Al Pueblo de México: El compromiso con la justicia es imperativo para acceder al cargo de Ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales constitucionales son, por definición, el lugar por excelencia donde se garantizan los derechos esenciales, la instancia, donde, a pesar de los argumentos políticos, económicos o los compromisos de la mayoría, los derechos fundamentales de cada uno se respetan y se hacen respetar por jueces intachables y honorables, con probada capacidad y comprometidos con la justicia, el más alto valor de la actividad judicial. La propuesta de terna del Presidente de la República, en la que incluye a Eduardo Medina Mora para ser Ministro de la Suprema Corte, no es solamente inaceptable, sino además constitucionalmente inviable. Quien pretenda acceder a ese cargo debe tener una trayectoria intachable a favor de las causas de los derechos humanos y no, como es el caso, ser un partícipe directo de la crisis de derechos humanos que actualmente vive el país. Además, quien aspire a ser Ministro no puede enfrentar un claro conflicto de interés por aceptar el cargo, ni al ejercer sus funciones. La reforma constitucional de junio de 2011 pone en el centro de la agenda nacional a los derechos humanos, con la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Si se nombra a Eduardo Medina Mora, el cumplimiento del artículo 1º constitucional y de toda la Constitución Política estará en entredicho. Afortunadamente, el tiempo del derecho es el tiempo también de la memoria, de decir no rotundamente al olvido de las acciones antidemocráticas de quienes aspiran a una alta responsabilidad pública. No puede ser Ministro de la Suprema Corte quien entregó la soberanía nacional. El memorándum 230 del Congreso de los Estados Unidos de América, derivado de la Comisión de Investigación por el Operativo Rápido y Furioso, establece que se permitió y consintió el trasiego vigilado de armas controladas de ese país a México desde noviembre de 2007, cuando Eduardo Medina Mora era Procurador General de la República. Este operativo, consentido por acción u omisión, violentó la soberanía nacional, por lo que no puede ser Ministro de la Corte quien está dispuesto a entregarla. No puede ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia quien defendió la guerra contra las drogas. Durante su gestión como Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora participó como artífice de la estrategia de la guerra contra el narcotráfico 1, la cual defendió sistemáticamente a pesar de los resultados desastrosos no sólo en materia de derechos humanos, 1
Ver http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/coms08/1.shtm
sino también en el desarrollo del sistema de justicia y peor aún en la esperanza de vida de los jóvenes mexicanos. Porque a quien pretende alcanzar el máximo órgano de justicia en el país hay que cuestionarle sobre el resultado de la “guerra contra el narcotráfico”. Durante el paso de Medina Mora en distintos cargos de primera responsabilidad en materia de Seguridad Pública, el número de homicidios relacionados con los problemas de las drogas creció exponencialmente, a tal grado que la esperanza de vida de los jóvenes en México se redujo en casi un año. Los jóvenes, a quienes hemos hecho una promesa por su futuro, también han sido constantes víctimas y los más perjudicados: entre 2006 y 2011, más de 1,200 menores de edad perdieron la vida en ese contexto de violencia. Con la actual crisis de carácter humanitario, con más de 100 mil personas muertas y más de 22 mil desaparecidos, no se puede sostener que vamos ganando aunque no lo parezca, como lo afirmó hace años el ex procurador Medina Mora.2 El propio gobierno federal actual ha reconocido que la estrategia no ha sido exitosa. Al asumir funciones en diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. A comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26,000 personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una “grave crisis humanitaria”— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.”3 A lo anterior, hay que añadir las innumerables quejas de tortura y la sobreutilización de la figura del arraigo –ya de por sí ilegitima- en la actuación de las fuerzas del estado. Amnistía Internacional señala que desde que inició la llamada guerra contra las drogas en 2006, la tortura aumentó de manera alarmante en México. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2006 y 2012, se han registrado 7,253 casos de este tipo. 4 Por ello, debemos ir a las causas (frenar la guerra contra las drogas) y con ello enfrentar de mejor manera las consecuencias. La guerra contra las drogas en México es un desastre. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó el Informe El problema de las Drogas en las Américas. El Secretario General de la OEA, al señaló se hace necesaria la revisión de las políticas de drogas en vigor desde hace ya varias décadas. La OEA y el propio gobierno Mexicano reconocen que la guerra contra las drogas ha fracasado. Eduardo Medina Mora la impulsó porque fue el primer procurador del Gobierno de Felipe Calderón. La guerra contra las drogas nos ha llevado a una crisis gravísima de derechos humanos porque es la expresión por antonomasia de su violación masiva y sistemática.
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Cfr. http://mediosenmexico.blogspot.mx/2008/05/aunque-no-lo-parezca-vamos-ganando.html Cfr. http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_4.pdf 4 Cfr. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/01/situacion-mexico-caldo-cultivo-tortura 3
Los derechos humanos son el centro de nuestro sistema jurídico y Eduardo Medina Mora es incompatible porque cree y defiende otras causas, pero no las de los derechos humanos, como lo demostró como servidor público: no puede ser el guardián de la Constitución. No puede ser Ministro de la Suprema Corte quien no tiene un compromiso con los derechos humanos. Eduardo Medina Mora ha tenido una actitud sistemática y negativa para aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evitando a toda costa profundizar en las investigaciones, que clarifiquen los hechos y castiguen a los responsables. No puede quedar en el olvido la negativa de Eduardo Medina Mora a aceptar la recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En ese momento, Eduardo Medina Mora, se negó a avanzar en las investigaciones sobre los hechos de violencia en Texcoco y San Salvador Atenco, donde entre varios delitos se cometieron detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, tortura y vejaciones sexuales, con dos jóvenes muertos, 26 mujeres agredidas sexualmente y 207 detenidos. En estos desafortunados hechos, tanto el entonces Secretario Eduardo Medina Mora, como quien era Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, se vieron involucrados en la planeación del operativo para realizar el fatídico desalojo. Otra recomendación en materia de derechos humanos desestimada por Medina Mora fue la 64/2008. El entonces Procurador General de la República dio la espalda a la lucha por el debido proceso en el caso de los mineros muertos en Pasta de Conchos, escudando a servidores públicos en perjuicio de los trabajadores muertos durante la explosión y de sus familiares, y la búsqueda de la verdad. No se puede permitir que sea Ministro de la Corte a alguien que, con sus acciones, puso en suspenso y en entredicho a la justicia y los derechos humanos, violentando los derechos de las víctimas y de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo. No podemos olvidar que en 2007 Eduardo Medina Mora promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal en el Distrito Federal, que en su momento desincorporó del catálogo de delitos a la interrupción legal del embarazo. La incorporación de Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia significaría una clara amenaza en materia de los derechos humanos de las mujeres. No podemos permitir que sea Ministro quien ha utilizado a la Procuraduría para integrar expedientes en contra de funcionarios durante el llamado “Michoacanazo” en 2009, donde 38 funcionarios públicos fueron arraigados sin cargos, sólo por la presunción de que eran parte del crimen organizado. La debilidad en la integración de las pruebas propició que ninguno de los arraigados se encuentre detenido y que hayan sido liberados por falta de pruebas. La grave situación de los derechos humanos que hoy padece México debe hacernos reflexionar sobre el camino que en materia de justicia necesita el país. Recientemente el relator especial sobre la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que en México la tortura y los malos tratos en la detención son generalizados y ocurren en un contexto de impunidad 5. Por lo 5
Ver http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/09/actualidad/1425859606_858235.html
anterior, desde esta Cámara no podemos permitir que la trayectoria de los miembros de la Suprema Corte de Justicia deje el camino libre para que la violación a derechos humanos continúe y permanezca en completa impunidad. No puede ser Ministro de la Suprema Corte quien no puede garantizar la división de poderes. Medina Mora enfrenta un conflicto de interés al aceptar el cargo desde una posición de subalterno directo del Poder Ejecutivo. La cercanía de Medina Mora con el actual presidente pondría entredicho la división e independencia necesaria entre los tres poderes. Por otra parte, al ejercer el cargo de Ministro, Medina Mora tendría que escuchar y decidir sobre varios casos que el mismo dispuso mientras fue procurador, cuando estos casos lleguen a la Suprema Corte necesariamente el ex-procurador tendría que excusarse. Lo mismo sucedería cuando a la Corte lleguen los temas relacionados con telecomunicaciones y energía, sectores en los que existen intereses personales y de negocios. Hay ciertos principios de la ética judicial que son inexcusables, como la independencia, la objetividad, la autonomía y la imparcialidad. Eduardo Medina Mora no los cumple. Finalmente, no puede ser Ministro de Justicia quien no cumpla los requisitos del Artículo 95 Constitucional, en su fracción V. Ni el Congreso General, ni el Ejecutivo Federal pueden establecer excepciones al cumplimiento de este artículo constitucional, menos aún si la excepción se genera a partir de la Ley secundaria sobre el Servicio Exterior Mexicano, donde sólo se acredita la conservación del domicilio del último lugar de residencia en el país, lo que pone en evidencia la diferencia conceptual entre domicilio y residencia. Entonces, Medina Mora no ha residido en el país desde 2009, por lo que sencillamente no cumple con el requisito constitucional. Si se nombra a Eduardo Medina Mora no habrá oportunidad alguna de dar cumplimiento a la Constitución, de hacer progresivos los derechos humanos, de detener la guerra contra las drogas y sus desastrosos resultados, así como de respetar el pacto federal y la división de poderes. No nos podemos permitir que la democracia mexicana vaya hacia una regresión, que el poder se concentre y que se vuelvan nugatorios los derechos humanos. Si se nombra a Eduardo Medina Mora no habrá oportunidad para que sea la misma Suprema Corte la que algún día alce la voz de la justicia para que se investigue, se sancione y se reparen las violaciones a los derechos humanos en la que Eduardo Medina Mora en su paso como servidor público participó. Por estas fundadas razones, mi voto en contra de la propuesta del Ejecutivo. A los 10 días del mes de marzo de 2015.
Suscribe Senador Mario Delgado Carrillo