De la lucha contra la corrupción a las denuncias de fraude electoral o el montaje de una pobre comedia política
Mara Luz Polanco y Raúl Zepeda López Foro de Pensamiento Crítico
1. La lucha contra la corrupción como antecedente Los procesos políticos son contradictorios. No son lineales ni transitan por los cauces deseados. Son consecuencia de correlaciones que se construyen como síntesis de prácticas políticas específicas que condicionan las relaciones de poder y tienen como trasfondo los entendimientos que encubren las diferencias, divergencias y contradicciones que dinamizan el sistema de dominación imperante. Los contratiempos de los procesos políticos dentro del sistema se resuelven con base en los intereses de las configuraciones de clase que nuclean las élites políticas en contextos y tiempos determinados. El proceso electoral del 2019 en Guatemala se concreta por medio de iniciativas, acciones desplegadas y discursos de una veintena de partidos que, a partir del fin de “la primera vuelta”, se restringe como una contienda entre los candidatos finalistas: Sandra Torres y Alejandro Giamattei, por los partidos UNE y VAMOS. Como telón de fondo de este proceso están presentes las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y las movilizaciones que dieron forma a la crisis política que se acentúo en el año 2015. La crisis del sistema político, acentuada en 2015, afectó diversas expresiones del sistema institucional: ejecutivo, legislativo y judicial, a los partidos políticos y organizaciones sociales y ciudadanas. Se gestó por medio de las escandalosas denuncias de fraude y corrupción de que son responsables connotados dirigentes políticos. Se consolidó por medio de las investigaciones realizadas, que fundamentaron el descontento que llevó a las movilizaciones sociales que forzaron la renuncia del ex presidente Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ahora presos junto a varios de sus ministros y funcionarios. Los juicios iniciados llevaron también a prisión a diputados, dirigentes políticos y empresarios comprometidos con los delitos denunciados.
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El cobro de comisiones, la creación de “plazas fantasmas” y la negociación de prebendas con empresas privadas constructoras, nacionales y extranjeras, incluyendo megaproyectos, constituyen una muestra de prácticas corruptas arraigadas en el estilo de gobiernos civiles y militares en las últimas cinco décadas. Tan arraigadas que descaradamente son justificadas por los intelectuales del sistema, por abogados y responsables de medios que ahora se preocupan por el hacinamiento carcelario y el debido proceso. Es así como el uso y abuso de tácticas dilatorias pone también de manifiesto lo anormal que resulta que a la élite política, militar y empresarial se le aplique la propia legalidad del sistema jurídico que defiende sus propios intereses. Los esfuerzos del periodismo investigativo, la investigación criminal realizada por el Ministerio Público (MP) con el apoyo especializado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), junto a las facilidades divulgativas de los medios de comunicación, multiplicaron el descontento y llevaron a diversas movilizaciones y a una situación que volvió posible lo imposible: que los responsables de aquellos delitos no burlaran las propias leyes. De manera que la crisis puso a prueba de manera inusual la eficiencia de las instituciones de justicia, sin por esto suponer que el sistema de corrupción está doblegado. Por supuesto que la “cultura de corrupción”, antes justificada como parte del folklore político guatemalteco, divulgada por los mismos interesados, hábilmente amalgamada con los intereses de un amplio sector del empresariado, perdió fuerza ante la descarada presencia de sonados casos, denunciada por los medios de comunicación, diversas organizaciones sociales y ciudadanas, muy pronto se convirtió en importante tema del debate público. Papel importante en favor del debate público generado desempeñaron los juicios implementados por el Ministerio Público, apoyado por la CICIG, las decisiones de jueces honestos, refrendadas por una parte de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como por la exigencia ética desempeñada por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de entidades jurídicas nacionales y extranjeras y de varios centros de pensamiento. Parte de este proceso también fue el silencio y la desinformación como posicionamiento de algunos medios, centros académicos, intelectuales y organizaciones. La crisis institucional del 2015 puso en el centro de “la opinión pública”, sendas investigaciones que llevaron a capturas y posteriores juicios. De manera que permitió evidenciar la forma en que se constituye el núcleo duro de la corrupción institucionalempresarial que, entre otras cosas, a lo largo de varias décadas de dominio político e institucional, convirtió al presupuesto de la nación y a la inversión pública en fuentes de enriquecimiento ilícito y a los procesos electorales en una comedia, cuidadosamente montada y resguardada. De igual manera, las investigaciones de MPCICIG pusieron de manifiesto las complejas redes de financiamiento ilícito y los beneficiarios de tales prácticas corruptas, antecedente que condujo a la posterior
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reforma a la ley electoral y de partidos políticos. La ciudadanía guatemalteca, no sólo capitalina, repudió tamaña impostura y al descubrir la forma en que por décadas había sido burlada, apostó con sus movilizaciones y discursos a conseguir la renuncia del gobierno y a un mayor nivel de exigencia ante las instituciones del estado. La ambigüedad de los partidos políticos y del CACIF puso al desnudo sus intereses y sintetizó la falta de coherencia ética de dichas entidades. El triunfo electoral de Jimmy Morales y del Partido FCN dio paso al nucleamiento de una nueva alianza político-partidista. De manera que en forma directa o indirecta el partido FCN se enriqueció con diputados provenientes del FRG (Ríos Mont), del Partido Patriota (Pérez Molina) y del partido Líder (Baldizón), con funcionarios y no pocos medios de comunicación. La crisis política evidenció la necesidad de reordenar los procesos electorales, de vigilar el funcionamiento del Congreso de la República, de evaluar la calidad del desempeño ministerial y el sistema de justicia. La cultura cívica en desarrollo puso de manifiesto que a las obligaciones ciudadanas (elegir y ser electo) debe agregarse la exigibilidad de una ética pública de nuevo tipo. Pero también convirtió en enemigos del Pacto de Corruptos al Ministerio Público, particularmente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Corte de Constitucionalidad y a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Y desde luego, a la CICIG y a las organizaciones sociales y cívicas que se pronunciaron exigiendo justicia pronta y cumplida. Desde el otro extremo del espectro político también se divulgaron declaraciones que pretendieron opacar la legitimidad de las movilizaciones sociales de más de cien mil personas, en la ciudad capital y ciudades intermedias del país. Movilizaciones populares, principalmente de la clase media, que con sus acciones pacíficas sabatinas pusieron de manifiesto la fatiga y el profundo rechazo que ha despertado la clase política y sectores empresariales comprometidos con la corrupción, y cuya magnitud desmiente que se debieran a orientaciones promovidas por la Fundación Soros y la Embajada de los Estados Unidos. Expresaron su rechazo al Pacto de Corruptos diversas organizaciones sociales, entidades, centros académicos y personal de ONGs, en cuyo historial cívico-político está el apoyo al proceso y a los Acuerdos de Paz. Unas, comprometidas con el fortalecimiento de la justicia, el sistema político, la institucionalidad democrática y electoral. Otras, con la vigilancia, divulgación y defensa de la cultura democrática, los derechos humanos y el estado de derecho. Muchas de éstas continúan impulsando directrices en el marco de los compromisos políticos derivados de los Acuerdos de Paz, que siguen siendo objetados por sectores conservadores de la derecha y extrema derecha y otros sectores que también desvalorizan los acuerdos de paz. A la madeja de distorsionados discursos se agregó la hipótesis de la intervención extranjera, curiosamente proclamada por quienes también se opusieron a las reformas
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constitucionales, a la institucionalización de los derechos de la niñez, de la mujer y de los pueblos indígenas, de las consultas comunitarias, etc. Y por supuesto la hipótesis del fraude electoral. La idea de que un discurso repetido mil veces, se naturaliza y convierte en verdad, fue desmentida por los hechos, pero no por eso deja de hacer daño al ordenamiento institucional vigente.
2. El proceso político-electoral 2019 se sitúa en el marco de la contradicción existente entre el pacto de corruptos y el proceso de fortalecimiento del ejercicio democrático liberal Como se dijo anteriormente, los acontecimientos políticos que desde 2015 fueron impulsados por el Ministerio Público, apoyados técnicamente por la CICIG, en contra de la corrupción, pusieron al descubierto la gran influencia que los grupos de poder y otras redes lícitas e ilícitas tienen sobre el carácter del sistema político y los procesos electorales. En ese contexto el gobierno, el partido oficial, las elites económicas, los partidos políticos de derecha, el Ejército y en general la derecha más conservadora, apoyada por políticos republicanos estadounidenses se alinearon para contrarrestar la debacle que las denuncias de por actos de corrupción estaba causando sobre el modelo político construido para preservar los intereses y privilegios que estas minorías sostienen con la utilización de los recursos económicos, el poder Estatal y ciertos medios de comunicación. Las acciones llevadas a cabo por estos sectores para preservar el statu quo incluyeron la expulsión del Comisionado Iván Velásquez y el término del Acuerdo de creación de la CICIG, ejecutadas por el presidente de la República, Jimmy Morales y respaldadas directa o indirectamente por los funcionarios de gobierno, el Comité Coordinador de Organizaciones Agrícolas, Industriales y Comerciales (CACIF), el Ejército de Guatemala, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Frente a estas instituciones, a favor de la permanencia de la CICIG en el país, se situaron los recursos y resoluciones del Procurador de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad (CC), respaldadas por organizaciones sociales y ONGs defensores de la cultura de derecho y la participación ciudadana. En el contexto político electoral que se fue definiendo en torno a la lucha contra la corrupción, muchos sectores sociales avalaron entonces el trabajo de Iván Velásquez, de la Fiscal General, Thelma Aldana, y de la Corte de Constitucionalidad, pero las movilizaciones sociales que estos impulsaron no se sostuvieron más allá del año 2015 porque junto al rechazo a la corrupción y la petición de renuncia del gobierno, también habían diferencias político-ideológicas que impidieron el fortalecimiento de este movimiento en torno a los intereses comunes. No fue posible por ejemplo, unirse en torno a la petición de renuncia de los diputados, y al contrario, la alianza entre el Ejecutivo, el Congreso, el Ejército, los grandes empresarios y organizaciones civiles conservadoras de reconocida trayectoria, dio paso al restablecimiento de las condiciones políticas previas a la campaña impulsada por el MP y la CICIG en contra de la corrupción. Jimmy Morales se aseguró de elegir una nueva fiscal general afín a los intereses del llamado Pacto de Corruptos y Thelma Aldana, quien quedó fuera del MP y se colocó en la mira del Pacto de corruptos al expresar sus pretensiones de ser candidata presidencial, fue
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denunciada por determinados actos de corrupción y sometida a un proceso judicial acelerado que la dejó fuera de la campaña electoral, convirtiéndose a la vez en perseguida política. Como era de esperarse, los acontecimientos en torno a la lucha contra la corrupción en Guatemala generaron gran desconfianza hacia los políticos, los grandes y medianos empresarios, así como hacia las instituciones públicas, pues las denuncias e investigaciones sobre financiamiento electoral opaco o claramente ilícito durante la campaña electoral de 2015 evidenciaron la clase de moralidad de funcionarios, diputados, gobernantes y contratistas del Estado, poniendo en entredicho la independencia de poderes, así como la actuación autónoma de los funcionarios públicos en la toma de decisiones. Se manifestó también claramente la inequidad existente en el financiamiento de unos y otros partidos, en la propaganda electoral y por tanto, en la elección de las autoridades y la presencia de entes e intereses privados en la toma de decisiones que luego se traducen en ganancias personales millonarias. Más allá de eso también se esclareció cómo las elites económicas orientan con su financiamiento el carácter del Estado y sus políticas públicas.
3. Las inconstitucionalidades planteadas por los medios y el CACIF en contra de las reformas a la LEPP también desgastaron al TSE Sin embargo, en ese escenario, la presión de los ciudadanos, de las agrupaciones del poder económico y la discusión entre los partidos, posibilitaron las modificaciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que entre otras cuestiones se orientan a regular el financiamiento de los partidos políticos, los tiempos para hacer propaganda, las tarifas pagadas a los medios de comunicación y la contratación de los espacios publicitarios. El Decreto 26-2016 dejó en manos del TSE la contratación de espacios publicitarios y redujo las tarifas cobradas por los medios al 20% del precio de mercado. Esta normativa provocó tensión entre los medios de comunicación, la CC y las disposiciones del TSE derivadas de la aplicación de las reformas, pues estas afectaban los ingresos y ganancias obtenidas por aquellos. En los meses previos a la elección, el TSE experimentó un proceso de desgaste derivado de las modificaciones a la LEPP, así como de resoluciones que afectaron los intereses de los medios de comunicación y de los partidos políticos en la contratación de propaganda. Desde año 2018, la Cámara de Medios de Comunicación, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y el CACIF, se manifestaron o interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra de la LEPP o del Reglamento de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión creada por el TSE, exponiendo que afectaban la libre emisión del pensamiento. En una clara oposición a las regulaciones sobre la propaganda electoral, el CACIF también afirmó que once de los artículos de la LEPP afectaban la libertad de empresa, contratación, industria y la seguridad jurídica. En síntesis, el sector privado, incluidos los medios de comunicación, rechazaron la intromisión del TSE en la contratación y regulación de la campaña en los medios de comunicación, por no convenir a sus intereses. El Acuerdo 99-2019 que regulaba los debates, entrevistas y foros públicos que contenía disposiciones que amenazaban la libertad de emisión del pensamiento, fue revocado por el TSE después de la fuerte polémica protagonizada por distintos actores sociales, incluidos los medios de comunicación que acusaron al organismo electoral de querer poner una mordaza a
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la prensa. A estos hechos se suma la alarma de los sectores conservadores ante la firma de una carta de entendimiento del TSE con la CICIG, en donde ésta se comprometía a cooperar con aquel proporcionando información sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, así como a apoyar la implementación y seguimiento de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. El temor de que la CICIG se involucrara en las unidades que se encargarían del control del financiamiento y de los medios, así como en la identificación de delitos electorales, exacerbó la reacción de los grupos y sectores opuestos a la lucha contra la corrupción, por lo cual algunos de ellos irrumpieron en la reunión de la firma del convenio, gritando que habría fraude electoral. La intervención incluyó posteriormente una nota enviada al TSE por la Canciller, Sandra Jovel, quien con falsedades trató de influir en las decisiones de éste, indicándole que tomara las medidas pertinentes, pues el Acuerdo con la CICIG había llegado a su término y la entidad había cesado sus funciones en Guatemala. En este sentido, se puede decir que la idea del fraude se instala alrededor de la lucha contra la corrupción, los intereses políticos y empresariales en torno a las reformas a la LEEP y que constituye también otro intento por restaurar las condiciones existentes antes de la intervención de la CICIG y las reformas a la LEPP que dejaban en manos de los partidos políticos y las empresas de comunicación la difusión por los medios de la propaganda electoral. Este ataque temprano al TSE es asimismo parte de un proceso que busca evitar y deslegitimar cualquier acción de las instituciones estatales que de una u otra manera, con su intervención política o sus resoluciones legales, favorezcan la erosión de las relaciones de poder en las cuales se sostiene el Estado guatemalteco y que históricamente han garantizado los privilegios, la desigualdad y la permanencia de la cultura de la violencia. Los hechos que precedieron a las elecciones generales del 16 de junio, incluyeron además una serie de recursos legales y acciones en contra de candidatos y candidatas propuestas para los diferentes cargos. Las candidaturas de Sandra Torres, Thelma Aldana y Zury Ríos estuvieron sujetas a disposiciones judiciales, debido a las denuncias por actos de corrupción en contra de las dos primeras y a la prohibición constitucional para participar como candidata presidencial de Zury Ríos por ser hija del General Efraín Ríos Mont, quien tomo el poder por medio de un golpe de Estado. Sin embargo, aunque la inscripción de Aldana y Ríos como candidatas presidenciales fueron denegadas por el TSE, la candidatura de Sandra Torres fue confirmada debido a que el MP sospechosamente presentó el caso un día después de su inscripción, cuando Torres ya contaba con la inmunidad prevista en la legislación. En ese escenario en donde abundaron las denuncias, recursos e investigaciones llevadas a cabo sobre la situación jurídica y la idoneidad de los candidatos, el TSE incurrió en una serie de inconsistencias, permitiendo o rechazando la inscripción de candidatos cuya trayectoria judicial, penal o moral podían ser igualmente cuestionables. Y ante la avalancha de recursos de nulidad y la proximidad de las elecciones, admitió que podría haber errores en las papeletas para la elección de diputados y alcaldes debido a la imposibilidad de que se resolvieran todos los casos antes de las elecciones. Por otra parte, el TSE no actuó con firmeza y eficientemente frente a las acciones llevadas a cabo por el gobierno de la república para favorecer al candidato del partido oficial. La entrega
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de bolsas con alimentos y bonos en dinero por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), así como el compromiso de entregar un bono de Q 35,000.0 a los ex patrulleros de autodefensa civil en los días previos a las elecciones, fue un claro intento por comprar la voluntad de la población de las áreas rurales empobrecidas. Sin embargo, a pesar de la indignación que esta situación causó entre los partidos políticos, los medios y muchos de los electores, el TSE optó por ignorar estas acciones contrarias a la legislación electoral. Es evidente que el TSE no pudo actuar eficientemente en el marco de los cambios a la LEPP, el proceso de judicialización de la política que se abrió paso en el contexto de la lucha contra la corrupción y la respuesta de los grupos de poder por restaurar las condiciones anteriores, pero además, a juzgar por las múltiples anomalías existentes en el conteo y procesamiento electrónico de los votos, tampoco contó con un equipo técnico capaz de garantizar la eficiencia y seguridad de la sencilla base de datos que se requiere para contabilizar los votos ni proporcionó la suficiente capacitación a las juntas electorales que participaron en el proceso. Asimismo, es evidente que los fiscales de los partidos políticos no hicieron lo suficiente el día de la elección para evitar los errores encontrados en las actas de la elección. Esas circunstancias dieron argumentos a aquellos que unos meses antes habían anunciado el fraude en las urnas y a quienes estaban disgustados con sus decisiones previas, para fortalecer la idea de fraude. Pero… ¿hubo fraude?, ¿de qué tipo?
4. La construcción del imaginario de fraude electoral Semanas después de concluidas las elecciones, la ciudadanía desconocía de manera oficial buena parte de los resultados electorales definitivos en favor de alcaldes y diputados, como consecuencia de la alteración que este proceso ha experimentado, inicialmente por medio de gestiones de algunos candidatos y partidos perdedores que denunciaron un posible fraude electoral, mientras que otros sectores afines, como caja de resonancia hábilmente tejida en ciertos medios de comunicación, justificaban la idea de que las elecciones fuesen anuladas. Tamaña solicitud llevaría no sólo a que las mismas se repitieran sino a poner en entredicho al TSE y justificar su destitución. La resolución del Consejo electoral metropolitano a favor del candidato oficial a alcalde de la ciudad de Guatemala y últimamente del TSE, oficializando como ganadores del primero y segundo lugar a la presidencia, a los candidatos de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza y Vamos, debilitó la exigencia de fraude, pero no opacó la relativa pérdida de confianza en el mismo. La intencionalidad de la denuncia tuvo repercusiones negativas porque cabe preguntar: ¿Se perseguía interrumpir el proceso o anularlo, ante la evidente derrota electoral? ¿Se perseguía debilitar la autoridad de sus magistrados, para luego propiciar una intervención más allá de su autonomía? ¿Se pretendía “darle oxígeno” a candidatos y partidos perdedores? Lo cierto es que, para los denunciantes, poco importó que, sin autoridad jurídica ni moral, ni base en alguna norma constitucional, tuvieran el atrevimiento de poner en duda la voluntad de participación de varios millones de electores. La percepción del fraude se construye, aunque no existan evidencias. Primero se divulgan los casos puntuales de errores cometidos en algunas mesas electorales y la conjetura lleva a la duda, como estrategias tendientes a restarle legitimidad al proceso y justificar futuras
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intervenciones de entidades extrañas a la institucionalidad jurídica. Todo esto sucede cuando ya se han divulgado los resultados preliminares de los candidatos a la presidencia y diputados. Cuando el TSE había decidido repetir las elecciones municipales en varios municipios y cuando centenas de anomalías denunciadas por los fiscales de los partidos políticos no fueron ratificadas en el período de cinco días, como está legalmente establecido. A la fecha los errores denunciados han sido corregidos y los miembros de las mesas electorales y fiscales de los diversos partidos validaron con su firma los resultados alcanzados por los diversos candidatos. El supuesto de los constructores del imaginario del fraude descalifica a los fiscales de partidos políticos que intervienen en el proceso y por supuesto el aporte ad honorem de 110,000 ciudadanos que integraron las mesas. ¿Podía darse el fraude de todos contra todos, sin la connivencia de estos miles de personas? ¿Qué es un fraude? Se trata de un conjunto de acciones orientadas por la intención de alterar el rumbo de los procesos y de los resultados finales del mismo. En este caso, de acciones sistemáticas y direccionalmente orientadas para favorecer a un candidato y partido político. Pero esto no fue evidente cuando los errores numéricos de las sumatorias se repartieron entre los diversos candidatos y cuando la magnitud de los mismos no se concretó como tendencia ni fueron significativos como para alterar el resultado final de los votos obtenidos por los candidatos que ganan las elecciones. Más parece que en este caso “las palomas les tiran a las escopetas”, y el fraude lo cometieron personas, entidades y partidos que tuvieron poder y recursos para hacerlo en favor del candidato del partido oficial. Se dio antes de las elecciones cuando el gobierno de Jimmy Morales, se comprometió a entregar varias decenas de millones de quetzales a los ex patrulleros, con el ánimo de comprar sus voluntades. Se dio cuando el partido oficial entregó miles de cupones a supuestos simpatizantes. Tan nefasta práctica política fue evidente cuando Jimmy Morales, como emperador fuera de época, anunció que “iba a haber problemas” y de manera descarada quiso representar el papel de juez que calificaría la idoneidad de las decisiones y prácticas del Tribunal Supremo Electoral cuando ya era parte del problema creado. Una intervención que anunció la intervención del Ministerio Público. ¿Cuáles fueron los propósitos encubierto de estas acciones? Sin dificultad pueden plantearse varias hipótesis: a. Restarle relieve al fracaso del partido oficial, que no obtuvo ni siquiera una cantidad equivalente a los cupones y cheques entregados. Es evidente que los votos obtenidos por el candidato oficial son los más caros en el país de las profundas desigualdades. b. Responder de manera institucional al temor generado en sectores de la derecha guatemalteca por el ascenso político logrado por el Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos MLP. Asimismo, ante el reordenamiento de la composición partidaria en el congreso, incluyendo al Partido Semilla que sale como gran ganador, mientras que las fuerzas partidarias aliadas al gobierno salen perdiendo, a pesar de sus fuertes inversiones.
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c. Reaccionar de manera infantil precisamente ante el fracaso de innumerables candidatos a diputados en el partido oficial y partidos afines, quienes no sólo perderán inmunidad y privilegios, sino que ven cercanos los tiempos en que los juicios actualmente estancados en los tribunales de justicia avancen y los convoquen a que demuestren su inocencia, ante las acusaciones ya existentes. d. Pero lo más importante era crear una crisis institucional y política capaz de “revolver las aguas” de tal manera que generara un caos capaz de invalidar el proceso electoral, desconocer al triunfador en la primera vuelta y repetir las elecciones. Aquellos propósitos se han visto frenados por la evidencia de los hechos y la calidad del esfuerzo de más de cien mil personas, que al participar en el proceso han demostrado una alta responsabilidad ciudadana. Y más aún, cuando la precaria institucionalidad y las leyes detienen las últimas iniciativas del gobernante, pretendiendo una compra de aviones y negociando en penumbra convertir a Guatemala, en tercer país seguro, para la conveniencia de los Estados Unidos, a pesar de ser uno de los países más inseguros del continente. El tema de contexto más importante fueron las declaraciones de expertos norteamericanos en seguridad, quienes ratificaron la penetración del crimen organizado en las diversas estructuras estatales. Cuestión que los medios de prensa denuncian de manera cotidiana. Por supuesto que las instituciones políticas y la ciudadanía deben estar vigilantes ante un desgobierno ahora convertido en factor de riesgo.
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