, CONAC, y década e años más tarde México con la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Los países que han adoptado el modelo francés son varios, con distintas institucionalidades y resultados. Bolivia creó en 1968 el primer Ministerio de Cultura del subcontinente. El modelo institucional más difundido y tradicional ha sido el del viceministerio de cultura o sus equivalentes. Por décadas en América Latina en general y en Sudamérica en particular la gestión de la cultura ha estado embebida dentro de los apareciendo algunas veces como Ministerios de Educación y Cultura, con tuición sobre los procesos de formación, sobre los elencos y los repositorios. Buena parte de los países de la región han mantenido esta estructura hasta el final del siglo XX e incluso hasta la primera década del siglo XXI” (Querejazu, 2007).

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Por medio de las clasificaciones o esquemas de caracterización ofrecidos por Nivón y Canclini, el MC sincretiza (no desde sus propios planteamientos, sino desde el análisis realizado) formas institucionales y paradigmas de acción cultural que coinciden, por un lado, con el modelo anglosajón (establecimiento de grandes organismos culturales sin conexiones estructurales entre sí); y la forma de subsecretaría (en donde la institución está subordinada a otro ministerio con recursos propios y su propia política pública). Mientras que, en el plano del tipo de acción cultural, desde mi punto de vista se adscribe, a los paradigmas del mecenazgo liberal (apoyo a la creación y distribución discrecional de la alta cultura); el tradicionalismo patrimonialista (uso del patrimonio tradicional como espacio no conflictivo para la identificación de todas las clases); y el estatismo populista (que realiza una distribución de los bienes culturales de élite, buscando la reivindicación de la cultura popular bajo el control del Estado) (García-Canclini, 1987; Nivón B., 2006).

La difícil operación de trasladar la promoción y difusión de las artes, el cuidado del patrimonio nacional y el apoyo a la creación artística hasta elevarlos al grado de convertirlos en aquello que automáticamente colaboraría con los procesos de transformación social y de fortalecimiento democrático, coloca al MC en un dilema de proporciones nacionales.

Si como se ha demostrado, el MC representa es en sí mismo el único parámetro de gestión cultural gubernamental, nos enfrentamos a un conflicto de corte institucional que impacta varias dimensiones.

Según se decanta el sistema ejecutivo nacional en arraigos geográficos y espaciales mucho más delimitados, los gobiernos locales, al adoptar el MC replican las formas institucionales del propio modelo y se conciben a sí mismos como organismos administradores de aquello que está directamente vinculado a un concepto operativo de cultura, que en este caso sería sinónimo de artes, artistas y patrimonio artístico (dimensión de competencias y facultades). Esta condición necesariamente acotaría su nivel de gestión e influencia política al asumirse como subsectores auto contenidos (dimensión de acción e intervención) que, transitan extrañamente protegidos por una especie de burbuja acrítica -quizá originada por el concepto de cultura más de corte retórico antropológico- que aparentemente los libera de ajustarse a procesos y estándares de profesionalización, evaluación y revisión de cuentas gubernamentales (dimensión de percepción).

En general, los organismos gubernamentales se definen en función de los estatutos jurídicos que los crean y de donde se desprenden sus definiciones por tipo de organismo, competencias y facultades. A nivel nacional,

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las nomenclaturas de las instituciones culturales mexicanas difieren, existen 12 secretarías, 15 institutos y 5 consejos (ver cuadro 5) y cada uno de ellos está enmarcado por leyes y reglamentos que definen sus límites jurisdiccionales.

Clasificación de organismos gubernamentales por tipo

Cuadro 5. Elaboración propia.

Según el tipo de organismo expuesto en el cuadro anterior, la ley otorga competencias y facultades específicas a las instituciones y a los funcionarios que las dirigen, siendo la de más rango de influencia en el poder ejecutivo (en términos técnicos y políticos) la secretaría de Estado. Esto significa que en el caso de los estados de la república, existen 12 organismos con un parámetro jurídico de influencia, acción y gestión política aun mayor que el del propio CONACULTA, y que la gran mayoría de ellas, 20 en este caso, están sujetas a un régimen jurídico similar o igual al del propio Consejo. En este sentido, la política de descentralización del MC parece, evidentemente, haber servido de referencia para la adopción –además de la dimensión conceptual- de formas jurídicas que implican la operación de esquemas de administración gubernamental similares a las del gobierno federal. En estos esquemas la ejecución de las políticas públicas culturales

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queda sujeta a organismos que se especializan en el aprovisionamiento de servicios y apoyos concretos, o que cumplen con la función de desarrollar materias hiperespecializadas (cultura, juventud, adicciones, mujeres, agua, atención y prevención del VIH, etc.); con la facultad de aplicar recursos públicos o de captación propia para fines específicos; y jerárquicamente autónomas o subordinadas, pero siempre sectorizadas a los ejes de desarrollo social que son liderados por otras secretarías de Estado, y por ende son organismos considerados marginales o satelitales que, más allá del discurso, no logran evidencian vínculos con los temas prioritarios de las agendas gubernamentales.

En vista de que la mayor parte de la gestión cultural gubernamental en México es coordinada por instituciones que dependen jerárquicamente del desarrollo de otras políticas públicas (mayoritariamente de corte educativo), o en el mejor de los casos, producen su propia versión de exposición de motivos y metas (planes estatales de cultura) ya que un organismo especializado tendrá por definición que encargarse de la atención de asuntos y sectores poblacionales determinados; este grado de operación compromete la pertinencia de estos organismos, cuando en un ejercicio retórico, le son solicitadas soluciones a diversos temas o problemas (conquista de espacios públicos, reducción de la violencia, bienestar familiar, democracia), que no son previstos en la descripción de competencias y facultades de sus marcos jurídicos y su atención rebasaría las capacidades instaladas de los propios organismos.

Las exigencias sociales y los planteamientos gubernamentales donde se asume que la cultura debe ser un recurso de transformación social, no observan que las tareas, procesos y gestiones necesarias para concretar estos objetivos difícilmente podrían ser ejecutadas por un organismo sectorizado y especializado que cuenta con un presupuesto para la atención de grupos específicos; además, dada la evidente transversalidad del asunto cultural, éstas serían tareas serían propias de una secretaría de Estado, dotada de facultades políticas y ejecutivas, así como de competencias legales para asumir a cabalidad los retos que plantea la atención de un tema que atañe o al menos es del interés de la población en general y no únicamente de aquellos beneficiarios de los servicios de fomento, difusión y desarrollo artístico y/o patrimonial. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos estados cuyas instituciones cuentan con un rango de secretaría de Estado? ¿Han sido éstos capaces de impulsar esquemas o modelos de gestión cultural gubernamental alternativos al MC? Por lo menos en el estado de Jalisco esto no ha sido así.

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En caso del estado de Jalisco, la Secretaría de Cultura (SCJ)23 se funda en 1992 con un rango de secretaría de Estado, y adopta, a pesar de su rango constitucional, los conceptos y formas de operación del CONACULTA para crear su propio referente institucional. A continuación un comparativo de textos que se incluyen en la exposición de motivos de creación de ambos organismos.

Cuadro 6. Comparativo de exposición de motivos CONACULTA y SCJ. Elaboración propia.

23 Algunos antecedentes a esta fundación coinciden, también, con decisiones y políticas que se implementaron a nivel federal. En lo que respecta al estado de Jalisco “el 5 de junio de 1971, se reúnen dentro de un solo organismo (Departamento de las Bellas Artes de Jalisco), todos los esfuerzos que el gobierno realizaba en cuanto a la promoción y difusión de las manifestaciones artísticas e intelectuales.

Posteriormente, el 7 de julio de 1977, se crea el Fondo Nacional para las Actividades Sociales y Culturales del Estado de Jalisco (FONAPAS), dependiente del DIF Jalisco, para la promoción y el desarrollo de la cultura. Mismo que desaparece en 1983. El 18 de diciembre de 1980, nace el Instituto Cultural Cabañas, como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio (…)Desde 1983 hasta 1980, la actividad cultural era realizada por cinco organismos y dependencias del gobierno del Estado, los cuales tenían facultades para llevar a cabo labores en promoción y difusión de los valores artísticos e intelectuales, ello evidentemente generaba multiplicidad de funciones similares y dispersión de esfuerzos y recursos, las cinco entidades eran: el Departamento de Bellas Artes, el Fondo Nacional para las Actividades Sociales y Culturales, la Unidad Editorial, la Radiodifusora Estatal (XEJB) y el Instituto Cultural Cabañas. A fin de resolver dicha situación, el 1 de marzo de 1989, el Congreso del Estado de Jalisco aprueba una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, mediante el cual se creó la Secretaría de Educación y Cultura. (…) El 26 de abril del mismo año, se crea mediante acuerdo del ejecutivo el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA), que fue establecido para mantener permanentemente diálogo en materia cultural entre las autoridades y la comunidad artística e intelectual; dicho de otra manera se crea otro organismo más del ejecutivo para las actividades de promoción cultural, éste a su vez contaba con un fondo económico que le permitía realizar sin número de actividades, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado” (Castro de la Mora, 2010, págs. 187-188).

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Hasta el año 2012, en Jalisco, las instituciones culturales se encuentran divididas de la siguiente forma: una Secretaría de Cultura, un Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA)24 y a su vez, los 125 municipios que lo conforman cuentan con sus propios organismos culturales, todos ellos con leyes y reglamentos que definen sus acciones. A diferencia de la institución estatal, en los municipios del Jalisco, las nomenclaturas de éstas pueden ser: secretaría (el municipio de Guadalajara es el único que cuenta con esta nominación), dirección general o de área, oficialía, instituto y se identifica la existencia de un quinto tipo de institución, las Casas de Cultura, que operarían bajo el esquema de institutos especializados y que normalmente se encuentran ubicados en las cabeceras de los municipios del interior del estado.

Las formas en las que se pone en evidencia la adopción del modelo federal a nivel estatal van más allá de la carta de motivos: los programas operativos, los fondos estatales y los indicadores, por poner algunos ejemplos, son réplicas exactas del MC. Para el caso municipal la historia no es diferente, actualmente los 125 municipios que integran el estado de Jalisco, se adaptan en cadena a la SCJ y a su vez, gracias a su autonomía, desarrollan relaciones directas con el propio organismo nacional. A continuación se sintetizan las competencias y facultades de cada uno de los organismos antes mencionados, incluyendo como referencia dos ejemplos municipales con diferentes tamaños poblacionales y contextos, uno urbano y otro rural: Guadalajara y Mezquitic.

24 Además de contar con una Secretaría de Cultura, desde el año de 1989 se tiene constituido un Consejo Estatal para la Cultura y las Artes que, con excepción de su presidente y dos funcionarios administrativos quienes reciben un sueldo y por lo tanto son funcionarios públicos, está constituido en su totalidad por consejeros ciudadanos con cargos honorarios.

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Cuadro 7. Síntesis de competencias y facultades. Elaboración propia.

Resulta importante señalar que por lo menos en el caso de Jalisco, la existencia desde el 2001 de la Ley de Fomento a la Cultura representa la única excepción a las estructuras jurídicas del MC, ya que si bien a nivel nacional existen varios artículos constitucionales que establecen las responsabilidades gubernamentales en materia de cultura (Tovar y de Teresa, 1994), con excepción de las cuatro cuartillas del Decreto de Creación del CONACULTA, no existe una ley especializada en la materia. Sin embargo, esto tampoco ha significado una ventaja que amplíe las posibilidades de acción de la SC, por el contrario, a casi once años de su promulgación, la ley no previó la operatividad de sus artículos, condenándola a ser un marco inaplicable en muchos aspectos.

Como se puede observar en los marcos jurídicos presentados, la concatenación de competencias y facultades gubernamentales no plantea diferencias significativas al interior del estado y en relación al CONACULTA25. Por el contrario, puede apreciarse que por lo menos en el caso del CECA, la Secretaría de Cultura de Guadalajara y de la SCJ, existe una evidente relación entre los textos que definen las competencias y facultades de los tres organismos regionales con respecto al federal. Por su parte, en el caso del Municipio de Mezquitic ni siquiera se registra evidencia de un trabajo de apropiación/adecuación de las competencias por parte del cabildo, ya que ante la ausencia de un reglamento interior de dependencias, algunos ayuntamientos indeliberadamente se ajustan a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Jalisco, en donde la conceptualización de las tareas culturales-artísticas es por demás ambigua y reducida.

A pesar de las políticas de descentralización implementadas desde 1988, la influencia del centro sigue siendo importante debido a la disponibilidad 25 Recordemos que debido a su estatuto de creación como consejo, el CONACULTA es una entidad jerárquicamente subordinada a la Secretaría de Educación Pública con facultades específicas para resolver asuntos en la materia encomendada de conformidad con las disposiciones legales aplicables, con autonomía administrativa, pero sin responsabilidad jurídica ni patrimonio propio y en términos administrativos forma parte del gasto del Ramo Administrativo que los coordina sectorialmente (SHCP, 2013). A diferencia de las secretarías de Estado, las facultades de influencia técnica y política se diluyen mucho, ya que no se espera que auxilie directamente al titular en la definición de ejes estratégicos y por su naturaleza administrativa no se espera que lleven a cabo el Consejo.

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de recursos y a factores de tipo políticos.26 Si bien ya no se concentran y limitan las acciones a los poderes centrales, la descentralización del MC ha significado una forma de centralismo simbólico, restringiendo de forma tácita las capacidades político-institucionales de la SCJ y otros organismos municipales.

Durante el trabajo de campo se identificó un fenómeno en el que se registra una extraña condición institucional de autocontención simbólica.

En particular me refiero a que aun cuando existe un organismo con un nivel de secretaría de Estado o de dirección general (en el caso de los ayuntamientos), su nivel de conducción operativa extrañamente se adapta o se reduce al funcionamiento e influencia de un organismo público desconcentrado como el CONACULTA. Y es que aun teniendo las ventajas de depender directamente del titular del ejecutivo, pertenecer al gabinete y ser líder de un sector de desarrollo con ramo presupuestal propio (en el caso de la SCJ); sus titulares y funcionarios se vinculan de forma periférica con la formulación de planes estatales y municipales de desarrollo y no forman parte de ninguna comisión intersecretarial ni coordinan proyectos transversales. En el caso de los municipios el tema se agrava, ya que en muchas ocasiones los mismos funcionarios no reconocen como competencia de trabajo aquellos procesos simbólicos, vestigios arqueológicos o festividades que se realizan fuera de los muros de la propia Casa de Cultura (en los municipios estas casas concentran biblioteca, talleres de iniciación artística y, algunas veces, un pequeño museo).27 Esta condición opera como un imaginario institucional, a nivel de las formas simbólicas en que los propios funcionarios y el gobierno estatal ajustan la posición en el organigrama y los estatutos jurídicos en función de las competencias y facultades que observan de sus pares federales y estatales. De tal forma no logran observar que su propia condición institucional les permitiría transversalizar la política cultural estatal en función de la conceptualización de las tareas que debe llevar a cabo una secretaría de Estado o una dirección general, no únicamente en función de la adminis26 “Tocante al caso de Jalisco, actualmente es difícil evaluar los avances en materia de descentralización y su impacto en los ámbitos político, social y económico de Jalisco debido a (1) a carencia de datos exactos de referencia, (2) la implementación incompleta de muchos elementos de las reformas y (3) los desfases entre lo conceptual y lo implementado. Jalisco, como cualquier otro estado del país, enfrenta una doble situación en el proceso de descentralización, por una parte es receptor de los que el gobierno federal deposita o devuelve a él y por otra parte es un ente gubernamental obligado a continuar el proceso de descentralización hasta el nivel de gobierno más cercano a la población: el municipal” (Castro de la Mora, 2010, pág. 105).

27 Datos que corresponden al último periodo de administración estatal 2007-2012, periodo durante el cual se realizaron observaciones, revisión de documentos y notas de prensa y conversaciones con funcionarios estatales y municipales.

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tración de los servicios artísticos y el cuidado del patrimonio como lo haría un consejo o un instituto, sino en función de la atención de un sector de desarrollo cultural y creativo amplio, complejo y dinámico, que se expresa en términos simbólicos, económicos, sociales y políticos. No hay, entonces, evidencia alguna de que la conceptualización de la acción gubernamental se comprenda como aquella que canaliza la creatividad y los recursos culturales, así como sus modos de consumo y producción, a favor del bienestar social.

Los efectos de tal condición de desvinculación o atención parcial a un sector de desarrollo, condenan a las instituciones culturales de México a una intervención periférica y marginal, que sufren para justificar los impactos de sus acciones al tratar de engancharlos con las grandes metas de los Planes de Desarrollo estatales o nacionales. Dicha intervención ocurre al margen de la toma de decisiones, del planteamiento de proyectos transversales y asignaciones presupuestales, porque su acción no es reconocida como estratégica y prioritaria por definición (está permanentemente sectorizada a otro eje de desarrollo); o peor aún, porque es auto referida y auto contenida en comparación con otras secretarías de Estado, ya que tampoco se evidencia la incorporación de esquemas de transversalización de objetivos y metodologías de planeación y profesionalización que en otros sectores reportan, incluso, avances significativos. Esto indicaría que las instituciones culturales nacionales además de periféricas y (auto) marginadas, desarrollarían sus agendas de trabajo bajo esquemas de planeación caracterizados por ser superficiales, informales y hasta ocurrenciales.

Al igual que en otros estados de la república, entre 1995 y el año 2003 Jalisco vivió un proceso de institucionalización de la alternancia partidista vinculado a un proceso de reorganización política que se llevó a cabo en todo el país. Con la llegada al poder de Alberto Cárdenas Jiménez (PAN) en 1995 y la posterior victoria de Vicente Fox Quesada (2000), el vínculo que existía entre la federación y el Estado de Jalisco se vio fuertemente favorecida debido al impulso y eco que las políticas nacionales tuvieron en aquellas entidades que eran gobernadas por el PAN. Sin embargo, este tipo de impulso –evidentemente basado en un favoritismo mal entendidono permitió la incorporación de herramientas de planeación estratégica necesarias para la implementación de políticas públicas que evidenciaran un ejercicio de toma de distancia con el antiguo régimen. Dice Omar Castro de la Mora:

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En cuanto al diseño del curso de acción a seguir y la toma de decisiones, (que envuelve la identificación de las situaciones-problemas la definición de prioridades y objetivos, el análisis de las opciones y la selección entre opciones de estrategias de acción, es indudable, que respecto al sustento teórico de la fase de diseño/ formulación de políticas empleadas por los gobiernos federal y estatal de México y Jalisco entre 1998 y 2003, se aplicó un enfoque incremental considerando que las políticas se adaptaron a las interacciones políticas más que a las conclusiones analíticas y en lugar de alcanzar las soluciones que pudieron juzgarse como estándar de racionalidad, la formulación de políticas públicas alcanzó acuerdos, reconciliaciones, ajustes y consensos (…) Al interior del aparato gubernamental de México y Jalisco, la masa crítica cuya función es la elaboración de registros de temáticas conflictivas, sobre las que se puedan diseñar políticas públicas, ha estado limitado por diversos intereses. Ante esa carencia, las decisiones respecto al tipo de políticas a implementar obedecen a visiones, información y necesidades de quienes ostentan el poder o de quienes tienen mayor capacidad de influir en el centro del país y del estado de Jalisco. En consecuencia, el diseño y la formulación de las políticas públicas en México y Jalisco, se origina y diseña sobre la base de la intuición, o presión política, del análisis coyuntural, de las influencias de los medios de comunicación, y en última instancia con la influencia de mega tendencias universales (2010, págs. 50-51).

En el caso del sector cultural la condición antes referida por Castro parece agravarse, y desde mi punto de vista, podría estar relacionada también a la implementación del MC tanto en su referente nacional, como en sus aplicaciones estatales y municipales. En el caso de la SCJ, las evidencias documentales sobre los ejercicios de planeación son pobres y escasas, e incluso la mención de dependencia es olvidada en por lo menos uno de los Planes Estatales de Desarrollo (2001-2007) (Castro de la Mora, 2010), pero, aun verificando la existencia del referente cultural en leyes, decretos, planes nacionales y estatales de cultura; las propias redacciones carecen de referentes que sugieran la presencia de análisis sociodemográficos, construcción de cartografías culturales o perfiles poblacionales que justifiquen la selección de metas en las agendas de gobierno y durante el curso de esta investigación no se logró tener acceso a algún documento o proyecto ejecutivo que demuestre lo contrario.

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En vías de construir una argumentación que admita plantear los efectos que estas cuestiones tienen en el desarrollo cultural del país, presento una comparación entre dos organismos que están referenciados al mismo eje transversal o gubernamental: el desarrollo social.

Cuadro 8. Comparativo con eje de Desarrollo Social. Elaboración propia.

Como se puede observar, en el ámbito de la planeación, el Programa Nacional de Cultura evidencia una carencia de sustento teórico-metodológico y estadístico importante, en comparación con el Programa Sectorial de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social federal (SEDESOL). En el ejemplo que se presenta del programa de SEDESOL es posible observar, incluso, que la redacción de objetivos cuenta con un grado de focalización mucho mayor, que se echa mano de referentes estadísticos y en general en su construcción ofrece al lector referencias diagnósticas.

En el caso del PNC 2007-2012, resalta la ausencia absoluta de referentes estadísticos, aun cuando en el periodo 2000-2007 se dieran a conocer los resultados de la primera Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo Culturales (CONACULTA, 2004) que, junto con el Sistema de Información

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Cultural y otros recursos, fueron concreciones de uno de los proyectos más innovadores de la política cultural panista a nivel federal entre el 2004 y 2012, la creación del sistema de medición e información cultural.28 Si bien la existencia del SIC, los instrumentos estadísticos y la generación de catálogos e informes representan la intención explícita de construir acervos de información que alimenten la creación y evaluación de políticas culturales, una condición paradójica de este sistema radica en que no existen parámetros de medición transversales, ni de continuidad que permitan realizar seguimientos de estas dinámicas a través de los años, además del permanente factor de selección y ponderación de información. La mayoría de los catálogos, informes, análisis e investigaciones que se realizan en México, como en el caso del Estudio Sobre la Cultura en México realizada por la UNAM (Serra Puche y Salas Quintanal, 2009), se nutren del SIC, que finalmente es un instrumento “colectivo” de recolección de información. La información que se pone a disposición en la página del sistema responde al conocimiento (o no) de la situación cultural de los estados y sus municipios por parte de un sólo funcionario público (como en el caso de Jalisco) y en el mejor de los casos de un área que depende de las instituciones estatales de cultura. Por lo tanto, no existen criterios estatales de selección de información que incluyan a los municipios y finalmente existe el riesgo de que la información del SIC constituya ejercicios de catalogación parciales, intervenidos por factores que van del (des)conocimiento, hasta el maquillaje de cifras por intereses o compromisos políticos.

Aun teniendo en cuenta las limitaciones que este acervo de información cultural nacional pueda tener, los resultados de sus instrumentos, aunados a los que ofrece el INEGI, podrían ser suficientes para medir tendencias de consumo cultural, descubrir oportunidades de crecimiento, construir perfiles poblacionales y hasta ofrecer información que podría ser aplicada para la inversión de diversos sectores económicos; el MC no parece incluir dentro de sus esquemas de acción cultural un ejercicio de construcción cartográfico que sirva para la planeación y delimitación de objetivos como parte de la políticas culturales que el mismo modelo genera y difunde a nivel nacional.

Ahora bien, en el ámbito de la medición, se evidencia la existencia parcial de este tipo de ejercicios y los resultados de los mismos indican la 28 Hoy, el Consejo cuenta con dos instrumentos de información estadística, una base de datos en línea, un catálogo y un informe que aportan información sobre dinámicas de consumo y prácticas culturales, datos sobre el patrimonio cultural edificado e información sobre oferta y gestión cultural en general

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debilidad de los procesos de planeación y diseño por medio de los cuales se sustentan los programas. Desde 2006, el CONACULTA ha sometido a evaluación externa, con metodologías y supervisión del CONEVAL, a los únicos tres programas que tienen publicadas reglas de operación, según la página del organismo los programas que han sido objeto de evaluación externa son: PAICE, PACMYC y FOREMOBA (CONACULTA, 2006,2007, 2008, 2009,2010 y 2011).

Tanto en las evaluaciones a los documentos de trabajo, como en los documentos en los que se realiza el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones externas realizadas, los programas son señalados por: carecer de planeación estratégica de mediano y largo plazo (PACMYC, PAICE, FOREMOBA); por no contar con un diagnóstico que identifique el problema (PACMYC, FOREMOBA) ; por no medir el avance en la cobertura de la población beneficiada en el mediano y largo plazo (PACMYC); por carecer de sistemas de información integrales y adecuados (PACMYC, FOREMOBA); por no cuantificar los costos unitarios, operativos y el costo de efectividad en su ejecución (PACMYC, FOREMOBA); y por no contar con mecanismos que le permitan conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios (CONEVAL, 2008; FOREMOBA y PACMYC).

En el caso de Jalisco la situación es aún más grave en términos de planeación, medición y evaluación de resultados. Derivado de un diagnóstico realizado durante el último periodo de transición de la administración estatal, se evidenció que de los programas operativos existentes y con recursos públicos asignados, con excepción del proyecto Vías Verdes de la Revolución y los tres programas escolarizados que dependen de la SCJ, no se tiene conocimiento de la existencia de documentos de referencia donde se estipulen generalidades y detalles (descripciones, población objetivo, metodologías, estudios preliminares, ni evaluaciones externas o internas realizadas) de ninguno de los programas ni de sus proyectos operativos, y en ninguno de los casos se cuenta con Reglas de Operación. Con relación a la realización de obras de infraestructura cultural, tampoco se cuenta con la descripción de la línea estratégica, ni con el programa de actividades o destino de contenidos o proyectos museográficos para los espacios de reciente apertura o para aquellos que están por terminarse. A excepción de la Dirección General Administrativa, todas las áreas ejecutan programas operativos, incluyendo al Despacho del Secretario y la evaluación y seguimiento de los mismos se realiza, únicamente, mediante 14 indicadores establecidos por la Secretaría de Planeación.

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Indicadores de Desarrollo de Jalisco 2012 Secretaría de Cultura (anualizado)

Cuadro 9. Elaboración propia con información de Secretaría de Cultura de Jalisco (2013).

En términos operativos, muchos de los llamados programas y proyectos son en realidad apoyos que se entregan a iniciativas independientes, en su mayoría, se encuentran operados por la Dirección General de Actividades Culturales, que en un ejercicio de segmentación no sustentado con ningún documento, únicamente concentra sus actividades en la Zona Metropolitana de Guadalajara; mientras que la Dirección de Vinculación Cultural trabaja únicamente en el interior del estado, por lo que se detectan duplicidad de funciones y falta de comunicación entre las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura. La operación de varias direcciones y direcciones generales localizadas en varias sedes constriñe la acción de las mismas al propio espacio, de tal manera, el grueso de las actividades y apoyos se concentra en sus propias oficinas, convirtiendo las diferentes áreas en administradoras de espacios y no direcciones estratégicas que trabajan para todo el estado.

No obstante la intensa actividad de ambas instituciones, la forma de operación cotidiana de los programas pone en entredicho la continuación de los mismos y, sobre todo, implica la falta de posibilidades reales de seguimiento, ya que se vuelve necesario el fondeo de los mismos conceptos infinidad de ocasiones. Esto, debido a la falta de proyectos operativos, reglas

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de operación, elaboración planes de desarrollo financiero y evaluaciones externas. La existencia de teorías y modelos de planeación, evaluación y seguimiento que han sido adoptados por otros sectores de gobierno ha permitido la profesionalización de las actividades gubernamentales en áreas distintas al sector cultural. Si bien no es tarea de esta investigación evaluar qué tanto se han desarrollado estas instituciones a partir de la implementación de dichas metodologías, lo que pretendo señalar es que en el caso de las instituciones culturales del país nos encontramos en el paso cero.

Aunque conozco la existencia de discusiones y argumentos que afirman que el tema cultural no es comparable con ningún otro porque interviene un factor simbólico que difícilmente puede ser cuantificado, considero que en el caso del sector cultural gubernamental esta condición resulta inevitable por dos cuestiones fundamentales: la justificación del uso de recursos públicos y la verificación de impactos macro sociales de las propias políticas públicas.

Estas condiciones subyacen a la referida participación del Estado en el desarrollo cultural, entendiéndola como un bien público y valorando como bienes comunes tanto a la creación artística como al patrimonio (Towse y Ed., 2003).

Las instituciones culturales, ancladas/escondidas en una percepción reducida de la cultura, han sabido construir un camino paralelo a los esquemas gubernamentales de planeación, medición y rendición de cuentas, a los que terminan por no ajustarse de forma plena. Por su parte, las dependencias encargadas de coordinar estos esfuerzos (por ejemplo, las secretarías de planeación) parecen asumir sin problema que en el caso de los sectores gubernamentales de cultura tendrán hacer una excepción, contribuyendo a la realización de ejercicios de planeación y evaluación simulados, pues lo que se evidencia en los indicadores de impacto (ver cuadro 9) es que se trata únicamente de listados de actividades realizadas que poco o nada dicen sobre los avances en materia de desarrollo cultural.

PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN-PERCEPCIÓN Asumir al Estado como una estructura que determina su sentido de existencia en relación a la forma en la que el conjunto de reglas y recursos que la constituyen intervienen en la producción-reproducción de los sistemas sociales, necesariamente implica admitir que existe una dimensión social de análisis que trasciende los límites espacio-temporales de las propias

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instituciones; condición que conllevaría a la observación de procesos de socialización y construcción perceptiva entendidos como medio y resultado de las prácticas que organizan los sistemas sociales con propiedades estructurales (Giddens, 1984; Jociles y Adanéz P., 1995). Desde este punto de vista, el análisis del MC entendido como una plataforma estructural, tendrá que evidenciar que aquellos procesos de conceptualización e institucionalización que lo caracterizan tienen implicaciones sobre la concepción y el desarrollo del propio sector cultural mexicano, que entendido como campo, es dinamizado por distintos actores, grupos e instituciones movilizadores de recursos o capitales que definen los propios límites y alcances del sector cultural.29 Por lo tanto, siguiendo el desarrollo planteado por Ana María Ochoa (2003) sobre la complejidad metodológica que supone el trascender de la crítica cultural como campo teórico a la política cultural como campo de trabajo, terminaré la deconstrucción del/los textos simbólicos realizados elaborando una construcción analítica a nivel de las prácticas cotidianas de trabajo institucional y sus implicaciones en términos sociales y de percepción.

Si bien la asignación y distribución de recursos refiere un plano totalmente ejecutivo, para el caso de las políticas públicas puede ser leído como un referente práctico de la importancia otorgada a un concepto o conjunto de conceptos en los que se materializan las aspiraciones políticas, sociales y económicas de la administración en turno, así como de otros actores sociales. Partiendo de esta perspectiva, el análisis presupuestal podría asumirse como un referente empírico que permitiría: exponer los factores que subyacen a la distribución de recursos hecha tanto por organismos gubernamentales como por el poder legislativo; perfilar cómo es que las instituciones conceptualizan, dimensionan y entienden las necesidades del sector o campo de acción que justifica su existencia; y finalmente, establecer algunos factores explicativos de efectos como la incidencia, penetración o apropiación sociales de los programas y proyectos en tanto expresiones de una política cultural estatal.

29 En este apartado marcaré una diferencia respecto al sector cultural gubernamental para hablar del sector cultural (así sin apellido), en tanto estaré haciendo referencia a aquellos efectos que trascienden los propios límites de las instituciones gubernamentales como tales. En este sentido, este apartado hará referencia a un sector en el que participan o se involucran diversos grupos que se suman a los actores líderes del campo e instituciones gubernamentales.

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A nivel nacional, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012, al Ramo Presupuestal 1130, Educación Pública, le fueron asignados 251 mil 764.6 millones de pesos. La distribución de estos recursos se ejecutó a través de capítulos y conceptos que agrupan a los sectores y organismos que dependen de la Secretaría de Educación Pública, en específico, el capítulo “Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales” recibió 25 mil 806.0 millones de pesos, dentro del cual al concepto “cultura” le fueron asignados 19 mil 658.3 millones de pesos.

Dicha cantidad, no representa la totalidad de los recursos asignados al Consejo, por el contrario, además de financiar al CONACULTA y todas las entidades que se integran a él31, agrupa diversos sub conceptos para el presupuesto de actividades o proyectos considerados como culturales que son coordinados por otros organismos que dependen administrativamente del presupuesto coordinado por la SEP, como el Instituto Mexicano de la Juventud o la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte. A continuación un cuadro explicativo de la distribución de recursos del Ramo 11 por capítulo para el 2012 y 2013.

30 “Dentro del PEF 2013, la propuesta de recursos para el Ramo 11 es la más grande de entre los ramos administrativos, con una participación de 26.3 por ciento del total de recursos que se pretende asignar a dicho conjunto. Asimismo, es la tercera más grande dentro del Presupuesto Programable del Gobierno Federal, con una participación de 13 por ciento (sólo por debajo de los ramos “Aportaciones a la Seguridad Social” y “Aportaciones Federales a las Entidades Federativas y Municipios”) (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2012).

31 Los 19 mil 658.3 millones de pesos asignados al concepto “cultura” son distribuidos entre las 21 unidades administrativas que integran el CONACULTA, a saber:1. Presidencia; 2. Secretaría Técnica “A”; 3. Secretaría Técnica “B”; 4. Dirección General de Administración; 5. Dirección General Jurídica; 6.

Dirección General de Asuntos Internacionales; 7. Dirección General de Bibliotecas; 8. Dirección General de Culturas Populares; 9. Dirección General del Centro Nacional de las Artes; 10. Dirección del Centro Cultural Helénico; 11. Dirección General de la Fonoteca Nacional; 12. Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes; 13. Dirección General de Publicaciones; 14. Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural; 15. Dirección General de Vinculación Cultural; 16. Dirección General de Comunicación Social; 17. Dirección del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero; 18.Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil; 19. Coordinación Nacional de Estrategia y Prospectiva; 20. Coordinación Nacional de Fomento Musical; 21. Coordinación Nacional de Patrimonio Cultural y Turismo; 22. Coordinación Nacional de Relaciones Laborales; 23.

Biblioteca de México; 24. Biblioteca Vasconcelos; 25. Festival Internacional Cervantino. Las 10 entidades públicas que forman parte de la estructura básica de la administración cultural del país y que reciben de manera autónoma una asignación del Ramo 11, a saber : 1. Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 2. Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 3. Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 4. Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22) 5. Estudios Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA) 6.

Cineteca Nacional 7. Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC) 8. Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. (CECUT) 9. Radio Educación 10. EDUCAL, S.A. de C.V. Y, adicionalmente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes participa como mandante en los esquemas tripartitos siguientes: a) Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, integrado además por el Gobierno del Distrito Federal y el sector público; b) Mandato denominado Antiguo Colegio de San Ildefonso, también constituido por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Gobierno del Distrito Federal (CONACULTA, 2006-2012).

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Cuadro 10. Presupuesto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2012, ramo 11, (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2012).

En comparación con otros capítulos y conceptos de asignación presupuestaria del ramo32 y aun cuando “se utilizan recursos públicos federales para programas de cultura a nivel nacional, estatal, municipal y no gubernamentales, equivalentes al gasto programable de la Suprema Corte de Justicia o a tres veces el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” (Nava, 2013), la ministración de recursos al concepto “cultura” no resulta adecuado comparado con los estándares internacionales de inversión pública básica y suficiente para el desarrollo cultural. En relación con el escenario internacional este fenómeno estaría representando una preocupación para los organismos mundiales y especialistas33, debido al 32 Es importante señalar que la asignación presupuestal del organismo superó el fondeo de conceptos como Investigación Científica, Posgrados y Deporte durante el 2012.

33 “The question of financing expanding creative activities is the most urgent issue confronting cultural policy today, as the funds available cannot keep up with the growing demand among people for more culture. Public spending for culture increased noticeably in many of the high income countries in the 1970’s and 80’s. General prosperity in many parts of the world allowed society to support the allocation of resources for cultural matters. In the developing countries, culture was given a place in the public budget and assigned a place in the development process. However, these golden years are over. Most governments are now experiencing stagnation or even a decrease in their cultural budget which has to compete with other economic and social sectors in an ever worsening budgetary situation. The problem is far more serious in the former socialist countries of Eastern Europe and the Central Asia, where the cultural infrastructure, regulatory frameworks and funding mechanisms have collapsed and alternative systems have not yet been found. In poorer countries in Asia, Africa and Latin America, gross under-funding of the cultural sector remains chronic” (Watanabe, 1996).

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acotamiento de los márgenes de acción e intervención de las políticas culturales para el desarrollo social.

En referencia a la distribución presupuestal, el análisis de la asignación por conceptos expone parcialmente la visión, el tamaño y las características del sector que el propio MC asume como su núcleo de atención. Específicamente en el caso del CONACULTA34, durante 2012 los recursos fueron asignados como sigue:

Cuadro 11. Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2012 (SHCP, 2012).

De los más de 5 mil 620 millones de pesos asignados durante el 2012, según los datos oficiales disponibles, se calcula que el 12.97% del mismo fue destinado al pago de servicios personales o de nómina y el 87.02% constituiría el gasto destinado a los programas operativos del Consejo a nivel nacional, con la salvedad de que una parte de éstos también se ejerce para pagar los sueldos de empleados eventuales o por honorarios que trabajan en las áreas operativas.35 Cada uno de los conceptos que reciben recursos son considerados por la Estrategia Programática como programas presupuestarios, y como tales deben estar vinculados a argumentos que en coherencia con los Planes Nacionales de Desarrollo y los planes sectoriales, (en este caso el Programa Nacional de Cultura), justifiquen la asignación recursos públicos (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2012; SHCP, 2012). Así, la Estrategia Programática 2012, dentro del sector “Cultura, Artes y Deporte”, en el apartado referente al CONACULTA, señala que la asignación de recursos se realizará en correspondencia a las siguientes prioridades:

34 Monto referido a lo asignado en el PEF 2012 directamente al CONACULTA y sus 25 unidades administrativas. No incluye las asignaciones a las entidades públicas autónomas, a los fideicomisos ni paraestatales.

35 El dato resulta del presupuesto oficial asignado al CONACULTA y representa el gasto de nómina de personal con un nombramiento de base, sin embargo durante el trabajo de campo y las conversaciones con personal del organismo se encontró que el gasto ejercido en el concepto de servicios personales también se realiza de las partidas operativas, ya que desde éstas se fondea el pago del personal eventual y por honorarios.

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“Sector: “Cultura, Arte y Deporte”. Para 2012 el Consejo para la Cultura y las Artes (CONACULTA), continuará con el otorgamiento de apoyos a la infraestructura cultural de las entidades federativas y municipios, así como de acciones dirigidas al mantenimiento de la infraestructura cultural; al estímulo y a la producción de creadores de arte y cultura; al fomento del turismo cultural, y a la difusión y apoyo a las manifestaciones de la cultura y el arte popular e indígena, mediante el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados y el Programa de Apoyo a las Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos. Asimismo, mediante el Programa Producción y Transmisión de Materiales se impulsa a las industrias culturales de la radio y televisión, para que la sociedad mexicana tenga acceso a contenidos radiofónicos y televisivos que coadyuven a promover, difundir y divulgar la educación y la cultura, así como consolidar la expansión de la señal internacional que fortalece la presencia de la cultura de México. En este sentido, se llevará a cabo la IX Bienal de Radio, encuentro que agrupa a profesionales del medio de todo el mundo. Por su parte, mediante el Programa de Conservación y Mantenimiento de Bienes Patrimonio de la Nación a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del CONACULTA, se fortalecerá la investigación científica de alta calidad en materia de antropología, así como la conservación, protección, preservación, difusión y aprovechamiento del patrimonio cultural nacional” (SHCP, 2012).

Siendo esta la exposición de objetivos, que dicho sea de paso, no evidencia la integración de los ocho ejes planteados en el PNC 2007-2012 según se asienta en la Estrategia Programática 2012, el traslado de los objetivos y metas expuestas al ejercicio presupuestal queda expresado en los documentos de Instrumentación para la consecución de los objetivos estratégicos de los Programas Presupuestarios E011 “Fomento y Difusión de la Cultura” y E012 “Conservación y Mantenimiento de los bienes patrimonio de la nación” (CONACULTA , 2012), a través de los cuales, según la información pública disponible, se prevé el fondeo de únicamente tres programas: el PACMYC, el PAICE y el FOREMOBA que en conjunto estarían encaminados a la atención de dos de los ocho ejes previstos por el PNC 2007-2012.

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Distribución de Recursos por Programas Operativos 2012

Cuadro 12. Elaboración propia a partir de la información obtenida en el apartado “Programas presupuestarios en clasificación económica, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 (SHCP, 2012).

En relación a la distribución del gasto y de acuerdo con los datos existentes, se deriva que la asignación inicial de presupuesto al concepto “Infraestructura Cultural” operado a través de los programas PAICE y FOREMOBA, destinado a la construcción, mantenimiento, rehabilitación y restauración de la infraestructura cultural en estados y municipios representa el 12.91%; mientras que para el caso del concepto “Culturas Populares e Indígenas”, que tiene como objetivo el apoyo al desarrollo de proyectos de origen popular o indígena operado a través de programa PACMYC, el recurso asignado representaría el 4.81% del presupuesto operativo.

En referencia a este análisis, debido a que el CONACULTA sólo somete a la publicación de reglas de operación tres de sus programas operativos, la información sobre la cantidad de programas y actividades que realiza el Consejo para cumplir lo previsto en sus objetivos estratégicos y sus costos es limitada, impidiendo la elaboración de un cuadro comparativo general de inversión por líneas de acción. Esta situación restringe mucho la posibilidad de construir parámetros de atención focalizada por objetivos/áreas de atención, toda vez que este escenario influye en la falta de transparencia y sugiere un ejercicio de asignación no evidenciada de recursos al cual estarían sometidos la mayor parte de los programas del organismo, entre los cuales se distribuyen alrededor del 82.26% de los recursos operativos.36 Por lo tanto, ante la falta de información presupuestal oficial de asignación de recursos por programa y ante la necesidad de caracterizar 36 Según conversaciones con funcionarios de la dependencia federal el presupuesto asignado por el Congreso de la Unión, en tanto es un ejercicio proyectivo, sufre varias modificaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a la recaudación de impuestos y la perspectiva real de crecimiento económico del país, lo que significaría que el presupuesto asignado por concepto es susceptible de sufrir reducciones importantes.

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las dimensiones de atención sectorial que el MC prevé, en términos de los objetivos que persiguen los programas y en relación a la exposición de ejes y objetivos estratégicos; la información disponible sobre los programas por medio de los cuales son atendidas las necesidades que reconoce el PNC 2007-2012 como fundamentales puede también analizarse desde la clasificación por objetivo que persiguen, la focalización de servicios y apoyos que priorizan; así como por el tipo de beneficiarios directos que reciben el servicio o el apoyo.

Según la estructura orgánica del CONACULTA el área de atención por medio de programas ejecutivos está organizada en dos secretarias adjuntas a la presidencia del organismo, la Secretaría Cultural y Artística y la Secretaría Ejecutiva. Todas las dependencias relacionadas en el siguiente cuadro, dependen de ambas secretarías y tienen como encargo la operación de recursos a través del financiamiento de proyectos propios y/o proyectos eventuales. En términos de cantidad, la mayor parte de los programas operativos analizados37 se ejecutan a través de la Dirección General de Vinculación Cultural y de la Dirección General del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que tienen a su cargo la operación de programas dirigidos al desarrollo cultural, artístico y patrimonial de grupos específicos y organismos gubernamentales; así como la atención del desarrollo de creadores y compañías de las diferentes ramas artísticas, respectivamente.

Cuadro 12. Estructura Orgánica Operativa del CONACULTA (CONACULTA, 2012).

El rastreo de programas que dependen de cada una de las áreas antes mencionadas es complejo, pues al igual que en el caso del análisis presupuestal, la información se encuentra dispersa, es imprecisa y no da lugar 37 Debido a que la información sobre los programas que se ejecutan se encuentra dispersa y es imprecisa, los 33 programas que son analizados responden a una selección que incluyó una búsqueda hecha tanto en la página de internet, como en referencia a los programas de los que se tiene conocimiento o se operan desde los enlaces estatales y municipales, caso particular de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Secretaría de Cultura de Guadalajara. Además, fueron seleccionados sólo aquellos programas que presupuestalmente dependieran de la administración central del CONACULTA, dejando fuera todos aquellos programas de apoyos y servicios que se coordinan desde el INAH, el INBA, los organismos descentralizados y las empresas paraestatales sectorizadas al organismo

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a la corroboración de datos obtenidos. Con excepción del FONCA, que depende de la Secretaría Ejecutiva, la página de internet del CONACULTA no prevé la publicación de un catálogo de programas de apoyos y servicios.

Sin embargo, gracias al trabajo de campo realizado, se estableció una selección de 33 programas para elaborar un análisis que permitiera caracterizar las formas de operación del organismo. De acuerdo a la información obtenida, dichos programas fueron analizados en relación a: a. La clasificación por objetivo que persigue el programa mediante su operación. Esta clasificación se realizó a través de seis categorías: Infraestructura Cultural; Animación Cultural; Capacitación; Apoyo a Creadores; Culturas Populares e Indígenas; y Difusión Cultural. b. El foco de atención sectorial prioritario al que van dirigidos los servicios o apoyos otorgados. Esta clasificación se realizó a través de dos categorías: Programas enfocados al Desarrollo Social; Programas enfocados al Desarrollo de Sectores Especializados. c. Los beneficiarios directos que reciben el servicio o administran el apoyo otorgado. Esta clasificación se realizó a través de tres categorías: creadores, artistas y compañías; organismos gubernamentales; y grupos o asociaciones civiles.

Así, en relación con los ejes estratégicos expuestos por el Consejo en el PNC 2007-2012 y a la categorización por objetivos perseguidos, se evidencia que la mayor cantidad de programas corresponde al concepto de “Apoyo a Creadores”, ya que del total de programas analizados el 39% corresponde a las actividades anunciadas por el “Eje 4 Estímulos públicos a la creación y Mecenazgo”, mientras que el concepto “Culturas Populares e Indígenas” referido al “Eje 1 Patrimonio y Diversidad Cultural” estaría representado con el 8% . De igual forma, llama la atención el hecho de que el concepto “Capacitación” represente el segundo lugar con el 18%, ya que a pesar de que está enfocado a cumplir los objetivos del “Eje 5 Formación e Investigación Antropológica, Histórica, Cultural y Artística”, al analizar a fondo las características de cada uno de los programas que se incluyen en esta categoría, la mayoría de los beneficiarios previstos son creadores o capacitadores especializados, acercándose mucho a los beneficiarios que son contemplados por el Eje 4.

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Fig. 3. Elaboración propia a partir de información de CONACULTA (2012).

En cuanto a la focalización o la forma en la que los objetivos expuestos en la caracterización de programas son clasificados, se detectó la existencia de dos categorías que implican servicios diferenciados. Por un lado, aquellos programas que asumen como foco de atención el desarrollo comunitario o social, y por otro aquellos que asumen que su objetivo es el desarrollo de un grupo social específico que necesita servicios de fomento y capacitación especializados en cualquiera de las ramas artísticas. Nuevamente, la diferencia que se hace entre el apoyo a los creadores en comparación con el desarrollo cultural comunitario o social es evidente, ya que de los 33 programas analizados, 21 se encontrarían en la primera clasificación, situación que no corresponde a la descripción de objetivos generales del PNC 2007-2012 en donde se especifica que los esfuerzos del organismo serían canalizados al desarrollo de la sociedad mexicana en general, lo que de entrada evidencia y problematiza la forma en la que el propio organismo define como su sector de atención prioritaria.

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Fig. 4. Elaboración propia a partir de información de CONACULTA (2012).

La referencia que se hace sobre el ejercicio de focalización es por demás importante y se complementa con el análisis elaborado desde el punto de vista de aquellos sujetos, grupos, asociaciones u organismos gubernamentales que reciben o son el principal conglomerado de beneficiarios, o aquellos que se benefician mayoritariamente de los esfuerzos operativos emprendidos por el Consejo.

Fig. 5. Elaboración propia a partir de información de CONACULTA (2012).

En este sentido, el 47% de los programas analizados contempla en sus reglas de operación o en el documento que explica sus objetivos y formas de trabajo, que los recursos o servicios serán otorgados direc-

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tamente a los artistas y creadores; el 39% a los organismos gubernamentales; y sólo el 14% prevé la entrega o servicios directos a grupos u organizaciones civiles que presenten proyectos de promoción, fomento o conservación de productos culturales populares o indígenas.

Dejando de lado los programas y proyectos que realizan el INAH38, 38 Las atribuciones del INAH son: “ARTICULO 2o.- Son objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia la investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del Instituto. Para cumplir con sus objetivos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones: I. En los términos del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia. II. Efectuar investigaciones científicas que interesen a la Arqueología e Historia de México, a la Antropología y Etnografía de la población del país. III. En los términos del artículo 7o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar los permisos y dirigir las labores de restauración y conservación de los monumentos arqueológicos e históricos que efectúen las autoridades de los estados y municipios. IV. Proponer a la autoridad competente, la expedición de reglamentos que contengan normas generales y técnicas para la conservación y restauración de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, que sean aplicados en forma coordinada con los gobiernos estatales y municipales. V. Proponer al Secretario de Educación Pública la celebración de acuerdos de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, tendientes a la mejor protección y conservación del patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico de la nación y del carácter típico y tradicional de las ciudades y poblaciones. VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los municipios, la elaboración de manuales y cartillas de protección del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito territorial, que adecúen los lineamientos nacionales de conservación y restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio. VII. Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo. VIII. Realizar exploraciones y excavaciones con fines científicos y de conservación de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos del país. IX. Identificar, investigar, recuperar, rescatar, proteger, restaurar, rehabilitar, vigilar y custodiar en los términos prescritos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los respectivos monumentos y zonas, así como los bienes muebles asociados a ellos. X. Investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos, como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país. XI. Proponer al ejecutivo federal las declaratorias de zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de restos paleontológicos, sin perjuicio de la facultad del ejecutivo para expedirlas directamente. XII. Llevar el registro público de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y de los restos paleontológicos. XIII. Establecer, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos, archivos y bibliotecas especializados en los campos de su competencia señalados en esta ley. XIV. Formular y difundir el catálogo del patrimonio histórico nacional, tanto de los bienes que son del dominio de la nación, como de los que pertenecen a particulares. XV. Formular y difundir el catálogo de las zonas y monumentos arqueológicos e históricos y la carta arqueológica de la República. XVI. Publicar obras relacionadas con las materias de su competencia y participar en la difusión y divulgación de los bienes y valores que constituyen el acervo cultural de la nación, haciéndolos accesibles a la comunidad y promoviendo el respeto y uso social deñ patrimonio cultural. XVII. Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, la formación de Consejos consultivos estatales para la protección y conservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, conformados por instancias estatales y municipales, así como por representantes de organizaciones sociales, académicas y culturales que se interesen en la defensa de este patrimonio. XVIII. Impartir enseñanza en las áreas de

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el INBA39, las paraestatales y los organismos descentralizados, que aun integrados al Consejo conservan autonomía jurídica y presupuestaria pero que en términos generales sus metas no difieren de las del Consejo, es decir, no representarían discrepancias en cuanto a la distribución de fondos y líneas de acción especializadas; se puede observar que aunque el CONACULTA contempla acciones encaminadas al desarrollo cultural comunitario, tanto la distribución presupuestal como el porcentaje de atención por programa, no muestran evidencias de previsión de la atención gubernamental referida al desarrollo equilibrado de un sector, que como se ha argumentado, es amplio, complejo y diverso.

En relación a la distribución equitativa de recursos entre los diversos elementos constitutivos de la política cultural, se tendrían que incluir previsiones políticas, económicas y de desarrollo social, enmarcadas todas por una dimensión cultural-simbólica que le otorga su naturaleza o sentido de existencia a la institución para que la política cultural realmente se lograra entender como un factor más de bienestar social incluyente; se puede advertir que existe una marcada focalización de servicios y apoyos que se concentran de forma importante en aquellos fondos y programas que por el tipo de acciones que desarrollan, estarían perfilando un universo de beneficiarios reducido e hiperespecializado, situación que es totalmente coherente con las competencias o intereses que son asumidos por una institución de las características jurídico-patrimoniales del CONACULTA y que dan origen al MC. Entonces, ¿qué implicaciones sociales tiene el hecho de que el sector prioritario de atención perfilado no dé evidencias de incorporar un enfoque transversal que le permita enganchar sus líneas de trabajo con los objetivos generales o conceptos prioritarios del desarrollo social a nivel nacional?

Antropología e Historia, conservación, restauración y museografía, en los niveles de técnico-profesional, profesional, de posgrado y de extensión educativa, y acreditar estudios para la expedición de los títulos y grados correspondientes. XIX. Autorizar, controlar, vigilar y evaluar, en los términos de la legislación aplicable, las acciones de exploración y estudio que realicen en el territorio nacional misiones científicas extranjeras. XX. Realizar de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites necesarios para obtener la devolución de los bienes arqueológicos o históricos que estén en el extranjero. XXI.- Las demás que las leyes de la República le confieran (INAH, 1939).

39 Las atribuciones del INBA son: “IV. ATRIBUCIONES. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependiente de la Secretaría de Educación Pública y con base en lo que establece la Ley que promulgó su creación: D.O. del 31 de diciembre de 1946; tiene las siguientes atribuciones: El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas artes en todas las ramas. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas las ramas de las bellas artes y de la educación artística comprendida en la educación general. El fomento, la organización y la difusión de las bellas artes por todos los medios posibles y orientado hacia el público en general. La difusión de las bellas artes a través de los medios. La investigación, protección, conservación, restauración y recuperación del acervo artístico en general y de los monumentos artísticos en particular” (INBA, 2010).

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El MC es, ante todo, un modelo de gestión cultural que da sentido a una política pública. Al tratarse de una política pública este modelo debe de ser entendido como un recurso de producción y reproducción de tipificaciones simbólicas que trascienden el espacio burocrático, en tanto media la relación entre el Estado y la sociedad en referencia a los conceptos de desarrollo cultural, cultura, artes, patrimonio, etc. Las instituciones sociales (iglesia, Estado, escuela, familia) actúan en una dimensión que no sólo es racional sino también afectiva: son productoras y reproductoras de tipificaciones cargadas de significados; que logran esculpir un cuerpo ciudadano con características específicas; que legitima discursos; se ordena con base en convicciones o acuerdos sociales y actúa en consecuencia. Por lo tanto, entendidas como discursos y acciones institucionales, las políticas públicas se convierten en referentes simbólicos a través de los cuales este cuerpo ciudadano construye un imaginario sobre conceptos y prácticas directamente relacionados con su cotidianidad. La salud, la cultura, la delincuencia, el desarrollo, la pobreza, el bienestar, son conceptos sociales que se construyen a través de diversos referentes simbólicos, uno de los cuales son las políticas públicas, lo que podría significar que tanto las descripciones que las comunidades hacen de sí mismas, como la construcción de las aspiraciones a una vida mejor, están directamente vinculadas a las formas y contenidos que las políticas públicas adoptan sobre conceptos relacionados al bienestar o a factores que los alejan de él.

En este sentido, el hecho de que las acciones gubernamentales concretas - como la distribución presupuestal, el tipo de objetivos que persiguen los programas, así como la bi-conceptualización de la cultura y la limitada intervención político-institucional de los organismos- no evidencien una política transversalizada del bienestar; permea la propia ideología sobre la marginación donde el beneficiario de los organismos gubernamentales no reconoce (al igual que el MC) que debe existir una complementariedad de servicios, en donde además de la educación, la alimentación y la provisión de servicios básicos, se reconozca que los servicios de desarrollo cultural forman parte de la batería de insumos que están relacionados al bienestar.

La muestra de la falta de relación entre lo que busca la política cultural y lo que en realidad construye en términos sociales, se puede evidenciar en el caso de la creación de infraestructura cultural y la apropiación y uso de los espacios por parte de las comunidades, que, entre muchos otros, dan cuenta de las deficiencias del modelo de gestión cultural vigente y las consecuencias del involucramiento de otros actores sociales en el desarrollo de una política cultural, ya de por sí fragilizada.

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Según Ricardo Bautista (2009), como consecuencia de un acuerdo realizado en el Congreso de la Unión, a partir de diciembre de 2007 tuvo lugar una transformación en lo que a recursos asignados al ramo cultural se refiere, ya que los diputados comenzaron a etiquetar recursos a estados y municipios dentro de sus distritos. En este contexto, los diputados federales realizaron una ampliación presupuestal sin precedentes de 1,800 millones de pesos, teniendo como pretexto el diagnóstico del sector que fue incluido en el Plan nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que se citan referencias al déficit de recursos, mala planeación y falta de solvencia financiera de los organismos culturales, así como el reconocimiento de la grave situación de la infraestructura cultural y la pérdida de interlocución política del Consejo; temas que fueron discutidos durante el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2008.

La medida anterior ha ido ganando partidarios por parte de los presidentes municipales, gobernadores e incluso por las comunidades que vieron una inversión dirigida directamente a sus comunidades sin la intervención del CONACULTA, más que en lo relacionado con la revisión, seguimiento y comprobación de recursos ejercidos. Sin embargo, esta modificación significó un aumento de la duplicidad de funciones que ya había sido señalado al Consejo e involucró a los diputados federales como actores fundamentales en el desarrollo de las políticas culturales gubernamentales. De tal suerte, el incremento exponencial de los llamados recursos “etiquetados” y “subsidios” incluso mayor al crecimiento presupuestal del propio CONACULTA, es resultado no de un análisis de la situación o el escenario del desarrollo cultural en México, sino por el contrario, de factores de negociación política y corrupción.

En el escenario de una política cultural que descentraliza modelos de conceptualización e institucionalización con las características con las que han sido descritos, el arribo de recursos, en muchas ocasiones, no es sinónimo de florecimiento. Durante el 2012, los programas dirigidos a la construcción, rehabilitación, mantenimiento, restauración y equipamiento de infraestructura cultural, PAICE y FOREMOBA, fueron dotados con 506,099,679 pesos y 126,551,761 pesos respectivamente; mientras que el recurso “etiquetado” dirigido a organismos estatales, municipales y asociaciones no gubernamentales sumó alrededor de 5,212 millones de pesos que fueron destinados, en su mayoría, a los mismos conceptos de los programas antes citados. Por ejemplo, en el 2012 el Estado de Jalisco fue beneficiado con 105,900,000 pesos para la realización de 56 proyectos, de los cuales 41 eran para la construcción de infraestructura cultural en municipios (Congreso de la Unión, 2012).

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Fig. 6. Elaboración propia a partir de información de CONACULTA (2012).

Lamentablemente esta situación no ha tenido los resultados previstos, por el contrario, según datos oficiales, esta medida no ha logrado más que enrarecer el panorama cultural del país, ya que la construcción de infraestructura, sin la existencia de un programa o modelo de gestión y operación que los sustente, ha provocado la multiplicación de elefantes blancos, casas de cultura vacías, museos sin acervos para exponer y una población cada vez menos interesada en estos contenidos. Esta transformación en torno a la entrega de recursos etiquetados desde el Congreso de la Unión fue uno de los factores que provocaron el incremento en la construcción de bibliotecas, museos y casas de cultura. Según el Atlas de la Infraestructura Cultural de México (CONACULTA, 2005), para el 2010 se incrementó un 10.27% la apertura de bibliotecas en todo el país, finalizando con 7,289 bibliotecas en todo México. A pesar de este crecimiento, la asistencia a bibliotecas descendió entre el 2004 y el 2010, de acuerdo a la Encuesta Nacional 2004, el 68.6% aceptó haber ido alguna vez a una biblioteca, mientras que para el 2010 el dato se redujo hasta un 55%. La periodicidad de la asistencia también se ha reducido ya que entre el 2004 y el 2010 las personas que aceptaron haber ido por lo menos una vez en un año a la biblioteca paso del 29.8% al 23%. Esta disminución podría ser explicada por otro dato significativo sobre las motivaciones personales para la lectura: en el 2010 el 32% de la población no tiene tiempo de ir a una biblioteca y a 28% no le gusta leer; es decir el 60% no cuenta con una motivación para leer (CONACULTA, 2004 y 2010). En el caso de la creación y asistencia a museos, no se muestran tendencias contrarias a la situación con respecto

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de las bibliotecas, el Sistema de Información Cultural registró un incremento del 12% en la creación de museos entre el 2003 y el 2010. Sin embargo, entre el 2004 y el 2010 se registró un descenso importante en la asistencia a estos recintos pasando del 62.4% al 55%.

Los datos oficiales de la encuesta 2004 y 2010 realizada por el propio CONACULTA, evidencian que la penetración de las instituciones culturales en términos sociales es limitada y no responde a la demanda o necesidades de las comunidades, quizá porque no hay evidencia de que el MC implemente el diseño y aplicación de una política cultural de proximidad que surja de la propia comunidad y sea incluyente. Respecto al diseño de las políticas culturales puestas en marcha a partir de la fundación del Consejo, la integración de las comunidades y otros actores sociales que pertenecen al sector no ha sido eficaz, según el estudio realizado por Omar Castro en el que analiza el impacto de la política cultural de descentralización implementada por el gobierno federal, específicamente entre 1988-2003, prácticamente todas las políticas implementadas por los gobiernos de México y Jalisco, preexistieron a su ejecución y fueron definidas por la autoridad reduciendo al resto de los actores solamente a ejecutar u observar su aplicación irrestricta, es decir, las políticas no se generaron de abajo hacia arriba, fueron lineales y unidireccionales (2010, pág. 397).

Queda claro que el MC no contempla esta dimensión. En su origen neoliberal o liberalista social el modelo comprende que el tipo de relación establecida con sus beneficiarios se basa en una relación que se construye únicamente entre los sujetos de apoyo y el programa/Estado, por lo que aun sin procesos de legitimación por parte de las comunidades, esta situación termina por ser secundaria, siempre y cuando el beneficiario sea el depositario de un recurso específico. El efecto es todavía más extenso, ya que como se observa en el ejemplo de los recursos etiquetados y la construcción de infraestructura, la política contempla una dinámica en la que los estados y municipios son los clientes de los programas, son ellos los que definen con base en decisiones político-coyunturales cómo y en qué se invierte el recurso que comúnmente llega hasta la cabecera municipal, no contemplando acciones o inversiones en delegaciones y agencias.

Debido a esta situación, el desinterés de la población rural o vulnerada no sorprende. La demanda de los servicios y apoyos culturales, así como la ampliación de cobertura y el aumento de la calidad de los mismos, se

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concentra mayoritariamente en aquellas comunidades y grupos a los que el MC relaciona directamente con su núcleo o naturaleza: los artistas, los creadores, los municipios y estados. Aquellos ciudadanos no contemplados en el espectro de atención de este modelo, además de no reconocer que la dimensión cultural está directamente relacionada con la condición de bienestar, podrían estar vinculando los servicios culturales a una oferta simbólica que no reconocen como cercana o propia en vista de que sólo aquellos habitantes con mejores niveles de ingresos y educativos40 son los principales usuarios de casas de cultura, bibliotecas, museos, etc.

Como se ve, a pesar del involucramiento de diversos actores e instituciones, la aplicación y gestión operativa de las políticas públicas ancladas en el MC no muestra evidencias de un ejercicio de gestión incluyente, por el contrario, se expresa sujeto a las necesidades políticas y de los beneficiarios directos más allá de atender a una dimensión de análisis de contextos socio-espaciales. Los diputados, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de cultura y consejeros, discursivamente buscan el beneficio social y el desarrollo social de las comunidades, pero en lo operativo reducen su margen de acción e inversión a la construcción de infraestructura y al apoyo a los creadores, ambas acciones vía fondos de tipo perdido, sin prever la circularidad de los recursos o, en otras palabras, sin manifestar entender la inversión pública como un elemento dinamizador del desarrollo de un sector multidimensional donde deberían estar presentes muchos otros actores y comunidades.

Debido a la ausencia de un ejercicio de reconocimiento serio y profundo del sector, de la construcción de cartografías, de la ampliación de procesos de participación y consulta, se revela un abandono del sentido social, transversal y multisectorial que debe tener una política pública; para exhibir un campo que es dinamizado a través de políticas sectoriales basadas un modelo de gestión hiperespecializado. Si bien ya se explicó que uno de los efectos de la aplicación de este tipo de modelos de gestión tiene 40 Según los resultados de la Encuesta del CONACULTA publicada en el 2004, “los niveles de escolaridad más altos reflejan mayores niveles de asistencia a casas de cultura, hasta alcanzar 66.3% alguna vez y 34.7% en los últimos 12 meses entre quienes tienen educación universitaria. Para bachillerato es de 45.1% para alguna vez y 24.5% en los últimos 12 meses, ambas cifras por encima del promedio nacional. En secundaria los datos son de 27.4% y 12.9%; en primaria, 15.2% y 7.3%; y para quienes no han tenido formación académica, 7.6% y 2.7% en alguna vez y en los últimos 12 meses. Con relación a la asistencia por nivel de ingresos, concluyen que “un mayor ingreso incide en niveles más altos de asistencia.

Para ingresos de hasta un salario mínimo la asistencia es de 13.1% alguna vez y 6.7% en el último año; de uno a tres salarios mínimos sube a 27.9% y 15.3% respectivamente, por debajo del promedio nacional.

Para tres a cinco salarios mínimos las cifras (37.9% y 17.4%) se ubican cerca de los promedios nacionales y a partir de los cinco salarios mínimos la asistencia se incrementa a niveles superiores a 50% para alguna vez y a más de 20% en el último año”.

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repercusiones incluso en la forma en la sociedad en general entiende y asume categorías o conceptos como el de bienestar social, también resulta interesante observar los efectos dinamizadores en el conjunto de aquellos actores sociales que asume como sus beneficiarios o núcleo de atención (el caso de las industrias culturales, por mencionar alguno).

La renuncia de una perspectiva social por la implementación de modelos de gestión hiperespecializados provoca dinámicas de autocontención que limitan la construcción perceptiva del campo por parte de sus propios agentes. El sector cultural entendido desde la visión o conceptualización operativa del MC que se revisó en el apartado de procesos de conceptualización e institucionalización, implica que no sólo las instituciones entiendan que su actuar se limita a la administración de los asuntos estético-folclórico-patrimoniales, sino también que el conjunto de beneficiarios de éstas construya o entienda los límites de su propio campo, así, de forma auto contenida. A través del trabajo de campo, de la lectura de notas periodísticas y las conversaciones con artistas, creadores y gestores del ramo privado y público se pudo evidenciar que su concepción ideal de las tareas y fines que persiguen las instituciones culturales está directamente relacionada con las dimensiones del campo en el que se asumen como agentes.

Este tipo de construcción auto perceptiva está atada a la necesidad de las instituciones sociales de construir anclajes operativo-discursivos que legitimen o justifiquen sus propias razones de existencia a través del intercambio de capitales con los agentes que el propio modelo detecta como legítimos, y en el caso del sector cultural mexicano este diálogo institucional-social se reduce a una interlocución entre las instituciones culturales gubernamentales y aquellos que tanto las instituciones como la sociedad reconocen como portadores del capital o los capitales significativos al propio campo: los artistas, gestores, académicos e intelectuales.

Nuevamente, los efectos de esta condición, al igual que en el caso de las comunidades de base, tienen implicaciones que se pueden evidenciar en referentes operativos. Por ejemplo, cuando por alguna razón política, situación de demanda social coyuntural o simplemente debido a un ejercicio de recapitulación, se vuelve necesario instaurar o abrir espacios para el diálogo sectorial, es común que sólo sean convocados los agentes socialmente autorizados o legítimos, asumiendo o auto asumiendo que en sí mismos constituyen una referencia válida y universalizante de la situación y necesidades del sector cultural mexicano. De tal suerte que ante la ausencia de una comprensión de contexto delimitado gracias a la sistematización de

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información derivada de estudios y análisis poblacionales, las demandas sociales a las que la institución dice responder, “son una combinación de demandas reales, recogidas por medios democráticos de diálogo y decisión, con demandas supuestas, hipotéticas, fruto de la observación subjetiva o de análisis con diversos grados de pertinencia por parte de los investigadores (…) lo cual sucede en el terreno de las prácticas comunicativas para su instalación, defensa o imposición ante los sectores sociales interesados o participantes, simpatizantes o críticos, en el desarrollo de las políticas culturales” (Hernández Barba, 2009).

Esta afirmación no supone el asumir que la argumentación realizada no reconoce a la comunidad artístico-intelectual como interlocutores fundamentales en el desarrollo de las políticas culturales nacionales, por el contrario, busca mostrar las limitaciones sociales y perceptivas de un modelo de gestión cultural que define un sector con problemas y dinámicas específicos; que crea instituciones y políticas públicas de atención sectorial basado en su propia concepción de sector; y por lo tanto, produce y reproduce medidas que afectan a grupos sociales formen o no parte del núcleo del campo que el propio modelo delimita.

Por último, me gustaría incorporar al análisis un efecto de distorsión de percepción simbólica que se alinea a la serie de observaciones expuestas en este apartado. Gracias a una amplia búsqueda hemerográfica se pudo constatar que la exigencia a la revisión de los modelos de gestión cultural gubernamental en México ha sido una constante desde la creación del CONACULTA en 1988, cuando se justificaba su fundación y estructura institucional en función de la democratización, ciudadanización e integración de nuevos sectores que participarían de la definición de las políticas culturales nacionales. Mucho se ha señalado al CONACULTA el hecho de constituirse como un consejo, sin incorporar a cabalidad figuras institucionales similares a los consejos electorales o de participación ciudadana, así como el hecho de la ausencia de una secretaría de Estado que se encargue del tema. Tanto las notas periodísticas como los amplios análisis de las políticas públicas nacionales revisadas han sabido señalar de forma puntual los avances y carencias de la institución y sus programas, dando cabida a diversas demandas sociales. Pero, aun cuando evidentemente esta situación se extiende a otras instituciones gubernamentales como las dependencias encargadas de las políticas sociales o de seguridad ciudadana ante el crecimiento exponencial de la pobreza y la violencia, en el imaginario social, las instituciones culturales parecerían circular

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periféricas a los escenarios nacionales, protegidas por la percepción social subjetiva que rodea a los conceptos cultura y artes41 o por el desconocimiento de la institución por parte de la población en general.42

CONCLUSIÓN: APUNTES PARA PENSAR NUEVAS INSTITUCIONES Los constantes cuestionamientos sobre la pertinencia, coherencia y eficacia de las políticas culturales mexicanas hechos por varios actores sociales e instituciones; el involucramiento personal como agente del sector cultural, que cómo otros compañeros se ha enfrentado a la fragilidad social y económica de asumirse como artista o gestor; la evidencia palpable de la precariedad de las condiciones de desarrollo cultural en comunidades rurales y urbanas de la que he sido testigo gracias a mi trabajo como investigadora y como gestora; y, finalmente, el conocimiento de los sistemas operativos de las instituciones culturales públicas que ha sido posible gracias a mi incursión como funcionaria; fueron factores significativos que me llevaron a plantear la pregunta inicial por las políticas culturales nacionales en la búsqueda de un diagnóstico que explicara la gravedad de la situación.

Las primeras respuestas llegaron rápido. Todas ellas me llevaban de forma directa al lugar donde había iniciado, sin permitirme evidenciar procesos, únicamente causas y consecuencias lineales. Sin excepción, mis primeros planteamientos provenían de un marco que había construido a largo de varios años de trabajo, armada en convicciones personales influidas, sobre todo, por el argumento de que si la cultura es buena, su debido impulso representaría la solución de muchos de los problemas que 41 En los resultados de la encuesta publicados por el organismo en 2004, el promedio nacional de evaluación del CONACULTA obtuvo una calificación del 7.5 sobre 10 y los niveles de confianza (6.2 sobre 10) la colocaron por debajo de la familia, la escuela, los maestros y la iglesia, y con calificaciones superiores a las obtenidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral dos años previos a la debacle de ambas instituciones. Además, en consecuencia a una búsqueda de evaluaciones institucionales comparativos y de señalamientos por corrupción en trámites, servicios o rendición de cuentas, se corroboró que los conceptos y organismos relacionados al sector cultural gubernamental ni siquiera conforman categorías de investigación o simplemente no son sujetos a este tipo de mediciones.

42 En 2004, el 51.7% de la población mayor de 15 años respondió que nunca había escuchado hablar del CONACULTA y los niveles más altos de conocimiento del organismo y las actividades que realiza eran reportados por los sectores poblacionales con mayores ingresos y de escolaridad (CONACULTA, 2004).

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aquejan a México. Siguiendo esta línea de pensamiento, al considerar las evidencias estadísticas, periodísticas y académicas, resolvía que no existe una política pública cultural adecuada y que los actores e instituciones involucrados en la operación de la misma son el engarce de una cadena que no está dando los resultados esperados. Desde este punto de vista, el problema de las políticas culturales nacionales aparecía referenciado una y otra vez como un asunto netamente gubernamental.

Después decidí que para fortalecer las evidencias encontradas era necesario comparar la realidad nacional con otros referentes, pero el ejercicio no resultó como yo esperaba. Mientras avanzaba en la búsqueda de datos comparables, la tentación de concluir que el problema de la política cultural era un tema posible de explicar únicamente desde la incapacidad gubernamental se fue alejando poco a poco, para evidenciar que los planteamientos donde se sustentan las políticas culturales gubernamentales mexicanas no difieren radicalmente de otros referentes nacionales que abrevaban en las mismas fuentes, con exigencias a las instituciones culturales que por parte de los agentes del sector, por lo menos en América Latina, eran exactamente las mismas.

En todo caso, las diferencias radicaban en las formas institucionales que las políticas culturales adoptan, evidenciando la comprensión o conceptualización del propio sector cultural desde la lógica de la participación o involucramiento de uno o varios actores que las comunidades locales asumen como responsables o corresponsables del desarrollo cultural nacional. Los actores o instituciones involucrados en estos procesos cobran relevancia o se debilitan como consecuencia de la configuración de la historia política de cada uno de los contextos nacionales, por ello fue evidente que aunque sean responsabilizados de ciertas acciones, éstos representan las formas y acuerdos que los sistemas sociales privilegian debido a una condición de construcción histórico-social.

El enfoque cambió. Resultaba entonces que el señalamiento constante a la acción gubernamental podía estar fundamentada en que los sistemas sociales de organización en México privilegian la participación del Estado como el principal organizador de la vida social en el territorio, a pesar del debilitamiento y adelgazamiento que el Estado mismo ha sufrido desde la implementación de políticas económicas y sociales neoliberales. Particularmente en el caso del desarrollo cultural mexicano, ante la débil participación de otros actores e instituciones sociales como la sociedad civil y la iniciativa privada, el Estado sigue siendo el referente más importante para la ejecución de políticas culturales. Busqué entonces encontrar respuestas,

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sí en el actor central de las políticas culturales nacionales, pero no observándolo como un agente o como una institución aislada, sino como la representación de un sistema social que es tanto un medio como un resultado de las prácticas que la sociedad y sus instituciones sociales organizan de forma recursiva. Esta opción metodológica me permitió atender más que a causas y consecuencias, a procesos y condiciones que influyen en el desarrollo cultural nacional; la conceptualización de un nuevo objeto de investigación detonó nuevas búsquedas, así como la necesidad de abrevar en nuevas disciplinas y autores como fuentes de categorías de análisis y perspectivas de observación. Con estos nuevos aportes, las convicciones y andamiajes propios dejaron de ser monocromáticos, para dar paso a los claroscuros, al análisis que se alejaba del diagnóstico y asumía que la estructuración de los sistemas sociales implica observar cómo los procesos de producción y reproducción de modelos y propuestas ideológicas movilizan tanto reglas como recursos, en coordenadas espacio-temporales específicas.

El universo de observación se densificó para hacer visible un campo fuertemente afectado tanto por las tendencias adoptadas por los organismos internacionales, como por la estrecha vinculación de éstos con la producción académica y los modelos de desarrollo; resaltando que ante los cambios de modelos económicos se registraban transformaciones en los formatos de las instituciones culturales y sus discursos. De tal forma, el sector cultural gubernamental mexicano es producto, entre otros factores, de la influencia de organismos como la ONU, la UNESCO, la OEI, el PNUD y el BID, entre muchas otras instancias gubernamentales y de producción académica que logran permear las relaciones y vínculos que anteceden a la creación de las instituciones gubernamentales locales y son, por ende, fuentes de conceptos, modelos de gestión y formatos institucionales.

El interés por analizar las formas en las que se estructura el sector cultural gubernamental en México cobra fuerza debido a que es identificado como uno de los principales componentes institucionales de los sistemas sociales nacionales, en tanto el CONACULTA y las instituciones culturales gubernamentales mexicanas representan vehículos de sentido casi únicos. Estas instancias son también modelos de intervención que vuelven inteligibles y coherentes las acciones particulares que realizan los agentes reconocidos o auto reconocidos como parte del campo cultural. El análisis del Modelo CONACULTA (MC), entendido como retícula conceptual con base en la cual se crean y funcionan dichas instituciones, adquiere así una importancia trascendental en tanto pone en operación un sistema de conceptos y posiciones sociales que definen aquello que es objeto del desarrollo cultural en nuestro país, sus acciones prioritarias, y selecciona aquellos actores sociales que son objeto de su existencia.

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Tomando en cuenta que el modelo prioritario de desarrollo cultural nacional finalmente se asienta en estructuras de tipo estatal y de ellas absorbe sus características y sentidos de existencia social, a partir de su fundación el CONACULTA ha ido construyendo un modelo propio de gestión, que da origen o inspira no sólo la política cultural federal, sino como se observó, organiza la mayor parte de la acción cultural en el país.

Decir que a 25 años de su fundación el CONACULTA no ha logrado mejorar las condiciones de desarrollo cultural a nivel nacional sería injusto, ya que por lo menos en dos aspectos ha tenido resultados significativos: la creación del FONCA, el Sistema Nacional de Creadores y otros programas de atención focalizada que constituyen casi en su totalidad las becas y apoyo de formación y profesionalización a la que tienen acceso los artistas y creadores a nivel nacional; y la política de descentralización de infraestructura cultural emprendida por las administraciones nacionales desde 1988 hasta a la fecha, sin duda la más exitosa debido a la gran inversión que ha implicado, logrando que la red de organismos gubernamentales de servicios culturales (secretarías, consejos, direcciones, casas de cultura, bibliotecas y museos) se extienda, cubriendo casi la totalidad del territorio.

Sin embargo, en lo que respecta a la política de descentralización de organismos e infraestructura, al estudiar sus formas institucionales, las técnicas e instrumentos de intervención; se evidencia que los contenidos que acompañan esta descentralización han constituido una plataforma ideológico institucional que ha determinado en muchos sentidos el tipo de acción cultural que se realiza desde las instituciones gubernamentales, provocando que se conforme un sector cultural que se percibe aislado, excluyente, auto referenciado e informal, en reflejo directo a los procesos de conceptualización, institucionalización y socialización que el MC asume como propios y dispersa a nivel nacional.

La fundación del CONACULTA significó el culmen de un proceso de vaciamiento de las instituciones culturales a nivel nacional, situación que inició a principios de los años 60 y que paulatinamente fue dejando atrás la posibilidad de constituir un sistema de desarrollo estatal que justificara la transversalidad e importancia de la dimensión cultural, no sólo artística, como parte fundamental del desarrollo nacional. Esto al reducir sus competencias y facultades como institución social involucrada en procesos políticos, económicos y sociales. La opción política de la institucionalización de la cultura en la figura de un consejo significó, en muchos sentidos, la renuncia a la posibilidad de que el Estado mexicano se comprendiera a sí mismo como una institución catalizadora de esta dimensión del desarrollo,

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optando por la creación de un consejo que aglutinó a varios organismos hiperespecializados, cancelando así las posibilidades de diálogo con las comunidades de base a nivel nacional y otros actores sociales, debido a que nunca se ha concretado la incorporación de organismos civiles, empresas o ciudadanos como parte del mismo. A pesar de que esta iniciativa era uno de los objetivos de creación del organismo federal.

Paradójicamente, la creación del CONACULTA y del programa SOLIDARIDAD, fueron las primeras acciones de una política social de la administración federal que transformó de tajo las instituciones de bienestar en México. La administración salinista anunció la creación del Consejo, el FONCA y el programa SOLIDARIDAD casi de forma simultánea, inaugurando en México una política social basada en el llamado liberalismo social, fuertemente influenciada por los sistemas de seguridad social norteamericanos en donde los beneficiarios construyen una relación con las instituciones estatales sólo a través de organismos o coordinaciones expertas que trabajan por medio de la administración de recursos otorgados a beneficiaros individuales. Por lo que, de origen, el MC constriñe su objeto de acción reduciendo significativamente el universo de beneficiarios.

La legitimación de la creación del Consejo fue realizada por aquel sector de la sociedad mexicana que sería beneficiado de forma directa, en este sentido, intelectuales y artistas de la talla de Octavio Paz y Gabriel Zaid fueron participantes en la conceptualización de dicho organismo que en su momento fue percibido más como un acuerdo o pacto político con los propios artistas. A pesar de que concuerdo en que la existencia y apoyo comprometido a este tipo de organismos es necesario para el desarrollo de las artes y los creadores a nivel nacional, porque más allá de los pactos políticos en sí mismo el arte es un referente de transformación social y el trabajo de creación es fundamental para el desarrollo de los pueblos; al paso de un cuarto de siglo el CONACULTA y los organismos culturales gubernamentales han experimentado serias dificultades de operación para efectuar aquellos programas creados de forma coyuntural, ante las exigencias de las comunidades y las situaciones de emergencia nacional.

El organismo fue sustraído de la realidad política nacional al optar por la reproducción de un modelo cuyo origen fue la atención de un sector especializado, y que se ha reproducido sin un fundamento de desarrollo regional o local en un sistema que se parece más al de franquicias de escuelas de arte y becas de creación artística que, sin el aval de un acervo conceptual y metodológico, no logran crear en sí mismas las condiciones de bienestar social como se esperaba.

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Lo que quiero decir, es que el modelo de operación que se adopta por parte de las instituciones culturales nacionales no prevé esquemas de atención comunitaria referidos al bienestar social porque el modelo institucional no fue creado para esos fines. Se trata de un modelo que fue armado pensando en la atención de un grupo con características sociodemográficas que distan mucho de ser un parámetro universalizante de las comunidades en México, ya que en su mayoría los beneficiarios no gubernamentales de estos servicios son individuos que pertenecen a la clase media, tienen formación universitaria, habitan en centros urbanos y tienen intereses de desarrollo (si bien sociales y económicos) mayoritariamente de corte proyectivo individual. De esta forma, el esquema de atención y conceptualización de lo que son o deben ser los servicios culturales se ve desbordado por las realidades locales. La evidencia más clara de esta desvinculación entre las necesidades de desarrollo cultural comunitario y lo que realmente puede ofrecer el MC la presentan las casas de cultura municipales ubicadas en contextos metropolitanos donde ante la falta de referentes más amplios de acción o intervención cultural, los servicios de formación artística inicial no logran ser apropiados por las comunidades locales, porque por sus alcances, contenidos y tipo de operación, no resultan ser esquemas que en sí mismos sean capaces de articular procesos de desarrollo social mucho más amplios y articulados con los grandes temas de la agendas locales y regionales.

La falta de articulación con los ejes o temas transgubernamentales es otra consecuencia de la marginación y auto marginación de las políticas y las instituciones culturales en México, donde a pesar de no existir una sola dependencia cultural que no esté referida a los ejes de bienestar social, estas políticas no terminan por involucrase de forma transversal con la misma intensidad que otras adscritas al sector salud o al sector de desarrollo social. En esta condición de exclusión resulta imposible que estas políticas se fondeen de forma adecuada, lo que demuestra una marcada debilidad institucional evidenciada en la falta de interés de otras dependencias por involucrar o coordinar procesos junto a estos organismos; quizá porque no reconocen esquemas de trabajo y objetivos similares o porque el modelo operativo y conceptual de las propias instituciones culturales no les permite evidenciar relaciones directas, por ejemplo, con los objetivos de reducción de índices de marginación y violencia. Al centrarse en objetos de atención sumamente acotados, auto referidos y auto contenidos, estos esquemas no son capaces de destacar vínculos con otros objetos de atención e integración de necesidades de una sociedad amplia, diversa y compleja.

Como consecuencia, esta condición marginal estaría provocando también

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un desarrollo desigual entre instituciones y políticas públicas, atendiendo de forma inequitativa las dimensiones del desarrollo con algunos elementos, como el desarrollo económico, prevaleciendo sobre otros.

Sin embargo, dice Alfons Martinell (2000), que “la crisis de la eficacia de las estructuras estatales culturales no debe confundirse con la pérdida de su función política”, por el contrario, hoy más que nunca deben consolidarse instituciones gubernamentales que comprendan su deber de trascender su condición de proveedoras y programadoras, hasta convertirse en interlocutoras sectoriales o motores del desarrollo social, conservando como núcleo fundamental su elemento cultural simbólico, que es el que le otorga su naturaleza y justifica su esencia; pero también incorporando otros elementos como el político-institucional, el económico-productivo, el social-comunitario, y el cívico-identitario. La política cultural debe trascender la desvinculación discursivo-operativa por medio de ejercicios de planeación estratégica, la gestión innovadora, el fortalecimiento de otros agentes y la participación política activa de sus representantes. Es necesario migrar de un concepto de cultura sinónimo de administración de recursos estético-artísticos y patrimoniales, a un concepto de corte más antropológico que justifique la transversalidad de la dimensión cultural como parte sustantiva del desarrollo, y busque la creación de instituciones sólidas, centrales, que visualizan la existencia de un sector cultural y creativo que se expresa en términos simbólicos, económicos, sociales y políticos. Se requieren instituciones que comprendan que el modelo de gestión debe adaptarse a las realidades locales y que conceptualicen sus acciones como concreciones de una política pública canalizadora tanto de la creatividad y los recursos culturales, como de sus modos de consumo y producción, a favor del bienestar social.

Si bien es cierto que la política cultural no puede (ni debe) resolverlo todo, y que “no debemos confundir la gestión cultural con la definición del campo de las políticas culturales” (Ochoa G., 2003, pág. 21), retomo como propia una reflexión de George Yúdice, para plantear que, si realmente es posible movilizar los modelos de gestión cultural gubernamentales hacia otros ámbitos de negociación (Yúdice, 2003, pág. 12) y solución de problemas, allá donde las otras políticas no han podido revertir efectos y causas; este traslado tendrá que construirse, también, por medio de nuevos procesos de conceptualización, institucionalización y socialización que permitan que el modelo de gestión nacional sea una propuesta coherente y adecuada a su contexto institucional y nacional.

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Este documento se terminó de editar en diciembre de 2015 Guadalajara, Jalisco México Bajo la Edición Gráfica de Idalmi Macías Para su elaboración se utilizaron las tipografías Futura Std en sus diferentes pesos, Antique Olive Std aparece en portada