Relatorias y Ponencias by Delegación de Paz FARC-EP

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA

RELATORÍAS Y PONENCIAS

UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA S E D E B O G O

T Á

CENTRO DE PENSAMIENTOY SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAZ

NACIONES EN COK

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA RELATORÍAS Y PONENCIAS Mesa Temática 3 • Grupos de Trabajo 3,4, Grupo Afrodescendientes y Buzón

Organización de Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional de Colombia • Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz Responsables de convocar, organizar y servir de relatores de los debates del Foro y de sistematizar sus conclusiones 24, 25 y 26 de septiembre de 2013, Bogotá D.C.

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índice Mesa Temática 3 Relatoría Grupo de Trabajo 3 Ponencias Grupo de Trabajo 3...

7 13

Relatoría Grupo de Trabajo 4 Ponencias Grupo de Trabajo 4.

65 71

Foro Nacional Relatoría ONU y Universidad Nacional Relatoría Grupo Afrodescendientes Ponencias Grupo Afrodescendientes

143 165 193

Buzón

241

Grupo de Trabajo 3 Durante el Foro Nacional se conformaron tres Mesas Temáticas y dentro de cada una de ellas se integraron grupos de trabajo con un número determinado de participantes y para abordar una temática específica del punto cuarto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz firma y duradera. Dentro de la Mesa Temática 3 se conformarán 4 grupos de trabajo, que sesionaron de manera simultánea para la recolección y sistematización de propuestas sobre sobre "Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos". A continuación se presentan las relatorías y sus respectivas ponencias de los Grupos 3,4, Grupo Afrodescendientes y las propuestas en el Buzón.

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 3 Grupo de Trabajo 3

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 3 de la Mesa Temática 3 sobre "Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos" Fecha: 25 septiembre 2013 Número de participantes hombres: 20 Número de participantes mujeres:4 Número y sectores participantes: Gremios; Organizaciones y movimientos campesinos; Organizaciones indígenas; Organizaciones juveniles; Representantes de sectores educativo y cultural; Organizaciones especializadas vinculadas a los temas relacionados con la solución de las drogas ilícitas; Organizaciones de mujeres; Organizaciones defensoras de derechos humanos; Movimiento políticos y sociales;; Sector académico, universidades y centros de investigación; Organizaciones raizales. Número de ponencias escritas presentadas: Número de intervenciones orales: 13 Se adjunta como anexos a la relatoría: 11 Listado de asistentes Ponencias presentadas El trabajo en los cuatro grupos de la mesa temática, estuvo caracterizado por una participación activa de la sociedad civil representada por diversos sectores procedentes de las regiones, pueblos indígenas, afrodescendiente,, organizaciones campesinas, mujeres y jóvenes del mundo rural y las ciudades. También participaron partidos políticos, organizaciones especializadas en estos temas y académicos. Por regla general, los asistentes hicieron referencia a contexto rural caracterizado por la ausencia de condiciones de desarrollo socioeconómico en el campo, la escasa presencia del Estado en el territorio, evidenciado además en deficientes condiciones de justicia y seguridad. Así mismo, se destacó la vulnerabilidad por distintas razones del campesinado y otras comunidades, en especial de la mujer de todas las edades, los jóvenes y los niños, quienes enfrentan de forma constante las circunstancias del conflicto armado y demás formas de violencia causadas por actores ilegales tradicionales y emergentes y los daños causados por la política antidrogas del Estado. 1.

Diferentes participantes propusieron suspender las fumigaciones por los costos ambientales y los efectos sobre la salud de la población así como su economía.1

2. Varias organizaciones se manifestaron a favor de una sustitución consensuada y gradual que debe tener en cuenta los planes de desarrollo integral propuesto por las comunidades, que además garanticen la comercialización de cultivos encaminados a garantizar la seguridad alimentaria y el saneamiento ambiental por medio de una diversificación de los cultivos2. En este sentido, se resaltó la importancia de contar con empresas productivas autogestionarias para beneficio de las comunidades3. Igualmente hubo quienes se mostraron en contra de cualquier tipo de sustitución.4 Un punto intermedio entre ambas perspectivas es el de quienes propusieron unas fases de transición: Existen sin embargo una fase de transición: Marihuana (inmediata) Cocaína (momento de transito mientras el estado adquiere un plazo político para la denuncia de las convenciones del comercialización y consumo de sustancias. Lobby Internacional). En esa media la sustitución se hace innecesaria la cual debe ser reemplazada por la diversificación5.

Las autoridades comunales deben ser tenidas en cuenta y respetadas así como su autonomía ya que juegan un papel determinante en la posibilidad de acabar con el narcotráfico en los territorios.6

4. Conformación de zonas de reserva campesina, a las cuales se les debe prestar la ayuda técnica e institucional para constituirse. Estas deben estar basadas en enfoques productivos y con la participación de las autoridades comunitarias correspondientes.7

5. Planes de desarrollo y políticas públicas integrales con participación de los diversos actores. 6. Acceso a centros de acopio y formas de comercialización así como salud y educación en el territorio que se enfoquen en un desarrollo endógeno. Lo anterior está relacionado con la propuesta en el sentido de asumir una responsabilidad del bienestar social y el desarrollo de estas comunidades en materia de salud, educación e infraestructura.8 7. Se debe reconocer el consumo como un problema de salud pública y se deben destinar los recursos necesarios para solucionar dicho problema9. Así, mas allá de la criminalización de debe adoptar un enfoque preventivo no solo respecto al consumo sino también frente a la vinculación de los jóvenes con estructuras armadas que controlan el negocio de las drogas ilícitas. En este propósito son determinantes la educación el arte y la cultura10 8. Se propuso crear una comisión de la verdad sobre el narcotráfico que establezca la fusión de capitales legales con ilegales al igual que quienes facilitaron dichos negocios al interior del estado11 9. Detener la militarización de los cultivos y la declaración de las comunidades campesinas donde se presenta este problema como zonas de guerra.12 10. Generar proceso de investigación financiados por el Estado enfocados a desarrollar las capacidades productivas, medicas, cosméticas y nutricionales de la hoja de coca13 11. Participación en la caracterización del territorio incluido aspectos minero energéticos14 12. El Estado de debe mejorar los controles viales para evitar que los narcóticos lleguen hasta las zonas de frontera las cuales son estigmatizadas de manera injusta.15 13. Una de las ponencias manifestó que se debe hacer un documento COMPES sobre la solución al problema de las drogas ilícitas 16

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Véase: CIMA Cauca "Sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos"; Véase: Pastoral Social Nariño;" Las comunidades campesinas de Samaniego y Linares sobre los cultivos de uso ilícito"Véase: Carnaval CanábicoTropuestas psicotrópicas para una estado en posconflicto; ANMUCIC'Alternativa de la solución desde las mujeres rurales"; Véase ¡Mujeres por la Paz Solución al problema de las drogas ilícitas"; País Común; Jóvenes Campesinos del Cauca Intervención oral Véase: CIMA Cauca " Sóbrela solución al problema de los cultivos ilícitos"; Véase: Pastoral Social Nariño" Las comunidades campesinas de Samaniegoy Linares sobre los cultivos de uso ilícito"; Jóvenes Campesinos del Cauca; Véase ¡Cabildo Indígena Yascual Nariño; Véase: Colectivo Samaniego intervención oral. Jóvenes Campesinos del Cauca intervención oral Véase: Carnaval Canábico Propuestas psicotrópicas para una estado en posconflicto Véase: FESCOL De la represión a la regulación"; Véase: País Común intervención oral Véase: Comunidad Indígena de Bahía Pórtete Intervención oral; Véase ¡Cabildo Indígena Yascual Nariño intervención oral ; Véase: Colectivo Samaniego." Las comunidades campesinas de Samaniego y Linares sobre los cultivos de uso ilícito" Mesa Regional Reserva Campesina Centro del Cesar Intervención oral. Véase: CIMA Cauca " Sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos"; Véase ¡Colectivo Samaniego" Las comunidades campesinas de Samaniego y Linares sobre los cultivos de uso ilícito"

' Véase : País Común; Véase : Mujeres Partido Comunista; Véase: FESCOL De la represión a la regulación";Véase:Organización Musical José Cardenio Sobre la solución al problema de las drogas ilícitas" 10

Véase ¡Organización Musical José Cardenio Sobre la solución al problema de las drogas ilícitasB

Véase ¡Universidad ICESI Intervención Oral Véase ¡Mujeres por la Paz"Solucion al problema de las drogas ilícitas" Véase: CIMA Cauca" Sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos."; Véase: Pastoral Social Nariño Véase " Las comunidades campesinas de Samaniego y Linares sobre los cultivos de uso ilícito";Mujeres por la Paz; País Común; Jóvenes Campesinos del Cauca Intervención Oral Véase: ANMUCIC'Alternativa de la solución desde las mujeres rurales" Veasé Zonas de Reserva Campesina Centro del Cesar Intervención Oral; Véase: Red de colectivos de estudio en pensamiento Latinoamericano Universidad de Antioquia."Solución al problema de las drogas ilícitas" Véase :SujutWayuu intervención oral ;Véase ¡Comunidad Indígena de Bahía Pórtete Intervención oral Véase: Jóvenes Campesinos del Cauca Intervención oral

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica 3 Grupo de Trabajo 3

Ponencias

Las comunidades campesinas de Samaniego y Linares(Nariño) sobre los cultivos/ de uso ilícito manifestamos:

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1. Rechamos la política antidrogas implementada por el gobierno nacional basada en la fuerza, la represión y programas asistencialistas que no han resuelto las causas estructurales que dieron origen a los cultivos de uso ilícito. 2. Exigimos suspender la fumigación con agrotoxicos para erradicar los cultivos proscritos, debido que esta acción agresiva no ha sido efectividad y ha demostrado por el contrario a lo largo de los años un enorme daño ambiental en la contaminación de microcuencas y fuentes de agua, además de los graves efectos en la salud de la población y el perjuicio en los alimentos de pancoger. Adicional a esto, dicha población que ha sido víctima de las fumigaciones resulta desplazada a las urbes en busca de alternativas de subsistencia, perdiendo así el derecho a permanecer y vivir en sus territorios. i

3. Sustitución consensuada y gradual de cultivos proscritos como son la coca, la amapola y la mariguana mediante la siembra de cultivos de uso lícito como café, caña, maní, frijol, maíz y otros cultivos de pan coger atendiendo a la diversificación de los climas de nuestro municipio y el en marco de los planes de desarrollo integral que proponemos. Productos que incursionen en mercados campesinos sin intermediarios y conlleven a fortalecer las economías solidarias, que garanticen la soberanía y autonomía alimentaria, en donde el Estado garantice la reducción de la importación de productos que afecten la producción nacional. 4. Modificación de la política antidroga a partir de las decisiones tomadas autónomamente por las comunidades campesinas y populares. Será el sector campesino y popular quien tenga un lugar privilegiado en la toma de decisiones a la hora de contrarrestar el problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de uso ilícito. 5. Conformación y reconocimiento de zonas de reserva campesina que garanticen la preservación de la cultura campesina, partiendo de su autonomía para atender la problemática agraria. >

6. Diseñar y desarrollar planes de desarrollo integral corregimentales o veredales según se requiera, planes que deben ser construidos con autonomía y con participación directa de las comunidades y con plena financiación del Gobierno nacional, departamental y municipal desde la formulación y la ejecución. 7. Rechazar el manejo de las zonas con presencia de cultivos proscritos como zonas de guerra manifestada en la creciente militarización del territorio y la vida cotidiana; erradicación militarizada con sus planes cívico-militares; así

como la fumigación aérea, hasta tanto no sea atendido de una manera estructural el conflicto agrario que padecemos las comunidades campesinas a causa del abandono estatal; el cual se entiende con la ausencia de programas sociales de cara a la incursión de un sistema de salud y seguridad social; educación pertinente y contextualizada. En este sentido las comunidades campesinas definirán su autodeterminación y las rutas pertinentes para la consecución de su desarrollo endógeno. Así mismo exigimos participación en la caracterización del territorio frente a las políticas minero-energéticas privilegiando la minería artesanal, a los pequeños y medianos mineros en el marco de la protección ambiental. 8. Reconocer al campesino cultivador de hoja de coca como una víctima de las políticas implementadas por el gobierno nacional en detrimento del sector agrario. De esta manera, no se puede perseguir, detener ni judicializar al campesino hasta tanto no se atiendo de manera estructural el conflicto social que padece el campo colombiano. 9. Dotar de centro de acopio e infraestructura necesaria para que los campesinos puedan comercializar sus productos de manera efectiva, tengan acceso a educación continua que permita desarrollar su comunidad conforme su autodeterminación lo requiera, acceder al servicio de salud gratuito y responsable en su territorio. 10. Las entidades presentes que participarán en !a solución de la problemática que concierne a los cultivos proscritos, deben ser de carácter civil y social, subyugadas a la voluntad del pueblo organizado quién tendrá autonomía para definir las rutas a seguir para solucionar dicho conflicto. 11. Se debe reconocer el consumo de sustancias psicoactivas como un problema de salud pública en perspectiva de la prevención a través de brindar posibilidades de vida y que como tal deberá ser atendido, sin escatimar los recursos necesarios que se requieran para solucionarlo. 12. Que el gobierno nacional frene o suspenda los actuales planes de erradicación de cultivos de uso ilícito como la coca, ya que en este momento los sectores campesinos movilizados en el paro nacional agrario y popular lograron poner en la mesa de dialogo con el gobierno nacional, los 6 puntos del pliego, cuyo punto 4. 1 trata sobre el tratamiento que se le debe dar a los cultivos de uso ilícito.

13. Rechazamos la extranjerización de la tierra y exigimos se revisen ios títulos de posesión de los territorios campesinos para que las comunidades puedan establecer autónomamente los programas y metodologías a Implementar para solucionar la problemática de los cultivos ilícitos y sus derivaciones.

Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1.

Presentación

La Red Nacional de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base (en adelante "la Red") y el Espacio Regional de Paz del Cauca (en adelante "el ERPAZ")1, se hacen presentes en este Foro Nacional sobre el cuarto punto del Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera: "Solución al problema de las drogas ilícitas: 1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de

La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de ios 32 departamentos y está conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar); 2. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Simiti (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASOJUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR); 10. Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 11. Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Comunitarios del Río Patia, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncillas (CHOCAGUÁN); 14. Comité de Integración de! Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de paz de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad del cacarica (CAVIDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del río Sanquianga (Nariño); 19. Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá, 20. Consejo Comunitario del rio Cajambre; 21.. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del río Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la OPOCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Caucano (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnlco de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (COPSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Organizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL). El Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: CRIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres: Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnlas y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, UOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL. Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

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La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación y articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en la institucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mafioso que ha llegado, como lo señala Garay a la "reconfiguración y captura del Estado". Pero de igual forma, la solución del problema, en el marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como: un cambio radical en la estrategia de remilitarización y plan consolidación que ha violado derechos fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de los planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades, especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas implementadas para enfrentar el problema.

Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base La biodiversidad cultural y agroecológica de las reglones de Colombia hacen que el fenómeno de comportamiento de los cultivos declarados ¡lícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben de ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en ei país, porque no ha habido realmente una implementaclón de solución diferenciada y mucho menos teniendo en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades locales. Para las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, la relación entre el tema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos como población civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas, lavado de activos. Este control territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con presencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas regionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entrado en confrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta problemática ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios. La autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los cultivos de uso ¡lícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se pierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se permea la cultura ancestral y las practicas comunitarias. La política anti-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos humanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementación del Trato de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han ¡mpactado negativamente a las economías de pequeña escala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como fuente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación. Si bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario general de la OEA al entregar el informe 2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas" y con mayor claridad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo". 2

Ver: OEA, El problema de las drogas en las Américas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es necesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza institucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un enfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y debe contar con la unidad en la diversidad.

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Red de iniciativas y Comunidades Paz desde la Base El documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de las drogas en las Américas", complementario a informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes a saber: acento en e fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidac del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en la perspectiva de "Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales". Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas coloquen atención a éste escenario. Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han construido el diagnóstico sino que han elaborado propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en el una audiencia pública realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de la población estamos recuperando economías propias como alternativa a los ¡lícitos. Partiendo del problema de la tenencia y propiedad de la tierra. Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y la movilización permanente. Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: 1.» La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca 2.« Diversificación de los cultivos, en el marco de economías campesinas propias. 3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral. Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural: Hay que sustentar y defender con razones ío que hacemos y lo que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensar en exportar, sin descartarlo. Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguir luchando por una reforma agraria integral Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental. Económico: rechazo contundente al TLC".

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En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "LOS que vivimos aquí sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia ante situaciones difíciles. En el departamento del cauca estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: vivimos del café, hay que apoyar a los que cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier gobierno si quiere aportar realmente a! campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el campesinado, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc."

Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca", 26 de julio/2013. Gobernación del Cauca.

Yograma Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 3.

Impactos específicos para las comunidades y territorios

Colombia cuenta con uri ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la biodiversidad mundial4. La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño al ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabílidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia. De igual forma, las regiones que albergan la riqueza de la diversidad colombiana seguirán padeciendo las consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son los fabricantes de las armas, químicos como el glifosato y aeronaves. La erradicación forzada de los cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencial de una estrategia de guerra para combatir parcíalizadamente a los actores armados y consolidar el poder de grupos ilegales y organizaciones narcotraficantes, entronizadas en los poderes locales, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores empresariales nacionales e internacionales, y políticos. La política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, Integrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra para sobrevivir, ya sea ante'las inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores armados. Las aspersiones aéreas con glifosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo el nombre de "control biológico", están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas. Como consecuencia, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y alto/andino, áreas estratégicas en la producción del cicio del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos ambientales6 y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su Ingreso de esa economía.

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Consultar: "Colombia Report.Convention on Biológica! Diversity"en http://www.cbd. ¡nt/countr¡es/?country=co

Según Ricardo Vargas, la fumigación de coca y amapola entre 1992 y 1999 sobrepasó el equivalente a 230.000 hectáreas, esto es, se esparcieron más de dos y medio millones de litros de glifosato. 6 En sentido contrario, las comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, han protegido, en los últimos 3 años cerca de 32.000 hectáreas de tierra, en su mayor parte baldíos, del despojo y el abandono de más de 1.200 familias campesinas; se ha apoyado la titulación colectiva de 70.000 hectáreas de tierras en territorios étnicos y se han preservado más de 28.000 hectáreas de ciénagas, sabanas y playones comunales

Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base Tras las fumigaciones, el aire contaminado, produce en la población dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, tos, problemas respiratorios, mareo, vómito, diarrea, conjuntivitis, dolor de huesos, alergias. La población ha expresado que luego de la fumigación, queda un olor a químicos en el ambiente. Los ríos también se han contaminado, y al carecer de agua potable o, por lo menos, entubada, obligadamente se utiliza el agua de los ríos para uso doméstico y para su baño personal, provocando enfermedades internas y a la pie!. El consumo de agua del río contaminada por las fumigaciones constituye un ciclo de envenenamiento para las personas, animales y plantas. Se han presentado enfermedades desconocidas para la población y se puede observar daños sistemáticos en las personas como afecciones respiratorias, de piel, digestivas y nerviosas, sarpullidos, diarrea, problemas de visión y abortos espontáneos después de las fumigaciones. Los pobladores manifiestan que la intensidad de algunas de estas enfermedades no eran comunes en la zona y que después de las fumigaciones hay una propensión a enfermarse con mayor frecuencia. Tres meses después de las fumigaciones la población más cercana mantiene síntomas de intoxicación crónica con señas de afección neurológica, problemas de piel y conjuntivas. En este sentido, en 2007, el Relator Especia! en el derecho a la salud de las Naciones Unidas afirmó, "Hay evidencia creíble y confiable de que las fumigaciones aéreas de glifosato en la frontera entre Colombia y Ecuador perjudican a la salud física de la gente viviendo allá. También hay evidencia creíble y confiable que las fumigaciones aéreas perjudican a su salud mental. A veces helicópteros militares acompañan a las fumigaciones y la experiencia entera es aterrorizante, especialmente para los niños."7 Comunidades que hacen parte de la Red han documentado oleadas sistemáticas de fumigaciones por ejemplo de más de diez veces en un período promedio de dos meses. En cambio, sus propuestas para programas voluntarios de erradicación manual no son tenidas en cuenta Esta fumigaciones causan el despojo y desplazamientos de comunidades indígenas, afro-descendientes y campesinos.8 Las fumigaciones aéreas siguen siendo aproximadamente tres veces más utilizadas que la erradicación manual. 9 Además, la erradicación manual no se concerta con las comunidades; se hace en el marco de la militarización incrementada de los territorios generando riesgos de seguridad cuando erradicadores manuales entran a las comunidades y por su presencia ponen a los habitantes en peligro de represalia de actores armados. Esta situación ha generado enfrentamientos y violencia contra los habitantes, especialmente contra las mujeres, muchas de las cuales reportan acosos y violaciones sexuales durante campañas de erradicación forzada. Los programas de desarrollo alternativo ofreciendo substitutos para el cultivo de coca no han recibido recursos adecuados ni han sido ¡mplementados efectivamente. Mientras se invirtieron $1.2 mi! millones USD en 7

"Human Rights and Drug Policy: Crop Eradication," Office of the High Commissioner for Human Rights. http://www2.ohchr.org/enqlish/bodies/cescr/docs/nqos/IHRA Colombia44.pdf

Denuncias reiteradas de indígenas del Cauca (CRIC), campesinos del macizo colombiano y comunidades afro de! pacífico (Valle y Cauca). 9

En 20.11, 34.170 hectáreas de coca fueron erradicadas por medio de la erradicación manual forzada, mientras que 103.302 hectáreas fueron fumigadas desde el aire. Ver: "Colombia Coca Cultivation Survey 2011", United Nations Office on Drugs and Crime, June 2012 at 76 and 79.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo 10 . Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos y comunidades sobre los programas de substitución. 11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes del campo (Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Al respecto, la Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005). A esta conclusión llegó la Corte luego de analizar los casos de desplazamientos en los departamentos de Chocó, Narlño, Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan Patriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos. En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: "las actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima general de violencia. La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar el cultivo ¡lícito de plantas narcógenas, y las repercusiones negativas de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en masa".

Propuestas para una solución integral al problema

De acuerdo con e! análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de iniciativas que ya vienen realizando las organizaciones de base en sus territorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la intención de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social: 4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ¡lícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca. En tal sentido, es prioritario descriminallzar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual plan consolidación. 1

"Alternative development strategies in Colombia: The need to move beyond illicit crop spraying," Interamencan •\ssociation for Environmental Defense. 2006. En: http://www.aida-mericas.org/ ' Denuncias de camoesinos del Cauca.

^^Bife-

Programa Suizo para la Promoción ele la Paz en Colombia

Red de iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 4.2 Parar de manera inmediata ¡as fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la implementación de alternativas viables y sostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos. {íT)Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezca los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e intercultural, en los que se incluya, efectivamente, las propuestas productivas alternativas, Impulsadas por los grupos de mujeres. En este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca la "dignificación de la hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar la autosuficiencia alimentarla y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo. 4.4 Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionado a la sostenlbiüdad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia. fQ 4.5 Conociendo que la mayoría de los cultivos de uso ilícito se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar: los derechos de los pueblos indígenas, afro descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan, programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de generar alternativas a las economías extractivas.

é 4.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo. 4.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las reglones, así como sus planes de vida, de etnodesarrollo y del "buen vivir". En el caso del desarrollo alternativo, este debe

COL

Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno. 4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementacion de los Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antídrogas, contra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes. 4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir". 4.10

Reconocer y reparar a las comunidades, organizaciones, mujeres y niños/as, que han sido víctimas de las políticas antidrogas, especialmente a quienes han sido afectadas gravemente en sus derechos a la alimentación y a la salud, por las fumigaciones indiscriminadas.

Atentamente, Red de iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base Espacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013

PROPUESTAS PSICOTROPICAS PARA UN ESTADO DE POS-CONFLICTO EN COLOMBIA

Desde hace algunos años en Colombia vienen generándose iniciativas colectivas e individuales que reclaman una forma cultural diferente de relacionarse con las plantas prohibidas y una política sobre drogas fundamentada en la evidencia y el respeto al derecho humano, las tradiciones ancestrales, la identidad y personalidad del individuo y el respeto a las diferencias de pensamiento y prácticas. "Cannabitones", fanzines, marchas, foros, muestras artesanales y económicas, bicicletadas cannabicas, disfraces, plantones, talleres pedagógicos sobre drogas y autocultivo, conciertos, entre otras formas de acción sin animo de lucro se han ejecutado durante mas de 8 años por individuos autoconvocados y comprometidos con una lucha psicodelica. El colectivo Sí a la Dosis personal de la Universidad Distrital, el Fanzine caleño Trinchera Ganja, Las Plantas no son como las Pintan, Kolinos en Pie de Lucha de Medellín, Proyecto Legalización Colombia, La Comunidad Cannabica Colombiana, la Asociación de Colinos Uniquindianos, La comunidad Piel verde, entre otros tantos colectivos e iniciativas evidencian que la lucha no es reciente y el interés es social. Movimiento Cannabico Barranquilla, estudio Miguel Ángel Vargas, Colombiannabis, Villa 109 de Fontibón, Alianza por la Calle, Cannalivio, Ojos Rojos Cultivadores del valle del Cauca, Voces Interactivas

Reclamando

TechoTiba, colectivo

Soberanía de

Ambiental

Popayán, Cannabineros Sativos de Cali,

tabanoy.

Movimiento

Procannabico

Radio

Bucaramanga,

Colombia Cultiva, Cultivadores del Oriente Antioqueño, Cultiva tu Mente de Pereira, el colectivo

editorial Tricoma,

Bareta

D.C. publicación cannabica, Comunidad

Cannabica

Colombiana (Tolima, Manizales, Cartagena), Territorio Aika, UPN Pedagogía de las Drogas, Semillero Mambe, Colectivo Alcatraces de Cartagena, Nubes Verdes de Ipiales, Cambio Cannabico y otros tantos proyectos, iniciativas y colectivos que se nos escapan; han surgido, surgen y surgirán de buena manera y medida en Colombia, Latinoamérica y el Mundo. A partir de estas iniciativas nos venimos encontrando en diferentes ciudades y escenarios. El segundo foro Las plantas no son como las pintan de Cali en el 2010, sumado al Primer y Segundo encuentro de Experiencias Colectivas relacionados con drogas alentados

por

Universidades públicas y el Ministerio de Salud y Protección Social y lo mas importante el ENCUENTRO CONSTANTE ENTRE INDIVIDUOS colectivizado en nuestras diferentes formas de

acción ayudan a configurar una plataforma para el encuentro real de voces que plantean objetos, objetivos y estrategias de acción, los cuales son deber del estado escuchar, de la sociedad civil comprender y de los individuos colectivizados debatir y posicionar en el escenario publico colombiano.

¿SOBRE QUE ESTAMOS HABLANDO? Proponemos hablar de Drogas tal cual el sentido común aplica. Específicamente drogas ilegales, ilícitas o prohibidas. Nos distanciamos del concepto de Sustancias Psicoactivas (SPA)

vez que responde a una clase específica de drogas que activan o estimulan el SNC del individuo que las consume, dejando de lado las sustancias psico-desactivadoras o psico-inhibidoras y las sustancias psico-dislepticas. Algunos expertos académicos, administradores y asistentes técnicos hablan de SPA y no de drogas por pretender superar el carácter liminal o negativo del término drogas y proponer neologismos de "vanguardia". En este caso les decimos a expertos, asistentes técnicos y administración pública que si fuera por disminuir la liminalidad, superar estigmas del termino drogas y achapar términos vanguardistas deberían hablar de ENTEOGENOS, neologismo propuesto en 1978 y reconocido por la real academia inglesa de la lengua como termino adecuado para referirse a este tipo de sustancias. Hablamos de un país que no reconoce su historia incorporada. Un país cuya sociedad hipócrita ha buscado durante más de 80 años un chivo expiatorio en las drogas. Chivo expiatorio tras el cual se oculta la desidia, impotencia y corrupción pública. Chivo expiatorio que demuestra como no hemos podido dar soluciones lógicas a problemas ilógicos como lo es el de la guerra contra las drogas. Una sociedad que bajo mentiras, ignorancia y represión estatal ha encontrado en el campesino, el traficante de baja monta y el ingenuo consumidor urbano las expiaciones de culpas por no desarrollar un programa estatal fundamentado en la educación, el trabajo y el bienestar ciudadano. No cabe duda que semejante desconocimiento intencional se sigue prestando a un sin número de atropellos por parte de gran cantidad de uniformados e incluso, autoridades civiles. Y es que en un país como el nuestro donde la pobreza, el saqueo de presupuesto público, la mentira oficial, la masacre y la impunidad se han vuelto tan cotidianos; los poderes descargan ya sea en un parque, un puente o una esquina- su capacidad punitiva contra quienes sólo quieren fumarse un porro, bareto o cacho de marihuana sin meterse con nadie. Porque esos mismos poderes actúan sabiendo que cuentan con la aprobación mojigata de una sociedad inundada de complejos cobardes, desagregados de una concepción hipócrita de la genuina realidad de lo que ocurre en estos tiempos.

OBJETOS Y OBJETIVOS DE ANÁLISIS (LUCHA) Nuestros objetos de lucha van más allá de un tipo específico de droga, no responde a posturas individualistas o paternalistas que centran su atención en el abusador de drogas o como se denomina recientemente "consumidor responsable". Estamos hablando de una experiencia de vida, no de un tipo específico de sustancias o una realidad psicofarmacológica. Nuestros objetos de lucha son las plantas prohibidas y las sustancias derivadas de ellas, el individuo consumidor, usuario, abusador de drogas, así como el individuo NO USUARIO de drogas. Nuestro objeto de lucha son las culturas y las políticas sobre drogas, la generación, construcción, análisis e implementación de las mismas. Operativamente cumplimos con objetivos relacionados con la formación, investigación e intervención de las drogas en contexto. Formamos desde foros, charlas, talleres integrales lúdicos-pedagógicos, medios masivos de información física y virtual (Blogs, Perfiles, carteles,

calcomanías, editoriales, radio comunitaria y páginas en red). Investigamos y contamos con varios individuos que realizan sus trabajos de pregrado y postgrado en relación con el tema de las drogas. Contamos con ponentes nacionales e internacionales, líneas y semilleros de investigación en drogas y ante todo con la cercanía al fenómeno más allá de las técnicas instrumentales de investigación y el "consumo responsable". Por último intervenimos la realidad social desde la paridad y el trabajo de calle directo. Investigamos sustancias, individuos y contextos con total tranquilidad, calidad científica y criterio profesional. Generamos campañas no patrocinadas y autofinanciadas de prevención, reducción de daño y riesgo y superación a partir de buenas prácticas demostrables y fundamentadas en el tratamiento de base comunitaria. Los objetivos del Carnaval Cannabico Colombiano a nivel general es el de celebrar de manera pacifica y colectiva la relación normal que miles de individuos establecemos con las plantas prohibidas y sustancias derivadas. Específicamente se pretende: •S Propiciar una movilización social en torno a la reflexión desde la ciencia y el sentido común sobre plantas prohibidas, sustancias derivadas, sus usuarios, consumidores, amantes defensores y opositores, sus políticas, culturas, economías y un universo de aspectos sociales que conforman la realidad social de las drogas. •S Abrir espacios públicos para la generación y compartimento de la cultura cannabica y el debate y construcción colectiva de políticas publicas sobre plantas prohibidas. •/

Facilitar el encuentro de individuos y colectivos que se relacionan con el Cannabis en un ambiente cultural y político pacífico, incluyente, autorregulado y participativo.

Por último y dando pasos a nuestras propuestas psicotrópicas para una Colombia que viva un estado posterior al conflicto armado, les comunicamos que somos lo anterior y muchos mas.

Somos una nueva legión sociofarmacológica que vive en filia con las sustancias y los estados mentales y sociales a los cuales introducen. Somos Pos-prohibicionistas de las plantas perseguidas y las sustancias derivadas de estos seres vegetales. NO MAS CHIVO(S) EXPIEATORIO(S). REFORMA DE LEY YA, PERO REFORMA REALMENTE INCLUYENTE Y CONSTRUIDA DE FORMA PART1CIPATIVA Y COMUNITARIA. LES TRAEMOS UNAS PROPUESTAS Y TAMBIÉN TENEMOS LA FORMA TÉCNICA DE EJECUTARLAS. SOLICITAMOS LA INCLUSIÓN REAL DE LSO ACTIVISTAS COMO ACTORES REALES, CAPACITADOS Y HÁBILES A LA HORA DE GENERAR CULTURA Y CONSTRUIR POLÍTICA PUBLICA SOBRE DROGAS EN COLOMBIA.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS Las propuestas giran en torno a dos categorías de análisis y varias líneas de acción. Una categoría de análisis tiene que ver con líneas de acción basadas en las Sustancias, los Individuos (consumidores y no consumidores) y los Contextos Sociales. Otra categoría de análisis tiene en cuenta los momentos estructurales de la Producción, Distribución (Tráfico) y Consumo (o no consumo de drogas). >

SUSTANCIAS INDIVIDUO(S) Y CONTEXTOS SOCIALES:

a) SUSTANCIAS. •

Redefinir lo que se concibe como drogas a nivel social. En la mayoría de estatutos, leyes, decretos de ley y reglamentaciones sobre drogas, no se encuentra una definición clara y puntual de lo que se puede entender a ciencia cierta como "drogas" o "droga". Las definiciones encontradas en algunas leyes sobre drogas en Argentina,

Colombia,

Panamá

definen

estas

sustancias

nivel

psicofarmacológico, lo cual genera un concepto limitado de las sustancias, altamente anómico, patológico, estigmatizador y desviado. •

Generar una aproximación PARTICULAR a cada sustancia. CADA DROGA EN SU LUGAR. Redefinir las clasificaciones de las drogas las cuales están subordinadas más a la rústica taxonomía de la lista de drogas peligrosas impuesta por la ONU que a criterios científicos veraces. A este aspecto le podemos sumar la ausencia de una clasificación social de las drogas que vaya más allá de medicinales o "toxicas", ilícitas o licitas, legales o ilegales; que de paso a una clasificación de las drogas como tradicionales, ancestrales, recreativas, sagradas, de divertimento, lúdicas, cosméticas entre otras clases sociales de drogas.

•

Liberar la Cannabis (Marihuana) de las listas de plantas (drogas) perseguidas por las leyes locales y las convenciones internacionales. El prohibicionismo persigue sustancias "peligrosas" según el nivel de adicción que estas generan, incluyendo sustancias como las alucinógenas, las cuales no generan dependencia física ni psicológica por ende no se desarrolla adicción y no deberían ser perseguidas. A la par adjudican estas características de adicción a sustancias como la Cannabis o Marihuana, la cual solo genera leve dependencia psicológica, por ende no hay síndrome de abstinencia marcado y no genera adicción.

•

Reconocer que algunas sustancias (Basuco, Cocaína, Heroína) tal cual se presentan en el mercado negro, son sustancias NO APTAS para el consumo humano, por lo tanto se deben eliminar de la lista de mercancías ilegales. La Prohibición de las drogas, especialmente la persecución a precursores genera la fabricación de sustancias no aptas para el consumo humano. Además, la prohibición de las drogas sumado a la avaricia y sed de lucro de algunos jibaros genera sustancias con cortes altamente perjudiciales para la salud.

•

Reivindicar el origen vegetal, mineral v animal de estas sustancia*;, sus múli-¡nlp<;

ffl

b) INDIVIDUOS

•

Reconocer y garantizar derechos humanos fundamentales como lo es la libertad de elección y acción, la mayoría de edad y el libre desarrollo de la personalidad y la conciencia en materia de drogas (si la relación con drogas no afecta a terceros o deteriora al individuo, el estado y la sociedad no puede intervenir en ámbitos de la intimidad psicofarmacológica).

•

Distinguir los variados efectos que a nivel psicológico y social generan las sustancias en el individuo. Reconocer la naturaleza biológica y cultural del fenómeno y los diferentes estados de conciencia al cual conducen el uso, abuso o consumo de estas sustancias.

•

Intervenir desde el tratamiento de Base Comunitaria los factores estructurales que ponen en riesgo a los Individuos relacionados o no con las drogas. La prohibición de las drogas desconoce la historia incorporada de los individuos como posible factor de riesgo y problemas a la hora de relacionarse con estas sustancias: un individuo traumatizado en su infancia o mayoría de edad, sin núcleo familiar estable, sin oportunidades laborales y educativas, bajos niveles de carácter y criterio, posiblemente desarrolle una relación problemática con drogas legales o ilegales.

•

Reconocer los diferentes niveles de uso, consumo y abuso que el individuo tiene con las drogas. De igual manera reconocer, aceptar y normalizar los diferentes sentidos y funciones que pueda tener el uso, consumo, o abuso de drogas para el individuo. NORMALIZAR los usos tradicionales de plantas ancestrales y los usos culturales de carácter lúdico recreativo.

•

Aplicar sobre el individuo, comunidades y actores sociales relacionados con drogas medidas de derecho penal mínimo. Esta medida facilita la descongestión carcelaria, disminuye la corrupción policial y reduce costos de políticas en materia de guerra contra las drogas, salud y protección social.

CONTEXTOS SOCIALES •

Derrocar la cultura farmacopuritana fundamentada en el tabú y el miedo a lo desconocido la cual ha generado una expresión unidimensional y aseada que impone conductas adecuadas y pautadas al orden y juicio en la población mundial, contradiciendo la diversidad y la diferencia humana y cultural que subyace entre individuos, sociedades y comunidades.

•

Reconocer los usos tradicionales que han tenido, pueden tener y tienen algunas de estas sustancias en contextos chamanicos, al interior de la contracultura o subculturas occidentales y al interior de la cultura occidental dominante. (Poner fin a la guerra contra la Hoja de coca, el Yaje del taita o chamanes, la marihuana o los hongos de multitudes de individuos occidentales, la posibilidad de desarrollo industrial, económico inclusive espiritual).

•

Generar cuanto antes estrategias pedagógicas integrales sobre el tema de las

doctorados sobre el tema brillan por su ausencia. Educar, informar, dialogar, aprehender con los jóvenes, maestros, padres de familia, usuarios o no usuarios, trabajadores y agentes preventivos sobre el tema de las drogas, es mas que una necesidad social, debe ser el compromiso de un Estado en fase de pos conflicto. Generar un sistema abierto de contrataciones estatales y distritales para suplir cargos que tengan que ver con el tema de las drogas. Muchos asesores técnicos del gobierno local y nacional no poseen un nivel científico adecuado sobre el tema. Muchos cargos administrativos responden a cuotas políticas o familiares, más que experticia en el tema. Generar cuanto antes líneas de investigación las cuales no restrinjan el uso de estas sustancias al campo médico. Facilitar protocolos de investigación de avanzada sobre estas sustancias. Alentar una ciencia de las drogas desde la etnometodología y el carácter propio del fenómeno drogas al interior de la sociedad colombiana. Dejar de importar políticas y programas socio-sanitarios de países consumidores a Colombia. Se debe construir estrategias políticas y culturales de intervención en materia de drogas desde los colombianos para los colombianos en sintonía con la tendencia mundial de cambio de enfoque en materia de políticas y culturas de las drogas y acorde a las características particulares que adquiere el fenómeno drogas en un país como Colombia. (Reducir daño no solo del consumo, también de la producción y comercialización, inclusive reducir los daños de la guerra contra las -drogas.-Redueir--daño-y--Fíesgo-eí^fa. "Zona.Rosa'', pexo^lamMén^ejiJa "Zona Roia". Reducir los riesgos no solo de sobredosis o "mal viaje"; también los riesgos relaciónales, causales, motivacionales y culturales que generan las políticas de guerra contra las drogas y el estado de ignorancia y desconocimiento que prevalece sobre el mismo). Construir políticas sobre drogas desde la base social teniendo en cuenta que es el campesino, el jibaro, el activista y el usuario de drogas actores protagónicos en esta construcción. Aplicar de manera sincronizada y cronológica estilos alternativos de intervención como lo es la reducción del daño y riesgo así como el tratamiento de base comunitaria y los modelos de inclusión social implícitos en éste. Los estilos políticos de reducción de daños, mitigación y prevención se aplican de manera dispareja y anacrónica en países desarrollados y subdesarrollados. La reducción de daños por ejemplo se aplica desde hace tres décadas en países como Inglaterra, Suecia o España. En países de América latina como Uruguay, Brasil y Argentina sólo adoptan este modelo de intervención la pasada década. Exigir un abordaje integral por parte del estado al fenómeno drogas en el cual ministerios de educación, cultura, agricultura, salud y protección social estén articulados entre sí, a la vez que individuos usuarios o no usuarios, sociedad civil y activistas sean reconocidos e incluidos en este abordaje. •

Generar un sistema de evaluación, veeduría y auditoria pública sobre los individuos, organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales que realizan intervención en materia de drogas. Se evidencia un monopolio

corporativo de la intervención en materia de drogas sumado a corrupción de asesores públicos y paquidermia estatal.

PRODUCCIÓN, TRAFICO (COMERCIALIZACIÓN) Y CONSUMO DE DROGAS.

Sobre esta categoría de análisis proponemos en un principio la derogación total o mínimamente parcial de la ley 30 de 1986 o estatuto nacional de estupefacientes por ser una ley dispersa, poco científica, ambigua...). Proponemos la construcción abierta, participativa e incluyente de una nueva ley que reglamente los fenómenos sociales y biológicos asociados a estas sustancias. La Política pública debe tener en cuenta que los campesinos, traficantes, jibaros, activistas, consumidores y no consumidores son todos actores necesarios y protagónicos en la construcción, ejecución e implementación de estas políticas. Consideramos que no hay vacíos en la ley, sino excesos. No consideramos viable un cambio en la situación global de las drogas con pequeños cambios legales a nivel local. El problema fundamental es que la ley pretende un alcance excesivo. Con la prohibición, con el control policial-militar al narcotráfico; se facilita la reproducción de este mercado. La razón es que el riesgo eleva las tasas de ganancia. Además, actualmente esto obstaculiza las iniciativas que pretenden experimentar con esquemas alternativos de producción y distribución. Se trata, por tanto, no de legislar, sino de desregular. Pero esto es algo en que difícilmente el Estado colombiano tiene la audacia para tomar las decisiones necesarias autónomamente, como promover un cambio regional y radical en las políticas de drogas. Hay una historia de docilidad a las políticas norteamericanas y a la presión de la comunidad 'internacional' que los precede.

PRODUCCIÓN PROPUESTAS ALTERNATIVAS A LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE DROGAS ILÍCITAS: Suspender la erradicación forzosa de cultivos ilícitos, así como las fumigaciones aéreas con Glifosato. Evaluar y redefinir la estrategia de sustitución de cultivos ilícitos que tienda a la diversificación. Generar protocolos estándar que faciliten la fabricación de drogas naturales, tradicionales, artesanales y sintéticas con fines medicinales, lúdicos, recreativos, religiosos, cosméticos entre otros fines como textil, industrial, alimenticio.

PROPUESTAS ALTERNATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE DROGAS: Garantizar el respeto a las semillas de plantas prohibidas nativas como la Coca y foráneas pero tradicionales a nivel cultural hace más de 80 años como la Cannabis.

• Diversificar la producción de plantas prohibidas (Coca, Amapola y Cannabis) para usos médicos, industriales, culturales, recreativos, cosméticos y alimenticios entre otros. • Auto-regulación de la producción, (comercialización y consumo) de drogas basada en "buenas practicas" voluntarias, derivadas del consenso comunitario y acorde al modelo de diferenciación de mercados. • Normalizar la producción asociativa de drogas ilícitas aptas para el consumo humano. Este aspecto se propone basado en asociaciones auto-reguladas por campesinos, acorde a un modelo des-comercializado (no propagandas, no promoción o incentivo del consumo) y sin ánimo de lucro. Este modelo se edifica a partir de pactos en red derivados de buenas prácticas voluntarias entre campesinos, distribuidores y usuarios y consumidores de plantas prohibidas, en especial el Cannabis.

b) COMRECIALIZACION - DISTRIBUCIÓN • Normalizar la distribución de drogas desde asociaciones auto-reguladas por campesinos, distribuidores y consumidores de drogas acorde a un circuito cerrado de distribución de carácter des-comercializado. • Impulsar iniciativas empresariales relacionadas con la comercialización de productos alternativos derivados de plantas prohibidas o sustancias derivadas. Apoyo a la industria textil, arquitectónica, cosmética y alimenticia que puede generarse desde una producción alternativa, comercialización equitativa y coordinada con el estado nación y los actores relacionados con las drogas. • Garantizar y hacer valer una remuneración justa, estable, equitativa y suficiente para las personas que estén inmersas en las redes de producción, distribución y consumo de drogas. • Incluir al jibaro, campesino y usuario en la construcción, administración e ¡mplementación del modelo de producción, comercialización y consumo de drogas en contextos sociales.

CONSUMO • Normalizar y facilitar la generación de asociaciones de consumidores de plantas prohibidas derivadas de una producción planificada y sin ánimo de lucro, que obedezca a un circuito cerrado de distribución. (Asociaciones de auto-cultivadores y clubes de consumo auto-regulado y no problemático). • Reglamentar la apertura de dispensarios donde los individuos puedan acceder a las plantas prohibidas y sustancias permitidas sin los riesgos que generan entrar a la Olla. Esta red de dispensarios derivaría del reconocimiento, inclusión y normalización de las redes actuales de distribución (Ollas).

• Replantear el tratamiento sociojurídico para el porte y uso de drogas basado en PENAS ADMINISTRATIVAS (multas) y no medidas PENALES (encierro). NO SOMOS FALSOS POSITIVOS, SOMOS MARIHUANEROS VERDADEROS. NO MAS UPJ PARA LOS KOLINOS. • Aplicar sanciones penales si el consumo de drogas o plantas prohibidas es un factor agravante para cometer un delito de violencia o sangre. • Desarrollar modelos pedagógicos sobre drogas para ususarios, consumidores, abusadores y también NO CONSUMIDORES (especialmente policías y fiscales), que enseñen y faciliten aprender los límites de la ley en relación con el individuo portador, usuario y no usuario de drogas. • Despatologizar el individuo que se relaciona con drogas en especial la Cannabis en la medida que no se es ni enfermo ni delincuente. • Liberar Zonas Urbanas de consumo no problemático de Mariahuana como proyecto piloto y cuna de desarrollo humano etnofarmacologico.

Estas propuestas nacen de la interacción y debate interno de colectivos de base social que hace años actuamos, nos encontramos y proponemos ser parte de la solución lógica a un problema ilógico como lo es la guerra contra las drogas. Nuestra faceta de acción radica en el Modelo Postprohibicionista de las Drogas, el cual supone la superación del mayor problema relacionado con las drogas, La Prohibición de las mismas. Esta propuesta se fundamenta en la ciencia y es acorde a parámetros políticos de respeto al derecho humano y consolidación de un estado nación moderno. Sugerimos tener un tratamiento basado en la Inclusión Social a la hora de construir, administrar e implementar este modelo político público sobre drogas. A la vez exigimos la apertura de escenarios y espacios de debate público donde el consumidor, campesino, jibaro y activista tenga un papel protagónico a la hora de construir y definir el rumbo de la política y cultura sobre drogas en Colombia.

Para asuntos de notificación o cualquier duda al respeto comunicarse a marchammm@hotmail.com carnavalcannabicocolombiano@hotmail.com o a los celulares 315 528 68 74 con David Ponce o 321 748 70 60 con Lukas Passos COLECTIVOS SOLODARIZADOS: SI A LA DOSIS PERSONAL. COMUNIDAD CANNABICA COLOMBIANA LAS PLANTAS NO SON COMO LAS PINTAN LABORATORIO NUEVA BARTOLA ESTUDIO MIGUEL ÁNGEL VARGAS FONTIBON VILLA 109

La Comunidad Cannabica Colombiana, propone al estado Colombiano.

Normalización de la Planta de Cannabis. que como fruto de la tierra, debe ser libre.

Visibilizar la CULTURA CANNABICA y mostrar que los Usuarios de Cannabis NO son NI Enfermos (a menos que el cannabis sea su medicina). NI Delincuentes, sino seres humanos que eligen un gusto y que eso no los hace mejores, ni peores sino seres humanos que eligen, desde el derecho y la autonomía sobre el propio cuerpo. - Mostrar el arte, la educación, la paz, el civismo, la buena energía, el respeto, la diversidad. la camaradería y toda la cultura que tienen los usuarios de cannabis.

Informar a los Usuarios y No-Usuarios sobre la realidad del Cannabis, sus derivados y usos que van desde lo Medicinal, lo Industrial, Lo Medio Ambiental. Hasta lo Espiritual y "Re-Creativo", ya que creemos que la educación es la heiramienta necesaria para el cambio de paradigmas, de culturas y políticas relacionadas con esta planta, desde la información científica, social y ética.

E^xigir el cese total de la discriminación y violencia de todo tipo contra los Usuarios de Cannabis. respetando los Derechos Humanos; golpizas, robos, internados obligatorios, despidos laborales y desescolarización, sólo aumentan los problemas relacionados con la prohibición y atentan contra los derechos humanos (libre desarrollo de la personalidad, libertad de culto y cultura, libertad de expresión, libertad de asociación y manifestación... derecho a la educación en personas desescolarizadas por utilizar el cannabis, derecho al trabajo de quien cultiva o ve en los usos industriales una alternativa de producción, y de quien es expulsado de su trabajo o no es contratado tras una prueba de cannabis. cuando él puede consumir en su tiempo libre y eso no implica estar bajo efecto mientras se trabaja).

En el marco político pedir la inclusión tanto con VOZ, como con VOTO de los Usuarios de Cannabis en las mesas de trabajo que el gobierno nacional en este momento tiene sobre el NUEVO ESTATUÓ ANTIDROGAS que se piensa presentar al congreso, como directos afectados de estas decisiones, además en la ejecución de proyectos relacionados con drogas y usuarios. (Libertad para los Usuarios y Ley de atención pública, universal y gratuita para los problemas asociados al uso de drogas (que no son todos, ni la mayoría).)

Legalización de los Usos Industriales y Medicinales de la Planta de Cannabis, para así permitir la investigación y utilización de esta planta en estos campos y mejorar la relación del mundo con el reino vegetal.

Despenalización no sólo del porte (porque igual no lo quitan los Policías), sino del uso y la adquisición del Cannabis para uso "Re-creativo", ya sea bajo la forma del AUTOCULT1VO,

HUERTAS COMUNITARIAS Y CULTIVOS ASOCTEDOS, además pensando en los CAMPESINOS que ya cultivan la planta, priorizar su trabajo y buscar enlaces desde Cannabis Clubs, CoffeShops -Bares de Cannabis- y Dispensarios de Cannabis (teniendo en cuenta la evaluación de estos modelos y la mirada desde lo endémico para que funcionen en nuestro país con sus particularidades). 8-

Apoyo y fomento de la Investigación seria, sobre la Planta de Cannabis, sus derivados y usos, no sólo haciendo hincapié en su uso Recreativo, sino abarcando todo el abanico de posibilidades que ofrece esta planta.

9-)

Protección de las Semillas de Cannabis Nativas de Colombia, prohibiendo su privatización o destrucción.

lO'-y Reconocimiento y apoyo estatal a los, colectivos, grupos, asociaciones y acciones por los derechos de usuarios y cultivadores de cannabis. 11- Proponemos NO sólo la sustitución de cultivos y erradicación forzosa (manual y con aspersión) corno única alternativa para los campesinos que tenían cultivos ilícitos - teniendo en cuenta que los que quieran sustituir lo pueden hacer y el gobierno les tiene que ayudar - sino la '"sustitución de uso o fin", que implica darle otro uso, ya sea industrial, medicinal, científico, etc. A todas las hectáreas de Cannabis ya Cultivadas en Colombia (la erradicación por aspersión - con glifosato - ha mostrado ser peor que la misma planta, destruyendo otros cultivos, la tierra misma e intoxicando a los habitantes de las tierras, animales vegetales y humanos. Y la erradicación Manual, es poner a militares del estado a destruir el trabajo de un campesino que ya dedico tiempo, dinero y esfuerzo en cultivar las plantas, simplemente para destruir, pudiendo estar realizando otras funciones para beneficio del país) es aprovechar la riqueza natural de Colombia, en este sentido la posibilidad de tener grandes cultivos de cannabis y darles un mejor uso.

PD: Recordamos que el AUTOCULTIVO es un paso necesario, pero no es la solución, no todo el mundo puede cultivar, los que piensan que esa es la solución, espero que también tengan cultivos de papa, yuca, arroz, maíz, tomate, cebolla, etc. en su casa, es algo hipócrita exigirle a un usuarios de Cannabis que cultive, cuando el resto de cosas las compramos algunos en la "plaza de Mercado". muchos en el "Éxito" - una multinacional -, no todo el mundo tienen el tiempo, el conocimiento, la paciencia y hasta el gusto por cultivar y si no hay una forma de adquisición legal, pues los volveremos a arrojar al mercado ilegal. Desconocer la posibilidad que otro realice esta labor es negar miles de años de evolución de la humanidad como sociedad, donde se reparten las tareas dependiendo de las capacidades y posibilidades de cada sujeto. Pensamos que cómo con otras "drogas" legales, se debería tener múltiples formas de adquisición... 0) AUTOCULTIVO, porque quien quiere y puede ser independiente debe tener derecho a serlo (sin

tener que registrarse y sin hablar de cantidades absurdas que llevan al usuarios a cometer delitos simplemente por pasarse de una cantidad de plantas, que lo pueda compartir, ya si quiere vender pues tiene que seguir otros parámetros legales, pero que se pueda cultivar libremente) 1) Dispensarios de Cannabis (las fermacias) PARA LOS USUARIOS MEDICINALES ya que ellos si van a comprar medicina, no una sustancias recreativa, ojalá que el que la venda no sea un simple "empleado" que no sabe nada sobre el cannabis. sino una persona que pueda dar un buen asesoramiento sobre las mejores genéticas para las dolencias específicas de! paciente, que no sólo venda plantas, sino que sepa de ellas. (2)/2annabis Club (huertas comunitarias y cultivos asociados) para los Usuarios que siendo amigos, siendo del parche, del combo, se quiere reunir a cultivar y compartir información sobre la planta SIN ANIMO DE LUCRO, donde por el costo de ia membrecía se cultiva y da el Cannabis a sus miembros, teniendo en cuenta que cada quien cumple su función en la organización, el que tiene el espacio, los que cuidan las plantas, los que organizan los foros y talleres, etc. (una pequeña comunidad organizada en pro del cannabis y las libertades) 3) Coffee Shops - "Tiendas de Café" (yo los llamaría Bar de Cannabis, porque llamar a las cosas por otro nombre como para bajar el impacto de lo que son, las cosas como son y en Colombia se habla Español y estos lugares no son tiendas de café, son Bares de Cannabis) dónde las personas que no quieren cultivar, pero que a veces quieren ir a un sitio a compartir un buen porro con sus amigos (como algunos en la actualidad van a compartir cerveza, aguardiente o cualquier alcohol) puedan ir, comprar y consumir sin problema, sin tenerse que vincular al "bar" sin tener que pagar membrecía o algo por el estilo, sólo ir comprar y disfrutar (sitios donde de entrada se informa que son sitios para fumar marihuana, entonces si no le gusta el olor y sale a decir "me voy a trabar a lo pajarito" entonces no valla, así de simple, corno todos tienen espacios para hacer lo que les gusta, pues los Cannabicos también queremos espacios y por qué no un lugar donde podamos compartir algo de cannabis, buena comida, buena música y mucha vibra. Además debemos tener en cuenta que en cualquiera de estas formas de adquisición se restringiría para Mayores de Edad (lo que ayudaría a la prevención de consumos tempranos) Proponemos que en la PRODUCCIÓN, el Campesino y el Indígena sean los primeros a tener en cuenta ya que son los que han dado mayor sangre a esta guerra y ya tienen las tierras (es cuestión de mejorar las prácticas de cultivo y cosecha, que ahora son pésimas por la ilegalidad) que lo puedan cultivar y VENDER, como cualquier otro producto natural que ellos siembren, ya sea a un particular o a cualquiera de las 3 formas de adquisición que anteriormente mencioné. De igual manera pensando en las personas que Cultivan y por ende no los dejarán entrar a fumar a un Cannabis Club o un Bar Cannabico, ya que como sucede en la actualidad, tú no puedes llevar tu propio licor a un bar si pagar el lamoso "descorche", son necesarios espacios de esparcimiento y tolerancia entre la sociedad civil no-usuarios y los usuarios, por ende hablamos de las "ZONAS DE TOLERANCIA", lugares abiertos donde las personas se pueden encontrar a hacer un Picnick, cantar, reír, soñar y por qué no compartir un buen PORRO, sin dañar a terceros. COLOMBIA NO NECESITA CUIDADOS PALIATIVOS. O FALSAS SOLUCIONES A UN PROBLEMA TAN IMPORTANTE COMO ESTE, NO NECESITAMOS PAÑITOS DE AGUA

TIBIA - O ACETAMINOFEN - PARA UN PROBLEMA QUE LLEVA AÑOS DESANGRANDO EL PAÍS, NECESITAMOS SOLUCIONES CONTUNDENTES Y QUE BENEFICIEN A TODA LA POBLACIÓN... TENEMOS QUE TENER EN CUENTA QUE COLOMBIA ES RICA EN RECURSOS HUMANOS Y NATURALEZ, QUE ES UN PAÍS PRODUCTOR Y NO PODEMOS DESAPROVECHAR ESO POR EL MIEDO INFUNDADO DE ALGUNOS POR ESTA HERMOSA PLANTA (Colombia Planta millones de Plantas de Cannabis, todo el año a toda hora, posibilidad que no tienen otros países, esto podría en vez de generar un problema de narcotráfico, ser una bendición para toda la Humanidad, si Colombia se dedica más a INVESTIGAR SERIAMENTE EL CANNABIS, podríamos ser LÍDERES MUNDIALES en CANNABIS INDUSTRIAL Y MEDICINAL, de estas tierras podrían salir millones de dosis para curar el Cáncer, el Sida, la Esclerosis Múltiple, etc. podrían salir millones de litros de BioCombustible. material de construcción, cosméticos, etc. es dejar el miedo, no es creer que nos dejen tener unas plantas en la casa y fumar escondidos - porque si no es en un lugar privado es ilegal - esa no es la solución para nada, eso es simple EGOÍSMO E IGNORANCIA, necesitamos una solución integral, completa y que realmente BENEFICIE AL MUNDO, hay que dejar de pensar en PEQUEÑO, EN MICRO Y HAY QUE PENSAR EN GRANDE...!!! LIBERTAD PARA EL CANNABIS Y SUS USUARIOS!!!

ARTE. CULTURA, RESPETO. TOLERANCIA, CIVISMO, INCLUSIÓN, AMOR. PAZ ALEGRÍA... EN FIN VIDA Y MARIHUANA!!! DULCES, ALEGRES FELICES Y BUENOS HUMOS PARA TODOS Y TODAS!!! #LegaHceiaUstedMismo PARA MAYOR INFORMACIÓN Y ASUNTOS DE NOTIFICACIÓN A: marchammm^hotmai 1 .com o llamar al 315 528 68 74 David Ponce

DAVID PONCE PATINO (DON MARCHA) PSICÓLOGO CC 1.128.407736 de Medellín MIEMBROS DE COLOMBIANA

JUNTA

ESCRIBIR

OLMES DE JESÚS ORTIZ GIL

CC 48.533.166 de Itagüi DIRECTIVA

COMUNIDAD

CANNABICA

PERSPECTIVAS Na 2/2013

FES V SEGURIDAD

De la represión a la regulación: Una propuesta latinoamericana

para la

reforma de las políticas de drogas José Carlos Campero, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara MAYO 2013

La guerra contra las drogas ha fracasado. Urge encontrar nuevas maneras de abordar los problemas creados por el narcotráfico, pero también los ocasionados por las políticas prohibicionistas y el régimen internacional con los que hace décadas se busca combatirlo. La regulación de toda la cadena de valor (producción, comercialización y consumo), diferenciada por tipo de droga y basada en evidencia científica, ayudaría a reducir los daños a consumidores y terceros, además de quitar a las bandas del crimen organizado y otros actores ilegales gran parte de la rentabilidad que arroja el negocio. Es posible lidiar con la complejidad inherente a estas regulaciones si existe un claro compromiso por parte de la comunidad internacional, en particular los países que, como Alemania, cuentan con políticas de desarrollo que involucran a los países de producción y de tránsito. Estas políticas pueden reajustarse para contribuir a la implementación y puesta en vigor de las regulaciones que se proponen aquí.

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EBERT STIFTUNG

^^^ José Carlos Campero, Ricardo Vargas. Eduardo Vergara

Hay un creciente consenso internacional en torno a la idea de que la guerra contra las drogas, con sus modelos prohibicionistas, ha fracasado en el logro de sus objetivos. La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia1 -encabezada por tres ex presidentes latinoamericanos - y la Comisión Global sobre Drogas y Democracia 2 han puesto de relieve públicamente la necesidad de reformular la política internacional de estupefacientes. Incluyen entre sus recomendaciones la descriminalización del uso personal de drogas ilegales y el tratamiento de las adicciones como un asunto de salud pública. De acuerdo con ambas comisiones, es preciso revisar el régimen internacional de control de drogas y las políticas represivas contra el tráfico de drogas a fin de reducir el daño causado tanto por la producción, el tráfico y el consumo, como por las propias políticas antidrogas.

En los informes de ambas comisiones se percibe un tono de urgencia en relación con el hecho de que el régimen internacional de control de drogas, suscrito por la mayoría de los países - incluidos Alemania y los restantes miembros de la Unión Europea (UE) -, ha promovido niveles dramáticos de violencia y lucro en vinculados con el crimen organizado transnacional. En México fueron asesinadas aproximadamente 60.000 personas solo durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012); según estima la O N U D D , el crimen organizado transnacional generó 870.000 millones de dólares - 1,5 del PBI mundial - solamente en 2009. El negocio se mantiene en marcha gracias a la constante demanda de drogas en los países tradicionalmente consumidores, como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y otros, en tanto que su ilegalidad genera incentivos perversos para los grupos criminales, dadas las ganancias que se esperan.

A veces el argumento que aboga por modificar las políticas de drogas no parece demasiado relevante o urgente en Europa, a pesar de sus obvias implicaciones para la política de salud. Sin embargo, el lavado de dinero también se canaliza a través del sistema financiero europeo, dada la flexibilidad que este ofrece a los movimientos de capital y a las transacciones transnacionales. Además, desde una perspectiva diferente, los países europeos, incluida Alemania, deberían advertir que sus políticas de relaciones exteriores, seguridad y desarrollo son obstaculizadas y socavadas por los carteles de la droga y otros grupos criminales que, mediante la violencia, la intimidación y

1 Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, 2009. "Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma", en www.drogasedemocracia.org. 2 Comisión Global sobre Drogas y Democracia. Informes de 2011 y 2012. http://www.globalcommissionondrugs.org/.

DE LA REPRESIóN A LA REGULACIóN

la corrupción, debilitan la gobernabilidad y las instituciones democráticas de los países en desarrollo. Las propuestas enunciadas aquí 3 no solo abordan reformas en lo concerniente al consumo de drogas hoy ilícitas, sino que también instan a pasar de la represión a la regulación de toda la cadena de valor con el fin de lograr los siguientes objetivos: •

reducir los daños a los consumidores;

•

reducir los daños a los no consumidores;

•

minimizar los daños que las políticas antidrogas infligen tanto a los consumidores como a terceros;

•

minimizar los recursos e ingresos vinculados a las drogas que van a parar a manos del crimen organizado y otros actores ilegales;

•

maximizar la porción de ingresos vinculados a las drogas que pueden obtener el Estado y otros actores legales (observando los primeros cuatro objetivos), con el propósito de financiar políticas públicas de salud y combatir el crimen organizado,

Para lograr estos objetivos es preciso que las políticas de control de drogas den cuenta de las diferencias entre las drogas y sus derivados. Cada droga tiene características particulares en lo que concierne a los riesgos de salud asociados al consumo y la probabilidad de adicción, así como a los costos sociales y económicos que conllevan el consumo, la adicción y el tratamiento. Las políticas de estupefacientes deben elaborarse teniendo en cuenta que gran parte de los consumidores, en muchos casos la inmensa mayoría, no son problemáticos desde el punto de vista social o delictivo, en tanto que el consumo suele estar muy concentrado en un pequeño porcentaje de usuarios frecuentes y adictos. América Latina ha cargado una parte desproporcionada del peso de las políticas antidrogas, tanto pasadas como actuales. Aunque en gran medida iniciadas y financiadas por los principales países consumidores, esras políticas se han focalizado en la represión de la producción y el tráfico, imponiendo gran parte de la carga sobre los productores inmediatos - campesinos que suelen vivir en

3 Estas propuestas se desarrollan con más detalle en "De la represión a la regulación: propuestas para reformar las políticas contra las drogas". 2013. Bogotá: Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la Fes.

DE LA REPRESIóN A LA REGULACIóN

José Carlos Campero, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara

condiciones de pobreza y son vulnerables a las presiones del crimen organizado - así como sobre las sociedades de los países productores y de tránsito. Aunque estas políticas han obtenido algunos resultados en lo que respecta a la destrucción de organizaciones criminales, en general no han logrado secar los mercados de drogas ilegales. Por el contrario, si bien se produjeron algunos cambios en la composición de los mercados de estupefacientes - el consumo de drogas vegetales se estancó o incluso se redujo en cierta medida en los últimos tiempos, en tanto que el de drogas sintéticas está en alza -, la demanda general de drogas continúa incrementándose, con mercados crecientes en los países en desarrollo y de tránsito. Con alguna variación, la futura demanda general de estupefacientes a nivel global será a proporcional al PBI per cápita, en tanto que las políticas represivas resultarán cada vez más costosas en materia fiscal, social y política, pero decrecerá su rendimiento en lo concerniente a la reducción del consumo y el combate del crimen organizado. En lo que se refiere a la producción y el tráfico, se observan desplazamientos temporales de zonas de producción, lugares de procesamiento y ruras de tráfico a raíz de las medidas represivas, pero la producción general permanece en gran parte inalterada. Las propuestas enunciadas a continuación presentan una perspectiva latinoamericana sobre la reforma a las políticas de control de drogas, tomando en cuenta - a diferencia de otros debates y propuestas actuales - la cadena de valor en su conjunto, incluyendo la producción y el tráfico, en lugar de centrarse exclusivamente en el consumo final. Desde una perspectiva latinoamericana - y también desde la perspectiva de otras regiones y naciones de producción y de tránsito, como Afganistán y los países de África occidental -, es preciso que las políticas de control de drogas modifiquen la balanza de recursos entre el crimen organizado y otros actores ilegales por un lado, y los actores estatales legítimos por el otro, con miras a debilitar los primeros - su poder para intimidar y corromper - al tiempo que brindan al Estado la posibilidad de fortalecer sus instituciones y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

Cabe reiterar que no nos proponemos abogar por la legalización de las drogas, sino argumentar en favor de la necesidad de regular el negocio de los estupefacientes. El statu quo de la prohibición y la ilegalidad tiene la consecuencia perversa de crear mercados negros completamente exentos de regulación y no ayuda al Estado a combatir el crimen organizado. En tal sentido, estas propuestas son pragmáticas: apuntan a reducir los daños asociados

hoy a las drogas (el consumo y el contacto con los mercados ilegales) y a quitar a los grupos criminales parte de las rentas que han estado disfrutando gracias al negocio de las drogas.

El cannabis y sus derivados En líneas generales, los daños para la salud y los riesgos de adicción que ocasionan el cannabis y sus derivados no son peores que los vinculados al tabaco y el alcohol. En consecuencia, consideramos que la regulación del cannabis debe seguir las mejores prácticas aprendidas de la del tabaco y el alcohol: de acuerdo con nuestra propuesta, los productos del cannabis deben estar disponibles legalmente, sujetos a control de calidad en la producción y el punto de venta. El consumo debe estar gravado para maximizar el ingreso fiscal que arroje el correspondiente mercado, en tanto que se debe prohibir la acción de fumar cannabis en lugares públicos. La autoproducción y el autoconsumo deben permitirse dentro ciertos parámetros. Es preciso exigir a los productores comerciales que se registren, no solo a los fines del control de calidad sino también para evitar el desvío de la producción hacia usos ilegales y para que puedan comprobar la legitimidad de su producción frente a los organismos de seguridad del Estado. El régimen de control del cannabis debe permitir que cada país elija sus propias políticas con respecto al tema, con la salvedad de que la producción debe estar registrada de modo tal que el flujo comercial internacional de productos basados en cannabis pueda ser sometido a monitoreo y control, a fin de evitar el desvío de la producción hacia los mercados ilegales y su entrada en los países con regímenes de prohibición. Las políticas propuestas destruirían la mayor parte de los mercados de cannabis en los países que las adoptaran, con lo cual se reducirían de forma significativa los ingresos del crimen organizado y otros actores ilegales. En la medida en que las ventas de cannabis son un punto de entrada de los consumidores a drogas más duras, la creación de puntos legales de venta para el cannabis mantendrá alejados de los mercados ilegales y de los grupos criminales a los consumidores de esta droga en particular.

Hoja de coca, cocaína y derivados Las evidencias actuales acerca de los daños ocasionados por la cocaína no son concluyentes, porque la mayoría de los estudios se refiere a los consumidores de crack y derivados similares del procesamiento de la cocaína - que son sumamente perjudiciales y adictivos - o bien reportan daños atribuibles a las sustancias usadas para diluir

José Carlos Campero, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara

la cocaína antes de su venta minorista. No obstante, la gran mayoría de los usuarios de cocaína de calidad no son usuarios problemáticos. Ello implica que existe la necesidad de investigar los efectos precisos que la cocaína y orros derivados de la coca ocasionan en la salud. Ahora bien, dada la evidencia disponible, proponemos que las políticas de control de drogas y el régimen internacional de estupefacientes diferencien entre la hoja de coca, la cocaína y los derivados como el crack y el "paco" o "bazuco". Estos últimos deben permanecer bajo prohibición, aunque sin criminalizar su consumo.

Con respecto a la producción, el comercio y el consumo de la hoja de coca para lo que se denominan usos "tradicionales" -mascado, tés y otros usos de la hoja de coca que no implican procesos químicos con el objeto de extracción y procesamiento de alcaloides -, no vemos razones de prohibición y proponemos que cada Estado sea libre de elegir la política que prefiera. Bolivia ofrece un buen ejemplo de política para la hoja de coca. No obstante, puesto que la hoja de coca es la materia prima para la cocaína, proponemos que los productores de hoja de coca se registren y se regule la producción de este cultivo. También proponemos terminar con los programas de erradicación basados en la fumigación y vincular los programas de erradicación a estrategias eficaces para la generación de ingresos alternativos.

Para la cocaína proponemos una cadena de valor regulada con productores, comercializadores/distribuidores/ vendedores y consumidores registrados, así como el mantenimiento de los precios vigentes para el consumidor final mediante el sistema tributario, al menos hasta que la investigación haya echado alguna luz sobre los daños y las cuestiones de calidad referentes a la cocaína. A nuestro criterio, las ventas finales y el registro de consumidores deben quedar a cargo de las farmacias que ya cuentan con la infraestructura necesaria. El control de calidad debe asegurar que se minimicen los daños a los usuarios. Puesto que la inmensa mayoría de los consumidores de cocaína de calidad, como ya se ha señalado, no son usuarios problemáticos, la cadena de valor regulada y registrada sirve para reducir los ingresos ilegales e incrementar los ingresos públicos generados por la cadena de valor de la cocaína, con el fin de generar recursos para la salud pública, los tratamientos pertinentes y la investigación. También proponemos que los usuarios problemáticos tengan la posibilidad de inscribirse en programas de seguimiento similares a los que ya existen para los adictos a la heroína. El volumen combinado del consumo por parte de usuarios registrados, tanto adictos como no problemáticos, captaría más de la mitad del mercado que actualmente abastecen las organizaciones criminales, es de-

DE LA REPRESIóN A LA REGULACIóN

cir, reduciría los ingresos del crimen organizado en unos 40.000 millones de dólares anuales. Puesto que es posible abastecer el consumo registrado mediante el comercio directo entre países productores y consumidores, también se reduciría la presión que sufren las ya debilitadas instituciones de los países de tránsito, como el triángulo norte de América Central y los países de África occidental.

Heroína En el caso de la heroína, consideramos que debe mantenerse la prohibición. Los daños que esta droga inflige a la salud de los usuarios, los altos índices de adicción y los consecuentes perjuicios para terceros están comprobados fuera de cualquier duda. No obstante, proponemos una expansión de los programas de seguimiento para todos los usuarios que deseen registrarse en programas de ese tipo adhiriendo a su condicionalidad, incluidos el traramiento médico y el consumo de la droga en condiciones higiénicas y controladas, entre las que se cuenta el uso de agujas limpias para frenar la propagación de V I H y otras enfermedades de transmisión sanguínea. En la medida de lo posible, los participantes en esos programas deben pagar los precios corrientes en la calle por sus dosis de heroína. Dada la concentración del consumo entre los adictos en el caso de la heroína, los programas de seguimiento con buenos resultados deberían poder captar una porción significativa del mercado previamente ilegal a la vez que mejoran la salud de los adictos y reducen los daños a terceros, en particular las familias de los pacientes. También recomendamos programas que fomenten la producción de amapola para fines médicos, tanto con miras a expandir el acceso a medicamentos opioides y opiáceos en los países en desarrollo como para incluir a los campesinos y agricultores de Afganistán en el abastecimiento a la producción médica de estas sustancias.

Cuestiones de implementación No cabe duda de que implementar las regulaciones y los controles propuestos aquí es una tarea compleja, particularmente en contextos donde la gobernabilidad y las instituciones democráticas son débiles o han estado históricamente ausentes. Para garantizar el éxito de una reforma como la que proponemos es imprescindible lidiar con esas complejidades. Sin embargo, también urge encontrar soluciones que contribuyan a reducir la pérdida de vidas a manos del crimen organizado, así como los riesgos y daños que enfrentan los consumidores de drogas en todos los países.

DE LA REPRESIÓN A LA REGULACIÓN

José Carlos Campero, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara

Las diferencias entre las políticas actuales, predominantemente prohibicionistas, y el enfoque regulatorio de la política de estupefacientes propuesta aquí puede ilustrarse de forma sucinta de la siguiente manera: el mundo actual de las drogas (MAD) consiste en a) la producción de drogas (PD), b) el consumo de drogas (CD), c) los daños (DD) resultantes de la calidad de las drogas (CAD) y la victimización de los consumidores (VC), así como d) los ingresos por drogas que obtiene el crimen organizado (IDCO):

El hecho de que la oferta deba apoyarse en mercados ilegales y los consumidores estén sujetos a persecución ha ocasionado altos niveles de daño, tanto por la mala calidad de las drogas como a causa de la victimización a que son sometidos los consumidores por parte de los traficantes y las políticas represivas. Bajo estas condiciones se maximizan los ingresos del crimen organizado: MAD (Prohibición)

= PD + CD + DD í (CAD i +VC t ) + IDCO T*** M A D = P D + C D + D D (CAD + VC) + I D C O Bajo el actual régimen de políticas prohibicionistas, la producción y el consumo de drogas no se han reducido. Por el contrario, aunque se registraron efectos temporales de sustitución entre diferentes drogas ilícitas, en general el consumo mundial de drogas parece haberse incrementado en proporción al PBI mundial per cápita, con 5% de prevalencia del consumo anual entte las franjas etarias de 15 a 64 años y un consumo frecuente y/o problemático del 0,6 por ciento.

Prevalencia anual en el uso de drogas a nivel global, en porcentaje de la población de 15 a 64 años, 2009/2010

Las propuestas enunciadas aquí no reducirían la producción ni el consumo, al menos en un principio, pero desviarían más de la mitad hacia cadenas de valor reguladas y con control de calidad. Tampoco incrementarían el consumo, debido a los gravámenes impositivos. Como resultado, mermarían de forma drástica los daños a consumidores y terceros -incluidas las instituciones sociales y polícicas de los países más afectados-, en función de la mejor calidad de las drogas, las ofertas de tratamiento a consumidores problemáticos y una reducción casi total de la victimización de los consumidores. Por otra parte, los ingresos del crimen organizado y otros actores ilegales disminuirían de forma considerable: de acuerdo con nuestras estimaciones, dependiendo de la implementación, entre el 50 y el 75 por ciento. MAD (Regulación) = PD + CD + DDÍm„

^BB Cannabis

Anfelaminas

Éxtasis

Fuente: ONUDC, Informe Mundial sobre Drogas de 2011, p. 25

Uso de drogas ilícitas en el nivel global, de fines de la década de 1990 a 2010/11

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A causa de los gravámenes impositivos, sería posible captar la mayor parte de los ingresos quitados al crimen organizado para invertirlos en la reducción de daños, el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores problemáticos, así como en una información mejor y más transparente sobre los riesgos asociados al uso de las drogas disponibles; por último, esos ingresos pueden usarse para centrar la lucha contra el crimen organizado en delitos serios y sumamente perjudiciales, como el trabajo (sexual) forzado, el tráfico de armas, el tráfico de órganos, etc. En una perspectiva de mediano plazo, los mercados regulados posiblemente contribuyan también a la reducción del consumo problemático, como consecuencia de la mayor transparencia de los mercados y una mejor información sobre los riesgos que implican diversas drogas.

Un llamado a la acción Fuente: ONUDC, Informe Mundial sobre Drogas de 2012, p. 66

Si se implementan las políticas propuestas aquí, se reducirán significativamente los daños a usuarios de drogas y

José Carlos Campero, Ricardo Vargas, Eduardo Vergara

a terceros, se evitará que los campesinos y pequeños agricultores de los países productores carguen sobre sus espaldas la mayor parte del peso de las políticas represivas y -lo más importante- menguarán las ganancias obtenidas por el crimen organizado y otros actores ilegales del tráfico de estupefacientes. Por otra parte, se incrementarán los ingresos estatales y se liberarán recursos y capacidades para combatir el crimen organizado y tratar las adicciones a las drogas. Sin embargo, no se eliminarán por completo los mercados ilegales. Tal como ocurrió con los cigarrillos y el alcohol, los altos gravámenes impositivos continuarán implicando un mercado ilegal. No obstante, los mercados ilegales de las drogas vegetales que hoy son ilícitas se verán considerablemente reducidos, probablemente en más de la mitad de su tamaño actual. El debate necesario ya se ha iniciado en América Latina, con varios presidentes que llaman a implementar reformas. Es hora de que la UE y Alemania actúen y se involucren en este debate sobre nuevos enfoques, considerando que las consecuencias no intencionadas (y a veces intencionadas) del actual sistema represivo contrarían los objetivos enunciados por Alemania y la UE para sus políticas de salud, seguridad, relaciones exteriores y desarrollo, por mencionar solo algunas. Legalizar y regular la venta y el consumo de cannabis, así como descriminalizar el consumo de otras drogas, constituirían pasos importantes para reformar la política de estupefacientes en el nivel nacional. Más aún, a través de su política de desarrollo y relaciones exteriores, Alemania y la UE deben asistir a los países de producción y tránsito en la implementación de regímenes regulatorios como los propuesros arriba. Ya es posible hacer mucho dentro del régimen global actual de estupefacienres a fin de corregir su desastroso sesgo hacia las medidas represivas. Con el tiempo será preciso hacer más para cambiar el régimen global, aun cuando hoy pueda parecer una ambición audaz. Resulta crucial tomar distancia del debate que se mantiene en la actualidad, extremadamente ideológico y polarizado, para inspirar las políticas en un discurso que se base más en la evidencia y los hechos. A fin de cuentas, la respuesta al fracaso y las consecuencias devastadoras de la guerra contra las drogas que se libra hace décadas no debe ni puede ser "más de lo mismo".

DE LA REPRESIÓN A LA REGULACIÓN

Bibliografía Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. 2009. "Drogas y democracia: hacia un cambio de paradigma" (Drugs and democracy: towards a paradigm change). Disponible en: www.drogasedemocracia.org Comisión Global sobre Drogas y Democracia. Informes de 2011 y 2012. Disponibles en http://www.globalcom m issionondrugs.org/ Oficina de las Naciones Unidas conrra las Drogas y el Delito. Informe Mundial sobre Drogas de 2012. Disponible en http://www.unodc.org/unodc/en/ data-and-analysis/WDR-2012.html Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Informe Mundial sobre Drogas de 2012. Disponible en http://www.unodc.org/unodc/en/ data-and-analysis/WDR.html

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Autores José Carlos Campero (Bolivia), es consultor e investigador sobre asuntos de narcotráfico y crimen organizado en Bolivia. Es economista y tiene un Master en Gestión y Políticas Públicas. Eduardo Vergara (Chile), es fundador y director de Asuntos del Sur y del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública de Chile. Es politólogo y tiene un Master de la Universidad de California en Long Beach y un Master de Asuntos Públicos en Seguridad Humana de Sciences Po Paris en Francia. Ricardo Vargas Meza (Colombia), es sociólogo y tiene un Master en filosofía social de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador asociado del Transnational Institute (TNI) con sede en Amsterdam. Traducción: Lilia Mosconi

Programa de Cooperación en Seguridad Regional El Programa de Cooperación en Seguridad Regional de la FES busca contribuir al debate y a la construcción de propuestas de política pública para atender los diversos problemas de seguridad en América Latina, en donde amenazas globales, regionales y locales plantean un panorama complejo, ante todo por el desafío que estos problemas, en particular el crimen organizado, representan a la gobernabilidad democrática en la región. El programa cuenta con una amplia red de trabajo en América Latina, en la que participan expertos, funcionarios, legisladores y representantes de la sociedad civil de diversas disciplinas. Con apoyo de esta red y mediante diversos eventos y publicaciones, el Programa promueve el debate y la difusión de conocimientos sobre asuntos de seguridad regional. www.fes-seguridadregional.org

Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de la Friedrich-Ebert-Stiftung.

Alternativa de solución, desde las Mujeres rurales de la asociación Nacional de Mujeres Campesinas , indígenas y negras de Colombiano - ANMUCICIntroducción Nosotras las mujeres de ANMUCIC, frente al tema del negocio de las drogas ilícitas desarrolladas históricamente en Colombia, consideramos que hemos sido afectadas integralmente, por este flagelo, ya sea por la explotación laboral y sexual a la que han sido sometidas las mujeres rurales por parte de la organizaciones del narcotráfico o porque las organizaciones criminales del narcotráfico, imponen un modelo de desarrollo económico traqueto que afecta negativamente nuestra cultura, la paz y la convivencia en nuestros territorios y saquean y destruye los recursos naturales renovables y no renobables , vitales para nuestra pervivencia cultural y la reproducción protección de la vida en armonía con el medio ambiente. Por lo tanto proponemos en cuanto a la producción , se establezcan proyectos productivos para el desarrollo humano integral sostenibles en armonía con el medio ambiente para las mujeres rurales. Proyectos de formación en los niveles técnicos, tecnólogos y profesionales para las mujeres rurales. Proyectos para fortalecer las diferentes formas asociativas tradicionales para la producción y el desarrollo económico en las organizaciones de mujeres campesinas e indígenas y negras. Fortalecer las instituciones publicas del Estado en los niveles locales, territoriales y nacional, que promuevan políticas para el desarrollo social y no solamente para as fuerzas militares como históricamente os gobiernos de turno , lo han hecho. Desde el Estado, se deben impulsar proyectos para diversificar los productos obtenidos , especialmente , los derivados de la Coca como fuente de alimentación para la seguridad y soberanía alimentaria, la salud y el fortalecimiento de la economía familiar campesinas , de indígenas y negras que habitan el sector rural. El Estado implemente un plan de mitigación al impacto ambiental que pueda generar el desarrollo de la producción de la coca. Que el Estado establezca control sobre los desechos de la transformación de la Coca , porque de lo contrario pueden parar a manos de la delincuencia organizada y convertirlos en sustancias como el bazuco u otros, que atenían contra la salud de la población colombiana, especialmente, a los jóvenes. Respecto a la comercialización Que el Estado y sus instituciones nos compren la producción, producto del cultivos de la coca. Que no seamos sometidos a los intermediarios y que las empresas farmacéuticas preferencialmente nos compren la coca como materia prima para la producción de medicamentos. Además el Estado deberá crear la infraestructura vial para el trasporte de los productos hacía los centros de comercialización y acopio.Para lo anterior, el Estado debe considerar la posibilidad de legalizar y regular la producción, la transformación, comercialización y el uso de las drogas que hoy se consideran ilícitas e implantar un pila integral de prevención y atención para la sociedad colombiana.De otro lado ¡ como algo muy especial, las mujeres rurales de ANMCIC, pedimos al Estado que en el marco del proceso para dar soluciones a los problemas generados por el narcotráfico se tenga en cuenta las mujeres del sector rural que por su condición de pobreza y falta de garantías de la defensa de sus derechos por parte del Estado , han caído en manos de las organizaciones criminales del narcotráfico y hoy están presas en las cárceles calificadas como narcotraficantes. Para ellas pedimos un trato especial y en el marco de la defensa de sus derechos humanos, no las consideren narcotraficantes sino víctimas de la exclusión social, la desigualdad y la violación a sus derechos humanos por las organizaciones criminales narcotraficantes y el Estado. De otro lado como organización social, expresamos nuestro respaldo a las iniciativas de las organizaciones indígenas y campesinas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la vida digna de los pobladores del sector rural.

mujeres por la Foro "Solución al problema de drogas ilícitas" Bogotá D.C. 24, 25 y 26 de septiembre de 2013 "La realidad sólo puede responder si se le interroga" (Bourdieu, 2001: 55)

Introducción El Foro"Solución al problema de drogas ilícitas",organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional, en el marco de la mesa de Diálogo entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, es una oportunidad para develar la crítica situación de las mujeres en el complejo negocio globalde las drogas ilícitas, "compuesto por una cadena eslabonada de cultivadores, procesadores.transportistas, caleteros, comercializadores al por mayor y al por menor, lavadores de activos yconsumidores" (Puyana Aura María, 2013; 23). La vinculación de las mujeres a este complejo negocio está signada por las históricas relaciones de opresión y subordinación, las injusticias y las exclusiones sociales y culturales que ellas viven en el país. En la agenda pactada para el diálogo entre gobierno e insurgencia, se plantea el tema de las drogas haciendo énfasis en: "1) Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos; 2) Programas de prevención del consumo y salud pública y 3). Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos" (Gobierno de Colombia-FARC-EP— , "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una pazestable y duradera"), temas que se encuentran en íntima relación con la distribución de la tierra y su uso injusto, con la globalización del negocio de las drogas, con la trata de personas y con la relación de la economía legal con la ilegal; entre otros. Sin lugar a dudas encontrar salidas para superar los problemas estructurales del agro colombiano, enfrentar la mafias internacionales en un marco de respeto a los derechos humanos y formular políticas que den cuenta de la situación de injusticia, opresión y subordinación que viven las mujeres.es una de las garantías que permitirá poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera. De acuerdo a la Oficina de Naciones contra las drogas y el delito —UNODC—, el "consumo mundial de drogas ilícitas se mantuvo estable durante cinco años hasta finales de 2010 entre el 3,4% y el 6,6% de la población adulta (personas de 15 a 64 años). Sin embargo, entre un 10% y un 13% de ios usuarios de drogas, siguen siendo consumidores problemáticos con drogodependencia y/o trastornos

mujeres por la relacionados con el consumo de drogas; la prevalencia del VIH (estimada en aproximadamente un 20%), la hepatitis C (46,7%) y la hepatitis B (14,6%) entre los usuarios que se inyectan la droga, continúa sumándose a la carga mundial de morbilidad; y, por último, pero no por ello menos importante, aproximadamente una de cada 100 muertes de adultos se debe al consumo de drogas ilícitas" (UNODC; 2013:13). En lo relacionado con la política de guerra a las drogas liderada por los Estados Unidos, las "investigaciones basadas en evidencias, muestran cada vez más claramente que las políticas de drogas están teniendo impactos negativos en los derechos humanos en la región. Por una parte, las políticas represivas tienden a vulnerar de manera directa los derechos humanos de miles de personas, en especial de aquellas que son judicializadas, muchas veces sin el cumplimiento de garantías penales básicas, y de quienes son enviados a la cárcel, pues suelen enfrentar condiciones infrahumanas, como las asociadas con el hacinamiento. Estas políticas tienden a tener impactos desproporcionados en ciertos grupos, especialmente vulnerables, y por esa vía, reproducen la discriminación y terminan vulnerando derechos fundamentales" (CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE LA OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, Junio de 2013). Por lo demás, "las políticas prohibicionistas han colaborado en la formación de organizaciones armadas dedicadas a actividades criminales entre las que se destaca el tráfico de drogas, y que producen fenómenos de violencia importantes y por esta vía afectan los derechos de las personas en las Américas. Dado que la violencia es la forma primordial de regulación de los mercados ilegales, el tráfico de sustancias prohibidas está necesariamente acompañado por el tráfico de armas, de las peleas por los territorios, la corrupción y socavamiento de las instituciones democráticas, especialmente las policías, la justicia y las instituciones de gobierno. La revisión del paradigma de la 'guerra contra las drogas' debe ser vista como parte de una iniciativa para la reducción de la violencia"(CARTA ABIERTA A LOS GOBIERNOS DE LA OEA, presentes en la Asamblea General de la OEA; Antigua Guatemala, Junio de 2013).

El ciclo de producción, distribución, comercialización y consumo de narcóticos se ha expandido en el país en el contexto de viejas y nuevas injusticias y exclusiones "Aunque sirve como una economía de supervivencia y ofrece una red de seguridad para muchos, el dinámico mercado ilícito, así como también la misma guerra contra las drogas que se realiza en su contra, ha aumentado los problemas del campo, ha estimulado losconflictos, la violencia, el despojo, el desplazamiento de población y el malestar social" (Armenta Amira; 2013; 1). En Colombia, "el comercioilegal de drogas y las inversiones ilícitas,entre otros factores,hanprovocado unácontrarreforma agraria (concentración déla tierra) dando lugar a un deterioro de lascondiciones de vida en muchas zonasrurales del país. La consolidación de la pazen las zonas afectadas requerirá de unapolítica rural que aborde esta situación yresuelva los problemas generados por

mujeres por la laeconomía ilegal y las medidas represivasaplicadas en el país"- (Armenia Amira; 2013; 1). En el país son escasas las investigaciones acerca de la cruenta realidad que enfrentan las mujeres como trabajadoras en los cultivos de la coca o la amapola o como trabajadoras domésticas en las plantaciones; como "muías" en el ámbito nacional o internacional; distribuidoras del micro-tráfico o prostitutas al servicio de los grandes capos o de los recolectores; consumidoras y/o presas en las cárceles por Ley 30. Asimismo, es en las mujeres que recaen las decisiones de los varones de las familias para vincularse a algunos de los ciclos del negocio de las drogas ilícitas, son ellas las que enfrentan la sanción social, los costos afectivos y materiales por la ausencia del padre, el hermano, el hijo o el compañero y son también ellas las que visitan en las cárceles a sus seres queridos y acompañan a sus hijas/os, compañeros o hermanas/os adictos. Mujeres por la Paz, desea aportar en el contexto del Foro "Solución al problema de drogas ilícitas", algunas reflexiones que contribuyan a situar a las mujeres como sujetos de derechos en el complejo y entramado negocio de las drogas ilícitas. En el documento se plantean algunos aspectos generales referidos a los temas propuestos en la agenda pactada entre gobierno y se formulan propuestas que tengan en cuenta a las mujeres en la solución del problema de las drogas ilícitas. 1. Las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas La cultura patriarcal y la cultura del narcotráfico se entretejen y se fortalecen a través de prácticas, imaginarios y se consolidan relaciones de opresión, subordinación e injusticias que viven las mujeres colombianas. El cuerpo de las mujeres entra en el ciclo de la producción, distribución, comercio y consumo como un objeto material y sexual con el cual se puede comerciar, explotar, vender o intercambiar en un marco de relaciones políticas, sociales y económicas. Como lo hemos afirmado anteriormente, existe un déficit de investigación que analice y dé elementos que permitan enfrenar la situación de las mujeres en el complejo circuito de las drogas ilícitas. No es nuestra postura considerar que las mujeres vinculadas a este circuito lo hacen carentes de decisiones, son diversas las motivaciones y diversas las formas de vinculación; por ejemplo, no es la misma situación la de las mujeres que se encuentran articuladas al ciclo del cultivo, generalmente mujeres campesinas, que la de quienes se vinculan a la distribución o al micro-tráfico o la situación de las esposas, novias o amantes de los grandes capos, de los cultivadores o los distribuidores o la situación de las mujeres privadas de la libertad por infracción a la Ley 30, por ejemplo entre el 2003 y 2010 del total de mujeres en las cárceles en el país, entre el 45% y el 48% estaban por delitos tipificados en dicha Ley. El riesgo de participar en las dinámicas del ciclo de las drogas ilícitas, "es inmanente y emerge una complicidad que debe ponerse en claro, a todas luces, el

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mujeres por la narcotráfico ofrece unas características que resultan atractivas y que permiten atraer a hombres y mujeres al interior de sus filas, y así, esas mujeres se enrolan en estas esferas atraídas por unas cualidades que ven en la cultura narco, y que las coloca en un terreno pantanoso, donde la lealtad, la fidelidad, la riqueza, la belleza e incluso el derecho de admisión, simplemente, se paga con la vida" (Mata Navarro Itzelin; 2013:137). El cuerpo de las mujeres en el escenario del ciclo de las drogas ilícitas El cuerpo de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas es utilizado de variadas maneras como herramienta para ascender sociaímente, como mensaje de amenaza para quienes desafían la "disciplina o no son leales" a los capos;"ha servido como dispositivo para traficar con drogas, principalmente, heroína, donde el valor de su cuerpo se mide por la capacidad de resistir el viaje hacia el destino final de la droga y la cantidad de droga que pueda llevar. Aquí la creencia que se tenía era que a las mujeres se les requisaba menos, pero con el paso del tiempo (y de las mujeres llevando droga) se intensificaron los controles sobre el cuerpo de la mujer como dispositivo sospechoso para los controles de aduanas." (La Silla Vacía, 2012). Pero también, el cuerpo de la mujer como objeto de deseo, objeto utilizado para reforzar, recrear y transmitir estereotipos acerca de ellas. Mujeres a la medida de los deseos de los capos de la droga, intervenidas estéticamente, imagen que es vendida como el ideal de mujer para ascender sociaímente y para "lograr" ser amada. Esta imagen de mujer es difundida a través de la música, las telenovelas, los narcocorridos, la literatura y el cine. La telenovela colombiana "Sin tetas no hay paraíso" (Bolívar Moreno, 2006), ampliamente difundida en varios países, es ejemplo de la imagen de mujer que le es útil al patriarcado y al negocio de las drogas. Las mujeres de los capos son mostradas como títeres a su servicio, sin capacidad de decidir y sin autonomía. A través de prácticas recrean una estética corporal femenina que dista de ser la realidad de la inmensa mayoría de mujeres. La estética femenina impuesta por la cultura del narcotráfico en lo nacional e internacional refuerza la colonización del cuerpo de las mujeres y la sexualidad de ellas puesta al servicio de los deseos de los varones con poder o sin poder en la estructura del negocio de las drogas ilícitas.

En el complejo circuito de las drogas ilícitas se reproducen no solo las relaciones de poder y subordinación entre mujeres y varones sino también las relaciones de explotación económica. Existe el cuerpo de mujer que contribuye al cultivo y procesamiento inicial de las drogas ilícitas, ese cuerpo de mujer se vincula al ciclo en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y su familia; el cuerpo de la "muía" que generalmente son mujeres sin oportunidades de desarrollo pleno de sus capacidades y que no encontraron otro horizonte para su vida; el cuerpo de las amantes, esposas, hijas y herederas de las fortunas de los capos. En este ciclo de vinculación de los cuerpos de las mujeres se reproduce la pirámide social: entre mayor capital económico, cultural y corporal se ocupara un lugar más cercano a los capos de alto rango(Mata Navarro Itzelin; 2013: 133).En cambio a

mujeres por la menor capital económico, cultural y corporal, las mujeres serán más bien carne de cañón, carnada para defender el campo del narcotráfico (Mata Navarro Itzelin; 2013: 134), por eso es que las "muías"; las prostitutas o las mujeres vinculadas al micro-tráfico serán el eslabón más débil de la cadena y sufren con mayor rigor la violencia y la aplicación de la ley. II. Propuestas La política para la solución de las drogas ilícitas debe partir de: a) Las investigaciones científicas que dan cuenta de las estrategias exitosas y las que no lo son, superando las visiones moralistas o los intereses ideológicos de ciertos sectores de las élites nacionales y transnacionales; b) las diferencias en las características y usos de cada una de las sustancias; c) el respeto a las diferencias socioculturales y a las tradiciones de sustancias utilizadas por las comunidades indígenas en rituales y prácticas comunitarias y que hacen parte de su ancestral cultura; d) minimizar el daño en las/os consumidoras/es y en el medio ambiente; e) el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia basada en el principio de la proporcionalidad, no se puede continuar en la lógica que paga más pena por Ley 30 una mujer que sirve de "muía" que un capo de las drogas ilícitas; g) superar las acciones centradas en la fuerza y la represión por políticas basadas en la concertacion y la participación ciudadana con participación paritaria para las mujeres y decidir acerca "si la erradicación sigue siendo una condición previa para la validez del desarrollo alternativo. La erradicación debe ser un proceso gradual y voluntario, y hacer parte de los acuerdos alcanzados con las comunidades que desean alternativas legales" (Armenta Amira; 2013:3), h) acciones y políticas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres y hombres vinculadas/os al cultivo, procesamiento, distribución y micro-tráfico de las drogas ilícitas; i) examinar la asistencia y la cooperación internacional que presiona al país privilegiando los intereses de las élites nacionales y trasnacionales en detrimento de los intereses de campesinas/os y del medio ambiente. Teniendo como base los puntos anteriores.Mujeres por la Paz, propone: •

Formulación y puesta en marcha de una política de desarrollo agrario que esté dirigida a superar los problemas estructurales de la tenencia y uso de la tierra. La política debe estar orientada a transformar las históricas relaciones de opresión y subordinación de las mujeres y garantizar para ellas propiedad sobre la tierra y condiciones económicas para la producción, distribución y comercialización de lo que producen. Las reformas estructurales que urge el sector agrario deben tener como uno de sus pilares, redistribuir las tierras ociosas, improductivas e incautadas a los capos de las drogas entre campesinas/os e indígenas desposeídas/os, y

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mujeres por la restituir los predios adquiridos a través del despojo, la ilegalidad o la fuerza a sus antiguas/os propietarias/os garantizándoles la seguridad y la implementación de proyectos productivos sostenibles basados en la concertación, la solidaridad, la diversificación productiva, la competitividad y la seguridad y soberanía alimentaria. Las reformas deben incluir acciones positivas a favor de las mujeres que permitan transformar las ancestrales injusticias que ellas viven; acciones como crédito blando; asistencia técnica, asistencia jurídica.

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Impulso y puesta en marcha de políticas queestén dirigidas a desestimular la vinculación de las poblaciones rurales al cultivo y procesamiento de drogas ilícitas vía de generación de opciones económicas viables y sostenibles.

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Legalización de cultivos coca, amapola para uso medicinal, alimenticio e industrial en un mercado regulado por el Estado. Regulación del cannabis para uso recreativo, medicinal e industrial. En la actualidad existe suficiente evidencia que "mantener la prohibición del cannabis junto con las demás sustancias resulta contraproducente. La marihuana es la droga más consumida hoy en el mundo y su comercialización en manos de grupos organizados del crimen, afecta a una gran cantidad de usuarios, poniéndolos en riesgo dada la oferta de otras sustancias más nocivas contexto en el que busca crear un mercado cautivo para las drogas" (Vargas Meza, Ricardo; 2013:20).

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El Estado colombiano debe llevar a cabo una amplia y participativa consulta tendiente a la reforma del Código Penal y las normativas acerca de los estupefacientes, que permita distinguir los componentes criminales y socioculturales de la producción, distribución y comercio de las drogas ilícitas, "proporcionalidad penal, reducción del daño y descriminalización de productores/as y consumidoras/es" (Puyana Aura María; 2013:37).

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Diseño y puesta en marcha de una política integral de salud fundamentada en el respeto a los derechos humanos, que prevenga el consumo, reduzca el daño, tenga en cuenta las diferencias regionales, culturales, económicas, étnicas, por edad y sexo del consumo de las drogas ilícitas, brinde atención diferencial a mujeres, varones, adolescentes y fortalezca a las comunidades y familias.

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Diseño y puesta en marcha de una política que integre el sector educativo, la salud, la cultura, los medios de comunicación, las TIC y el deporte, dirigida a transformar los imaginarios y las valoraciones acerca del cuerpo de las mujeres y fortalecer las campañas y acciones que contribuyan a la autonomía de las mujeres y estilos de vida saludables.

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Creación de una Comisión de la Verdad que investigue a los actores que han hecho posible la legalización en Colombia de los millones y millones de dólares, y de otras monedas fruto de este negocio, que ha generado corrupción y violencia y que ha permitido que este negocio ilícito se fusione con la economía lícita del país, para que esta política de flagelo criminal no quede impune y se castiguen a todos los que están implicados en esta política. •

Diseño y puesta en marcha de acciones que brinden oportunidades trabajo digno y sostenible a las mujeres vinculadas al micro-tráfico de drogas ilícitas. Esta política debe ir acompañada de acciones entrenamiento laboral, resocialización, desmantelamiento de las redes micro-tráfico y ollas de consumo.

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Revisión y puesta en marcha de una política carcelaria que dé cuenta de la situación diferencial de las mujeres privadas de la libertad por infracciones a la Ley 30, dicha política debe responder por las situaciones de sus familias y por las de las mujeres colombianas encarceladas en otros países por delitos asociados al narcotráfico.

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Impulso y fortalecimiento de proyectos de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en el ciclo de las drogas ilícitas, como posibilidad de abordar el fenómeno desde un enfoque de los derechos humanos de las mismas.

Notas bibliográficas ALVARADO VÁZQUEZ, R. I. (2012). Las nuevas imágenes urbanas. Los buchones una imagen regional. Desafíos y horizontes de cambio: México en el siglo XXI del Tercer Congreso. ARBOLEDA, R. (2002). El cuerpo en boca de los adolescentes. Medellín: Kinesis ARMENTA, AMIRA (2013). El mercado ilícito de las drogas en el contexto agrario colombiano: ¿Por qué el tema de los cultivos ilícitos es relevante para el proceso de paz?, Transnationallnstitute, Amsterdam, Países Bajos. MATA NAVARRO, Itzelín (2013). El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales. Jalisco México. PUYANA, AURA MARÍA (2013). Nuevos enfoques de la política antidrogas para la paz en Colombia en Aportes para el debate sobre la paz, FOCUS, Foro de mujer y desarrollo, Bogotá. UNODC, Informe Mundial sobre las Drogas 2013, New York. VARGAS, M RICARDO (2012) Peace process in Colombia", Norwegian Peacebuilding Resource Center NOREF, http://www.peacebuildinq.no/var/ezflow site/st

mujeres por la Integrantes de Mujeres por la Paz: * ASODEMUC *ACIN ""Alianza departamental de Mujeres del Putumayo *ASUMUSUC (Mujeres de Ciudad Bolívar). * Asomujer y Trabajo *ANTHOC * Casa de la Mujer *Casa Amazonia/Putumayo *Casa de la Mujer y de la familia Stella Brand- Pereira * CDPAZ-Planeta Paz * Cladem * Colectivo Feminista Hallyaniwa * Colectivo de Mujeres Excombatientes * Colectivo Mercedes Úzuga * Colectivo Mujeres para la Reincidencia * Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH * Corporación Centro de Promoción y Cultural-Fasol * Corporación Colombiana de Teatro * Corporación Ensayos para Promoción de Cultura Política * Corporación Humanas * Corporación Nuevo Cine Latinoamericano *Dpto Nal de Mujeres Partido Comunista Colombiano * Departamento de Mujeres de la Coordinación Nacional de Desplazados -CND. * Fensuagro * Fondo de Acción Urgente de América Latina * Fondo Lunaria * Fundación Telar Social Humano * Grupo teatral Abrazadas *ILSA * Juventud Comunista de Colombia-JUCO * Limpal Colombia *Las Auroras, Red de Mujeres Víctimas de Santander * Mujeres en Asamblea Permanente 13 Años Caminando por la Paz * Mujeres en Clave de Paz * Marcha Patriótica *Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales *MOVICE Mujer Palabra * Policarpa y sus Viciosas * Partido Comunista Colombiano-PCC (Área Mujer) * Red de Mujeres Indígenas * Ruta Pacifica de las Mujeres *compuesta por 288 organizaciones y 9 regionales * Teatro Jayeechi * Teatro La Mascara * Tribunal de Mujeres * Yo Mujer Mujeres independientes: Parlamentaria Andina Gloria Florez Sneider Lourdes Castro,Liliana Chávez, Natalia Chávez

FORO NACIONAL -

SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBREMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS REPRECENTANTES ARTISTAS DE BAJO CAUCA DELEGACIÓN HIP HOP: LÍRICAS VACANTES LA OFICINA HORACIO ENRIQUE AGUILAR MONTERROSA CC.1017159156 CORREO:HEMAR48@HOTMAILCOM CEL.321 801 25 26 DELEGACIÓN: ORGANIZACIÓN MUSICAL JOSÉ CARDENIO Josecardeniol 7@hotmail.com ce. 1002066364 JOSÉ CARDENIO Cel: 3147989573 DELEGACIÓN: LA ESCUELA DE LA MELODÍA JADER ANDRÉS SALGADO MÉNDEZ CC 1038117597 JAOFFICIALMUSIC@HOTMAIL.COM CEL: 3147522355

INTRODUCION Creemos que es conveniente buscar dentro de nosotros mismos, no la forma de vivir de ellos si no la forma de aceptarlos como amigos,como seres humanos; como padrescomo hijos como hermanos del mundo en que vivimos^el cual Dios nos da el permiso para estar en el.; creemos que la mejor forma de ayudar a una persona a no consumir y a evitar el daño a quienes rodean el sector donde suele vivir.no es rechazándolojsi no siendo su compañía no consumiendo si no quien le brinda un concejo día tras día y el buscara una forma de no hacer daño a sus seres queridos a quienes lo rodean a un pueblo a una nación y todo el paso que el hombre ha dado hoy en día para intentar cambiar al otro solo se logra con amor amor propio amor a los demás y no tratar de entender su vida si no tratar de entender la de sí mismo PROPUESTA Nósofxü^Xomo artista^ proponemos un verdadero programa de capacitación total en los usos ancestrales de la mata de coca, con información que le permita a la juventud, conocer todos los derivados de la hoja de coca como lo son: los cosméticos, los medicinales los alimenticios y el clorhidrato de coca. Con el conocimiento adquirido en el programa de capacitación, los artistas realizaremos mejores y más efectivas campañas a través de (conciertos, producciones musicales, y audios visuales, jornadas culturales en colegios, centros de reclusión y barriales) de prevención y concientización con los jóvenes frente al no uso de las drogas ilícitas.

2: PROPUESTA. Reconocer que en los sectores más vulnerables es donde se hace más propensa la juventud al consumo de las drogas ¡lícitas.

SOLUCIÓN por lo cual le exigimos al gobierno nacional, a la FARC EP y a las organizaciones internacionales, que apoyen la creación de escuelas de

formación permanentes artísticas, culturales, deportivas y en el uso de las nuevas tecnologías, para la creación de música moderna y folclórica. 3Apoyo económico, logístico para promover los jóvenes talentos en las diferentes disciplinas van surgiendo con el fin de permitirles construir su proyecto de vida Es importante para desarrollar nuestros proyectos que nuestras propuestas se conviertan en políticas de estado y así contar con el apoyo total de la institucionalidad y los medios de comunicaciones locales, regionales y nacionales.

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Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Fecha de presentación de la propuesta

25/09/2013 Municipio-Departamento

Antioquia

Nombre de la organización que presenta la propuesta

Red de Colectivos de estudio Latinoamericano (Red Cepela)

Pensamiento

• Indique el eje temático al que se refiere su propuesta

Solución al problema de las drogas ilícitas

Correo electrónico o datos de contacto de la organización (No es obligatorio)

redcepela@gmail.com

Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), la conformación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), múltiples programas de erradicación de cultivos, Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y los actuales modelos de zonas de consolidación cívico-militar que han generado debilitamiento a la democracia, todos estos dirigidos a la "lucha" antinarcóticos, pero que han traído como consecuencia la profundización del conflicto, debido a que desconocen las condiciones socioeconómicas y culturales, así como las dinámicas históricas del campo y el campesinado. Por otra parte los impactos medioambientales y sociales son mayores que los beneficios de la

Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela erradicación de los llamados cultivos de uso ilícito. Los cultivos se incrementan conforme las políticas públicas desfavorecen al campesinado (así la oficialidad desconozca las cifras en aumento), ya que el modelo económico y político prioriza las importaciones y no el fortalecimiento de nuestro sistema agrario; transversal a esto, las fumigaciones generan daños en los cultivos de producción o pan coger, contaminan fuentes de agua, flora y tierras, generan impacto o mortandad en la fauna y un sin número de efectos directos o indirectos, como la ruptura del tejido social del campo debido a la estigmatización de quienes defienden sus derechos o la división del campesinado por políticas de coerción, sin atender sus condiciones sociales. Todo este panorama se consolida con un modelo económico que como se mencionaba anteriormente, fortalece las importaciones, beneficia a intermediarios y no al productor, al que sembrar se le ha vuelto una causa de empobrecimiento, por no ser rentable en términos económicos. Múltiples propuestas de cambio o solución al problema de los cultivos de uso ilícito han surgido en estas décadas, hoy se analizan bajo la lupa de esas experiencias, se diversifican y se transforman en exigencias; algunas de ellas son: 1. La política de erradicación de cultivos de uso ilícitos debe acabarse; ya que, las fumigaciones por vía aérea o en tierra no afectan sustancialmente la producción y por el contrario generan una cultura de la ilegalidad y ocasionan serios problemas ecológicos. Por otro lado la eliminación manual, ha generado ruptura del tejido social, dejando al campesino en medio de la confrontación armada. Se debe pensar en utilizar el conocimiento acumulado durante siglos por comunidades ancestrales y permitir florecer una industria local de corte democrático y no monopolizado, donde se aprovechen sus cualidades cosméticas, medicinales y alimenticias; condiciones aprovechables en plantas como la coca, la marihuana, la amapola u otras plantas de carácter sicotrópico o sagradas como las llaman las comunidades indígenas, buscando con ello generar un mercado alternativo, que pueda brindar opciones de subsistencia y dinamización de la economía, de esta manera, desvincular del tráfico a muchos sectores ligados a esta práctica. Se hace necesario propiciar debates para la legalización de su siembra; producción y consumo a fin de golpear el mercado ilegal. La opción penal como tratamiento al problema lo único que ha logrado es profundizarlo, pues genera mayor exclusión y violencia. Deben explorarse políticas diferentes al derecho penal para desmontar las economías ¡legales, así como no darle un tratamiento punitivo a las adicciones, ya que generan consecuencias sociales negativas.

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2. Las tierras hoy se encuentran agotadas por el uso excesivo de monocultivos y es mayor su impacto que el ocasionado por la siembra de cultivos de uso "ilícito". El cambio en la vocación del suelo para promover la siembra de palma aceitera, caña de azúcar, caucho y cacao (entre otros monocultivos), genera mayores problemáticas alrededor de la tenencia de la tierra y el destierro forzado. Es necesario pensar un sistema que junto con el fortalecimiento de la agroindustria nacional, genere cambios en los modelos extractivitas o de monocultivos para combustibles y no para alimentos, como el caso de la caña para la industria de los alcoholes carburantes. Debe ser un imperativo de las políticas públicas el fortalecimiento de procesos agroecológicos, donde se le permita al

La sustitución no debe hacerse por cultivos de exportación o de tipo exótico, debe apuntarse a la soberanía alimentaria, pues un proceso de cultivos enfocados a la exportación llevaría a un incremento de monocultivos y a la expansión de la frontera agrícola; acciones que dejan fuertes impactos ambientales. La búsqueda de la inserción en el mercado internacional, ha derivado en la exacerbación de la guerra, como en los casos de las fórmulas mágicas a principio del siglo XX con la Quina y el Caucho o a principios del XXI con la Palma Aceitera y la Teca, estos últimos que como denuncia el reciente Paro Agrario, fueron propuestas agrarias que fracasaron. Debe respetarse la autonomía de las comunidades y destinarse los recursos económicos para la construcción, aplicación y consolidación de procesos organizativos; brindando asesorías técnicas, procesos educativos, planes de fortalecimiento de la economía local y campesina, sistemas de salud pluriculturales y acompañamientos psicosociales. Además es vital la generación de infraestructura para la comercialización y poder brindar opciones para cortar y/o reducir la cadena de intermediarios, se deben a su vez, generar garantías para el retorno del campesino a sus lugares, no de forma temporal, sino con continuidad, a fin de proporcionar condiciones en pro de la recuperación de la tranquilidad y la estabilidad emocional, psíquica y económica, luego de un proceso de exterminio sistemático e histórico. Incrementar la presencia del estado en todo el territorio nacional, con políticas públicas y no con su aparato coercitivo; ya que es este sector de la institución un victimario y violador de los Derechos Humanos, como lo demuestran las múltiples demandas contra el estado colombiano; de igual manera generar procesos de veeduría ciudadana, para evitar corrupción o favorecimiento a sectores poblacionales que no lo requieren, como con el caso presentado con el programa de "Agroingreso seguro".

4. Legalización de la siembra de los llamados cultivos de uso ilícito, así como la producción y consumo de sustancias psicoactivas. Esta política en reconocimiento a las cosmogonías de los pueblos ancestrales y como estrategia que afecte el "negocio" del narcotráfico y a las esferas estatales vinculadas con el tráfico, también permitiría atacar la

corrupción y generar dinámicas sociales, subjetivas y políticas, que resquebrajen la economía internacional y nacional asociada a este negocio que en su accionar ha generado disputas y desestabilización social. Además de la legalización, debe haber un acompañamiento estatal a las economías locales, así como un desmonte de las redes de narcotráfico que, a la iarga, son ei fundamento del negocio de los llamados cultivos de uso ¡lidio. De esta manera se deja de potenciar las economías vinculadas con los circuitos ilegales.

Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela

De la mano con la legalización, se desestimularía la comercialización de armas, destinada a la guerra entre narcos y sectores barriales y rurales, que han entrado en confrontación por el negocio, generando una lumperización del conflicto social y armado, llevando la guerra a los centros urbanos y profundizándola en el campo.

La experiencia e iniciativas de Zonas de Reserva Campesina, deben ser fortalecidas y apoyadas, no solo las existentes, sino aquellas que están con la iniciativa de conformación. Sólo una política congruente de desarrollo agrario integral, cuyo énfasis se encuentre en el apoyo de la economía campesina y la defensa de la soberanía alimentaria es garantía de solución para el problema de los llamados cultivos de uso.ilícito.

Impulsar desde las diferentes formas organizativas; sociales, comunitarias, sectoriales y culturales, la realización de un censo agrario que permita establecer la cantidad de hectáreas usadas para cultivos de uso ilícito, con el fin de definir una política encaminada al uso de estas áreas para las iniciativas farmacéuticas, estéticas, tradicionales y científicas que se deriven de este tipo de plantas.

Crear programas culturales, artísticos y académicos

para niños y jóvenes en general, que propendan por

prácticas asociadas al consumo consciente, no solo en lo que se refiere a plantas sicotrópicas, sino al consumismo como practica naturalizada, a fin de generar sensibilidad sobre la importancia del uso sustentable y responsable de los bienes naturales de nuestros territorios.

FORO NACIONAL- SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS LA COCA NO ES COCINA POSICIÓN DE

ANUCUR:

Los diferentes gobiernos del Estado Colombiano, nunca han tenido una política de manejo integral del territorio nacional, ni tampoco del desarrollo rural en nuestros campos. Dentro de este marco, la política antidroga, diseñada e impuesta por los Estados Unidos, como por ejemplo el Plan Colombia de los últimos 12 años, ha sido un rotundo fracaso, que además ha causado profundos impactos negativos de tipo ambiental social, económico y sanitario, sobre los campesinos colombianos. El reciente acuerdo entre Colombia y Ecuador, en el que el gobierno de nuestro país reconoce los daños causados al medio ambiente y a pobladores campesinos del hermano país y se dispone a pagar una gruesa suma de dólares como indemnización a los campesinos ecuatorianos, es una prueba fehaciente del daño que producen las aspersiones indiscriminadas con glifosato, que no obstante se siguen utilizando a diario contra cultivos tanto lícitos como de uso ilícito en nuestro país. Queda en evidencia que el gobierno colombiano, se ve obligado a pagar por derechos violados a campesinos del vecino país, pero a sus propios campesinos, no solo no los indemniza, sino que por cumplirle a los intereses de los Estados Unidos, le sigue envenenando sus vidas diariamente. Las consecuencias ambientales y genéticas de esta tragedia van a ser desastrosas para el futuro de los campesinos, que ven conculcado por su propio gobierno su derecho inalienable a vivir en un ambiente sano. PROPUESTA GENERAL DE SOLUCIÓN:. Desde la ANUC-UR, proponemos en el corto plazo, la erradicación de los cultivos de hoja de coca de manera, manual, gradual, voluntaria, con inversión social y subsidiada por 5 años y en el mediano y largo plazo el desarrollo libre con fines alimentarlos y medicinales de los cultivos de la hoja de coca, porque sencillamente: LA COCA NO ES COCAÍNA. PROPUESTAS ESPECÍFICAS: ^

1-CIERRE DÉLA FRONTERA AGRÍCOLA. Y así evitar la expansión permanente

agrícola

bajo el fenómeno de la colonización indiscriminada y la repetición de los ciclos de producción de los cultivos de coca y amapola, que además auspiciada por los latifundistas. 2-Programas sostenibles de adjudicación de tierras a colonos campesinos con plenas garantías de acceso

a los factores

flexibles , asistencia técnica

de producción -semillas, créditos oportunos

con la aplicación de tecnologías adecuadas programas

integrales socioeconómicos : Vivienda digna ;educación salud con aplicación de los principios de reconocimiento, valoración, respecto protección por el aporte que el campesino hace al fortalecimiento y defensa de la soberanía autonomía y seguridad alimentaria. 3- Hacer efectiva la implementación de los programas de desarrollo alternativos con la concertación directa de las comunidades con condiciones efectivas de participación fortalecimiento organizativo y equidad de género. 4- Aplicar los principios de respeto, valoración con garantías de protección a la cultura y autonomía territorial. 5- Aplicación efectiva y asignación e inversión

de presupuesto para el desarrollo de

proyectos de vida y programas socioculturales ambientales y políticos, propios de la cultura campesina en el territorio nacional. 6- Que se haga efectivo los subsidios a los campesinos y campesinas por valores acordes a los requerimientos socioeconómicos y ambientales , por un tiempo no inferior

a los 3 años

teniendo en cuenta

a las familias

afectadas por las

fumigaciones y que hagan la erradicación voluntaria. 7- Aplicación efectiva e inmediata de salvaguardas a la producción y comercialización de la agricultura campesina, como política de Estado dentro de los TLCs. 8- Garantías

efectivas DE PROTECCIÓN a las comunidades en sus territorios,

considerándolos como patrimonio nacional. 9- Garantías efectivas en la aplicación de los proyectos, programas de diversificación de la

producción ,con respeto de la autonomía

campesina

y extractiva

permitiendo

y protección de la

economía

la aplicación de prácticas ancestrales

fortaleciendo de la vocación del uso de los suelos.

ASOCIACIÓN NACIONAL CAMPESINA UNIDAD Y RECONSTRUCION -ANUCUR

Propuestas Ciudadanas Mesa TemĂĄtica 3 Grupo de Trabajo 4

RelatorĂa

- FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Relatoría del Grupo de Trabajo No. 4 de la Mesa Temática 3 sobre "Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos" Fecha: Septiembre 25 de 2013 Número de participantes hombres: 9 Número de participantes mujeres: 25 Número y sectores participantes:(7) Número de ponencias escritas presentadas: 11 Número de intervenciones orales: 9 Se adjunta como anexos a la relatoría: Listado de asistentes Ponencias presentadas Propuestas ponencia 1 La ponencia presenta diez propuestas finales: 1. Desmontar el plan de consolidación, 2. Cesar las fumigaciones, 3. Fortalecer la economía campesina local (campaña de dignificación de la hoja de coca y del desarrollo alternativo), 4. Erradicación manual voluntaria y concertada, 5. Usos sostenibles del territorio, 6. Estudios subregionales sobre impactos durante la última década, 7. Buen vivir como criterio de la política, 8. Cumplir los autos 02,05 y 06 para mitigar efectos del conflicto armado, 9. Fomentar las eco-aldeas rurales para el buen vivir, 10. Reconocer a las víctimas de las fumigaciones"1. Propuestas ponencia 2 Plantean diez propuestas: " 1 . Acabar con la política de erradicación, desmonte de la economía ilegal y despena I ización, 2. Fortalecer procesos agroecológicos, 3. Presencia estatal no coercitiva y apuntalamiento de la soberanía alimentaria, 4. Legalización de la siembra de cultivos de uso ilícito,

5. Desestimular el comercio de armas, 6. Fomento de las Zonas de reserva campesina, 7. Fomento de usos alternativos de la coca y la marihuana, 8. Desarrollar programas de consumo consciente"2.

Propuesta ponencia 3 Proponen "la legalización de la cocaína y la marihuana regulada por el Estado. El Estado desempeñaría un papel central creando una institucionalidad que gestione los mercados de la hoja de coca y que asuma los programas de prevención y salud"3. Propuesta ponencia 4 En materia de sustitución proponen "que esta se caracterice por ser: social, gradual, concertada, estructural y ambiental, de la cual hacen parte las siguientes subpropuestas: cese de las aspersiones con glifosato, ataque a los mercados de consumo, la creación de un fondo social para la sustitución gradual, promoción de los cultivos de pancoger, garantizar la permanencia de las comunidades en su territorio, fortalecimiento de la economía campesina y desconcentración de la propiedad de la tierra. En materia de consumo proponen que el tema sea tratado desde un enfoque de salud pública, y la despenalización, legalización y regulación. En materia de comercialización proponen: la regulación de los mercados financieros y el control al lavado de capitales, industrialización y diversificación productiva de sus derivados a partir de experiencias regionales como la boliviana"4. Propuesta ponencia 5 Proponen "legalizar la producción no solamente de sicotrópicos sino también de todos sus derivados. Que sea el estado el regulador de la producción de todas las mercancías relacionadas con las materias primas. A través de empresas autogestoras, que son financiadas por el estado para su instalación, pero son propiedad de los trabajadores, que gestionan los proceso productivos. Plantea diversos elementos para la conformación y funcionamiento de las empresa autogestoras"5. Propuesta ponencia 6 Presentan cinco propuestas: " 1 . Acceso a la tierra, 2. Política social integral, 3. Apoyo a la producción agrícola,

4. Sustitución concertada y acompañada por instituciones internacionales, 5. Subsidios a los campesinos"6. Propuesta ponencia 7 Presentan cinco propuestas: " 1 . Suspender la fumigación con agro tóxicos. 2. Eliminar los cultivos de uso ilícito mediante la erradicación manual y voluntaria. 3. Trata reí tema dentro de la política rural y social.

4. Consultar a las comunidades las decisiones para solucionar la problemática de los cultivos de uso ilícito. 5. Atención estructural al conflicto social del sector rural"7. Propuesta ponencia 8 Plantean 10 propuestas: " 1 . Legalización despenalización, 2. Sustitución de mercados ilegales a través de la legalización y la despenalización de las sustancias ilícitas, 3. Tomar el pacto social por el Catatumbo como una experiencia que sirve de laboratorio en el manejo del tema, 4. Apoyos técnicos y financieros que garanticen los ingresos que las familias dejan de percibir al sustituir los cultivos, 5. Participación de la sociedad civil, 6.Transformación productiva e industrialización de la hoja de coca y la marihuana, 7. Solicita a las FARC informar su papel en el negocio del narcotráfico, 9. Promover programas de atención a la dependencia como los desarrollados en Bogotá con los Centro de Atención Móvil a drogodependientes, 10. Proponen la creación de un Fondo Nacional para la atención Psicosocial y médica de consumidores de sustancias psicoactivas (SPA), 11. El mercado de drogas debe diferenciar a consumidores nacionales y extranjeros"8. Propuesta ponencia 9 Presentan cuatro propuestas: " 1 . atención al consumidor y prevención del consumo, 2.reforma agraria y desarrollo rural con sustitución y uso alternativo de cultivos, 3. Desmantelamiento y persecución de los activos de uso ilícito, 4. Fortalecimiento de la presencia del estado"9. Propuesta ponencia 10 Proponen la legalización de las drogas y el tratamiento del tema como un asunto salud pública y de educación10. Propuestas presentadas oralmente: 1. Héctor Chávez: Amnistía e indulto para quienes pagan condenas por temas de drogas y reforma de los artículos 375,376 y 377 del código penal en lo que tiene que ver con las penas que se aplican, la introducción de penas alternativas. 2. Alonso Pedroza: Reforma rural de fondo. Herramientas suficientes a gente que vive en los pueblos y en las veredas. 3. Adrián Restrepo: En Medellín hay un movimiento de consumidores y en Colombia hay 28 colectivos promoviendo el uso alternativo del cannabis y la despenalización de las drogas. 4. Plantea que los campesinos no son narcotraficantes, que en las regiones de cultivo no hay consumo y que se requiere una política agraria que respalde al campesinado. 5. La erradicación no debe emplear a personal civil.

ffl

6. Insiste en que la política y los programas dirigidos al tema de cultivos de uso ilícito deben ser acordados, concertados con las comunidades.

Ponencia 1. Sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos, Red de iniciativas y comunidades Paz desde la base, Presentada por el Comité de Integración del Macizo Colombiano, Bolívar Cauca, Septiembre 25 de 2013.

Ponencia 2. Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano, Medellín, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de drogas ilícitas, Dejusticia, Bogotá Septiembre 25 de 2013. Ponencia 4. Propuesta de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola, Marcha Patriótica, Bogotá, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 5. Propuesta para solucionar el fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, Mamacoca, Augusto Bonilla Moneada, Bogotá, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 6. Propuesta Sustitución de cultivos de uso ilícito, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño, Medellín, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 7. Foro Nacional sobre el problema de las drogas ilícitas, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Bogotá, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 8. Foro Nacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, Redepaz, Bogotá, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 9. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos, Juventudes políticas cristianas, Bogotá, Septiembre 25 de 2013. Ponencia 10. Adjuntos, Observatorio de Derechos Humanos, paz y conflicto, Bogotá, Septiembre 25 de 2013.

Propuestas Ciudadanas Mesa Temรกtica 3 Grupo de Trabajo 4

Ponencias

SUIPPCOL Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LOS CULTIVOS ILÍCITOS Bogotá, septiembre 24, 25 y 26 de 2013 1.

Presentación

' La Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la base está presente en 12 de los 32 departamentos y está conformada por: 1. Asociación de campesinos de Buenos Aires (ASOCAB - Sur de Bolívar); 2. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN); 3. Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Paz de Samaniego (Nariño); 4. Asociación de campesinos de Inzá Tierradentro (ACIT); 5. Asociación de productores alternativos de Sirnití (ASPROAS); 6. Asociación de organizaciones de mujeres de Buenaventura; 7. Asociación de trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); 8. Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena del Chaira, Caquetá (ASOJUNTAS); 9. Asociación Regional de mujeres del oriente antioqueño (AMOR); 10. Asociación de productores para el desarrollo comunitario de la ciénaga grande del bajo Sinú (ASPROCIG); 11. Asociación de Juntas Comunales del Alto Naya; 12. Asociación de Consejos Comunitarios del Río Patía, sus brazos y la ensenada de Tumaco (ACAPA); 13. Comité de Cacaoteros de Remolino del Caguán y Suncillas (CHOCAGUÁN); 14. Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA-FUNDECIMA); 15. Comunidad de paz de San José de Apartado; 16. Comunidades de autodeterminación, vida y dignidad de! cacarica (CAVÍDA); 17. Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC); 18. Consejo Comunitario del río Sanquianga (Nariño); 19. Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá; 20. Consejo Comunitario del rio Cajambre, 21. Consejo Comunitario del bajo Naya; 22. Consejo Comunitario del rio Yurumanguí; 23. Consejo Comunitario Mayor de la OPOCA (COCOMOPOCA); 24. Coordinación de consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Caucanc (COCOCAUCA); 25. Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (FISCH); 26. Iglesias Santuarios de Paz de Tierra Alta, Córdoba (CORSOC-ASVIDAS); 27. Proceso soberano y comunitario por la vida, la justicia y la paz de Micoahumado; 28. Red Mujer y Participación Política de Cundinamarca; 29. Unidad de Organizaciones Afro caucanas (UOAFROC); 30. Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL). Ei Espacio Regional de Paz del Cauca, está conformado por iniciativas de paz y organizaciones indígenas: CRIC, ACIN; campesinas: CIMA, MCC; de mujeres: Ruta Pacifica de las Mujeres regional Cauca, mujeres ACIT, Justicia y Paz, Corporación gestión y desarrollo, Fundetnias y COMUNITAR: Afro descendientes: COCOCAUCA, UOAFROC; urbanas; ORDEURCA, CODESCO, SUNMCOL Con el apoyo del Programa Suizo de Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

r:.lPPCOL Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 3. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos". . Desde que se iniciaron los diálogos en la Habana, la Red y el ERPAZ han manifestado su beneplácito y su decisión de saludar, rodear y defender dicho proceso. Hemos solicitado que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo finai para terminar el conflicto armado. De igual forma hemos expresado que no nos sentimos ¡epresentados en la mesa y que el modelo de participación acordado es excluyente, aunque no por ello deje de tener validez y legitimidad. Sabemos que el camino para terminar con la guerra y construir la paz es de largo aliento, pasa por los escenarios de diálogo y negociación entre las Insurgencias y el Gobierno Nacional, pero sobre todo se construye, se concerta y se legitima ampliamente, en los escenarios de construcción de paz del movimiento social popular y en las múltiples expresiones organizativas y de participación de la sociedad civil y en las regiones y territorios de nuestras comunidades. La Red y el ERPAZ han venido construyendo participativamente, un enfoque y propuesta de paz desde la base, a partir de las experiencias, vivencias y hechos concretos de paz, a pesar del conflicto. Dicho enfoque incluye una perspectiva diferencial, de género, multiétnica y multicultural de la paz vista desde el territorio. Respecto del tema que nos ocupa en este Foro, la Red y el ERPAZ consideran que después de más de 30 años de fracaso de la política antidrogas en Colombia, ya es hora que se tengan en cuenta las propuestas muy concretas que han hecho las organizaciones campesinas, afros, indígenas, mujeres y, en general los productores de hoja de coca, con el fin de construir una política realista de manejo del problema. La solución al problema de los cultivos declarados ilícitos pasa por discutir y decidir políticas frente a las complejas dimensiones del narcotráfico en los escenarios de paz con participación de la sociedad civil colombiana. Y al mismo tiempo aclarar, desde la perspectiva de Colombia en el marco del proceso de paz, cuál debería ser la responsabilidad internacional y cómo se debe actuar en relación con la política de cooperación. La Red y el ERPAZ consideran que en el centro de la discusión de este tema debe estar la relación y articulación entre drogas y conflicto armado y la transformación que el narcotráfico ha logrado en la institucionalidad y el Estado colombiano, creando un poder mafioso que ha llegado, como lo señala Garay a la "reconfiguración y captura del Estado", Pero de Igual forma, la solución del problema, en el marco de una paz estable y duradera, debe estar necesariamente articulada a otros temas tales como: un cambio radical en la estrategia de remilitarización y plan consolidación que ha violado derechos fundamentales de las poblaciones; el tema del acceso a la tierra-reforma agraria integral; de los proyectos de vida de las comunidades, iniciativas de economía campesina propia y de los planes de desarrollo regional, construidos desde los enfoques y con la amplia participación de las comunidades, especialmente de las poblaciones (mujeres, afro, campesinas, indígenas) afectadas por las políticas represivas implementadas para enfrentar el problema. *

Análisis del problema desde la Red y el ERPAZ

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base La biodiversidad cultural y agroecológica de las regiones de Colombia hacen que el fenómeno de comportamiento de los cultivos declarados ilícitos se manifieste de manera diferente y por supuesto sus opciones de solución deben de ser diferentes, asunto que no se ha aplicado todavía en el país, porque no ha habido realmente una-implementación de solución diferenciada y mucho menos teniendo en cuenta las características étnicas y culturales de las comunidades locales. Para las organizaciones y comunidades que hacen parte de la Red y el ERPAZ, la relación entre el tema de las drogas y el conflicto armado se traduce en mayor afectación de sus derechos como población civil debido al control y disputa de los corredores de tráfico, establecimiento de redes y contactos, instalación de laboratorios de procesamiento, control de pistas, lavado de activos. Este control territorial alimentado con el flujo de grandes cantidades de dinero del narcotráfico, con presencia de ejércitos privados unido al control históricamente ejercido por las élites políticas regionales/tradicionales y por la alta militarización y políticas represivas desde el Estado ha entrado en confrontación con el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades quienes consideran que esta problemática ha tenido tres consecuencias graves: 1) pérdida de la autonomía en el territorio, 2) crisis de seguridad y soberanía alimentaria, y 3) el aumento de la violencia y conflictos con los actores armados en sus territorios. La autonomía sobre los territorios es tal vez el aspecto más resaltante de la problemática de los cultivos de uso ilícito cuando se establecen en territorios indígenas, afros y campesinos porque se pierde el control sobre el manejo de la cotidianidad, se pierden los valores étnicos y sobre todo se permea la cultura ancestral y las practicas comunitarias. La política antí-narcóticos de los Estados Unidos ha causado despojo y violaciones de derechos humanos, ha incrementado el tráfico de armas y ha aumentado violencia. No ha resultado útil en la disminución del cultivo de la coca ni en la producción de cocaína. Por otra parte, políticas económicas estadounidenses como la apertura del mercado y la implementación del Trato ó'e Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia han impactado negativamente a las economías de pequeña escala, aumentando la vulnerabilidad económica y la dependencia de la cultivación de coca como fuente de ingresos, actuando en contra de las supuestas metas de la erradicación. S¡ bien es cierto que los Gobiernos y Estados tienen hoy mayor claridad y puntos en común sobre el diagnóstico del problema, como lo señaló el Secretario general de la OEA al entregar el informe 2 "esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas" y con mayor -Jaridad apuntó que "todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones le mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y padres, de niñas y de niños que hoy se sienten ímenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo". Ver: OEA, El problema de las drogas en las Américas, 2013. Insulza señaló cuatro conclusiones: 1. Es ecesario tratar el problema de acuerdo a cada realidad; 2. Los países con menos recursos y menor fortaleza istitucional tienen más dificultades para hacer frente al impacto del narcotráfico; 3. El fenómeno requiere un nfoque de salud pública; y el enfoque del problema debe ser múltiple, flexible, comprensivo de las diferencias y ebe contar con la unidad en la diversidad.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base El documento sobre "Escenarios 2013-2015, para el problema de ¡as drogas en las Amérkas", complementario al informe global, se describen cuatro escenarios cada uno con énfasis diferentes a saber: acento en el fortalecimiento institucional, ajustes en las normas legales y mecanismos de control y regulación, continuidad del fracaso de las políticas (ruptura) y un escenario de diálogo con las comunidades en ¡a perspectiva de: "Programas para e! fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales". Esperaríamos que los mandatarios y responsables de las políticas antidrogas coloquen atención a éste escenario. Reiteradamente y en múltiples espacios, las comunidades no sólo han construido el diagnóstico sino que han elaborado propuestas que no han sido escuchadas. Recientemente, en el una audiencia pública realizada en el Cauca3, las comunidades campesinas, mujeres, afros e indígenas expresaron: "Creemos que debe haber un enfoque de tratamiento estructural de la problemática. El 62% de la población estamos recuperando economías propias como alternativa a los ilícitos. Partiendo del problema de la tenencia y propiedad de la tierra. Seguimos manteniendo nuestra propuesta de plan de vida y la movilización permanente. Proponemos discutir y concertar propuestas en tres niveles: 1. La recuperación y promoción de los usos culturales y tradicionales de la coca ¡s 2. Diverslficación de los cultivos, en el marco de economías campesinas propias. 3. La sustitución gradual y concertada con garantías de ingresos y desarrollo agropecuario integral. Para ello señalamos una posible ruta de acción: Cultural: Hay que sustentar y defender con razones lo que hacemos y io que producimos. Poder suplir las necesidades alimentarias locales antes que pensar en exportar, sin descartarlo. Metodológicamente; intercambio de saberes y experiencias que fortalezca nuestro territorio Político: reconocimiento como sujetos de derechos pues no queremos ser perseguidos, y seguir luchando por una reforma agraria integra! Ambiental: reconociendo la riqueza natural y humana del territorio y la imperante concientización de los países en relación con la urgencia de una compensación ambiental. Económico: rechazo contundente al TLC".

En la misma audiencia el Gobernador del Cauca, intervino señalando que: "Los que vivimos aquí sabemos cuál es la dinámica de la coca, y sabemos que los campesinos no se hacen ricos con la coca, con la coca no se han beneficiado los campesinos, pero si es un medio de subsistencia ante situaciones difíciles. En el departamento del zauca estamos haciendo un esfuerzo para trabajar el tema del campo, hemos hecho varios foros, conclusiones: jivimos del café, hay que apoyar a los que cultivan esto, caña panelera y fique, leche y frutales; cualquier lobierno si quiere aportar realmente al campo debe apoyar estos cultivos, con un criterio, organizar el :ampesinado, para que se convierta en un interlocutor fuerte para negociar, exigir etc."

Audiencia Pública "Diversificación de la economía y dignificación de la coca". 26 de julio/2013. Gobernación del "auca.

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 3.

Impactos específicos para las comunidades y territorios

Colombia cuenta con un ecosistema "mega-diverso," hospedando aproximadamente 14% de la biodiversidad mundial 4 . La política antidrogas aplicada en Colombia ha sido un fracaso, además de causa un grave daño al ecosistema, porque no ha tenido en cuenta otros problemas estructurales, como la crisis agraria, la inequidad de un modelo de desarrollo que no es sostenible, la ausencia de una gobernabilidad ganada desde los procesos y no desde el ejercicio de la fuerza. Los ciudadanos colombianos y estadounidenses continuarán presenciando el despilfarro de significativos recursos en acciones que además de no mostrar sus bondades impiden el afianzamiento de la democracia y con ello la consecución de la paz en Colombia. De igual forma, las regiones que albergan la riqueza de la diversidad colombiana seguirán padeciendo las consecuencias ambientales y sociales de esta estrategia que no hace otra cosa que fortalecer el negocio de la guerra, en el cual los que se lucran son los fabricantes de las armas, químicos como el glifosato y aeronaves. La erradicación forzada de les cultivos de coca, marihuana y amapola no puede continuar siendo parte esencia! de una estrategia de guerra para combatir parcializadamente a los actores armados y consolidar el poder de grupos ilegales y organizaciones narcotraficantes, entronizadas en los poderes locaies, en muchos casos, con el apoyo de amplios sectores empresariales nacionales e internacionales, y políticos. La política se ha centrado en perseguir las plantaciones y, con ello, al eslabón más débil de la cadena, integrado por campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que deben dedicarse a su siembra para sobrevivir, ya sea ante !as inadecuadas condiciones de vida o las presiones de los actores armados. Las aspersiones aéreas con glifosato desde 19925 y otros químicos incluida la propagación de plagas contra a hoja de coca bajo el nombre de "control biológico1', están causando graves daños de tipo ambiental, cultural y social, violando disposiciones sobre seguridad ambiental y normas sobre manejo de herbicidas. Como consecuencia, las áreas de ilícitos se han desplazado a zonas ambientalmente frágiles tanto en el interior de la región amazónica como en las zonas de bosque andino y aito/andino, áreas estratégicas en la producción del ciclo del agua. Con ese traslado se han multiplicado los impactos ambientales 6 y se ha agravado la problemática social ante el contundente hecho de que centenares de miles de colombianos derivan su ingreso de esa economía.

4 5

Consultar: "Colombia Report,Convention on Biológica! Diversity" en http://www.cbd. int/countries/?countrv=co

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Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde ia Base fumigaciones entre 2000 y 2005, solo invirtieron $213 millones USD en programas de sustitución y desarrollo alternativo 10 . Además no se ha cumplido con los compromisos hechos con grupos campesinos y comunidades sobre los programas de substitución. 11 Del mismo modo, la política ha desplazamientos forzados de campesinos y otros habitantes del campo (Codhes, 2003), contrariando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. A! respecto, la Corte que "las actuaciones de las fuerzas militares o de policía y de los organismos de seguridad del Estado cuando le hacen frente a las conductas delictivas realizadas por los grupos armados, o cuando se adelantan procesos de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos en lugares donde habitan personas que se ven avocadas a desplazarse" (Corte Constitucional, 2005). A esta conclusión llegó la Corte luego de analizar los casos de desplazamientos en los departamentos de Chocó, Nariño, Cauca, Meta, Caquetá y Putumayo, zonas en las que se han aplicado el Plan Patriota, Plan Consolidación y programas de fumigación y erradicación de cultivos. En similar sentido, se manifestó el Relator de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos luego de su visita a Colombia: "las actividades relacionadas con el narcotráfico son otro factor del desplazamiento forzado, toda vez que este tipo de delincuencia está vinculado a la obtención del control sobre territorios y personas, o contribuyen a crear un clima general de violencia. La combinación de medidas de carácter militar y punitivo empleadas para erradicar el cultivo ¡lícito de plantas narcógenas, y las repercusiones negativas de la fumigación aérea en la seguridad alimentaria de las zonas afectadas, podrían acentuar el sentimiento general de inseguridad e indefensión que, a su vez, propicia los desplazamientos individuales y en mase".

una solución integral al problema De >sj^rdocoj><?l análisis planteado, las organizaciones de mujeres, de jóvenes, las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes que conforman la Red de Iniciativas y Comunidades de paz desde la Base y el Espacio Regional de Paz del Cauca, presentan las siguientes propuestas, en la perspectiva de contribuir a la ampliación y al fortalecimiento de iniciativas que ya vienen realizando las organizaciones de base en sus territorios y en cada una de las cadenas productivas; y, con la intención de aportar a una solución real al problema que permita la consolidación de la paz con justicia social:

4.1 Las políticas de solución al problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito deben construirse bajo un enfoque de respeto y garantía a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones y comunidades vinculadas a la producción de la hoja de coca.Ün tal sentido, es prioritario descriminalizar el cultivo y reorientar la política de militarización y de operaciones represivas contra las comunidades y sus territorios. Esto pasa por desmontar el actual plan consolidación. 0

"Alternative development strategies in Colombia. The need to move beyond illicit crop spraylng," interamerican \ssociation for Environmental Defense. 2006- En: http://wwwaida-mehcas.org/ 1

Denuncias ae campesinos del Cauca.

Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Coiombia

Red de iniciativas y Comunidades Paz desde la Base 4.2 Parar de manera inmediata las fumigaciones. Esta es una condición necesaria para generar un ambiente de confianza entre el Estado y las comunidades y poder así desarrollar acuerdos para la ¡rnplementación de alternativas viables ysostenibles en el mediano y largo plazo a los cultivos ilícitos. 4.3 Fortalecer las iniciativas de economía propia, basada en semillas, tecnologías, procesos de transformación de alimentos autóctonos y mercadeo y comercialización colectivos que fortalezca los sistemas de producción que hoy se desarrollan en varias regiones del país y favorecer propuestas de etnodesarrollo y con enfoques Interétnico y e intercultural, en los que se incluya, efectivamente, las propuestas productivas alternativas, impulsadas por los grupos de mujeres. En este sentido, es necesario desarrollar una campaña nacional que reconozca la "dignificación de la hoja de coca y del desarrollo alternativo". Estos planes alternativos deben apuntar a garantizar la autosuficiencia alimentaria y propiciar inversiones sobre aquellos cultivos que generen excedentes y tengan condiciones favorables para su comercialización. Para ello se debe partir de procesos de ordenamiento territorial y ambiental que determinen las condiciones biofísicas para la instalación de alternativas viables en el mediano y largo plazo. \A Como alternativa frente a las fumigaciones químicas y biológicas se debe considerar el análisis de técnicas de erradicación manual siempre que ésta sea voluntaria, acordada con las comunidades, de carácter gradual y condicionado a la sostenibilidad de inversiones económicas en lo social y cultural. Se requieren acciones que contribuyan a generar tejido social, una ética fundada en el respeto por la vida y la dignidad humana y que promueva la creación de plenas garantías para la aplicación de una pronta eficaz justicia. \SJ Conociendo que la mayoría de los cultivos de uso ilícito se encuentran en zonas de alta fragilidad ambiental, y que además estos territorios cuentan con una gran diversidad étnica y cultural, las políticas alternativas que se propongan deberán garantizar: los derechos de los pueblos indígenas, afro descendientes y campesinos de controlar y proteger sus recursos y conocimientos tradicionales; el derecho a la consulta y consentimiento previo e informado, sobre cualquier plan, programa o proyecto que se piense desarrollar en sus territorios; garantizar que los beneficios obtenidos por los desarrollos investigativos y el uso sostenible de la biodiversidad sean revertidos sobre las comunidades que habitan los territorios ambientalmente frágiles, con el fin de generar alternativas a las economías extractivas. 1.6 Es importante realizar una actualización desde las regiones de las dinámicas y cambios que han ocurrido en la cadena productiva de la producción de la hoja de coca, que permita identificar los cambios ocasionados y los impactos socio culturales, económicos y ambientales que se han producido en los últimos 10 años en el país; para ello se plantea la realización de estudios subregionales en zonas históricas de producción que hayan tenido referentes serios de desarrollo alternativo. 1.7 Fortalecer el proceso de organización de las comunidades en el nivel municipal y departamental de modo que contribuya a concertar respuestas locales Incluyendo la erradicación manual, gradual y con inversiones económicas y sociales que reconozcan la diversidad social, política y cultural de las regiones, así como sus planes de vida, de etnodesarrollo y del "buen vivir". En el caso del desarrollo alternativo, este debe

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SUBPPCOL Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia

Red de Iniciativas y Comunidades Paz desde la Base incorporar las perspectivas, intereses y cosmovisiones de las comunidades y sus formas de apropiación y manejo del entorno. 4.8 Cumplir de forma eficaz con la implementacion de los Autos 02, 05 y 06, los cuales ayudarán a mitigar los efectos del conflicto armado, de la violencia y demás conflictos generados por las políticas antidrogas, contra mujeres, niños(as), pueblos indígenas y afro-descendientes. 4.9 Fomentar la creación de eco-aldeas que estimulen las condiciones rurales para el "buen vivir". 4.10

Atentamente, Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base ¡Ispacio Regional de Paz del Cauca Bogotá, Septiembre 24-26 de 2013

OMMJX Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela

Foro sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Fecha de presentación de la propuesta Municipio-Departamento

25/09/2013 Antioquia

Nombre de la organización que presenta la propuesta

Red de Colectivos de estudio Latinoamericano (Red Cepela)

Indique el eje temático al que se refiere su propuesta

Solución al problema de las drogas ilícitas

Correo electrónico o datos de contacto de la organización (No es obligatorio)

redcepela@gmail.com

Pensamiento

Propuesta: Desde iniciado el conflicto armado, los colombianos desde distintas expresiones sociales han intentado construir propuestas que den fin a este, para ello se ha tenido como eje central los debates que surgen alrededor del problema de la tierra, el cual se ha puesto en diversos análisis como causa histórica del conflicto social y armado. Esta problemática, pasa a grandes rasgos, por la usurpación de la tierra, procesos de destierro, entrega de la soberanía al capital transnacional, procesos de modernización sin democratización, invisibilización del campesinado y por ende abandono del campo, así como políticas enfocadas a la industrialización de este, desconociéndose modos de vida de nuestros campesinos y procesos o iniciativas por modelos agrarios más sostenibles. El país ha experimentado distintas iniciativas para abordar esta problemática, que ha terminado de complejizarse por lo largo del conflicto; a esta dinámica se suma el advenimiento del narcotráfico, que penetró fácilmente nuestro país en las diferentes esferas sociales, fruto de políticas que empobrecían el campo y fortalecían la industria extranjera y nacional, dejando al pequeño y mediano productor en condiciones de pobreza. Los proyectos que se han visto surgir y fracasar en su intento, por ser elaborados y puestos en marcha de espaldas al campesinado son, por citar algunos, el Plan Colombia, el Plan Plante, Programas de Guardabosques, Laboratorios de PAZ, Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), la conformación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), múltiples programas de erradicación de cultivos, Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y los actuales modelos de zonas de consolidación cívico-militar que han generado debilitamiento a la democracia, todos estos dirigidos a la "lucha" antinarcóticos, pero que han traído como consecuencia la protundización del conflicto, debido a que desconocen las condiciones socioeconómicas y culturales, así como las dinámicas históricas del campo y el campesinado. Por otra parte los Impactos medioambientales y sociales son mayores que los beneficios de la

ffl

Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela erradicación de los llamados cultivos de uso ilícito. Los cultivos se incrementan conforme las políticas públicas desfavorecen al campesinado (así la oficialidad desconozca las cifras en aumento), ya que el modelo económico y político prioriza las importaciones y no el fortalecimiento de nuestro sistema agrario; transversal a esto, las fumigaciones generan daños en los cultivos de producción o pan coger, contaminan fuentes de agua, flora y tierras, generan impacto o mortandad en la fauna y un sin número de efectos directos o indirectos, como la ruptura del tejido social del campo debido a la estigmatización de quienes defienden sus derechos o la división del campesinado por políticas de coerción, sin atender sus condiciones sociales. Todo este panorama se consolida con un modelo económico que como se mencionaba anteriormente, fortalece las importaciones, beneficia a intermediarios y no al productor, al que sembrar se le ha vuelto una causa de empobrecimiento, por no ser rentable en términos económicos. Múltiples propuestas de cambio o solución al problema de los cultivos de uso ¡lícito han surgido en estas décadas, hoy se analizan bajo la lupa de esas experiencias, se diversifican y se transforman en exigencias; algunas de ellas son: 1. La política de erradicación de cultivos de uso ilícitos debe acabarse; ya que, las fumigaciones por vía aérea o en tierra no afectan sustancialmente la producción y por el contrario generan una cultura de la ilegalidad y ocasionan serios problemas ecológicos. Por otro lado la eliminación manual, ha generado ruptura del tejido social, dejando al campesino en medio de la confrontación armada. Se debe pensar en utilizar el conocimiento acumulado durante siglos por comunidades ancestrales y permitir florecer una industria local de corte democrático y no monopolizado, donde se aprovechen sus cualidades cosméticas, medicinales y alimenticias; condiciones aprovechables en plantas como la coca, la marihuana, la amapola u otras plantas de carácter sicotrópico o sagradas como las llaman las comunidades indígenas, buscando con ello generar un mercado alternativo, que pueda brindar opciones de subsistencia y dinamización de la economía, de esta manera, desvincular del tráfico a muchos sectores ligados a esta práctica. Se hace necesario propiciar debates para la legalización de su siembra; producción y consumo a fin de golpear el mercado ilegal. La opción penal como tratamiento al problema lo único que ha logrado es profundizarlo, pues genera mayor exclusión y violencia. Deben explorarse políticas diferentes al derecho penal para desmontar las economías ¡legales, así como no darle un tratamiento punitivo a las adicciones, ya que generan consecuencias sociales negativas.

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Las tierras hoy se encuentran agotadas por el uso excesivo de monocultivos y es mayor su impacto que el

ocasionado por la siembra de cultivos de uso "¡lícito". El cambio en la vocación del suelo para promover la siembra de palma aceitera, caña de azúcar, caucho y cacao (entre otros monocultivos), genera mayores problemáticas alrededor de la tenencia de la tierra y el destierro forzado. Es necesario pensar un sistema que junto con el fortalecimiento de la agroindustria nacional, genere cambios en los modelos extractivitas o de monocultivos para combustibles y no para alimentos, como el caso de la caña para !a industria de los alcoholes carburantes. Debe ser un imperativo de las políticas públicas el fortalecimiento de procesos agroecológicos, donde se le permita al

Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano redcepela@gmail.com https://www.facebook.com/RedCepela campesinado recuperar el suelo, desarrollar prácticas agrícolas sustentables como la recuperación de semillas, el uso adecuado de fuentes de agua, la reconstrucción del tejido social, el sistemas de intercambio o trueque. Estas políticas deben ser construidas con las comunidades y sectores sociales en general, donde la democracia directa cumpla un papel fundamental. Sabemos que aunque el proceso es lento y costoso, lo es menos que la economía y política de guerra que asciende y la cual ha dejado a su paso, muertes, miseria, dolor y víctimas. 3. La sustitución no debe hacerse por cultivos de exportación o de tipo exótico, debe apuntarse a la soberanía alimentaria, pues un proceso de cultivos enfocados a la exportación llevaría a un incremento de monocultivos y a la expansión de la frontera agrícola; acciones que dejan fuertes impactos ambientales. La búsqueda de la inserción en el mercado internacional, ha derivado en la exacerbación de la guerra, como en los casos de las fórmulas mágicas a principio del siglo XX con la Quina y el Caucho o a principios del XXI con la Palma Aceitera y la Teca, estos últimos que como denuncia el reciente Paro Agrario, fueron propuestas agrarias que fracasaron. Debe respetarse la autonomía de las comunidades y destinarse los recursos económicos para la construcción, aplicación y consolidación de procesos organizativos; brindando asesorías técnicas, procesos educativos, planes de fortalecimiento de la economía local y campesina, sistemas de salud pluriculturales y acompañamientos psicosociales. Además es vital la generación de infraestructura para la comercialización y poder brindar opciones para cortar y/o reducir la cadena de intermediarios, se deben a su vez, generar garantías para el retorno del campesino a sus lugares, no de forma temporal, sino con continuidad, a fin de proporcionar condiciones en pro de la recuperación de la tranquilidad y la estabilidad emocional, psíquica y económica, luego de un proceso de exterminio sistemático e histórico. Incrementar la presencia del estado en todo el territorio nacional, con políticas públicas y no con su aparato coercitivo; ya que es este sector de la institución un victimario y violador de los Derechos Humanos, como lo demuestran las múltiples demandas contra el estado colombiano; de igual manera generar procesos de veeduría ciudadana, para evitar corrupción o favorecimiento a sectores poblacionales que no lo requieren, como con el caso presentado con el programa de "Agroingreso seguro". 4. Legalización de la siembra de los llamados cultivos de uso ilícito, así como la producción y consumo de sustancias psicoactivas. Esta política en reconocimiento a las cosmogonías de los pueblos ancestrales y como estrategia que afecte el "negocio" del narcotráfico y a las esferas estatales vinculadas con el tráfico, también permitiría atacar la corrupción y generar dinámicas sociales, subjetivas y políticas, que resquebrajen la economía internacional y nacional asociada a este negocio que en su accionar ha generado disputas y desestabilización social. Además de la legalización, debe haber un acompañamiento estatal a las economías locales, así como un desmonte de las redes de narcotráfico que, a la larga, son el fundamento del negocio de ios liamados cultivos de uso ilícito. De esta manera se deja de potenciar las economías vinculadas con los circuitos ¡legales.

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6. La experiencia e iniciativas de Zonas de Reserva Campesina, deben ser fortalecidas y apoyadas, no solo las existentes, sino aquellas que están con la iniciativa de conformación. Sólo una política congruente de desarrollo agrario integral, cuyo énfasis se encuentre en el apoyo de la economía campesina y la defensa de la soberanía alimentaría es garantía de solución para el problema de los llamados cultivos de uso ilícito.

Impulsar desde las diferentes formas organizativas; sociales, comunitarias, sectoriales y culturales, la realización de un censo agrario que permita establecer la cantidad de hectáreas usadas para cultivos de uso ¡lícito, con el fin de definir una política encaminada al uso de estas áreas para las iniciativas farmacéuticas, estéticas, tradicionales y científicas que se deriven de este tipo de plantas.

Crear programas culturales, artísticos y académicos

para niños y jóvenes en general, que propendan por

WUvt¿^

FORO SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS "Solución del fenómeno de producción y coniexc¿alización de drogas ilícitas" Propuesta deTtejusticia A continuación presentamos las recomendaciones hecháspor el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia- a la Mesa de Diálogos en La Habana sobre el punto de la agenda de paz relativo a "La solución al problema de las drogas ilícitas". Debido a la complejidad del tema y la dificultad para la implementación de varias de las medidas que aquí sugerimos, hemos estructurado este texto como un conjunto de tesis, fundadas empíricamente, que permiten caracterizar el problema que deben enfrentar las negociaciones, y a la vez, sugerir alternativas para superarlo. Se trata entonces de un conjunto de tesis para la discusión sobre el futuro de las políticas de drogas en el país. • ~ 1. Caracterización del problema: es el régimen prohibicionista el que ha propiciado la creación de un mercado ilícito y el surgimiento de diversas formas de crimen organizado que compiten por el mismo. Las vulneraciones a los derechos humanos que esto ha generado se ven acentuadas por las medidas represivas adoptadas para enfrentarlos. Colombia ha internalizado en sus políticas públicas y legislación estrategias de "guerra contra ¡as drogas", impulsadas principalmente por los Estados Unidos y cristalizadas en un régimen internacional de prohibición de las sustancias psicoactivas controladas. A pesar de los inmensos recursos invertidos en la implementación de las mismas, los resultados no han sido los esperados. No solo porque no han logrado evitar el daño que las drogas causan sobre la salud de los consumidores1 -que se supone es su principal objetivo y justificación-, sino además porque el prohibicionismo que las sostiene ha generado gravísimos problemas secundarios como la violencia que ejercen las mafias dedicadas al tráfico de drogas en su afán por ganar espacio en el negocio. Los daños secundarios pueden explicarse porque la prohibición en materia de drogas altera de forma particular las condiciones de un mercado para el cual la demanda está asegurada, pues resulta relativamente claro que, como ha mostrado la historia, los consumidores (en particular los adictos), mantienen la demanda incluso ante la variación de los precios. Bajo estas condiciones, el cultivo, fabricación y tráfico de estupefacientes se convierten en un negocio atractivo. Mucho más aún por tratarse de un negocio ilegal, pues al no existir regulaciones sobre el mismo los actores con más poder en la cadena (los grandes narcotraficantes) se toman la libertad de fijar precios excesivamente altos y de imponer sus condiciones a los eslabones más débiles de esta cadena (generalmente campesinos e indígenas cultivadores, productores y micro-expendedores). En otras palabras, con una demanda asegurada en el largo plazo, es gracias a la prohibición que el narcotráfico mantiene su excesiva rentabilidad. Adicionalmente, estas condiciones imposibilitan que cualquier triunfo en la guerra contra las drogas tenga efectos significativos. Esto se ve, por ejemplo, cuando se incautan grandes cargamentos de droga, o desarticulan grupos armados involucrado en el negocio2-, pues el efecto de disminución de la oferta y aumento de los precios es solo temporal, ya que la misma alza en los precios hace atractivo el negocio para otros actores que llegan a disputarse esa posición en el negocio del narcotráfico. Cuando la victoria consiste en, por ejemplo, la neutralización de espacios 1

Estos daños sobre la salud de quienes consumen drogas es lo que se conoce como efectos o problemas primarios. Como podría llegar a ocurrir con las FARC en un etapa de post diálogos. Para un análisis más detallado cerca de las posibilidades que los diálogos de paz pueden ofrecer para llevar a cabo modificaciones a la actual política de drogas, ver: Uprimny, Guzmán y Parra (2013). "Diálogos de paz y drogas: Posibilidades en medio y más allá del prohibicionismo". 2

de producción o rutas de tráfico, lo único que se logra es el desplazamiento de estos hacia otra cualquiera de una amplísima cantidad zonas geográficas disponibles. Esto último es el llamado "efecto globo"3. El resultado más perverso de esta dinámica es que las frecuentes disputas entre actores armados por ganar dominio en zonas de producción, transporte y comercionalizacíón, así como la respuesta del Estado para impedir que actores ilegales recuperen terreno en el negocio, son frecuentemente disputas violentas, costosísimas en términos de derechos humanos ÍJDDHH), en las que termina asumiendo una carga desproporcionada la población más vulnerable. Colombia, siguiendo la dinámica internacional, ha adoptado en el último siglo estrategias cada vez más represivas. En pocas décadas se transformó un marco normativo que inicialmente no contemplaba la pena de prisión para estas conductas, en uno en el que cada una de las acciones de la cadena de producción, fabricación y comercialización de sustancias psicoactivas está tipificada con sanciones desproporcionadamente altas,4 congestión judicial y hacinamiento carcelario. Este sólo efecto es tan negativo, que debería promover la transformación de las políticas de drogas adoptadas en el país. 2. Es necesario que Colombia explore modelos alternativos al prohibicionismo, o que por lo menos promueva el debate internacional al respecto. Ante la inminente necesidad de prestar atención a un problema cuya solución resulta tan cara en términos de DDHH, y considerando las oportunidades que ofrece una eventual desmovilización de las FARC, es necesario explorar alternativas de regulación jurídica distintas a la actual "guerra contra las drogas". Como han señalado diversas investigaciones, la mencionada guerra representa solo uno de los extremos de las posibles alternativas para enfrentar el fenómeno de las drogas5. En este, el consumo es entendido como un vicio moral o delito, y por ello es necesario eliminarlo por completo o reducirlo significativamente a través de un uso amplio del derecho penal. En el extremo contrario están la políticas de "liberalización general" del mercado de drogas6, que con la idea de proteger al máximo la libertad individual restringe también al máximo la intervención estatal (incluyendo la del derecho penal) y se desentiende de la suerte que puedan correr los consumidores. En medio de esos dos modelos, ambos con evidentes inconveniencias7, hay dos modelos más: a. el de "Reducción del Daño" (RD), y b. el del "Legalización Regulada" (LR). Desde una perspectiva 3

Un ejemplo del "efecto globo" en materia de narcotráfico ocurrió en 2005 tras la desmovilización de ciertos grupos paramilitares. Como señala el 10? informe trimestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA de Octubre de 2007, "en la desmovilización de las autodefensas sectores del narcotráfico vieron una oportunidad para ganar control de zonas de cultivos ilícitos y corredores". (MAPP-OEA:2). Algunos ejemplos de la desproporción de las penas para delitos relacionados con drogas: 1) las penas de prisión por el delito de tráfico son iguales o mayores que las del homicidio y el acceso carnal violento, 2) las denuncias por delitos de drogas representan cerca del 40% del total de sentencias condenatorias del país, 3) los presos por estas conductas representan más de la mitad del actual hacinamiento carcelario, y 4) el 90% de los presos por estupefacientes son tan solo eslabones débiles de la cadena de la droga. Para más detalle acerca de esta desproporción, ver: Uprimny, Guzmán y Parra (2013). "Penas alucinantes. La desproporción de la penalización de drogas en Colombia". 5 Para una descripción detallada de los cuatro modelos teóricos de regulación jurídica de sustancias psicoactivas ver: Uprimny (2003). "Drogas, Derecho y Democracia". Texto presentado en el Seminario Itinerante de Política Criminal POCAL Disponible en: http://www.mamacoca.org/FSMT sept 2003/es/doc/uprimnv drogas v democracia.htmff f t n l . 6 Hasta hace unos años este modelo fue el dominante en materia de regulación jurídica del tabaco. 7 Las inconveniencias de los dos modelos extremos se resumen así: mientras que el de "guerra contra las drogas" muestra un mal balance - e n términos de DDHH- en la relación costos/beneficios, el de "liberalización general" confía

pragmática, el modelo de RD (implementado en Holanda y Suiza, entre otros lugares) busca simplemente evitar el marginamiento en que caen los usuarios por tener que consumir en escenarios de ilegalidad. Sin embargo, este modelo se mantiene en el prohibicionismo pues conserva la criminalización de la producción y la mayor parte de la distribución de drogas. En cambio el modelo de LR, que es el que nosotros consideramos como más conveniente8, realista9 y democrático10, busca reducir tanto los daños directos del abuso de drogas, como indirectos de su prohibición. No se limita a prevenir la marginalidad de los consumidores y los problemas de salubridad asociados11 (y en ese sentido no es solo un modelo se salud pública), sino que también busca reducir la violencia, la corrupción, la erosión al respeto a la ley y la afectación de derechos de la persona que se originan en la prohibición. Para ello, las características principales de una política de LR que se debería adoptar son12: i) Despenalizar, regular y controlar por parte del Estado de los canales de producción y distribución; ii) Entender el consumo de drogas como conducta que debe ser tolerada, pero también desincentivada por su inconveniencia13; iii) Reducir el uso del derecho penal -que tendría que ser un derecho penal de los DDHH- a tres aspectos únicamente: uso indebido de drogas (por ejemplo, cuando se conduce un carro), inducción a menores de edad y distribución por fuera de los canales legales, iv) Buscar constantemente un equilibrio entre, de un lado, una flexibilidad en precios y reglas de distribución para evitar la proliferación de mercados paralelos, y del otro, la severidad en esos mismos aspectos para desincentivar el abuso de drogas; v) Fortalecer programas complementarios de prevención, tratamiento y ayuda a adictos; y vi) Rescatar formas sociales de consumo no problemático (p. ej. Las tradiciones indígenas de consumo de coca). Si bien se trata de estrategias difíciles de implementar y que podrían requerir de constantes ajustes, parecen mucho más democráticas, realistas y respetuodas de los DDHH que la política actual. Sin embargo, somos conscientes de que la adopción de un modelo alternativo al prohibicionismo puede tardar algún tiempo en producirse, y dado que los diálogos de paz buscan acordar también soluciones de corto y mediano plazo al problema de las drogas, en los apartes que siguen hacemos recomendaciones de política pública que pueden implementarse en el marco del prohibicionismo vigente14 y respetando los compromisos de derecho internacional adquiridos por el Estado colombiano.

excesivamente en el poder de autorregulación del mercado e invisibiliza el hecho de que las drogas sí pueden causar daños para la salud de los consumidores y que el Estado podría tratar de prevenirlos. 8 La conveniencia se deriva del hecho de que, si bien no se trata de un modelo fácil de implementar, la LR ofrece alternativas menos costosas en términos de DDHH que la actual política de "guerra contra las drogas". 9 Este modelo es más realista, en tanto que parte del reconocimiento de que es imposible eliminar la disponibilidad y demanda de drogas, por lo que el consumo y abuso de las mismas solo puede ser regulado y limitado por el Estado, pero nunca erradicado. 10 Es más democrático por cuanto parte de la idea de que cada persona es libre de determinarse y desarrollarse según su propia voluntad y, en consecuencia, tiene la potestad de decidir si consume drogas o no. 11 Un ejemplo de este tipo de problemas es el incremento en el contagio de enfermedades como el SIDA a raíz de que los usuarios de heroína comparten jeringas cuando consumen en situaciones de marginalidad. 12 Estas características están explicadas en mayor detalle en Uprimny (2003). 13 Una forma de desincentivar el consumo de drogas es a través de la eliminación de los medios de promoción de la comercialización. Como sugiere Uprimny (2003), "se quitaría a las redes legales de distribución toda agresividad comercial: prohibición de propagandas, exclusión de marcas, etc. Además la política de precios -como se trata en general de monopolios estatales o de mercados fuertemente intervenidos- buscaría desestimular el consumo". 14 Nos referimos a las tres Convenciones de la ONU sobre Estupefacientes suscritas por Colombia: La Convención Única sobre Estupefacientes (1961) modificada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988).

3. Mientras se mantenga el marco prohibicionista internacional, hay alternativas viables a la regulación de Colombia frente a la producción y el tráfico de las drogas consideradas ilícitas. Reformar las políticas frente a la producción y el tráfico de drogas ilícitas no significa vulnerar el derecho internacional. Como mencionamos, la política vigente ha generado altos costos en DDHH y ello se ha traducido en una fractura entre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de drogas y las relacionadas con los DDHH. Enmendar dicha fractura requiere interpretar las Convenciones de la ONU sobre estupefacientes desde una perspectiva de DDHH, permitiendo así la armonización de ambas regulaciones internacionales pero dándole prevalencia a las últimas, por ser estas normas de ius cogens. Bajo esta interpretación se pueden implementar reformas aún en el marco del prohibicionismo como las siguientes: En el ámbito punitivo, el uso desproporcionado del derecho penal como herramienta principal del Estado frente a las drogas ha generado efectos perversos, como mencionamos antes. Es necesario que se adopte un enfoque diferenciado respecto a los eslabones débiles15 de la producción, el tráfico y la comercialización de la droga (P.ej. campesinos cocaleros, correos humanos o "muías" y micro-expendedores]. Para ellos se pueden usar figuras penales como el principio de oportunidad, las causales de justificación, la reducción del monto de las penas mínimas y la adopción de penas alternativas a la privación de la libertad. De esta manera se concentrarían esfuerzos en hacer más eficaz la persecución penal de las organizaciones criminales que controlan el negocio de la droga16. Una de las políticas más costosas (en términos económicos17, ambiéntale18 y de derechos19) y menos eficaces20 que se han adoptado en materia de drogas es la aspersión y erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Por esa razón, se recomendamos replantear la continuidad de las políticas de fumigación y erradicación de cultivos ilícitos. Es necesario que los programas de desarrollo alternativo abandonen la finalidad de reducir cultivos ilícitos en el corto plazo. Estos programas deben centrarse en atender las causas que llevan a los agricultores a dedicarse al cultivo de drogas: la pobreza, ausencia de instituciones estatales, falta de desarrollo rural, infraestructura insuficiente y obstáculos para acceder a mercados legales, entre otras. El desarrollo alternativo debe implementar medidas serias e integrales en el mediano y largo plazo destinadas a generar posibilidades de desarrollo rural y social para los agricultores. Para ello hacemos las siguientes recomendaciones: 1) Incorporar estrategias de desarrollo alternativo a las estrategias nacionales y globales de desarrollo social, de manera que no se limiten a la política de drogas del Estado. 2) Priorizar la solución a los problemas que enfrentan estas comunidades, como la capacidad de 15

Por eslabones débiles nos referimos a aquellas personas que hacen parte del andamiaje del narcotráfico por presión o por necesidad, que no intervienen directamente en hechos violentos y cuyos roles son fácilmente reemplazables. Ello implica también una necesidad de priorizar las investigaciones judiciales, pues actualmente en Colombia el delito de tráfico de estupefacientes se condenan con una eficacia del 24.2%, siendo la gran mayoría casos eslabones débiles de la cadena de la droga que no tienen importante participación en el negocio, mientras que la efectividad del castigo penal frente al lavado de activos es tan solo del 0.6 %. Datos de Mauricio García Villegas, José Rafael Espinosa y Felipe Jiménez próximos a publicarse. Ver: http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/drogas-e-hipocresia-de-estado-45460). 17

En 2010, por ejemplo, se invirtieron 142.526,27 millones de pesos para su ejecución. Entre otras, ha generado deforestación, contaminado fuentes de agua, disminuido la disponibilidad de alimentos y afectado la fauna. 19 P. ej. afecta la salud aumentando la probabilidad de sufrir trastornos en la piel y abortos, y sus consecuencias ambientales afecta la organización interna de las comunidades y ha llegado a ser causa de desplazamiento forzado. 20 Su ineficacia se ve en que a pesar de una disminución de los cultivos ilícitos, la fertilidad de las áreas cultivables ha aumentado y se han mantenido los niveles de producción. 18

acceder a mercados legales en los que puedan participar con sus productos alternativos. 3) Garantizar el acceso a áreas de tierra lo suficientemente grandes para poder sostenerse económicamente con los productos que de ella se puedan extraer (esto, pues los cultivos ilícitos se caracterizan por dar grandes cantidades de producido en pequeñas porciones de tierra). 4) Institucionalizar el control ejercido por entes estatales que verifiquen la implementación de la política de desarrollo alternativo, evalúen sus resultados y verifiquen la reducción del impacto ambiental. 5) Fortalecer integralmente la institucionalidad en las zonas de mayor presencia de cultivos ilícitos, no solo con presencia de las Fuerzas Armadas, sino también, y principalmente, de entidades que garanticen el acceso a la justicia de las comunidades afectadas21. 4. El consumo es un asunto de salud pública. Por ello, no debe ser enfrentado con represión, sino con prevención y atención. A diferencia de la producción y el tráfico, las Convenciones Internacionales sobre estupefacientes permiten a los Estados regular el consumo de drogas dentro de un amplio margen de actuación. Por ejemplo, países como Portugal, Suiza y la República Checa, han trasladado la posesión y el consumo de drogas del ámbito criminal al de salud pública y de reducción de daños. Todo esto sin desconocer sus compromisos internacionales sobre drogas. Por su parte, en Colombia, a pesar de haberse despenalizado en 1994 el uso de la dosis personal, los consumidores siguen siendo criminalizados, continúan sometidos a la voluntad de las bandas del narcotráfico y no tienen acceso a programas eficaces de prevención, mitigación y superación del uso de sustancias. Existe suficiente evidencia empírica que indica que el abordaje punitivo frente a la posesión y el consumo de drogas no es efectivo para reducir la demanda de estupefacientes. Tanto es así, que los niveles de consumo no han disminuido a pesar del endurecimeinto de las medidas punitivas en las últimas décadas. Por esa razón, es necesaria la descriminalización absoluta de la posesión para consumo personal y el uso de drogas en Colombia. De otra manera, las tasas dependencia a las drogas podrían seguir aumentando, lo cual es especialmente grave debido a que la oferta de programas de tratamiento y ayuda a esta población en estado de vulnerabilidad es escasa. A su vez, el ahondamiento de las condiciones de vulnerabilidad de los consumidores termina siendo funcional al fortalecimiento del negocio del narcotráfico. En su lugar, el abordaje del uso de drogas requiere la implementación de políticas de salud pública y medidas de reducción de daño que garanticen un escenario de protección y garantía de derechos para quienes consumen estas sustancias. Dentro del listado de medidas que han sido implementadas en otros países, que han demostrado ser eficaces y que no han generado una vulneración de las Convenciones de la ONU sobre Estupefacientes se encuentran: 1) Adopción de programas de prevención integrales, continuos, participativos y que atiendan las causas individuales, comunitarias y contextúales del consumo, sin limitarse a la opción de la abstinencia en el consumo; 2) Adopción de programas de reducción de riesgos y daños como distribución de metadona a heroinómanos, salas de consumo regulado, distribución de "kits" de consumo higiénico, brigadas informativas y de salud, entre otras; 3) Aumento de la oferta pública de tratamientos de rehabilitación y vigilancia y control de la oferta privada, garantizando siempre la prevalencia de la voluntad del usuario, fortaleciendo las rutas de atención y las redes sociales de apoyo, y velando por la existencia de una oferta diversa e integral de tratamientos para todos los ffl tipos de consumos y los tipos de drogas. Para ello, es necesario equilibrar el presupuesto destinado a la estrategia de reducción de la oferta con el dirigido a la reducción de la demanda. 21

Un mayor desarrollo de estas propuestas se encuentra en GIZ (2011), "Reformulando el enfoque de desarrollo alternativo: Principios y estándares de desarrollo rural en un entorno de drogas."

QnJjxCsis Ponencia Propuestas de la Marcha Patriótica para el tratamiento de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola. I.

INTRODUCCIÓN

El problema de la producción, comercialización y consumo de cultivos de coca, marihuana y amapola resulta de vita! importancia en el debate nacional, a propósito del desarrollo de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno, asi como en la búsqueda de soluciones de fondo a los problemas estructurales que han dado origen y aumentado el desarrollo del conflicto social, económico, político y armado en el pais. Considerando los impactos altamente negativos que han tenido tanto el desarrollo del mercado de estupefacientes como la política antidrogas en la. economía, el régimen político, el ambiente y la población, dése el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, presentamos al país y a la mesa de diálogo de La Habana, los siguientes elementos de análisis y propuesta, a manera de aporte desde los sectores populares al punto tres de la agenda. Como punto de partida se recalca que este problema no puede verse de manera aisiada, como si se tratase de una suerte de mala práctica ejecutada por unos pocos dentro de una economía y un régimen político saludables. Por el contrario, lo que se ha logrado evidenciar en múltiples investigaciones académicas y judiciales es que negocios ilegales como el tráfico de estupefacientes, con el consecuente aumento de la producción y el consumo, hacen parte de un conjunto de mercados que han sido necesarios para sustentar y darle vida al modelo neoliberal y sus lógicas de acumulación. El régimen de acumulación vigente se sustenta en la continua mercantilización de los derechos sociales y de todas las esferas de la vida humana y natural, la reconfiguración en el papel del Estado -que se substrae de ia producción y provisión directa de bienes y servicios-, la especíalización de la economía en sectores extractrívistas y en la construcción de infraestructura para la más rápida y efectiva circulación de mercancías, así como la entronización de los mercados externos, el capital trasnacional y financiero como vías esenciales para el crecimiento económico, requiere de una visión de mundo coherente, centrada en el culto extremo al individualismo, el descreimiento de todo lo colectivo y la adopción del dogma relativo a que el conjunto de la vida personal y social se reduce a lógica empresarial del "máximo beneficio con el menor costo".

El neoliberalismo, en tanto que proyecto que ha buscado la reestructuración capitalista y la restauración del poder de clase, en riesgo tras la crisis de acumulación vivida durante los años setenta y ochenta, se ha edificado como un discurso que moviliza reformas y relaciones socioeconómicas y políticas, apalancado en una particular visión del significado de la libertad individual, según la cual, ésta sólo es posible si se ejecuta a través del mercado. Son justamente estas circunstancias las más propicias para el surgimiento y expansión de negocios como del tráfico de armas, drogas y la trata de personas, generando las condiciones óptimas para la configuración tanto de la oferta como de la demanda. Lejos de ser una anomalía, las más diversas formas del "capitalismo criminal" -aquel en el que se aprovechan las ganancias extraordinarias surgidas de actividades ilegales-, son un rasgo característico y fundamental del orden neoliberal vigente.

Las exorbitantes ganancias provenientes del mercado de drogas -calculadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011 en 2,1 billones de dólares a nivel mundial- provienen tanto de la exigencia del neoliberalismo de encontrar mercados en los que se logre con la mayor rapidez posible la maximización de la ganancia, en este caso, via precios de mercados ilegales, como de la liberalización de la cuenta de capitales, con la que se ha permitido la entrada y salida de los mismos sin la menor regulación. El neoliberalismo crea las condiciones para que este tipo de negocios sea muy rentable, particularmente para quienes manejan el tráfico internacional y microtráfico desde la perspectiva del consumo. Mientras que aproximadamente el 1,5% de las utilidades quedan en los países productores, el 98,5% van a parar en los circuitos de comercialización y distribución. En ese mismo sentido, los investigadores señalan que "el precio de venta al consumidor de un kilo de cocaína en territorio norteamericano es casi 40 veces mayor que el de su precio de exportación, más de diez veces mayor que el precio de importación en el territorio de Miami y 250 veces mayor al precio que se le paga al productor de las hojas de coca utilizadas en su elaboración"1. El desarrollo del modelo neoliberal ha creado también las condiciones para favorecer los cultivos de coca, marihuana y amapola en países como el nuestro, debido a las nefastas consecuencias que ha tenido este modelo en la producción campesina, agravando los problemas de concentración de la tierra, comercialización de productos, pobreza y garantías para la producción2. Sin otra alternativa para la supervivencia, las y los campesinos se han visto obligados a participar del cultivo de coca, marihuana y amapola, sin que esto hay significado mejoras en sus condiciones de vida. Al contrario, han sido perseguidos y estigmatizados, tratados como criminales, sin recibir alternativas efectivas y realistas por parte del Estado colombiano. Es fundamental que la mirada sobre este fenómeno sea de conjunto, incluyendo el cultivo, procesamiento, comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, abandonando el tratamiento criminal de los cultivos, los campesinos, indígenas y afrodescendientes cultivadores, así como de los habitantes de las regiones afectadas por el fenómenos y de los propios consumidores en centros urbanos. La política sobre el tema debe considerar de manera seria los usos culturales y tradicionales de las plantas en cuestión, así como la gran utilidad de muchos otros derivados en campos como los medicinales y el alimentario. Así mismo, la política antidrogas del país, amparada en la lógica de "tolerancia cero" y permanente criminalizacíón, ha demostrado ser no efectiva, si se contrastan los resultados con los objetivos. La persecución a cultivadores se inscribe en la idea de reducir la oferta y así hacer que el precio de este tipo de drogas aumente y con esto reducir el tráfico, y pese a que las cifras oficiales muestran un descenso en el área cultivada, la tecnificación del proceso de transformación de la hoja de coca estaría generando una situación en la que con menor cantidad de la misma se estaría fabricando más alcaloide3.

Suárez-Salazar, Luis. (1989). "Conflictos sociales y políticos generados por la droga". Revista NUEVA

SOCIEDAD NRO.102 JULIO- AGOSTO 2 Véase LA PAZ DE LOS CAMPESINOS ES LA JUSTICIA SOCIAL. Ponencia de Anzorc para el Foro Agrario convocado por el gobierno y las FARC-EP, diciembre 17 de2012. ! "Pocos campesinos procesan coca: UNODC". En http://www.verdadabiertj.com/component/content/3rticle/151-captura-de-remaspublicas/4 719-poc o-campesinos-procesan-coca-hov-en-colombía-uriodc/

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Los efectos del desarrollo del mercado de las drogas no sólo económicos o sobre la salud de los ciudadanos y ciudadanas, sino que ha generado efectos muy negativos a nivel político. Los empresarios de la cocaína, parte Integrante de los sectores dominantes, han sido factor determinante en la configuración del régimen político La denominada "lucha antídrogas" ha significado una estocada para la democracia y la soberanía nacional de nuestro país, ya que se ha plegado a los intereses estratégicos de Estados Unidos, posibilitando una permanente injerencia política y militar, tal y como se constata con el nefasto desarrollo del Plan Colombia, o con las siete bases militares ubicadas en nuestro territorio. Utilizada como política contraínsurgente, las medidas para combatir el tráfico de drogas han sido un factor de recrudecimiento del conflicto en nuestro país, al generar desplazamientos masivos gracias a las aspersiones, criminalizar al campesino cultivador, e incluso por la participación directa e indirecta de militares norteamericanos, revestidos de Inmunidad, en crímenes de diferente Índole como la violación de menores de edad y el bombardeo de comunidades campesinas con material de fabricación norteamericana, como el caso de Santo Domingo, Arauca, en 1998. Por todo lo anterior, este amplío y complejo fenómeno requiere de una visión así mismo global en su tratamiento que coloque como elemento central, la responsabilidad del propio modelo neoliberal en la gestación y expansión del fenómeno del mercado de drogas y sustancias sicoactivas. II.

FRENTE AL CULTIVO, POLÍTICA DE SUSTITUCIÓN.

El campesinado, los indígenas y afrodescendientes, tras décadas de inconformidad con las políticas de desarrollo rural que han implementado los gobiernos de turno, han planteado posibles soluciones que contemplan exigibilidad de leyes, movilización agraria y formulación de propuestas, con las cuales hacer frente al abandono que viven las zonas rurales en Colombia. Década tras década, estas soluciones y acciones alrededor de los cultivos de coca, marihuana y amapola han sido estigmatizadas, señaladas e injustamente descalificadas, especialmente por aquellos que ven en los territorios rurales una fuente de recursos para la ¡mplementación de grandes megaproyectos o focos de clúster de inversión extranjera.

Con la denominación oficial de los cultivos de coca, marihuana y amapola, como Cultivos ¡lícitos se proscriben y desconocen los usos tradicionales, medicinales y ancestrales de los mismos. Ei peso de la lucha antídrogas que se ha desarrollado en los últimos 30 años, ha recaído quienes la producen, pero particularmente en las comunidades rurales, dejando de lado a quienes la consumen o se benefician el narcotráfico. El desconocimiento o la omisión de los múltiples factores que llevan a la producción de estos cultivos no han permitido una verdadera solución que contemple garantías de producción alimentaria o forestal. Actualmente, el área sembrada con coca en Colombia es de 48.000 hectáreas4, _^onde Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Guavíare, Cauca, Caquetá y Chocó son los departamentos que registran el mayor porcentaje de cultivo. Dichas zonas contemplan una territorialidad rural que ha desarrollado propuestas de sustitución a cambio de sistemas productivos armónicos con el medio ambiente y que respondan a propuestas de ordenamiento territorial agrario, definidos desde las propias UNODC, 2013

comunidades. Ante ello, el Estado Colombiano con injerencia de Estados Unidos, ha ¡mplementado una serie de acciones militares y legales atentando contra la vida, el ambiente, la seguridad alimentaria y la economía campesina mediante, perpetuando la criminalización hacia el campo. Las economías basadas en la producción de cultivos de hoja de coca se ha impuesto ante la profundización de múltiples carencias en áreas rurales, y su transformación exige una tarea de concertacion, interlocución y acuerdo, para la implementacion de un programa nacional de sustitución voluntaria, progresiva y estructural. También implica un reordenamiento territorial con enfoque social, económico y político que preserve las figuras de protección ambiental con recursos económicos hacia una nueva institucionalidad, en el cual las decisiones sean tomadas desde las comunidades. Características de una sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental En el ejercicio del derecho a la territorialidad y la vida digna, la sustitución gradual y concertada, bajo parámetros definidos de financiación y bajo la mirada territorial agraria incluyente en clave de planeación territorial y mínimamente debe incluir:

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Cese total de aspersiones con glifosato u otras sustancias y de la erradicación violenta que atenta contra el campesinado" ya que se ha convertido en una estrategia de desplazamiento forzado que afecta la producción, salud y ambiente de las comunidades rurales. En la actualidad, Colombia es el único país de América Latina que realiza fumigaciones de esta naturaleza, con lo que queda claro el consenso regional en contra de esta estrategia. Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas que permitan atacar los mercados de consumo, el narcotráfico, así como fijar mecanismos de prevención y protección desde la óptica de la salud pública. Lo anterior con el propósito de regular el consumo de sustancias psicoactivas con la participación activa y decisoria de las comunidades. Creación de un Fondg_Social para la sustitucióngradual para soportar la política de subsidios permanentes que representen costosYgasfos" reales para quienes se acojan a la iniciativa de sustitución, contemplando la Inversión permanente para el desarrollo de las Iniciativas de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Programas de promoción de cultivos de pancoger con semillas limpias y generación de bancos de semillas, construidos con un enfoque social y de comercialización justa para las comunidades agrarias. Garantizar la permanencia en el territorio de las ^comunidades mediante figuras establecidas en la Ley como resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva campesinas. Igualmente, que dentro de estas figuras exista financiación permanente que soporte el desarrollo de proyectos productivos a largo plazo, titulación de tierras y capacitación laboral. Política económica que coloque como pilar fundamental el fortalecimiento de la economía campesina, garantizando de manera agroecológica y sustentable la soberanía y la autonomía alimentaria de los territorios. Implementar políticas públicas y protocolos de manejo ambiental de acuerdo con los usos, identidades territoriales y ancestrales de las comunidades.

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í III.

Reivindicar el uso cultural y medicinal que los pueblos nativos le dan a los cultivos de hoja de coca y marihuana. Generar políticas públicas de desconcentración de la propiedad de la_ tierra y la redistribución de la misma Inversión en iniciativas de fomento a la recuperación del tejido social campesino, cultura.

FRENTE AL CONSUMO.

La necesidad de una perspectiva integral frente al tratamiento del fenómeno de producción y uso de sustancias psicoactivas, resalta aún más en el caso colombiano al constatar el incremento constante en el consumo de las mismas. De acuerdo con los datos de UNDOC, la prevalencla en el consumo de cocaína en Colombia es superior al promedio mundial; nos hemos convertido en el pais que reporta mayor consumo de drogas, lícitas e lícitas, entre universitarios en la región Andina, a la vez que se incrementa el consumo de sustancias no tradicionales, tales como el éxtasis. La respuesta ante este fenómeno casi siempre se genera desde posturas moralistas, que uniforman los diferentes tipos de consumo y dan trato criminal a los consumidores. La política de "tolerancia cero", aplicada desde la perspectiva del consumo desconoce sus realidades y características, tanto desde la perspectiva socioeconómica, como cultural e individual. Condena y criminaliza, estigmatiza y niega elementos básicos del libre desarrollo de la personalidad. La política de negación del fenómeno del consumo, que se propone como objetivo erradicarlo, ha demostrado ser altamente ineficaz, ya que sus herramientas fundamentales han sido la judicializacion y/o el manejo médico como enfermedad de carácter netamente individual. En ambos casos, se trata de ubicar a cualquier tipo de consumidor que individualmente ha cometido un delito o ha enfermado, convirtiéndose en una especie de anomalía frente a la que hay que actuar aplicando tratamientos jurídicos y/o médicos igualmente individuales, aislándolo de los factores y determinantes sociales, económicos y culturales. Se hace necesario darle cada vez mayor importancia a este tema, recalcando que se trata de un fenómeno multidimensional y multicausal, en el cual se precisa distinguir los tipos de consumo existentes, así como las diferencias entre sustancias psicoactivas, dadas sus características de acceso e intensidad en la adicción.

Es claro que las decisiones sobre el consumo son individuales, pero se encuentran determinadas por factores económicos, sociales, culturales y familiares. Un primer paso necesario para afrontar esta realidad social de manera efectiva es la apertura y profundización del debate nacional sobre el tema, avanzando en la redefinición de los objetivos de la política, que más allá de plantear un escenario poco probable de erradicación del fenómeno del consumo, se proponga dar herramientas individuales y colectivas posibles para abordarlo como realidad integrante de la sociedad. No se puede negar tampoco que el abuso de sustancias psicoactivas está fuertemente asociado con delitos de carácter social y variadas formas de violencia, bajo dinámicas de mutua retroalimentación. Lo que no puede seguir ocurriendo es que la política sea uniforme frente al consumo recreativo y ocasional, que de cara al abuso de sustancias psicoactivas. Es por esto fundamental rediseñar el horizonte para propender por regular el consumo y combatir el abuso.

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•S&s Teniendo en cuenta los anteriores elementos, se presentan las siguientes propuestas básicas en lo relativo al consumo: \ 1. Abordar el fenómeno desde la perspectiva de fealud pública/antes que desde la óptica criminal, lo que no significa que sea un problema é'xdusivo'del campo médico o del judicial. Se trata de una dimensión transversal que debe discutirse y trabajarse desde todos los ámbitos de la sociedad y no aislándola de la misma. La perspectiva sociocultural del uso, consumo y abuso de sustancias psicoactivas debe dejar de ser una reflexión meramente académica, para traducirse en hejjamtefrtas.de política, con suficiente financiación por parte del Estado. \ 2. Despenalización, legalización y regulación. Exjsten diversos tipos de sustancias, cada una v de-las cuales tiene diferentes: niveles.de-adicción, afectación sobre la salud y dificultades en el acceso. Todos estos elementos tienen que tenerse en cuenta para encarar el necesario debate sobre la despenalización, legalización y regulación. No se propone la legalización sin más, sino una reflexión profunda para ubicar cómo gradualmente se van aplicando medidas para cada una de las sustancias psicoactivas. Un paso importante es la necesaria desmercantilización las sustancias, no permitir que se generen ganancia a privados a partir del uso y abuso, con la venta indiscriminada, ¡legal, en precarias condiciones de salubridad y vinculada a altos niveles de delincuencia social. En este mismo sentido, la despenalización y regulación deben estar fuertemente acompañadas de una promoción amplia de la política de consumo responsable, contralado e informado, dirigido a evitar las intoxicaciones y el consumo de riesgo. 3. Diferenciar y caracterizar los diferentes tipos de consumo que se presentan en la sociedad colombiana, promoviendo acciones afectivas para respetar los consumos tradicionales y culturales, en términos de no criminalización o usos propios de diversos tipos de comunidades. De igual manera, es esencial avanzar en diferenciar entre consumos recreativos ocasionales y los de riesgo, caracterizados por niveles de adicción letales; por lo tanto, es urgente ubicar de manera clara, cuáles son los factores de contexto que se convierten en factores de riesgo. 4. Construcción de una política estatal de investigación sobre los diferentes tipos de consumos y usos, enfatizando en los de tipo medicinal y alimentario. 5. Construir política de tratamiento desde la perspectiva comunitaria y a nivel primario. El conjunto de la sociedad debe tener acceso a la información sobre las dinámicas de consumo y responsabilidad en la promoción del consumo contralado e informado. No es una tarea que deban abordar especialistas médicos ante escenarios de abuso, sino de cada sector y escenario social, propendiendo por un cambio de perspectiva, 6. Resolver las desigualdades sociales y económicas que son caldo de cultivo para el abuso de sustancias sicoactivas, particularmente por el consumo de aquellas con mayor nivel de adicción, dada su composición química hecha para generar sustancias de muy bajo costo, pero altamente peligrosas como el bazuco.

IV.

FRENTE A LA COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN, EL IMPACTO EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

El negocio trasnacional de la cocaína, desarrollado en Colombia desde hace más de treinta años, ha sido un elemento clave en los procesos de acumulación de capital, en la configuración del régimen político y sociocultural, asi como de la dinámica de violencia que ha padecido el pais. Las complejas

redes y relaciones que se han creado entre sectores económicos emergentes ligados al narcotráfico, partidos políticos, negocios legales, violencia y reconfiguración de poderes locales y regionales son una realidad, develada recientemente a través del proceso de la denominada "parapolítica". Dado el carácter estructural del fenómeno del narcotráfico, vinculado a la esencia misma del neoliberalismo, ganar la batalla frente a este flagelo pasa por el desmonte del propio modelo neoliberal. Puntualizando algunos aspectos de esta necesaria tarea se propone: 4.1 Narcotráfico y régimen político: desmonte efectivo del paramilitarismo y reforma al sistema electoral Hoy resulta claro para el país que el dinero del narcotráfico ha sido financiador de primer orden de la guerra sucia en contra de las alternativas democratízadoras en el país. Así ha quedado evidenciado con la conformación, accionar y propósitos del MAS, Muerte a Secuestradores, en los años ochenta, o los hechos que de manera continua y contundente han demostrado la financiación de las estructuras paramilitares por parte del narcotráfico. El papel jugado por el empresariado de la cocaína en Colombia en la articulación entre economías legales e ilegales como estrategia en el proyecto paramilitar ha quedado al descubierto en uasus como los de Enilse López, con el negocio de apuestas en la Costa Caribe. Frente a todos estos hechos, queda claro que el fenómeno del paramilitarismo, sus lógicas de financiación y su incidencia en la institucionalídad exige el desmonte efectivo del complejo dispositivo paramilitar, no sólo de las estructuras militares sino de sus fínanciadores en negocios legales e ¡legales. El impacto del narcotráfico en el régimen político a nivel local y nacional ha sido de igual manera contundente por la vía de amplia financiación de campañas electorales. Los innumerables casos de relación directa entre políticos de los partidos tradicionales, narcotraficantes y paramilitares, articulados entorno a proyectos políticos defensores del status quo y los privilegios de empresarios, terratenientes, y del capital trasnacional, son evidencia más que suficiente al respecto. Por lo tanto, resulta absolutamente necesario, que de la mano con amplios procesos judiciales, se construya una reglamentación electoral que prohiba la financiación privada de las campañas, evitando feriar la democracia a la subasta del gran capital y los dineros del narcotráfico, garantizando el apoyo estatal a todos los partidos políticos. 4.2 Narcotráfico y sistema financiero: reforma a la política monetaria y regulación a los mercados financieros (control de capitales)

No es una mera coincidencia que el auge del narcotráfico, la violencia, así como del sistema financiero se den justamente en las últimas tres décadas. El telón de fondo para la aparición de tales fenómenos es el desarrollo mismo del modelo neoliberal, en tanto que los cambios en las funciones del Estado y la búsqueda de nuevos espacios para la acumulación de capital -junto con los cambios tecnológicos observados en el periodo-, han generado condiciones óptimas para nuevas formas de acumulación con elevadas tasas de ganancia, entre las que se destaca el narcotráfico. Lejos de ser una anomalía o un proceso sin sentido, los procesos criminales de acumulación, como el narcotráfico, y la violencia asociada a estos, son parte fundamental en el proceso económico y político contemporáneo.

Claro de ejemplo de esto es la estrecha relación que existe entre lógicas especulativas en el mercado financiero y lavado de activos, particularmente del dinero proveniente del narcotráfico. Los más'de IT^OüüTnilíones de dolares que~anualmente son blanqueados a través de y por el sistema financiero en Colombia, son producto de las condiciones mismas de funcionamiento de éste mercado en la actualidad. Los complejos dispositivos que permiten la obtención de ganancias extraordinarias vía especulación, como la comercialización de derivados financieros, son el vehículo ideal para el blanqueamiento de capitales. La compra y venta de títulos varias veces en un mismo día, la movilización de grandes sumas de dinero a través de pequeñas transacciones, asi como las amplias condiciones de movilidad de capital de manera transfronteriza, gracias la liberalizacíón de la cuenta de capitales, han permitido la emergencia del fenómeno de lavado de activos. De esta manera, no sorprende que sea justamente el sector financiero uno de los que mayores tasas de crecimiento y nivel de ganancias haya tenido a lo largo de las últimas décadas; la de por sí perversa lógica especulativa se ha visto potenciada por el ingreso constante de capitales provenientes del narcotráfico. Es por esto que resulta absolutamente necesario realizar una profunda reforma al sistema financiero y a ¡a política monetaria en Colombia, frenando la dinámica especulativa que crea incentivos para la entrada masiva de capitales en búsqueda de ganancias extraordinarias vía tasa de interés, combatiendo la explosión del mercado de derivados y el control de capitales, recuperando la soberanía nacional sobre la entrada y salida de los mismos. Los mecanismos de seguimiento a la propiedad de los capitales al interior del sistema financiero han resultado insuficientes frente a las dimensiones del fenómeno, precisamente porque es fundamental erradicar el origen mismo de los incentivos para la especulación. La dimensión global de éste fenómeno y su efectividad frente al lavado de activos ha hecho que incluso el Fondo Monetario Internacional haya reevaluado su postura con relación al control de capitales desde el año pasado. 4.3 Despenalización y regulación desde la perspectiva de la producción: industrialización y promoción de otros derivados Una de las bases fundamentales para el desarrollo de este lucrativo negocio es el hecho de pertenecer a un mercado ilegal, elemento determinante en la formación de precios extraordinariamente altos que garantizan rentabilidad. Es esta una de las principales razones para proponer la despenalización y legalización de las sustancias psicoactivas derivadas de la coca, la marihuana y-la amapola, desde el punto de vista de la comercialización y producción, La legalización y despenalización no sólo bajarían la rentabilidad del negocio, sino que permitirían ponerle freno a la corrupción proveniente de este tipo de economía y que ha irrigado al conjunto del Estado colombiano. Un proceso de esta naturaleza requeriría gradualidad y diferenciación entre productos, ya que no es posible darle el mismo tratamiento a la marihuana que a la cocaína y la heroína. De igual manera se requiere la definición de un conjunto de regulaciones al mercado, entre los que se destacan una fuerte política impositiva para la comercialización de sustancias, así como una fuerte intervención estatal desde la perspectiva del consumo. La perspectiva de regulación, legalización y despenalización implica también plantear propuestas desde la perspectiva de la producción. Experiencias como las que se han puesto en marcha en Perú o Botivia, relacionadas con la industrialización, transformación y comercialización de la hoja de coca

Marcha Patriótica Dellmliva Ulepoud*nria •

a manera de derivados alimenticios, resultan de vital importancia. En el caso boliviano el proceso de despenalización e industrialización se viene ejecutando desde finales de los años ochenta, autorizándose el aprovechamiento de la hoja de coca para productos alimenticios, cosméticos y para medicamentos. Tal proceso se ha acompañado recientemente de un conjunto de políticas dirigidas a enfrentar los problemas de orden ambiental, económico y social que han estado alrededor del cultivo de hoja de coca en condiciones de ilegalidad, contando además con amplia participación de las comunidades rurales. La experiencia boliviana ha colocado sobre la mesa el debate alrededor del aprovechamiento de las amplias propiedattes-nutricionales y energéticas de la hoja de coca; a manera de ejemplo, se encuentra que la hoja de coca presenta mayor contenido de proteínas y calcio que muchos cereales como trigo, arroz, maíz o cebada. En e! caso particular de los alimentos derivados de la hoja de coca, la iniciativa de despenalización, regulación e industrialización se convierte en instrumento para hacerle frente al problema de seguridad y soberanía alimentarias. En contraste, en Colombia las licencias para la producción de derivados de la hoja de coca han sido en exceso limitadas y entidades como el Invima se han negado a expedir los permisos pertinentes para ia comercialización de diversos productos. La apuesta por la despenalización, regulación e industrialización resulta de vital importancia para avanzar en un cambio de perspectiva sobre el tratamiento de esta problemática. El necesario cambio de paradigma en la política antidrogas sólo será posible en tanto se reflexione este problema desde la perspectiva del conjunto del modelo económico, político, social y ambiental vigente. La sociedad colombiana clama desde la movilización, la protesta y la propuesta por un nuevo pacto de país. Sólo la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente dará las garantías para que una política alternativa para el tratamiento de la hoja de coca, marihuana y amapola sea real y efectiva. Bogotá, septiembre 24 de 2013.

FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Yba¿A¿/L (¿J PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS" \ Presentada por Xugusto Bonilla Montaña

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BOGOTÁ 24, 25 Y 26 de septiembre de 2013

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PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS ANTECEDENTES Y REFLEXIONES QUE MOTIVAN LA PROPUESTA En el estudio qué se referencia como sustento a esta propuesta1 se presentan, confrontan e interrelacionan, una serie de documentos y posiciones de entidades y personalidades autorizadas en el tema del narcotráfico y las políticas oficiales al respecto. La elaboración del trabajo y su propio contenido, sirven de argumento para hacer el siguiente resumen de las reflexiones que consideramos más importantes para tener en cuenta en el debate y en la toma de decisiones que se requieren para formular los objetivos más convenientes para nuestra sociedad en materia de las drogas ilícitas y de las estrategias más eficaces para lograrlos. Sin lugar a dudas, las diferentes intervenciones de los panelistas y participantes las refuerzan. 1. La política contra las drogas ilícitas en Colombia hasta el momento estableció como objetivos centrales: incrementar la abstinencia, disminuir la criminalidad asociada al uso de las drogas y lograr que la edad de inicio en el consumo sea lo más tarde posible. La verdad es que esa política ha sido un rotundo fracaso según la visión de los expertos en el tema y un rotundo éxito según las autoridades gubernamentales. De todas maneras, para el logro de estos objetivos, se han gastado decenas de miles de millones de dólares, se han cometido crímenes de lesa humanidad, se han infringido los derechos humanos y los principios constitucionales y se han generado sacrificios sociales inconmensurables, que puestos en un análisis de costo beneficio no resistirían ninguna defensa para justificar la sostenibilidad de la política y más bien dan argumentos para exigir un cambio radical de paradigma. 2. En el marco de la elaboración de las políticas prohibicionistas establecidas en la Convención de las Naciones Unidas de Viena en 1988, se expresaron entre otras las siguientes grandes preocupaciones como motivaciones para implementar la política2:

• La magnitud y la tendencia creciente de la producción, demanda y tráfico ilícitos. Estas magnitudes no se redujeron y por el contrario, siguieron creciendo como lo muestran los datos oficiales y las cuentas que de ellos se desprenden. Otra cosa muy diferente es que el "efecto globo" y las crisis típicas de la producción hagan que haya cambios geográficos y temporales en sus montos. • La grave amenaza que representan para la salud y el bienestar de los seres humanos. Aunque existen datos y conceptos lo suficientemente elaborados que contradicen ésta afirmación, en pro del debate se puede aceptar como cierta. Pero también es cierto que existen aún mayores problemas de salud con otras causas, como es el caso de las enfermedades infectocontagiosas y de las mentales, las cuales requieren por lo tanto mucha mayor atención y recursos para su manejo. Sin embargo, las amenazas contra la salud relacionadas con las drogas ilícitas después de 19 años se mantienen. Con el incremento del prohibicionismo y de la persecución, esas amenazas no serán eliminadas. Lo que va a suceder es que se ocultarán aun más a ios ojos de las autoridades, se volverán más clandestinas como las mismas drogas ilícitas, lo cual dificultará su atención y prevención. Es un hecho demostrado que en los países en donde se aplica la política de reducción del daño el problema de la salud disminuye ostensiblemente.

http://www.mamacoca.org/Libros_Electronicos/Augusto_Bonilla.html Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, Aprobada por la Conferencia en su sexta sesión plenaria, celebrada el 19 de diciembre de 1988, p. 9 y 10 2

• El menoscabo que le causa a las bases económicas, políticas y culturales de la sociedad. No cabe duda que el narcotráfico influye en la economía, la política y la cultura. La duda surge en la evaluación del tipo de influencia que el narcotráfico ejerce sobre estos campos. Con relación a las bases culturales es un hecho que en los años de aplicación de las políticas contra las drogas ilícitas vigentes, la narcocultura ha estado ocupando un sitio predominante y muy negativo desde el punto de vista ético y moral de nuestro Estado Social de Derecho, lo cual implica que se nos ha venido menoscabando la cultura, aun con aplicación de la política prohibicionista vigente. Desde el punto de vista del menoscabo de las bases políticas, de lo que se ha podido ver, es que este deterioro no se ha podido frenar, mucho menos subsanar los efectos negativos del narcotráfico en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como tampoco ha podido restituir la dignidad de muchos políticos que ejercen como tales desde las instituciones del Estado. Por ejemplo, la compra de votos, la corrupción y la impunidad, como expresiones del menoscabo de las bases políticas se han puesto de manifiesto ahora más que nunca, durante la existencia de la política contra las drogas ilícitas vigente. Pero respecto al supuesto menoscabo de las bases económicas existen demostraciones muy serias que de ser acertadas como parecen serlo, los efectos en el PIB pueden llegar a ser muy positivos desde el punto de vista cuantitativo, que es lo que más importa cuando de ganancias y rentabilidades se trata. Precisamente por esos altos indicadores es que existe el negocio. Por las altas tasas de la ganancia que ofrecen esas actividades, en donde los más favorecidos son los países importadores y comercializadores al menudeo, que se quedan con el 99% de los recursos generados. Entonces, aquí no se podría afirmar desde el punto de vista de la economía clásica que las bases económicas se están menoscabando. • La penetración sostenida y creciente en los diversos grupos sociales. La aplicación de la política contra las drogas ilícitas hasta el momento no ha logrado frenar la penetración del narcotráfico y su cultura en todos los círculos sociales representativos de nuestro país. Por lo contrario, el narcotráfico y su cultura se ha venido metamorfoseando y en la medida que pasa el tiempo se viene justificando, aceptando y apropiando espacios sociales que antes le eran vedados. En el imaginario social el narcotráfico, con sus expresiones socioculturales, ha venido ganado espacio y aceptación social. • La utilización de los niños en las diferentes etapas de la cadena productiva. Como lo muestran los datos estadísticos oficiales y de opinión, la participación de los niños en las diferentes etapas del proceso productivo se ha incrementado, en especial en las correspondientes al mercadeo al por menor y en el consumo. Aquí la política existente contra las drogas ilícitas objetivamente hablando, tampoco puede dar parte satisfactorio.

• La relación con otras actividades delictivas organizadas que socaban las economías lícitas, y que amenazan la estabilidad, la segundad y la soberanía de los estados. Si bien es cierto que existen muchas actividades de carácter ilícito que se benefician de la existencia del narcotráfico, hay que reconocer que también existen actividades lícitas favorecidas. Dentro de las actividades carácter legal que salen favorecidas con la existencia del narcotráfico, sobresalen en importancia por ejemplo las asociadas a la misma guerra contra el narcotráfico, las productoras de logística militar, en donde el estado es el principal consumidor. También se favorecen la finca raíz, las actividades bancarias y las accionarias. La política contra las drogas ilícitas de estos largos años no puede mostrar resultados definitivos en éstos aspectos. Existen afirmaciones de expertos que acreditan la relativa estabilidad económica del país a los voluminosos recursos que ingresan por concepto de las drogas ilícitas. Al respecto, el modelo keynesiano con su multiplicador muestra grandes beneficios de los ingresos por narcotráfico. De otra parte la seguridad y la soberanía no siempre van por el mismo camino, la seguridad democrática y los acuerdos con Estados Unidos

sobre las bases militares oficialmente se sustentan en la lucha contra el narcoterrorismo, pero no necesariamente son muestra de seguridad social y mucho menos de soberanía y estabilidad estatal. • El ser una actividad internacional cuya supresión requiere urgente atención y prioridad. Si en algún aspecto se pueden mostrar logros de la política contra las drogas ilícitas es en este campo. En los últimos años la atención a los problemas relacionados con el narcotráfico internacional se han vuelto más urgentes y prioritarios que los almenes de lesa humanidad, que las masacres, los desplazamientos forzados, la expropiación violenta de tierras y que muchos otros delitos cometidos contra nuestra población por influencia del narcotráfico. Los grandes criminales de la parapolítica que se entregan a la justicia o que son capturados, se extraditan despachadamente por narcotráfico. De todas maneras en el subconsciente colectivo existe una sensación de inconformidad que no justifica plenamente éste éxito de la política contra las drogas ilícitas en Colombia. Máxime cuando no existe reciprocidad de la contraparte internacional.

• El hecho que genere considerables rendimientos financieros que posibilitan corromper las estructuras de la sociedad en todos sus niveles. Nunca como ahora, en los últimos años, se había evidenciado tanto la corrupción de muchas instituciones del estado y de los dirigentes que las regentan. Es el caso de la parapolítica, de los senadores, representantes, jueces, altos ejecutivos, políticos y familiares de importantes políticos, que han sido implicados con diversos tipos de delitos que van desde la corrupción hasta el asesinato, independientemente o mejor consecuentemente, que por vencimiento de términos muchos queden en libertad y unos pocos paguen irrisorias penas. Ahora bien, no se sabe cuántos de estos descubrimientos y supuestas vinculaciones sean resultado de las directrices emanadas de la política contra las drogas ilícitas. Nadie se atreve a meter las manos en el fuego para afirmar que como resultado de la política contra las drogas ilícitas ha disminuido la corrupción en las estructuras de la sociedad. • La necesidad de privar a las personas dedicadas a este ilícito del producto de sus actividades y eliminar así su principal incentivo para tal actividad. Al parecer, al negocio de las drogas ilícitas no lo ha afectado la crisis económica general que se vivió en el capitalismo en los últimos tiempos. Todo indica, según las leyes del mercado, que las ganancias en el negocio de las drogas ilícitas no se han disminuido como si sucedió en la mayoría de las demás actividades económicas y por el contrario éstas se incrementan más en relación con las inversiones, habida cuenta del riesgo que implica la clandestinidad de la producción y tráfico. Por lo tanto no es seguro, ni rigurosamente científico, afirmar que los incentivos económicos del narcotráfico se hayan disminuido y mucho menos, por efecto de la política vigente contra las drogas ilícitas. Lo que si se manifiesta es un cambio claro en las estructuras organizativas empresariales de los narcotraficantes y en la tipología de sus consumos personales.

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• La importancia de eliminar las causas profundas del uso indebido de estas sustancias. Al respecto no se conocen programas ni proyectos, al menos de carácter masivo, que se estén poniendo en práctica para determinar por qué motivos la gente consume SPA ilegales y por lo tanto, sin conocer o reconocer esos motivos no es posibles eliminarlos con o sin la ayuda del Estado. La propaganda relacionada con "la mata que mata", no ha tenido resultados positivos porque la audición popular la recibe con un alto grado de indiferencia y la población pensante se deprime al escuchar este tipo de pedagogía.

3. El uso y el abuso de las SPA, son inmanentes al desarrollo de la especie humana, desde sus inicios como seres vivos, así mismo como son utilizadas por algunos animales. Las SPA han acompañado a los seres humanos en todos sus actos, en especial en los más representativos desde el punto de vista cultural. Los actos religiosos, deportivos, medicinales, lúdicos y muchos más, han sido magnificados con SPA. Así mismo, a través de la historia los gobernantes le han

dado a este fenómeno tratamientos diversos, desde la exclusividad de su uso para los líderes de las comunidades hasta la condena y persecución a los consumidores comunes. La historia de las SPA está ligada a la historia de la humanidad y como ésta ha tenido sus momentos de gloria y terror.

4. Dentro del sistema capitalista se crean condiciones aparentemente opuestas para la reproducción social de las SPA. De una parte se promueve una serie de valores culturales que exacerban el fetichismo de la mercancía, el individualismo hedonista y la libre competencia. De otra parte, se estimula y se facilita el desarrollo de las capacidades productivas y se crean las condiciones para la sustitución de los productos de carácter natural por los productos sintéticos y finalmente, se procuran imponer mediante políticas gubernamentales procesos y procedimientos que beneficien a los grandes capitales en detrimento de los menos poderosos. 5. Las SPA, como mercancías que son, tienen la capacidad de satisfacer alguna necesidad humana y al mismo tiempo la capacidad de ser intercambiada por otras mercancías, directamente o a través del dinero. Estas dos características hacen posible que quienes participen de su producción y distribución puedan obtener ingresos por concepto de ganancias, salarios, intereses y rentas. En la medida que esos productos sean ilegales las posibilidades de aumentar los ingresos aumentan en proporción directa a la demanda de la mercancía y de la clandestinidad del negocio. 6. Los problemas sociales relacionados con la producción, distribución y consumo de las SPA ilícitas, son mucho más complejos e importantes que los que ventilan los gobiernos locales e internacionales como argumentos para la formulación de políticas contra las drogas ilícitas. Los grandes problemas socioeconómicos, como la guerra, la violencia, la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los desplazamientos forzados y demás, no se toman en cuenta, por lo menos con la debida rigurosidad científica, en la formulación de las políticas. Esta falencia conlleva a círculos viciosos en aspectos concretos de carácter demográfico, económico, financiero, político, de salud, vivienda, educación, y en términos generales de desarrollo rural y de desarrollo urbano. 7. El problema del narcotráfico en Colombia, por ejemplo, más allá de la gravedad del consumo por una parte mínima de la población, en términos relativos, tiene relación directa de causalidad con el desplazamiento de cerca de 5 millones de personas y con la expropiación violenta de cerca del 11 % de la superficie agropecuaria colombiana. 8. Si bien es cierto que el consumo de las drogas ilícitas puede ser un problema serio desde el punto de vista médico, lo es mucho más en cantidad y calidad, el consumo de drogas lícitas, como es el caso de las bebidas alcohólicas, el tabaco y de medicamentos de fácil consecución mediante formulación médica. Además, en el país existen problemas de morbilidad que requieren mayores recursos financieros, como es el caso de las infecciones respiratorias agudas, problemas relacionados con el embarazo normal, enfermedades de los dientes, cuyas tasa de morbilidad superan el 250 por cada 100.000 habitantes, amén de los problemas de desnutrición de amplias comunidades. 9. La relación directa que se le atribuye a las enfermedades infectocontagiosas de carácter sexual con el uso de drogas ilícitas o lícitas es más un problema de carácter sociocultural. 10. El origen o causas del consumo de SPA, se encuentra en las privaciones psicoafectivas, las violaciones a los derechos individuales, en las carencias de tipo social y en las enfermedades de tipo mental que se originan en las anteriores. 11. La formulación de políticas contra las drogas ilícitas no consultan ni priorizan el respeto a los derechos humanos con la suficiente racionalidad y por lo contrario, en defensa de valores discutibles de tipo ético y moral, abren la oportunidad para que sean violados sistemáticamente. Lo

mismo sucede con los principios y derechos fundamentales proclamados en la Constitución Política colombiana. 12. La violación de los derechos es realizada por diferentes actores, en principio opositores entre sí, pero que tienen de fondo y en común el negocio ilícito de drogas y múltiples actividades conexas. 13. En una claramente absurda interpretación del concepto de justicia, el delito del tráfico de SPA ilícitas es tratado en Colombia como el más cruel de los delitos. A tal nivel que las autoridades nacionales le dan prioridad a la justicia de los comerciantes y consumidores estadounidenses, castigando el narcotráfico, pero posibilitando que queden en la impunidad graves delitos contra nuestros compatriotas, como son los delitos de lesa humanidad, las masacres de miles de personas, los desplazamientos de millones de campesinos y ciudadanos, la expropiación violenta de tierras y bienes. Delitos que han sido confesados por sus propios autores materiales, pero en muchos casos cuidando el secreto de los autores intelectuales. 14. El sistema capitalista contemporáneo no ha cambiado en su esencia, ni en relación a sus leyes de funcionamiento, ni a sus objetivos. Los cambios que se perciben se relacionan con los volúmenes de concentración y centralización de lariquezay en la contraparte, en el incremento de la pobreza y de la inviabilidad de sobrevivencia de una población creciente. 15. El negocio del narcotráfico es un negocio más en el mundo capitalista, solo que a diferencia de los negocios legales, el narcotráfico por ser ilegal genera mayores ganancias y grandes volúmenes de recursos monetarios que influyen en otras actividades de carácter lícito e ilícito, que compiten por la apropiación individual de lariquezasocial. 16. En Colombia existe una serie importante de ventajas comparativas de carácter natural, social y político, que favorecen al negocio de SPA ilegales. Estas ventajas nacionales vienen siendo paulatina pero inexorablemente sustituidas a nivel internacional por otros países, que probablemente legalizarán la producción. Este es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica con la producción y comercialización de la marihuana. 17. Aunque los datos sobre la competitividad de nuestro país son desalentadores, en lo que se refiere a nuestros niveles técnicos y a la capacidades de nuestra fuerza de trabajo, los capitales extranjeros se sienten atraídos por Colombia. La razón se encuentra en que las inversiones foráneas son lo suficientemente rentables. No es seguro afirmar lo mismo para los capitales nacionales pequeños, en especial para las nuevas inversiones. De todas maneras, las inversiones no son suficientes para emplear la creciente mano de obra, por lo que ésta se ve obligada a buscar alternativas y el negocio del narcotráfico se presenta como una alternativa atractiva para una parte considerable de la población.

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18. La influencia del negocio de las SPA ilícitas en la economía nacional y mundial, se puede intuir al considerar el volumen y el monto monetario generados en el año 2007. La sola producción de cocaína en Colombia, Perú y Bolivia, que fue de 994 toneladas métricas, a precios del consumidor final de 60.000 dólares por Kilogramo, alcanzó un monto de 5.964.000.000 de dólares. Si a estos valores se le agregan los correspondientes a 8.9 millones de kilos de opio, 41.1 millones de kilos de marihuana y los de 494.000 kilos de anfetaminas, que según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen se produjeron y comercializaron ese año, los montos reales de todos las SPA no son fáciles de calcular y sus efectos socioeconómicos no son fáciles de subestimar. 19. En Colombia, a precios constantes de 2009, la producción de cocaína durante los últimos 19 años, la cual según datos oficiales fue de 7.948 toneladas métricas y tendría un precio actual de 7.948 x 1.000. 000 gramos x 200 dólares = 1,5896E+12 dólares, esto es US$ 1.589.600.000.000 (un billón quinientos ochenta y nueve mil seis cientos millones de dólares

estadounidenses). Mucha riqueza representada en mucho dinero, que las entidades legales nacionales y multinacionales no pueden darse el lujo de que sean apropiadas por organizaciones ilegales, fuera de sus cuentas y de sus arcas. Esta es la verdadera mata que mata. 20. Las grandes sumas de dinero que ingresan a los países por efecto del narcotráfico, influyen de manera directamente proporcional en el PIB y en las demás categorías macroeconómicas como la inflación, devaluación, niveles de ahorro, inversión y consumo, cuentas extemas y tasas de cambio, empleo y salarios. También influyen en las presiones políticas por reivindicaciones sociales. 21. Según los cálculos más conservadores, la demanda agregada generada por los ingresos de la cocaína en Colombia, equivalentes a solo el 1% del total de recursos de la producción nacional durante el período comprendido entre 1990 y 2008, alcanzaría una suma que oscila entre 63:600 y 79.500 millones de dólares, que convertidos a pesos colombianos a una tasa de 2.000 por cada dólar, equivalen a una suma que va de 127 a 159 billones de pesos. 22. Al comparar las cifras oficiales (DAÑE) sobre el crecimiento anual del PIB y de la población colombianos, del año 2000 al año 2007, bajo el supuesto de una distribución equitativa, cada habitante del país habría podido mejorar su nivel de vida un 16.4%. En éste supuesto económico los ingresos del narcotráfico jugarían un papel definitivo. Sin embargo la verdad es otra. No existe una distribución equitativa y la apropiación de esos recursos quedan en muy pocas manos. Probablemente en las de los que, de manera consciente, están interesados en mantener el dominio del negocio y su clandestinidad. 23. La importancia del narcotráfico en la economía nacional, es mostrada por el gobierno como un problema estratégico de guerra, en donde el ilícito negocio representa la principal fuente de financiamiento del terrorismo y un desangre del presupuesto nacional. Según la Oficina de Prensa de la Presidencia de la República, Si no existiera el narcotráfico los onerosos recursos económicos destinados a los gastos generados por los programas de las familias guardabosques, de apoyo a los desmovilizados, de ayuda a los desplazados y los gastos de tipo ecológico por reforestación, bien podrían ser destinados a inversión social. Estas cuentas no son lo suficientemente claras y los recursos del narcotráfico no se pueden reducir en su volumen y en su impacto a este tipo de apreciaciones, porque según lo vimos, los montos van mucho más allá de los presentados por el comunicado de la Presidencia de la República. 24. Así como a nivel global, desde las instituciones supranacionales, se imponen formas esotéricas de pensar a las sociedades, que rechazan "el uso exclusivo y abusivo de la razón instrumental analítica", en el país se propone el Estado de Opinión, en contra del Estado Social de Derecho, buscando el aval social de una opinión pública creada a imagen y semejanza de quienes pregonan la guerra. 25. La narcocultura como expresión del imaginario social, es un subproducto lógico de la implementación del fetichismo de la mercancía, de la sociedad de consumo, impuesto por los grandes inversionistas en su afán de vender más para ganar más, pero implementado en una sociedad en donde las oportunidades de recursos monetarios para gastar son muy reducidos en la legalidad, mientras que en la ilegalidad de los negocios más rentables del mundo esas posibilidades se ofrecen en abundancia. 26. Con la promulgación del acto legislativo N° 2 del 21 de diciembre de 2009, por parte del presidente Alvaro Uribe, con el cual se prohibe el porte y consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas y se establece atención médica para los adictos, se reformó un vez más la Constitución Política de Colombia para acomodarla a los intereses del actual gobierno nacional. Con ésta reforma, no solamente se da un retroceso frente a las tendencias actuales mundiales respecto al manejo de las SPA, sino que se retrocede frente a los logros alcanzados respecto a la libertad y a la democracia en nuestro país. La clandestinidad del porte y consumo de la dosis

personal, volverá más complicados los problemas de la salud y la justicia, y económicamente más ventajosos los negocios del narcotráfico. 27. El fortalecimiento en el imaginario social de lo esotérico, favorecerá a los padres espirituales de las iglesias y credos político - religiosos, quienes mediante actos de fe se afianzarán en sus liderazgos sociales y en sus posiciones privilegiadas en las instituciones del Estado. 28. Nuestra constitución dice claramente: "Las autoridades de la República están instituidas para proteger... libertades"; "Se garantiza la libertad..."; "El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad..." De otra parte, a diferencia del Estado Paternalista, el Estado Social de Derecho acepta a las personas naturales como seres pensantes, capaces de discernir y diferenciar entre lo que les conviene y lo que no les conviene. En esa medida les reconoce a los individuos y a las comunidades la capacidad autónoma de decidir sobre lo que deben hacer y les posibilita hacerlo. Sin embargo esta concepción sobre la libertad y el papel del Estado frente a las libertades en nuestro país se atiborran de contradicciones y lo que debía ser un certero principio del comportamiento gubernamental en la práctica se convierte en una exacta incertidumbre. 29. En relación al concepto de libertad, los argumentos gubernamentales (dados por el ministro Andrés Felipe Arias) para prohibir el porte y consumo de la dosis personal en esencia dicen: Primero, restringimos la libertad de porte y consumo de la dosis personal de unos para restringir la libertad de porte y consumo de la dosis personal de otros. Segundo, la existencia del narcotráfico y sus delitos conexos son originados en la libertad del porte y consumo de la dosis personal y tercero (la razón filosófica), Colombia ha hecho un sacrificio muy grande en la lucha contra el narcotráfico para que ahora se vaya a otorgar la libertad de porte y consumo de la dosis personal. La política originada en estos argumentos entonces tiene una visión muy mezquina, porque lo que busca es reprimir y coartar la libertad, y al mismo tiempo concibe que la prohibición al porte y consumo personal es la recompensa al inmenso sacrificio que la cruenta guerra le ha significado a la sociedad colombiana. 30. Es necesario abrir el debate sobre cuál debe ser la política contra la drogas ilícitas, pero a partir del conocimiento científico, de las verdaderas características de las diferentes sustancias, empezando por la coca y la marihuana. A partir del conocimiento objetivo de las causas de las adicciones y de los efectos de las mismas. Sabiendo cuáles son los orígenes de los supuestos delitos conexos al consumo, a los procesos productivos y de comercialización. En el debate no se puede dejar perder de vista la defensa de los derechos y libertades. Todo esto y más, buscando una formación del imaginario social basado en la objetividad de la libertad. 31. La formación del imaginario social sobre el narcotráfico y las políticas contra las drogas ilícitas tienen como fuente primaria por lo abundante y frecuente, las noticias, las telenovelas, el cine y algunas novelas y crónicas populares Desafortunadamente, estas fuentes no le dan a la problemática un tratamiento científico, y no tienen por qué hacerlo, porque lo que fundamentalmente buscan es ganar sintonía y el manejo de la opinión pública a favor del statu quo.

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32. Entre el "rating" y el manejo del imaginario social aparecen los valores del consumismo, en donde los lujos, las mujeres voluptuosas, el poder, la valentía, la osadía, las venganzas sangrientas, la astucia, el engaño y otras valías más, se entremezclan formando el principio filosófico de "todo vale para salir adelante y tener billete y poder lucir" que silenciosamente se apodera de muchas mentes y de alguna parte de la música como forma de aceptación social. 33. Los valores culturales populares, de tan gran importancia para el respaldo o rechazo de las propuestas políticas de la administración gubernamental, se forman a través de los diferentes medios que nos muestran que los delitos de lesa humanidad son secundarios frente al delito del

negocio ilícito de SPA, que muestran que el crimen y la ilegalidad son una opción más entre las posibilidades de vida cuando se trata de superar los niveles de miseria y pobreza. 34. La democracia que se legaliza como forma de gobierno en nuestra Constitución Política, entra en conflicto con los objetivos del Estado Social de Derecho, porque los actos gubernamentales, decididos democráticamente, con la participación de una población mayoritariamente alienada, no siempre persiguen el bien común, no buscan materializar los derechos y deberes que la misma Constitución indica. 35. En relación con la política contra las drogas ilícitas, mediante actos democráticos se incrementa la guerra con sus funestas consecuencias en el irrespeto a la vida mediante las masacres y asesinatos selectivos, frustra el desarrollo de las capacidades productivas de muchas personas que se ven obligadas a buscar la sobrevivencia en actividades delictivas y transforma el principio de solidaridad en principio de complicidad. La igualdad, como principio y como derecho es desdibujada en su contrario porque las propuestas políticas no ¡mplementan procesos niveladores sino que agudizan las contradicciones en la distribución de la riqueza y en los incrementos de las manifestaciones de discriminación a las minorías. 36. La formulación de las políticas contra las drogas ¡lícitas debe tomar en cuenta la opinión no solo de los gobiernos, sino que debe consultar a la sociedad en su conjunto. Pero la opinión social debe estar sustentada en la objetividad y la ciencia, lejos del dogmatismo ideológico. 37. Una política respecto al proceso de reproducción social debe estar equilibrada y calibrada en cada una de sus fases componentes: en la producción, en la distribución y en el consumo. Cualquier exageración o indiferencia en cualquiera de sus partes distorsiona los resultados esperados. El problema central del narcotráfico en Colombia no está en el consumo, en la producción y en la distribución y redistribución se encuentran los mayores conflictos. 38. El Estado social de derecho en su conjunto, así como cada una de sus instituciones, debe buscar mediante su funcionamiento el bien común. Para esto debe propiciar las condiciones materiales y sociales que garanticen la igualdad en la libertad, debe materializar en hechos la justicia social y rescatar la dignidad humana. En el momento que una o varia instituciones del Estado sean deficientes en el ejercicio de sus funciones, el logro de los objetivos del Estado se dificulta de manera geométricamente proporcional a las fallas del funcionamiento. 39. En la promulgación e implementación de la política contra las drogas ilícitas, el funcionamiento del Estado mediante las actuaciones de las instituciones que conforman la ramas legislativa, ejecutiva y judicial, así como el funcionamiento de los demás entes autónomos e independientes, no está asegurando la "inseparable interrelación entre el Estado y la sociedad", no se están propiciando las condiciones materiales y sociales para la igualdad en la libertad, ni se está fomentando la materialización en hechos de la justicia social y del rescate de la dignidad humana. Por lo contrario, se están interfiriendo y recortando las libertades individuales. Es decir, el Estado Social de Derecho no está logrando los objetivos de su razón de ser. 40. Los diferentes grupos de narcotraficantes en su calidad de paramilitares, usurparon funciones al Estado con la anuencia y en muchos casos con la ayudad directa de miembros de instituciones estatales, entorpeciendo el logro mismo de los objetivos del Estado Social de Derecho. Las guerrillas por su parte, también en su carácter de subversivos del orden estatuido, también desvían el accionar de las instituciones, pero a diferencia de los paras lo hacen en contra de la voluntad del mismo Estado. 41. Mediante varias declaraciones de los paramilitares extraditados por narcotraficantes, quedó en evidencia que la sustitución del Estado en muchas regiones del país, es decir que su desinstitucionalización se llevó a cabo no solo con la colaboración del Estado mismo, sino con el apoyo de prestantes personalidades del mundo de los negocios colombianos y extranjeros. En

defensa de sus propios intereses los capitales ilegales hicieron alianzas con sus pares, pero también los hicieron con capitales legales nacionales y extranjeros. 42. Las ventajas comparativas que el economista clásico del liberalismo David Ricardo mencionaba como condiciones de éxito en el comercio internacional, son detectadas por estudiosos del problema del narcotráfico para el negocio de SPA ilícitas en Colombia. Aquí se mencionan: la gran disponibilidad de tierras, la disponibilidad permanente de climas aptos, no se requiere disponibilidad de aguas permanentes, como tampoco se requiere de alta tecnología para la producción y la mano de obra utilizada no tiene que ser en su mayoría altamente calificada. La magnitud del desempleo en Colombia y en tos países limítrofes asegura al narcotráfico y a la guerra, mano de obra barata en el orden de cien y más veces de la que actualmente emplean. Pero también hacen parte importante de las ventajas comparativas dentro de la ilegalidad, la impunidad y el hecho de que la institucionalidad sea fácil de manejar ya sea por su incapacidad o por su deshonestidad. Pero además de las ventajas comparativas de entorno nacional en cuanto insumos y administración estatal, la propia ilegalidad de la industria de la droga en su fuero interno le imprime un carácter peculiar: el crimen organizado, la violencia y la corrupción son sus componentes naturales. A partir de estas ventajas comparativas y condiciones intrínsecas es que el narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil, para intervenir en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Pero además, usa ta fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar las instituciones e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. 43. Las dificultades del Estado habida cuenta del narcotráfico no solo se manifiestan a nivel interno, sino que las relaciones internacionales están surcadas por el narcotráfico y las políticas nacionales contra las drogas ilícitas. Esto queda explícito en las relaciones de Colombia con los países vecinos, como es el caso de Venezuela y Ecuador, con los demás miembros de UNISUR y con el resto del mundo. El acuerdo reprochado de las bases militares Colombianas con los Estados Unidos, tiene como fundamento oficial la lucha contra el narcoterrorismo. 44. El poder legislativo, por ser el encargado de delinear y ordenar las reglas de obligatorio cumplimiento mediante las cuales se determina el comportamiento de la sociedad, además de de ser el encargado de ejercer el control político del gobierno y la administración pública, ha sido víctima de las infiltraciones en sus instituciones por parte de los narcotraficantes para facilitar sus negocios e impedir el castigo por sus delitos. 45. El poder ejecutivo, encargado de ejecutar los voluminosos y siempre escasos recursos presupuéstales de la nación y sus entes territoriales, con capacidad de organizar el aparto burocrático de cerca de un 900.000 empleos, con la obligatoriedad de realizar los contratos de inversión y funcionamiento para ejecutar los planes de desarrollo económico y social, también ha sido objeto de la penetración y empoderamiento por parte de los narcotraficantes, porque la toma de sus instituciones además de facilitar el incremento de sus fortunas les posibilita manejar el electorado a lo largo y ancho del país.

46. Dentro de las instituciones de mayor importancia del poder ejecutivo están todas las ramas de las fuerzas militares, las cuales deben detentar el monopolio de la fuerza que le corresponde al Estado. Sin embargo, es conocido por la opinión pública y reconocido por los mismos narcotraficantes paramilitares en sus declaraciones, que se han apropiado de parte de ese monopolio en varías regiones del país, muchas veces con la anuencia de las mismas fuerzas institucionales. La cooptación de comunidades y personalidades por parte de los narcoparamilitares no solo se logra mediante el convencimiento ideológico y el dinero, sino que la fuerza y el miedo juegan un papel determinante, como lo muestran sus acciones contra muchas poblaciones.

47. El incremento permanente y acelerado del gasto militar por efecto de la lucha contra las drogas ilícitas, como lo justifica el gobierno, implica un imponente atraso en las inversiones que podrían potenciar el desarrollo socioeconómico del país. Sin embargo, el mantener la lucha contra las drogas ilícitas en los términos hasta ahora establecidos, representa altos beneficios monetarios para los que suministran la logística de la guerra y ellos lógicamente no están interesados en un cambio de perspectiva. 48. Las fuerzas armadas colombianas, tienen entre sus funciones más importantes, que junto con la DEA y la Guardia Costera de los Estados Unidos, restrinjan el tráfico de drogas ilícitas. Pero los narcotraficantes han logrado infiltrar las agencias de seguridad para que les suministren la información que sea necesaria para asegurar el éxito de sus negocios, como consta en las declaraciones de los mismos narcotraficantes y en la documentación y archivos incautados. 49. Las instituciones de los poderes legislativo y ejecutivo, tienen una doble intersección en el ejercicio de sus funciones al expedirse las leyes y demás normas. Por un lado tienen elementos comunes en la creación, presentación y aprobación de los textos reguladores del comportamiento social, lo cual representa un trabajo concreto. Y de otra parte, tienen elementos comunes en los intereses que los motivan para la formulación de las normas, los cuales desafortunadamente no siempre tienden al bien común de la sociedad. 50. En la rama judicial, los choques de trenes entre sus diversas jurisdicciones, y con el poder ejecutivo en particular, van en contravía del mandato constitucional de mantener la coordinación y complementariedad entre sus instituciones.

Sónsideración las anteriores reflexiones proponemos para solucionar el fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos, su regularización y legalización, mediante la intervención directa del estado a través de la creación de empresas autogestionarias que dediquen a estas actividades.

1. LAS EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS

"El concepto de trabajo decente es una iniciativa de la 0/7 y de la sociedad civil que se integra en cuatro tipos de objetivos y acciones: i) los principios y los derechos en el trabajo, reafirmándolos como mandato histórico, ii) creación de empleo digno como mandato político, insistiendo en que el empleo es el primer paso para escapar de la pobreza y la exclusión social, iii) la protección social como un mandato ético que debe articularse a la ampliación del sistema de protección social hacia los sectores pobres y excluidos, iv) el tripartismo y el diálogo social, como un mandato organizativo, una concertación que debe estar cimentada en una sólida y consciente organización de los trabajadores, http://www.ilo.org/." Presentamos un resumen del proyecto sobre la autogestión empresarial con el doble propósito de dar a conocer en grandes rasgos en que consisten las empresas autogestionarias y cómo pueden colaborar en la solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos.

1.2 OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS AUTOGESTIONARIAS •

Prepararnos para enfrentar un mundo futuro, capitalista globalizad, que será más complejo que el actual, debido a los cambios tecnológicos y políticos mundiales que se vienen dando. 10

•

Preservar nuestra soberanía fortaleciéndonos en el campo internacional. Robustecer los sectores productivos, trazando caminos para una integración mayor de las diversas ramas. Defender la industria y la agricultura nacionales. Estimular la demanda agregada, incrementando los ingresos de la población. Generar empleo productivo, sustituyendo las políticas asistencialistas. Erradicar los factores de extrema pobreza, mejorando la producción y distribución de mercancías. Elevar la capacidad de ahorro y generar divisas con exportaciones. Avanzar en la democratización de las instituciones políticas, entre otros posibilitando mayor poder económico y político a las comunidades. Conceder particular importancia a los planes para zonas de menor desarrollo relativo, para integrar dignamente a la vida nacional a sus pobladores.

Estos diez objetivos se encausan a elevar el nivel de vida de la comunidad, democratizar sus actividades, para adquirir una vida digna. 1.3 EL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN EMPRESARIAL La participación, la cogestión, el control obrero, la cooperativa, tienen en común que se quedan en el plano económico, técnico a nivel micro, a nivel de empresa. La autogestión por el contrario es un sistema de producción que conlleva a la transformación de la sociedad en todos sus campos ya que tiene horizontes más amplios, objetivos que no se quedan en el estrecho marco de las empresas sino que los superan tocando todos los planos ligados a la sociedad, porque surgen precisamente de una planeación social y su efecto se manifiesta directamente en los autogestores e indirectamente en la sociedad en su conjunto. La autogestión empresarial en esencia es un sistema de relaciones en el que los propios trabajadores vinculados al proceso de trabajo, gestionan (administran) en forma directa los medios, las condiciones y los resultados de trabajo. De esa manera realizan un control cada vez más completo sobre las condiciones globales de su existencia en la comunidad. 1.1 CONDICIONES PARA IMPLEMENTARLA AUTOGESTIÓN Para que el sistema de autogestión se pueda materializar, es necesario que los recursos de producción pertenezcan a los autogestores y que en consecuencia ellos mismos puedan disponer sobre los ingresos de la empresa.

A tal efecto es necesario rescatar los respaldos jurídicos y crear los que sean necesarios que así lo permitan y que al mismo tiempo determinen los derechos y las obligaciones de los autogestionarios. En el sistema autogestionario, el motivo básico del trabajo y el criterio material de los resultados de las actividades económicas es el ingreso, que gestionan los trabajadores con criterios personales y sociales. Por tal motivo debe estar respaldado por disposiciones legales precisas relativas a la creación y distribución del Ingreso. Al mismo tiempo las disposiciones legales deben definir los derechos y las obligaciones de los trabajadores asociados como son: 11

Dirigir las empresas directamente o a través de los órganos que los trabajadores en común acuerdo elijan. Organizar la producción o la actividad que desarrollen. Responder por el desarrollo de la empresa, para lo cual definen los planes y programas de trabajo, en concordancia con los Planes de Desarrollo. Determinar la cantidad y calidad de los productos y servicios. Decidir sobre la utilización de los medios de producción, con el objeto de lograr el mejor efecto económico para la empresa y para la comunidad. Distribuir los ingresos de la empresa asegurando la base material de trabajo para la misma, cumpliendo con las obligaciones que la empresa haya adquirido frente a la sociedad y distribuir los ingresos personales de los trabajadores. Decidir sobre las escalas salariales y las relaciones laborales. Decidir sobre la creación de otras empresas autogestoras y sobre su fusión a otras empresas autogestoras.

b. c. d. e. f.

g. h.

2.2 CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA EMPRESA AUTOGESTORA a.

Definición de la Actividad. Para crear una o muchas empresas autogestoras se debe partir de los diagnósticos que los Planes de Desarrollo han realizado. El Plan, en su preparación debe tener pleno conocimiento de las necesidades y de las capacidades adquisitivas y productivas de la sociedad. De lo anterior se concluirá qué tipo de recursos productivos son los necesarios y de ahí se buscarán las formas de suplir los requerimientos para crear una empresa con buenas perspectivas de desarrollo. b. Los recursos y sus fuentes El tipo de recursos necesarios para una empresa y la cantidad de ellos depende de varios factores: de la clase y del tamaño de la actividad a desarrollar, del nivel tecnológico que se desea utilizar, de la organización de la empresa, de la velocidad de rotación de tos recursos invertidos, etc. sin embargo, independientemente de esto, los recursos según su utilización, se pueden clasificar en cuatro grupos: • • • •

inversiones a largo plazo gastos operacionales Fondo de Reserva Fondo de Consumo Colectivo

El estado debe definir las fuentes de los recursos para financiar estas empresas a partir de los recursos originados en el narcotráfico y complementados con los impuestos y contribuciones de carácter nacional e internacional, similares al plan Colombia por ejemplo. 2.3 GESTIÓN DE LOS RECURSOS De los recursos de la empresa se deben distinguir los que los trabajadores utilizan en su trabajo, de los recursos que son resultado de ese trabajo. De todas maneras los trabajadores tienen el derecho y la obligación de conservarlos y manejarlos con el cuidado y esmero necesarios.

Los medios de producción deben ser asegurados, no pueden ser enajenados sin previa indemnización y los trabajadores deben preocuparse por mejorarlos y ampliarlos. Los trabajadores determinan las condiciones bajo las cuales estos recursos se asignan para su empleo temporal, dentro y fuera de la empresa, como en el caso de transferencias a otras empresas autogestoras. De otra parte las empresas deben responder por las obligaciones que contraen con otras entidades con los recursos de que disponen. En el caso de la fusión de varias empresas autogestoras menores en una organización superior autogestora, todas deben responder de una manera solidaría. El hecho de que la empresa tenga la obligación de responder por las obligaciones no implica que las empresas autogestoras no sean autónomas. Desde el punto de vista legal, las empresas autogestoras son personas jurídicas con derecho de contratar y de adquirir compromisos y con todos los demás derechos que le permita la constitución y que se relacionan con su existencia y con su actividad. 2.4 LOS ÓRGANOS DE AUTOGESTIÓN Y SUS FUNCIONES La división del trabajo conlleva a que cada miembro de la empresa aparezca como un órgano especial de su estructura, con una función determinada. Sin embargo, algunas de las funciones son iguales o semejantes y puede suceder que algunos grupos de trabajadores realicen una función determinada. Y si la empresa es pequeña, que una persona tenga varias funciones. En las empresas las funciones más comunes se clasifican en ocho grupos: a. Administrar y dirigir b. Planificar c. Organizar d. Controlar e. Distribuir los recursos monetarios f. Adquirir y suministrar implementos g. Producir h. Vender 2.5 LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA El objetivo fundamental de la producción en la empresa autogestora, es el ingreso de la empresa y en consecuencia el ingreso de los autogestores, ya que de el depende tanto el grado de satisfacción de las necesidades personales y colectivas, como la ampliación de la empresa, de su base material de producción, y su radio de acción. Los autogestores reciben sus ingresos de acuerdo a su trabajo, es decir de acuerdo a la productividad y eficacia de su gestión que se tiene que reflejar en los resultados de la empresa. Cordialmente AUGUSTO BONILLA MONTAÑA

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"KOA^nC^ SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO Los cultivos ilícitos en Colombia son el resultado de unas políticas públicas excluyentes que por décadas han marginalizado la economía campesina en el país. Los acuerdos de los gobiernos anteriores y el actual en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otros, son un ejemplo claro que han llevado a las familias campesinas a buscar otras formas de sustento debido al abandono, el desarraigo, el desplazamiento forzado, la falta de garantías y participación en los planes de desarrollo y en los temas relacionado con el agro, la falta de promoción y adecuación de proyectos productivos que le permitan a las comunidades acceder a la tecnificación y la infraestructura agropecuaria que se requiere, al igual que la necesidad imperante de una reforma agraria integral. A lo anterior se suma la falta de reconocimiento político al campesinado como que desde el Estado Colombiano se, proyecten y, desarrollent sujetos sociales con derechos; lo 'que no permite políticas r y . ^ ¿ agrarias que favorezcan a las clases campesinas de forma r e á l , % y que además estén orientadas a solventar las necesidades que tiene el campo colombiano. 1. Como campesinos y campesinas estamos plenamente convencidos que una de las maneras de combatir los cultivos de uso ¡licitóles haciendo uso del legítimo derecho de todo campesino al acceso y tenencia de la tierra, al respeto por la territorialidad campesina, donde primen las costumbres alimentarias, la cultura, el respeto de las franqu¡ciajs_en lo que hace relación a las semillas nativas, donde promueva la reconstrucción del tejido social y donde existan las garantías de ejercer plenamente la soberanía

alimentaria, basada en una economía campesina plena, en concordancia con lo favorabilidad al mg&fe ambiente y los recursos naturales. 2. Estas propuestas deben ir de la mano de una reorientación de las políticas públicas dirigidas al campo, donde de manera participativa el campesinado sea sujeto activo en la toma de decisiones. Para tal fin es necesario que en un primer momento se resuelvan las problemáticas que aquejan a los campesinos, en lo que tiene que ver con darle solución a las necesidades básicas insatisfechas, tales como, vías de acceso, salud, vivienda digna, educación, alimentación, es decir la ejecución de una política social integral en su conjunto. 3. Otro de los requerimientos por parte del campesinado es la impiementacion de créditos agropecuarios justos, acceso a la tecnificación, otorgamiento de seguros de cosecha, facilidad para la conformación de cooperativas productivas, que permitan la comercialización y distribución de los productos agrícolas.

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4. La impiementacion de un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito debe partir de un acuerdo real e integral entre las comunidades campesinas y el gobierno nacional, donde prime la confianza, existan las garantías de una política económica incluyente con la economía campesina, donde exista un monitoreo permanente por parte de la O.N.U ( y otras) en lo relacionado a un programa de erradicación manual concertada con las comunidades, como también en lo relacionado al seguimiento de los programas integrales que desde el gobierno nacional se establezcan para que las comunidades puedan desarrollar su plan de vida. El Estado Colombiano debe hacer todos los esfuerzos a la

construcción de una política en consenso con los campesinos que permita trazar los lineamientos de una propuesta social, que apunte a la vida digna, al derecho a la tierra y la permanencia en el territorio. 5. La adjudicación de subsidios para los campesinos -bajas tasas de inte^ósr fortalecimiento técnico pará^el cultivo de otros productos agrícolas y pecuarios que permitan una solvencia a las familias campesinas. Esto de la mano de la regulación de precios de los insumos para la producción.

6. Es necesario trabajar en generar las condiciones para que las comunidades que se han visto obligados al cultivo de ilícitos, puedan ser participes de un proceso de sustitución social, gradual y fundamentalmente concertad© favorable con el ambiente y que tenga unos resultados en pro de las comunidades, que les permita sostener a mediano, corto y largo plazo una economía campesina, fomentada en la soberanía alimentaria. Mientras Estado Colombiano de continuidad a las políticas públicas excluyentes y mientras no existan soluciones reales a las problemáticas estructurales de los campesinos y campesinas, el campo colombiano y las familias campesinas continuaran siendo evocadas a la implementación, uso y cultivo de ilícitos como única alternativa para garantizar un sustento diario.

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FORO NACIONAL SOBRE EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS1 La presencia perversa del narcotráfico con sus cultivos de uso ilícito y la alteración permanente de la economía, y la política, [ha llevado a que] muchos campesinos hayan tenido que entrar en la cadena de los cultivos de uso ilícito por falta de alternativas en el sector rural [...] Nadie puede negar que el narcotráfico es un factor que ha desestabilizado la vida de las comunidades con presiones, violencia y descomposición de las redes comunitarias (Episcopado Colombiano, 2012) La Iglesia Católica en Colombia reconoce el deber que incumbe al Gobierno de combatir los cultivos ilícitos y de cooperar con la Comunidad Internacional en la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción. Pero, al tiempo, pone de presente que en los actuales y dolorosos casos subyacen graves problemas de carácter social, político y económico, relacionados con las precarias condiciones de vida que se experimentan y que exigen del Gobierno unas respuestas prontas, serias y continuas (Comisión permanente ,2012)

No queda duda sobre los destrozos físicos y síquicos que causa el consumo de la gran diversidad de narcóticos en las personas. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, un 12,1 por ciento de los estudiantes de grado sexto a undécimo, declaran haber consumido al menos una sustancia ilícita2 o de uso indebido (UNODC, 2011). Deficientes condiciones socio-económicas, llevan a buscar la evasión que produce la droga o el atractivo rendimiento que encuentran allí los traficantes de las clases humildes (Episcopado Colombiano, 1984). El narcotráfico sigue siendo un verdadero "negocio de la muerte" en nuestra sociedad tan afectada por el microtráfieo y por el consumo al que se inicia en forma cada vez más temprana (Episcopado Colombiano, 2012). En medio de esto, las comunidades rurales han generado organizaciones y propuestas muy valiosas para la construcción de la paz y para el desarrollo local y regional, 1

Este documento sintetiza los análisis y exhortaciones de los Señores Obispos de Colombia, tanto desde la Asamblea Plenaria como los comunicados de la Comisión Permanente. Para su elaboración, se tuvieron en cuenta los comunicados hechos desde 1984 hasta el 2013 sobre producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas. Adicional a ello, la parte final del documento corresponde a la reflexión hecha por algunas comunidades acompañadas por la Pastoral Social Nacional, en el marco del proyecto de Construcción de Paz e Incidencia. 2 Incluye sustancias como: marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, LSD, hongos e inhalables.

asegurando su derecho a vivir en el propio territorio. Son variadas las experiencias de organizaciones comunitarias que ante las presiones, amenazas y ataques por parte de actores armados, han desarrollado propuestas para superar la situación y defender los derechos inalienables, el primero de ellos, su derecho a la vida. Las iniciativas de economía solidaria en el campo colombiano, están mostrando un modelo de desarrollo capaz de generar posibilidades de acceso a los servicios y en recursos para todos (Episcopado Colombiano, 2012) En este contexto, la Iglesia Católica de Colombia pone respetuosamente a consideración, de todos los constructores de la sociedad, las siguientes propuestas para proponer caminos de superación frente al problema de la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas, que partan desde : La Iglesia Católica de Colombia pone respetuosamente a consideración, de todos los constructores de la sociedad, las siguientes propuestas para proponer caminos de superación frente al problema de la producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas, que partan desde : 1. Incrementar decididamente las campañas preventivas. Hay que disuadir al joven de los ilusorios placeres de la droga y hay que enseñarle al campesino que no debe cambiar la siembra de cultivos benéficos por las deslumbrantes cosechas de hierbas que vendrán a envenenar a sus hijos y comunidad entera. El Estado debe ofrecer facilidades para la producción de alimentos y rotación en los cultivos. No basta destruir las hierbas malas, es preciso cultivar las buenas. 2. Compartir el compromiso del Gobierno y el pueblo colombiano de eliminar los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, solicitamos la atención permanente para que la destrucción de dichos cultivos se realice respetando la salud de los habitantes de las regionales afectadas y el medio ambiente. La erradicación

Las siguientes propuestas fueron tomadas de: XLI Asamblea Plenaria: Pronunciamiento drogadicción y narcotráfico y LXXV Asamblea Plenaria: La tierra: un Don de Dios. Tierra de tierra de paz. 4 Las siguientes propuestas fueron tomadas de: XLI Asamblea Plenaria: Pronunciamiento drogadicción y narcotráfico y LXXV Asamblea Plenaria: La tierra: un Don de Dios. Tierra de tierra de paz.

sobre todos, sobre todos,

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manual puede ser una buena solución. La población campesina debe involucrarse en programas de desarrollo integral y sostenible. 3. Brindar ayuda a quienes han caído en el consumo de drogas. Para ello, es importante apoyarse en diversos miembros de la comunidad y de organizaciones que les ofrezcan serias y bien experimentadas terapias individuales y grupales. Es importante estimular las instituciones que ayuden a salir de éste mal estado, y propiciarlas muchas más, pues son de todo necesarias en estos angustiosos momentos que vive nuestra sociedad. 4. Mirar la realidad de las regiones con el fin de asegurar que todas las comunidades logren los niveles de desarrollo que ha alcanzado el país. Se hace necesario subsidiar a quienes se han dedicado a los cultivos de uso ilícito para que los erradiquen de forma definitiva. Junto con lo anterior, la Iglesia Católica de Colombia quiere brindar de que algunas de las comunidades que se han venido acompañando buscar una solución al problema de las drogas ilícitas, expresen a documento, las siguientes propuestas frente al fenómeno de la comercialización de drogas ilícitas:

la oportunidad en el deseo de través de este producción y

1. Suspender la fumigación con agrotóxicos como el glifosato. El detrimento de la tierra y las fuentes de agua como consecuencia de la fumigación aérea, ha generado un enorme daño ambiental y por ende, ha sido la causa de la disminución de los cultivos de pancoger en las comunidades. Las personas, se han visto obligadas a desplazarse a las zonas urbanas en busca de alternativas de subsistencia, perdiendo así, el derecho a permanecer y vivir en su territorio.

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El Estado debería comprometerse a reparar a las comunidades afectadas por la fumigación aérea de los cultivos de uso ilícito. Es importante flexibilizar el sistema de verificación de las comunidades afectadas por la fumigación, principalmente, en lo que concierne a la georeferenciación técnica de los territorios. 2. Compartir el compromiso del Gobierno y el pueblo colombiano de eliminar los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, se solicita la atención permanente

para que la destrucción de dichos cultivos se realice respetando la salud de los habitantes de las regionales afectadas y el medio ambiente. La erradicación manual puede ser una buena solución, entre tanto, represente un incentivo económico a las familias que decidan apoyar esta estrategia. 3. Analizar la problemática estructural de sector agrario y su relación con la producción y comercialización de drogas ilícitas, con el fin de buscar estrategias que vallan más allá de la fumigación aérea y la erradicación militarizada con sus planes cívicos-militares. Para esto, es importante generar proyectos de inversión social y económica, en áreas como la salud y la educación. 4. Consultar las políticas antidrogas con las comunidades afectadas directa e indirectamente por la producción y comercialización de drogas ilícitas. En este punto, es importante privilegiar la voz del campesino, con el fin de establecer autónomamente los programas a implementar, para solucionar la problemática de los cultivos de uso ilícito y sus derivaciones.

5. Reconocer las causas que llevaron a que comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, se dedicaran históricamente a la producción de cultivos de uso ilícito. De esta manera, no se puede perseguir, detener ni judicializar al campesino, hasta tanto no se atienda de manera estructural el conflicto social del sector rural en Colombia. La paz es un anhelo constante en el corazón del hombre, es un don de Dios que debemos pedir y acoger en nuestra vida. Invitamos a nuestros fíeles y al pueblo de Colombia a orar y a hacer propia la causa de la paz aportando, cada uno desde su condición, los elementos requeridos para la construcción de un estado de derecho que permita la convivencia en la justicia, la solidaridad y la fraternidad (Cardenal Rubén Salazar Gómez, 2013) Oremos unidos por la paz, con fervor y convicción, invocando la bendición abundante de Dios sobre nuestra Patria.

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Luis Sandoval y Gonzalo Arcila hemos hecho una cuidadosa lectura del texto y reconociendo que está bien concebido proponemos los ajustes que siguen, así: Los resaltados en amarillo (adiciones, ordenamiento) se conservan, los resaltados en azul se deben suprimir. El numeral cuatro de las consideraciones es muy largo y mezcla dos materias distintas, por eso se abre en dos y corre toda la numeración. La formulación de las propuestas debería ser un poco más concisa, con el nuevo texto ya construido se puede mirar si se pueden suprimir algunas líneas en cada párrafo, por ejemplo, evitando repeticiones y condensando algunos pasajes. Felicitaciones y saludos al equipo que trabajó el borrador. FORO NACIONAL SOBRE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS, CONVOCADO POR LA MESA DE CONVERSACIONES DE LA HABANA ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP. ORGANIZAN PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. BOGOTÁ, 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013. PONENCIA DE REDEPAZ ••• ••

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CONSIDERACIONES.

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Primero, que Redepaz apoya sin vacilación el actual proceso de diálogo que adelantan en La Habana el Gobierno Nacional del Presidente Juan Manuel Santos y las FARCEP por la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; ese propósito coincide con la misión de Redepaz nacida en noviembre de 1993 para trabajar en nuevas posibilidades para la paz política con el protagonismo de la ciudadanía. La paz parcelada será una paz incierta, por ello también el ELN debe formar parte del actual esfuerzo de salida política del conflicto. Segundo, resaltamos la importancia de la invitación a las organizaciones civiles por la Mesa de Conversaciones de La Habana, a objeto de que se observen, discutan, investiguen, analicen y evalúen las diferentes posiciones respecto a la problemática del cultivo, producción, tráfico y consumo de las drogas ilícitas en Colombia, y las posibles soluciones y recomendaciones que se puedan consensuar.

Tercero, consideramos que en Colombia el problema de las drogas ¡lícitas/drogas psicoactivas no es un asunto sólo de las partes activas de la Mesa de Conversaciones de La Habana, es decir del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, sino que es esencial y de suma importancia el involucrar y comprometer a diferentes actores centrales de la vida social, económica y política de la ciudad y del campo, para poder así consensuar soluciones holísticas al problema sin dejar de lado ningún actor social. Cuarto, reflexionamos acerca de la necesidad de considerar el enfoque territorial del desarrollo agrario por cuanto son las comunidades y sus habitantes/ la ciudadanía activa los agentes de cambio frente a la problemática del cultivo, producción, tráfico y consumo de sustancias ¡lícitas / psicoactivas, así como sobre la importancia de la diversidad regional que existe en Colombia y cómo cada territorio exige una modalidad propia de desarrollo con un enfoque particular y diferencial respecto a la problemática de sustancias ilícitas / psicoactivas. Quinto, hacemos explícita la relación que tiene este cuarto punto dentro del Acuerdo General con el primer punto: Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, puesto que del éxito de ese primer punto, será posible pensar en soluciones estructurales en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos y oferta de reales y mejores oportunidades y realidades para las familias campesinas que hoy se dedican al cultivo de la hoja de coca para la producción de cocaína, así como quienes se dedican al cultivo de la marihuana y la amapola. Sexto, vemos la importancia de reflexionar sobre la relación directa y contaminante entre el fenómeno del narcotráfico y el desarrollo del conflicto armado interno colombiano. A partir de la proliferación de los cultivos y los procesos productivos de sustancias psicoactivas se ha generado no sólo una transformación negativa de los valores culturales y sociales de la nación, sino que ha influido seriamente en la degradación del conflicto y el escalamiento de la guerra, así como en un aumento considerable de la criminalidad en todas las partes de la cadena productiva del narcotráfico en lo urbano y lo rural. Séptimo, no compartimos la actual política de respaldo a la guerra contra las drogas planteada y ejecutada por los norteamericanos en territorio colombiano, que es responsable por el deterioro de la naturaleza, depredación de los territorios originarios de las comunidades, detrimento de la economía campesina, perjudicial a la salud, nocivo al suelo, al agua y a sus recursos naturales por la fumigación indiscriminada con sustancias químicas. Octavo, compartimos con muchos sectores sociales y empresariales afectados por el problema de las sustancias ¡lícitas en el área rural la ¡dea del desarrollo agrario mixto de pequeña y gran empresa, sector público, sector solidario y sector privado, con enfoque territorial, que tome en cuenta las plantaciones de sustancias ilícitas de coca, amapola y

marihuana como beneficiosas en vez de perjudiciales, ya que a estas se les puede dar usos medicinales, alimenticios, nutricionales y ambientales beneficiosos para el medio ambiente y para los individuos y comunidades productoras. Noveno, "La política de guerra contra las drogas fracasó. Asistimos a la emergencia de un nuevo enfoque tanto en los Estados Unidos como en Suramérica y Centroamérica. Se está creando una nueva institucionalidad no represiva en el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas. Se está imponiendo la necesidad de despenalizar el consumo y tratarlo como asunto de salud pública. Así mismo se comienza a plantear una concepción económica y productiva de los usos terapéuticos y rituales de las sustancias psicoactivas. Estos nuevos desarrollos los consideramos de vital importancia para superar la lógica guerrera y militar del problemas de las drogas ilícitas, defender el medio ambiente, y avanzar en la construcción de sociedades pacíficas y en el respeto de lo que culturalmente nos pertenece como colombianos y colombianas". Noveno, Redepaz comparte la postura de la legalización de sustancias ilícitas y despenalización de la droga, así mismo reflexiona en que es necesaria una nueva opción a objeto de que se reduzca la violencia y la criminalidad, y finalmente propone consideramos necesaria y viable la sustitución de los usos que se le dan a las sustancias ilícitas por nuevas alternativas que sean beneficiosas a la salud, al medio ambiente, a la construcción de sociedades pacíficas y al respeto de lo que culturalmente nos pertenece como colombianos y colombianas. Décimo, Redepaz en esta etapa apoya los diálogos incluyentes para la terminación del conflicto armado, que tomen en cuenta la problemática de las sustancias ¡lícitas / psicoactivas y su legalización y despenalización como una solución a la misma.

PROPUESTAS 1. Proponemos seguir el camino impulsado por gobiernos nacionales como el de la República Oriental del Uruguay, en procura de despejar legal y jurídicamente el tránsito de la política global de tratamiento a las drogas mediante la prohibición y penalización del uso y de la producción, hacia una política social que esté trazada alrededor del control de los procesos de producción, venta y consumo de sustancias ilícitas, esto es: crear las condiciones jurídicas, tributarias y de política pública que permitan una transición transformadora hacia la legaiización y despenalización como herramienta para controlar socialmente este fenómeno, así como para enfrentando de manera audaz los efectos y las consecuencias sobre la salud pública que este fenómeno conlleva. 2. Redepaz propone la sustitución de los mercados ilegales a través de la legalización y la despenalización de las sustancias ilícitas a objeto de que se reduzcan los índices de criminalidad relacionados con la producción y venta de dichas sustancias. Esto contribuiría de manera eficaz en la disminución de los altos incentivos en términos de ingresos que genera la prohibición, además de atacar de manera frontal el crimen organizado y los riesgos que la clandestinidad del consumo genera a la salud pública. 3. Proponemos a la Mesa de Conversaciones realizar un examen juicioso de lo concerniente a este quinto punto que hay consagrado en el denominado "Pacto social por el CatajujiibcC-, elaborado por las organizaciones campesinas de la zona y voceros del Gobierno Nacional

tras el reciente Paro de más de 50 días. Específicamente vemos con agrado y de vital importancia prepositiva el llamado "Mandato Regional para la sustitución social, gradual, concertada, estructural y ambiental de los ingresos derivados de los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo". Consideramos que este documento podría servir de guía para otras zonas del país afectadas por este fenómeno. Proponemos entonces que la política de sustitución consensuada en el Catatumbo se extienda a todo el país, sirva como una especie de laboratorio social para la sustitución gradual y progresiva a partir de la firma y la refrendación dePAcuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 4. Rechazamos políticas asistencialistas y de corto alcance como las que se están llevando a cabo actualmente para la sustitución de los cultivos. La política de Estado frente a este tema debe tener en cuenta un balance que sea coherente entre los altos ingresos del cultivo de la hoja de coca, la amapola o la marihuana para el narcotráfico y las condiciones socioeconómicas que se creen con el fin de sustituir los cultivos. Mientras una familia campesina recibe ingresos alrededor de 8 o 9 millones de pesos trimestralmente, nunca será llamativo cambiar la producción por ofertas que se dan en la actualidad como 4 novillas o $1.600.000. Es por ello que Redepaz propone una sustitución mixta, esto es: Además de gradual y consensuada, la sustitución no debe ir encaminada solamente en acabar con los cultivos de coca, sino sustituir los usos en aquellos territorios donde esté muy arraigada la producción (haciendo pedagogía productiva sobre los múltiples usos de estos cultivos diferentes a fines de producción de sustancias psicoactivas, junto con los apoyos técnicos y financieros necesarios). 5. Participación activa de la sociedad civil y sus organizaciones en un debate nacional sobre los usos y la importancia cultural de las plantas ancestrales, con énfasis en la coca y los diversos usos productivos de la marihuana. Además un reconocimiento del valor cultural/ ancestral de la hoja de coca, mediante la "revalorización y dignificación de la hoja de coca con el fin de reafirmar los valores históricos, culturales y espirituales de la hoja sagrada", siguiendo el camino recorrido por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante su política pública al respecto, teniendo en cuenta las diferencias contextúales y culturales entre ambos pueblos. 6. Impulsar los procesos de transformación productiva eindustrializaciónde la^ hoja de coca y la marihuana, como consecuencia/objeto del punto anterior. Derivado de esta política, se debe impulsar el control social del cultivo y la comercialización con el objetivo de fiscalizar social y comunitariamente la producción y disminuir gradualmente los cultivos cuyo origen y finalidad está ligada al narcotráfico. Con esto se busca someter la actividad ¡lícita a principios de control determinados por las mismas comunidades. 7. Desde Redepaz le pedimos a la guerrilla de las FARC-EP que, como un verdadero acto de voluntad política de paz, haga reconocimiento de la realidad de sus vínculos con el negocio de las drogas ilícitas. La experiencia de las FARC_EP en ese negocio debe ser puesta al servicio de la superación de la problemática del narcotráfico. El conocimiento que sus jefes militares y sus frentes tienen en lo concerniente con las rutas y los mapas de producción de la coca, la marihuana y la amapola debe constituirse en un aporte fundamental a la superación de la criminalidad asociada con el tráfico de drogas ilícitas. Esta contribución es decisiva en la creación de las condiciones para que

la paz sea estable y duradera^

8. Desde Redepaz le pedimos a la guerrilla insurgencia de las FARC-EP que, como un verdadero acto de voluntad política de paz, haga reconocimiento público y directo de su participación en el negocio del narcotráfico, así como clarificar de qué modo y circunstancias hacen parte del mismo. Así como lo hicieron en declaraciones recientes reconociendo la existencia de víctimas y su compromiso con la verdad y la reparación de las mismas, las FARC-EP deben reconocer de qué manera se han relacionado con los cultivos ilícitos y con otros actores como las llamadas bandas criminales, y poderes mafiosos regionales. Además de un reconocimiento de su participación en el negocio del narcotráfico, la guerrilla insurgencia de las FARC-EP deben contribuir con la superación de la problemática del narcotráfico haciendo entrega de las rutas y los mapas de producción y comercialización de los derivados psicoactivos de la coca, la marihuana y la amapola. De no solucionarse la criminalidad asociada al narcotráfico, será difícil que superemos como país nuestro conflicto interno. 9. Proponemos combatir la producción ilícita a través del fomento del autocultivo de las plantas como la marihuana y la hoja de coca, siempre y cuando se mantenga un registro de los consumidores, reforzando la política nacional de atención en salud pública a los consumidores y permitiendo con esto hacerle seguimiento individual a quienes estén incluidos en el registro. Aplaudimos la propuesta del v Alcalde Mayor de Bogotá, Doctor Gustavo Petro Urrego, son su política de atención ] v ' a los consumidores dentro de los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes. J La gran dificultad para llevar a cabo este programa hace evidente la necesidad de construir un marco jurídico que revolucione el tratamiento al problema de las sustancias psicoactivas. 10.A partir de los ingresos generados por la legalización, despenalización y control estatal de los cultivos y la comercialización de los productos, proponemos un Fondo *""] Nacional paraja, Atención Psicosocial y Médica de Consumidores de Sustancias ^ Psicoactivas{SPAy -~^ ll.Para un mejor control económico de la legalidad de estos mercados, Redepaz propone la venta diferenciada a nacionales y extranjeros, con el fin de evitar nuevos escenarios conflictivos como el llamado narcoturismo.

Por último Redepaz considera que a partir de la elaboración de los lineamientos básicos para superar el problema de las drogas ilícitas, dependerá en gran medida el éxito de la construcción de la paz estable y duradera. Somos conscientes de la envergadura y la trayectoria histórica de esta problemática, por ello creemos en la elaboración de políticas de mediano y largo plazo que generen condiciones reales para la superación estructural del conflicto armado y las causas que lo han generado, así como las transformaciones en los cambios ocurridos en su naturaleza y dinámica a lo largo de su desarrollo. Reiteramos nuestro apoyo ¡rrestricto -pero siempre crítico/propositivoal desarrollo de la Mesa de Conversaciones con las FARC-EP, pidiendo demandando también de manera formal el inicio de conversaciones con la insurgencia del ELN. Preparó equipo técnico y Presidencia Colegiada de Redepaz. Bogotá, 21 de septiembre de 2013, Día Mundial de la Paz. REDEPAZ. 20 AÑOS TEJIENDO LA PAZ CON MANO

CIUDADANA

PROPUESTA JU VEN ¡¡ ni S POLÍTICAS CRISTIANAS

SOLUCIÓN AL FENÓMENO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NARCÓTICOS. El Plan Colombia del ex presidente Andrés Pastrana y el consiguiente Plan Patriota de la Política de Seguridad Democrática de Alvaro Uribe Vélez se plantearon para, entre otras cosas, enfrentar la problemática del conflicto armado en Colombia y el tráfico de drogas ilícitas. Dichas iniciativas se enfocaron en una solución militar al conflicto dejando de lado la vía negociada, política y pacífica del mismo. Bajo el mandato de Juan Manuel Santos, por su parte, se abrió la puerta a los diálogos con las FARC y, con ello, a las propuestas de la sociedad civil dirigidas a la resolución del conflicto colombiano. Como consecuencia del ambiente propositivo, de diálogo y debate que actualmente se vive en el país; las Juventudes Políticas Cristianas JPC deciden participar de manera activa en este proceso con sus ideas y propuestas, las cuales presenta a continuación. La JPC cree que la solución a la problemática de la producción y comercialización de cultivos ilícitos no está en la legalización del consumo de drogas ya que, por un lado, no ataca la raíz del problema y por el otro, puede traer como consecuencia un grave problema de salud pública. Por otro lado, tampoco cree que las labores de aspersión y fumigación de cultivos sean una estrategia efectiva ya que, por lo general, van en detrimento de la salud y feílilidad del suelo e impiden el cultivo de nuevos productos. El Pían Colombia, el Plan Patriota y la Política de Seguridad Democrática se han centrado en. la persecución de las partes más visibles de la cadena del narcotráfico (cultivadores, productores y consumidores) dejando de lado las más lucrativas que por lo general son las más encubiertas: el transporte internacional, el comercio de insumos y precursores, la distribución y oferta en Estados Unidos y las actividades financieras alrededor del narcotráfico (Atehortúa, Rojas y Guillou, 2009). Es por esta razón, que aunque se fumiguen y erradiquen cultivos, se derrote o negocie con los grupos armados ilegales y se extraditen capos el problema de la droga sigue vigente e incluso, en aumento. Desde que el negocio continúe siendo lucrativo, va a ser muy difícil ponerle fin. Nuevos carteles, líderes y redes de tráfico entrarán a disputarse un lugar en el negocio. En este orden de ideas, la JPC propone:

1. Atención al consumidor: Por lo general, las estrategias alrededor del tema en cuestión tienden a dejar de lado al consumidor a pesar de ser un eslabón fundamental en la cadena de producción y comercialización. La JPC considera que, si se quiere resolver esta problemática, es fundamental prestar especial atención al mismo. Es así como presenta dos enfoques fundamentales de esta propuesta: Primero, la prevención del consumo de drogas y segundo, el tratamiento eficaz al adicto. a. Prevención del consumo de drogas: Este primer punto se centra en el individuo, el posible consumidor. Se enfoca en la atención previa y temprana del mismo con el fin de prevenir y evitar que empiece a consumir drogas. En este proceso entran a jugar un papel relevante los padres, familiares, la escuela así como el Estado y la sociedad en general. Es importante tomar en consideración que existe una diversidad de factores de carácter exógeno ligados al consumo de drogas; los cuales, en su mayoría se relacionan con el entorno social, la crianza y la educación.

En esta medida, creemos que el Estado, como actor político, tiene una serie de responsabilidades ineludibles: Asumir el compromiso de plantear estrategias y campañas de prevención frente al consumo temprano de drogas, reconfigurar el tejido social en que el individuo se encuentra inmerso, garantizar y proponer programas de educación que establezcan bases sólidas a niños y jóvenes en relación con las adicciones y construir una cultura política en Colombia responsable y crítica frente al uso indiscriminado e imprudente de estas sustancias.

Por otro lado, creemos en la educación en valores y principios tanto en la familia como en la escuela como un elemento fundamental para lograr dicho fin. El parar con la producción y distribución de cultivos ilícitos implica desmontar el negocio desde sus bases. Por ello es importante la formación de fundamentos sólidos en el carácter de niños y jóvenes para prevenir el consumo. b. Tratamiento efícaz al adicto: Las personas que han empezado a consumir drogas y que permanecen en dicha actividad requieren una atención profesional especializada

que les permita dar solución a sus adicciones y construir nuevos proyectos de vida. Proponemos que el Estado adquiera un compromiso directo con los consumidores de droga a través de programas terapéuticos de reeducación y rehabilitación del adicto. Por lo general, los programas que buscan atacar el problema de la producción y comercialización de narcóticos no toman en consideración al consumidor. Por el contrario, éste recibe poca o nula atención por parte del Estado siendo objeto de persecución, penalización y criminalización. Estas propuestas, sin duda, se dirigen a la raíz de la problemática de la producción y comercialización: el consumidor. Si se reduce el número de consumidores en el largo plazo, el negocio dejará de ser lucrativo y rentable y los niveles de producción y comercialización tenderán a la baja. 2. Reforma agraria integral y políticas de desarrollo rural: El Estado debe plantear una reforma agraria y una política de desarrollo rural integrales como opciones para el campesino, el indígena y el afrocolombiano en relación con los cultivos ilícitos. En este orden de ideas, se propone que sea viable para el campesino especialmente en términos económicos. A lo anterior agregamos: a. Sustitución y uso alternativo de cultivos: La JPC propone la sustitución y el uso alternativo de cultivos como alternativa a la erradicación y fumigación y a la criminalización de personas dedicadas a esta actividad. La idea es que quienes lo hacen puedan dejar de lado dicha actividad, aportar a la seguridad alimentaria de sus comunidades y encontrar alternativas viables económicamente frente a dicha actividad. En este orden de ideas, proponemos el uso de tres especies que pueden ser de utilidad en la sustitución de cultivos: el abarco, la acacia mangium y el borojó. Su adaptabilidad, disponibilidad, rendimiento, facilidad de manejo, bajos costos, calidad y posibilidades de comercialización los convierten en opciones efectivas en el proceso de sustitución (García Ruiz, Mazo Zuluaga y Ramírez Arango, 2003).

En cuanto al uso alternativo de cultivos, se puede tomar en consideración el cáñamo, la fibra que se obtiene de la marihuana debido a su utilidad en la industria textil, farmacéutica y

de la construcción así como en el sector

agrícola. Su bajo costo y carácter biodegradable lo convierten en una excelente posibilidad (Atehortúa, Rojas y Guillou, 2009).

3. Desmantelamiento y persecución de los activos de uso ilícito: Se trata de desmontar el negocio de tráfico de drogas para que deje de ser rentable para los traficantes. De esta forma, quienes lo hacen dejarán el negocio. Se trata de atacar el aparato económico y la estructura financiera de estas redes de narcotráfico. 4. Fortalecimiento de la presencia del Estado: Se propone que el Estado fortalezca su presencia en las regiones; en especial en aquellas donde el cultivo de coca está más difundido. No se trata sólo de presencia militar; sino también en términos económicos y sociales.

Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP Investigación sobre los cultivos ilícitos

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Cortés Yepes, Mónica. "Género y desarrollo alternativo en el contexto colombiano." Mujeres Indígenas, Territorialidad y Biodiversidad en el contexto latinoamericano. Ed. Luz Marina Donato, Elsa Matilde Escobar, Pía Escobar, Aracely Pazmiño y Astrid Ulloa, 2007. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 263-276. Impresa. Dentro del concepto del desarrollo alternativo: 1. Considerar las condiciones legales, sociales, económicas, ecológicas y culturales existentes a la región con el fin de adaptarse a las mismas. 2. Crear oportunidades sociales y económicas sostenibles mediante el crecimiento rural integrado para elevar el nivel de vida de las comunidades y poblaciones afectadas por la existencia de cultivos ilícitos 3. Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan en uso indebido de drogas 4. Atender a consideraciones de género, cerciorándose de que las mujeres y los hombres participen en condiciones de igualdad en el proceso de desarrollo y en particular, las tareas de preparación y de puesta en práctica. 5. Respetar los criterios de sostenibilidad ambiental (266) •

"El desarrollo alternativo no puede existir desintegrado de los propósitos específicos de las políticas de lucha contra las drogas, porque él complementa la política de reducción de la oferta" (267)

El gobierno colombiano ha introducido por lo menos 6 modelos de política pública relacionados con el desarrollo alternativo: 1. Cooperación internacional que se concentró en la sustitución de los cultivos ilícitos. a. Erradicación y sustitución b. No consideró los problemas intrínsecos de la agricultura colombiana frente a los mercados 2. Aspectos que pretendían mejorar la calidad de vida de las familias campesinas a. Infraestructura básica y social b. Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE) 3. Establecer Interlocutores válidos con los cuales acordar y ejecutar acciones de desarrollo alternativo. a. Asociaciones y/o cooperativas de productores b. Donde no existían se incentivó su creación en asociaciones de campesinos, indígenas o de afrocolombianos con el objetivo de crear capital social. c. Avanzó el fortalecimiento organizativo pero no logró garantizar que las organizaciones tuvieran la fuerza suficiente para consolidar alternativas rentables a los productores ni cadenas de comercialización d. Un problema: productos rentables 4. Vinculó organizaciones campesinas con cadenas de comercialización agropecuaria con el fin de brindar un manejo sostenible de las actividades productivas. a. Articular los productos de las familias a las cadenas productivas b. Creación de o búsqueda de alianzas estratégicas que conectaran a las familias con el sector privado y los mercados de consumo final.

5. Todos los aprendizajes logrados a lo largo de los años. a. Contar con organizaciones sociales b. Incluir acciones para fortalecer la comercialización de los productos c. Compromiso por parte de las familias de erradicar completamente los cultivos ilícitos d. La acción de la política pública para generar desarrollo con las regiones y familias que aceptaran este compromiso 6. Incentivos condicionados (incluye las organizaciones sociales, la negociación y comercialización). Se basa en la firma de contratos de compromiso tanto verdal como individual para mantener predios y veredas libres de cultivos ¡lícitos. a. Uso sostenible de las zonas más vulnerables ambientalmente b. Detener la expansión de los cultivos ilícitos y reducir el riesgo de expansión de los mismos c. Reducir la intermediación política en la entrega del incentivo dado que se hace mediante transferencias bancarias d. Fomenta la compra de tierras por parte de las familias beneficiarías e. Incentiva a esta familias a entrar en alternativas productivas y organizativas de producción y vincularlas con cadenas de comercialización así como promueve el fortalecimiento a las relaciones de la comunidad con la institucionalidad (268-269) Ausencia de la perspectiva del género: "Aún existen muchos vacíos en materia de diseño institucionales, programas, proyectos y normas que incorporen con fuerza la perspectiva del genero. La segunda, es que en el plano nacional ninguno de estos cinco modelos de política pública ha incorporado el criterio de género" (269). -Las políticas públicas se enfocan en las realidades de los campesinos, colonos, indígenas y afrocolombianos que están involucrados en el negocio de los cultivos ilícitos Yepes propone 5 líneas de acción: 1.

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Incorporación de las mujeres como sujetos activos de los procesos de negociación o en los contratos de erradicación (no se debe concentrarse sólo en el jefe masculino del hogar) 2. Promover la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres (capacitación de asociaciones campesinas productivas) 3. Analizar las diferencias en la condición y posición de las mujeres en los estudios sobre el contexto local 4. Reconocer que la incorporación de la perspectiva de género se supone el diseño de estrategias enfocadas a trabajar exclusivamente con mujeres, sino que implica el trabajo tanto con varones como con mujeres de diferentes etnias, orígenes geográficas y creencias 5. Formulación de programas y proyectos que consideren las diferencias culturales tales como la procedencia étnica Otras consideraciones: 1. Considerara las condiciones legales, sociales, económicas, ecológicas y culturales existentes en la región con el fin de adaptarse a las mismas 2. Crear oportunidades sociales y económicas sostenibles mediante el crecimiento rural integrado, para elevar el nivel de vida de las comunidades y poblaciones afectadas por la existencias de cultivos ilícitos

Promover los valores democráticos para favorecer las participación de las comunidades y fomentar la responsabilidad social con miras al establecimiento de una cultura cívica que rechace los cultivos ilícitos 4. Incluir medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan un uso indebido de drogas 5. Atender medidas apropiadas de reducción de la demanda, si las comunidades destinatarias presentan un uso indebido de drogas 6. Respetar los criterios de sostenibilidad ambiental La Encuesta Nacional Guardabosques: • •

De cada 100 titulares 66 son mujeres y 34 son hombres 10% de las familias de guardabosque tienen jefatura femenina (274)

Fonseca, Daniel, Ornar Guitierrez y Anders Rudqvist. Cultivo de uso ilícito en el sur de Bolívar: Aproximaciones desde la economía política. Bogotá: Gente Nueva Editores, 2005. Impresa. -Financiado por ASDI y PNUD -Enfoque familiar -Subsistir frente a la crisis agropecuaria -crisis alimentaria causada por las fumigaciones Recomendaciones y metodologías del estudio que podrían ayudar nuestra propuesta (46) Sugiere que "es importante evitar que el estudio caiga en un abordaje de la problemática de los cultivos ilícitos desde un enfoque productivista con base agropecuaria y que desde allí se planteen alternativas parciales que no integran otras dimensiones básicas del desarrollo (política, cultura, medio ambiente). Páginas 46 a 51 presentan las siguientes sugerencias coleccionadas en el Sur de Bolívar. Las sugerencias son generales y muchas aplican a las preguntas del género también. Temas que la política pública tiene que pensar: 1. Tenencia y legalización de la tierra 2. Institucionalidad y organización social, derechos humanos y derecho internacional humanitario 3. Medio ambiente y adecuación de sistemas de producción y organización campesina 4. La escasa participación comunitaria en el diseño de programas no permite que las comunidades los sientan suyos; nadie cree en ellos, todos piensan que son un engaño más. 5. Los recursos son entregados sin una base organizacional Consideraciones de los Derechos Humanos y Derechos Humanos Internacional Humanitario: 1.

La fumigación afecta por igual a cultivadores de coca como a no cultivadores (de igual manera a mujeres y niños como hombres) 2. La fumigación puede convertirse en un elemento que fomenta más la violencia y el desplazamiento forzado, a la vez que amenaza la seguridad alimentaria de la población

3. Se debe cambiar el glifosato por otras propuestas de erradicación con medios que le permite al campesino producir 4. Hay desplazos por violencia que al no tener oportunidades de trabajo tiene que dedicarse a raspar coca 5. Persecución de los líderes por parte de los actores armados 6. Intervención de los grupos armados en los procesos de organización 7. Límites a la participación ciudadana por parte de los actores armados 8. La baja calidad de vida de la población de la región, más que material, es la angustia de la guerra y de la fumigación; luego está la pobreza 9. El conflicto armado crea inseguridad en las actividades de producción tradicionales. Frente al posible desmonte de los cultivos ilícitos, deben pagar con los nuevos productos 10. Alguna gente ha tenido que abandonar su tierra por el asunto de la violencia y otros han venido a ocuparlas Crédito e incentivos al agro: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Existen serias dificultades para el acceso al crédito Se necesita créditos para la seguridad alimentaria, para cultivos comerciales, para las necesidades básicas (vivienda, educación, etc.) Los altos intereses no permiten pagar un crédito, incluyendo los programas del Plante; hoy muchos son deudores morosos por culpa de este programa. El Estado dejó de apoyar el mercado de los productos de la región y el Idema desapareció Altos costos para el trámite de crédito; como son créditos pequeños, el valor de la hipoteca vale muchas veces la mitad del crédito Exigen garantías prendarias (tierras, fiadores, ingresos adicionales, comercialización asegurada) que uno no puede cumplir La cultura del no pago se da por varias razones: ¡liquidez, pérdida de cosecha, sugerencias por parte de los grupos armados, pero sobre todo porque lo que produce ia inversión no da para pagar el costo del crédito Los tiempos para la entrega de los créditos siempre están desfasados de los ciclos productivos

Generación de empleo e ingresos: 1. 2. 3. 4.

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5. 6.

7. 8.

No hay precios estables para los productos lícitos, mientras la coca, aunque congelados por los nuevos compradores, sí lo tiene Los campesinos no tiene los recursos para producir, no hay dinero ni herramientas ni asistencia técnica Gran parte de los pobladores hoy vinculados a la coca son aparceros que no puede prescindir fácilmente de sus compromisos Las cosechas de coca atraen mucha mano de obra de otras regiones del país, lo cual agrava posteriormente el desempleo local La carencia de fuente de empleo urbano hace que la gente de las ciudades se tenga que ira a raspar coca o sembrar su pequeña parcela en compañía La carencia de alternativas productivas competitivas es la causante de la resiembra; mientras los proyectos que trae el Estado y la cooperación internacional no sean una alternativa sostenible, habrá resiembra El alto valor de la hoja y la pasta de coca se permite dar empleo y produce un ingreso constante (cada 90 días) Hasta ahora la coca es el único cultivo que permite que los campesinos puedan invertir en sus veredas y mejorar el nivel de vida

La intermediación en todos los aspectos (productos básicos, insumos, transporte, crédito, tierras) limita la generación de excedentes, establece relaciones de dependencia y crea condiciones para la usura 10. El alto valor de la pasta de coca nos permite pagar buenos jornales 11. El oro es un mejor negocio

Infraestructura social y servicios públicos: 1. La coca ha dado a las comunidades marginadas (Sur de Bolívar) la oportunidad de acceder a la salud, el trabajo, la educación, porque el gobierno no hace presencia en la región 2. Cuando no hay educación no hay posibilidad de desarrollo: los jóvenes apenas llegan a unos años de primaria y la coca les quita las ganas de seguir 3. Deficiencia de servicios públicos para la comunidad Vías y mercados: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

La comunidad construyó los caminos sin ayuda del Estado; había pedido herramientas para mejorarlos \ mantenerlos El transporte es muy costoso y quita las pocas utilidades al productor Nadie puede sacar el mercado una carga de fríjol con los altos costos de transporte y de producción, mientras los precios de venta sean tan bajos Vías en pésimas condiciones para transporte de carga y pasajeros Carencia de mercados para productos tradicionales Los altos costos de transporte intermunicipal son una de las causas de la inviabilidad de nuestra agricultura El mercado para la pasta de coca es el único que no falla Los costos de transporte de la pasta de coca son muy bajas para el precio que tiene Los insumos agrícola son venidos a los precios que impone el negocio de la coca, por eso los campesino: pueden integrara los productos tradicionales La disminución de la pesca artesanal traslada la mano de obra hacia la coca

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Agrogüejar, nace legalmente en abril del año 2004, con el objetivo específico de crear condiciones de sustitución voluntario de cultivos de uso ilícito por alternativas de proyectos productivos orgánicos. Desde su inicio se constituye a desarrollar ocho sistemas productivos sostenibles con recursospropios de la región, realizados en la Granja Experimental la Margarita. Esta iniciativa de investigación, es realizada por la asociación por a el cambio del cultivo tradicional al de uso ilícito, al principio inofensivo y de relativas ganancias en poco tiempo, fue a su vez trastocando valores y principios de organización y participación comunitaria, que posteriormente se evidencio con la presencia de grandes masas flotantes de población sin ningún arraigo con la comunidad y el territorio. Los campesinos del Bajo Ariari no somos narcotraficantes, el estado de necesidad de los habitantes, por la falta de implementación de proyectos productivos sostenibles que nos garantice generar excedentes económicos de manera licita; es lo que nos ha obligado a sembrar el cultivo de coca y es el Estado quien no ha garantizado una vida digna, ya que el trabajo realizado en el campo no guarda la proporción del desgaste y sacrificio a que nos sometemos diariamente en estas zonas marginadas, en donde un día llegamos con la esperanza de darle un futuro mejor a nuestra familia, ante el desempleo y miseria en que se debaten las ciudades por esta crisis económica. La bonanza de cultivos de usos ilícitos, propicio el consumismo, los antivalores, la individualidad y el desarraigo; el adagio "amigo cuanto tienes, cuanto vales". Ante el creciente valor del tener por encima del ser, se propicia la disposición a adquirir comportamientos atraídos a la consecución de dinero rápido que permita incrementar el volumen de consumo de objetos y sat/sfactores. En esta región emigran familias completas y más aquellas que se ^ r a

habitaron a conseguir dinero rápido. Son causas de esa situación también, la falta de oportunidades de empleo e ingresos dignos cerca de sus fincas, la escasa rentabilidad de sus parcelas y el desarraigo territorial ligado a la baja valoración. La cooperación de la Unión Europea ha centrado su atención en el desarrollo alternativo, apoyando a los campesinos de las asociaciones Agrogüejar de 17 Juntas de Acción Comunal que decidieron erradicar manual y voluntariamente el cultivo de coca.

Los primeros proyectos elaborados, gestionados y ejecutados los realizaron con la institución PNN de Sierra la Macarena. Unos de los proyectos fue la "Reconversión de la producción sostenible para el restablecimiento de la seguridad alimentaria en 15 veredas vinculadas a la asociación Agrogüejar en zona de influencia del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, sector Güejar-Cafre, municipio de Puerto Rico-Meta. Fase 1 y W" ejecutados en el año 2007 y 2008. Estos proyectos marcharon por la financiación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, Oficina del alto comisionado para la paz y Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En este proyecto participaron 480 familias campesinas, en donde erradicaron voluntariamente cerca de 2000 hectáreas con cultivos de coca, siendo verificadas por Naciones Unidas y la Dirección Nacional de estupefacientes.

A pesar de todos estos intentos de apoyo locales y foráneos, el gobierno con las fumigaciones indiscriminadas con glifosato viola ostensiblemente la propuesta presentada mediante una mesa de concertación en Puerto Rico Meta en el 2006, entre nuestra organización y el gobierno sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito de manera concertada y asistida, para el logro de un plan de vida concertado para la paz.

Estas fumigaciones indiscriminadas van en contravfa del deseo de los habitantes de esta región del Bajo Ariari de la erradicación manual y atenta contra el medio ambiente, la salud de sus habitantes y la recuperación de estas tierras degradadas por la deforestación sufrida por la siembra del cultivo de coca y que con espíritu patriótico nosotros los campesinos de esta región nos hemos empeñado, erradicando voluntariamente 2000 hectáreas de coca; aspecto que nuestra organización Agrogüejar, hemos cumplido en nuestra palabra empeñada como lo puede certiñcar Naciones Unidas, Parques Nacionales Naturales y la policía Nacional de \ narcóticos. Va nuestra protesta a las políticas contradictorias del gobierno que no guardan proporción a lo enunciado en los medios de comunicación de protección al medio ambiente y el impulso de la agricultura, ya que al campesino se nos da palo porque boga y palo porque no boga.

Donde en su momento eximos un llamado a los Ministros del Medio Ambiente y de Agricultura, ¿Cómo pueden justificar que el gobierno invierta en la implementación de 655 colmenas, mediante acuerdo con la Unidad de Parque Nacionales Naturales de Colombia en proyectos de relocalización voluntaria de 45 familias que liberaron 500 hectáreas en el Parque la Macarena? ¿Qué pasara con las especies nativas de abejas meliponas, el pie de cría de la aphis melífera y con la cosecha de miel que se espera para el mes de enero? ¿Qué pasara con los reguladores naturales que sirven como polinizadores de los cultivos de pancoger y de la biodiversidad del PNN? ¿Cómo pretendemos que los campesinos sigan erradicando voluntariamente cultivos de uso ilícito, cuando se siguen contaminando las más de 3000 hectáreas que están en restauración pasiva dentro del parque y fuera del parque?

Igualmente las fumigaciones con venenos contaminan el ambiente; pero también repercute a la salud de los habitantes de las áreas fumigadas, produciendo síntomas agudos y crónicos, que afectan la genética de los seres humanos y de la flora y la fauna; hechos que están comprobados científicamente y traemos a colación los estudios realizados en peces por la Universidad del Llano. Por tales razones, la asociación campesina para la agroecologica y el comercio justo plantea lo siguiente: 1. Una vez más reafirmamos nuestra propuesta y compromiso de proponer en la región de Agrogüejar como laboratorio de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, mediante la concertación de un plan de vida para la PAZ, 2. Deberá terminarse definitivamente las fumigaciones de glifosato, ya que están comprobados sus efectos nocivos contra la salud de las personas y el medio ambiente en su conjunto - fauna, flora, ríos, etc. -. 3. Seguir creando comités veredales de ecología y medio ambiente, establecer normas de ^ r a

convivencia de respeto al medio ambiente y crear los comités veredales de la niñez y juventud ambientalista. 4. Nuestra organización ha abanderado las políticas nacionales e internacionales que invita a la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos de vida productivos, en donde el campesino pueda elevar su producción agroalimentaria para el campesino interno y el excedente para las ciudades y/o exportación.

5. La erradicación de cultivos de uso ilícito de nuestra organización es real y no es trasladada como sucede con las políticas de erradicación forzosa no concertada, lo que hace que los campesinos se trasladen a otra regiones del país y/o áreas de la región a continuar sembrando el cultivo ilícito, además afectando el medio ambiente, con la deforestación, la contaminación del aire, suelos, flora y fauna. ¡La preservación del planeta es responsabilidad de todos, incluyendo a las autoridades gubernamentales que no pueden escudarse en su investidura para evadir el cumplimiento de ías leyes ambientales! Si al campo le va bien, a la ciudad también; porque los campesinos tendrán la capacidad de producir alimentos diversos, limpios y suficielhes a los consumidores, inclusive para los más pobres de las ciudades.

1. COMO DEBE SER LA SOLUCIÓN POLÍTICA AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO Uno de los temas que MUCAPOC coloca como propuesta de discusión a la mesa para contribuir a generar argumentos sólidos hacía una salida dialogada al conflicto social y armado que agobia a nuestro país- es el tema del conflicto social y cocaiero, que desde hace casi 40 años padecemos una buena parte.de los habitantes del campo colombiano. En primera medida, al conflicto social y cocaiero debe dársele una solución política, económica, social y ambiental, en el marco de los eventuales acuerdo entre el gobierno, la guerrilla y los habitantes del campo, involucrados directa e indirectamente en el conflicto social y cocaiero. Cuando hablamos del conflicto social y cocaiero, es necesario comprender que su origen se remonta a los años 50s en que se presenta violencia y exterminio de más de 300 mil colombianos, así como desplazamientos masivos del campo hacía los poblados y ciudades. Ya en la década de 1970, hay un proceso de redesplazamiento de las ciudades y del interior del país hacia las zonas de colonización, este proceso de colonización cabe tener en cuenta ocasionado por los cordones de miseria que se vivían en el interior del país y en las grandes ciudades. Frente a esta situación de abandono y olvido por parte del estado, las opciones de estas regiones marginadas fueron la alternativa que nos brindaron los ingeniosos norteamericanos y europeos, la cual fue la fórmula para convertir la planta de coca en clorhidrato de cocaína, sumándole a eso que los principales beneficiarios de este negocio, fueron y han sido los grandes narcotraflcantes y los industríales nacionales y extranjeros, que producen todo lo necesario para el proceso y manutención de todos los involucrados directa o indirectamente en este modelo económico. Al conflicto cocaiero, que tiene causas sociales y que el estado en franca obediencia a las imposiciones norteamericanas, le ha dado un tratamiento de guerra en casi 40 años de existencia (sin que por esa vía lo haya resuelto), proponemos una formula de 14 puntos, para que sirvan de insumo en la mesa de discusión entre el Gobierno, la Guerrilla y nosotros las víctimas de este conflicto social y cocaiero: ^ r a

1. Que el método para superar este conflicto, obedezca a un Acuerdo entre el Estado, la guerrilla y el Campesinado involucrado directa o indirectamente en este modelo económico de subsistencia, sin la intromisión extranjera. 2. Que al generarse el Acuerdo entre las tres partes y se dé el cambio de la represión y la guerra por el acuerdo político, social y económico, se reflejen las considerables sumas de dinero invertidas para la guerra endémica, en la inversión de esos dineros en nuevos presupuestos que sirvan para financiar el gran proyecto de concertación para la sustitución del mencionado

modelo. 3. Que en lo relacionado con los dineros que deban canalizarse para la sustitución del modelo económico cocalero, el Estado elabore los planes de acción, en acuerdo con las comunidades objeto. 4. Que teniendo en cuenta que los alucinógenos y los narcóticos, perjudican a todos los países consumidores, que el Estado colombiano gestione ante los afectados recursos, ya no para la guerra en contra de este modelo, sino para ejecutarlos en los planes de solución pacífica del conflicto. 5. Que para evitar la presión Colonizadora de habitantes de las grandes ciudades y del interior del país, el estado propicie en el interior del País, una verdadera reforma agraria con justicia social. 6. Que concordante con las reformas sociales en el interior del país, para continuar evitando la presión colonizadora, el estado haga una reforma urbana en favor de los cientos de miles de destechados que existen en los poblados y ciudades del territorio colombiano. 7. Teniendo en cuenta que las regiones marginales están compuestas por la frontera agrícola, la reserva forestal y los parques naturales, proponemos que para la frontera agrícola y la reserva forestal, la inversión estatal sea equitativa y sin discriminación, mediante la elaboración de dos polos de desarrollo: Para la reserva forestal, dicho polo debe de ir dirigido a la agroforestación, reforestación y sostenimiento de las fincas de los colonos, en plena armonía con el medio ambiente. Para la frontera agrícola, debe fomentarse la industria agropecuaria empleando las semillas nativas, en forma agro-tecnificada, en pequeña y mediana escala, en plena armonía con el medio ambiente, así como el fomento de talleres industriales, como complemento de la tecnología en tas regiones involucradas. Solo así defenderemos la soberanía alimentaria 8. Apertura y garantía de distribución y mercadeo para que haya estímulo real a la producción agrícola, y que el estado garantice el mercadeo de estos, a precios de sustentación. 9. Que el Estado construya y garantice una verdadera malta vial, para que se desembotellen las regiones objeto de este programa, igual proceder con la red fluvial y el transporte aéreo desde todas las regiones objeto. 10. Que en materia educativa el Estado genere una cobertura presencial acorde con las necesidades del plan sustitut/vo, con énfasis agro-industrial, agro-ecológico y agro-forestal y demás profesiones que estén acorde con las necesidades integrales de estas regiones y que los egresados, tengan sentido de pertenencia en estas apartadas regiones. 11. Que el Estado construya una verdadera infraestructura hospitalaria, lo suficientemente dotada y acorde con las endemias del trópico, fomentando para ello la salud preventiva, antes que la curativa. 12. Que para transitar de la guerra sucia a la limpia Paz, el estado garantice una real apertura democrática, para que los colombianos sin distingo podamos participar abierta y civilizadamente, en todas las formas de organización social y política, en igualdad de condiciones, poniéndole punto final a todo tipo de persecución de la que siempre hemos sido víctimas. 13. Que para más seguridad de los diálogos que se están dando entre la

Guerrilla y el Gobierno, y arrojen éstos un acuerdo que garantice el punto final a este conflicto, proponemos que al pueblo organizado se le tenga en cuenta para ocupar la tercer silla, ya que nosotros somos las víctimas y en el caso de una salida política favorable, seremos los principales beneficiados. 14. A las personas objeto de este acuerdo, que se encuentren judicializadas o condenadas, sus investigaciones sean precluidas o en caso de condena se les indulte.

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PROPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN REAL DE LOS CULTIVOS DE COCA EN LA REGIÓN SUR DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BOTA CAUCANA Y SUCUMBIOS NARIÑO.

Los habitantes de la Región sur de Colombia, territorio Amazónico, hemos llegado unos y otros de distintos puntos de la geografía Nacional, producto del desplazamiento, las consecuencias del conflicto social, económico y armado que vive el país; falta de tierra, condiciones económicas y sociales, el abaratamiento de la mano de obra en la ciudades y los contingentes de familias del campo desplazadas que se resisten a la mendicidad en las calles de la urbe, huyen a los bordes de la frontera agrícola, rompiendo montaña y estableciendo nuevas unidades del trabajo agrícola familiar, de esta manera ha sido poblado nuestro territorio. Adicionalmente todas las políticas agrarias emanadas de perspectivas desarrollistas que propone el Gobierno Nacional, tienden a privilegiar escenarios agrícolas a grandes empresarios y no a los pequeños productores rurales, los cuales se enfrentan en un mismo contexto al latifundio, la industrialización de segmentos de la agricultura, sistemas agrícolas de monocultivos, la ganadería extensiva y por otro lado medidas aperturistas del comercio internacional como los Tratados de Libre Comercio TLCs, que privilegian la importación de alimentos y las transformaciones en ios patrones de consumo de alimentos en detrimento de la vocación agrícola, el trabajo y la cultura local y nacional, en donde la pequeña propiedad agraria no puede pensarse como vehículo de desarrollo rural. Entrados los años 80's, el auge del cultivo de coca toca las puertas de la amazonia. Cultivo de manejo sencillo y con paquetes tecnológicos de fácil acceso, con cortos periodos de cosecha, de trabajo familiar y por sobre todo con un mercado asegurado, hicieron de este la única opción económica real en una zona donde la precariedad de la infraestructura vial y de comunicaciones, la escasa inversión social, así como la ausencia de centros de comercio para productos alimenticios, consolidó el escenario propicio para la emergencia de una economía ilícita, así denominada por el gobierno, Fue así como la coca y su cultivo extensivo promovió la apertura de claros en las selvas, introdujo los paquetes tecnológicos con base en agroquímicos que alteran la estabilidad ecosistemica y otra suerte de "externalidades" que hoy se entienden como graves problemas socio - ambientales, lo mismo que las medidas adoptadas, por la política antidrogas nacional y estadounidense, acompañado de una explotación petrolera, sin las medidas suficientes que mitiguen los impactos ambientales, ponen en riesgo la biodiversldad y la vida de las generaciones futuras en el Departamento, desarrollándose una economía de carácter extractivita, beneficiando a una mínimo sector de la sociedad y dejando consecuencias socio- económicas y ambientales nefastas para la mayoría de los pobladores de la Región. La política antidrogas adoptada por el país, se ha enfocado únicamente en las fumigaciones aéreas y la erradicación forzada como único método para la erradicación de los denominados cultivos de uso ilícito y por otro lado la

militarización con estrategias como el Plan Colombia, Plan patriota y Plan Consolidación, que han generado una crisis humanitaria y ambiental sin precedentes en la Región. El gobierno pretende resolver esta problemática con programas asistencialistas impuestos sin ningún tipo de planificación y concertación con las comunidades, en lo cual han invertido miles de millones de pesos, lo cual no ha logrado acabar con los cultivos de coca, convirtiéndose en un total fracaso en esta Región y en el país, y por el contrario se ha incrementando a un mas el conflicto social, económico y armado en todo el territorio. Es por eso que desde la MESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Naríño, venimos trabajando en un proceso de unidad para planificar y buscar soluciones definitivas AL CONFLICTO SOCIAL Y COCALERO para lograr un desarrollo que este acorde a las necesidades de cada uno de los diferentes habitantes que integran este territorio; considerando que uno de los medios más urgentes que nos ayudan a generar la unidad y a construir un verdadero Desarrollo integral, se construyen con la participación directa de las comunidades, para tal fin proponemos la formulación y Ejecución del PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL AMAZÓNICO 2035, COMO UNA ALTERNATIVA A LOS CULTIVOS DE COCA, LA RECONVERSIÓN ECONÓMICA Y UNA PROPUESTA DE PAZ PARA ESTAS COMUNIDADES, en el cual una de sus prioridades es el establecimiento de sistemas productivos sostenibles para el fortalecimiento de la economía campesina, la soberanía Alimentaria, la generación de ingresos y la asociatividad para la transformación y comercialización de sus productos, implementando un modelo de economía campesina que nos permita ordenar el territorio con enfoque de Derechos y solucionar la inversión social requerida para que las comunidades logremos superar la crisis económica, social, ambiental, política y cultural para alcanzar un buen vivir para los pobladores de esta Región del sur del de Colombia, convirtiéndose en una política pública del país. pero esta propuesta no será viable si no se generan cambios en la política agraria y económica del país, con la participación directa de las comunidades, como también se debe frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, la Suspensión inmediata y revisión de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, China y demás países,.

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Finalmente concertar y firmar un acuerdo entre el gobierno y las comunidades, para la sustitución de los cultivos de coca, definiendo; compromisos de inversión, tiempos y porcentajes de disminución de los cultivos en un proceso que genere confianzas, democracia, respeto y cumplimiento a los compromisos pactados para lograr acabar con el uso ilícito de los cultivos de coca y superar las causas que llevaron a las comunidades a sembrarlos. Con una veeduría internacional y acompañamiento de países amigosMESA REGIONAL, de Organizaciones sociales y populares del Putumayo, Baja Bota Caucana y Sucumbíos Hañño, 25 de septiembre de 2013.