DINASTÍA DEL SAKEO Los documentos que presentamos en esta nota han permanecido inéditos a lo largo de todos estos años. Son la prueba definitiva e irrefutable de que Alberto Fujimori fue cabecilla de una banda dedicada, entre otras cosas, al saqueo de fondos públicos. Se trata de actas oficiales que debieron ser incineradas pero que se salvaron del fuego gracias a que uno de los involucrados las guardo con posibles fines de extorsión y las empleo mas tarde para obtener una rebaja de la pena que mereció. Gracias a estas actas, presentadas por primera vez, nos enteramos como se robaron 217’850,862 soles. Un monto que podría solventar más de una campaña electoral.
“¡No hay pruebas en contra de mi padre!”, fue la respuesta que Keiko Fujimori dio durante años, cada vez que le preguntaban sobre el variado latrocinio de su padre y tutor político. “Que muestren los documentos, ¿donde están las pruebas?”, han sido las muletillas más utilizadas por los portavoces de Alberto Fujimori para acallar las acusaciones de corrupción en contra de su líder. ¿Querían documentos? Aquí los tienen. Documentos a la vista, podemos entender, por fin, por qué Alberto Fujimori y sus compinches creyeron estar seguros de que no habría papeles que los incriminasen. Y es que durante la década que nos gobernó Fujimori, cada metida de mano a las arcas del Estado vino seguida de una rigurosa orden presidencial: ¡Incineren los documentos! A esos oficios, que hasta ahora todos dábamos por destruidos, los bautizaron con el explicito nombre de “Actas de Verificación e Incineración”. Sin embargo, ni Fujimori ni los miembros de su banda pudieron adivinar (felizmente) que un subalterno iba a incumplir, escrupulosamente, las órdenes del ex jefe de Estado. Durante algunos años las Actas de Verificación e Incineración estuvieron escondidas. Más tarde fueron entregadas a la justicia. Ahora, por primera vez se hacen públicas. Como graficamos en reportes anteriores, la red de corrupción que el fujimorato institucionalizo en Perú comenzó a extender sus tentáculos desde el inicio de su primer gobierno en 1990. Las investigaciones periciales contables y financieras demostraron que solo el Ministerio de Defensa, entre junio de 1990 y diciembre del 2000, Alberto Fujimori desvió fondos por un monto de S/. 409’974.862 soles, (cuatrocientos nueve millones novecientos setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos soles). Para este latrocinio, según los testimonios de los propios implicados, se utilizaron tres vías: una fue la creación de un falso fondo denominado “Zona de
emergencia” con el que se desviaron del presupuesto del Ministerio de Defensa S/. 189’724,000 (ciento ochenta y nueve millones setecientos veinticuatro mil soles). Una segunda vía fue el desvío de fondos de los Institutos Armados. Mensualmente, los generales a cargo del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea entregaron diversas cantidades de dinero a Alberto Fujimori y a Vladimiro Montesinos. Hasta el año 2004 el cálculo pericial tenia contabilizados S/. 2’400,000 (dos millones cuatrocientos mil soles) saqueados bajo esta fórmula. Digamos que este rubro fue el del sencillo. Pero la modalidad que más rentabilidad económica le dio a Alberto Fujimori fue la tercera: la de las ampliaciones presupuestales ordenadas a su antojo al Ministerio de Economía a favor del Ministerio de Defensa. Las órdenes se hicieron efectivas mediante órdenes de pago que debían de incinerarse luego de ser ejecutadas. Como en las más sombrías mafias sicilianas. Con estos documentos explícitamente delictivos a Alberto Fujimori se le entrego, de forma ilegal, un total de 217´850,862 soles (doscientos diecisiete millones ochocientos cincuenta mil ochocientos sesenta y dos soles). Los oficios con los que Fujimori ordeno el envío de dinero extra a esta cartera ministerial los redacto el general (r) Luis Aníbal Muente Schwarz, Director de Administración de Defensa. Este documento era enviado al Ministerio de Economía que, sin pérdida de tiempo, despachaba el monto solicitado al SIN o a palacio de Gobierno, según ordenara Alberto Fujimori. En el año 2004 el Gral. Muente declaro lo siguiente: “cuando asumió el cargo en el año 1997 encontró que desde 1992 se efectuaban transferencias mensuales al SIN, en merito a un radiograma emitido por el Gral. (r) Víctor Malca, donde comunicaba que, por orden expresa del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, todas las unidades componentes del Ministerio de Defensa debían transferir determinadas sumas de dinero al SIN” (Informe pericial de la Contraloría). La hoja de transmisión del radiograma con la que el General Malca dio comienzo a la política de desvió clandestino de fondos, fechada el 6 de marzo del año 1992, es una de esas pruebas irrefutables que sirvieron para condenar a Alberto Fujimori y su camarilla. El general Aníbal Muente aseguro que todas estas operaciones se realizaron utilizando una ampliación presupuestaria, una triquiñuela que pretendió darle visos de legalidad a lo que era un robo sistemático. Es importante subrayar que esta sustracción no hubiera sido posible sin la complicidad del ministro de economía de turno. El mismo general relato que, entre los años 1992 y 1999, los fondos se entregaron con oficio y cheques. A partir de diciembre de 1999,
coincidiendo con la etapa electoral, y hasta septiembre del 2000, coincidiendo con la fuga de Fujimori, la entrega de dinero se hizo en efectivo. Si bien el desvío de fondos se había venido practicando durante nueve años, a fines de 1999, con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, los montos aumentaron millonariamente. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no querían escatimar en gastos; entonces, los canales de televisión y sus editoriales se vendían caros. También es cierto que Fujimori, interpretando mejor que nadie la idiosincrasia peruana y la debilidad por la yapa, entendió que era imprescindible redondear el clientelismo que había venido construyendo durante años. Para ello era necesario adquirir cientos de miles de canastas, cocinas, o zapatillas, dependiendo del cerro que visitase. Todo era valido con tal de asegurarse un tercer mandato. Lo que no se puede determinar es que porcentaje de ese dinero se uso para traficar con la necesidad y comprar votos de la indigencia y cuanto se embolsico, en efectivo, el cabecilla de la organización que figuraba como presidente de la Republica. En este punto de la historia encajan las declaraciones que en el año 2001 Vladimiro Montesinos nos dio a una comisión investigadora del Congreso: “el dinero que recibía mensualmente del Ministerio de Defensa, era entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas como aplicaciones presupuestales, a fin de cubrir los gastos de reelección del ex presidente Alberto Fujimori y pagos a los medios de comunicación”. En la misma línea declaro un testigo protegido. El testimonio del colaborador eficaz al que tuvo acceso este semanario, dice: “El ministro (Carlos Bergamino) me entrego una cantidad aproximada de veintidós millones de soles, que estaba compuesta por dineros que le había entregado a dicho Ministro el presidente Fujimori en una maleta y que estaba en moneda nacional y extranjera y que era del componente “Zona de emergencia”. Me ordeno que le entregara casi el total del dinero al Comandante general del ejército (Walter Chacón Málaga)”. Parte de ese dinero, según las investigaciones del Ministerio Publico, fue utilizado con fines proselitistas durante la campaña del año 2000. En todas las Actas de Verificación e Incineración se incluyo, sistemáticamente, el código: “Secreto Militar”. Las sumas de las cantidades que figuran en las actas salvadas de la incineración llegan, como hemos dicho, a 217´850,862 soles. Nadie puede saber, sin embargo, cuanto fue el dinero desviado y robado dado que decenas de actas si fueron, en efecto, quemadas.
Un vistazo a las actas basta para darse cuenta del sentimiento de impunidad con el que operaba el ex mandatario. Prueba de ello es que todos los escritos son idénticos, palabra por palabra. No importaba la cantidad de dinero que se solicitara, dos párrafos eran suficientes para retirar del Ministerio de Economía tres, nueve, once millones, o los que hicieran falta. Lo único que diferencia unas actas de las otras es la fecha y el monto. Aunque la historia del Perú está plagada de episodios de corrupción, el que aquí hemos presentado parece no tener precedentes. ¿Un presidente que desvía fondos, ordena quemas las pruebas de ese desvío y utiliza ese dinero para fines proselitistas y personales? ¿Es verosímil? Si: sucedió en el Perú y quizá ahora se repita. Mucha de la gentezuela que secundo estos actos esta en estos momentos frotándose las manos.
Arriba: Solicitud del ministro Cesar Saucedo al ministro Jorge Baca pidiéndole una ampliación de 3´600,000 soles solo para el mes de agosto de 1998. Obsérvese el sello de “estrictamente secreto”. Abajo: Acta de Verificación e Incineración (comprobante de Gastos) Nº 006: la huella de 9´600,000 soles que debió quemarse pero que sobrevivió para vergüenza de todos los peruanos.
Arriba: 15 hojas incineradas, todas con el sello “secreto militar”. Monto de lo saqueado: 3´600,000 soles solo en el mes de julio de 1999. Abajo: otras 26 hojas que se hicieron humo. Pero quedó esta constancia.
Arriba: orden de incinerar 20 hojas con el mismo solemne sello de “Secreto militar”. El botín: otros 3´600,000 soles. Abajo: esta vez la cosecha fue mejor. Se trata de la orden de quemazón de 58 documentos que “sustentaban” la desaparición de 11´100,000 soles.
Arriba: Noventa y dos hojas mandadas, como si fueran herejes, a la hoguera. Monto: 12´994,000 soles. Abajo: El radiograma que fundó el desvío de fondos. Lo firmo el general Víctor Malca, como ministro de Defensa, y fue dirigido a todas las Fuerzas Armadas. En la decima puede leerse la frase “ordenados por el señor Presidentes de la Republica”. Se refiere a los pagos, es decir a las irregulares transferencias. Así empezó todo. Era marzo de 1992, apenas un mes antes del golpe.
Fuente: HILDEBRANDT EN SUS TRECE Viernes 6 de mayo de 2011