ESTUDIO CUALITATIVO

“La ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas”. Gerda Lerner

Este informe se ha elaborado en el marco del proyecto “Fortalecimiento, en red, de los procesos de integración social de las mujeres inmigrantes en Andalucía” (expediente SSCC/PM1/2017/61) promovido por Málaga Acoge, CEAIN y Granada Acoge y que cuenta con el apoyo de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía

La redacción del informe, así como la realización de las entrevistas y los grupos de discusión, ha sido llevada a cabo por Noemí Góngora Alonso, Trabajadora Social y Técnica de Intervención con Mujeres

Málaga, Julio de 2018

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ………………………………………………….. 4

ALGUNAS CONSIDERACIONES ………………………………………. 4

Idas y venidas …………………………………………………………………. 4

Mujeres vulnerabilizadas vs. Vulnerables ……………………………………. 5

No occidentales y No blancas. Mujeres racializadas …………………………. 5

Sujetos sociales ………………………………………………………………... 6

2. ESTUDIO CUALITATIVO …………………………………………. 6

PROTESTAS Y PROPUESTAS ……………………………………………. 6

Ámbito lingüístico …………………………………………………………….. 7

Ámbito familiar ……………………………………………………………….. 8

Ámbito laboral y formativo …………………………………………………… 9

Ámbito económico …………………………………………………………….. 12

Vivienda ……………………………………………………………………….. 14

Salud y enfermedad …………………………………………………………… 16

Situación administrativa ---------------------------------------------------------------- 18

Violencias machistas -------------------------------------------------------------------- 20

Dimensión jurídico- administrativa --------------------------------------------------- 21

Dimensión económico- laboral -------------------------------------------------------- 22

Dimensión socio- sanitaria ------------------------------------------------------------ 23

Resistencias ------------------------------------------------------------------------------ 25

Redes de apoyo, ocio y participación comunitaria ---------------------------------- 25

3. CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------ 27

4. BIBLIOGRAFÍA -------------------------------------------------------------- 28

1. INTRODUCCIÓN

Este estudio es fruto del propio autodiagnóstico (a través de talleres

A ellas, gracias por contribuir a desvelar a quienes quedan ocultas detrás del genérico “mujeres inmigrantes” con sus múltiples identidades y problemáticas que se intersectan, en un intento de re-presentar y dar voz a todas esas mujeres en la diáspora.

participativos y de entrevistas y testimonios individuales) de las participantes en los programas de intervención con mujeres desarrollados por Málaga Acoge, CEAIN y Granada Acoge, así como de las entrevistas realizadas a Youssef El Ayad, Macarena García, Rebeca Pascual, Carmen Moya y Rosalía Cuenca, técnicas de intervención con mujeres. También se ha contado con las aportaciones de profesionales del área de empleo, área jurídica, área de protección internacional y área de educación de las tres entidades.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Idas y venidas

Cuando hablamos de mujeres inmigrantes, a menudo nuestro imaginario colectivo dibuja una mujer que llega a un territorio, obviando un componente de salida de otro lugar. Por ello, aquí haremos constante alusión al término “migrante” con la intención de visibilizar la dimensión de salida y no solo de llegada (e incluso la de retorno) que contempla cualquier proyecto migratorio.

Todas estas mujeres “idas y venidas” están condicionadas en base a multitud de circunstancias entre las que se encuentran en primer lugar las motivaciones que las hayan llevado a migrar. En la Guía editada por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía “Migraciones y género. La feminización de la migración transnacional”, se enumeran las más frecuentes: - Mujeres que emigran solas como sustentadoras económicas de ellas y sus familias. - Las que vienen a través de una reagrupación familiar para reunirse con su pareja o familia ya instalada aquí. - Las que huyen por condiciones de vida en su país como guerras, situación económica o persecuciones religiosas, por motivos de género, de orientación sexual o cualquier otra discriminación que vaya en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. - Las que inician un proyecto migratorio propio desvinculado de la familia y como forma de promoción personal. - Estudiantes.

Mujeres vulnerabilizadas vs. vulnerables

Existe una tendencia a la homogenización de las mujeres en general y de las inmigrantes en particular, que convierte a “la mujer” en una formación imaginaria y no en una realidad concreta. Este hecho lleva implícito una etiquetación de las mujeres inmigrantes como vulnerables, depositando así muchas veces la responsabilidad de sus difíciles circunstancias exclusivamente en sus carencias, en lugar de poner el foco en la intersección de las opresiones por las que son atravesadas, causantes en realidad de su situación vulnerable. Donna Haraway nos habla de la informática de la dominación y cita: “ya no hay dominación simplemente en términos de clase, raza o sexo; lo que hay es un circuito de opresiones conectadas”.

Por ello, la pretensión de este estudio radica no solo en mostrar sus demandas y dificultades, cuya exposición de forma aislada contribuye siempre a estereotipar o proyectar una imagen negativa de las mujeres inmigrantes. Es necesario visibilizar también sus aportaciones, su capacidad de agencia, de enunciación y politización de malestares y sus estrategias de empoderamiento y supervivencia en una sociedad a menudo hostil, que dificulta mucho su proyecto y su proceso migratorio y reconoce poco la riqueza y la diversidad que generan.

No occidentales y No blancas. Mujeres racializadas

El término migrante nos habla de la existencia de un desplazamiento temporal o permanente por parte de alguien que vivía en un territorio y pasa a establecerse en otro, donde comienza a construir su nuevo presente. Entonces, cuando hablamos de la situación de las mujeres inmigrantes en Andalucía, ¿por qué no estamos pensando en esa señora alemana de tez blanca, afincada en una urbanización con piscina, cuya sonrisa permanente se entremezcla con su acento extranjero que nos despierta ternura y risa a partes iguales?.

No pensamos en ella porque no es objeto de estudio. En todo caso de deseo y admiración. No pensamos en ella porque no es el perfil de mujer que frecuenta la ONG y los servicios sociales. No lo hacemos porque no es quien demanda nuestra ayuda, no es quien suele ser portada de los artículos de prensa que hablan de oleadas y de crisis migratorias o de trata y de prostitución.

Tengamos presente entonces, que el contenido de este estudio pretende tan solo una aproximación a la realidad de una parte de las mujeres inmigrantes; aquellas situadas en los márgenes, cuya condición de subalternas suele prevalecer por encima de cualquier otra de sus múltiples identidades. Aquellas que son beneficiarias de los programas de intervención con mujeres que ejecutamos desde las ONGs y que precisamente por esa condición de subordinación que implica ser “beneficiaria”, nunca van a establecer una relación horizontal con quienes intentamos describir sus presentes.

Sujetos sociales

Con frecuencia se despolitiza a las mujeres como sujetos sociales capaces de enunciar, otorgándoles el papel de meros objetos de estudio. Es por ello que solemos encontrarnos estudios sobre prostitución donde las trabajadoras del sexo no tienen voz, estudios LGTBIQ+ cuya redacción está firmada desde la más absoluta heteronormatividad o como en el caso que nos ocupa, estudios sobre mujeres migrantes firmados por mujeres autóctonas.

Ante la imposibilidad de que este informe haya podido ser firmado por ellas, hemos intentado al menos visibilizar un conjunto de realidades desde sus propios procesos de enunciación; diagnósticos participativos y relatos autobiográficos que nos trazan el mapa de los conflictos que genera ser leída como mujer racializada dentro de un contexto capitalista y patriarcal y nos muestran estrategias de empoderamiento y resistencia.

2. ESTUDIO CUALITATIVO

PROTESTAS Y PROPUESTAS

Nuestra sociedad está jerarquizada siguiendo una lógica no solo capitalista y patriarcal sino también racial. Estas tres variables nos llevan con frecuencia de manera irremediable a una visión estereotipada de las mujeres inmigrantes en las que solo cabe sexualizarlas, desde ese imaginario que suele rodearlas de exotismo y sensualidad, o victimizarlas vinculándolas a todo lo que tenga que ver con la pobreza, el hambre, la enfermedad, la incultura, la represión, la violencia de género, etc. Tanto su género como su origen a nivel geopolítico van a limitar y restar cualquier posibilidad de intervenir en la situación que les rodea.

A continuación se pretende proporcionar una imagen de las mujeres migrantes fuera de todo estereotipo, que conecte con su diversidad y que nos sitúe en la realidad de los distintos ámbitos de sus vidas. Las mujeres con las que intervenimos y cuya voz intentamos plasmar aquí, no nos hablan solo desde la protesta sino desde la propuesta y la acción. Por tanto, no sería justa la construcción de un relato y una descripción de las distintas parcelas de su vida donde solo aparecieran las dificultades que nos muestran. Hemos de visibilizar además sus logros y el impacto positivo que este hecho tiene en nuestra sociedad.

“El racismo no es solamente una construcción de jerarquía colonial, sino fundamentalmente patriarcal”. María Galindo

Ámbito lingüístico

Una de las principales y primeras dificultades que toda persona que realiza un proyecto migratorio encuentra a su llegada es el idioma. Cuando la lengua materna no coincide con la del país receptor, la barrera comunicativa está presente en el cotidiano durante un espacio temporal más o menos prolongado. Si a este hecho le sumamos la componente de género cuyo pasa por una sociedad donde las mujeres no suelen ser escuchadas, se obtiene un doble ejercicio de reapropiación de la palabra.

La imposibilidad de acceso a la palabra se convierte en una constante frontera invisible, tan limitante como cualquier frontera física. Realizar trámites administrativos, descifrar indicaciones o comunicaciones escritas, comprar en un supermercado, solicitar una cita médica, participar en el ámbito escolar de las/os menores, asistir a una formación o a una entrevista de trabajo, preguntar por una dirección o simplemente verbalizar un sentimiento, se convierten cada día para multitud de mujeres inmigrantes en fallas insorteables dentro de una rutina que no pueden obviar.

Sin embargo, salvo mujeres que estén sufriendo aislamiento social por situaciones de violencia de género, donde la estrategia del no acceso al idioma local se convierte en una perfecta herramienta de maltrato, o mujeres cuyos únicos vínculos personales aquí se comunican en su mismo idioma (ambas situaciones las vemos a menudo desde los dispositivos de intervención) la tónica general pasa por múltiples estrategias de empoderamiento ante la adversidad lingüística.

Asistencia a clases de español, amigas y compañeras que ejercen de traductoras entre ellas, mujeres que revierten la situación y consiguen establecer una bonita relación de aprendizaje-enseñanza con sus menores que parten de una posición aventajada gracias a su paso por la escuela, o comunidades de autoaprendizaje entre mujeres con distintos niveles de idioma, son algunas de las alternativas que articulan. El resultado, mujeres con un currículo oculto de dominio de varios idiomas, a veces incluso bilingües, que garantiza su éxito en distintos ámbitos de la sociedad cuando se les da la oportunidad.

Esta diversidad lingüística consiguen traspasarla también a sus menores, ya que aunque empiezan a existir las segundas y terceras generaciones ya nacidas aquí, ellas realizan un esfuerzo importante como parte de la tarea educativa en relación al aprendizaje y/o conservación de la lengua materna, vehículo trasmisor de toda una cultura.

Ámbito familiar

Aunque la utilización cotidiana de un lenguaje todavía muy machista viene a normalizar la expresión “el cabeza de familia” para referirnos a quien proporciona los recursos económicos y se responsabiliza de su representación y de la cobertura de sus necesidades básicas, la realidad es que la cabeza de familia suele tener nombre de mujer. Son muchas las familias monomarentales que nos encontramos y muy numerosas también las unidades familiares donde las mujeres son las principales proveedoras de recursos, aun cuando existe la presencia del varón y/o progenitor.

Además, es común la existencia de las familias transnacionales que implican cambios en su estructura, porque parte de sus menores o de personas a su cargo (recordemos que la vinculación mujer- cuidados hace que las mujeres tengan durante gran parte de su vida familiares ascendentes o descendentes a cargo) queda en el país de origen. Este hecho conlleva una alteración de los roles familiares especialmente para ellas, prácticas de cuidado a través de las fronteras y en general todo lo que tiene que ver con el ejercicio de una maternidad migrada tanto en relación al sustento económico y a la función de educadora como al mantenimiento de una relación de apego y de vínculos afectivos fuertes.

Cuando se presentan casos en los que la unidad familiar no se corresponde con la unidad de convivencia por el motivo anteriormente expuesto, las mujeres suelen mantener la responsabilidad plena sobre sus familiares en origen, a la par de una proyección de parte de sus objetivos y esfuerzos en la reagrupación familiar. Si finalmente consiguen traer a sus menores u otros familiares al cargo, adquieren otro rol añadido; el de mediadora intercultural. Su conocimiento de las dos realidades y su asignación social de género como facilitadoras de la vida ajena, las convierte en verdaderas profesionales de esta ardua tarea.

Las gestiones y los trámites administrativos, las tareas del hogar, la crianza y en general todos aquellos trabajos que sostienen y reproducen la vida familiar, imposibilitan totalmente la conciliación con su vida personal. Situación en realidad muy parecida a la que pudiera tener cualquier mujer perteneciente a una unidad familiar pluripersonal, de no ser por las dificultades añadidas por el hecho de estar lejos de sus territorios y tener escasas redes de apoyo y menos recursos disponibles para conciliar.

Si ponemos el foco concretamente en la maternidad y en la función educativa de las mujeres madres, nos encontramos con muchas realidades posibles que a menudo se cruzan: modelos alternativos de maternidad juzgados por salirse de un formato único, tradicional y estanco que responde no solo a unos patrones sociales y culturales cerrados sino a una socialización de género con una componente colonial y capitalista, estrés de la inmigración en la infancia, cambios en la cultura organizativa de los centros escolares, adaptación curricular, exigencias metodológicas y de participación de las familias o ausencia de resolución de conflictos y educación intercultural en los centros

(o al menos suficiente para que sus menores no sean víctimas constantes del racismo en las aulas y entre sus iguales) entre otras.

Entre las principales preocupaciones de las mujeres que son madres encontramos: la insistencia en el deseo de que sus menores se formen y cursen incluso estudios superiores como vía facilitadora para su integración, la impotencia que muchas veces les producen las situaciones de discriminación e incluso a veces de acoso escolar, las barreras identitarias que puedan suponer a sus hijas e hijos dificultades relacionales con sus iguales y la falta de recursos con los que se encuentran para apoyar y dar solución a las dificultades y problemáticas concretas de sus pequeños/as que son consecuencia directa del impacto de la migración.

Todas estas dificultades son sorteadas en el cotidiano gracias a la constante implicación de las mujeres, que juegan un papel activo en la crianza adaptado a la sociedad en la que viven, aprendiendo y mejorando el idioma, adquiriendo nuevas pautas educativas, socializando saberes con otras mujeres inmigrantes, participando en talleres y cursos relacionados con la educación y en muchas ocasiones, intentando además enriquecer con sus experiencias a la comunidad educativa a la que llegan.

Ámbito laboral y formativo

En una sociedad donde la acumulación de capital se vuelve casi imprescindible para satisfacer las necesidades vitales, el acceso al mercado de trabajo como vía principal y casi única de obtención de ingresos cobra especial importancia y adquiere un protagonismo determinante en la vida de las mujeres, cambiando incluso el curso de su proyecto migratorio.

Tener un empleo supone adquirir cotas importantes de autonomía. Puede proporcionar independencia económica, cobertura de necesidades básicas familiares e individuales y acceso a la vivienda y al sistema sanitario, pero también acceso a la vida social y al establecimiento de redes, al mantenimiento de una situación administrativa regular y en general a una situación de estabilidad que repercute en todos los ámbitos de sus vidas.

Cuando las mujeres inmigrantes consiguen acceder a un empleo, suelen traer consigo la riqueza y aportaciones que proporciona la presencia de diversidad en cualquier espacio. Conocimiento de idiomas y saberes, otras metodologías y formas de hacer, las ganas de integrarse en una sociedad que utiliza el empleo como vehículo para posicionar a las personas, el mero hecho de contribuir a generar riqueza para un territorio, etc. Sin embargo, nos encontramos aquí con uno de los principales escollos y con una larga lista de dificultades que dan como resultado bajos niveles de empleabilidad y oportunidades limitadas en su acceso al mundo laboral. Todas las dificultades y hándicaps de las que vamos a hablar, traen como resultado una incorporación al mercado laboral o una imposibilidad de incorporación al

mismo, que dista mucho de formar parte de ese proceso emancipador que en otros casos suele representar la parcela laboral de las mujeres. En su lugar, solemos observar un descenso en su status social respecto al que mantenían en sus países de origen, bien sea porque el empleo conseguido las ha precarizado, o bien porque no cuentan con un empleo que si bien en sus país no les era necesario para la adquisición de cierta posición social, aquí las sitúa en la periferia.

Presenciamos un claro fenómeno de etnización laboral donde las mujeres migrantes ocupan las posiciones más bajas del orden socio-económico. Desde aquí, la vulneración de derechos, las condiciones abusivas y la explotación laboral, la invisibilización y el no reconocimiento y en general la exposición a todo tipo de violencias laborales agravadas además por el mero hecho de ser mujeres, están presentes en sus cotidianos sin más alternativa muchas veces que la aceptación y resignación ante las circunstancias. Nos encontramos ante un panorama laboral cuyas políticas de abuso de la fuerza productiva de las mujeres se ha normalizado.

La dificultad para conciliar la actividad productiva y reproductiva en un mercado laboral que penaliza la maternidad, la falta de experiencia laboral acreditable, la escasa formación académica y profesional o la poca accesibilidad ante los procedimientos de homologación de títulos incluso universitarios, los prejuicios ante la población inmigrante, la brecha digital de género o las limitaciones de contratación que puede suponer la situación documental de las que quieren encontrar empleo, dan como resultado una serie de consecuencias que determinan sus presentes y condicionan sus futuros:

- Poca presencia de contratos de trabajo y de altas en régimen autónomo, predominando las relaciones laborales en las que practica la economía sumergida. Esto conlleva una desprotección laboral absoluta y una ausencia de acumulación de derechos sociales. - Contrataciones abusivas aceptadas únicamente desde la necesidad de generar ingresos, desde el miedo a la pérdida de documentación o desde la desinformación de sus derechos laborales. Estas contrataciones suelen conllevar además el desempeño de funciones y tareas que en un principio no estaban acordadas. - Acceso casi en exclusiva a los trabajos de baja cualificación. Hostelería y servicios, venta ambulante, agricultura, trabajos de cuidados y en ocasiones ejercicio de la prostitución. Todos ellos sectores donde habitualmente se prescinde de contrato o están sujetos a regímenes especiales de cotización y normativas poco garantes de derechos, además de contemplar retribuciones económicas indignas en función del tiempo y el esfuerzo invertidos en desempeñarlos. - Jornadas de trabajo interminables que se solapan unas a otras no solo por el hecho de trabajar dentro y fuera del hogar, sino porque el trabajo productivo está

distribuido en diferentes localizaciones (fenómeno que atiende a la descripción de los “minijobs”), atendiendo varios empleos de muy pocas horas. - Horarios laborales a “demanda” de quienes las emplean, teniéndolas sometidas a la tiranía de la disponibilidad plena, con todas las dificultades que ello conlleva a la hora de poder conciliar el resto de su vida. - Empleo no respetuoso con la singularidad y la diversidad cultural y religiosa de las mujeres que vienen de distintos territorios. - Cadenas globales de cuidados (proceso vinculado a una feminización de las migraciones y por ende a una perspectiva transnacional de los cuidados) que permiten visualizar distintos eslabones, siempre protagonizados por las mujeres migrantes y donde se entremezclan el trabajo productivo y el reproductivo: trabajo de cuidados en el hogar empleador, en el hogar migrante en destino y en el hogar dejado en origen (en este último el trabajo se comparte entre las mujeres que quedan allí al cargo de los cuidados y las que migran pero siguen responsabilizadas de dichos cuidados).

Este fenómeno lleva implícito el No derecho al cuidado, que incluye la ausencia de tres dimensiones: Derecho a recibir cuidados, derecho a elegir cuidar y no cuidar y derecho a unas condiciones justas en los trabajos de cuidados.

Experiencias que suman y restan

En los párrafos anteriores nombrábamos los prejuicios sociales como una de las barreras con las que las mujeres se encuentran a la hora de incorporarse al mercado laboral. Las técnicas de empleo entrevistadas, relatan algunas casuísticas que suelen encontrarse en su tarea como intermediadoras laborales:

“Algunas residencias de tercera edad nos indican que las alumnas de prácticas de nuestras formaciones laborales no pueden llevar pañuelo dentro de sus instalaciones, ya que las personas mayores que allí residen se desorientan (argumentario que dan). Algunas de nuestras alumnas deciden que dentro de las instalaciones se lo quitan al igual que en otros lugares donde trabajan pero otras se niegan, teniendo que plantear soluciones alternativas de prácticas en otras empresas y perdiendo la oportunidad de incorporación laboral ante demanda concreta de personal” .

“Solemos tener muchas ofertas para empleadas de hogar internas en las que nos solicitan candidatas, pero en las peticiones nos excluyen nacionalidades como la marroquí (islamofobia) o las de los países del este (alegan que son frías y serias) , siendo sin embargo otras muy demandadas como todas las latinoamericanas, alegando en este caso el estereotipo contrario (melosas y cariñosas)”.

“En una empresa envasadora nos indicaron que no querían CVs de mujeres nigerianas o senegalesas, ya que sus hábitos de higiene y comidas son muy diferentes y desagradables. Por ejemplo, al calentar la comida en el comedor, todo el comedor olía mal y el personal se quejaba ya que no podía estar allí. Otro ejemplo que pusieron era que no usaban pañuelo para limpiase la nariz.”

En contrapartida a estos relatos, cabe destacar que los procesos de empoderamiento de las mujeres inmigrantes en el ámbito laboral son cada vez más frecuentes, tomando referentes colectivos de lucha como Las Kellys, asociación a nivel estatal de camareras de pisos que ya tiene fuerte presencia en Cádiz, o El Sindicato de Manter@s que ya se ha extendido por la provincia de Málaga. También empieza a aumentar el número de mujeres emprendedoras que optan por la iniciativa del empleo autónomo como salida profesional, o la cantidad de experiencias de autoorganización de colectivos profesionales donde habitualmente hay una alta presencia de mujeres inmigrantes, como pueda ser el empleo doméstico, sector en el que por segundo año consecutivo va a realizarse un encuentro comarcal de empleadas del hogar. Encuentros de este tipo, donde las trabajadoras colectivizan sus problemas laborales, tejen redes y se organizan para reivindicar sus derechos, están cada vez más al uso.

Ámbito económico

Una vez expuesto el apartado anterior y teniendo en cuenta que el ámbito laboral suele ser la principal vía de obtención de ingresos, no cuesta imaginar las dificultades con las que las mujeres inmigrantes van a encontrarse para obtener recursos económicos. Teniendo en cuenta además el resultado de la división sexual del trabajo, sean o no las responsables del trabajo productivo van a asumir en la mayoría de los casos el trabajo reproductivo, que contempla la gestión de la economía doméstica.

En los casos en los que las mujeres cuentan con empleo, con frecuencia la remuneración es muy baja puesto que suelen ser trabajos de baja cualificación y a menudo vinculados a la economía sumergida. Cuando están desempleadas y son dependientes económicamente de sus parejas, sus niveles de precarización también son altos, ya que igualmente tienen que hacer ingeniería financiera para poder cubrir sus necesidades básicas y las del resto de su familia, con el agravante además de la falta de autonomía que supone estar sujeta a la economía del cónyuge.

De una forma u otra, la feminización de la pobreza está presente y conlleva el empobrecimiento material de las mujeres, la vulneración de sus derechos fundamentales y el empeoramiento de sus condiciones de vida.

La socióloga Saskia Sassen sostiene que no solo se está feminizando la pobreza, sino que se está feminizando la supervivencia. Ante esa realidad que nos encontramos en la que son ellas quienes gestionan la economía familiar y llevan a sus espaldas el peso de la distribución y optimización de recursos, podemos afirmar que dentro de sus currículos ocultos se encuentran todo tipo de habilidades y estrategias de supervivencia económica.

Estirar el presupuesto indefinidamente forma parte de sus cotidianos hasta el punto de normalizar la producción alimenticia de subsistencia (incluso renunciando a veces a una alimentación adecuada y saludable en pro de la del resto de su familia), el

reciclaje y el aprovechamiento de las cosas por encima de los criterios de obsolescencia programada o la solicitud de todo tipo de ayudas económicas y prestaciones sociales posibles. En muchas ocasiones, las prácticas de apoyo mutuo entre mujeres pasan a convertirse también en protagonistas dentro del ámbito económico. Todo ello nos muestra como las mujeres migrantes plantean propuestas de consumo mucho más sostenibles, basadas en la economía decrecentista y en la ayuda mutua, de las que podemos aprender mucho.

Sin embargo, pese a todas estas estrategias de supervivencia activadas, muchas son las trabas y dificultades que agravan su situación económica e imposibilitan la disposición adecuada de recursos para la cobertura de sus necesidades básicas. Veámoslas:

- Baja acumulación de cotización a la Seguridad Social, lo que conlleva bajas laborales con remuneraciones económicas muy pequeñas, prestaciones por desempleo mínimas y pensiones casi inexistentes. - Violencia económica entre las múltiples violencias machistas ejercidas contra las mujeres por parte de sus parejas y exparejas. - Economía de subsistencia que imposibilita poder enfrentar cualquier tipo de gasto extraordinario. - Dependencia constante de ayudas y prestaciones públicas y de recursos asistencialistas. - Imposibilidad de desvincularse de sus parejas ante situaciones de violencia de género debido a la dependencia económica de éstos. - Falta de acceso a recursos que ayudan a la conciliación y que quedan fuera de la gratuidad que proporcionan los servicios públicos (guarderías, ludotecas, centros de refuerzo educativo, actividades extraescolares, personas cuidadoras de menores en domicilio, etc.). - Acumulación de impagos por falta de solvencia económica que genera repercusiones negativas mayores. (es habitual por ejemplo el corte de suministros por impago de facturas). - Imposibilidad de acceso a algunas ayudas económicas públicas por falta de cumplimiento de requisitos en relación con la documentación, con la falta de tiempo empadronada en un municipio o por conflictos con el progenitor y/o pareja, que utiliza estrategias de boicoteo como parte de un ejercicio de violencia económica.

Todos estos factores son solo la punta del iceberg y las casuísticas que con más frecuencia nos encontramos las profesionales, dentro de un espectro muchos más amplio de factores que vinculan estrechamente género, inmigración y pobreza.

Vivienda

Bien sabido es, que actualmente Andalucía se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos del país, cuya climatología y abundancia de sol, kilómetros de costa, coste de la vida y tipo de políticas autonómicas que apuestan claramente por un modelo basado en la generación de riqueza a través de la inversión turística, la sitúan en el punto de mira no solo como territorio vacacional sino como destino ideal para la inversión de capital extranjero que especula con el suelo y encarece los precios. Todo esto, como nos describe la filósofa Marina Garcés, viene a configurar un modelo de territorios “turistificados”, con un alquiler vacacional y un mercado turístico como generadores de una riqueza que nos empobrece.

El impacto que esto supone en las mujeres inmigrantes que han elegido nuestra Comunidad Autónoma como destino de su proyecto migratorio, repercute sobre la posibilidad de un modelo de vida sostenible, extinguiendo prácticamente el derecho a una vivienda digna.

Cuando se migra, la opción de alquiler de vivienda en el territorio donde se asienta la unidad familiar, suele ser la que contempla como más razonable y casi única posible cualquier persona. Sin embargo, la situación anteriormente descrita junto con una Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) que desprotege a las arrendatarias y unas cifras constatadas de alrededor de 350 desahucios por impago de alquiler solo en la capital de Málaga en lo que va de año, nos sitúan en el contexto necesario para aproximarnos a entender por dónde van a pasar las dificultades de las mujeres inmigrantes en relación al acceso a la vivienda.

La primera de las dificultades que contempla la ardua tarea de encontrar vivienda de alquiler llega de la mano de los prejuicios. Mujer, inmigrante, con una economía precaria y muchas veces sin una nómina que avale la obtención de ingresos. Ante esta realidad, muchos propietarios y propietarias descartan directamente la posibilidad de un alquiler, sean cuales sean las credenciales reales de la persona que busca vivienda.

Junto a los prejuicios, se encuentran muchas otras trabas cuyo resultado es la total desprotección de ese derecho a una vivienda digna. Veamos las más relevantes:

- Precios no accesibles y no regulados. Aumentos constantes de precio. - Contratos de alquiler no estables, no legalizados o directamente inexistentes, que dejan a discreción de la persona arrendadora la suerte de permanencia en el domicilio. - Exigencias económicas en relación a las fianzas iniciales de alquiler y a los honorarios de las empresas intermediarias fuera del alcance de sus economías.

- Parque de viviendas disponibles muy escaso en contrapartida a la alta demanda de alquileres existente. - Suministros cuya titularidad ostenta la persona arrendadora, lo que supone que las familias no puedan beneficiarse por ejemplo del bono social de energía eléctrica o de las ayudas económicas que los ayuntamientos suelen destinar a tales fines.

A todo ello, tendremos que sumar la inexistencia de alternativas habitacionales por falta de redes de apoyo que suelen tener en el lugar de destino y de pisos y recursos públicos destinados a atender emergencias habitacionales, que se revelan claramente insuficientes.

La consecuencia más evidente que esta problemática lleva consigo es la imposibilidad de construcción de un futuro a medio y largo plazo, ya que cuando se ven obligadas a abandonar sus hogares con frecuencia y empezar de cero una y otra vez, muchas veces con deudas añadidas ante un desahucio por impago de rentas con reclamación de cantidades, conseguir estabilidad se torna un objetivo inalcanzable.

Pero existen además otras muchas repercusiones negativas:

- Desplazamiento hacia la periferia y las zonas más despobladas e incomunicadas para poder acceder a una vivienda incrementando los niveles de aislamiento y dificultad para generar red social, participar en propuestas de ocio, encontrar un empleo, etc. - Acceso a viviendas que están por debajo de las condiciones mínimas de habitabilidad, con arrendadores que no se responsabilizan de las reparaciones y reformas y que incluso utilizan el deterioro del inmueble como medida de presión para echar a las familias pasado un tiempo de alquiler. - Proliferación de viviendas que exceden su capacidad y donde sus inquilinas/os viven hacinadas (los llamados “pisos patera”). - Familias que tienen que compartir piso con otras y se han de limitar al espacio de una sola habitación para todo un núcleo familiar, no teniendo además derecho a contrato ni a la posibilidad de empadronarse.

Es importante señalar, que la ausencia de un contrato de vivienda (o el hecho de no ser ellas las titulares de dicho contrato aunque sean en la práctica las protagonistas de las gestiones administrativas de la unidad familiar) deja fuera la posibilidad de acceso a cualquier prestación o ayuda económica relacionada con el ámbito de la vivienda. Así mismo, el hecho de no constar en el registro de empadronamiento de un municipio, hace que la persona igualmente no pueda acceder a dichas ayudas, ni en muchas ocasiones a los Servicios Sociales Comunitarios de la zona.

En relación al empadronamiento, las mujeres que cesan la convivencia con su pareja por diversos motivos y permanecen en el domicilio familiar, suelen encontrarse

además con problemas derivados de la dificultad para que él deje de figurar en el empadronamiento colectivo.

En resumen podemos concluir, que mientras la problemática de acceso a la vivienda continúe y las mujeres no puedan cubrir una necesidad tan básica como la del alojamiento, máxime teniendo muchas veces cargas familiares, va a ser muy complicado que puedan avanzar hacia la consecución de otros objetivos y finalizar con éxito su proyecto migratorio para asentarse de manera estable en nuestra Comunidad.

Salud y enfermedad

Referirnos a la salud de las mujeres inmigrantes requiere pensar sobre cómo se entiende y como se atiende la enfermedad. En nuestra sociedad, existe cierta tendencia a patologizar los malestares de las mujeres y a medicalizar o a restar importancia al resultado que en ellas generan las “enfermedades de transmisión social” (sexismo, racismo, clasismo, etc.) y el “estrés aculturativo” por incorporación a una nueva sociedad.

Si reflexionamos sobre la salud de las mujeres desde una perspectiva de género y teniendo presente el duelo migratorio que tienen que elaborar tras abandonar la tierra, lengua, cultura, estatus social, familia y grupo de pertenencia que las vio nacer, duelo muchas veces ni siquiera trabajado y resuelto, nos será más fácil intuir qué es lo que enferma a las mujeres inmigradas.

Mujeres inmigradas puesto que en la mayoría de los casos hay un carácter forzado en la migración, no siendo una migración deseada como proyecto vital sino un proyecto cuyo objetivo pasa por huir de un conflicto armado, de la pobreza o de la exposición a las violencias.

El resultado de la migración por tanto, va a generar en las mujeres malestares sociales pero también resistencias ante los distintos impactos psicosociales derivados de su situación.

Como primera herramienta de resistencia ante las vivencias derivadas del proceso migratorio, encontramos muchas veces una idea de enfermedad distinta a la que manejamos desde la cultura occidental, que aunque cada vez más integra un modelo de atención bio- psico- social, todavía se mueve bajo parámetros que se centran mucho en los procesos y sintomatologías físicas, sin establecer una relación con el plano psicológico y social de las mujeres.

Así encontramos muchas mujeres de américa latina que apuestan por la medicina tradicional con prácticas en las que confluyen conocimientos, saberes y valores de las distintas comunidades como la utilización de plantas medicinales o mujeres árabes que

dan especial importancia a la alimentación y a los hábitos de higiene como modo de mantener y recuperar la salud. También encontramos entre las mujeres inmigrantes estrategias en el mantenimiento de la salud más allá de la ausencia de enfermedad, a través de prácticas inspiradas en el feminismo comunitario (cuyos orígenes situamos en Bolivia desde la memoria de las comunidades indígenas) donde la creatividad para inventar como sostener la vida en el cotidiano, como gestionar los medios o como escapar de la violencia constante, viene dada de la mano de otras mujeres a través del establecimiento de redes de cuidados entre ellas. Una respuesta al individualismo de nuestras sociedades, que nos viene dada muchas veces desde las mujeres que llegan y que nos enriquecen con sus prácticas y con sus maneras de hacer.

Sin embargo, el acontecimiento vital que implica migrar es la ansiedad y el estrés. El impacto psicológico derivado de la pérdida de identidad, de la soledad, de la incertidumbre, de las expectativas no cumplidas y de la aparente resiliencia que nos presenta mujeres resistentes ante las dificultades y cambios, con una fortaleza que parece no agotarse nunca, constituyen factores de riesgo que afectan a la salud y vinculan especialmente en las mujeres los términos migración y salud mental.

Muchas de las dolencias y malestares físicos que presentan habitualmente serán pues el resultado de la somatización de malestares psicológicos y sociales. En relación a la afectación integral de la salud de las mujeres inmigrantes que la violencia de género trae consigo, dedicaremos todo un capítulo más adelante.

Entre las circunstancias que contribuyen a la pérdida de salud de las mujeres y que se manifiestan muchas veces como malestares inespecíficos pero con sintomatologías comunes, y otras tantas como problemáticas y enfermedades muy concretas, destacaremos (por presentarse como las más frecuentes, lo que no quiere decir que el abanico no sea más amplio):

- Falta de autocuidado. Como las responsabilidades de cuidados siempre recaen en las mujeres (con el desgaste personal que ello conlleva) y como además existe en general poca cultura del cuidado en el plano psicológico, muchas veces las mujeres que adolecen problemas psicológicos tienden a ocultar o minimizar dicho impacto en su vida cotidiana y se resisten a pedir ayuda. - Agotamiento. Con frecuencia las mujeres manejan dobles y triples jornadas ya que no pueden conciliar su vida personal, laboral y familiar. Además, las mujeres que están incorporadas al mercado laboral, suelen estar expuestas a condiciones físicas y psicológicas muy duras. Si a este hecho se le suma el desgaste producido por todo lo ya mencionado anteriormente en relación al duelo migratorio y al proceso de aculturación, el resultado son cuerpos y mentes con un cansancio que llega a cronificarse y merma su calidad de vida y su salud. - Falta de recursos de apoyo y tratamiento psicológico, dificultades de acceso a la sanidad y déficits en la cobertura de necesidades básicas como una alimentación

sana y equilibrada o una vivienda digna, cuyo impacto repercute en un deterioro de su salud y la aparición y/o agravamiento de enfermedades. - Prácticas normalizadas en algunos países de origen como la mutilación genital femenina o la práctica de abortos no seguros, que ponen en riesgo la salud de las mujeres. - Tabúes en relación a la salud psicológica (derivados por ejemplo de la estigmatización de la locura) o a la salud sexual (posición de las mujeres como meros sujetos reproductivos sin capacidad de decisión sobre su maternidad, sus cuerpos y su sexualidad) que imposibilitan el acercamiento de las mujeres a las profesionales que velan por la salud femenina en estos ámbitos. - Automedicación. - Modelo cultural de salud distinto al del país de residencia. - Violencias machistas.

Todas estas dificultades están presentes en la vida de muchas mujeres a las que atendemos y con frecuencia no solo contribuyen a la pérdida de salud, sino a su estigmatización y vulnerabilización por parte de quienes asocian enfermedad y mujer inmigrante. Pongamos pues la mirada en todas esas resistencias que articulan ante las dificultades que merman su salud y no perdamos de vista las circunstancias que sobrepasan los cuerpos de las mujeres.

Situación administrativa

El hecho de residir en tu país de origen teniendo una situación documental dentro de la legalidad es un acto cotidiano y normalizado para una gran parte de la población. Esto podría llevar fácilmente a presuponer un derecho extensible a todas las personas residentes en el Estado Español. Sin embargo, se nos escapa a veces que el sencillo gesto de ir a renovar el DNI cuando está caducado no lo es tanto para todas esas mujeres cuyo proyecto migratorio las trajo a Andalucía.

Son muchas las mujeres extranjeras que por distintas circunstancias no están pudiendo regularizar su situación administrativa aun residiendo de manera continuada en el país, y muchas también las que teniendo permiso de trabajo y residencia han perdido el derecho de renovación.

Tener una situación administrativa irregular, las coloca automáticamente en una posición de subalternidad que condiciona cada paso de su vida, teniendo que sortear todo tipo de trabas y expuestas constantemente a que se les incoe un expediente de expulsión, a ser deportadas e incluso a poder ingresar temporalmente en un Centro de Internamiento para Extranjeros/as (CIE). A todo esto hay que sumarle la factura a nivel psicológico y social que pagan todas aquellas personas “ilegales” a los ojos de una sociedad cargada de prejuicios y estereotipos, que a veces está contaminada por discursos políticos xenófobos y racistas que abogan no solo por la retirada de los

derechos legales que ostenta el resto de población autóctona, sino por la imposibilidad de acceso a cualquier derecho que contemple el sentido de la ética.

Cuando una persona reside en un país sin permiso de residencia, se encuentra ante la imposibilidad de poder salir del mismo y volver a entrar posteriormente de manera legal. Esto conlleva que las mujeres puedan estar años sin poder regresar a sus países de origen para visitar a familiares o pasar temporadas vacacionales e incluso sin ver a sus hijos/as que hayan podido quedar allí.

Entre todas las problemáticas de las mujeres atendidas relacionadas con el ámbito de la extranjería, nos encontramos con algunas cuya repetición constante les lleva a plantearse finalizar su proyecto y retornar al país de origen, pese a las circunstancias de partida por las que salieron del mismo.

Respecto a la posibilidad de reagrupar a sus menores o de regularizar la situación administrativa de los/as que están ya aquí, se encuentran con la exigencia de justificar medios económicos suficientes para su manutención. Teniendo en cuenta las dificultades económicas de las que ya hablábamos en apartados anteriores, dicha exigencia se convierte en una grieta insalvable que condena a muchas a mantenerse alejadas de sus menores o a mantenerles dentro del país sin permiso de residencia.

Que una mujer o sus menores carezca de permiso de residencia, dificulta y/o imposibilita con frecuencia el acceso a prestaciones, servicios y ayudas económicas públicas, niega el permiso de trabajo y por ende las expulsa del mercado laboral, las deja fuera de multitud de programas de intervención de ONGs financiados con ayudas públicas, las revictimiza ante situaciones de violencia de género y las mantiene al margen del sistema sanitario.

En el caso de las mujeres que llegan a través de la reagrupación familiar solicitada por sus cónyuges, la dependencia respecto de sus parejas pasa a ser no solo económica sino documental, con permisos de residencia vinculados a los de ellos. Este hecho va a limitar la autonomía de las mujeres hasta el punto de convertirse a veces en el motivo principal por el que muchas se mantienen en una situación de violencia de género durante años, puesto que aunque actualmente la Ley de Extranjería contempla la posibilidad de que desvinculen sus permisos acreditando la condición de víctima, muchas desconocen esta información. De igual forma, desconocen también la posibilidad de regularizar su situación administrativa con permisos de residencia por circunstancias excepcionales derivados de situaciones de violencia de género, sucumbiendo muchas a las constantes amenazas de denuncia de sus maltratadores cuando están en situación irregular.

“¿De qué sirve elegir si no conoces las opciones?”. Hermanas Wachowski. Matrix.

Violencias machistas

A La hora de abordar la cuestión de la violencia de género en relación a las mujeres inmigrantes, debemos partir de varias premisas:

 La violencia de género tiene siempre un componente transcultural, es decir, está presente en todos los marcos culturales, pese a que pueda mutar y adoptar distintas formas en cada contexto.  Es estructural, y por tanto podemos encontrarla en la raíz de cualquier cultura, país, religión, clase social, etc. (Mismo sistema de dominación patriarcal)  No se presenta en un formato único posible, por lo que debemos referirnos a las violencias en plural.  La violencia contra las mujeres está naturalizada en todas las sociedades, tanto en las de origen como en la de destino. Por ello, conviene hacer un ejercicio de análisis desde una perspectiva “decolonial”, que nos facilite referirnos a las violencias machistas que sufren las mujeres inmigrantes desvinculándonos de la matriz colonial de poder que inevitablemente suele servir como marco de referencia a quienes intervenimos como técnicas desde las ONGs.  Las múltiples opresiones que sufren las mujeres están siempre interconectadas.

Esta evidencia, la constatamos en el cotidiano de las mujeres que sufren distintas violencias machistas. El hecho de ser mujeres las sitúa en el punto de mira de la violencia. El hecho de ser inmigrantes las invisibiliza, las deslegitima y hace que muchas veces el sistema que las atiende no las reconozca como víctimas, produciéndose una victimización secundaria.  A diario, todas las mujeres por el mero hecho de serlo, estamos sometidas a lo que P. Bordieu denominó como “violencia simbólica” para describir esa violencia indirecta sobre las dominadas, que consigue hacer partícipes y cómplices a quienes la padecen. Habremos de tener en cuenta pues, que también las mujeres inmigrantes están expuestas a esta violencia simbólica que con diferencias conceptuales, vendrá igualmente a ejercer control sobre sus cuerpos, a ocultar sus logros y aportaciones, a construir un ideal encorsetado de amor basado en el romanticismo o a utilizar un lenguaje sexista que perpetúe los roles de género.  Si no queremos caer en el riesgo de estereotipia y pretendemos atender a la singularidad de cada caso, habremos siempre de tener en cuenta los marcos culturales de origen, a la par de los recursos individuales y los factores contextuales actuales de cada mujer.

Las violencias machistas conllevan una serie de repercusiones sobre la salud física, psicológica, sexual, ginecológica y social, así como sobre la salud y el bienestar de sus menores cuando son madres, en cualquier mujer víctima de ellas. No nos detendremos por ello en las consecuencias generales que afectan al conjunto y son de sobra conocidas, sino en el alcance de esta circunstancia y su impacto específico en

aquellas que migraron huyendo de la violencia o en quienes encontraron en la violencia machista una traba más en su proyecto vital tras migrar.

Dimensión jurídico- administrativa

El grado de desprotección de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género en el ámbito jurídico y administrativo, toca techo cuando la ausencia de denuncia les niega cualquier reconocimiento de su condición de víctima y por ende, cualquier derecho vinculado a la misma. Si para una mujer autóctona es muy complicado empoderarse hasta el punto de denunciar, con todos los riesgos y dificultades que implica dar este paso, para ellas lo es aún más.

Quienes sufrieron esta violencia en sus países de origen y vinieron huyendo de sus maltratadores, encuentran aquí la imposibilidad de ser reconocidas como víctimas y demostrar la violencia a la que han estado sometidas (aunque existe la posibilidad de regularizar su situación a través de la solicitud de asilo y refugio por sufrir persecución por motivos de género, se constata la dificultad real de esta vía para obtener el estatus de refugiadas). Quienes están sufriendo aquí dicha violencia y se encuentran en situación administrativa irregular, temen muchas veces denunciar por el miedo a ser expulsadas (aunque actualmente esto ya no es así, las consecuencias de la instrucción 14/2005 que preveía abrir expediente sancionador a todas las personas en situación irregular siguen presentes en el imaginario de parte del colectivo inmigrante). Ese mismo miedo está presente además en aquellas mujeres que obtuvieron su documentación por familiar de ciudadano comunitario o a través de arraigo familiar y tienen su permiso vinculado al de sus cónyuges.

Muchas veces, encontramos situaciones en las que las víctimas ni siquiera están empadronadas en el domicilio de residencia, por lo que van a encontrar dificultades a la hora de ser atendidas por los Centros de Atención a la Mujer e incluso por los propios Servicios Sociales de su territorio.

A todo ello hay que sumar el desconocimiento respecto a la legislación estatal en materia de protección contra la violencia de género y la desinformación sobre los recursos y los derechos que les asisten, como el derecho a denunciar y solicitar protección o el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, el personal implicado en los procedimientos de justicia (policía, abogacía, fiscalía, judicatura, etc…) e incluso el personal de la administración y de las ONGs implicado en los procesos relacionados con la violencia de género, no cuenta siempre con la formación específica en género y en interculturalidad, suponiendo esto una dificultad añadida para las mujeres puesto que falta empatía, no se trasmiten los mensajes correctamente, no se tiene en cuenta el grado de vulnerabilidad al que las

mujeres están sometidas, se producen juicios de valor por su condición de mujeres inmigrantes y se las acaba revictimizando. Lo mismo sucede con la barrera idiomática. En muchas ocasiones no existe acceso a los recursos de traducción, necesarios para apoyar a las mujeres y para posibilitar procesos garantistas y aun cuando existen, el acceso a los mismos es lento, complejo, no tiene continuidad, etc. Véase por ejemplo el momento de la denuncia en instancias policiales; aunque las mujeres tienen derecho a un servicio de traducción y a ser atendidas además por mujeres policía, a menudo renuncian a ello porque o bien no son informadas, o bien se les desincentiva a utilizar estos recursos porque van a tener que esperar horas para interponer la denuncia hasta poder utilizarlos, o aun utilizándolos, se encuentran luego con instrucciones, citas e información por escrito sin traducir y no pueden interpretarla.

A la hora de realizar cualquier trámite ante la administración en relación a su condición de víctimas, van a encontrarse también con barreras de idioma, personal que no les facilita la cumplimentación de formularios, que no emplea el tiempo suficiente para dar explicaciones accesibles, que maneja prejuicios ante la población inmigrante, etc.

Cabe señalar además, la cantidad de dificultades que tienen las mujeres con cargas familiares inmersas en procesos de violencia de género, dado que los progenitores utilizan a sus descendientes para seguir ejerciendo un control y una relación de maltrato contra ellas, dándose constantes situaciones en las que se requiere la firma del progenitor ante cualquier trámite administrativo en relación a sus menores y ellos se niegan a facilitar ningún proceso. Claro ejemplo de ello suele ser el trámite para renovación de pasaporte de menores que requiere la firma del progenitor aunque la custodia la ostente la progenitora.

Dimensión económico-laboral

En apartados anteriores veíamos ya la importancia que esta dimensión tiene para la adquisición de cotas de autonomía suficientes que posibiliten la integración en la nueva comunidad. Si a las dificultades relatadas sumamos las añadidas en esta dimensión cuando existe una situación de violencia de género, el resultado suele determinar muchas veces la permanencia de las mujeres en la situación de maltrato.

Es obvio que el maltrato económico supone una herramienta clave utilizada por los maltratadores para fomentar la dependencia de las mujeres. Cuando se desvinculan de sus cónyuges, con frecuencia quedan desprotegidas económicamente si no cuentan con un empleo, y por tanto sin posibilidad de sufragar los gastos derivados de las necesidades básicas de la vida diaria. Aunque nuestro sistema de protección incluye para las víctimas de violencia ayudas económicas y recursos específicos, son muchas las trabas para acceder:

- Imposibilidad de incorporación a la RAI (Programa de Renta Activa de

Inserción específica para V.V.G) o a su renovación por falta de orden de alejamiento o de procedimiento de familia iniciado por parte de la víctima.

Requisitos que no siendo obligatorios según la normativa de regulación del programa, sí están siendo requeridos por parte del SEPE, a discrecionalidad de las oficinas en cada territorio de la Comunidad Autónoma.

Son frecuentes además las expulsiones y sanciones del Programa derivadas de salir del país sin previa autorización, por motivos no justificables o por tiempos superiores a los permitidos. Esto coloca a las mujeres en complicadas situaciones en las que se ven limitadas para viajar a sus países de origen a ver a familiares o en busca de apoyo con sus menores, o abocadas a solventar sanciones económicas de devolución de cantidades percibidas sin tener ingresos alternativos a esta ayuda. - Dificultad para poder acceder al Fondo de Garantía de Alimentos cuando se produce incumplimiento en el pago de las pensiones, ya que se requiere certificado expedido por la Secretaría Judicial constatando el impago de pensión, ralentizando mucho un proceso que requeriría un carácter de urgencia. - Recursos de acogida y alojamiento insuficientes para las mujeres víctimas de violencia y sus menores. - Imposibilidad para conciliar y acceder al mercado laboral en el momento que existen cargas familiares, puesto que en la mayoría de los casos las mujeres no cuentan con redes de apoyo que se ocupen de sus menores en horario laboral, no existiendo tampoco recursos públicos de apoyo que cubran esta necesidad. - Falta de oportunidad para poder acceder a programas específicos de empleabilidad para víctimas de violencia o para ser beneficiarias de medidas de protección específicas en las empresas, en los casos en los que no es posible reconocimiento como tal ante la inexistencia de denuncia.

Dimensión socio-sanitaria

El proceso de identificación de violencias cuando una mujer está siendo víctima, especialmente en los casos en los que dicha violencia la ejerce la pareja sentimental, supone siempre una dificultad de reconocimiento en quienes la padecen. Sin embargo, el hecho de residir en un país diferente al de origen, con un sistema cultural distinto que presenta particularidades en los mecanismos de ejercicio de violencia contra las mujeres y cuyos códigos culturales, roles de género, etc. pueden presentar otro formato aun dentro de un marco patriarcal común, puede suponer una dificultad aún mayor.

Superado el hándicap del reconocimiento propio como víctima de violencia machista, imprescindible como primer paso para salir del ciclo de la violencia, llegarán otras dificultades dentro del espectro bio-psico-social de la persona, agravadas por el hecho de ser además inmigrante.

Va a ser determinante a la hora de prestar apoyo desde los distintos recursos socio sanitarios, la utilización de un lenguaje comprensible para la víctima, el respeto a la diversidad cultural y el conocimiento de sus códigos y la empatía ante su especial vulnerabilidad por su condición de mujer migrante. La ausencia de cualquiera de estos factores, que tan a menudo nos relatan las mujeres, puede suponer la imposibilidad de las mujeres para superar este tipo de situaciones.

La presión familiar y/o la estigmatización social son motivos suficientes para que una mujer pueda abandonar la posibilidad de denunciar la situación que atraviesa. Además, desobedecer los mandatos de género puede suponer para muchas mujeres la expulsión de sus comunidades de origen y de sus familias y la imposibilidad por tanto de retorno futuro. El resultado de todo esto da lugar a un aislamiento social mayor aun del que puedan estar sufriendo dentro de la situación de maltrato. Por otro lado estará también la fiscalización social de la comunidad receptora, que debido a los prejuicios y a los estereotipos en torno a la mujer inmigrante, mirará con recelo y juzgará los motivos por los que una mujer denuncia una situación de maltrato, cuestionando incluso su intencionalidad.

Existen además factores culturales y religiosos, que suponen una traba para las mujeres a la hora de ser examinadas ginecológicamente tras un abuso, de realizar una exploración médica en atención primaria por un profesional sanitario varón o de ser comprendidas y apoyadas psicológicamente ante cualquier profesional sin formación intercultural o sin la existencia de mujeres mediadoras de las comunidades de origen. En este sentido, nos encontramos en ocasiones con mujeres sin conocimiento suficiente de idioma que llegan a los dispositivos de apoyo y atención a víctimas acompañadas de traductores (a menudo varones) que no son fieles al relato que las mujeres intentan trasmitir.

La salud psicológica de las mujeres va a verse muy mermada en estos casos. Pero si añadimos la circunstancia de la maternidad, la situación se complica todavía más. La permanente vinculación con el maltratador por ser éste el progenitor, el miedo a que éste se lleve a sus menores al país de origen en los tiempos en los que le corresponde por convenio regulador estar con sus hijos/as, el cargo de conciencia que sienten cuando se responsabilizan de ser ellas quienes han enviado a sus padres a prisión o han sido expulsados del país, o la exposición de sus menores a multitud de trabas administrativas derivadas del deseo explícito del maltratador de seguir ejerciendo la violencia dificultando trámites, suponen un machaque psicológico y/o un elemento disuasorio para salir de la relación de maltrato.

Resistencias

Hasta aquí, todas las dificultades y trabas que las mujeres que están inmersas en una situación de violencia de género se encuentran, pero ¿Qué hay de su capacidad de respuesta? ¿Cómo articulan sus redes informales y sus resistencias para hacer frente a las violencias machistas?

Son muchas las prácticas transformadoras que ponen en marcha ante las relaciones de dominación, intentando pensarse más allá de su condición de víctimas y desfigurando el dolor y el sufrimiento para convertirlo en fuerza y rebeldía.

Muchas de las mujeres a las que atendemos se han desvinculado de ese apego a la victimización que a todas las mujeres nos viene dado en el guión de los mandatos de género, máxime siendo inmigrantes y además víctimas de violencia, y se han convertido en verdaderas supervivientes y en heroínas invisibles del cotidiano.

Participan activamente en formaciones y talleres relacionados con la sensibilización en igualdad de oportunidades y la prevención de violencia de género, están cada vez más concienciadas de la necesidad de educar a sus menores en igualdad, establecen constantes redes de apoyo informales entre ellas donde comparten malestares, se facilitan la cobertura de necesidades básicas y los cuidados, superan las barreras lingüísticas y se proporcionan la posibilidad de identificar situaciones y tomar decisiones.

Cada vez más proliferan entre las distintas comunidades de mujeres migrantes la organización en asociaciones, el trabajo en red y las experiencias de empoderamiento colectivo para formalizar y darle entidad a prácticas informales cotidianas de intermediación comunitaria entre ellas. Buen ejemplo de ello sería la “Red de Dinamizadoras Comunitarias en Prevención de Violencia de Género” que se puso en marcha en 2017 a iniciativa de Málaga Acoge y que lleva ya funcionando con éxito dos años consecutivos en la zona de la Axarquía.

Redes de apoyo, ocio y participación comunitaria

El abandono del país de origen y posterior establecimiento en otra zona geográfica cuyos códigos sociales, culturales y religiosos, formas de vida, manejo de tiempos, etc. suelen ser muy diferentes al propio, supone unos niveles de desterritorialización que requieren de mucho esfuerzo para alcanzar un nuevo sentimiento de pertenencia. Aun con este esfuerzo realizado, nos encontramos con factores externos que no pasan por el deseo individual de quienes migran, dificultando la integración de las mujeres en sus nuevos lugares de residencia. Nos ocuparemos de ellos más adelante.

Este sentimiento de no pertenencia a un territorio, puede verse agravado además por una sensación de desarraigo respecto del que quedó atrás, en un intento de conservar su identidad y generar a la vez nuevas identidades que faciliten su integración, dando como resultado el rechazo por parte de ambas comunidades y la sensación de encontrarse permanentemente en “tierra de nadie”.

Cuando migran, las mujeres dejan atrás sus redes de apoyo que no siempre tienen recambio en el lugar de destino. Aunque se dan casos en los que eligen afincarse en territorios donde ya tienen contactos, familiares y/o compatriotas, es frecuente que a su llegada se vean desprovistas de quienes conforman el tejido informal de personas que arropan y proveen de cuidados. Tan solo la familia nuclear, en el caso de las mujeres que no migran solas, configura su comunidad afín a la llegada.

El mundo laboral y las prácticas de ocio y tiempo libre dibujan el camino perfecto para vincularse socialmente y generar de nuevo lazos personales. Sin embargo, ya mostrábamos en apartados anteriores que la incorporación laboral no siempre les es fácil. Si a esto añadimos dificultades y barreras en el idioma de las que también hablábamos, prejuicios sociales ante la población migrante, carencia de recursos económicos suficientes como para invertir en prácticas de ocio que a menudo se presenta en formatos no gratuitos, dificultad para conciliar sus tiempos y dar espacio a las vidas personales que deberían estar detrás de cada mujer y en ocasiones aislamiento geográfico derivado de afincarse en zonas rurales, alejadas de los núcleos urbanos importantes, con malas comunicaciones etc., la suma obtenida muestra demasiados obstáculos como para que el ocio se convierta en una fácil herramienta de construcción de redes. Más aun, teniendo en cuenta que en nuestra socialización de género a las mujeres se nos ha enseñado a cuidar y a entregar nuestros tiempos y no a contemplar el derecho a la ociosidad, el disfrute y el cuidado de sí.

Hasta aquí, las consecuencias de la migración a nivel relacional y las limitaciones y barreras que se encuentran, podrían llevarnos a pensar en la imposibilidad de restitución de este ámbito de sus vidas. Y no son pocas las veces en las que este hecho coincide plenamente con sus realidades.

A pesar de ello, constatamos como las mujeres inmigrantes se accionan para trastocar y reorganizar sus relaciones sociales constantemente, a través de alianzas insólitas, de sororidad, de prácticas de cuidado informal generalizadas aunque difícilmente perceptibles, y de constitución de entramados comunitarios que transforman las relaciones sociales, enseñándonos a componer múltiples “cuerpos sociales” y aportándonos distintas visiones y modelos de diversidad social y cultural.

Progresivamente van propiciando una producción de saber local, un saber sobre sí mismas, que nos hace poner en cuestión a la comunidad autóctona los saberes hegemónicos. (suceso definido como “insurrección de los saberes sometidos” por M. Focault). Esta producción de saberes es fruto de la creación de espacios colectivos de