20 los estancos las practicas monopolicas version concultura by Archivo SC

Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador

Historiadores Pedro Antonio Escalante Arce Eugenia López Velásquez Sajid Herrera Mena José Alfredo Ramírez Knut Walter Roberto Turcios Carlos Loucel Lucha Ricardo Argueta Hugo López

Biblioteca de Historia Salvadoreña Volumen No. 20 Primera edición Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, CONCULTURA San Salvador, 2008 © 2008 Superintendencia de Competencia de El Salvador Todos los derechos reservados © Autores y fotógrafos: Pedro Escalante Arce Eugenia López Velásquez Sajid Alfredo Herrera Mena José Alfredo Ramírez Knut Walter Roberto Turcios Carlos Loucel Lucha Ricardo Argueta Hugo López 330.972 84 E79 Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador / ed. Dirección de Publicaciones. – 1ª. Ed. – San sv Salvador, El Salv. : Dirección de Publicaciones e Impresos, 2008. 500 p. : 24 cm. – (Biblioteca de historia : v. 20) ISBN 978-99923-0-201-9 1. Economía política-El Salvador—Historia. 2. Economía-Investigaciones. 3. Sistemas económicos. 4. El Salvador-Administración pública—Historia. I. Título. BINA/jmh Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, sin la autorización escrita de la Superintendencia de Competencia de El Salvador. ISBN 978-99923-0-201-9 (vol. 20) ISBN 99923-0-049-3 (Obras completas / Colección) Superintendencia de Competencia de El Salvador Edificio Madre Selva, Primer nivel, Calzada El Almendro y 1ª. Av. El Espino No. 82 Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A. PBX: (503) 2523 – 6600, Fax: (503) 2523 – 6625 E mail: contacto@sc.gob.sv, www.sc.gob.sv Impreso en El Salvador por Editorial e Impresora Panamericana, 2008. Depósito de ley en el Registro de la Propiedad Intelectual del CNR: 408/2008 de tres de noviembre de dos mil ocho.

Superintendencia de Competencia de El Salvador

Los estancos, las pr谩cticas monop贸licas y las rentas del Estado en El Salvador

PALABRAS INTRODUCTORIAS

EL CONOCIMIENTO de la realidad implica el conocimiento del proceso en el que la realidad se inserta. En nuestro país, hemos padecido endémicamente un déficit de conocimiento sobre los fenómenos sucesivos que configuran la vida nacional, y de ahí derivan no sólo muchos errores de perspectiva, sino, sobre todo, múltiples valoraciones inexactas sobre lo que somos, a partir de los que hemos sido y venimos siendo. En la historia política y administrativa hay mucho más esfuerzo de rescate y de interpretación que en otras áreas de la realidad, de igual o de mayor significación para conocer y comprender el contenido de la salvadoreñidad. Así como escasean los testimonios personales, las memorias y aun los diarios íntimos, que son tan reveladores del ser, del pensar y del sentir de una época o de un momento determinados, se hace sentir la falta de estudios reveladores y suficientes sobre cuestiones específicas –políticas, económicas, sociales o culturales–, que constituyen componentes significativos del quehacer que se desenvuelve en el tiempo. Pero las cosas están cambiando, y ahora, a la luz y al impulso de las dinámicas democratizadoras, que tienen siempre un sensible ingrediente de clarificación, los salvadoreños estamos cada vez más dispuestos a revelarnos a nosotros mismos, frente al espejo de lo que ha sido nuestro devenir, con todos sus matices y detalles. Porque hay que reconocer que la historia es una corriente plural, y que cada uno de sus ramales derivados, por especial o especializado que sea, constituye una muestra del ser total. Es como si en cada decisión, en cada gesto, en cada estructura particular, en cada manera de hacer las cosas se pusiera de manifiesto el ADN de la nación. En esa línea, una obra como la que la Superintendencia de Competencia pone en nuestras manos es a la vez un aporte y un augurio. Para empezar, la misma existencia de esta Superintendencia constituye un signo de los tiempos. El hecho que tengamos una estructura institucional

que vela por la salud de uno de los elementos básicos del sistema de desarrollo en libertad, como es la competencia cierta y abierta entre los agentes económicos, representa un ejercicio vivo de este dinamismo transfigurador que en términos amplios llamamos democracia. Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado de El Salvador es un detallado, riguroso y elocuente friso de lo que vienen siendo las prácticas monopólicas en el país, en sus luces y en sus sombras, así como todos sus entornos políticos y económicos. Del recorrido de este libro, denso en sustancia y a la vez invitador a la lectura fluida, podemos sacar muchas lecciones útiles y valederas: que nuestra historia económica es un terreno en el que aún se necesita muchísima investigación; que todo devenir es un proceso, en el que se van eslabonando causas y efectos; que la dilucidación de los enlaces sucesivos permite conocer mejor no sólo los eslabones como tales sino el todo resultante; que la experiencia vivida le sirve a la experiencia presente, para no repetir lo negativo y para potenciar lo positivo; y que ir superando etapas de evolución y cerrando brechas de distorsión hace posible que se manifieste más naturalmente la cultura modernizadora. Es admirable el trabajo de los historiadores que suscriben este estudio, que son nueve y que evidentemente han logrado estructurar un excelente trabajo de equipo. El resultado es una obra con vocación de hito en el autoconocimiento nacional. La Superintendencia de Competencia, al impulsar y patrocinar este esfuerzo, reafirma su voluntad institucional de prestar en serio y con alto compromiso de eficiencia, el cometido que su propia existencia le demanda. Hay en todo esto un movimiento de conciencia que es justo y conveniente subrayar: el movimiento de conciencia institucional hacia el mejoramiento real de las prácticas competitivas, cuyo sano desenvolvimiento es clave para la estabilidad progresiva de la economía en todas sus manifestaciones y en un mundo global y cambiante. Este libro de historia sin duda hará historia, y deberá servir de estímulo para que otras instituciones, tanto públicas como privadas, se incorporen al conocimiento científico y suficiente de su propio ser en el tiempo. Y para los lectores no especializados hay aquí también muchísimo material de interés, en el orden de enriquecer las percepciones ciudadanas, que son tan vitales para la buena marcha de la democracia.

DR. DAVID ESCOBAR GALINDO

DE LA EXCELENCIA A LA COMPETENCIA

LECTURA de Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador es simplemente apasionante. A través de esta historia económica sectorial entramos en la vida compleja de nuestro país y en la conformación de nuestra cultura e identidad. Nos encontramos con El Salvador como ser vivo, como conjunto de personas trabajadoras, que se organizan, que conviven, que entrecruzan necesidades y problemas, que interactúan y que van forjando la historia de este país con esa recia identidad que se mantiene en medio de lejanías migratorias y dolorosas confrontaciones. Un libro de excelencia académica, que explica con claridad y rigor el valor de la competencia, y los problemas que genera una competitividad frustrada por prácticas monopólicas. Porque las prácticas monopólicas son parte de ese crear nuevas relaciones, reacciones de muy diverso tipo, asentamiento de posiciones que generan pautas culturales de comportamiento. Utilizando la clasificación de los modos legítimos de dominación de M. Weber, podríamos decir que las prácticas monopólicas coloniales constituyen una parte sustancial de la transición de un modo de dominación tradicional al dominio racionalizado que se lleva a cabo a través de un poder burocrático. Se trata, pues, de la aparición de un nuevo sistema de gobierno que tras imponerse por las armas, y en su afán de legitimarse, busca modos de sobrevivencia económica arraigada en la producción local y utiliza mecanismos de control económico que son al mismo tiempo símbolos de una nueva manera de ejercer el poder. La rebeldía frente a estas prácticas de poder, que casi siempre tocaron puntos sensibles de la cultura popular, son parte también de esta historia en la que los intentos de racionalización económica y el sentido popular y tradicional entraron con frecuencia en confrontación. Sentido popular que en ocasiones llegó a tener más fuerza e incluso más razón que las prácticas de control económico colonial.

Los quince productos que llegaron a estar “estancados” tienen historias diferentes. Algunos llegan hasta nuestra época, como el papel sellado. De otros, que con modificaciones y secuelas llegaron hasta el siglo recién pasado, se mantiene, aunque reducida, la práctica popular de resistencia al monopolio. Es el caso del “chaparro”, aguardiente clandestino, que sigue teniendo una buena aceptación en algunas zonas rurales. Con historia larga o corta (algunos de los proyectos de producción monopólica fracasaron muy rápidamente) estos productos nos dejan un camino de aprendizaje que nos acerca tanto a fenómenos de resonancia cultural como a pautas de comportamiento económico, en muchos aspectos nocivas, y que hoy, desde una visión mucho más racional de la economía, debemos evitar. El monopolio, más allá de un mecanismo económico, ha sido sobre todo una expresión de poder que usa su propia fuerza para controlar mercados y extraer beneficios para un grupo reducido. En el caso salvadoreño ha sido la burocracia estatal, muy incipiente en la colonia e incluso en el siglo XIX y parte del XX, la principal beneficiada. Ésta y algunos sectores de la población muy pequeños que giraban en torno a la producción destinada al comercio exterior y que con frecuencia alternaban, ellos o sus hijos, entre los negocios y el trabajo burocrático. Poder político y poder económico fuertemente vinculados que generan una situación de desigualdad que dura, de otras maneras, hasta nuestros días. Se trata, a la luz de esta obra, de ese 8% que todavía en los albores de la industrialización de principios de los sesentas del siglo XX recibían el 51% del ingreso nacional total. El mismo monopolio generaba en ocasiones esas profundas contradicciones entre el lenguaje del poder y la práctica del mismo, que con frecuencia se prolonga hasta la actualidad. Especialmente el monopolio del aguardiente, celosamente protegido en el tiempo colonial por las autoridades, ofrecía el contraste entre moralidad oficial y la práctica del poder. Mientras el alcoholismo era uno de los vicios más criticados, y de forma unánime, por todos los poderes reales, la burocracia estatal vivía en buena parte de las rentas de esta producción monopólica. Práctica que además generaba un fuerte contrabando y una producción paralela, nunca suficientemente perseguidos. Cuando hoy nos preocupamos de la alta proporción de población económicamente activa que vive en la informalidad, nos olvidamos de que esta práctica fue durante muchos años de nuestra historia alentada por pésimos procederes económicos. Y que de alguna manera justificaban las malas prácticas populares de contrabando y comercio ilegal. Pues un lenguaje oficial incoherente, que fustiga el vicio del alcoholismo mientras vive de él, se

vuelve incapaz de garantizar la cohesión social en torno a los principios que contradictoriamente defiende. En ocasiones el monopolio mostraba la fuerza de la cultura popular y, de alguna manera, la lejanía que el poder colonial mantenía con respecto a las pautas cotidianas de comportamiento y costumbres. El intento en el siglo XVIII de estancar la sal chocó directamente con una necesidad popular. La dieta campesina que exigía consumir sal para no deshidratarse en las largas tareas bajo el calor tropical, la necesidad de utilizarla en la alimentación del ganado, el uso en curtiembres y en el tratamiento de la plata convertían a este producto en un elemento tan indispensable que no podía ser encomendado adecuadamente a la producción y distribución monopólica de la burocracia colonial. La resistencia popular a un servicio necesariamente malo convirtió en efímero el deseo centralizado y autoritario de controlar el producto. Si el monopolio fuera el protagonista de esta historia diríamos que terminó mal: entregado muchas veces como concesión tanto a acreedores extranjeros como a concesionarios nacionales, aumentó la tendencia al contrabando y las pautas culturales que nos acaban diciendo que se vive mejor al margen de la ley. Ya desde sus inicios la restricción del mercado que conllevan las prácticas monopólicas conduce a fraudes, corrupción y mercados paralelos e ilegales. El contemplar cómo diversos intereses supuestamente nacionales se acaban entregando al servicio de la deuda contraída con otros países, y cómo esa deuda se cobra con frecuencia bajo la presión de las cañoneras que amenazaban con bloquear el comercio, no hacía más que contribuir a la cultura del desorden y de la supervivencia individual. Esa cultura nociva del sálvese quien pueda que brota siempre de políticas públicas poco responsables. El siglo recién pasado, aun con todas sus limitaciones, nos muestra el esfuerzo por comenzar a organizar un mercado con pautas racionales. Con avances y retrocesos, con contradicciones y pequeños pasos hacia la racionalización. La Ley de Competencia, y los sucesivos refuerzos a la Superintendencia de Competencia, reflejan el trabajo por cuidar la propia racionalidad del mercado y evitar las malas prácticas. Hoy nadie duda que las prácticas monopólicas, del orden que sean y aplicadas al mercado, dañan al ciudadano, rebajan la calidad de los servicios y provocan prácticas alternativas a mediano o largo plazo dañinas para la misma ciudadanía. La toma de conciencia ha sido lenta y han pesado en ella dos grandes factores. Por una parte la clarividencia de la sabiduría popular, con la defensa de sus propios intereses o incluso con su forma primitiva de rebelarse contra este tipo de imposiciones. Y por otra, un grupo de

intelectuales y empresarios que desde los inicios del siglo XX reflexionaron y criticaron el pasado económico marcado por el monopolio, descubriendo sus vicios y contradicciones. Se suele decir que la historia es maestra de la vida. Sin embargo sus enseñanzas no siempre se asumen adecuadamente, o son tardíamente aprendidas y aceptadas. La mala práctica crea hábito y cultura, y la transformación de las culturas sólo se produce a través de procesos largos y de evolución lenta. La unión de conocimiento y acción, ayer y hoy, es el camino de transformación cultural más rápido y eficaz. En ese sentido, esta publicación de la Superintendencia de Competencia nos brinda un extraordinario servicio. Nos ayuda a conocer nuestra historia, nuestros problemas y sus raíces, nuestros modos de proceder habituales, que no siempre son los mejores, y nos lleva a entender la importancia de nuevos caminos y de una mayor racionalización de nuestros procesos económicos. En definitiva, nos ayuda a comprender también la importancia de la propia Superintendencia para el desarrollo de El Salvador. Acompaña desde el conocimiento a un accionar nuevo, en ocasiones poco asimilado por la ciudadanía. Y nos obliga a salir de prejuicios, como el de considerar la institucionalidad nueva como algo superfluo o marginal dentro de los procesos de desarrollo salvadoreño. La lectura atenta de este libro, comprensible y didáctico, ameno para quien quiera entender los rasgos que, entre otros, han ido esculpiendo la propia identidad salvadoreña, y dotado al mismo tiempo de calidad y seriedad científica, nos ayuda a entender la importancia de un mercado no cautivo y la responsabilidad estatal de vigilar este instrumento de desarrollo que es la sana competencia. No cabe más que felicitar a la Superintendencia y decirle que esa síntesis entre el recto accionar y el explicar histórica, científica y racionalmente los fundamentos de su actividad institucional, garantiza el éxito de estos sus primeros pasos y su incidencia en la transformación de la propia cultura competitiva salvadoreña. Estoy seguro que desde la excelencia de este libro se puede pasar con mayor facilidad a entender los beneficios de una sana competencia.

JOSÉ M. TOJEIRA

PRESENTACIÓN

DESDE

ENERO de 2006, la Superintendencia de Competencia (SC) está obligada a cumplir la Ley de Competencia, esto es, promover, proteger y garantizar la competencia mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que la limiten o restrinjan. Lo que se persigue con ello es incrementar la eficiencia económica y buscar el bienestar de los consumidores. El éxito de la abogacía de la competencia depende, en gran medida, del nivel de cultura de competencia que exista en el país: por un lado, actividades dirigidas a otras autoridades públicas con facultades reguladoras; y, por otra parte, actividades dirigidas a todas las instancias de la sociedad civil en general, con el objeto de sensibilizarlas sobre los beneficios de la competencia y el papel que puede desempeñar la política de competencia en la promoción y la defensa de la competencia. Precisamente en esta tarea por desarrollar una verdadera cultura económica y legal de competencia, la Superintendencia de Competencia patrocinó la elaboración de un trabajo de investigación histórico, a cargo de un selecto grupo de historiadores. Esa labor es la que ha dado lugar al libro Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador. La investigación se llevó a cabo en tres fases: 1) preinvestigación sobre existencia y disponibilidad de información histórica sobre monopolios y estancos; 2) determinación y calidad de fuentes de información sobre monopolios o estancos; 3) investigación sobre los estancos, las prácticas monopólicas, las rentas del Estado y la libre competencia en El Salvador. Este último momento estuvo a cargo de diversos historiadores y académicos: Pedro Escalante, Eugenia López Velásquez, Sajid Herrera Mena, José Alfredo Ramírez, Knut Walter, Roberto Turcios, Carlos Loucel Lucha, Ricardo Argueta y Hugo López Mejía.

Así, se estimó que la mejor forma de elevar el conocimiento de la sociedad civil en general sería a través de conocer la historia de los distintos regímenes económicos, así como los aciertos y errores de sus gobernantes: setenta y nueve presidentes o juntas, consejos de gobierno o directorios cívico-militares. El libro resultante es un apasionante estudio de historia social desde la época de la Colonia (1524) hasta la actualidad. En ese sentido, es interesante notar que desde el siglo XIX las constituciones salvadoreñas, tanto las consideradas de corte liberal como las correspondientes a un Estado intervencionista, protegían y estimulaban la libertad empresarial; sin embargo, otorgaban al Estado la potestad de estancar algunas actividades económicas cuando fuera de interés social. Desde 1950 comienzan a utilizarse los términos monopolio –facultad reservada al Estado y al municipio– y estanco –término que se reserva únicamente para el Estado–. El interés por mantener estancadas algunas actividades económicas se debía a la necesidad de ingresos significativos, en un principio para trasladarlos a la Corona; en la época de la República, servía para fondear gastos ordinarios, de infraestructura y salarios en algunos casos, o para atender la demanda de la persecución del contrabando. En El Salvador, el término estanco no estuvo definido. Los estancos eran industrias cuya producción estaba prohibida a particulares, solamente reservada al Gobierno, el cual podía emprenderlas directamente o ceder el derecho de realizarlas a un particular, por medio de un asiento. Se trataba de actividades controladas por la Corona o que se otorgaba a particulares para la producción y la comercialización de ciertas mercancías. Entre los estancos o monopolios estatales1 más importantes a lo largo de la historia se encuentran el aguardiente, la chicha, el tabaco, el papel sellado, la sal, los naipes, el azogue o mercurio, la pólvora, la acuñación de moneda, correos, comunicaciones eléctricas, teléfonos, radio; aunque el más importante fue el aguardiente, dado los ingresos fiscales que producía. El sistema del estanco del aguardiente tenía una legitimidad débil, pues uno de los negocios públicos principales se nutría de un problema social y, al mismo tiempo, daba lugar a prácticas corruptas. Así, el resultado de esta indagación exploratoria sobre la existencia y calidad de fuentes documentales y bibliográficas en archivos y bibliotecas de El Salvador y Guatemala ha sido altamente satisfactorio. Se aseguró la existencia de suficientes fuentes de información que posibilitan una investigación acerca de los estancos aplicados a ramos de la industria, producción y comercio, entre otros del tabaco, aguardiente, juego de

naipes, papel sellado y pólvora; y políticas administrativas durante los períodos colonial centroamericano del reino de Guatemala, republicano y siglo XX de El Salvador. La investigación se divide en tres grandes etapas históricas: la de gobierno monárquico español, conocida como época colonial; la republicana, federal y unitaria, y la etapa contemporánea. Son períodos que se recorren a través de ocho capítulos, cada uno referente a ciclos cortos y subperíodos, en una división en la que se conjugan elementos políticos, sociales y económicos. Hay descripciones de personajes, de paisaje social o natural, y se citan las fuentes de información utilizadas. Se incluyen anexos mapas, pinturas, grabados, fotografías y fuentes documentales que contextualizan y acompañan el texto. Para profundizar y sustentar la investigación se consultaron diversas fuentes en la Biblioteca Nacional, biblioteca Florentino Idoate de la UCA, biblioteca central de la UES, biblioteca especializada del MUNA, biblioteca de la Academia Salvadoreña de la Historia, el Archivo General de la Nación, el Archivo Municipal de Sonsonate y el Archivo General de Centroamérica, en la Ciudad de Guatemala. Los ocho capítulos, en los que se conjugan elementos políticos, sociales y económicos, son los siguientes: Capítulo 1: El real fisco y los estancos en la Centroamérica colonial en la época de la monarquía de los Austrias (1525-1700) Capítulo 2: Reveses de la política de comercio libre y política fiscal de rentas estancadas de las Reformas Borbónicas en San Salvador y Sonsonate (1700-1823) Capítulo 3: Fiscalidad, estancos y federación: los termómetros de la fortaleza gubernamental en El Salvador (1824-1839) Capítulo 4: Los estancos en la República del Salvador (1838-1871) Capítulo 5: Paisaje de reformas (1871-1897) Capítulo 6: Crisis, aguardiente y café (1898-1930) Capítulo 7: El discurso de la libre competencia y las prácticas monopólicas en la época de un Estado intervencionista (1930-1960) Capítulo 8: De la Integración Centroamericana a la creación de la Superintendencia de Competencia (1960-2008) El período del último capítulo inicia con la Constitución de 1950, ya que aunque en 1962 –durante la administración del Directorio Cívico Militar integrado, entre otros, por el coronel Julio Adalberto Rivera y el

doctor Antonio Rodríguez Porth– se dictó una nueva Constitución, el texto del artículo 142 es el mismo de la Constitución de 1950. En 1983, durante la administración de Álvaro Magaña, se dicta la última de las constituciones en la historia de la República, vigente hasta hoy día. En la actual Constitución, se establece, en el artículo 110, la prohibición de monopolios privados, reservados únicamente para el Estado y los municipios cuando el interés social lo haga imprescindible. No obstante se establece que a fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. La introducción del concepto de consumidor marca una nueva era y es uno de los avances más importantes en 500 años de historia económica del país, en materia de estancos y monopolios. Las legislaciones de competencia más avanzadas sancionan severamente los abusos de poder de cualquier agente económico, privado o público. El otorgamiento de derechos exclusivos y las concesiones, incentivos y privilegios se sujetan a reglas inclusivas y plazos determinados, basados en principios de transparencia, publicidad y competencia. Otras prácticas anticompetitivas dañinas son los acuerdos entre competidores o conductas colusorias para fijar precios, condiciones de producción, repartirse mercados geográficos o clientes; son de las infracciones más graves a la Ley de Competencia. Es importante que en las licitaciones y concesiones –tanto públicas como privadas– se evite el imponer a los potenciales ofertantes requisitos innecesarios a fin de limitar competencia. También las normas técnicas deben permitir el mayor número de competencia. Ambas son decisiones que dejan cautivos por mucho tiempo a los consumidores e imposibilitados de bienes y servicios, cuyas opciones en calidad y precios podrían ayudar a los consumidores a paliar sus necesidades, según sus recursos. Solo la transparencia, publicidad, competencia e inclusión puede volver más competitivo al país con el afán de asegurar que los beneficios de la apertura comercial y mundialización se transfieran a los consumidores. También en la emisión de leyes, ordenanzas y reglamentos se debe evitar la creación de barreras artificiales que estimulan mercados poco contestables. La academia debe velar porque en sus programas de estudios superiores se incluya la enseñanza del derecho de competencia, a efectos de asegurar que, independientemente de las distintas disciplinas, los estudiantes tengan presente a la hora del ejercicio de su profesión que la única forma de preservar un sistema económico sostenible es el respeto al derecho a la libertad que todos y cada uno de los ciudadanos tienen como

un bien inalienable y que se manifiesta, en esta materia, como la facultad de ofrecer y recibir bienes y servicios en una forma transparente. El Órgano Judicial por su parte debe asegurar que las medidas cautelares que suspenden los efectos de las decisiones administrativas no vulneren los intereses de la sociedad en general, siendo también indispensable el desarrollo de una cultura empresarial pro-competitiva a favor de los consumidores. La profundidad y claridad de estas reflexiones pueden iluminarse más aún con Los estancos, las prácticas monopólicas y las rentas del Estado en El Salvador. Una investigación en un libro de enorme utilidad e interés.

CELINA ESCOLÁN SUAY Superintendenta de Competencia

NOTAS 1

El glosario de términos de la Superintendencia de Competencia define monopolio como “organización del mercado en la cual sólo hay un agente económico que vende un bien o servicio para el cual no existe ningún sustituto”.

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE trabajo de investigación es el resultado de una iniciativa de la Superintendencia de Competencia, con el afán de divulgar en la sociedad salvadoreña una cultura de Competencia que promueva una práctica cultural, política y de convivencia social armónica y respetuosa, tendiente a la erradicación de prácticas anticompetitivas en el mercado. Este trabajo muestra los resultados de la investigación histórica y económica efectuada por un grupo de estudiosos durante un período de varios meses. Se partió del tema de los estancos como instrumento fiscal y de control de mercados, para desarrollar paulatinamente el amplio tema de las prácticas en contra de la libre competencia y las distorsiones del mercado, desde la época colonial hasta la contemporánea. La problemática de los aspectos abordados requirió un análisis del proceso histórico de cómo se ha ido elaborando la mentalidad y la actuación anticompetitiva en las prácticas comerciales, que persisten aún ahora en organizaciones empresariales, así como en la política estatal. El resultado ha sido un particular texto de investigación histórica y de comentarios con criterio y opinión sustentados en las bases de las ciencias sociales; un texto no con la visión tradicional del libro de historia, sino un compendio de trabajos que refleja las dinámicas del funcionamiento del mercado, las distorsiones que se observan y la problemática inmersa y constante como un resultado de historiografía crítica que promueva mejoras en el funcionamiento comercial, vinculado a una economía equilibrada con visión e interés social. El recorrido de la investigación es de casi quinientos años, divididos en tres grandes etapas históricas: la de gobierno monárquico español, conocida como época colonial; la republicana federal y unitaria, y la etapa contemporánea. Son períodos que se recorren a través de ocho capítulos,

cada uno referente a ciclos cortos y subperíodos, en una división en la que se conjugan elementos políticos, sociales y económicos. El hecho que la finalidad de esta investigación no se limite a un recuento histórico y cronológico, ha posibilitado llevar a cabo un estudio social y político en lo económico. Tampoco es sólo un esbozo de historia económica, sino que se trata de un estudio que ha tenido como primordial interés analizar el entramado en el que actúan los distintos factores, la dinámica de los cambios y las permanencias. El primer capítulo se refiere a los inicios de la política de estancos en las Indias españolas, en tiempos de la monarquía de los Austrias, de la familia dinástica Habsburgo, la cual termina en 1700 con el advenimiento de los Borbones franceses al trono español. El segundo capítulo abarca el periodo de la monarquía Borbón; son los tiempos de la gran producción añilera en las provincias hispano-salvadoreñas, que marcó tan profundamente al futuro estado. Fue el período más intenso en términos de actitud estatal hacia la economía y el incremento de los ingresos fiscales que la Corona –bajo la influencia de las ideas de la Ilustración– tradujo en una serie de reformas, rentas estancadas y liberalización del tráfico mercantil y del comercio. En ese contexto se desarrolló una política de medidas fiscales y de productos y actividades bajo el régimen de estancos controlada y vigilada por el real fisco. Todas estas medidas no acabaron con los monopolios privados y no detuvieron la producción clandestina, el contrabando y el abuso de los comerciantes de mejor posición y poder de decisión en las altas esferas del gobierno colonial, y que incidieron en el malestar social y reclamos de los habitantes urbanos –por lo general entre criollos y ladinos–, lo que desembocó en los movimientos autonómicos y separatistas de las demarcaciones administrativas y políticas americanas, incluida la Real Audiencia y Capitanía General de Guatemala y sus provincias. Política de estancos a favor del estado que perduró más que nada como política fiscal hasta épocas muy recientes con productos como el aguardiente y el papel sellado, y que continúa constitucionalmente en el presente. Los siguientes dos capítulos se refieren a los inicios independentistas, con la instauración de la Federación centroamericana, así como los primeros pasos de los estados. La situación es de conflictos permanentes entre ayuntamientos y sus áreas de influencia, y los gobiernos que se instalaron en las antiguas intendencias que difícilmente comprendieron lo que era un estado federal que debía superponerse a los estados federados. Es, en general, un ambiente de inadecuada educación política, carente de una visión respetuosa de convivencia armónica; un ambiente de actitudes

emotivas de violencias y de surgimiento caudillista, donde las ideologías se enfrentaron. Pero es más un campo de batalla de intereses localistas y personales que un duelo en el campo racional de las ideas y de las opiniones políticas. Éstos son los tiempos de recaudación a ultranza de los ingresos públicos con las rentas estancadas, como el tabaco y el aguardiente, además de los impuestos que débilmente trataban de allegar dineros a las arcas estatales –tributos que resentían la mayoría de afectados–. Los capítulos cuarto y quinto abarcan los años de los estados ya separados de la desventurada Federación centroamericana, la cual permanecerá como un objetivo histórico de los cinco países, a la que le han dado un rango de cívico ideal, en respuesta a lo que fue en su momento un “complejo de culpa” por su culposo desmoronamiento. El Estado de El Salvador, como los demás cuatro separados de la unidad federal, comenzó a buscar nuevas concepciones en su organización política y económica para dejar atrás el muy próximo pasado monárquico colonial, que marcaba fuertemente su rostro. Se estaba a la búsqueda de una identidad propia, con un comercio incipiente y local, con industrias que no pasaban de la categoría de talleres artesanales, con exportaciones limitadas (si no fuera por la antañosa tinta añil), con transporte marítimo reducido hasta que surgieron las líneas regulares de vapores del océano Pacífico en la segunda mitad del siglo XIX, lo cual facilitaría la expansión del nuevo cultivo del café en el paisaje nacional. El café se mostró pronto como el producto rampante del país, desplazó a la tinta añil y se convirtió en la esperanza certera de una industrialización agrícola que requería el surgimiento de modernas instituciones de crédito y el general desarrollo del país, como las comunicaciones. Sin embargo, los fondos públicos todavía dependían de las producciones estancadas y entre éstas, en primera fila, la básica del aguardiente, algo desastroso en sus efectos sociales. Para los nuevos tiempos surgió en esta época el comienzo formal y legal de la desaparición de las tierras comunitarias, tanto los ejidos municipales como las tierras de comunidades indígenas y ladinas, así como las tierras de cofradías y hermandades religiosas. Los finales del siglo XIX y los inicios del XX están reflejados en el capítulo sexto. Son los años de crisis económica y aflictivo déficit fiscal, de ilusiones de naciente democracia, de modernización, de aumento de la producción de café, de endeudamiento del Estado. Los productos estancados seguían sobreviviendo, con buena salud, como el controvertido aguardiente. Y, como en todas las épocas históricas del país, los devastadores terremotos no faltaron, los cuales suponían un tremendo

desgaste emocional y de esfuerzo ante los afectados, además de pérdidas económicas. El Estado que va de 1930 a 1960, en los años ya contemporáneos, vio desarrollarse una política intervencionista, con protección a la libre empresa, como siempre se había plasmado en los principios fundamentales de la organización económica y social, pero también un aumento del proteccionismo y de los monopolios en el discurso de gobierno, en contra de los deseos públicos y manifiestos de la libre empresa. En la historia más reciente, actual y de consecuencias que se viven en el presente, la ruta del libre comercio y de la integración a mercados regionales e internacionales requiere de la institucionalidad efectiva y el marco jurídico de libre competencia. Esto es lo que se busca, pero no lo que se tiene en los días que corren, porque la libre competencia siempre se ve lesionada por las prácticas monopólicas en diversas manifestaciones, tanto en el dominio estatal como en el campo privado. Lo que este estudio histórico y económico expone en su último capítulo es la necesidad de promover una cultura de competencia, dirigida al sector público, medios de comunicación, agentes económicos y sociedad civil, tal y como está entre las conclusiones de la postrer sección del trabajo, así como “fortalecer a las instituciones públicas para que desarrollen la capacidad de investigación y tramitación de casos de competencia”. Todo esto para que la libre competencia sea una realidad de desarrollo y calidad de vida, y no, en tantos casos, motivo de inobservancia y disimulo, aun por las instancias responsables de trazar el mejor camino social, económico, político y cultural para El Salvador. El equipo de investigadores y profesionales que han intervenido en este trabajo, surgido de la iniciativa encomiable de la Superintendencia de Competencia, agradece a las señoras Lorena Duke y Regina Vargas, funcionarias de la oficina estatal, así como a su presidenta, señora Celina Escolán, el decisivo apoyo a este trabajo, que no por interesante en su formulación, ilustrativo en el análisis histórico-económico y satisfactorio en su resultado, fue menos compendioso en la búsqueda de fuentes históricas y antecedentes, ya que por primera vez en el país se produce un trabajo de esta naturaleza sobre un tema bastante abordado en textos de economía y libros de historia, pero no con la profundidad temática que se ha pretendido plasmar en estos folios, con orden cronológico. También se agradece a la señora María Luisa de Hernández, de la Superintendencia, su eficiente apoyo y gestión. La investigación llevó a los autores a diversas instituciones para hacer consulta de fondos documentales, bibliográficos y hemerográficos, centros

a los que se agradece la colaboración prestada por sus personeros y encargados, como la Biblioteca Nacional, la biblioteca Florentino Idoate de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador, la biblioteca especializada del Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán y la biblioteca de la Academia Salvadoreña de la Historia. Asimismo se está en deuda de agradecimiento con el personal del Archivo General de la Nación, el Archivo Municipal de Sonsonate, así como del Archivo General de Centroamérica, en la Ciudad de Guatemala. Además, se agradece por su valiosa labor a los colaboradores que participaron como asistentes de investigación en el acopio documental y de datos: Raúl Cuéllar Díaz, asistente técnico de la Academia Salvadoreña de la Historia; así como Francisco Granados y los estudiantes de Historia de la Universidad de El Salvador, Celestina Benítez, Douglas Hernández y Carlos Moreno; y al estudiante de Historia de la Universidad Tecnológica, Salvador Alfonso Elías. No omitimos nuestro agradecimiento a Gustavo Herodier por sus buenos oficios para la formación del equipo de investigadores y la gestación de las primeras ideas que se pusieron sobre la mesa de este trabajo. Esta investigación constituye fundamento y piedra miliar para futuros trabajos en este campo de la historia y de la realidad económica salvadoreña. Los autores esperan que, no obstante cualquier ausencia y omisión en los múltiples aspectos de los estancos y las prácticas monopólicas, así como el no haber llegado a cubrir todo el amplio espectro temático, no sea óbice para que este trabajo pionero en el país cumpla su mejor cometido y promueva otros estudios e investigaciones al respecto, además de fortalecer el objetivo deseado de la mejor implementación de la libre competencia para el desarrollo económico y social del país, tal y como se busca con el mayor empeño en la oficina gubernamental encargada de este rubro en el engranaje administrativo oficial.

PEDRO ANTONIO ESCALANTE ARCE Y EUGENIA LÓPEZ VELÁSQUEZ Coordinadores

CAPÍTULO I EL REAL FISCO Y LOS ESTANCOS EN LA CENTROAMÉRICA COLONIAL EN LA ÉPOCA DE LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS (1525-1700) Pedro Antonio Escalante Arce

de la consolidación de los derechos adquiridos por España y Portugal en los descubrimientos geográficos y las nuevas tierras, con la base legal del Tratado de Tordesillas de 1494 y las bulas papales de Alejandro VI –derechos cuestionados por los demás países europeos–, se procedió a la conquista, la pacificación y el poblamiento de las inmensidades continentales y la prédica del cristianismo católico romano a los pueblos indígenas sometidos; y, en el caso de España, a construir el extraordinario andamiaje de la organización política, administrativa, económica y fiscal de la América hispánica. El actual El Salvador nació de las dos provincias de la Corona de Castilla integradas a la gobernación de Guatemala en su parte oriental, de las cuales la de San Salvador lindaba con las gobernaciones de Honduras y Nicaragua, mientras Sonsonate estaba plenamente adscrita a Guatemala. En conjunto, ambas jurisdicciones –San Salvador, primero alcaldía mayor (real cédula de 22 de abril de 1577) y luego intendencia (real cédula de 17 de septiembre de 1785); y Sonsonate, alcaldía mayor en toda su historia colonial, heredera directa de la original alcaldía mayor de Acajutla, surgida alrededor de 1550– formarán después de la Independencia el nuevo Estado del Salvador, luego conocido como El Salvador. Las provincias hispanosalvadoreñas fueron ambas integradas a la Real Audiencia de los Confines, creada por las Ordenanzas de Barcelona de 1542, o Leyes Nuevas, tribunal que fue instalado en mayo de 1544 en Gracias a Dios, Honduras, y así las

ESPUÉS

dos provincias desde sus inicios constituyeron parte importante de la unidad política y administrativa que dio paso, ya en el siglo XIX, a la República Federal de Centroamérica, con las variantes jurisdiccionales que lógicamente se dieron a través de casi trescientos años de régimen monárquico. La sede de la Real Audiencia de los Confines fue trasladada en 1549 a Santiago de Guatemala, luego clausurada en 1563 y vuelta a establecer en 1568-1570 con el nombre de Real Audiencia de Guatemala, la cual perduró hasta su extinción en 1821, con el nuevo orden que impuso la autonomía republicana. Desde los comienzos de la audiencia centroamericana hasta la génesis de El Salvador independiente, el país fue parte de la real audiencia, cuyo territorio en lo militar se constituyó como capitanía general, y fue llamado reino de Guatemala, como una región autárquica en la sección central y septentrional de la América española –que en su conjunto llevaba el nombre de Nueva España–, pero separada del virreinato propiamente dicho “de Nueva España”, con sede en la Ciudad de México, el cual abarcó toda la actual República mexicana, con excepción de Chiapas y Soconusco, y con inclusión de los hoy estados estadounidenses de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Oregón. Será hasta 1824 –con el establecimiento del Congreso Constituyente del Estado en San Salvador que promulgó la primera Constitución salvadoreña, así como la jura en la ciudad de Guatemala de la Constitución Federal de las Provincias Unidas del Centro de América, y asimismo la anexión de Sonsonate (juntamente con Ahuachapán), entre otros incidentes de importancia– cuando podrá considerarse surgido de derecho un naciente Estado salvadoreño, con un propósito colectivo de propia identificación política y administrativa, que se impondrá por sobre los ayuntamientos de su demarcación y las definiciones políticas localistas en el marco de la unión centroamericana, unidad del istmo que en muy pocos años pasó de ser una realidad a solamente un legado conflictivo y obsesivo y una herencia heroico-sentimental. La etapa colonial salvadoreña puede considerarse comprendida, en términos amplios, en el período entre la fundación efectiva y el asentamiento de pobladores en la villa de San Salvador, el 1 de abril de 1528, por Diego de Alvarado (ciudad por real provisión de 27 de septiembre de 1546), y la firma del primer documento de Independencia en la Nueva Guatemala de la Asunción, el 15 de septiembre de 1821. Sin embargo, el descubrimiento de las costas salvadoreñas se retrotrae hasta mediados de 1522 con el viaje del piloto mayor Andrés Niño y sus dos carabelas, desde Panamá y Nicaragua. Luego, la primera presencia

española sucede con la entrada de las tropas españolas de conquista, en junio de 1524, al mando de Pedro de Alvarado, procedentes de MéxicoTenochtitlan y de Iximché-Quauhtemallan, y con la posterior fundación inicial de la villa de San Salvador, como un campamento militar efímero, a principios de 1525. La incorporación plena de las provincias salvadoreñas al sistema de Gobierno de la monarquía española colocó a la geografía física y humana del territorio en el gran edificio administrativo y político de la América hispana, en el cual el aprovechamiento de las riquezas naturales y la obtención de los mayores provechos en su conformación social y económica fue algo de la primera importancia para así allegar los mayores ingresos al real fisco. La organización monetaria en las provincias americanas fue establecida según el modelo de la peninsular, con denominaciones diversas en que llegará a posicionarse como básico el real de a ocho, o moneda de a ocho reales, que se convirtió en el equivalente del peso. Pero los antecedentes en los primeros años tuvieron que ir evolucionando poco a poco, desde el trueque de la etapa precolombina –que se siguió usando por bastante tiempo, así como permaneció el cacao prácticamente como moneda– hasta el funcionamiento de las casas de la moneda, donde se acuñaba en patrón de plata. Existió un período inicial de fabricación propia de tejos de plata y uso de polvo de oro como moneda de cambio que sustituía a la acuñada. En el reino de Guatemala, la Casa de Moneda fue autorizada por real cédula de 17 de enero de 1731, pero comenzó a funcionar hasta en 1733 con las primeras monedas acuñadas en el mes de marzo; la de México comenzó en 1537, según real cédula de 1535. A comienzos del siglo XVI tuvo que enviarse cargamentos de moneda española acuñada a América, en los años iniciales remitidos a la isla Española, pero siempre fue escasa. Con el desarrollo del poblamiento y de la vida urbana, así como la consolidación de las administraciones locales y los Gobiernos provinciales, organizados en diversas categorías, comenzó el desenvolvimiento comercial y se incentivó la explotación de las riquezas americanas, tanto los metales preciosos, que era la más codiciada, como la agricultura y, asimismo, las entradas apreciables que brindaba el sistema de tributación indígena a la hacienda real y también a los vecinos peninsulares y criollos que disfrutaban de los repartimientos de población aborigen en el régimen de encomiendas. En El Salvador, la explotación mineral fue muy reducida, con muy pocos lugares con plata y oro en sus entrañas, diferente del auge minero en Honduras, en particular en la Alcaldía Mayor de San Miguel de Tegucigalpa, que abarcaba los yacimientos de la parte de la Choluteca. Como trabajo de minas, además de unos cuantos yacimientos de oro y plata

de mediocre rendimiento, solamente fue notorio en el territorio de San Salvador el trabajo del hierro en las comarcas del pueblo de San Pedro Metapán, donde surgió la más importante concentración de ingenios ferrosos en el reino, así como constituyó un conjunto notable de ellos en el continente hispanoamericano. Además, el desarrollo permitió que la hacienda real iniciara los procedimientos de recaudación fiscal y que éstos se fueran consolidando y aumentando con el tiempo. La importancia de los ingresos del fisco dependieron de las regiones, de sus riquezas y de sus posibilidades, así como tuvo siempre incidencia el número de población indígena organizada en comunidades propias y el trabajo desempeñado por sus miembros en la sociedad colonial. Los oficiales de hacienda eran los llamados oficiales reales, encargados y responsables de los trabajos y promoción de las finanzas de la monarquía. Los primeros oficiales reales en Centroamérica fueron nombrados para Honduras en 1526 y para Nicaragua en 1528. A Santiago de Guatemala llegaron en 1529, con dos miembros iniciales, un tesorero y un contador, pero su número varió con el tiempo, así como se destacaron oficiales reales a otras ciudades del reino donde eran necesarios por los ingresos de diversas actividades, como lo serían San Salvador y su futura expansión añilera, con la mayor producción de tinta en el reino, una de las más destacadas en el comercio mundial en la época. También hubo oficiales reales, entre otras localidades centroamericanas, en La Trinidad de Sonsonate, la cabecera de la alcaldía mayor homónima, con su importante comercio a través del puerto de Acajutla, y las grandes plantaciones de cacao de los alrededores izalqueños.1 Los miembros de las oficinas regionales de la real hacienda usualmente fueron el tesorero, el de más alta jerarquía, luego el contador, que era el encargado de los libros contables, y el factor, que se entendía en el cobro de los impuestos y los diversos ingresos; y también estaba el veedor, que era quien desempeñaba las funciones de contraloría y vigilancia. Su número y destino en las ciudades del reino dependió de los tiempos y circunstancias. La organización del sistema de recaudación tuvo muchas veces una administración particular que difería de la norma general. Los fondos regios eran por lo usual resguardados en las cajas de la capital, en Santiago de Guatemala, para su remisión a la Península, o su uso autorizado en el Istmo. En 1563 se estableció en Guatemala la Junta de Hacienda, integrada por el presidente de la real audiencia, el oidor decano y los oficiales reales. Esto se hizo para que determinaran la política fiscal a cumplirse, pero desde 1603 la Real Caja del reino quedó sujeta al Real Tribunal de Cuentas de México.2

Los ramos principales de ingreso de la Real Hacienda fueron los tributos, el quinto real, el almojarifazgo, la alcabala y el diezmo. Además, como ingresos complementarios, entre otros, se dieron los impuestos especiales, las derramas, la venta de empleos, las composiciones de tierra, las penas de cámara, la bula de la Santa Cruzada y los estancos. De ellos, el tributo fue fundamental en el señorío y vasallaje que España organizó e impuso en los territorios conquistados y sometidos, como un impuesto personal o de capitación que tenían que pagar los indígenas varones y mujeres adultos. El tributo de muchos pueblos indígenas fue concedido a particulares por el sistema de encomiendas; sin embargo, poco a poco la mayoría fue retornando a la Corona, por las limitaciones impuestas a este tan debatido y estudiado tema. El tributo se pagaba en especie, según un censo levantado por las autoridades, con tasaciones que fueron variando, y luego los bienes se convertían en dinero por almoneda o subasta. También hubo tributo para mulatos y negros libres, de difícil aplicación. Por un tiempo limitado, la obligación de los naturales se exigió en metálico. El tributo fue suprimido por las Cortes de Cádiz, en 1812. La alcabala fue el impuesto que recaía sobre la transferencia de bienes, por compraventa, traspasos, herencias y donaciones. Un impuesto ad valórem sobre todo lo que se vendiera o permutara fue establecido en el Nuevo Mundo en 1571, con tasa del 2% del valor del contrato, que debía ser pagado por el comprador y en efectivo. Se introdujo en el virreinato de Nueva España en 1574. Se ordenó su aplicación en el reino de Guatemala en 1576 y comenzó a cobrarse hasta en 1591, con recaudación a cargo de los alcaldes ordinarios. Un impuesto cercano en su categoría comercial fue el almojarifazgo, un derecho aduanal, también ad valórem, impuesto a las mercaderías que viajaban por el océano como exportación o como importación, desde América o desde España, y que se cobraba en los puertos peninsulares o en los americanos, con excepción de las que llevaba y traía su dueño para su propio uso. Lo mismo fue aplicado en los puertos del Mar del Sur. En el siglo XVI se le agregó el impuesto llamado de “avería”, para pago de la defensa de los barcos de las flotas donde se llevaba el comercio, y de las armadas de protección. El almojarifazgo o alcabala marítima pagaba en sus inicios el 2½ a la salida de España (Sevilla), más el 5% al llegar a los puertos del nuevo continente.3 Con tasas diversas se aplicó el almojarifazgo en el Pacífico, el cual se cobró en el puerto de Acajutla. El almojarifazgo de los oficiales reales de la Trinidad de Sonsonate, sumó, en 1573, 8757 pesos. Acajutla era notable en esos años por su

movimiento de importación de mercaderías procedentes de México y las exportaciones de cacao. En comparación con Acajutla, el almojarifazgo del Golfo Dulce, adonde llegaban barcos del Atlántico, sólo arrojó la cantidad de 520 pesos en el mismo año.4 Pero la situación cambiaría notablemente con el correr del tiempo y las restricciones del comercio marítimo por el Mar del Sur, lo mismo que por razón de la piratería y de los reiterados retrasos de la flota de Nueva España por el Caribe. En 1636 se creó el impuesto de Barlovento, agregado al almojarifazgo y al de avería, con dedicatoria especial al comercio por el Atlántico para pagar los gastos de la Armada de Barlovento que cuidaba de las flotas y demás embarcaciones que surcaban el mar de las Antillas, así como de los barcos de aviso, que transportaban correspondencia oficial. El diezmo fue muy pronto aplicado en las Indias americanas como un tributo equivalente a la décima parte de la producción bruta agrícola y ganadera, pagado a la Iglesia usualmente en especie. El origen del diezmo está en la Edad Media, pero fue impuesto por la Corona como un gravamen, el cual, en 1501, les fue autorizado a los Reyes Católicos usar lícita y libremente, con la obligación de hacerse cargo España de mantener directamente a la Iglesia americana a través de la adecuada dotación de fondos para las iglesias y obispados, y todas las necesidades del culto divino. En 1508 se le otorgó a la monarquía castellana el real patronato sobre la Iglesia americana. El diezmo constituyó una carga tributaria para los obligados y se dividía de una manera particular. Una mitad del total cobrado en un año, en un sitio dado, se reservaba para la Iglesia; una cuarta parte para el obispo, y la otra cuarta para las dignidades y empleados catedralicios (canónigos, racioneros, capellanes, acólitos, organistas, etc.) La otra mitad se dividía en nueve partes: cuatro novenos para las parroquias, un noveno y medio para hospitales, otro noveno y medio para la construcción de iglesias y la manutención del culto y dos novenos para la real hacienda. El diezmo usualmente no fue cobrado a indígenas.5 El quinto real fue un ingreso del real fisco proveniente de la minería. Se trataba de destinar la quinta parte de todos los metales preciosos que se adquirieran en la explotación de placeres o arenas auríferas en los ríos, así como en los llamados rescates o botín de guerra.Y cuando comenzó la explotación de minas fue el impuesto usual sobre la producción de plata u oro. Sin embargo, lo de “quinto” quedó sólo como nombre formal, ya que el porcentaje varió según el metal y la región donde se obtenía. Así, el quinto fue reducido a un octavo, un décimo o un doceavo, por lo cual llegó a tener la alternativa de pagar el diezmo o pagar el quinto en alguna de sus variantes propias. En la producción de hierro de Metapán también se pagó el quinto real en diversos porcentajes.

Aparte de estos impuestos generales, surgieron las contribuciones especiales, entre las cuales fueron importantes los oficios vendibles, una práctica desastrosa en muchos aspectos, pero que aportaba ingresos al erario regio en la venta de cargos públicos, tanto civiles como eclesiásticos; pero un sistema no autorizado para los puestos de más alta jerarquía. También hubo donaciones a la Corona por alguna razón especial y derramas que se pedían para servicios particulares, como en la ingente urgencia en caso de terremotos para limpiar escombros o en sucesos graves de la nación entera, como las guerras de la monarquía, cuando se solicitaban derramas para contribuir a los gastos bélicos. Las penas de cámara fueron el equivalente de multas añadidas a otras penas o que las sustituían. Con relación a las tierras, con dedicatoria puntual para las que no habían sido adquiridas por un justo título y que se estaba poseyendo ilegalmente, se dio el sistema de composición: el pago de los derechos para arreglar la situación del fondo, según una cantidad determinada por jueces medidores de tierra. Las cantidades a pagar variaban según la calidad de la tierra, la situación y el destino de ellas. La bula de la Santa Cruzada fue un impuesto eclesiástico, como se estilaba en los estados confesionales; en este caso era para seguir con el ancestral propósito de recobrar de los musulmanes los lugares santos en Palestina y recibir a cambio indulgencias piadosas con autorización de Roma. Los fondos obtenidos de la bula se utilizaron, también, para el rescate de prisioneros esclavizados en el norte de África por los piratas berberiscos. Y además estaban los estancos. Los estancos eran industrias cuya producción estaba prohibida a particulares, solamente reservada al Gobierno, el cual podía éste emprenderlas directamente o ceder el derecho de realizarlas a un particular, por medio de un asiento. Se trataba de monopolios controlados por la Corona o que otorgaba a particulares para la producción y la comercialización de ciertas mercancías.6 “El embargo o prohibición del curso y venta libre de alguna cosa, o el asiento que se hace para apropiarse la venta de las mercancías y otros géneros, poniendo coto para que no se vendan si no por determinadas personas y precio fijo”,7 recoge al respecto Escriche. Eran los monopolios reales, que durante la dinastía de los reyes de la Casa austriaca de los Habsburgo, o casa de Austria, fueron sobre todo dados en arriendo a asentistas (la dinastía de los Austrias comenzó en España con el rey Felipe I, “el Hermoso”, esposo de la reina doña Juana, a la muerte de Isabel I de Castilla; y terminó en 1700, con la muerte sin herederos del rey Carlos II). Con las reformas profundas y trascendentes en

la economía y la hacienda real que ocurrirán durante la dinastía de los Borbones, las transformaciones del régimen de estancos los convertirán en verdaderas empresas públicas (la dinastía francesa de la Casa de Borbón inició en 1700, con Felipe V, a la muerte de Carlos II, y es la reinante actualmente en España). Estos monopolios fueron algunos de antiguo establecimiento, otros se crearon hasta en el siglo XVIII. Entre los primeros estaban el papel sellado, la sal, los naipes, la pólvora y el azogue o mercurio. Otros como el estanco del aguardiente, la pólvora, la nieve y los asientos de gallo serán declarados empresas del Estado hasta en el siglo XVIII, pero con previos antecedentes.

1.1. El papel sellado Fue una medida económica por una razón política: el erario urgía de fondos y se adoptó un impuesto indirecto para autenticación y validación de documentos. Fue establecido el papel sellado por real provisión de 15 de diciembre de 1636; y por real pragmática de 28 de diciembre de 1638 se ordenó que se usaría obligatoriamente desde el primer día de enero de 1640, con cuatro categorías y cuatro precios distintos.8 Las cartas oficiales entre las autoridades americanas y el Gobierno peninsular quedaban exentas de la obligación de usarlo. En principio, todo el papel sellado se imprimía en Madrid y de allí era enviado a las provincias de ultramar. Para evitar las falsificaciones se cambiaban los sellos cada dos años, con la autorización de poder usar el papel que sobrara. Al ser tan grandes las distancias entre la metrópoli y los reinos americanos y Filipinas, se autorizó el envío de sellos de bronce, para en caso necesario, ser fabricados in situ. Así fueron enviados cuatro sellos a las audiencias de México, Lima, Santafé de Bogotá, Santo Domingo y Filipinas. Éstos debían guardarse con todo cuidado en arca de tres llaves: una la tendría el oidor de nombramiento más antiguo; otra, el fiscal; y la tercera, el contador también más viejo en el cargo, o en su defecto el oficial real también más antiguo. Todo según las disposiciones de una real cédula del 25 de abril de 1639. Desde 1640, los documentos de validez legal se escribieron en papel sellado, lo que supuso seguridad y fiabilidad, además de constar fidedignamente su contenido, confirmado por el sello del año y el nombre del monarca reinante. El papel sellado como obligación y un monopolio real en su aspecto fiscal fue incorporado a la Recopilación de Leyes de Indias de 1681 como la ley XVIII, del título XXIII, libro VIII, según la pragmática de 1638:

Ley XVIII. Papel sellado. Ordenamos y mandamos que en toda, y en qualesquier partes de nuestras Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar Occéano, descubiertas, y que se descubrieren, no le pueda hazer, ni escrivir escritura, ni instrumento público, ni otros despachos (que por menos se declaran en esta ley) si no fueren en papel sellado, con uno de quatro sellos, que para ello hemos mandado hazer, con la forma, diversidad, y calidades, expresadas en ella, y por esto no se ha visto derogar las demás solemnidades, que de derecho se requieren, en los instrumentos, para su validación, porque nuestra voluntad es añadir este nuevo requisito del sello por forma substancial, para que sin ella no puedan tener efecto....9

Las normas para el papel sellado en la Recopilación son extensas en su redacción y con muchas disposiciones para su aplicación, tanto para la utilización del papel en sí como sobre el destino de los fondos recolectados y todas las medidas para su uso efectivo, incluso las penas por infracciones. Asimismo, lo relativo a su administración en los reinos americanos, donde en cada distrito de audiencia tenía que haber comisarios y tesoreros responsables de su manejo. Los sellos y el valor del papel sellado estaban comprendidos en cuatro categorías. La primera era el sello de veinticuatro reales, en pliego entero, para escribir todos los despachos de gracia y mercedes otorgados por virreyes, presidentes de audiencias, audiencias en pleno, tribunales de cuenta, gobernadores, capitanes generales, corregidores, alcaldes mayores y cualquier otro ministro de guerra, justicia y hacienda. Todas las demás hojas, si hubiere necesidad, además del pliego original, irían escritas en papel de tercer sello. El papel sellado de segundo sello valía seis reales el pliego entero y estaba destinado a las escrituras privadas, testamentos y contratos de cualquier género y forma que se hubieren de otorgar legítimamente ante escribano. Igualmente era el papel indispensable para las hojas de protocolos notariales y registros. Después del pliego inicial, las demás hojas serían de sello tercero. El papel de tercer sello era para toda actuación judicial ante virreyes, cancillerías, audiencias, tribunales y jueces, y cualquier justicia. Era sello con valor de un real en medio pliego y las demás hojas en papel común. El sello cuarto, también de medio pliego, valía un cuartillo (un cuarto de real) y se usaba para escribir todos los despachos de oficio y uso de los pobres de solemnidad, así como para uso de los indígenas, “y aun en tal caso, si faltaren los sellos que sea sellado, no sea causa de nulidad, por quanto nuestra intención, y voluntad, siempre ha sido, y es, aliviarlos de qualquier carga, y gravamen”.10 El monopolio real del papel sellado permaneció durante todo el período monárquico americano. En El Salvador duró como tal monopolio hasta

hace muy pocos años y todavía se usa un papel especial legalizado en los protocolos de los notarios. Al principio de su implantación, los alcaldes mayores tuvieron injerencia en los fondos provenientes de su venta; sin embargo, después de extinguirse la dinastía austriaca y llegadas las reformas borbónicas, se reacomodó el estanco en forma más racional y efectiva con los oficiales del fisco, pero no terminaron las épocas en que había escasez. El papel sellado fue una importante fuente de ingresos de la hacienda pública, y su aspecto y distintivos gráficos constituyen la clásica representación del documento de validez legal en el mundo español peninsular y americano.

1.2. Estanco de la sal La ley XIII, del título XXIII, libro VIII de la Recopilación de Leyes de Indias, se refirió exclusivamente al establecimiento de los estancos de la sal en las Indias americanas, según reales cédulas de 31 de diciembre de 1609 y 3 de marzo de 1632. Ley XIII. Que haya estancos de la sal, adonde pudiere ser de provecho, y sin grave daño de los Indios. Haviéndose mandado poner estanco en todas las Salinas de las Indias, porque tocan, y pertenecen a nuestra Regalía, se reconoció, que resultava daño a los Indios, y por otras razones de nuestro Real Servicio, se suspendió esta resolución, y dexó libre el uso de la sal, como antes estava. Y porque después pareció, que había Salinas en que sin perjuizio de los Indios, y dificultad de su administración, se podía proseguir, y guardar el dicho estanco por utilidad, y aumento lícito, que dél resultaría a nuestra Real hazienda, y se puso en las que fueron a propósito para ellos, mandamos, que en estas, y en todas las que pareciere a los Virreyes, y Presidentes, que pueden ser de utilidad, y no resultaren graves inconvenientes a los Indios, se ponga, y guarde el dicho estanco, y que en las demás no se haga novedad.11

El estanco de la sal había sido consecuencia del monopolio ejercido por la Corona sobre las salinas peninsulares. Estas salinas eran, sobre todo en España, vetas terrestres en minas subterráneas, donde los salineros excavaban túneles y socavones para llegar a las vetas, y luego se ocupaba el sistema líquido de salmuera para obtener el preciado producto. Dada su enorme importancia, el comercio de la sal tuvo gran presencia en la historia y las rutas de la sal son objeto de estudio en la geografía histórica europea. En España, en 1564 se estaban monopolizando varios yacimientos, como los de Poza de la Sal, en Castilla la Vieja, en la provincia de Burgos. En una real cédula de 1 de noviembre de 1591 se establece el antecedente

del estanco al declararse de propiedad regia las salinas, pozos, fuentes y manantiales de agua salada, así como minerales de sal.12 En el reino de Guatemala, la sal que se usó fue, en general, proveniente de salinas a orillas de los mares. En el actual El Salvador hubo trabajo de salineras en varios lugares, tanto por indígenas como por criollos y ladinos, y desde la primera tasación de tributos de encomienda conocida, la de 1532, ordenada por el clérigo vicario de Santiago de Guatemala, el futuro obispo Francisco Marroquín, realizada por el párroco Antonio Rodríguez Lozano en la villa de San Salvador, ya aparecen varios pueblos con tributo de sal, tanto a orillas del Mar del Sur, como cercanos a él.13 En la tasación Marroquín hay alrededor de dieciocho pueblos aborígenes con obligación de entregar sal como tributo; el que más lo hace es Xalozinagua, con veinticinco fanegas, un pueblo desaparecido, cerca de Santiago Nonualco –según el arqueólogo William R. Fowler–.14 Lo mismo se documenta en la Carta-relación del oidor Diego García de Palacio, de 1576, al mencionar lugares inmediatos al río Jiboa: A la costa del sur hay unos campos que se llaman de Jiboga, que corren catorce leguas hasta el río de Lempa, términos de la provincia de San Miguel, llanos y abundantísimos de pasto para gran cantidad de ganado; al presente hay algunas estancias, pero muy poco ganado para lo que podría haber. Hay en ellos grandes pesquerías y disposición para hacer sal al modo de los indios.15

A pesar de haber existido varias salineras en la época colonial, probablemente las más grandes y de más renombre en el presente El Salvador lo constituyeron las salinas de Ayacachapa, en el departamento de Sonsonate. Fueron mencionadas por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en su visita a las provincias salvadoreñas del reino de Guatemala en 1769-1770, junto con las salinas de la hacienda San Pedro.16 Pero no eran los únicos sitios de trabajo de la sal. En la provincia guatemalteca fueron conocidas las salinas cerca del puerto de Iztapa, así como las hubo muy importantes en Nicaragua. Además del uso doméstico, la importancia de la sal era notoria. Se necesitaba para preparar tasajo y carnes secas y era indispensable en las curtiembres para tratar las pieles del ganado, algo vital en la talabartería y la fabricación de zurrones para exportar tinta añil. También el ganado debía comer sal. Asimismo fue indispensable en la minería para trabajar con la plata, para lo cual se necesitaban grandes cantidades. En la época precolombina fue vital en la alimentación y hasta llegó a servir de moneda.17 Por todo esto, la sal era un producto de consumo garantizado,

que debía protegerse y del cual se obtenía una renta asegurada, razón por la cual se convirtió en monopolio con control oficial, comercializado por asentistas o concesionarios. Pero volvió a manos libres de los particulares por las protestas que se suscitaron y por la dificultad de su control al hallarse muchas salinas en manos de los indígenas. Fue un monopolio real de pocos años en la América española y en el reino centroamericano, no obstante la real cédula de 1632, que daba a entender que podía seguir donde no se hiciera daño a los indígenas.

1.3. Estanco de los naipes Entre los pueblos europeos de la cuenca del Mediterráneo fueron muy populares los juegos de mesa. Entre ellos reinaba la baraja, que se jugaba con naipes. La afición de los naipes pasó a la América española como algo propio de la vida diaria en la sociedad de peninsulares y criollos y que aún perdura. En 1572, por real cédula de 3 de septiembre, el rey Felipe II declaró estanco la fabricación de naipes, lo que fue reiterado en otra cédula de 1584. Ambas constan en la Recopilación de Leyes de Indias de 1681. Ley XV. Que en las Indias haya estancos de naypes, como se ordena. Mandamos, que en todas las Indias se ponga estanco de naypes, como en estos Reynos, y que las baraxas se vendan cogidas embueltas en un papel, atadas con hilo, y selladas cada una de por si, con sello de nuestras armas, que ha de servir para solo este efecto, y estan en un arca, de que tengan las llaves nuestros Oficiales, y en cada baraxa haga su rúbrica acostumbrada, y conocida, uno de nuestros Oficiales, y con estas circunstancias, y no de otra forma, se puedan vender….18

La ley de estanco contiene la autorización para que los asentistas puedan vender los naipes legales del monopolio real, con una duración en su prerrogativa no mayor de dos años, controlada por los oficiales del fisco. En México se le dio el asiento en 1576 a Hernando de Cáceres, quien recibió la exclusividad para fabricar y vender juegos de naipes en México y el territorio de la audiencia de Guatemala. La elaboración en una imprenta autorizada de ciudad de México tenía que ser no menor a nueve mil docenas de barajas, y cada mazo se vendería al público a tres reales, de los cuales uno sería para la hacienda real, con un mínimo de ciento cuarenta y cuatro mil reales anuales. En 1584, el asiento se otorgó a Alonso Martínez de Orteguilla, con obligación de pagar al real fisco más del doble de lo señalado a Cáceres. Esta cantidad fue aumentando con los años, al igual que como creció el precio de venta de los naipes. En 1673, la Corona optó por afrontar la fabricación y venta de los naipes debido a las quiebras

ocurridas de varios asentistas. Una de las causas fue el haber recaído en los naipes el impuesto de Barlovento (1635) para la creación y mantenimiento de la armada de Barlovento, con el fin de cuidar las flotas del Atlántico en el mar de las Antillas. Sin embargo, en 1682 volvieron a ser autorizados los concesionarios del estanco.19 En Santiago de Guatemala, a principios del siglo XVII, Manuel Estévez, representante del asentista mexicano, vendía cinco mil barajas al año a cinco reales cada una, con derecho al ocho por ciento de las ganancias.20 En los salones de las casas particulares, en los conventos, en las tabernas autorizadas, por todos lados estaban los naipes. El venderlos sellados y autorizados mediante el estanco era una garantía para los miles de usuarios y una medida contra su adulteración y los juegos prohibidos. En época de los Borbones, con las transformaciones del Estado monárquico, el estanco de los naipes fue incorporado al monopolio de la pólvora, en 1765, en el reino de Guatemala. Y en México fue incorporado al estanco del tabaco, a través de la Dirección General de la Renta de Tabacos en 1770.21

1.4. Estanco del azogue o mercurio Los minerales preciosos fueron la base de la inaudita riqueza que el nuevo mundo brindó a España y a Europa, pues esos metales se repartían a muchos países en diversos conceptos (guerras, conflictos, empréstitos con banqueros extranjeros, etc). Nada se comparó al brillo del oro y de la plata, y de los dos la argentífera fue la dominante y el centro máximo de atención de las autoridades. El estanco del azogue surgió para la plata, por real cédula de 4 de marzo de 1559. Ley primera. Que no se lleve azogue a las Indias, ni se comercie en ellas, si no fuere por cuenta del Rey, y prohíbe la reventa. Ordenamos y mandamos, que ninguna persona, de qualquier estado, y condición, que sea, pueda llevar de estos Reynos a las Indias, ni en ellas del Perú a Nueva España, ni de Nueva España al Perú ningún azogue, aunque sea en poca cantidad, pública, ni secretamente, ni se reciva en las Indias, Provincias, partes y Puertos de ellas, si no fuere por cuenta, y hazienda nuestra, pena de ser perdido, con el doblo, lo que en esta forma se navegare, de que aplicamos la tercia parte al Denunciador, y las dos a nuestra Cámara, y Fisco, y en la misma pena incurra el Mercader, o persona, que los comprare en dichos Reynos, y Provincias, para tornarlo a vender, aunque sea de lo repartido, y distribuido por cuenta nuestra, y lo mismo se guarde en quanto al azogue, que se llevare del Perú a Guatemala, y Honduras, y remitir el Virrey de Nueva España a la Provincia de Nueva Galicia, y todas las demás partes donde se beneficiaren minas de plata, y fuere necesario usar de este metal…”.22

Así comienza la ley primera de los estancos en la Recopilación de 1681, que incluyó las reales cédulas sobre el monopolio del azogue, repartidas las disposiciones en más diez leyes específicas para el estanco de mercurio, indispensable para procesar la plata y el oro según el sistema de amalgama o de patio. Es un proceso que ya había sido conocido por los árabes y que fue divulgado por el italiano Vannoccio Biringuccio, en su obra La pirotecnia, publicada en Venecia, en 1540. Sin embargo, puede tenerse como un verdadero descubridor alterno de la técnica a Bartolomé de Medina, mercader de Sevilla, quien lo introdujo en Nueva España entre 1554 y 1556, en las minas de Zacatecas (estaba solicitando patente al virrey Luís de Velasco, en 1555). Así se comenzó a usar en México el azogue y la sal para obtener plata más fácil y con mejor calidad.23 Las técnicas para el beneficio de los metales fueron cambiando con los nuevos procedimientos. Los indígenas se basaban en la solubilidad de la plata en el plomo y la eliminación progresiva de éste por oxidación al entrar en contacto con el aire, lo cual se llevaba a cabo en hornos calentados con leña. Los españoles introdujeron las prácticas de la Península con la molienda y fundición, con la trituración del metal y luego en hornos, conseguían eliminar el azufre de los sulfuros del metal mediante la mezcla con óxido de plomo y catalizadores minerales. Luego se fundía en una gran fragua. Todo requería un alto costo en combustible vegetal y la producción de plata no compensaba el trabajo. La novedad de Bartolomé de Medina, perfeccionada por Gaspar Loman, su colaborador alemán, consistía en mezclar la mena triturada y húmeda con sal y mercurio en presencia de piritas de cobre calcinadas, las que actuaban como catalizador, de lo que resultaba una amalgama de plata que se disociaba por calentamiento. En el siglo XVII, este procedimiento a su vez fue de nuevo modificado y perfeccionado en el Perú, por Álvaro Alonso Barba.24 Los extraordinarios sitios de minas de Potosí en el Alto Perú y en Zacatecas, México, además de los cientos de minas repartidas en el continente español urgieron de cantidades seguras y expeditas de mercurio para el beneficio de la plata. España contaba con un gran sitio de mercurio, ya explotado desde época de los romanos: las minas de Almadén, al norte de Córdoba, minas de gran riqueza de azogue, administradas por los famosos banqueros alemanes, los Fugger. Entre 1605 y 1624 se exportaron por Sevilla cuatro mil quintales al año hacia América. Pero un golpe de suerte hizo que en el Perú se descubrieran otras generosas minas de mercurio, en Huancavelica, que a partir de la década setenta del siglo XVI comenzó a producir grandes cantidades del metal líquido. Este azogue peruano fue precisamente para las minas de Potosí, en su mítico y trágico

Cerro Rico, y alivió la escasez que se vislumbrara si sólo se hubiera seguido contando con el azogue de Almadén y del que se llevaba a España desde las minas de Idria, cerca de Triestre. Así, el azogue de Almadén fue sobre todo para las minas mexicanas, mientras las peruanas se abastecían por Huancavelica. Sin embargo, a pesar de ser un producto de primera necesidad para el tratamiento de la plata y del oro, siempre tuvo precios muy elevados. Ello incidió en el desarrollo de la minería, ya que no todos podían afrontar los precios del estanco, además del hecho de que sólo se contaba en el territorio novohispano del mercurio español de Almadén. Desde México tenía que transportarse el azogue por tierra y mar hasta el reino guatemalteco, con precios que aumentaban por el viaje, las comisiones y demás gastos. Luego debía llevarse a las diferentes minas, donde se trabajaba la plata. Por un corto tiempo, en el siglo XVII, las minas de Almadén fracasaron, cortaron su producción y se impuso la desesperante carencia de mercurio en las minas de la Nueva España, incluido el reino de Guatemala. Hasta se trató de poner en funcionamiento una nueva mina en Guadalcanal, en España, y a Acapulco llegó mercurio incluso desde China, por el galeón de Manila, para suplir la necesidad. Las minas de Almadén, por su importancia, fueron tomadas en administración directa por la Corona, por medio del Consejo de Hacienda. Luego, a principios del siglo XVIII, surgió la Junta de Azogues, bajo la cual Almadén recuperó su producción de antaño, que la había convertido en la mayor mina de mercurio del mundo. Este mineral debía traerse a América en las flotas comerciales anuales, particularmente en la flota de Nueva España, que tenía como terminal a Veracruz. Durante la travesía, el azogue era almacenado con gran cuidado y siempre vigilado, puesto en cajones con capacidad de un quintal. Desde el puerto del golfo de México subía al altiplano, conducido por arrieros contratados, y era entregado a los oficiales reales, donde entraba en el área restrictiva del Tribunal de Cuentas y de la persona que ostentaba el cargo de contador de azogues y tributos. La valiosa mercancía quedaba sujeta a las disposiciones de distribución de la Junta General de Hacienda, presidida por el virrey. El mercurio se situaba en las cajas reales de diversas ciudades. En 1709 se creó la Junta de Azogues y el cargo de superintendente administrador, y la sede se trasladó a Puebla de los Ángeles, de donde, en 1740, volvió a la ciudad de México. Las diversas leyes, que recogen varias reales cédulas sobre el mercurio, muestran lo valioso que era para el Gobierno:

Ley IV . Que el azogue se entregue limpio, bien acondicionado, y a personas seguras. El azogue, que se reciviere por nuestra cuenta en las minas dél, sea limpio, y bien acondicionado, y el que se huviere de llevar a las Indias, y portear de unas Provincias a otras, se entregue a personas seguras, que proceden sin fraude, y guarden toda fidelidad. 25 Ley VIII. Precio en que se ha de dar el azogue en Nueva España, y Nuevo Reyno. A los Mineros de la Nueva España se les cuente, y lleve por cada quintal de azogue, puesto en la Ciudad de México, a razón de de sesenta ducados, precio que aora se tiene por moderado, atento a ser muy grandes los fletes, mermas, riesgos, y otras costas, que tiene, hasta ponerlo en la dicha Ciudad; y a los Mineros del Nuevo Reyno de Granada se les cuente, y lleve por cada quintal a ochenta ducados, sin los tres pesos de salario de los Alcaldes de minas de la laxas, que es el precio en que viene a estar puesto en las dichas minas.26

Las anteriores leyes son parte del ordenamiento legal basado en reales cédulas de 1599, 1617 y 1627, que señalaban las normas generales, mientras los detalles y variantes a la disposición surgían de la realidad en las Indias americanas. Pero no solamente era necesario el azogue en la Nueva España mexicana o en el Nuevo Reino de Granada (Colombia) o como algo absolutamente vital en la peruana Nueva Castilla, sino también en otras regiones donde la producción no era tan significativa en comparación con los grandes centros mineros, pero sí importante en sus territorios. Tal era el caso de Honduras y su industria de la plata. La ley IX de la Recopilación aludió a los mineros hondureños: “Ley IX. Que el azogue se dé en Honduras al precio de Nueva España. El Azogue, que se diere por los Oificiales de nuestra Real hazienda de la Provincia de Honduras a los Mineros della, para el beneficio de sus metales. Es nuestra voluntad, que por aora se le dé a sesenta ducados el quintal, que es el precio a como se le da a los de Nueva España”.27 Esta disposición estaba pasada en cédulas reales de 1616, 1624, 1626, 1630. Había que tener mucho cuidado con el cobro del azogue, era un encargo de la Corona el remitir los dineros con puntualidad y dar informes al Consejo de Indias. Y lo mismo era con la producción de plata; los gobernadores, presidentes de audiencia y virreyes debían remitir informe de los barcos recibidos con azogue y de la producción de plata en los minerales. La minería en la Centroamérica colonial no tuvo jamás, ni de cerca, la importancia de otros reinos y provincias. Solamente el territorio de Honduras fue notable en la industria argentífera y aurífera. Pasados los primeros tiempos de las arenas de oro en los ríos (algunos famosos, como el hondureño Guayape, y otros,

donde enviaban los españoles de Guatemala y San Salvador cuadrillas de indígenas a lavar arenas en los cursos fluviales, en muchos casos indígenas esclavizados y aun esclavos negros), comenzó la época de las minas en muchos lugares, también en Nicaragua y Guatemala. En los inicios, en las numerosas minas del siglo XVI se usó el sistema de fuego para separar el metal, hasta que se conoció la técnica del mercurio, que poco a poco se fue introduciendo. Sin embargo, siempre fue muy caro y difícil de obtener, a pesar de lo que se remitía desde México, sumado al precio por los gastos de transporte. Algunas veces se pidió autorización para traer azogue de Huancavelica, desde el Perú, para venderlo a mineros. Para el año 1714 eran conocidas varias minas de oro y plata en el reino, entre ellas once de oro y catorce de plata en Guatemala; en San Salvador seis de oro y tres de plata. Estas últimas se reportaban como las minas San Francisco las Vueltas, San Andrés Nueva Zaragoza, Sensenti, San Bartolomé, Marín de Sanabria, Magdalena. Y las de plata: San Marcos, San Juan Bautista y Choluteca. Esta lista corresponde a lo que se tenía en los archivos de la Real Casa de la Moneda en Santiago de Guatemala.28 Según esta enumeración –un tanto dudosa–, la región de Honduras contaba a su vez con dos de oro y once de plata. Y aunque Guatemala aparece con más, las de Honduras eran las ricas y famosas. Por ejemplo, puede mencionarse la tan conocida mina El Corpus, en la parte de Choluteca, una de las razones por las cuales esa comarca –con la villa de Jerez de la Frontera, antes de la jurisdicción de San Salvador– fue integrada en 1580 a la alcaldía mayor de minas de San Miguel de Tegucigalpa para promover especialmente la extracción de plata y oro en esa circunscripción. Mientras duró la importancia de los metales preciosos, el azogue fue un monopolio real de los reyes Austrias, de la dinastía Habsburgo, para el trabajo de la separación de la plata. Con mayor razón con el regalismo de los Borbones de la próxima dinastía, hasta llegar al final de la monarquía española en América. Después de la llegada a México del plenipotenciario visitador José de Gálvez en 1765 –enviado por el rey Carlos III para poner orden en la economía, la hacienda real y la administración pública– se ordenó, juntamente con la voluntad del virrey, Carlos Francisco de Croix, bajar los precios del azogue para favorecer a los mineros de pocos recursos, con quienes se habían dado años de malestar y aun de confrontación con las autoridades.29 El mercurio se había convertido en la condición sine qua non para una floreciente industria de metales preciosos en la América española y la minería no se podía pensar sin ese ansiado azogue. Pero esta dependencia condujo a severas crisis y a consideraciones críticas sobre la realidad del monopolio, las cuales fueron analizadas en México por Francisco Javier

Gamboa en los Comentarios a las ordenanzas de minas, de 1761. Gamboa hizo un análisis de la realidad histórica del mercurio en México y el Perú y comentó sobre la falta de abasto en los minerales en las épocas de bonanza, lo que motivó la disminución de los trabajos y el regreso a procedimientos por fundición. La voluntad de la Corona de mantener sus ganancias por medio del monopolio había ocasionado un daño al no permitir la búsqueda de otras minas de mercurio locales, lo cual había causado disminución de la producción de plata por lo caro del mineral líquido. Según Gamboa, las restricciones habían impedido el florecimiento de la minería a los niveles que podría haber llegado con una visión más realista de la economía y permitir la libre explotación del mercurio por inversionistas privados. Pero a pesar de estar Gamboa a favor de otros abastecimientos de mercurio, no dejaba de justificar el monopolio por el control que se ejercía sobre la producción y así evitar el fraude de la plata obtenida, pues de lo contrario podría declararse menor producción de azogue y esconder la plata que en verdad se había beneficiado. También Gamboa recomendó abrir otras casas de moneda en México, en Guadalajara o en Zacatecas, a fin de aliviar la retardación en acuñar la plata y aumentar el necesario circulante. Asimismo, el libro tenía una importante sección referida a la técnica minera, lo que lo convirtió en un tratado de primera importancia, que se completó con otras obras mexicanas como Nuevo descubrimiento de máquina y beneficio de metales por el azogue, de 1792, de José Gil Barragán.30

1.5. Estanco de la pólvora Algo tan necesario no sólo para las actividades militares, sino también para obras civiles, en las minas e incluso en los regocijos públicos a través de la pirotecnia, constituyó un estanco desde fines del siglo XVI. Los datos no son abundantes, pero por su importancia la pólvora constituyó un monopolio real, manejado a través de asentistas. En Guatemala dependía de la administración central de la ciudad de México y en Santiago tenía su edificio propio en las afueras de la ciudad, a orillas del río Pensativo. En 1712, lo tenía en subarriendo Pedro Landívar y Caballero. Hasta en 1766 se creó un estanco de la pólvora especial para Guatemala y sus provincias, con un administrador general y personal propio. Fue desde 1571 que se prohibió la fabricación de pólvora sin autorización de superior. “Ley XI. Que no se pueda fabricar pólvora en ninguna parte de las Indias sin licencia del Governador, o Corregidor, y intervención de los Regidores de la Ciudad donde se fabricare”.31

Ley VIII. Que la pólvora enviada de Nueva España a las islas de Barlovento se reciva y entregue con intervención de los Oficiales Reales. Porque en la Nueva España se fabrica pólvora, y está ordenado al nuestro Virrey de aquellas Provincias, que remita la que fuere menester para el gasto de los Presidios de las Islas de Barlovento, Florida y Nueva Andalucía, y que se corresponda con los Governadores de aquellos Presidios, para que le avisen de la que tuvieren necesidad….32

En 1590, en la ciudad de México, se obtuvo permiso para conceder asiento para la explotación del salitre, azufre y aguafuerte para la fabricación de la pólvora. La importación desde la Península fue prohibida. Varios asentistas se sucedieron y en 1610 se inauguró una fábrica en el bosque de Chapultepec, en las afueras urbanas. De la producida había que entregar gratis a la Corona una cierta cantidad. Esta fábrica suplía a otras regiones, como estaba mandado por la real cédula de 20 de febrero de 1630,33 pero en el reino de Guatemala ya se había establecido la fábrica en Santiago. En 1687, el asiento lo tenía en la capital virreinal el capitán Juan Alvarado, que debía entregar cuatrocientos quintales al real fisco. Le fue renovada la concesión en 1696, con la condición de renovar la fábrica y sus molinos.34 La pólvora era indispensable para las armas y artillería del reino; desde los inicios españoles se había necesitado producirla constantemente, pues la humedad la estropeaba con facilidad. Su uso trató de regularse con minucias, según órdenes repetidas desde que comenzaron a usarse las armas de fuego en la conquista de América. Ley X. Que para repartir la pólvora y municiones se avise al Governador, y Oficiales Reales, y la pólvora se saque y se distribuya de día. Haviéndose de repartir municiones entre los Soldados, se dé aviso al Governador y Capitán general, y a los Oficiales de nuestra Real hacienda, para que tomen la razón de lo que se repartiere y gastare, assí en lo que toca a la pólvora, como en las demás municiones, y no se saque, ni distribuya pólvora, si no fuere de día, o instare alguna necesidad y ocasión forzosa.35

En el actual territorio salvadoreño, la primera vez que tronaron pequeños cañones, probablemente falconetes, y se dispararon los pesados arcabuces, pistoletes y mosquetes fue cuando sucedió la invasión de las fuerzas de Pedro de Alvarado. Por la ruta de la costa, alcanzaron hasta la población principal de los nahua-pipiles en Cuzcatlán. El artillero que venía encargado de los tiros –como se les llamaba a la artillería– fue Diego de Usagre, quien luego vivió y murió en la villa de San Salvador en La Bermuda. Incluso uno de esos falconetes fue abandonado en Cuzcatlán, seguramente por inutilizado, y fue encontrado meses

después por Hernando de Soto y su tropa, quienes llegaron procedentes de León, Nicaragua, a la capital indígena.36 Uno de los rubros donde también se necesitaba la pólvora era en la pirotecnia, la cual ya estaba presente en los días de fiesta pública desde el siglo XVI. En Santiago de Guatemala existió el gremio de coheteros, desde 1728, con ordenanzas dadas en 1737, las cuales se basaron en disposiciones de 1735, en México, por el virrey marqués de Casafuerte, Juan de Acuña y Manrique, relativas al estanco de la pólvora. En un principio se prohibió el arte de la pirotecnia a los indígenas, pero luego fue libre para todos. En el siglo XVIII, se ordenaron impuestos al asiento de la pólvora, del salitre y del azufre y aguafuerte, que afectaron a la fabricación de cohetes. Será hasta en 1770 que el virrey marqués de Croix expedirá las Ordenanzas y reglamento que deben observar los artífices del arte de cohetería, donde se ordenaba que para ejercer el oficio de cohetero, tener tienda y vender cualquier especie se necesitaba licencia del director del Real Estanco de la Pólvora. Como norma general, el arte y oficio de la pirotecnia siguió siempre el mismo camino y las vicisitudes del estanco de la pólvora.37 La pólvora de diversión ha sido algo consustancial al regocijo popular en la América española. No solamente estaba ya en la herencia española, por medio del legado árabe-magrebí, sino reiterado por los contactos con el oriente y la cultura china a través del comercio y la comunicación que facilitaba el galeón anual que llegaba desde Filipinas a Acapulco. En la jura de Carlos III, en La Trinidad de Sonsonate, en enero de 1761, las “ruedas portuguesas” de fuego y luces fueron parte de la extensa programación. Y lo mismo en todas las fiestas reales de las ciudades y villas: cuando había pólvora para los juegos pirotécnicos, la diversión estaba asegurada con la iluminación de fantasía que se proporcionaba en las plazas. Este rasgo de identidad festiva no ha cambiado en Hispanoamérica, al contrario, se ha incentivado con los años. En El Salvador es todavía impensable la fiesta popular sin la pólvora y sus luminarias, así como la pólvora de ruido, como puro estallido de alegría.38

1.6. Otros estancos en el virreinato de Nueva España Hubo estanco en la venta de solimán, según la Recopilación de Leyes de Indias: “Ley XVI. Ordenamos que en las Indias haya, y se entable el estanco de el solimán, de la forma, y suerte que se observa en estos Reynos de Castilla”.39 El solimán era un corrosivo empleado en la minería. Asimismo, fue estancada la pimienta: “Ley XIV. Ordenamos y mandamos, que en el Perú, y Nueva España se haga estanco de la pimienta, y benficie, como miembro de hazienda, y renta nuestra, en la forma que se administran y benefician las demás rentas, que tenemos en aquellas Provincias”.40 La

pimienta era un producto muy caro, usualmente proveniente de las islas Molucas y otros sitios e islas en el océano Pacífico, y se comerciaba a través de Filipinas, muchas veces con la intervención de mercaderes portugueses. Era parte primordial de las especias, tan demandadas en Europa y con tanto valor, y en la América española era un producto con mercado suntuario. No existen datos sobre abastecimiento de pimienta a las provincias hispano-salvadoreñas, pero habrá sido muy escaso y oneroso.

1.7. Estancos de la época borbónica con antecedentes en la dinastía de los Austrias El tabaco –un producto de uso común en la población, acostumbrada como estaba a consumirlo en amplios sectores como una hierba de uso ancestral entre los indígenas– no solamente había permanecido en el gusto americano, sino que era de muy buena aceptación en Europa, así como de uso en la farmacopea. Este estanco, en el siglo XVIII, causará muchos problemas. Originario de América, el tabaco fue usado por las culturas precolombinas en muchos lugares del continente. Donde primero lo conocieron los españoles fue en Cuba, y de las Antillas proviene el nombre con que se volvió universal. Sin embargo, en el área mesoamericana se considera que su uso fue sobre todo ceremonial antes que popular en el común de los macehuales. También entre los pueblos indígenas del norte de América fue conocido, de donde lo llevaron los ingleses a Inglaterra. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo fue testigo de su uso durante su estadía en Nicaragua, en 1529, lo que plasmó en su Historia natural y moral de las Indias. Otros escritores hablarán del tabaco en la región guatemalteca, como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en la Recordación florida. En la alcaldía mayor de San Salvador se sembró tabaco por siglos, lo había en muchos lugares donde el clima era propicio, como Ahuachapán, Ateos, Istepeque, Olocuilta, Chinameca, así como en la alcaldía mayor de Sonsonate, en la parte de Guaymoco (hoy Armenia).41 El estanco será establecido de conformidad con una Instrucción del 1 de agosto de 1764, y en el reino de Guatemala comenzará a regir en 1766, por medio de un bando público impreso con fecha 8 de febrero de 1766. El estanco del aguardiente fue un clásico monopolio borbónico. Ante la falta de costumbre de consumir vino, en buena medida por lo caro del producto importado y lo escaso de su existencia, el aguardiente local se había extendido, a pesar de las prohibiciones de las autoridades en algunos años. Sin embargo, las tabernas proliferaban en las ciudades, controladas por los ayuntamientos. En 1752 se estableció el estanco, el cual como monopolio perdurará por mucho tiempo. En El Salvador será de extensa duración en la etapa republicana y se

constituirá en un importante ingreso de la hacienda pública, al igual como lo fue para las cajas reales en la etapa monárquica. Lo mismo se estableció el estanco de la chicha, bebida indígena que al principio sólo pagaba alcabala, como el aguardiente, pero que pasó en el reino a estar bajo la dependencia de la Administración General de Aguardiente, en 1797. Estos estancos no detendrán jamás el contrabando y tendrán efectos nocivos en la población, sobre todo indígena; además, será motivo de corrupción entre los asentistas autorizados y de elaboración clandestina. El hielo para consumo fue otro producto estancado en el siglo XVIII (no en tiempos de los reyes Austrias) con el nombre de estanco de la nieve. Fue una particularidad que se dio en ciudades mexicanas y en Santiago de Guatemala, donde la proximidad de altos volcanes –nevados en invierno en el valle de México– permitía una actividad tan particular y para élites, que eran las que consumían el hielo acarreado. En el caso de Santiago de Guatemala, el volcán de Agua permitía conseguir hielo en épocas frías, cuando los indígenas del pueblo de Santa María de Jesús iban a las alturas y con barras cortaban marquetas de hielo que luego bajaban envueltas en sacos con sal, y que llegaban enteras a la ciudad para ser guardadas por los asentistas. Esto fue mencionado por el arzobispo Cortés y Larraz, entre otros cronistas, cuando habla del pueblo de San Juan del Obispo y se refiere a los habitantes de Santa María de Jesús. Lo mismo menciona Domingo Juarros en su obra Compendio de historia de la Ciudad de Guatemala, la última gran crónica colonial del reino.42 El holandés Jacobo Haefkens lo apuntó en su libro Viaje a Guatemala y Centro América, en donde anota las impresiones de su estadía en el istmo como cónsul general de los Países Bajos (1827-1829), y menciona las “neverías” de la Nueva Guatemala de la Asunción, y de cómo indígenas bajaban del “volcán de agua” hasta con cargas de sesenta y setenta libras de hielo.43 En El Salvador, por supuesto, no existió el estanco de la nieve. No había ningún monte, cerro o volcán que llegara a esas alturas sobre el nivel del mar como para tener hielo en los meses fríos de la estación seca. El estanco tuvo antecedentes en la Ciudad de México desde finales del siglo XVI, en 1596, y se suceden los asentistas en el siglo XVII. También se extendió a otras ciudades del valle central mexicano, como Puebla de los Ángeles, que tuvo su estanco desde 1626. El estanco de la nieve en Guatemala comenzó hasta en 1754 y se estableció formalmente por real cédula de 21 de marzo de 1756. Puede ser que haya tenido algún inicio en el siglo XVII, pero fue hasta el siglo XVIII cuando intervino la real hacienda. Ya en 1719 se menciona la existencia de hielo en Santiago de Guatemala para fabricar aloja, una bebida a base de miel y especias. Fue el nacimiento de los refrescos helados en el reino, que la tradición cultural ha mantenido hasta el presente.44

8. NOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

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CAPÍTULO II REVESES DE LA POLÍTICA DE COMERCIO LIBRE Y POLÍTICA FISCAL DE RENTAS ESTANCADAS DE LAS REFORMAS BORBÓNICAS EN SAN

SALVADOR Y SONSONATE (1700-1823) Eugenia López Velásquez

N el año de 1765, el visitador José de Gálvez, obispo, abogado malagueño y más tarde ministro de Indias, en su estancia durante un tiempo (1765-1771) en la Ciudad de México para observar e instruir sobre las reformas que debían aplicarse en la Nueva España, viajó a la ciudad de Santiago de Guatemala para cumplir con la misma misión en la Audiencia Real de Guatemala. Llevaba en su equipaje instrumentos principales, las recomendaciones de textos de intelectuales y funcionarios de la Corona, forjadores del nuevo pensamiento liberal español, el cual había sido impregnado del liberalismo económico inglés y de la Ilustración. Estas ideas circulaban por Europa y llegaron a España y a sus colonias bajo la influencia de Francia, en buena parte a través de los lazos de parentesco que se establecieron entre ambas monarquías al morir Carlos II en 1700, último rey de los Austrias, quien dejó en herencia la Corona al nieto de Luis XIV, el Borbón Felipe de Anjou, conocido como Felipe V. Las nuevas ideas mercantilistas1 que influyeron en las medidas que se aplicaron en Guatemala procedieron de figuras como Melchor de Jovellanos, quien adaptando el liberalismo económico a las condiciones económicas de España y sus posesiones propuso el desarrollo de la producción local con libertad de comercio interior y exterior. También derivaron del economista Pedro Rodríguez de Campomanes, quien en el Bosquejo de la política económica sobre el estado presente de sus intereses recomendaba la limitación de adquisición de tierras por parte de las órdenes

religiosas y planteó la expulsión de los jesuitas de América, bajo el argumento de que la orden se había vuelto un estado dentro de un estado; promovió la creación de Sociedades Económicas de Amigos del país, la especialización de las colonias en la producción de materias primas útiles a la industria española y la supresión de privilegios de las compañías comerciales monopólicas. También contaron las recomendaciones de Bernardo Ward, ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda, quien planteó que a la economía americana había que“darle un nuevo ser” haciendo útiles a los indios y que el consumo del Nuevo Mundo lo disfrutara España. Por otra parte, José Campillo y Cosío expuso en el texto titulado Nuevo sistema de gobierno económico para la América, escrito en 1741 y publicado mucho después de su muerte, en 1789, una visita general en las colonias y formuló recomendaciones para establecer un sistema de intendencias, para que se repartiera tierra no cultivada a los indígenas, se propiciara cultivos de frutos en las colonias que tuvieran amplia acogida en Europa, se tecnificara la producción agrícola y minera, se promoviera la construcción de fábricas y canales, un aumento de la marina y un incremento demográfico y proteccionismo para la producción interior. Campillo comparaba las grandes ganancias de los franceses y los ingleses obtenidas de sus colonias frente a las malogradas utilidades que percibía España. Esto preocupaba mucho a la monarquía Borbón y explica el porqué de las trascendentales reformas de esa época. Con la visita de José de Gálvez, se abre un escenario de grandes cambios en la región centroamericana. Dentro de este ambiente se desarrolla el tema central que nos ocupa en este capítulo: el de las rentas estancadas que funcionaron en las provincias de San Salvador y Sonsonate en beneficio de la Real Hacienda, en el contexto de la política económica de comercio libre. Las reformas que se aplicaron buscaron dar solución a la crisis fiscal y comercial heredada de los Habsburgo, efectuar una serie de cambios con ventajas para la Corona en la relación entre la metrópolis y el Nuevo Mundo y reorientar su economía, la relación política y administrativa establecida con las colonias, en medio de un clima de rivalidades entre las grandes potencias europeas, sobre todo entre Francia e Inglaterra por el predominio en tierras americanas. Estas reformas tenían como fin último un cambio político; sustituir la forma de gobierno surgido de la conquista por otra. Sin embargo, en el reino de Guatemala, como en las demás colonias, los resultados de las reformas fueron contradictorios, una mezcla de nuevas ideas con prácticas de poder absoluto, libertad comercial al interior del imperio, pero proteccionismo frente a las otras potencias europeas. Ahora

las colonias podían comerciar más libremente, no sólo con Cádiz o Sevilla, sino también con puertos de otras colonias, Perú, Nueva España, La Habana y otros; pero tenían prohibido comerciar con otras potencias europeas y con China. El resultado de esto fue un régimen despóticoilustrado que no pudo cumplir los anhelos de comercio justo y conducir a la modernidad, debido a la imposibilidad para conciliar intereses de las élites comerciales locales de las colonias con los intereses de la monarquía; en tal disparidad, las reformas, en lugar de fortalecer su poder, causaron su derrumbe. Los Borbones intentaron acabar con las viejas prácticas; sin embargo, éstas continuaron porque ellos mismos las accionaron. De tal forma que entre las medidas modernizadoras permanecían prácticas pasadas. Una importante reforma fue la hacendaria. Las medidas en este rubro formaron parte de la reforma general fiscal introducida drásticamente durante el Gobierno de Carlos III, no solo en Centroamérica, sino en todas las demás posesiones hispanoamericanas. Se intentaba mejorar la recaudación fiscal real, abandonar el sistema económico monopolista imperante e introducir, en un ambiente de paz, el comercio, la agricultura y la manufactura generadora de desarrollo social y económico sobre los rieles del comercio libre.2 Sin embargo, las medidas hacendarias se pusieron en práctica a medias, de manera infructuosa y sin haber logrado los fines esperados: construir una administración fiscal eficiente que garantizara el incremento de la recaudación tributaria, poner fin a los monopolios privados y dar paso al libre mercado. En parte, su ineficacia fue efecto de la resistencia y disputas de los sectores acostumbrados a las prácticas monopólicas sin control de la Corona, y que lograron imponerse para continuar controlando el poder económico de la región. Las reformas removieron disputas antiguas entre el grupo comercial de criollos y españoles establecido en la ciudad de Guatemala por el control de los instrumentos de recaudación fiscal, de la producción y del mercado. De allí que el fracaso mayor de las medidas fue el fortalecimiento de la élite comercial de la ciudad de Guatemala, puesto que este grupo no solo sostuvo los privilegios otorgados desde la época de los Habsburgo, sino que los amplió. También fue un fracaso el incremento del contrabando, del fraude y de la producción clandestina de productos controlados por el monopolio real del tabaco, el aguardiente, la pólvora y otros productos estancados, distorsiones comerciales que afectaron al mercado legal. Los sectores productores y comerciantes no favorecidos, y aun los privilegiados por el sistema de rentas estancadas, recurrieron al contrabando, al fraude y la siembra clandestina como única vía comercial

que les quedaba o como una forma para vender con mejor ventaja sus productos al evadir impuestos. El incremento de estos recursos ilegales fue un medio para proteger la economía local, pero también fueron mecanismos de resistencia y oposición a las nuevas medidas fiscales. En contraste, hubo lealtades de los particulares y funcionarios que recibieron ventajas y oportunidades, ya sea por privilegios otorgados a través de la compra de cargos, cobro de la alcabala o el otorgamiento del asiento de un producto estancado. Estas oposiciones, resistencias y lealtades fueron los primeros enconos que configuraron el clima de intereses en el que se desarrolló años después el proceso de Independencia en el reino de Guatemala. ¿Cuál es el origen de este fracaso? Se señalan aquí al menos tres indicadores: 1) la contradicción con la que el régimen imperial aplicó la política de comercio libre: libre mercado hacia afuera, proteccionismo hacia adentro; en la práctica resultó ser una política anticompetitiva que promovió el mercado ilegal; 2) la política de recaudación fiscal centralizadora, que incluyó un incremento en la taza y nuevos impuestos y generó mayor sentimiento de deslealtad ante la corona por sectores económicos del reino afectados, incluyendo a peninsulares residentes en Centroamérica; 3) la política de rentas estancadas con doble propósito: hacer de los estancos monopolios reales e instrumentos fiscales para incrementar las rentas y estimular la productividad de sectores económicos de las provincias para desarrollarlas y disminuir los monopolios privados, sobre todo el poder del grupo de comerciantes predominante de la ciudad de Guatemala. Esta política pudo ser exitosa, pero fue puesta en práctica a medias a causa del débil desarrollo institucional de las instancias hacendarias creadas y del pobre recurso económico con el que funcionaron para implementar sus acciones; de tal manera que en lugar de favorecer al mercado libre, favoreció a los monopolios. Como muchas medidas tomadas por los reformadores, los estancos les procuraron algunas ventajas como la introducción de productos de la península, pero también les acarreó muchos perjuicios, sobre todo con el incremento del mercado ilegal. Lo mismo sucedió entre los productores y comerciantes de las provincias del reino al ser otorgados asientos y concesiones a unos desfavoreciendo a otros, tal como ocurrió con los asientos arrendados en las provincias de San Salvador y Sonsonate a partir de 1758, año en el que inició el aumento de productos estancados. Para la Corona fue una tarea difícil poner a funcionar la máquina fiscal. Las recién creadas instituciones de la Real Hacienda fueron ineficientes por la falta de personal competente y de recursos financieros, lo que ocasionó muy bajos ingresos en las rentas reales y desequilibrio comercial.

Los estancos concentraron diversas actividades económicas: producción, industria y comercio. No afectaron a los productos ya grabados con la alcabala, tal es el caso de la producción y comercio del añil o el cacao, sino productos secundarios o suntuosos como el tabaco, los puros habanos que llegaban de Cuba, la chicha o los licores llevados de Barcelona o de Perú. También centralizaron productos que debían ser controlados por asuntos de seguridad, como el caso de la pólvora, o productos cuyo uso y consumo debía controlarse para evitar excesos y desórdenes, como el aguardiente, las peleas de gallo o los juegos de azar. De todos estos productos, dos fueron más importantes porque representaron mayores ingresos al fisco real: el tabaco y el aguardiente. En ese contexto, el estudio sobre las nuevas medidas hacendarias en San Salvador y Sonsonate en la época de los Borbones tiene una particular importancia: abre el panorama de las contradicciones y conflictos existentes entre los intereses de los sectores económicos de las provincias, los comerciantes de la ciudad de Guatemala y la Corona. Además, deja ver la imposibilidad que hubo de crear un equilibrio en la dinámica socioeconómica y permite entender cómo los estancos y las demás medidas hacendarias –parte de una política fiscal centralizadora–, en lugar de consolidar al Estado absolutista, favorecieron a los grupos de poder del reino, a las pugnas entre grupos económicos, a la lucha de autogobierno y autonomía de los comerciantes de San Salvador y al rompimiento de las autoridades de la región con la Corona. Por otra parte, el análisis de las rentas estancadas en estas dos provincias no puede hacerse sin observar su desenvolvimiento y práctica con el resto del reino de Guatemala y sobre todo en la ciudad capital, puesto que las rentas reales que procedían de las provincias del reino eran remitidas a la Dirección General de la Hacienda Real con sede en la ciudad de Guatemala, instancia de la cual emanaba toda la estructura institucional y normativa del funcionamiento de los estancos en las provincias del reino. Es decir, la estructura administrativa y de recursos para la recaudación fiscal de las provincias era totalmente dependiente de las instancias establecidas en la ciudad de Guatemala. Tampoco podemos dejar de lado el contexto económico, social y político en el que actuaron los reformadores en el intento del ordenamiento de la administración. Algunos factores fueron incidentes de manera importante, entre ellos el contrabando inglés, las continuas guerras de España con Francia e Inglaterra o el terremoto de Santa Marta, que devastó la ciudad de Santiago de Guatemala, suceso que afectó sensiblemente la infraestructura de la Real Hacienda.

Sobre este tema, en el ámbito de la provincia de San Salvador y Sonsonate no existe algún estudio anterior. Pero sí hay estudios realizados por la historiografía guatemalteca, los cuales se ocupan del tema en el espacio de la ciudad y provincia de Guatemala, investigaciones que han sido de utilidad para este trabajo. Sin embargo, la mayor fuente de información que encontramos fueron los expedientes resguardados en el Archivo General de Centroamérica (AGCA), en el Archivo General de la Nación de El Salvador (AGN) y en el Archivo Municipal de Sonsonate (AMS). La documentación consultada proporcionó rica información, y aún no queda agotada, puesto que este ensayo es un primer acercamiento, habrá que hacer nuevos estudios sobre este tema.

2.1. La crisis heredada de los Habsburgo y la reducción de los ingresos fiscales Para apreciar el sentido de los cambios impulsados por los Borbones en el campo del ordenamiento hacendario y comercial, se identifican algunos elementos centrales de la crisis en España y las colonias del siglo XVII. Los aspectos que incidieron en la crisis del imperio, entonces el más extenso del mundo, fueron los monopolios comerciales en manos privadas, las restricciones para efectuar comercio entre las colonias, el sistema de privilegios en la burocracia colonial, el desarrollo económico de las colonias y la pérdida de lealtad de éstas a la Corona. Estos factores actuaron en detrimento de la economía de la Metrópolis. Y es que si lo comparamos con la monarquía inglesa frente a sus colonias del norte de América, el reinado de los Habsburgo fue un Gobierno centralizador. Las colonias inglesas no estuvieron sujetas a un cuerpo de leyes y su organización política estaba más tendida al autogobierno. Pero a pesar del centralismo ejercido por los Austrias, la lejanía de la Metrópolis con sus colonias, la diferencia de intereses entre grupos de poder de las colonias y la Península y la propia identidad desarrollada por los españoles americanos fueron factores que propiciaron que la Corona tuviera un débil control sobre sus posesiones. Lo que funcionó fue un Gobierno integrado de comisiones que actuaban una independiente de la otra, pero todas dependientes del poder del rey. Las colonias vivieron, en cierta forma, un régimen centralizado3 por el Consejo de Indias, una de las comisiones de la Corona que tenía la competencia en todas las materias del gobierno colonial: finanzas, justicia, defensa militar y poder eclesiástico; así, también, administraba los ingresos y egresos, y por medio del Derecho Indiano regulaba la legislación. Éste fue un régimen estamentario, basado en un sistema de patronazgos y de monopolios, que produjo una

acumulación de intereses que continuamente rivalizaron a causa de privilegios otorgados a unos y no a otros. Ello abonó al desarrollo de un sistema de clientelismo y lealtades, acompañado de una gran corrupción y venta de cargos, como sucedía con los nombramientos de alcaldes mayores y otros funcionarios, favoreciendo al que más pagaba.4 Todos esos grupos estaban unidos por un sentimiento común: lealtad al rey. El régimen se mantuvo estable mientras no se trastocó la lealtad al monarca, lo que perduró por un tiempo; pero a mediados del siglo XVII, el sistema se quebró. Ese régimen de privilegios, monopolios y lealtades comenzó a desquebrajarse en las primeras décadas del siglo XVII, cuando las colonias comenzaron a resentir las altas cargas tributarias y las restricciones comerciales, más que todo porque habían entrado en un proceso de transformación y desarrollo que dio paso a una economía propia, menos dependiente, y las élites locales empezaron a adquirir cierto barniz de autogobierno. Mientras la Corona requería más ingresos, sobre todo cuando se desató una inflación monetaria y el Gobierno de Felipe III comprometió los ingresos del Estado en la guerra de los 30 años, crecía la necesidad y el deseo en las colonias por aportar más ingresos a la patria chica, lo que provocó que España recibiera menos ingresos. Las colonias estaban generando una identidad propia, sentimiento que compartieron tanto españoles nacidos en la metrópolis, asentados en las colonias, y criollos nacidos en tierras del Nuevo Mundo. El cambio en la relación entre la metrópolis y la Corona fue una de las primeras expresiones de la larga crisis vivida por España y sus colonias en el siglo XVII. La crisis se dejó notar por lo menos desde 1627, cuando España se declaró en bancarrota a causa de la elevación de gastos para la defensa debido a las hostilidades con Francia, la crisis en el comercio con las colonias y las restricciones comerciales que limitaron el ingreso de las mercancías de las colonias al mercado de Europa por las rivalidades con España. Ahora en las colonias solo se podía establecer comercio con Europa a través de los puertos de Cádiz y Sevilla. Estas restricciones degeneraron en más piratería. La piratería se practicaba desde años atrás, primero en el mar del Norte (Atlántico), luego en el mar del Sur (el Pacífico). Francis Drake apareció en las costas centroamericanas del Pacífico en 1579.5 Y ya desde estos años, en 1573 se prohibió que Guatemala importara el azogue libremente de Perú. Es decir, a la región también se le limitó el comercio con otras colonias. Para controlar el cumplimiento de estas prohibiciones y controlar la piratería se estableció el sistema de flotas, que funcionaba para todo el

comercio y que consistía en el acompañamiento de la armada a las naves mercantes. Sin embargo, la piratería, lejos de disminuir, aumentó.6 En Centroamérica fue hasta las últimas décadas del siglo XVI que el comercio entre las colonias se practicó de manera libre. La única restricción que hubo fue la prohibición de vender indios como esclavos.7 En 1639, no arribaron navíos a los puertos de la costa del Norte (Atlántico). Solamente se autorizó el ingreso de dos navíos al año de Cádiz a Trujillo y a puerto Caballo, entonces la carestía de vinos llegados desde Castilla fue suplida con vinos de la región de Pisco, en el Perú. Sonsonate, que había distribuido su cacao desde Acajutla a Nueva España y Perú, a través de la ruta comercial establecida entre Acapulco y El Callao, se vio afectada cuando la Corona, para reducir el contrabando y fraude que partía de la región centroamericana y disminuir el envío de plata de Perú y Nueva España a Filipinas, con la que se pagaban las prendas de seda llegadas de la China, prohibió que los buques mercantes pasaran por Acajutla y el Realejo, paso intermedio que beneficiaba a Centroamérica. Esta prohibición redujo la exportación del cacao de los izalcos y la importación de productos por la vía de Sonsonate. Se tuvieron que abrir nuevas rutas que resultaron muy costosas para los comerciantes locales, una de ellas fue la vía terrestre a paso de mulas por el Soconusco a Veracruz, puerto en el que se embarcaban las mercancías para España; otra fue la ruta del embarque desde Nicaragua, utilizándose el río San Juan a Cartagena o Portobelo.8 También se transportó mercancías por el mar del Sur desde Acajutla al Realejo, y desde éste a la ciudad de Panamá. Entre algunos permisos otorgados a personas para que pudiesen fletar navíos hacia el Realejo y la ciudad de Panamá figura el que se dio el 25 de marzo de 1674 al capitán Joan Vengoa y a otro arrendatario para fletar la fragata San Miguel Arcángel.9 Esta ruta no solo la usaron los comerciantes locales de Sonsonate, sino que también la ocuparon los comerciantes de la nueva ciudad de Guatemala, uno de ellos fue Pedro Joseph Beltranena.10 También se prohibió el comercio con oriente, sobre todo con China. Todas esas restricciones afectaron en buena medida a la economía de la región y eso causó un grave daño a su comercio, puesto que disminuyó el tráfico comercial. Algunos textos de historia11 identifican los años de 1640 a 1740 como un siglo de depresión económica para España y sus colonias y agregan otras circunstancias que explican el origen de la crisis. Una de ellas es la baja en la producción de plata, que en parte fue efecto de la crisis demográfica. Estos años dejaron al imperio en muy malas condiciones y lo relegaron al papel de potencia secundaria. Como resultado de ese mercado

restringido se produjo el fraude, la corrupción y el mercado ilegal, prácticas que se convirtieron en una forma de vida en todo el sistema español. Éste es el periodo de la consolidación de monopolios comerciales de Sevilla y Cádiz. El sistema de monopolios y las restricciones comerciales crearon condiciones que favorecieron sobre todo el contrabando: altos impuestos y las confiscaciones lo incitaban, oficiales corruptos lo permitían y autoridades navales colaboraban en él.12 Los puertos y centros comerciales de la Península vinculados a las colonias fueron Sevilla, Cádiz, Málaga, San Lucar y Lisboa o Islas Canarias; Sevilla era el centro comercial, administrativo y financiero de mayor rango. Éstos eran centros de comercio legal que convivían con el contrabando y el fraude. Para España, la expansión europea en América (a través de la piratería y el contrabando), el fraude dentro del comercio monopólico de Cádiz o Sevilla, los gastos en fortalezas militares y armamento para la defensa de las costas y para la defensa frente a Francia e Inglaterra significaron un fuerte derrame de recursos, caos y reducción del comercio con las colonias. A estas circunstancias se agregó la crisis en el agro por pérdidas en las cosechas a causa de fenómenos climáticos.13 Con todo esto, España perdió el control económico de sus posesiones hispanoamericanas y vivió una importante reducción en sus ingresos fiscales. En buena parte incidió en esto el que las colonias se negaran a continuar tributando a la Corona al ritmo que lo venía haciendo. Prefirieron no únicamente autoridades, entre otros gobernadores y alcaldes mayores, sino también comerciantes españoles y criollos con poder económico; así, los recursos obtenidos se quedarían en sus nuevas tierras, en sus negocios y para sí mismas. Las colonias estaban creciendo y adquiriendo fortaleza. De tal manera que fue éste un periodo de crisis, sobre todo para España; no lo fue tanto para las colonias, tal como lo interpretan John Linch y Enrique Florescano.14 La crisis de España fue el reflejo del fortalecimiento y la expansión que las colonias estaban experimentando, especialmente las más ricas y mejor desarrolladas: Nueva España y Perú. Pero también se observó ese proceso en el reino de Guatemala, aunque con otros matices: el reino de Guatemala, que desde siempre había sido una región muy pobre, registró, según Linch, una terrible depresión, prácticamente en todos los rubros de su economía, y a lo largo del siglo XVII se convirtió en una zona rural autárquica y aislada.15

2.2. Reformas borbónicas y la nueva política de comercio libre Las transformaciones económicas, políticas y administrativas que emprendieron los monarcas Borbones a través de sus agentes y funcionarios fueron las más radicales que se efectuaron al interior de la Península y en el Nuevo Mundo. Fue un intento de modernización y eficacia. Las nuevas disposiciones buscaron desarrollo económico y social a través de una reforma administrativa, fiscal y comercial, del estímulo al desarrollo educativo, de las artes, de la producción agrícola y minera. En la Audiencia de Guatemala, los cambios conducidos por los reformadores estuvieron dirigidos a superar la ineficiencia administrativa, descentralizar el poder económico y político de la ciudad de Guatemala, poner fin a los privilegios que beneficiaban a la élite tradicional y renovada de comerciantes de la capital del reino, dar espacio en la competencia comercial a productores y comerciantes de las provincias, acabar con las prácticas monopólicas desleales a la Corona, combatir la corrupción y las distorsiones del mercado y, entre otras, aumentar la defensa de la costa atlántica de los mercaderes ingleses que promovían el mercado desleal. Los problemas a solucionar eran muchos y las medidas a tomar fueron diversas. Estas transformaciones fueron parte de la nueva concepción de Estado y la nueva forma de Gobierno de Despotismo Ilustrado en el que reinaba el regalismo, es decir el predominio de los intereses de la monarquía sobre el de individuos y corporaciones. Lo que imperaba en el espíritu de los reformadores era el pensamiento absolutista que se oponía a poderes corporativos o privados, esto explica su ataque a la Iglesia, a los jesuitas o a las instituciones de pueblos indios, como las cofradías o guachivales. Estas reformas no fueron súbitas, su aplicación fue un proceso de décadas que inició a partir del ingreso a la monarquía de Felipe V, pero el impulso más decidido fue entre 1729 y1797. La aspiración fue la restauración de España, con la inquietud de hacer muchos cambios y crear una sociedad más abierta y libre. Se intentó establecer la política de libre mercado, pero no fue posible, puesto que el intercambio comercial entre la metrópolis y las colonias continuó siendo muy desigual y restrictivo. Una de las primeras medidas de los reformadores fue reducir el poder económico y los privilegios de la Iglesia, sobre todo como prestamista y para disminuir el control que ejercía en la vida de los pueblos indios. En 1751 se dio orden para que el tributo de los pueblos indios ya no fuera recabado por curas sino por alcaldes mayores, y es que unos años antes, en 1748, la Corona mandó que los indios ya no tributaran en especie, sino en moneda, dinero que empezó a entrar a las arcas reales. También se arremetió contra el poder de las congregaciones eclesiásticas,

particularmente contra los jesuitas, que se oponían al Papa y pregonaban la autonomía; la Corona tomaba las ideas de los jansenistas, quienes otorgaban más poder al rey que a la Iglesia. En el reino de Guatemala, los jesuitas fueron expulsados el 26 de octubre de 1767. Otras medidas consistieron en poner fin a los monopolios comerciales de Cádiz, Sevilla y otros puertos que se abrieron (como el de Málaga), mejorar la condición del indio y hacer distribución de tierra a sus pueblos (medida que también tenía la finalidad de mejorar el ingreso fiscal provenido del tributo indio), fomentar la minería y la creación de un mercado que acogiera los productos españoles y recuperar las atribuciones que el Antiguo Régimen había dejado en las corporaciones y en los grupos económicos poderosos. Durante los primeros años del siglo XVIII se registraron arribos de embarcaciones procedentes de Perú a Acajutla, pese a la orden del rey por Real Cédula de 27 de septiembre de 1713 que decía que en los puertos de la Real Audiencia de Guatemala no se permitieran embarcaciones del Perú con ninguna clase de frutos u otras mercancías, en especial vinos de la región de Pisco, los cuales ya eran muy afamados entre las provincias del reino. De nuevo, después de muchos años aparecían naves de otras colonias por el mar del Sur. En cuanto al comercio de la región, San Salvador y Sonsonate fueron provincias muy destacadas, su producción y exportación de cacao y añil fue la más abundante de todo el reino. Desde finales del XVI, establecieron un importante vínculo con la ciudad de Santiago de Guatemala a través de Acajutla; a este puerto llegaban mercancías de Perú –como vinos, azogue, aceites– y salían otros productos –como cacao, añil, brea, entre otros, que se enviaban a la ciudad de Guatemala y al resto del reino–. En el siglo XVIII, el producto de mayor comercialización de las provincias de San Salvador y de Sonsonate continuaba siendo el añil; la expansión de su cultivo estaba destinada para la manufactura textil inglesa. En cuanto a la producción de tabaco, Manuel de Gálvez comenta que se producía en Ateos y en San Cristóbal Ixtepec,16 sin mencionar otros lugares en donde sabemos se cultivó: Ahuachapán, Santa Ana, Olocuilta, San Vicente, Zacatecoluca, Chinameca, entre algunos. El cultivo del añil estuvo sobre todo en manos de pueblos de indios y ladinos y de agricultores poquiteros, es decir, gente muy pobre. Ésta fue una de las razones, según opinión del contador general, por la que el tabaco de Centroamérica no tuvo tanto reconocimiento y fama como el de Veracruz o La Habana, aunque era de muy buena calidad. Lo que pasó fue que los agricultores eran muy pobres e ignoraban las técnicas para obtener una mejor cosecha y secado de la hoja.17 Gálvez afirmó que a

pesar de la importancia del cultivo para la exportación y la economía de estas provincias, no dejó de ser un cultivo para la sobrevivencia, además del maíz y fríjol, la crianza de gallinas y ganado de cerda, el cultivo de algodón y otros productos de consumo local.18 Durante estos años, todo el reino de Guatemala aún era una región económicamente muy débil y pobre, disgregada, vulnerable e incomunicada; en realidad no era una unidad ni política ni económica. A pesar de ese estado de cosas, entre los años de 1780 y 1790, en el contexto de las reformas, la región observó mejoras en su economía a través del impulso de la minería de Honduras y el cultivo del añil que se hacía en casi todo el reino, especialmente en la costa del mar del Sur y en casi toda la provincia de San Salvador.19 A partir de entonces, el añil se mantuvo equilibrado hasta el año de 1803, año en que cayó en una profunda crisis, y de nuevo hubo un repunte económico en 1808, que duró muy poco. Años de comercio restringido habían limitado comercialmente la región y habían promovido la piratería y el mercado ilícito, distorsiones económicas que no pudieron ser erradicadas y que incidieron de manera importante en la aplicación de las medidas reformadoras. En cuanto a la reforma hacendaria, además de reducir los monopolios privados se encaminaron a superar la crisis fiscal y a llevar a cabo una reorganización fiscal. Dos medidas fueron centrales: la de la extensión de la alcabala y la de creación de nuevas rentas estancadas. De tal forma, la recaudación de los ingresos hacendarios a las Cajas Reales fue ampliada: ahora, además del tradicional tributo de pueblos de indios, que representaba el ingreso de mayor importancia para la Corona, se agregaron nuevos productos afectados por la alcabala y los estancos. Pero las cosas no caminaron sobre ruedas, ya que estos nuevos gravámenes se convirtieron en una carga pesada para todos los sectores, no solo para los productores y comerciantes, sino también para los consumidores. Los rechazos y las molestias por las nuevas medidas se mostraron en muchas partes. Productores y comerciantes no favorecidos con el sistema de rentas estancadas y el cobro de la alcabala recurrieron a la vía del comercio desleal e ilegal. En el pueblo de San Vicente, por ejemplo, existía en 1813 un estanquillo de aguardiente, y en el remate de ese año, para el nuevo arrendamiento se llevó a cabo sin ofertas ni otro postor más que uno, lo que puede ser muestra del poco interés que los comerciantes del lugar tenían para tomar negocios de poca rentabilidad como ése, pues la producción y venta clandestina de aguardiente y chicha estaba generalizada.20

La Corona, lejos de minar el contrabando y demás distorsiones en la producción y el comercio, que afectaban el mercado legal y la política de comercio libre de estos años, lo propició. Con ese panorama de hechos, en la capitanía general de Guatemala, más que expulsar a los jesuitas, interesaba hacer una reorganización hacendaria a partir de la centralización de los instrumentos fiscales, disminuir el poder de los monopolios privados y, sobre todo, expulsar a los ingleses que habían fortalecido su poder comercial en Belice y en la costa Mosquitia, en Nicaragua, región que había sido convertida en el centro del mercado ilegal más importante de la región. En términos políticos, las reformas se dirigieron a fortalecer el Estado monárquico a través de la instauración del sistema de intendencias de modelo francés, a fin de reordenar la distribución del espacio territorial, de centralizar el poder real por medio de nuevas autoridades y proporcionar más desarrollo a las provincias para restar poder a los grupos monopólicos establecidos en las colonias. El régimen de intendencias introducido en 1785 en la Audiencia de Guatemala fue una medida tardía. Las intendencias creadas fueron las de San Salvador, Ciudad Real, León Nicaragua y Comayagua; Sonsonate continuó siendo una alcaldía mayor, provincia interna de Guatemala, pero a pesar de pertenecer a la provincia de Guatemala, administrativa y comercialmente estaba vinculada más a San Salvador. El nuevo régimen anuló la figura del alcalde mayor, una autoridad muy desprestigiada y mal pagada. Comúnmente, a los alcaldes se les acusaba de corruptos, ambiciosos, dados a la desobediencia y vinculados al negocio ilícito. La nueva figura política y administrativa tuvo una función más centralizadora que la que habían tenido los alcaldes mayores. Los intendentes tenían todos los poderes de una jurisdicción –las provincias– justicia, hacienda, guerra, actividades económicas, obras públicas y otras. Entre las tareas que se les encargó fue la de acabar con todo tipo de monopolio comercial en sus provincias, vigilar el contrabando y la producción clandestina de productos estancados. Sin embargo, los intendentes muy pronto tendrían los mismos defectos que las viejas autoridades: corrupción y deslealtad a la Corona, alianzas con mercaderes y burócratas criollos y peninsulares que monopolizaban el poder económico y social, el mercado lícito e ilícito. Para estos años, la provincia de San Salvador tenía unos 162 482 habitantes, distribuidos en tres provincias internas, 15 partidos y 40 curatos. Tenía 119 pueblos, 82 de indios tributarios, 33 pueblos reducidos de indios, mulatos y zambos (que vivían interpolados, menos seis u ocho que eran

grandes, y cuatro de solo mulatos y zambos). La provincia contaba con dos ciudades: San Salvador (la segunda del reino) y San Miguel, más una villa –San Vicente– de españoles, mulatos y zambos. San Miguel era el centro de mayor producción de añil en el reino junto con la provincia de Sonsonate.21 La provincia de San Salvador fue la de mayor producción de tabaco y, en menor escala, desarrolló la producción de otros productos comerciales, entre ellos cacao, caña de azúcar, algodón y café, además de sostener una economía de subsistencia basada en la producción de maíz y frijol. Era una economía dependiente de la exportación del añil; en buena parte, las ganancias recibidas por este producto financiaban el resto de la producción comercial. La producción de añil estaba en manos de pequeños propietarios, y aunque existía una élite local, ésta no poseía tanto poder económico, sino más bien era dependiente de la red comercial de la ciudad de Guatemala, que no solo actuaba como prestamista, sino que también algunos de ellos tenían propiedades añileras en la provincia, tal es el caso de los comerciantes Esteban Yúdice y Juan Fermín de Aycinena.22 De acuerdo con los datos del censo general de 1807 realizado por el intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa en San Salvador, se establecieron las Cajas Reales, servidas por dos ministros de la Real Hacienda con título de oficiales reales y cada uno auxiliado en su respectivo departamento con dos oficiales y un escribiente. También se estableció una Administración de Alcabalas y Barlovento, con el respectivo jefe, un interventor, una vista, un oficial, un escribiente dotado, un guarda mayor de la renta con seis guardas volantes, doce receptorías y catorce comisarías para la recaudación general de residentes en los partidos. Asimismo, un promotor del real fisco, un defensor de obras pías, una Administración de Correos, tres oficios públicos de escribano y Real Hacienda y el general de hipotecas, cuatro oficiales de procuradores. Además, las Juntas de Vacuna, Real Hacienda y Consolidación, y la Administración Foránea de Tabaco, Pólvora y Naipes.23

2.3. Los comerciantes y los monopolios En la Audiencia actuaba un grupo de comerciantes de gran poder, integrado por criollos y peninsulares establecidos en la ciudad de Guatemala; no era una élite cerrada y hereditaria, fue un grupo al que continuamente se incorporaron peninsulares recién llegados, vinculados a la región por los negocios que habían establecido con el reino. Desde Cádiz o Sevilla, a mediados de siglo XVIII se incorporaron a ella comerciantes peninsulares recién llegados que pertenecían a compañías comerciales españolas, sobre todo de Cádiz. Entre esos comerciantes destacaron los

Delgado, los Najera, Fernández de Córdoba, los Gálvez y Corral, los Arroyave-Beteta, González, Batres-Barba, los Aycinena y otros más. Muy pronto, estos comerciantes españoles recién llegados se vincularon con los poderosos comerciantes locales de la ciudad de Guatemala para crear una red comercial. La pertenencia a esta red determinó en buena medida las personas que integraron el Cabildo de la ciudad de Santiago.24 La élite de comerciante estaba ligada al Cabildo de la ciudad Guatemala y a las élites políticas y económicas de las provincias.25 Este grupo predominó sobre los demás comerciantes locales. Representaba un monopolio comercial que actuaba a expensas del Estado, bajo el fraude, la corrupción e incluso el mercado ilegal. Mantenían alianzas familiares y de negocios con los funcionarios; y muchos de ellos eran funcionarios que también se vinculaban con extranjeros contrabandistas.26 De hecho, en la región, el sector de los comerciantes se había vinculado al poder público: un poco más de la mitad de los funcionarios locales en el reino eran comerciantes.27 Eran poderosos desde el Gobierno de los Austrias; durante esa época, muchos de esa red comercial controlaron el comercio legal, pero también participaban en el ilegal y controlaban el comercio hacia Sevilla, Cádiz u otros puertos de la Península, sin dar cuentas a la Hacienda Real. Mientras los comerciantes controlaban la alcabala, los precios del vino español y otros productos que ingresaron al reino, para luego especular con los precios.28 Desarrollaron el comercio a partir de redes de parentescos. Hay que reconocer que esta red comercial recibió más estímulos para su crecimiento y para hacer negocios más lucrativos desde la primera mitad del siglo XVIII. Desde la época de los Habsburgo se dieron continuas disputas entre el grupo de comerciantes de la ciudad de Santiago Guatemala y el órgano supremo del reino, la Audiencia Real; las diferencias respondían a que ambas instancias representaban intereses económicos y políticos contrapuestos. La Audiencia representaba los intereses de la Corona, y un tema escabroso entre ambos sectores fue el fiscal, sobre todo cuando los funcionarios de la Audiencia aplicaron la política de comercio justo e intentaron disminuir el poder de esta élite. Sin embargo, no fue una tarea fácil: ante la imposibilidad de socavar su poder, prefirieron entrar en alianzas. A falta de recursos de personal y financieros para reorganizar la administración hacendaria, la Real Audiencia tuvo que acceder a la presión de este grupo para obtener el control de los instrumentos de recaudación, obteniendo finalmente de nuevo la recaudación de la alcabala,29 impuesto

que funcionaba desde 1604, el segundo en importancia después del tributo indígena. A la hora de aplicar las medidas fiscales, la Corona intentó mantenerlo bajo su control.30 Durante buena parte del siglo XVII , de 1604 a 1667, los comerciantes controlaron la recaudación del impuesto de la alcabala, las rentas del aguardiente y el almojarifazgo; de 1667 a 1763, el cobro de la alcabala pasó a manos de la Real Hacienda, el privilegio les fue suspendido debido a los bajos ingresos percibidos por la Corona y los altos beneficios económicos obtenidos por el cabildo; después de 1763 les fue devuelto y el cobro de la alcabala pasó de nuevo a sus manos.31 Lo anterior muestra su preponderancia y, también, las disputas mantenidas entre éstos y la Real Audiencia sobre temas fiscales y control del mercado; pero también muestra que eran una élite poderosa, puesto que actuaban como el gran monopolio del reino, vinculado a monopolios de Sevilla y Cádiz. Actuaban como intermediarios en el comercio exterior, como agiotistas y prestamistas, además de ostentar cargos públicos. Estos comerciantes no sólo financiaron a empresarios y agricultores de Guatemala, sino también a comerciantes intermediarios, pequeños y medianos cosecheros de la producción añilera de la provincia de San Salvador y Sonsonate. Los provincianos, tal como los llamaban los monopolistas de la capital, no los veían como sus benefactores, sino más bien con una carga de resentimientos. Los comerciantes eran llamados tiranos que “nos visten con precios que nos mantienen más desnudos que vestidos”, decían los provincianos. Los comerciantes guatemaltecos respondían a tales comentarios con la observación de que los provincianos piensan que “todo lo que brilla en nuestras casas refleja el sudor de sus caras”.32 Pero gracias al impulso financiero de los comerciantes capitalinos, la producción añilera superó la crisis de 1803 y obtuvo un auge en la comercialización en los años siguientes. La función de prestamistas y usureros de comerciantes monopolistas frente a pequeños y medianos cosecheros de la provincia de San Salvador y Sonsonate explica la ausencia de un Montepío o Socorro de Cosecheros que ayudara a sostener la producción de añil. Fue ya muy tarde, durante la administración de Matías de Gálvez, quien en su afán por minar el monopolio y poder económico de comerciantes capitalinos introdujo una serie de reformas respecto a la comercialización del añil. En 1782 se redactaron los estatutos de la Sociedad de Cosecheros de Añil, en los que se establecía una feria del añil en San Vicente (1782-1792) y una junta de precios del añil;

además se prohibía la venta de añil fuera de la feria. El Montepío o Banco de Cosecheros fue creado, pero sin presupuesto propio; se inició su funcionamiento con una partida de fondos, de unos 100,000 pesos, otorgada del ingreso del ramo de Tabacos. En la provincia de San Salvador se le nombró Monte del Socorro. Fueron instancias muy débiles, que no contaron con recursos suficientes, y a pesar de que la alcabala actuaba sobre el añil, este rubro no pudo obtener créditos suficientes por parte del Gobierno. En 1820, las instrucciones redactadas por el licenciado Mariano Francisco Gómez para el diputado en Cortes, José María Álvarez, exponían que el Montepío no estimulaba las siembras.33 El poco impulso gubernamental y la pequeña cantidad de capital destinada para su funcionamiento fueron débiles respuestas contra el poderoso monopolio que continuó ejerciendo su dominio en la comercialización añilera,34 incluso en los años posteriores a la Independencia, durante las crisis y guerras de la época federal.

2.4. La reforma general fiscal y política de comercio libre en el reino de Guatemala y los nuevos estancos reales Las medidas reformadoras tomaron el modelo aplicado en la Nueva España. La nueva política fiscal y la política de comercio libre, puestas en práctica de forma paulatina, fueron rubros de los más controvertidos de las reformas. Varios temas levantaron polvo: la ampliación y aumento del impuesto de alcabala, las restricciones comerciales del sistema de rentas estancadas, el control de viejos poderes monopólicos y la lucha contra el contrabando, la producción clandestina y el fraude. Para efectuar todas esas acciones se dieron pasos para una nueva reglamentación, estructura institucional, personal y presupuesto. En 1762, pocos años antes de la visita de José de Gálvez, llegaron dos visitadores de España, Agustín Guiraola y Manuel Herrarte; éste último asumió el cargo de nueva creación, Contador General de Cuentas, cuya función fue la de administrar los ingresos fiscales. Poco después llegó otro visitador procedente de Nueva España y enviado por José de Gálvez, Sebastián Calvo de la Puerta, quien el 4 de noviembre de 1765 fue autorizado y nombrado responsable para continuar aplicando la reforma fiscal y comercial; y un poco más tarde, el 14 de enero de 1766, fue nombrado oidor de la audiencia. En 1765 se creó la Administración General de Rentas, con una estructura organizativa, oficinas establecidas en la ciudad de Guatemala y administraciones subalternas en las provincias. En los primeros años, esta

estructura no logró instaurar un funcionamiento estable debido a las serias dificultades que tenía la Audiencia para asignar personal y presupuesto, a tal grado que el oidor de la Audiencia asumió las funciones del administrador general durante un tiempo. Estructura de la Administración General de Rentas (1765) Administración General de Rentas

Contaduría General de Cuentas

Real Renta de Alcabalas

Dirección General de Tabaco

Administración General de Estancos de Pólvora, Agua Regia y Naipes

2.4.1. Ampliación de la alcabala y de otros impuestos Entre las primeras disposiciones tomadas por el nuevo oidor estuvo la ampliación de instrumentos tributarios; además, trató de incrementar el tributo indígena a través del apoyo a la producción de los repartimientos. No solo se buscó modernizar el impuesto indígena (pago de tributo en moneda, no en especies), sino, también, incorporar los repartimientos indios a la nueva dinámica mercantil a través de los productos estancados (aguardiente y otras bebidas embriagantes y tabaco) y la aplicación de la alcabala en sus transacciones comerciales. Un par de años antes, en 1763, se impulsó la centralización de la recaudación de la alcabala y el almojarifazgo bajo el control de la Contaduría General de Cuentas. La medida tuvo dos sentidos: primero, limitar el poder de los comerciantes capitalinos que habían tenido concesionada la recaudación de estos dos impuestos, función que pasó a manos de los alcaldes mayores; segundo, aumentar los ingresos fiscales a través de su ampliación e incremento: la alcabala pasó del 4% al 6% del

valor de las mercancías. Estas nuevas medidas causaron mucho descontento entre los comerciantes y en la población en general, pues los afectaba a todos. La gente se quejaba de los abusos que cometían los nuevos recaudadores a la hora de cobrar, pero también muchos alcaldes protestaron por la nueva responsabilidad que debían asumir con el mismo presupuesto y con el mismo personal. Además, se quejaron porque se veían imposibilitados para hacer el cobro, en los pueblos de indios de sus jurisdicciones, a causa de la precariedad de las transacciones en los tianguis.35 El alcalde mayor de Sonsonate se quejó ante la Contaduría General de que no podía hacer los cobros de impuestos en la villa y pueblos de su jurisdicción porque en esos lugares no había día señalado para celebrar mercado, debido al limitado abastecimiento diario; también mencionó que infinidad de vendedoras recibían de los indios, en pago de las mercancías, regularmente huevos, por lo que, decía el alcalde, se le dificultaba la ejecución de lo prevenido; además se quejaba de no hallar a alguien que quisiera encargarse de tal comisión.36 El aumento del impuesto de la alcabala afectó a muchos sectores –puesto que se acabaron los privilegios de no pago– sobre todo a los comerciantes y artesanos. Tal como sucedió con las medidas que afectaron la alcabala, las disposiciones que crearon y reglamentaron los estancos reales provocaron descontentos y oposición entre muchos sectores, comerciantes, artesanos y burócratas de la ciudad de Guatemala y de las provincias.

2.4.2. Nuevos productos estancados Los cambios en el sistema de rentas estancadas comenzaron en 1754. En ese año se decretó la creación del Estanco Real de la Nieve, concesionado a repartimientos de indios y aplicado a lugares de bajas temperaturas donde se producía hielo, comúnmente en las faldas de volcanes. Poco más tarde se crearon nuevos estancos reales: el de aguardiente, chicha, tabaco, brea, naipes y peleas de gallo. Todos éstos eran productos que prometían importantes ingresos, pese a que el tabaco, el aguardiente, los juegos de azar o las peleas de gallo eran productos y actividades catalogadas tradicionalmente por la administración colonial como aberrantes porque atentaban contra la moral, aunque la audiencia se apartaba de la preocupación moral en función del incremento fiscal. La Iglesia continuó oponiéndose a esos juegos y al uso de las bebidas embriagantes, sobre todo en los pueblos de indios y ladinos, bajo el argumento de que estos pueblos no controlaban sus impulsos. El obispo Pedro Cortés y Larraz, en el recorrido por la provincia de San Salvador y Sonsonate, durante su visita pastoral que duró dos años (1768-1770), expresó continuamente el pensamiento de la Iglesia de reprochar el consumo de bebidas embriagantes. Después de hacer un recorrido al

partido de Caluco y visitar al párroco de este pueblo, escribió en sus reflexiones que había observado muchos desórdenes de embriagueces; lo mismo vio en el barrio de Asunción, en el pueblo de Izalco, y en muchos otros pueblos (“la gente de ambos sexos y de todas edades andan en tan torpe desnudez, que no puede verse sin horror junta esta desnudez, a la embriaguez y la ociosidad”). 37 Pero también algunos alcaldes se quejaban de los efectos de las bebidas embriagantes y de los juegos de azar; por esos mismos años, en 1774, el alcalde de San Miguel, alarmado por la “falta de quietud, grandes escándalos y excesos en vecindarios de ladinos”, afirmaba que abundaba multitud de gentes de toda clase, españoles, mulatos y demás colores mezclados, que viven libertinos, muchos ciegamente entregados a vicios, receptando ladrones, vagabundos, perniciosos y alcahueterías, fabricando aguardientes de caña y chichas.38 Pese a que algunas autoridades civiles y eclesiásticas vieron como un mal social el consumo de bebidas embriagantes, el estanco real de estas bebidas fue uno de los más importantes para la recaudación fiscal de esta época. Cuadro 1 Estancos reales que se pusieron a funcionar en la Real Audiencia de Guatemala 1559

Estanco del azogue

1609

Estanco de la sal

1632

Estanco de sal y naipes

1632

Estanco de la pimienta

1640

Estanco del papel sellado

1650

Estanco de la brea para alumbrado público y privado (no se aplicó)

1754

Estanco de la nieve

1758

Estanco del aguardiente

1764

Estanco del tabaco, aunque instrumentado hasta 1766

1765

Estanco de la pólvora y naipes

1766

Estanco de la pólvora, agua regia y naipes

1797

Estanco de la chicha, aguardiente y bebidas fermentadas

1797

Estanco de peleas de gallo

1797

Estanco de cigarros de tusa

1803

Estanco de la brea para alumbrado público y privado

Fuente: Paredes, Óscar A., coordinador, Los estancos en la economía guatemalteca (1650-1850); Santos Pérez, José Manuel, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII; Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala.

Los nuevos productos estancados se establecieron por mandato real como nuevos monopolios; toda la producción, fabricación, venta y distribución de estos productos estaba sujeta al control real. Se normó y reglamentó su funcionamiento, calidad de la producción, precios, regiones y lugares autorizados para la producción, depósitos y lugares para la venta. Comúnmente, un estanco real se daba en arriendo a un particular, a quien se le denominaba asentista; el asentista firmaba contrato, bajo respaldo de dos fiadores y fianza,39 y adquiría por un tiempo determinado el derecho de producir o comercializar un producto estancado.40 Regularmente, la organización administrativa de un estanco real contaba con un director general o factor, un contador general o interventor, un tesorero general, un oficial mayor, un oficial segundo, oficial tercero, un oficial cuarto, un oficial de tesorería, un encargado de almacén, un escribiente, un portero y cuatro o cinco guardas.41 Además, algunos de los puestos en las factorías requerían ser respaldados con fianza y fiador, tal es el caso de los factores o administradores que como Jacinto de Villavicencio, administrador del ramo de pólvora y naipe de Sonsonate, presentó fianza y fiador ante su superior, Fernando Palomo, administrador del ramo de pólvora y naipe de Guatemala.42 Cuadro 2 Estado de los empleados que sirven la renta de tabaco en la provincia de Guatemala Dirección General de Real Estanco del Tabaco

Pesos anuales Director general

José Velasco

3,000

Contador general

Nicolás Covo

2,000

Tesorero

Juan Manuel Cereso

1,600

Oficial mayor de contaduría

Manuel María

800

Barverena Oficial segundo

Gerardo Arguello

600

Oficial tercero

Francisco Santa Cruz

500

Oficial cuarto

Manuel Cereso

300

Oficial de tesorería

Justo Sorogastua

600

Escribano

Domingo Estrada

500

Asesor

Vicente Piélago

200

Portero

Sixto Aragón

300

Un guarda de garita

José María Morales

365

Un guarda de garita

Manuel Vega

365

Un guarda de garita

José Paniagua

365

Un guarda de garita

Lorenzo Pineda

365

Un guarda de garita

Tomás Alonso

365

Seis guardas de Antigua Manuel García

365

Guatemala Suma 12 590 Fuente: El Amigo de la Patria, núm. 14, Guatemala, 5 de febrero de 1821, fol. 147, facsimilar en “Escritos del licenciado José Cecilio del Valle”, tomo I, El amigo de la patria, pp. 185-194.

2.4.3. Restricciones y desventajas para los asentistas No fue fácil crear las nuevas instancias y ponerlas en función. Hubo muchas dificultades. La más grave fue la falta de presupuesto para cubrir gastos de infraestructura y de salarios de nuevos funcionarios. Por falta de recursos, muchas veces se tuvo que fusionar cargos.43 Para sufragar gastos administrativos, recurrieron a los ingresos de la alcabala y a la persuasión a través de bandos que explicaban que el erario público no tenía fondos suficientes ni para gastos ordinarios; y que para evitar nuevas gabelas u otras contribuciones gravosas, incrementaban la alcabala y creaban estancos reales de productos no básicos como el tabaco y el aguardiente.44 Tampoco se contaba con presupuesto para atender la demanda de persecución del contrabando y producción clandestina, y es que el dinero líquido que ingresaba era muy poco, a causa que

los asentistas no cumplían con los pagos correspondientes por la concesión otorgada; en el mayor de los casos, vivían en deuda con la Real Hacienda. Y es que los asentistas de cultivo de tabaco, de estanquillo de papel sellado, de una taberna o expendio de licores, de venta de naipes o de un patio de gallos, no es que hicieran el gran negocio con la concesión otorgada. Las condiciones de arrendamiento de un asiento eran desventajosas, las instrucciones que delimitaban el funcionamiento del estanco contenían diversas restricciones, el pago del arriendo de la concesión otorgada era elevada, los precios establecidos de compra, por ejemplo del tabaco, en almacenes de la Real Hacienda, eran precios bajos a su favor. Todo esto resultó ventajoso para las Cajas Reales y muy oneroso para los asentistas, quienes por lo común protestaban por el trato desigual y continuamente demandaron mejores condiciones en los contratos. Para el control de pagos y deudas de los arrendamientos de asientos otorgados, montos de producción y venta de productos estancados se instrumentaron varios libros de registros. Entre éstos, los libros de cuentas o cargos llevados en las factorías, tal como el que llevaba el factor del ramo del aguardiente del partido de Chalatenango, Félix Fajardo, en el año de 1814. Era un libro compuesto por diez folios, firmado el primero y rubricados los demás por el administrador de las rentas de alcabalas de la provincia de San Salvador, don Julián González, y el interventor igualmente encargado, don Francisco Pardo. En este libro, el factor llevó la cuenta a partir del primero de noviembre, contando desde finales de octubre de 1814. Libro real y manual común y general del ramo de aguardiente del año de 1814, firmado en cincuenta hojas, rubricadas todas, y firmada la primera por don José María Peinado, gobernador interino y jefe político de la provincia de San Salvador, y por el interventor interino de las rentas de alcabalas, Julián González, y encargado de su administración. El libro contiene las cuentas del año de 1814 de los pagos y deudas por arrendamiento o remate de estanquillos otorgados a particulares de distintas localidades de la provincia. En el folio 22, en las cuentas del mes de enero, encontramos el cargo de deuda a José María Sagastume por el remate de un estanquillo en el pueblo de Quezaltepeque, por lo cual debe pagar diez pesos al mes. Lo que debe por todo el año es 1200 pesos. El mismo señor Sagastume debe por el arrendamiento de un estanquillo de aguardiente establecido en Opico la cantidad de 1800 pesos.

Otro sector de productores y comerciantes que resultó muy afectado fue al que se le prohibió continuar con una actividad económica después de establecerse el monopolio real sobre un producto, tal es el caso de los repartimientos de indios y poquiteros de cosecha de tabaco de Ahuachapa (Ahuachapán), que antes del estanco real del tabaco cultivaban libremente este producto. Esta población fue afectada drásticamente cuando las instrucciones del estanco establecieron la prohibición del cultivo del tabaco por producirse en esa región tabaco de mala calidad, o las restricciones aplicadas en las “sacaderas” de chicha, guarapo o aguardiente que producían y comercializaban libremente en los pueblos de indios y ladinos La respuesta a estas restricciones y desventajas de cosecheros, comerciantes y autoridades locales fue la de aplicar la práctica de “obedezco, pero no cumplo”. Para contrarrestar esta respuesta y hacer cumplir las instrucciones, la Administración General de Rentas trató de otorgar condiciones jurídicas aceptables, y continuamente modificó reglamentos, ordenanzas, instrucciones, acuerdos, decretos y otras disposiciones que se corregían, aumentaban, anulaban o disminuían, a fin de garantizar el control y la efectividad de los monopolios reales. En resumen, la política fiscal y comercial de productos estancados continuamente mostró las contradicciones y la desesperación de la Corona por obtener mayores ingresos fiscales.

2.4.4. Estanco de la chicha, aguardiente y otras bebidas fermentadas El guarapo, la chicha, el aguardiente, el vino y otras bebidas embriagantes producidas en la región o que llegaban del Perú o de España fueron un tema polémico y muy controversial en la sociedad colonial, no solo por su consumo – que contrastaba con la moral católica preponderante que combatía los vicios y los excesos–, sino también por el control de su producción, distribución y venta. Unos años antes a las reformas de mediados del XVIII, en 1730, la producción local de embriagantes había sido prohibida, pero esto nunca fue respetado, aunque continuamente los funcionarios lanzaban diversas proclamas aludiendo el abuso de licores, tal como lo hacían algunos comerciantes miembros del cabildo de Guatemala, pese a que ellos mismos tenían el control de las licencias para la fabricación de estas bebidas y para la apertura de tabernas o expendios. De la misma manera se veía actuar a algunos de los alcaldes, pues eran ellos quienes debían velar por el control de consumo.45 Hasta el año de 1632 y desde épocas antiguas, la chicha y otras bebidas embriagantes, elaboradas de maíz o frutas fermentadas, eran bebidas

producidas y consumidas por los indios; después de la Conquista, lo siguieron haciendo sin ningún reparo frente al discurso católico de los evangelizadores y curas de las encomiendas. En medio de esos discursos moralizantes que siguieron durante toda la Colonia y con fines de proteger la importación de vinos y licores llegados de España, manejada por los monopolios asentados en los puertos andaluces, la Corona actuó de manera arbitraria al hacer la imposición de un impuesto a la producción local sin ser un producto estancado, al mismo tiempo que se prohibía su venta. Pero estas disposiciones en buena parte fueron ley muerta, puesto que no fueron atendidas en los pueblos de indios y ladinos; ante la prohibición, estos pueblos se acostumbraron a producir estos fermentos a escondidas y se vendía de manera clandestina en las casas reconocidas como las sacadera En el año de 1758 se creó el impuesto al aguardiente bajo el control de ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Los comerciantes, de nuevo, lograron obtener este nuevo privilegio. En ese mismo año, la Corona decidió crear el estanco del aguardiente justificando la imposibilidad que habían tenido los alcaldes y demás funcionarios de controlar su consumo. A partir de entonces, la producción, distribución y venta en todo el reino estaría bajo su control, a través de un sistema de arriendo a particulares, siendo el cabildo de Guatemala el primer arrendatario. Poco después, la Real Audiencia, justificando mal manejo de los fondos reales por el cabildo, decidió tomar el control del consumo de embriagantes de forma directa; la verdad es que tal medida tenía de fondo favorecer el comercio de vinos y licores llegados de España y Perú.46 El estanco de aguardiente, como se ha dicho en líneas anteriores, fue junto al del tabaco el estanco real más importante en cuanto a ingresos fiscales. El 22 de diciembre de 1797, este monopolio real se amplió, estableciéndose el estanco de la chicha, el aguardiente y las bebidas fermentadas. Estas nuevas medidas de recaudación se introdujeron en el marco de la nueva guerra entre España e Inglaterra y el bloqueo inglés al comercio con Cádiz; ambos conflictos paralizaron temporalmente el comercio entre las colonias y la metrópolis. Ante esas circunstancias, la Corona necesitó hacer uso de más y nuevos recursos para obtener los ingresos económicos que tanto necesitaba; pese a la limitación de sus recursos, la producción clandestina por todas partes y el contrabando era el estanco más rentable para la Corona, tal como quedó registrado para el año de 1816. En este año, los ingresos totales a las cajas reales de este rubro fueron de 50 948.43 pesos, de lo cual la data o los gastos fueron de 28 708.31, el resto fueron los ingresos líquidos.47

En la provincia de San Salvador, a falta de recursos administrativos y de fondos para pago de personal, fue la Receptoría de Renta de Alcabala la que se encargó de llevar el control y administración del estanco de aguardiente y de otorgar licencias para introducir vinos y aguardiente del exterior y para establecer tabernas o expendios de aguardiente.48

2.4.5. Estanco del papel sellado El estanco del papel sellado fue creado en la época del reinado de los Habsburgo, en el año de 1640, renta real que los Borbones incorporaron a las nuevas medidas fiscales. El uso del papel sellado fue ampliado, se dieron instrucciones de no autorizar ninguna transacción comercial y contrato sin utilizar papel sellado. Fue difícil llevar esto a la práctica a causa de la escasez de fondos para el pago de personal a cargo de este ramo. El problema se solucionó asignándole al factor general del ramo del tabaco la distribución del papel sellado y al otorgarse licencias para expendios para su distribución y venta. Los alcaldes también fueron asignados para su administración, pero el control sobre estas rentas, como sucedía con el cobro de la alcabala, lo hacían con desgano, pues para ellos no significó más que una carga sin una retribución honorable: debían encargarse de la distribución del papel sellado, obteniendo por tal actividad solamente un pequeño porcentaje, el 5% de la venta. Además, los alcaldes debían cubrir gastos del flete de Guatemala a San Salvador. En 1767, el alcalde mayor de San Salvador gozó del 5% de la venta de papel sellado, pero también se le pidió que él se encargara de cubrir el costo de la conducción desde Guatemala a San Salvador.49 Las pocas ganancias que podía tener un asentista explican el común estado de deuda en que encontraban buena parte de los asentistas. Los expendios o tercenas muchas veces no pagaban las cuentas a la factoría (“Juan de Sarmiento no ha querido pagar la cuenta del papel sellado que se le ha dado para su expendió en San Salvador”, se leía en una comunicación de 1696).50

2.4.6. Estanco de peleas de gallo y de juegos de azar Los apremios económicos de España al final del siglo XVIII hicieron que la Corona incrementara el cobro de la alcabala y ampliara la gama de productos estancados. La creación de los nuevos monopolios reales respondía, ante todo, a una necesidad fiscal. La medida se aplicó, entre otros, sobre productos como las bebidas embriagantes y fermentadas –la chicha y el guarapo– y los juegos de azar. El estanco de naipes, uno de los más antiguos, se creó en 1632. El estanco de peleas de gallo se estableció en 1797.

La diversión y los juegos de azar fueron parte de la vida cotidiana, tanto en el ámbito urbano como rural colonial; aunque eran espacios muy limitados y mal vistos por la Iglesia y las autoridades, se desarrolló una fuerte afición a los juegos de naipes, a los dados y a las peleas de gallo, no solo en San Salvador, sino también en las localidades de la provincia. La medida de control y de introducción de renta a estos juegos no logró desarraigarlos en la población, pero tampoco representaron jugosos ingresos fiscales.

2.4.7. Estanco real de tabaco El consumo del tabaco se remonta a principios del siglo XVI . Lo cultivaban pequeños y medianos productores a lo largo del reino, desde Chiapas hasta Costa Rica, pero las regiones más importantes, en cuanto a calidad y cantidad producida, eran Olocuilta e Ixtepec, en las provincias de San Salvador y Guatemala; y la de Gracias, en Honduras. A partir del establecimiento del estanco del tabaco en el año de 1766, nadie podía cultivar esta planta sin tener licencia otorgada por factor o el director general de tabacos, máxima autoridad de la Dirección o Factoría General del Estanco Real del Tabaco, cuya sede central se hallaba en la ciudad de Santiago de Guatemala, y después del terremoto de Santa Marta pasó a establecerse en la ciudad de Asunción de Guatemala. Este monopolio real fue el de mayor importancia de todos los productos estancados, el que mejores rentas proporcionaron a la Real Hacienda. Durante los primeros años se reportó déficit fiscal y no hubo fondos suficientes para cubrir los nombramientos de funcionarios, por lo que el puesto de administrador recayó en el presidente oidor, quien fungía también de superintendente y juez conservador de las rentas. Pero con los años, los ingresos fueron aumentando: para 1805, éste era uno de los ramos más productivos, después del añil. Instalada la Dirección General del Estanco Real de Tabacos, inició su organización administrativa con un contador, quien llevaba los libros de cuentas y pagos del tabaco recibido en los almacenes y los salarios de los empleados; un tesorero, quien llevaba el libro mayor donde se registraban las salidas y entradas de dinero, y un escribano. De la dirección o factoría general dependían las tres administraciones subalternas establecidas en el reino, distribuidas en las provincias productoras de tabaco: San Salvador, Ciudad Real en Chiapas, Gracias a Dios en Honduras y León en Nicaragua, que incluía a Costa Rica. Y dentro

de las provincias se podían abrir factorías en los partidos donde hubiesen arrendamiento de asientos del estanco. A finales de la Colonia, las factorías subalternas de provincias habían aumentado, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro 4 Personal y sueldos de los departamentos de la dirección y factorías de tabaco (1821) Pesos Departamento de la Dirección (ciudad de Guatemala)

12 590

Departamento de la factoría de Gracias a Dios

3995

Departamento de la factoría de Costa Rica

3350

Departamento de la factoría de León

4725

Departamento de la factoría de San Salvador

4725

Departamento de la factoría de Ciudad Real

3200

Departamento de la factoría de Quezaltenango

4000

Departamento de la factoría de Comayagua

4460

Departamento de la factoría de Chiquimula

730

Total

41 775

Fuente: cuadro elaborado para esta investigación con base en datos obtenidos en El Amigo de la Patria, núm. 14, Guatemala, 5 de febrero de 1821, fol. 147, facsimilar en Escritos del licenciado José Cecilio del Valle, tomo I, El amigo de la patria, pp. 185-194.

En muchas localidades de la intendencia de San Salvador y de la alcaldía mayor de Sonsonate hubo factorías, al menos en los partidos de San Vicente, Santa Ana, Ateos, Olocuilta, Chinameca y San Salvador. Cada factoría de partido debía contar con los puestos de factor, interventor, encargado de almacén, un escribiente, dos guardas mayores y dos guardas volantes.

Cuadro 5 La factoría de tabaco del partido de San Vicente supeditada a la factoría de San Salvador Factor

José Luis Miranda

1500

Interventor

Ambrosio Rodríguez

800

Encargado de almacén

Francisco Vertis

600

Escribiente

Francisco Varela

365

Guarda volante

Francisco Alegría

365

Primer guarda

Manuel Novoa

365

Guarda sustituto

Fernando Alegría

182

Guarda sustituto

(sin dato)

182

Fuente: AGCA, SB 1785, exp. 41 470, año de 1823.

En los primeros años, las administraciones subalternas estuvieron a cargo de los alcaldes mayores, obligación que fue recibida muchas veces con desgano. Algunos alcaldes se resistieron a cumplir esta misión, en algunos casos porque pesaron más los vínculos con los comerciantes. A raíz de estas circunstancias se estableció, en el año de 1767, que los administradores de las factorías procedieran por sí solos y que los alcaldes mayores los apoyaran, so pena de 500 pesos.51 Una acción inmediata de la Dirección General del Tabaco fue el aumento de precio. Esto fue recibido por los asentistas cosecheros como un agravio; también los concesionarios de los estanquillos de tabaco y, obviamente, los consumidores mostraron su descontento. El malestar fue aún más grande, pues a esta medida se le sumó la supresión de expendios y lugares de venta.

Cuadro 6 Departamento de la factoría de tabaco de San Salvador Pesos Factor

Mariano Cajal

1500

Interventor

Jorge Eduardo

800

Fiel de almacén

Rafael Ferrer

600

Escribiente

Antonio Eceta

365

Primer guarda

Francisco Alegría

365

Segundo guarda

Fernando Alegría

365

Tercer guarda

Manuel Novoa

365

Cuarto guarda

Miguel Maceda

365

Total

4365

Fuente: El Amigo de la Patria, núm. 14, Guatemala, 5 de febrero de 1821, fol. 147, facsimilar en Escritos del licenciado José Cecilio del Valle, tomo I, El amigo de la patria, p. 187.

2.4.8. Medidas prohibitivas y calidad del producto La Dirección General del Real Estanco del Tabaco dejó claro en las Instrucciones cuáles eran los parajes donde se podía sembrar tabaco y cuáles tenían prohibido hacerlo, así como la forma de adquirir permiso para sembrar y la forma de cómo conducirlo a los almacenes del Estanco Real. Ahuachapán era una de las regiones a las que se les prohibía la cosecha del tabaco, prohibición que incluía Ateos y Guaymoco.52 Sin embargo, unos diez años más tarde, se aceptó el tabaco cultivado en Ahuachapán, pero no en Guaymoco.53 Según bando del 22 de abril de 1776, de la provincia de San Salvador se recibiría producto cosechado únicamente en los partidos de San Salvador, Olocuilta y Chinameca,54 aunque también se cosechó y se dio licencia para cultivar tabaco en Santa Ana, Ateos y en otros lugares más de la provincia y de la alcaldía mayor de Sonsonate. Los cosecheros vieron estas medidas prohibitivas como contradictorias al sistema de libre producción y venta; sin embargo, las razones argumentadas por la Factoría General tenían otro punto de vista: la prohibición tenía que ver con la calidad de la producción. Así, se prohibió en las regiones donde se sabía que el

producto era de baja calidad. Del tabaco de Ahuachapán se dijo que era de “poco valor”. Fueron muchos los cultivadores que quedaron fuera; y éstos, antes de caer en la total ruina, tomaron actitudes de desacato y continuaron sembrando tabaco para comercializarlo, ya sea a través del fraude en el mercado legal o por el contrabando, en el mercado ilegal. Los repartimientos de indios de Aguachapa y Guaymoco, que en el marco de las reformas económicas y a partir de 1767 se habían integrado a la economía de mercado a través del cultivo del tabaco,55 resultaron perjudicados con la apertura del Estanco Real del Tabaco al establecerse las prohibiciones de siembra en sus localidades, de nuevo volvían a quedar fuera de la economía de mercado. Con las restricciones y normas de calidad se afectó a los sectores más pobres, a pequeños y medianos productores que no tenían la posibilidad de cumplir con los estándares exigidos; tampoco se les apoyó para lograr un nivel de competencia en el mercado. En los almacenes de las factorías no sólo se observaba la calidad de la planta, sino también el secado de la hoja. Los almaceneros cuidaban de no recibir tabaco en mal estado, puesto que no todos los comerciantes acataban las normas de calidad exigidas por la Factoría General. Tal fue el caso del tabaco que se recibía en los almacenes de San Salvador procedente de Santa Ana, del que hubo quejas en la factoría respecto al producto que había ingresado de este partido (“lo repugnaba este público por no tener un perfecto beneficio y estar enfardado sumamente húmedo”, “por lo que servirá, dijo el almacenero al factor, prevenirme lo que deba de hacer con el existente que son veintiséis, con el supuesto que si se guarda mucho tiempo, se podrirá todo el fardo”).56 Y es que los productores y consumidores reconocían diferentes calidades de tabacos: suave y fuerte, corto, regular y largo, según el tamaño de la hoja; y conforme a las calidades y regiones se establecieron los precios. El producido en la provincia de San Salvador tenía fama de ser de buena calidad, fue clasificado como largo y fuerte, corto y suave; el precio se estipulaba por manojo. El tabaco de Ixtepec, Olocuilta y Chinameca fue catalogado como fuerte y largo, y su precio fue de tres manojos por un real; el corto, a dos y medio por real; el suave, tres manojos por medio real.57 Sin embargo, la calidad del tabaco de la región de Centroamérica no se podía comparar con el tabaco que llegaba desde La Habana, superior y más fino, que llegaba a Guatemala en polvo, con un valor de tres pesos la libra.

Cuadro 7 Calidades del tabaco y precios del tabaco en el año de 1765 Fuerte regular y fuerte corto Suave corto y largo Tabaco de Olocuilta e Ixtepec Tabaco de Chinameca largo Tabaco de Chinameca corto

Dos reales y medio el manojo Real y medio el manojo Real el manojo Dos reales y medio Dos reales

Fuente: AGCA, SB, leg. 1785, exp. 41445, Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala.

Además que las exigencias de calidad ocasionaron la puesta al margen del comercio de muchos productores –que no pudieron o no quisieron tomarlas en cuenta–, también propició el desacato, que en los cosecheros fue una constante. En los años subsiguientes, los cultivadores de Ateos, Guaymoco, Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán continuaron sembrando tabaco de manera clandestina; si no era destruido por los guardas de las factorías, el producto llegaba a su destino: el contrabando.

2.4.9. San Salvador, mayor productor de tabaco Aunque la centralización del producto era en la ciudad de Guatemala, la mayor parte del tabaco que ingresaba a los almacenes reales de la ciudad de Guatemala llegaba de Olocuilta e Ixtepeque. Le seguía el tabaco de Copán. Este dato indica que en la provincia de San Salvador se producía, en esos años, importante cantidad de este producto. En el siguiente cuadro se muestran los ingresos, gastos y utilidades liquidas que aportó la provincia de San Salvador a las rentas de tabaco de la Comandancia General de la Real Hacienda, en los años de 1817 a 1821. Cuadro 8 Año Ingreso Gasto Utilidad líquida

1817 141 544 78 765 62 779

1818 134 204 81 673 52 531

1819 135 355 69 072 70 283

Fuente: AGCA, SB, leg. 3651, exp. 86020, año de 1823.

1820 140 835 86 743 54 092

1821 122 899 90 276 32 623

2.4.10. Fletes Una de las mayores desventajas con las que cargaron los asentistas del tabaco fue el pago del flete para el traslado de la cosecha a los almacenes de acopio establecidos en las cabeceras de las provincias y en la ciudad de Guatemala. Comúnmente, los productores debían recorrer largas distancias para hacer la entrega al almacén, lo que representaba un costo de transportación que no era reconocido por la factoría; la transportación de las mercancías no solo significó costos, sino contratiempos e incomodidades para los cosecheros, debido a que en las provincias del reino los caminos eran casi inexistentes.58 En Costa Rica, los asentistas trasladaban a paso de mula su tabaco al almacén de la factoría de Granada; los de Chinameca tenían que hacer el traslado pagando arrieros y debían transportar a lomo de mula los fardos de tabaco a San Salvador, con el riesgo que en el camino los atracara una banda de asaltantes, como le sucedía comúnmente. José Orellana, como muchos cosecheros de San Miguel, transportaba su tabaco a la factoría de San Miguel por atajos para evitar los atracos, “lo que ha significado –escribía en una nota dirigida al factor– desgaste de mulas, de mozos, y eso no se ha aumentado a la venta”, por lo que le pedía a la Dirección General de Tabacos que se le reconocieran los gastos adicionales por el traslado de su tabaco. La respuesta del contador general en Guatemala, Francisco Covo, fue que se gratificaría nada más a los arrieros.59 Pero el pago de los arrieros no era el único gasto adicional en el que había incurrido el señor Orellana. Sucedía, también, que los compromisos de pagos de gratificación eran incumplidos por la Administración General de Rentas.

2.4.11. Cigarros y puros En 1797, las nuevas reformas fiscales agregaron al estanco del tabaco la producción y venta de cigarros y puros. Hasta ese año, la Dirección General del Estanco de Tabaco había dejado libre su producción y venta. Pero la disposición fue modificada a partir del ingreso de nuevos productos a las rentas reales estancadas. Se desautorizó la fábrica de puros y cigarros que hacían mujeres en sus casas o en talleres familiares. Incluso, los puros o cigarros de tuza únicamente podían ser vendidos en expendios autorizados, quedando prohibidas las ventas que muchas mujeres hacían en los caminos, pueblos o plazas. Y aunque se estipuló que las fábricas o talleres familiares quedaban libres para poner precios a sus productos, se les exigía licencia y les fue obligatorio comprar el tabaco en los almacenes reales. La medida afectó a gente muy pobre de las ciudades y rancherías dedicadas a la fábrica y venta de estos productos.

Los expendios o tercenas de tabacos abrieron únicamente en los lugares establecidos por la Dirección General de Tabacos. Se abrió una en Sonsonate y otra en San Salvador, también en ciudad de Guatemala y en otros puntos de la Audiencia. El encargado de una tercena ganaba el 4% de la venta. Todas estas nuevas medidas fueron diseñadas para otorgar mayor ventaja al fisco real, en una época en la que la Corona demandaba más ingresos; sin embargo, se tradujeron en mayor ruina para muchos pequeños productores y vendedores, a quienes se les negó participar en la actividad. Pero tampoco tener una tercena significó la obtención de grandes ganancias, pues los márgenes de ganancia eran muy limitados. Y tampoco se puede deducir que hubo grandes ingresos para la Hacienda Real; buena parte de los ingresos recibidos por la Contaduría General servían para pagar gastos de personal, de vigilancia y persecución del mercado ilícito.

2.4.12. Contrabando y siembra clandestina de tabaco Como parte de las acciones reformadoras, se incrementó el gasto para la defensa militar a fin de suprimir el mercado extranjero ilícito, particularmente el inglés, fuertemente posesionado en la región de la costa atlántica de Honduras y la Mosquitia en Nicaragua. También se buscó eliminar el fraude y destruir la producción clandestina de mercancía prohibida. Para los reformadores, el contrabando era un asunto viejo que había que desmantelar y uno de los temas en los conflictos de España con los ingleses, portugueses, franceses u holandeses, pero sobre todo con los ingleses. Las potencias europeas rivales, en el afán de romper el monopolio español y penetrar comercialmente en todo el continente americano, se introdujeron en la vida de las colonias españolas a través de la piratería, el contrabando o el fraude. España nunca pudo con este flagelo, pese a que tomaron medidas para reducirlo; sin embargo, debido a la falta de recursos, en lugar de disminuir la competencia ilegal, se incrementó. También en el reino de Guatemala el contrabando se combatía desde hacía mucho tiempo, desde la época de los Austrias, y los reformadores borbónicos continuaron haciéndolo. Para la Real Audiencia, era una prioridad controlar las bandas de asaltantes que robaban el tabaco para su venta en el mercado ilegal o destruir las plantaciones de tabaco no autorizadas; era éste un tema central para sanear la economía.

A mediados del XVIII, en la región se encontraba establecido un importante mercado ilegal, manejado por piratas y mercaderes británicos, los que comerciaban cacao, tabaco, añil y metales preciosos. No lo hacían mediante el robo, como años atrás, sino a través del comercio ilegal establecido en Trujillo60 y en la Mosquitia, comercio efectuado en complicidad con las autoridades gubernativas españolas del reino, alcaldes mayores, capitanes generales y gobernadores, entre otros. También por el puerto de Acajutla se registró en esos años ingreso de contrabando procedente de Acapulco; así lo denunciaba en 1799 Francisco Lorenzana, quien informó que los contrabandistas utilizaban un despoblado a cuatro leguas del puerto, además de la venta clandestina que hacían los marineros de las embarcaciones alojados en el barrio Veracruz de la villa de la Santísima Trinidad de Sonsonate.61 Los mercaderes que dominaban el cabildo de la ciudad de Guatemala participaron muy activamente en ese mercado, aunque paralelamente actuaban en el mercado legal. Esta actitud desleal la pusieron en práctica ante la reducción de privilegios y ventajas en el comercio establecido. El contrabando de tabaco, vinos, puros y cigarros, chicha y aguardiente, y las siembras clandestinas de tabaco, significaron evasión de impuestos y desataron un mercado y una ruta comercial paralela a la establecida. Era una manera de los sectores no privilegiados “de obedecer, pero no cumplir” ante la Real Hacienda; estos sectores, para salvar su economía, actuaban vinculados al comercio ilegal, ya sea en el contrabando o en la siembra clandestina. El contrabando y la siembra clandestina proliferaron, rebasaron la capacidad de la factoría de Guatemala y de provincias para destruirlo. Para los factores, lo más apremiante era la falta de suficientes guardas. Eran muchas las peticiones que constantemente se enviaron desde Sonsonate o San Salvador demandando el envío de más personal para perseguir a las bandas de contrabandistas. Las siembras clandestinas no solo distorsionaron el comercio, sino que también redujeron las rentas reales, tal como lo hace notar el factor de Santa Ana en documento enviado al factor de San Salvador, exponiendo la mala situación de las rentas de tabaco en Santa Ana a causa del contrabando y la siembra clandestina. El contrabando y la producción ilegal se hallaban entre los delitos más perseguidos. Se estimuló la denuncia en la población: al denunciante se le ofrecía en recompensa la tercera parte del producto en cuestión. Pero a pesar de las medidas de control y persecución de ilícitos, el contrabando y la producción ilegal proliferaron por la

provincia de San Salvador y Sonsonate y por las demás provincias del reino. Alarmados los factores locales, continuamente solicitaron nuevas plazas de guardas para formar comisiones para la destrucción de la siembra clandestina y la persecución de las bandas de contrabandistas. Las plazas solicitadas eran de guardas mayores o principales y volantes, pagando hasta 350 pesos para el primero y 200 a los volantes, al año. Ya por falta de presupuesto o de personal idóneo, algunas plazas se cubrían y otras no, de tal manera que nunca fueron suficientes; resultado: el contrabando y la siembra clandestina fueron imposibles de detener o disminuir.62 El contrabando aumentó alimentado de la producción clandestina y de la producción contratada por la Real Hacienda, y es que algunos asentistas comercializaban parte de su cosecha en el merado ilegal para evadir impuestos y aumentar ganancias. Los gastos extraordinarios para controlar el mercado ilegal y el aumento de éste fueron muy nocivos para el comercio legal, y significó una derrama importante de recursos que salían de las cuentas fiscales de la Real Hacienda, lo que hizo que el producto líquido en las Cajas Reales fuera muy bajo.

2.5. El erario público en la época de la Independencia y la guerra contra la anexión Desde fechas cercanas a la Independencia hubo mucha preocupación entre intelectuales, comerciantes del Consulado del Comercio y funcionarios de la Real Hacienda por el aumento del contrabando, la escasez del erario público y la paralización de la economía. 63 El comercio se hallaba reducido en parte por la baja de precios del añil y escasa cosecha; pero, también, por los cargos, costos y riesgos que desde 1819 había provocado el cierre del tráfico comercial del golfo Dulce a causa de los ataques de la piratería a la guarnición de San Felipe y a la apertura del libre tráfico por el establecimiento británico de Walis, que el mismo Jefe Político había aprobado. 64 Los comerciantes del Consulado presagiaban que con esto se abrían puertas anchas al tráfico clandestino, llenándose la región de productos extranjeros en detrimento de la industria, comercio propio y de la hacienda pública. José Cecilio del Valle, quien había cuestionado las rentas estancadas, ahora se manifestaba frente al incremento del contrabando del tabaco, diciendo que este producto debía continuar estancado, procurando su mayor abundancia y baratura. 65 Pedro Naxera, contador general de la Real Hacienda, declaró en el Editor Constitucional que en vista que había

incapacidad para fomentar el comercio, la agricultura y la industria, proponía recurrir al desarrollo de la minería con el apoyo de expertos de Nueva España. 66 Por su parte, el Consulado de Comercio pedía que se restableciera la guarnición de San Felipe para controlar el contrabando y que se adoptara el sistema de comercio marítimo a través de pequeños buques acompañados de buques de guerra, que se abrieran temporadas de comercio y que se levantara la prohibición de trajinar por el golfo Dulce. 67 De acuerdo con el informe brindado en España el 11 de marzo de 1824 por Manuel Vela, último tesorero de las Reales Cajas de Guatemala, quien regresó a España por no querer reconocer al gobierno independiente, la hacienda real de Guatemala estuvo durante muchos años en muy triste situación, sus ingresos eran bastante menores que los gastos y que a la hora de la entrega de su cargo, el 29 de septiembre de 1821, sólo había en el erario 60 pesos y medio real. 68 Pero la crisis fiscal y comercial no solo fue provocada por la piratería, la producción clandestina, altos impuestos y la crisis del añil, sino también por la crisis política que produjo el proceso de independencia y la guerra que San Salvador enfrentó contra las tropas anexionistas de Guatemala e Iturbide, en 1822. Los centroamericanos habían pensado en la independencia como algo inminente y cercano después de las noticias recibidas sobre la existencia del Plan de Iguala, en marzo de 1821. La expectativa duró largos meses. Llegado el mes de septiembre, la situación se volcó caótica. Chiapas se declaró separada de Guatemala y se anexaba a México el 3 de septiembre; varios ayuntamientos –Quezaltenango, Comayagua y León– siguieron su ejemplo. Más tarde a México se anexaban Costa Rica, la misma Guatemala, Santa Ana y San Miguel. Meses más tarde penetraron a San Salvador tropas de Guatemala y después tropas iturbidistas bajo el mando de Vicente Filísola para reducirle militarmente y que se anexara a México, como lo había hecho el resto de Centroamérica.69 En medio de tan espinosa situación en la que se encontraba la provincia de San Salvador, los cosecheros, comerciantes y hacienda pública intentaban lo suyo. En Santa Ana, durante las convulsiones políticas y la ocupación de tropas de San Salvador de la ciudad cabecera del partido, en octubre de 1822, crecía una importante cosecha de tabaco, al menos dos millones de plantas que a fines de noviembre debía recogerse, aunque el gobierno de San Salvador logró parar buena parte de las siembras. Y es que Santa Ana muy recientemente había obtenido la aprobación de cultivar este producto,

después de contar durante mucho tiempo con la prohibición por la mala calidad del producto y por el poco cuidado de sus cosecheros para el resguardo. Dos razones le habían valido a los cosecheros de Santa Ana el obtener licencia para cultivar: una, que se habían esmerado por mejorar la calidad, ahora su tabaco era comparable con el de Ixtepeque; y la otra, que el tabaco de San Vicente desde hacía cuatro años atrás había desmejorado a causa de lo estéril y cansados que estaban los suelos por los continuos cultivos, por lo que la Administración de Rentas autorizó los cultivos en Santa Ana en un número no mayor de dos mil tercios o quintales. Ante las noticias que debía levantarse la cosecha en noviembre, José Velasco, director general de tabacos de Guatemala, puso manos en el asunto para evitar que los cosecheros transaran con contrabandistas debido a que, según Velasco, los dueños de los cultivos en cuestión no tenían muy buena reputación; y los almacenes y factorías, gracias a las circunstancias, no estaban funcionando bien. Pidió al factor de San Miguel, Mariano Cajal, que con urgencia se trasladara a Santa Ana para encargarse de observar la calidad de la cosecha, recoger, comprar y “establecer las ramadas en los pasajes más proporcionados” para su resguardo. Según sus cálculos, podía tener un valor de unos veinticinco mil pesos, monto que debía ingresar al erario público y no dejarlo al contrabando. 70 En los últimos meses, antes de declararse la Independencia Absoluta, Vicente Filísola, preocupado por cómo hacer para obtener recursos para mantener su tropa mientras no regresaban a México en medio de una situación económica sumamente caótica –y siendo jefe político de la Audiencia, nombrado por Iturbide–, pedía encarecidamente al director general de Tabacos que le informara con qué cantidad de tabacos contaba esa dirección. El contador general, Gerardo Arguello, le informó que el consumo anual era de 600 000 libras del de rama, 30 del desmenuzado, 400 del de polvo fino y 300 del árabe; revisó los libros de los almacenes y los estados del distrito de la Factoría General y le reportó lo que hasta la fecha de ese día, 29 de abril de 1823, había en existencia, lo cual se muestra en el cuadro siguiente:71

Cuadro 9 Tabaco en existencia

Precios

13 600 tercios, lo que puede Tabaco en hoja a 6 reales la ser 1 233 000 libras libra 50 sacos del tabaco desmenuzado limpio, conteniendo 6 250 libras

Tabaco desmenuzado a 8 reales la libra

2 076 libras de tabaco en polvo fino

Tabaco en polvo fino a 27 reales la libra

6 348 libras de tabaco nuevo 300 del árabe a 17 reales la o árabe libra Total

482 000 pesos

Fuente: AGCA, SB, leg. 1785, exp. 41 466, año de 1823.

En suma, había una cantidad importante de tabaco en los almacenes, que seguramente no había sido posible distribuir a los estanquillos y tercenas por la crisis política que se vivía. Esto nos muestra que al año de 1823 la situación económica seguía siendo caótica.

2.5.1. Aspiraciones de autogobierno, libre comercio y supresión de cargas fiscales A pesar de los cambios promovidos por los reformadores borbónicos, el viejo sistema comercial colonial de carácter monopólico y proteccionista no pudo renovarse de manera importante; la política de libre mercado no logró establecer el comercio justo, acabar el monopolio comercial de la ciudad de

Guatemala y estimular los estrechos mercados de las provincias. La política fiscal y de comercio libre se convirtió en una enorme carga económica y tierra fecunda para las ideas de autonomía, independencia y de nuevo gobierno, sustentadas en las ideas de ilustración y liberalismo económico, ideas que las élites de españoles, criollas y de mestizos asimilaron y utilizaron para lograr el rompimiento con España. A fin de cuentas, las reformas alteraron la vida en los ámbitos económico, social y cultural, sin lograr consolidar el Estado absolutista. Comenzó así un proceso de cambios que condujo a las provincias a la introducción de un sistema de autogobierno que acabó con el poder centralizado guatemalense. Sin embargo, en el paso de la Independencia a la República Federada continuaron latentes una serie de problemas irresueltos. A finales del siglo XVIII, la política de comercio libre colapsó y la región continuó padeciendo la crónica y aguda bancarrota económica, en parte ocasionada por la paralización de la navegación mercantil que hizo disminuir el comercio con la metrópolis debido a la guerra con Francia en los años de 1793-1795, la guerra con Inglaterra en 1797, y también debido a las plagas de langostas que dañaron la agricultura en esos años (en 1801 y 1802, una plaga de langostas causó destrucción en la producción añilera).72 También hubo aumento del contrabando, de la producción clandestina de tabaco y bebidas embriagantes. El mercado legal se vio disminuido y aumentó el ilegal, y por lo mismo los ingresos del Estado también se vieron afectados. En el año de 1809, la situación empeoró, fue un año de bajos precios del añil. Era imposible que todo esto no afectara de manera trascendente a la economía de la región, y mucho más en la intendencia de San Salvador y Sonsonate. Las medidas fiscales diseñadas por los reformadores borbónicos, aplicadas a medias y sin suficientes recursos financieros y administrativos, no obtuvieron la eficacia administrativa esperada, ni mucho menos aumentaron las arcas de la Corona a través de las rentas estancadas y la alcabala; ni siquiera sirvieron para fortalecer la administración hacendaria. El resultado fue esa gravosa crisis económica que persistió y que se profundizó en 1797; esta situación económica caótica produjo descontentos y deslealtades, los que favorecieron el proceso de Independencia. Con las nuevas medidas fiscales se produjeron nuevos monopolios y se reafirmaron tradicionales grupos de poder, tal es el caso de los comerciantes de Guatemala, que funcionaban en la época de los Habsburgo vinculados al cabildo de la ciudad. Luego llegaron los Borbones al poder –y el establecimiento del Consulado de Comercio–, grupo élite que se incorporó de manera importante al mercado legal, pero que también

continuó actuando en el mercado ilegal. Pese a que fueron grupos que se beneficiaron con las medidas reformadoras, la alianza con la Corona y la lealtad a ésta dejó de existir y a la menor oportunidad se buscó el rompimiento. Esta oportunidad llegó con la firma del acta de Independencia. El sistema de rentas estancadas durante la época de los Borbones fue una medida fracasada por la incapacidad de generar un sistema eficaz ante la falta de recursos y de mecanismos institucionales suficientes, y también porque con ese sistema tampoco se logró acabar con los monopolios particulares, puesto que no se pudo generar un mercado libre que brindara oportunidades de competir y lograr equilibrio social y económico. El resultado no fue el debilitamiento de la élite de comerciantes, sino su mejor posicionamiento. Tanto el cobro de la alcabala como el del arrendamiento de asientos de estancos fue una medida difícil de acatar, ya que hubo resistencia por parte de alcaldes y gobernadores para colaborar con la Audiencia Real. Debido a la pobreza del comercio en los pueblos, los alcaldes y comisionados no se atrevían a cobrar los impuestos. Los productores y comerciantes del añil, los pequeños productores, distribuidores, comerciantes y aun los consumidores no favorecidos por el sistema de rentas estancadas fueron los sectores más agraviados; los mismos asentistas y arrendatarios mostraron molestias debido a que la política fiscal de rentas estancadas se volvía para ellos una carga pesada. Gracias al descontento y los resentimientos, todos estos grupos y sectores sociales generaron simpatía por las nuevas ideas que se difundían, ideas de igualdad, libertad, autogobierno y autonomía. Se rompía, así, el pacto de convivencia entre la monarquía con sus dominios en el reino, un pacto de convivencia entre la autoridad central y el poder de las élites locales que se había mantenido respecto al estilo tradicional de gobierno, administrativo y fiscal. Por otra parte, el mercado legal fue un mercado controlado que se sostenía con base a la centralización administrativa y presupuestaria, las restricciones para el cultivo y la importación de algunos productos como el papel, el vino o el azogue. El otorgamiento de asientos y de privilegios a particulares creó nuevos grupos leales a la política de la Corona, grupos que mostraron lealtad, en pago por el privilegio de participar en los monopolios reales, que convivían fusionados con los establecidos en la época de los Habsburgo y que las reformas no lograron reducir, tal es el caso del monopolio comercial del añil manejado por los Aycinena de la ciudad de Guatemala.

6. NOTAS 1

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7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

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SV.AGN.CO.005.02, caja 5-l, libro, 1.20. En 1674, Martín de Vicuña dio poder a Tomás de Narváez para que traslade mercancía, géneros y frutas, en SV.AGN.CO.005.02, caja 5-l, libro 1.25. Protocolo de la escribanía pública de Sonsonate a cargo de Francisco Antonio Calderón, SV.AGN.CO.005.04-Caja 5-1 Libro, exp. 4.18. John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 257; Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808, pp. 473-477. John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 215. Ibíd., p. 219. Ibíd., y Florescano, Enrique; y Menegus, Margarita, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808).” John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 257. Manuel de Gálvez, alcalde mayor de San Salvador, Relación geográfica de la provincia de San Salvador, en Miguel Ángel García, en Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, tomo I. AGCA, A.3.13., leg. 229, exp. 4197, año 1777, folio 3 vuelto. Manuel de Gálvez, “Relación geográfica de la provincia de San Salvador”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 200, tomo I. Adolfo Bonilla Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada 1793-1838, p. 87. AGCA, B, leg.1809, exp, 539, 5 f., Libro Real de Remisión en el que el receptor de San Vicente don Felipe Barraza llevó la cuenta y razón del ramo de aguardiente. Consta que en remate de 1 de noviembre de 1813 fue otorgado el arrendamiento del estanquillo al asentista Francisco Prado, valuado en 40 pesos mensuales; no hubo otra oferta ni otro postor. Durante el último cuarto del siglo, Centroamérica, liderada por El Salvador, produjo aproximadamente veinticinco millones de libras de índigo. Véase, Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110. Véase en el Estado General de Intendente José Antonio Gutiérrez y Ulloa, pp. 23 y 24, en la que describe la producción de la hacienda La Joya, propiedad del marqués de Aycinena, y dos haciendas de Esteban Yúdice. José Antonio Gutiérrez y Ulloa, Estado general de la provincia de San Salvador, reyno de Guatemala, 1807, p. 6. José Manuel Santos Pérez, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 75. Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110. John Linch, Los Austrias, p. 210. José Manuel Santos Pérez, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 73. José María Vallejo, La Real Audiencia de los confines y de Guatemala (1543-1821), esbozo de su historia institucional, p. 55. José Manuel Santos Pérez, La práctica de autogobierno en Centroamérica. Conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, pp. 69-94. Héctor Lindo, La economía de El Salvador en el siglo XIX, p. 33. José Manuel Santos Pérez, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 76. Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110. Miguel Ángel García, Diccionario geográfico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 311, tomo I.

34 35 36 37 38 39

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Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90110. Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 108. AGCA, A3, leg. 72, exp. 1395, año 1776. Pedro Cortés y Larraz, Descripción geográfica-moral de la diócesis de Guatemala, pp. 71 y 81. AGCA, A3.4, leg. 230, exp. 5813. La fianza se comprometía bajo escritura pública fechada 14 de enero de 1807, como en el caso del fiador Felipe Suárez, quien dio fianza de pago para el estanquillo de aguardiente otorgado a Cristóbal Meléndez, en SV.AGN.CO.005.07-Caja 5-3 Libro de protocolo, exp. 10.1 Fernando Sánchez Ugarte, Los estancos en la Nueva España, pp. 13-14. AGCA, SB, LEG. 1785 Exp. 41470. AMS. Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados, exp. 17. José de Nájera y Batres, en 1820, era alcalde mayor de Sonsonate, también era jefe político y juez subdelegado de Hacienda de la provincia. Véase en documento con fecha de 9 de sept. de 1820, AMS, Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados, exp. 25. Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 110. José Manuel Santos Pérez, La práctica de autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 78. José Manuel Santos Pérez,“La práctica de autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 82. AGCA, A3.3, leg.73, exp. 581. Ibíd. AGCA, A3.19, leg. 4153, exp. 1915. AGCA, A3.19, leg.2113, exp. 31 983. Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala p. 115. Estas disposiciones fueron divulgadas a los comerciantes y productores por bando publicado el 17 de marzo de 1766; véase en Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala p. 112. Bando que prohíbe siembra del tabaco en aquellas zonas donde se ha acreditado la experiencia de no producirse de buena calidad; sólo se aprueba la producción de Ahuachapán, Chinameca y San Salvador. AGCA, A3.13, leg. 229, exp. 4195, 9 folios, Guaymoco, 22 de abril de 1776. AGCA, A3.13, leg. 4195, exp. 229, p. 9. AGCA, A3.13, leg. l385, exp. 360. AGCA, SB, leg. 1785, exp. 41 445. Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 119. En las “Instrucciones que el ayuntamiento constitucional de San Salvador da a su diputado en Cortés, el señor don José María Álvarez, formadas por su regidor, el licenciado Mariano Franco Gómez”, año de 1820, se expone que no hay caminos para el tráfico de productos agrícolas y comerciales, al grado de que los fletes sobrepujan a las ganancias que pueden adquirirse por la importación y exportación. Véase en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 309, tomo I. Nota fechada el 10 de enero de 1823, en la que además comunicaba el envío de 45 cargas de tabaco, AGGA, SB, leg. 1785, exp. 41 445. José María Vallejo, La real audiencia de los confines y de Guatemala (1543-1821), esbozo de su historia institucional, p. 51. AMS, Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados, exp. 15. Documento citado por Jorge Luján Muñoz, de fecha de 16 de septiembre de 1766, en El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 128.

64 65 66 67 68 69 70 71 72

Véase en El Amigo de la Patria el escrito de Pedro Naxera “Minería”, núm. 19, fol. 404, Guatemala, marzo 17 de abril, pp. 258-261; también en “El Amigo de la Patria”, núm. 18, Guatemala, 9 de marzo de 1821, documento del Consulado Nacional de Comercio, pp. 245-249. El Amigo de la Patria, núm. 18, Guatemala, 9 de marzo de 1821, documento del Consulado Nacional de Comercio, pp. 245-249. El Amigo de la Patria, num. 1, fol. 1, Guatemala, octubre 16 de 1820, p. 14. “Minería”. Documento dirigido por el contador general, Pedro Naxera, al superintendente general, publicada por El Amigo de la Patria, núm. 19, fol. 404, Guatemala, marzo, 17 de abril. Ibíd. Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala, vol. 12, Num. 1, sept.1, sept. 1935, pp.3-28. Véase en Eugenia López Velásquez, capítulo “Centroamérica independiente y fragmentada”, pp. 69-82, en La Intendencia de Salvador durante la independencia y el imperio del septentrión. AGCA, SB, leg. 1768 41181, 2f., Guatemala, 23 de octubre de 1822. AGCA, SB, leg. 1785, exp. 41466. Roberto Turcios, Los primeros patriotas, p. 63 José Antonio Fernández, Pintando el mundo de azul, pp. 58-59.

7. FUENTES CONSULTADAS

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AGCA, A3.19,

leg. 4153, exp. 1915

AGCA, A3.19,

leg. 2113, exp. 31 983

AGCA, A3.3, AGCA, SB, AGCA, B,

leg. 73, exp. 581

leg. 1785, exp. 41 470

leg.1809, exp. 539, 5f

AGCA, SB,

leg. 1768, exp. 41 181, 2f

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caja 5-libro, exp. 1.13

SV, AGN, CO. 005.02,

caja 5-libro, exp. 1.20

SV, AGN, CO. 005.02,

caja 5-libro, exp. 1.25

SV.AGN, CO. 005.04,

caja 5-libro, exp. 4.18

SV.AGN, CO. 005.07,

caja 5-libro, exp. 10.1

Archivo Municipal de Sonsonate AMS: AMS,

Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados,

exp.15 AMS,

Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados,

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Entre los ilustrados que aplicaron y difundieron las ideas mercantilistas en España se encuentran los economistas José Campillo, asturiano, quien fue nombrado en 1741mientras gobernaba Felipe V, ministro de Marina, Guerra e Indias. Desde ese cargo impulsó una reforma de la Real Hacienda para propiciar la administración directa de las rentas por parte del Estado o, en su defecto, reducir la incidencia de los asentistas y arrendadores particulares. Otros ilustrados fueron Bernardo Ward, de origen irlandés, quien publicó en 1750 su texto Obra Pía, Melchor de Jovellanos, cuya obra se tituló Informe de la Sociedad economiza de esta corte real y Supremo Consejo de Castilla; y Pedro Rodríguez de Campomanes, de mentalidad liberal. Ellos fueron los más importantes impulsores de la economía política hispánica, escribieron textos que orientaron las reformas económicas del imperio español a partir de las grandes escuelas económicas de la época, el liberalismo económico, los fisiócratas y, en particular, de las ideas de John Locke, Adam Smith, David Ricardo y Francois Quesnay. Sin embargo, tanto Adam Smith como David Ricardo pusieron reparos al comercio colonial, porque significaba una flagrante trasgresión de la libertad comercial y de la ley de la oferta y la demanda; ambos eran conscientes que la política económica colonial imponía precios de monopolio e impedía la libre producción. Véase en Carlos Lazo García, “Procesos económicos y perfiles de políticas macroeconómicas, Perú colonial 1532-1800”, en Historias, investigaciones sociales, año VI, núm. 10, pp. 89-107, UNMSM, Lima, 2002,http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibVirtualData/publicaciones/inv_sociales/N10_2002/a05.pdf. 2 John Linch. Los Austrias (1598-1700), pp. 31-33. Las ideas que sustentaron las Reformas Borbónicas son parte de los aportes del desarrollo científico, técnico y nuevas doctrinas económicas basadas en el racionalismo que dan forma al capitalismo. Las ideas del libre comercio, del mercantilismo y el planteamiento fisiócrata se conjugan con las prácticas absolutistas, monopolistas y feudales, de lo cual resultan procesos económicos contradictorios. 3 John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 37. Sin embargo a pesar de ese poder central en las colonias se desarrolló una economía que favoreció la creación de monopolios de grupos de poder de las colonias. 4 Roberto Turcios, Los primeros patriotas, p. 67. 5 Manuel Rubio Sánchez, Historia del puerto de la Santísima Trinidad de Sonsonate o Acajutla, p. 27. 6 Ibíd., p. 18. Según el autor, en la época de Felipe II se reglamentó el tráfico marítimo entre España y sus dominios americanos; sin embargo, para estos años aún quedaba libre el comercio del mar del Sur. 7 Manuel Rubio Sánchez, Historia del puerto de la Santísima Trinidad de Sonsonate o Acajutla, p. 25. 8 Ibíd., pp. 23-33. 9 Véase el caso de Joan Vengoa en SV.AGN.CO.005.02, caja 5-l, libro 1.13. En Sonsonate, con fecha de 4 de abril de 1674, el dueño de la fragata San Miguel Arcángel daba en arrendamiento su nave para que se fletara desde el Realejo a la ciudad de Panamá, véase en SV.AGN.CO.005.02, caja 5-l, libro, 1.20. En 1674, Martín de Vicuña dio poder a Tomás de Narváez para que traslade mercancía, géneros y frutas, en SV.AGN.CO.005.02, caja 5-l, libro 1.25. 10 Protocolo de la escribanía pública de Sonsonate a cargo de Francisco Antonio Calderón, SV.AGN.CO.005.04-Caja 5-1 Libro, exp. 4.18. 11 John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 257; Enrique Florescano e Isabel Gil Sánchez, La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808, pp. 473-477. 12 John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 215. 13 Ibíd., p. 219. 14 Ibíd., y Florescano, Enrique; y Menegus, Margarita, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico (1750-1808).” 15 John Linch, Los Austrias (1598-1700), p. 257. 16 Manuel de Gálvez, alcalde mayor de San Salvador, Relación geográfica de la provincia de San Salvador, en Miguel Ángel García, en Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, tomo I. 17 AGCA, A.3.13., leg. 229, exp. 4197, año 1777, folio 3 vuelto. 18 Manuel de Gálvez, “Relación geográfica de la provincia de San Salvador”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 200, tomo I. 19 Adolfo Bonilla Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada 1793-1838, p. 87. 20 AGCA, B, leg.1809, exp, 539, 5 f., Libro Real de Remisión en el que el receptor de San Vicente don Felipe Barraza llevó la cuenta y razón del ramo de aguardiente. Consta que en remate de 1 de noviembre de 1813 fue otorgado el arrendamiento del estanquillo al asentista Francisco Prado, valuado en 40 pesos mensuales; no hubo otra oferta ni otro postor.

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21 Durante el último cuarto del siglo, Centroamérica, liderada por El Salvador, produjo aproximadamente veinticinco millones de libras de índigo. Véase, Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110. 22 Véase en el Estado General de Intendente José Antonio Gutiérrez y Ulloa, pp. 23 y 24, en la que describe la producción de la hacienda La Joya, propiedad del marqués de Aycinena, y dos haciendas de Esteban Yúdice. 23 José Antonio Gutiérrez y Ulloa, Estado general de la provincia de San Salvador, reyno de Guatemala, 1807, p. 6. 24 José Manuel Santos Pérez, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 75. 25 Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110. 26 John Linch, Los Austrias, p. 210. 27 José Manuel Santos Pérez, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 73. 28 José María Vallejo, La Real Audiencia de los confines y de Guatemala (1543-1821), esbozo de su historia institucional, p. 55. 29 José Manuel Santos Pérez, La práctica de autogobierno en Centroamérica. Conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, pp. 69-94. 30 Héctor Lindo, La economía de El Salvador en el siglo XIX, p. 33. 31 José Manuel Santos Pérez, La práctica del autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 76. 32 Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110. 33 Miguel Ángel García, Diccionario geográfico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 311, tomo I. 34 Troy S. Floyd, Los comerciantes guatemaltecos, el Gobierno y los “provincianos”, 1750-1800, pp. 90-110.

Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 108. AGCA, A3, leg. 72, exp. 1395, año 1776. 37 Pedro Cortés y Larraz, Descripción geográfica-moral de la diócesis de Guatemala, pp. 71 y 81. 38 AGCA, A3.4, leg. 230, exp. 5813. 39 La fianza se comprometía bajo escritura pública fechada 14 de enero de 1807, como en el caso del fiador Felipe Suárez, quien dio fianza de pago para el estanquillo de aguardiente otorgado a Cristóbal Meléndez, en SV.AGN.CO.005.07-Caja 5-3 Libro de protocolo, exp. 10.1 40 Fernando Sánchez Ugarte, Los estancos en la Nueva España, pp. 13-14. 41 AGCA, SB, LEG. 1785 Exp. 41470. 42 AMS. Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados, exp. 17. 43 José de Nájera y Batres, en 1820, era alcalde mayor de Sonsonate, también era jefe político y juez subdelegado de Hacienda de la provincia. Véase en documento con fecha de 9 de sept. de 1820, AMS, Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados, exp. 25. 44 Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 110. 45 José Manuel Santos Pérez, La práctica de autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 78. 46 José Manuel Santos Pérez,“La práctica de autogobierno en Centroamérica: conflictos entre la audiencia de Guatemala y el Cabildo de Santiago en el siglo XVIII, p. 82. 47 AGCA, A3.3, leg.73, exp. 581. 48 Ibíd. 49 AGCA, A3.19, leg. 4153, exp. 1915. 50 AGCA, A3.19, leg.2113, exp. 31 983. 36

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Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala p. 115. Estas disposiciones fueron divulgadas a los comerciantes y productores por bando publicado el 17 de marzo de 1766; véase en Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala p. 112. 53 Bando que prohíbe siembra del tabaco en aquellas zonas donde se ha acreditado la experiencia de no producirse de buena calidad; sólo se aprueba la producción de Ahuachapán, Chinameca y San Salvador. AGCA, A3.13, leg. 229, exp. 4195, 9 folios, Guaymoco, 22 de abril de 1776. 54 AGCA, A3.13, leg. 4195, exp. 229, p. 9. 55 AGCA, A3.13, leg. l385, exp. 360. 56 AGCA, SB, leg. 1785, exp. 41 445. 57 Jorge Luján Muñoz, El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 119. 58 En las “Instrucciones que el ayuntamiento constitucional de San Salvador da a su diputado en Cortés, el señor don José María Álvarez, formadas por su regidor, el licenciado Mariano Franco Gómez”, año de 1820, se expone que no hay caminos para el tráfico de productos agrícolas y comerciales, al grado de que los fletes sobrepujan a las ganancias que pueden adquirirse por la importación y exportación. Véase en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 309, tomo I. 59 Nota fechada el 10 de enero de 1823, en la que además comunicaba el envío de 45 cargas de tabaco, AGGA, SB, leg. 1785, exp. 41 445. 60 José María Vallejo, La real audiencia de los confines y de Guatemala (1543-1821), esbozo de su historia institucional, p. 51. 61 AMS, Fondo Alcaldía Mayor de Sonsonate, caja 4, documentos no fichados, exp. 15. 52

62 Documento citado por Jorge Luján Muñoz, de fecha de 16 de septiembre de 1766, en El establecimiento del estanco del tabaco en el reino de Guatemala, p. 128. 63 Véase en El Amigo de la Patria el escrito de Pedro Naxera “Minería”, núm. 19, fol. 404, Guatemala, marzo 17 de abril, pp. 258-261; también en “El Amigo de la Patria”, núm. 18, Guatemala, 9 de marzo de 1821, documento del Consulado Nacional de Comercio, pp. 245-249. 64 El Amigo de la Patria, núm. 18, Guatemala, 9 de marzo de 1821, documento del Consulado Nacional de Comercio, pp. 245-249. 65 El Amigo de la Patria, num. 1, fol. 1, Guatemala, octubre 16 de 1820, p. 14. 66 “Minería”. Documento dirigido por el contador general, Pedro Naxera, al superintendente general, publicada por El Amigo de la Patria, núm. 19, fol. 404, Guatemala, marzo, 17 de abril. 67 Ibíd. 68 Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala, vol. 12, Num. 1, sept.1, sept. 1935, pp.3-28. 69 Véase en Eugenia López Velásquez, capítulo “Centroamérica independiente y fragmentada”, pp. 6982, en La Intendencia de Salvador durante la independencia y el imperio del septentrión. 70 AGCA, SB, leg. 1768 41181, 2f., Guatemala, 23 de octubre de 1822. 71 AGCA, SB, leg. 1785, exp. 41466. 72 Roberto Turcios, Los primeros patriotas, p. 63 José Antonio Fernández, Pintando el mundo de azul, pp. 58-59.

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CAPÍTULO III FISCALIDAD, ESTANCOS Y FEDERACIÓN: LOS TERMÓMETROS DE LA FORTALEZA GUBERNAMENTAL EN

EL SALVADOR (1824-1839) Sajid Alfredo Herrera Mena

el prospecto del periódico Registro oficial del Estado del Salvador del 15 de junio de 1835, se decía que el objetivo del rotativo era dar a conocer a los pueblos los mecanismos de funcionamiento de la “máquina del Gobierno”, de la administración “que es de ellos y dirigida á su bien estar (sic)”.1 Sin embargo, dicha “máquina”, utilizando la metáfora política del Registro oficial, estaba lejos de convertirse en un gran Leviatán, como equivocadamente pudiera creerse. En ese sentido, este ensayo pretenderá sacar a la luz algunos aspectos de los resortes económicos que dieron movimiento al Gobierno central salvadoreño desde 1824 hasta 1839, resortes que corroborarán el juego de pérdidas y ganancias de esa autoridad política durante el período federal. No obstante, el ensayo está lejos de ser un trabajo de historia económica en un sentido restrictivo; más bien, pretende ser una historia política y social de la economía estatal de aquella época. Los resortes económicos, es decir, las fuentes de la fiscalidad del Estado del Salvador entre 1824 y 1839, fueron diversos. La urgencia por consolidar un poder central y las constantes guerras demandaron imperiosamente la recaudación de fondos de múltiples procedencias. Tal fue el caso de los bienes eclesiásticos, los empréstitos, las multas, los fondos municipales o los bienes de las cofradías. Pero las rentas de tabaco, aguardiente, papel sellado y alcabalas se convirtieron en las fuentes más significativas, en parte porque produjeron enfrentamientos a la hora de su

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recaudación, sobre todo en el caso de las rentas de tabaco, pues estuvieron en las miras de las autoridades de la República (es decir, de la nación o federación centroamericana). Tanto las autoridades federales como las estatales alegaron que su siembra, producción y recolección representaba un problema de soberanía. Aunque la fortaleza gubernamental del Estado del Salvador entre 1824 y 1839 puede medirse a través de diversos factores, en este ensayo se quiere enfatizar en tres de ellos: 1) la fiscalidad en general, es decir, los diversos ingresos recaudados por los funcionarios estatales y las resistencias mostradas ante ello; 2) las rentas provenientes de los productos estancados, con énfasis en el tabaco y el aguardiente; y 3) los conflictos entre el Gobierno nacional y el estatal en torno a los ramos estancados. Por tal motivo, el ensayo se dividirá en cuatro partes. En la primera se intentará mostrar, de una manera muy general, el funcionamiento del Gobierno central, destacando su reducida burocracia. En la segunda se buscará responder, de manera muy aproximada, a la interrogante sobre cuáles fueron las fuentes económicas que dieron “movimiento” a la “máquina” gubernamental. En la tercera y cuarta parte se destacará la importancia que tuvieron los productos estancados para el sostenimiento de las autoridades centrales, las medidas tomadas para evitar el contrabando, el disimulo de las autoridades locales, las siembras clandestinas y los conflictos suscitados con las autoridades nacionales en torno a su administración. Las fuentes primarias utilizadas para este trabajo podrían agruparse del siguiente modo: correspondencia de Gobernación, actas de municipalidades, leyes y decretos estatales, periódicos, bandos municipales y de jefes políticos, así como denuncias y representaciones de particulares. Todas ellas proceden del Archivo Nacional de El Salvador, Archivo Municipal de Sonsonate, Archivo General de Centroamérica (Guatemala) y de la Biblioteca Nacional de Guatemala. También de las colecciones de leyes salvadoreñas, ubicadas tanto en la Biblioteca Nacional de El Salvador, como en la Biblioteca Florentino Idoate de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador.

3.1. Fiscalidad y fortaleza de un Gobierno central Las autoridades centrales del Estado del Salvador no escatimaron esfuerzos para construir una historiografía, una legitimación y una identidad estatal –fundada no solo en principios liberales, sino también en la oposición al poder económico que desde el período colonial habían ejercido las familias de la ciudad de Guatemala sobre los añileros provincianos–.2 De cualquier forma, la invención de una identidad estatal

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nada más nos pone de manifiesto una faceta sobre cómo ejerció el Gobierno central su autoridad, la cual debió moverse entre el poder nacional –encarnado en las autoridades federales, radicadas en las ciudades de Guatemala (1824-1835) y San Salvador (1835-1839)– y entre los Gobiernos departamentales y locales. La coerción ha sido el carácter definitorio de la función de todo Gobierno, al menos dentro de muchas teorías políticas contemporáneas. En el caso del Estado del Salvador, la coerción fue clave en el mantenimiento de la estabilidad socioeconómica, en el apoyo a la legitimidad política y en la acumulación de lealtades que demandaron las élites gobernantes. En ese sentido, las tareas de funcionarios, como los jefes políticos, eran fundamentales: nombrados por el Ejecutivo, ellos se encargarían de la administración y la Hacienda Pública de sus respectivos departamentos; junto con los jefes políticos, colaboraron los jueces de primera instancia y los alcaldes constitucionales. Para no hacer una larga lista de sus responsabilidades, baste decir que velarían “por la tranquilidad” de sus departamentos y localidades, evitando la introducción de personas sospechosas, para lo cual otorgarían pasaportes y salvoconductos, realizarían rondas semanales en los despoblados para perseguir a los ladrones y proteger las propiedades, pudiendo, en esos casos, nombrar comisionados para ser asistidos en sus trabajos. Además, velarían para que los jornaleros y menesterales cumplieran con sus contratos de trabajo y se encargarían de la sanidad pública.3 Debido a la pequeñez burocrática del Gobierno central, éste se vio obligado a contar con las responsabilidades de los anteriores funcionarios departamentales y locales. Sin embargo, ello no quería decir que llegara a consentir sus desacatos. Las multas y la cárcel se convirtieron en las formas más visibles de la función coercitiva del Gobierno central sobre sus auxiliares. El 29 de mayo de 1838, la municipalidad de Metapán enviaba una exposición al Gobierno, acompañada de una nota de su alcalde, en la cual solicitaba se le suspendiese la multa de 50 pesos con que el jefe político del departamento le había “conminado por faltas en el cumplimiento de su deber”. La multa era por no haber continuado con la construcción del puente en el desagüe del lago de Guija. En esta ocasión, el Gobierno no fue tan exigente, pues suspendió la multa; pero le ordenó al jefe departamental “que si llegado el tiempo de trabajar la obra del puente no lo verifica [el alcalde], se le exigirá irremediablemente la responsabilidad”.4

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La colaboración de los anteriores funcionarios no era suficiente. El Gobierno central llegó a crear fuerzas de seguridad continuamente. El 25 de febrero de 1831, la Asamblea Legislativa decretó la creación de una fuerza denominada “vigilancia del Estado”; argumentaba que la recta administración de justicia (a escala local, situada en los distintos partidos o juzgados de primera instancia) no podía realizarse sin la aprehensión de los malhechores. Por ello, decretaba levantar una fuerza representativa de los cuatro departamentos. Las características serían: hombres de 30 años de notoria honradez y juicio; a los oficiales se les exigiría saber leer y escribir. La Tesorería del Estado les pagaría un sueldo y sus funciones serían diversas: rondarían los campos, tomarían noticias sobre crímenes y delitos, perseguirían y aprehenderían a los delincuentes, “disiparían las reuniones sediciosas”, colaborarían estrechamente con los jueces (al llevar a los malhechores a los juzgados) y con los jefes políticos (al entregarle las constancias de las aprehensiones).5 Una característica del período federal fueron las constantes guerras al interior de cada Estado o entre ellos mismos. Héctor Lindo nos señala un cuadro de mucha inestabilidad. Entre 1824 y 1842, el Estado del Salvador estuvo involucrado en 40 batallas (internas y externas), en donde perdieron la vida más de 2500 individuos, mientras ocuparon el Ejecutivo 23 jefes de Gobierno.6 Obviamente, las guerras demandaban la formación permanente de tropas o milicias al servicio de la autoridad central, algo que no siempre ocurrió, sobre todo si tenemos en cuenta que en muchas ocasiones las distintas facciones que se enfrentaron al interior de los Estados tuvieron sus propias milicias. Para asegurarse, entonces, de la existencia permanente de hombres al servicio de las autoridades legítimamente constituidas, tanto el Legislativo como el Ejecutivo salvadoreño se valieron de la coerción inherente a los decretos: el 4 marzo de 1829, durante la primera guerra federal (1826-1829), la Asamblea obligaba a tomar las armas a “todos los habitantes del Estado, sin execcion (sic) ni privilegio, desde la edad de quince años hasta la de cincuenta (sic)”.7 El 1 de abril de 1829, la Asamblea Ordinaria estatal emitía un decreto en el que dictaba cuáles serían las sanciones para aquellos que desertaban de las filas milicianas. Los diputados eran conscientes que mientras durara el conflicto con las tropas federales de Guatemala era necesario sostener “una fuerza respetable”; sin embargo, argüían que los pueblos, al no estar acostumbrados a la disciplina militar, desmayaban en medio de la contienda. De ahí que era necesario “forzarlos y obligarlos” a obtener dicha disciplina, pues si la deserción continuaba, no quedaría rastro de la “fuerza respetable” del Estado. Si se pensaba en penas drásticas, como la capital, no

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quedarían hombres para las armas, por lo que los legisladores creyeron conveniente castigar la deserción con el regreso a las armas. En los pueblos se haría una pesquisa perpetua y una recluta constante para reemplazar las bajas, de esa forma “los pueblos se empeñarán en hallar desertores por no suministrar reclutas fijándoles un contingente mensual de hombres en todo el Estado compuesto de desertores”. El Gobierno dispuso que, mensualmente, el departamento de San Salvador proveería 130 hombres; San Miguel, 90; San Vicente y Sonsonate, 40 cada uno.8 Otra forma como el Gobierno salvadoreño manifestó públicamente su autoridad central fue con el ejercicio del Patronato. Con la creación de la República Federal, tanto el Gobierno de la Nación como el de los Estados se arrogaron ese derecho. Los presidentes y jefes de Estado se consideraron herederos de la potestad de los reyes españoles. En El Salvador, este argumento fue utilizado para legitimar la creación de un obispado cuya duración fue efímera. De todos modos, el Patronato como facultad del “Poder supremo” estatal se mantuvo. En septiembre de 1830 se emitió un decreto por el cual ningún eclesiástico podía ser nombrado cura sin despacho del Gobierno, mientras no se organizaba la administración eclesiástica y se dispusiera el modo por el cual el Ejecutivo ejercería el Patronato; es más, el Gobierno velaría para que los eclesiásticos que ocuparan los curatos tuviesen “las cualidades de adheccion (sic) al sistema, ilustración y moralidad”.9 De hecho, en 1826 la Asamblea del Estado autorizó al Ejecutivo para disponer de 6 a 8 mil pesos de la masa decimal. “Y emplearlos de acuerdo con el P. Obispo electo en suministrar viáticos a sacerdotes del Estado de Nicaragua, o de cualquier otro de la Federación que quieran venir a servir los curatos de éste”.10 Dicha medida no tenía solamente un carácter religioso, su finalidad también era política: capitalizar más lealtades y apoyo al recién nombrado Obispo de San Salvador, contrariando a las autoridades eclesiásticas de Guatemala y al mismo Papa.11 Ahora bien, no se pretende relatar cuántos empleados o funcionarios públicos laboraban durante aquellos años y cuáles eran sus tareas. Asunto que ameritaría un trabajo aparte. Baste los anteriores ejemplos para darnos una idea de cómo las autoridades centrales buscaron ejercer su potestad, muy exigua por cierto, dentro del territorio. Pero, aunque la “burocracia” estatal durante este período haya sido pequeña, de cualquier forma demandaba de muchos recursos para sostenerse. En el siguiente cuadro se observan los gastos que debían erogarse de las arcas públicas en 1832 para la manutención de los Poderes del Estado, así como de sus dependencias. En total, el monto ascendía a 100 671 pesos con 4 reales.

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Cuadro 1 Presupuesto de gastos para 1832 destinado a mantener a los poderes estatales y demás funcionarios públicos Órganos del Estado y

Presupuesto (en

dependencias

pesos)

Asamblea

5184

Destino

Sueldos a diputados y empleados, viáticos, gastos de escritorio

Consejo representativo

6846

Sueldos de representantes y empleados, gastos de escritorio

Gobierno supremo

6260

(Ejecutivo)

Sueldos del jefe de Estado, ministros y empleados

Corte Superior de

8894

Justicia

Sueldos de magistrados, fiscales y abogados, gastos de escritorio

Gobiernos políticos

5830

departamentales

Sueldos de jefes políticos y empleados, gastos de escritorio y viáticos

Juzgados de Primera

9980

Instancia Intendencia general

Sueldos a los 12 jueces de todo el Estado

2146

Sueldo de intendente, empleados y gastos de escritorio

108

Contaduría de cuentas y

4120

tesorería

Sueldos de contador de cuentas y empleados, gastos de escritorio

Gobierno eclesiástico

1800

Manutención de un vicario general

Resguardo de alcabalas

1260

Sueldo de guardas de San Salvador y San Miguel

Gastos de imprenta

1032

Sueldos de director y empleado, utensilios

Comandancia general

2546

Sueldos de oficiales, alquiler del despacho y gastos de escritorio

La banda

1905

Sueldos de músicos e instrumentos

Plazas veteranas de

5639 y 4 reales

Sueldos

milicias Guarnición permanente

13 331

Sueldos de oficiales y soldados

Pensión a inválidos

5118

Enseñanza pública

6880

Sueldos de profesores, becas, gastos de instalaciones, muebles, maestro de escuela de Lancaster

Gastos extraordinarios

12 000

Imprevistos

Fuente: Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado, correspondiente a los años de 1831 y 1832, fol. 93-96.

Como era de esperarse, los mejores sueldos se concentraban en los cargos claves. El jefe de Estado devengaría un sueldo anual de 3000 pesos. Los diputados de la Asamblea, 13 en total, 90 pesos durante tres meses, en

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los que duraba su período de sesiones. Los seis magistrados de la Corte Superior de Justicia devengarían 7200 pesos (1200 pesos cada uno). Los sueldos del vicejefe y los consejeros del Consejo representativo, los jefes políticos, el intendente y el comandante general oscilaban entre 1000 y 1500 pesos. En cambio, los 100 soldados de la guarnición permanente cobrarían 2 reales diarios. Aunque para el ramo de educación los recursos procedieron de diversas fuentes, llama la atención que dentro del anterior presupuesto lo que el Gobierno destinaría sería tan sólo el 6.83% frente al 23.26% de los gastos militares (sueldos, gastos de escritorio y “la banda”). Podría argüirse que la razón de ese desequilibrio era por el conflictivo período federal; sin embargo, tal parece que esa presunta “excepción” se volvió una constante durante el siglo XIX. Por otro lado, la mayor parte del presupuesto (el 50.18%) se destinaba a cubrir los sueldos de los funcionarios altos, medianos y bajos, los viáticos y los gastos de escritor ¿De dónde obtuvo el Gobierno central los fondos necesarios para cubrir los anteriores gastos y hacer funcionar la “maquinaria” gubernamental?

3.2. Las fuentes de la Hacienda Pública Las fuentes de donde el Gobierno central obtuvo sus recursos fueron diversas. Como parte de la República Federal, en el Estado del Salvador se puso en marcha el impuesto sobre la renta de los ciudadanos, decretado el 1 de diciembre de 1823. Para ello se elaboró una tarifa que tendría validez en toda la República. Estuvieron compelidos a colaborar los jornaleros, los indígenas no propietarios, los grandes, medianos y pequeños abastecedores de ganados, los almacenistas, los grandes hacendados, médicos, abogados, entre muchos otros. Lo curioso de esa tarifa era que se incluyeron a los sirvientes domésticos: si este impuesto pretendió que todos los “ciudadanos” contribuyesen al erario público, los mismos legisladores entraron en contradicción al incluir a los sirvientes domésticos en la lista, pues éstos no eran considerados constitucionalmente como “ciudadanos” por su falta de autonomía. Pero por lo visto, para los diputados el tema se convertía en una discusión estéril a la hora de obtener más fondos para la Hacienda de la República y de los Estados.12 Este tema ocasionó debates durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1823, realizada en la ciudad de Guatemala. Cuando se discutió en la sesión del 20 de julio de 1823 la pérdida de la ciudadanía “por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona”, diputados como José Francisco Barrundia se oponían a reconocer en aquéllos el derecho de elegir; a su juicio, se encontraba de trasfondo “la libertad e independencia del sufragio”. Por tanto, se seguía así el

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principio republicano que contrariaba cualquier intento de fundar una aristocracia en la Federación. Si a los sirvientes se concediese el derecho de votar en las asambleas populares –sostenía Barrundia–, los hombres ricos y poderosos que los tienen en gran número influirían demasiado en las elecciones, y quizá hasta el punto de ser dueñas de ellas. Se faltaría así a la soberanía del pueblo que es la colección de voluntades, llegando a quedar reducida a la de unos pocos.13

Pero según el informe que en 1825 rendía el ministro Zebadúa al Congreso federal, el impuesto sobre la renta fue de “muy poco auxilio al Gobierno de la Federación”. Nada más en Guatemala y en Honduras se había colectado una pequeña cantidad;14 desconocemos por qué en el Estado del Salvador la recaudación fue mínima. En cualquier caso, en agosto de 1832 la Asamblea del Estado decretó una contribución directa, debido a que tanto en el “presupuesto del corriente año y lo que producen las rentas establecidas hay un déficit considerable, no siendo posible llenarlo con aquellos”. Los legisladores creyeron que el impuesto directo, repartido moderadamente entre todas las personas y propiedades, podría abolir gradualmente otras contribuciones onerosas. En ese sentido, contribuirían anualmente todos los ciudadanos y habitantes desde la edad de 18 años. La tarifa oscilaba entre 8 reales y 50 pesos, según los ingresos de cada ciudadano; quedarían eximidos los impedidos físicos, los mayores de 60 años, los militares activos y las mujeres no propietarias.15 Pero el impuesto directo generó malestar en muchos pueblos. Por ese motivo, el jefe del Estado, Mariano Prado, ordenó, en diciembre de ese año, su abolición, pues se había visto “alterada la tranquilidad pública”. Unos días más tarde, el Ejecutivo adujo que con la suspensión de la contribución directa se había dejado de cobrar la alcabala interior y hubo resistencias a la contribución de los diezmos, por lo que ordenó a los receptores de alcabalas y rematarios de diezmos el cobro inmediato de aquellas fuentes de ingreso. A juicio del Ejecutivo, la ausencia de las mismas había obligado al Gobierno a economizar más de 25 mil pesos al reducir los gastos y el número de empleados posibles.16 El jefe del Estado, Mariano Prado, lanzó una proclama a los pueblos en la que repudió las revueltas provocadas por los habitantes de los barrios de San Salvador (La Vega, San Esteban, La Ronda y San José) por el impuesto directo.

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“No hay rentas para cubrir los gastos –aducía–; solo existe la de aguardiente; la de alcabala es complicada y dispendiosa y su producto pequeño. Los diezmos perdieron todo el prestigio religioso y se oponen a los principios de la ciencia económica.” Advertía que los propietarios estaban cargando con todo el peso de la Hacienda pública y la guerra, consideraba que la contribución directa era “módica y favorable a los pobres”, ya que se suponía que ellos darían 2 reales cada tres meses, quedando exentos del pago de alcabala por la leña, el maíz, el dulce y otros productos de consumo básico. Prado señalaba a los pueblos que los Estados vecinos no ayudarían al Salvador y “el Gobierno no posee el arte de hacer que el aire se convierta en oro”.17 De cualquier forma, las necesidades internas eran apremiantes y se hacía necesario recaudar de otras fuentes. A pesar de que el Montepío de cosecheros de añil había sido suprimido por la Asamblea estatal en abril de 1825, sus fondos y deudas fueron aprovechados para cubrir las demandas públicas. En mayo de 1838, ante la petición del juez de Primera Instancia de Gotera –sobre la necesidad de construir cárceles con el fin de mejorar la administración de justicia–, el Ejecutivo le ordenó a la Tesorería general que de los primeros capitales que ingresaran en ella, procedentes de la deuda del Montepío del departamento de San Miguel, se le suministrara a la municipalidad de Gotera la cantidad de 200 pesos. Asimismo, le ordenaba al jefe político de San Miguel nombrar a un ecónomo para llevar la “cuenta comprobada de su inversión, en vista de lo cual se dará lo más que se necesite”.18 En marzo de 1826, la Asamblea no solo decretó la prohibición de ejecutar entierros en las iglesias y conventos, sino que también ordenó la formación de juntas dedicadas a la fábrica de cementerios. Presididas por los jefes políticos, tales juntas se compondrían por tres miembros de las municipalidades y tres individuos que nombraría el Gobierno central; con ello, los ingresos que percibían los párrocos en razón de entierros pasarían ahora a la Hacienda pública.19 Sin embargo, de acuerdo con el decreto de abril de 1827, se aliviaría de aquellos gravámenes a los pobres; en parte, dicha medida buscaba traducir el antiguo paternalismo del rey –vasallos en una nueva relación de Gobierno-ciudadanos–. También según el decreto de abril de 1827, todo salvadoreño que no tuviese un capital de cincuenta pesos en bienes o dinero quedaría exento de pagar derechos de entierros; el que tuviese ese capital y pasase de 100 pesos, pagaría una vez al año la mitad de dichos derechos, aunque hubiera

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realizado más de un entierro. Las autoridades locales harían la calificación de pobreza en sus distritos respectivos.20 El traslado de los ingresos por derechos parroquiales al erario público debe verse como la continuación del proceso desamortizador sobre las propiedades de la Iglesia, iniciado a fines del siglo XVIII por los Borbones. La administración de José María Cornejo ordenó, en marzo de 1830, la extinción de las órdenes religiosas en el Estado, supeditando a sus miembros al vicario eclesiástico de San Salvador –el cual, por el Patronato, dependía de las autoridades civiles salvadoreñas– y pasó sus bienes a propiedad del Estado.21 Igual sucedió con los capitales fincados en fondos urbanos y rurales dentro del Estado, que redituaban a favor de los conventos de monjas en Guatemala. Éstos se devolverían a sus parientes dentro del cuarto grado civil, pero pagando un 10% al erario salvadoreño. Si no había parientes, “se declaraban propiedad del Estado”.22 Los bienes de la Iglesia también sirvieron en situaciones extremas. Durante la primera guerra federal (1826-1829), el Ejecutivo salvadoreño tomó en calidad de empréstitos las alhajas de oro y plata de las iglesias del Estado para el pago de sueldos y gastos del ejército.23 Ahora bien, las propiedades de los grandes hacendados sufrieron igualmente la intervención gubernamental. Por ejemplo, las haciendas del peninsular Gregorio Castriciones, aunque se vieron afectadas por la primera guerra federal, fueron expropiadas por el Gobierno salvadoreño a través de un decreto legislativo de 1829. La razón dada fue que los bienes de Castriciones servirían para proporcionar ayuda a las viudas de la guerra federal.24 Otro de los recursos, del cual ya se ha hecho alusión, fueron las multas. A juzgar por las relaciones que publicaba continuamente en los periódicos la Secretaría de Cámara de las causas civiles y criminales sentenciadas o despachas por la Corte Superior de Justicia; a juzgar, también, por las sanciones que la Secretaría de Gobernación imponía a los funcionarios departamentales y locales, los ingresos en concepto de multas que recibía el Gobierno central por vía de su exigua “burocracia” (jefes políticos y tribunales) eran constantes. La procedencia de las multas fue diversa: desde el pago de costas procesales que debían cancelar todos aquellos involucrados en los procesos judiciales, hasta el pago por las faltas en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios. El 17 de febrero de 1837, la Asamblea Legislativa decretó que para la construcción de cárceles en el país se utilizarían, entre otros fondos, “todo género de multas, exceptuándose las que sean puramente de policía”.25

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Para la construcción de las cárceles también se destinaron los fondos propios municipales, fondos que sirvieron para sufragar otro tipo de inversiones que el exiguo Gobierno central no podía hacer desde sus recursos. El 16 de septiembre de 1830, la Asamblea decretó que se destinaría un 6% de los propios fondos de todas las municipalidades para la reconstrucción de las cárceles en San Salvador, Sonsonate, San Miguel, San Vicente, Chalatenango, Metapán y Santa Ana; se deducirían de esos fondos lo que se destinaría para la educación y los hospitales. Asimismo, según un decreto de 1832, las labores realizadas por las Juntas de beneficencia, que funcionaron en las cabeceras departamentales, se financiarían con los sobrantes mensuales de los fondos municipales y con el 6% de sus fondos de propios. Estas Juntas, dedicadas a los asuntos de “policía” y salubridad de las poblaciones, lejos de ser entidades autónomas o privadas, estuvieron supeditadas al Gobierno central; las formaron los jefes políticos, alcaldes, síndicos y vecinos nombrados por el mismo Gobierno. Dichas juntas velarían para que todos los habitantes del Estado (entre 15 y 50 años) trabajaran de manera obligada en tareas públicas por lo menos dos días al año. 26 Otra fuente de ingresos para el erario público fueron las cofradías. En cuanto corporaciones que desempeñaron no sólo una función religiosa dentro de los pueblos, sino también económica, las cofradías estuvieron en las miras de las autoridades estatales. En julio de 1826, ya que el Gobierno central pidió a los pueblos de Sonsonate proponer medidas conducentes a mejorar su situación, éstos coincidieron en la reducción de sus numerosas cofradías. Un diputado en la Asamblea, Tomás Orantes, argumentaba que las cofradías “gravitan sobre ellos mismos [los indios], haciendo exacción violenta de limosnas de aquello mismo con que pueden pasar su vida”. Según el diputado Orantes, la experiencia demostraba esas exacciones. Comentó que el párroco de San Pedro Puxtla, Máximo Pineda, había vendido un número considerable de ganado de otro pueblo, tomándose para sí la mitad de su valor y con la otra mitad fundó, como diocesano, “más de diez devociones de Santos por cofradías de particulares hasta el número de quince”. Francisco Rivas, diputado por Sonsonate, afirmó que le constaban situaciones como la anterior. “La ignorancia de los pueblos, principalmente los indígenas (...) se ve que los arrastra mejor a servicios de las Cofradías, haciendo miles y cientos de (...) trabajos comunales por sostener los gastos de ellas, desatendiendo el principal objeto de su subsistencia.”

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Sostenía Rivas que nadie en su sano juicio (“ningún ente racional”) realizaría trabajos a los que se vería sometido “a la violencia y torrentes de intereses” que les exigen los mayordomos de las cofradías bajo indicaciones de los párrocos. “Mientras que las cofradías han podido criar capitales con limosnas y trabajos violentos, los infelices indígenas carecen de ellos y avitualmente (sic) sus carnes sufren las injurias del tiempo, y lo que es más, el hambre”. De ahí que el supremo Gobierno debía tomar providencias para reducir tales corporaciones únicamente a la del Santísimo, la Virgen y el patrón de cada pueblo, “imponiéndoles que las que quieran celebrar a los demás santos lo hagan a su costa”.27 En algunos casos, intervino el Gobierno central; probablemente no primaba la buena intención de sanear la economía interna de tales corporaciones, sino la urgente necesidad de contar con ingresos para robustecer el erario público, como sucedió en julio de 1827 cuando, sobre el 15% que se le había impuesto a los bienes de estas corporaciones, se le aumentó un 5% más para financiar la guerra. En febrero de 1830, exigió a los mayordomos de la cofradía de San Antonio, en San Vicente, rendir cuentas de sus fondos. Además, traspasó los bienes de la cofradía a la Hacienda pública, destinando el 5% del monto total para la festividad del santo. El Gobierno justificó el hecho por la mala administración de los ingresos y egresos, lo cual lo estaba llevando a la quiebra.28 De hecho, en 1830 las autoridades centrales ordenaron el traspaso de las propiedades de las cofradías al erario público; sin embargo, la ley nunca fue aplicada consistentemente. Hacia 1832 hubo posibilidades para la privatización de las tierras pertenecientes a las cofradías. La ley de ese año buscaba, siguiendo la herencia borbónica de la desamortización de los bienes eclesiásticos, prohibir los bienes raíces en “manos muertas”; pero la posibilidad de parcelarlas tampoco fructificó debido a las mismas inestabilidades políticas.29 El sostenimiento de las milicias, sobre todo en una época caracterizada por las constantes guerras, se hizo a partir de los empréstitos forzosos; de hecho, la Asamblea facultó al Ejecutivo para levantarlos de manera extraordinaria dentro del territorio.30 Tan solo en dos años, 1829-1830, hubo varios decretos de la Asamblea y del Ejecutivo exigiendo el empréstito para la defensa militar del Estado (véase el cuadro 2). Generalmente, los empréstitos fueron recolectados de acuerdo con el número de habitantes por departamento; también se tenía en cuenta, según los montos totales esperados a recaudar, la economía doméstica de los ciudadanos.

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En el empréstito forzoso decretado el 22 de enero de 1829, destinado para que las milicias salvadoreñas emprendieran la marcha hacia Guatemala, se consideraba como prestamistas a los que poseyeran un haber de más de 400 pesos. De cualquier forma, la cantidad exigida por persona no sería menor de 10 pesos ni mayor de 300. Las asignaciones a cada prestamista las haría una junta compuesta por el jefe político departamental, el alcalde, un síndico y dos ciudadanos nombrados por aquéllos. La recaudación la harían los jefes políticos y las autoridades municipales. Quienes se negaban a prestarlo se verían compelidos por las autoridades, pues ellas les tomarían sus bienes en proporción a lo exigido. El Gobierno, en un afán de recompensar las lealtades, publicaba panfletos en los que daba cuenta de la solidaridad de ciertas poblaciones; así, publicó la contribución del vecindario y municipalidad de Guayabal, en agosto de 1829, quienes habían contribuido con 450 pesos. Igualmente, el 27 de septiembre de 1829 publicó la nota firmada por el secretario de la municipalidad de San Pedro Puxtla, Vicente López, en la que éste demostraba una lealtad sin límites al Gobierno estatal y relataba que el vecindario y su municipalidad habían recaudado la cantidad de 1029 pesos y ½ reales. En nombre de todo el pueblo i á (sic) su pedimento de mancomún manifiesto –afirmaba López–, en nombre de la municipalidad que su gesto es donar dicha cantidad a favor del Estado para acreditar el amor y obediencia al Supremo Gobierno, i que en lo subcesivo (sic) prometen servirle i dar á (sic) conocer su patriotismo hasta, si caso fuere, perder su vida a favor del Estado.31

Cuadro 2 Algunos empréstitos forzosos decretados entre 1829-1830 (en pesos) Departamento

Decreto

22/1/1829

1/8/1829

25/9/1829

30/9/1829

23/9/1830

San Salvador

6000

4000

700

2000

San Miguel

5300

3000

550

1600

San Vicente

3200

1500

375

1200

Sonsonate

3500

1500

375

1100

18 000 10 000 2000 2000 6000 Total Fuente: Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 5-7; 60-61; 79-80; 91-92; AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 103.

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El decreto del 1 de agosto de 1829 estaba dirigido a levantar el empréstito forzoso entre los comerciantes y hacendados que gozaran de un haber de dos mil pesos en adelante; se les indemnizaría de las décimas partes de los capitales del Monte Pío de Cosecheros de añil. El decreto Ejecutivo del 30 de septiembre de 1829 exigía un empréstito mensual de dos mil pesos, encargando a los jueces de primera instancia la recaudación dentro de sus partidos que sería en proporción a los haberes de los prestamistas y no bajarían de dos pesos por individuo. Ahora bien, si vemos que la cantidad exigida por departamento baja en relación a los dos decretos anteriores es porque se trataba de un empréstito mensual y cuyo destino era paliar las consecuencias de la primera guerra federal. Igualmente, el decreto del 30 de septiembre de 1829 demandaba un empréstito mensual. Las razones del préstamo forzoso, decretado en septiembre de 1830, fueron la defensa de la Federación ante una probable invasión de España. Por supuesto que los empréstitos generaron muchas críticas y resistencias. Un panfleto anónimo titulado “¡Cómo no ha de estar pobre el Estado!”, publicado en septiembre de 1833, criticaba que a Manuel Bahamonde –al parecer, un acaudalado vecino de San Miguel– se le exigió un empréstito de mil pesos, para lo que tuvo que venderse una hacienda de 1500 reses, 72 yeguas, 3 burros, 22 mulitos, 20 potros y 15 caballos. A Bahamonde, de acuerdo con el panfleto, se le expulsó de su hacienda, se apresó al mayordomo y se destruyó todo cuanto se encontró. A otro ciudadano, Tomás Escolán, le subastaron 500 reses y 50 bestias por 500 pesos. Y aun así, según el libelo anónimo, no “alcanzó la hacienda para los quinientos pesos”. Al final, se afirmaba con ironía: “Estas son las operaciones de los que se llaman libres. Esta es la libertad que traen al Estado...”.32 Por supuesto que tan solo se han mencionado algunas fuentes del erario público salvadoreño durante el período federal. Atención aparte merecen otras que se volvieron indispensables para la supervivencia del Gobierno nacional y el de los Estados: las rentas de tabaco, aguardiente, papel sellado y alcabalas. De hecho, por la primera se generaron conflictos con las autoridades de la República. Así lo resaltaba el primer presidente de la Federación centroamericana, Manuel José Arce, en su Memoria. Arce comentaba la poca utilidad que tendría para el Gobierno de la Nación la renta de tabacos mientras ésta continuara siendo recaudada por los Estados. “Se exige una cosa impracticable y quizá injusta –sostenía–, obligándolos [a los Estados] a que entreguen unos caudales que necesitan con urgencia, y

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que no tienen arbitrios para reponer cuando los toman”. Por tanto, para Arce era muy natural “satisfacer las necesidades propias que las ajenas”.33 En la Constitución estatal de 1824, que estuvo en vigencia durante todo el período federal, quedó estipulada la extinción de los estancos y de las aduanas tan rápido como estuviesen las contribuciones que cubriesen el déficit de aquéllas (artículo 75).34 Sin embargo, y aparentemente por motivos políticos, el estanco de tabacos fue suprimido por un corto período durante 1834. Por tanto, la Hacienda Pública estatal no pudo sustituir los productos estancados (sobre todo el tabaco y aguardiente) por las demás contribuciones directas e indirectas, debido a la importancia de sus aportes al fisco, algo que tampoco debe verse de manera idílica. Tales productos no estuvieron exentos de problemas como el cultivo clandestino, el contrabando y la falta de colaboración de muchas autoridades locales para remediar los anteriores males. En el siguiente apartado se verá con más detenimiento.

3.3. Estancos, defraudación al fisco y coerción gubernamental Finalizada la primera guerra federal, el jefe del Estado del Salvador, José María Cornejo, se dirigió a la población con palabras desconsoladoras pero, a la vez, armadas de firmeza con el ánimo de infundir autoridad. La desorganización de las rentas había sido uno de los más grandes daños ocasionados por la guerra. “Los caudales del Estado se componen de los productos que rinden los géneros estancados y las contribuciones indirectas”. Pero si el primero sufría el contrabando y el segundo apenas se pagaba, entonces el resultado era necesariamente catastrófico. Por ello, a partir de ese momento, declaraba dureza con los defraudadores de la Hacienda pública, pues si en el Gobierno monárquico era tenido como traidor e infidente al defraudador de los derechos reales, con mayor razón lo sería el que hacía lo mismo con los derechos nacionales, acotaba Cornejo.35 Ciertamente, como llegaron a sostener algunos vecinos del pueblo de Santiago Nonualco en 1833, la Hacienda pública se nutría con las alcabalas, los estancos de aguardiente, tabaco y papel sellado. Las alcabalas la pagaban los comerciantes, artesanos, ganaderos y labradores; según aquellos, dichos recursos, además de no gravitar sobre “la clase indigente o pobre”, eran necesarios para la enseñanza pública.36 En ese sentido, las autoridades centrales salvadoreñas buscaron reglamentar la recaudación de las rentas de alcabala, papel sellado y pólvora sin muchas modificaciones a como se practicó durante la colonia. En 1831, la Asamblea decretó el restablecimiento de la administración de la alcabala en el Estado, por lo que, para la ciudad de San Salvador, ordenaba

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la instalación de las guardas en las cuatro garitas para cobrar los derechos de los productos que entraban a la capital, ateniéndose a las tarifas acordadas. Tanto el administrador como el interventor recaudarían los ingresos, los cuales quedarían en un arca de dos llaves.; ambos llevarían la cuenta anual de lo recaudado. En las otras poblaciones habría receptores, quienes cobrarían en las ferias los derechos de las ventas de mercadería de toda clase. Además, con este decreto se ordenó la continuidad del ramo de aguardiente bajo la administración de alcabalas.37 El estanco de papel sellado operaría de la siguiente manera: cada tres meses, funcionarios como el intendente, contador de cuentas, el tesorero y el fiscal de Hacienda, sellarían los papeles a utilizarse en las diversas actuaciones civiles, administrativas y contratos. El control de la cantidad de papel sellado se llevaría en un libro; además, los sellos se guardarían en un arca bajo tres llaves. La tesorería sería la encargada de distribuir el papel sellado en las receptorías del Estado, por lo que los receptores de alcabala se ocuparían de administrar este ramo (su venta, la información trimestral de la misma y el envío de los ingresos a la tesorería). Surtirían de papel sellado a aquellos pueblos con municipalidades, encomendándole su expendio “a personas de su confianza y bajo su responsabilidad”; no estarían autorizados para cambiar los sellos equivocados a no ser que tuviesen una nota que lo especificara y con firma de la autoridad local. De los ingresos de la venta, los receptores recibían un 3% en concepto de honorarios.38 Hacia 1830, el Gobierno Central restableció el estanco de pólvora, prohibiendo entonces su producción y venta a personas no autorizadas. El Ejecutivo argumentó que había tolerado su contrabando porque carecía de fondos para mantener su fábrica. La necesidad de “estancar” dicho producto se debía a dos razones: solo así podría el Gobierno obtener aceptables ingresos en las arcas estatales y, además, era necesario asegurar la defensa del territorio de cualquier invasión militar. Toda persona que tuviese pólvora y salitre debía entregarla al intendente del departamento respectivo, indemnizando este último al primero. El precio de la pólvora estaría sujeto a la apreciación del intendente, funcionarios de la Hacienda pública, comerciantes de notoria probidad o peritos. El Gobierno hacía un llamado a intendentes, alcaldes constitucionales y ciudadanos honrados a denunciar y perseguir a los contrabandistas.39 Pero fueron los estancos de tabaco y aguardiente los que más problemas dieron a las autoridades por el contrabando, la producción clandestina y por el desacato de los funcionarios locales para perseguir a los defraudadores del erario público. Y es que el ramo de estos estancos continuó siendo uno

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de los más fuertes pilares de las rentas del istmo centroamericano durante la República Federal. El contrabando de aguardiente, además de socavar a la Hacienda pública, tenía el agravante, según las autoridades centrales, de “desmoralizar” a la sociedad. Por tal motivo, el Gobierno estatal ordenó que únicamente podrían fabricar aguardiente los que tuviesen permiso para venderlo. Las fábricas autorizadas serían vigiladas por los alcaldes o empleados de las rentas, auxiliándose de las autoridades militares; las ventas también se harían en lugares autorizados, como sitios públicos y de fácil acceso, para su mayor control y para evitar desórdenes. Estarían prohibidos los estanquillos (ventas) y tabernas en las entradas o salidas de los pueblos, el producto no debía ser adulterado o mezclado con otras sustancias no admitidas; si ese fuera el caso, las autoridades locales derramarían todo el aguardiente, exigiéndole a su productor, en concepto de multa, el pago de la sustancia vertida como si ésta hubiese sido de calidad.40 Las municipalidades tendrían como una de sus principales tareas la vigilancia de los estancos de aguardiente, proporcionando información a los estanquilleros sobre los reglamentos existentes.41 En marzo de 1829, la Asamblea estatal decretaba la prohibición de estanquillos de aguardientes en lugares donde no había “alcaldes y municipalidades que celen del orden público”. La Asamblea recordaba la experiencia que se tenía en el Estado sobre el establecimiento de estanquillos en las haciendas, valles y aldeas, lo cual contribuía “poderosamente a la corrupción y a propagar los vicios que nacen de la ebriedad”.42 Las multas para aquellos contrabandistas y fabricantes clandestinos oscilaban entre 200 y 600 pesos, dependiendo de cuántas veces se había incurrido en el delito; además, las autoridades confiscarían los instrumentos y materiales de la fábrica. En algunos casos, las denuncias fueron un añadido a problemas considerados de mayor envergadura: en 1824, la municipalidad de Guaymoco se quejó contra Félix Calderón por haber insultado al cura del pueblo; como añadido, se le acusaba de que en su casa funcionaba una fábrica clandestina de aguardiente.43 Debido a factores como la diversidad del aguardiente producido, la introducción de materia prima de mejor calidad que la elaborada en el Estado o las bajas cuotas exigidas a los productores de aguardiente (10 pesos mensuales), el Gobierno central elaboró en 1830 un nuevo reglamento. En cada pueblo, según las circunstancias y bajo la vigilancia de las autoridades locales, podía haber uno o más estanquillos, los cuales tendrían licencia de un año para funcionar. Todo aquel que quisiera tener su

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fábrica lo solicitaría al receptor de alcabalas de su distrito, quien otorgaría la licencia en remate público al que ofreciera más y diese mejores garantías. Debido a ello, los productores podrían poner el precio a sus aguardientes sin ninguna intervención de las autoridades, salvo que el producto fuese de mala calidad. Las fábricas nunca debían estar en lugares solos u ocultos; tampoco cerca de los edificios oficiales, cuarteles y escuelas. Las tabernas estarían reguladas, no se podría realizar en ellas juegos de ninguna clase; además, estaría prohibido el ingreso de jóvenes de ambos sexos, a no ser que fuesen parientes del dueño. Las tabernas podrían abrir todos los días, desde el amanecer hasta las ocho de la noche, salvo los días de fiesta (hasta el mediodía) y en horas muy tarde, debido a la compra de licor para curar heridas por parte de cirujanos. En los pueblos pequeños se prohibía la venta de licores extranjeros para no perjudicar a los estanquilleros. El reglamento de 1830 también valoraba la denuncia de los fabricantes de aguardientes por la producción clandestina; igualmente, facultaba a los alcaldes, jueces de primera instancia, guardas de tabacos y alcabalas para perseguir, multar y emplear en obras públicas a los contrabandistas. Los receptores de alcabala vigilarían para que no se vendiese producto mezclado con licores extranjeros. Llevarían un recuento de los estanquillos establecidos en sus jurisdicciones para un mayor control de los mismos.44 Funcionarios como el alcalde de Sonsonate, Gregorio Ardón, buscaron cumplir el anterior reglamento. Hacia 1835, declaraba, en el numeral 4 del bando dirigido a la ciudad de su jurisdicción, que los asentistas de aguardiente sacarían “sus fábricas a las inmediaciones de esta ciudad”, según lo ordenado por el Gobierno central.45 Sin embargo, el reglamento de 1830 no detuvo la manipulación del estanco para fines políticos entre las facciones que se disputaban el poder. El jefe de Estado, Nicolás Espinoza –quien fuera elegido el 15 de marzo de 1835 y depuesto por el presidente federal, Francisco Morazán, el 15 de noviembre de ese mismo año– fue denunciado por haber trasladado los productos de aguardiente de algunas receptorías a las rentas del Estado salvadoreño. Según las denuncias, el predecesor de Espinoza, José María Silva, consignó esos productos para el pago de la guarnición de San Salvador, en esa época capital de la Federación. Por tanto, Espinoza buscó con dicho traslado debilitar a las fuerzas federales en su intento de potenciar un movimiento indígena regional, el movimiento destituiría a las autoridades guatemaltecas y nacionales por auspiciar, a su juicio, un proyecto de colonización inglesa bajo el cual los indígenas perderían sus tierras.46 Respecto de la renta de tabacos, puede notarse lo siguiente: desde muy temprano, la Asamblea Nacional Constituyente acordó una serie de medidas para mejorar este rubro al suprimir los derechos de alcabala que

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pagaban los cosecheros de dicho producto, continuando con la libre exportación del fruto con otros países y suprimiendo algunos empleos innecesarios en las factorías de Quezaltenango, Chiquimula, San Vicente, León y Santa Rosa los Llanos.47 En diciembre de 1824, la misma Asamblea Nacional ordenó la continuidad del estanco de tabaco, uniformizando su precio en el istmo a 6 reales la libra para consumo interno; señaló que su siembra en el Estado del Salvador se haría únicamente en la ciudad de San Vicente. Para ello, dejó sentado que la dirección de las siembras o factoría estaría a cargo de un director nombrado por el Ejecutivo federal; el director quedaría sujeto a la Dirección General de Rentas de la Nación y estaría bajo su cargo la administración de los almacenes de depósitos de cosechas y la rendición de cuentas a aquella Dirección federal. Ésta, por su parte, determinaría la cantidad de tabaco que se sembraría cada año en la Factoría vicentina. Igualmente, daría a cada Estado la cantidad de tabaco que hubiesen pedido para el consumo anual. Únicamente la Dirección General estaría autorizada para la venta del tabaco fuera de la República.48 El Ejecutivo salvadoreño secundó la disposición de la Asamblea Nacional de ubicar la Factoría de tabacos en San Vicente. Redactó, además, una serie de medidas para evitar las siembras clandestinas y el contrabando: se destrozarían y sus dueños enfrentarían penas de cárcel o multas. Se compensaría a aquellos ciudadanos que ayudaran a las rondas militares o a funcionarios como jefes departamentales, y a los alcaldes constitucionales que vigilaran las siembras clandestinas, en cualquier punto del territorio estatal. Se les daría 6 pesos por cada mil matas de tabaco que destruyesen, además de los sueldos que recibirían –de la misma administración de tabacos– por los días ocupados en la vigilancia y destrucción. Tanto los cosecheros no autorizados, como los dueños de bestias de alquiler, serían penados. Los primeros recibirían multas de cien a quinientos pesos, dependiendo de la cantidad de infracciones; además, serían empleados en trabajos públicos. A aquellos que alquilaban bestias y a los cosecheros no autorizados para transportar el producto se les aplicaría la multa de 50 pesos y prisión de dos meses. Los compradores de tabaco ilegal serían multados con el doble de lo que hubiesen pagado. Se recordaba a las autoridades locales su responsabilidad “por cualquiera tolerancia o disimulo en permitir se introduzcan y vendan en ellos [los pueblos] tabacos clandestinos, como frecuentemente sucede”. De esta manera, las municipalidades se enfrentaban, de no proceder contra los contrabandistas, a pagar a los jefes políticos una multa de cincuenta pesos. Recordaba, asimismo, que, de acuerdo con la reglamentaria del 30 de junio de 1824, los jueces de primera instancia podrían allanar –a partir de “noticias circunstanciadas”– las viviendas sospechosas de esconder

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contrabandistas o producto ilegal. Para evitar cualquier desconocimiento por parte de la población, los alcaldes constitucionales deberían publicar el decreto anterior al comienzo de cada año.49 Como anteriormente se ha podido apreciar, la renta de tabacos sirvió para subvencionar a los auxiliares de las autoridades que vigilaron y destruyeron las cosechas clandestinas. Sin embargo, dichas subvenciones, como también las guerras y otros gastos estatales que requirieron de la renta de aquel producto, llevaron al Gobierno central a endeudarse con los cosecheros. En 1830, por ejemplo, la deuda ascendía a más de 30 mil pesos. Paradójicamente, los fondos para el pago a los cosecheros provendrían del mismo ramo de tabaco.50 En algunas ocasiones y debido a su Hacienda deficitaria, las autoridades centrales se vieron en la necesidad de costear la cosecha de tabaco a través de rentas alternativas. Como no podían continuar con medidas impopulares como los empréstitos, se llegó a exigir un 20% sobre el valor líquido de los fondos de las cofradías, hermandades u otras obras pías, a excepción de los capitales destinados a la instrucción pública o al sostenimiento de hospitales.51 El Gobierno buscó la manera de fijar el precio del tabaco, dejándolo provisionalmente, hacia 1830, en 4 reales la libra; por supuesto que la medida era para enfrentar el déficit de la Hacienda pública. Lo mismo se intentó hacer en 1831, cuando el producto de la venta de tabaco se destinó para el pago de su cosecha durante ese año, el de la deuda que se tenía con los cosecheros y el de los sueldos de los guardas. Los diputados creyeron que para tales efectos la venta del tabaco no podía ser menos de cuatro ni más de ocho reales la libra; de esa forma, los desembolsos se distribuyeron de la siguiente manera:

Cuadro 3 Empleados de factoría Pago de gastos y compra de la cosecha actual Habilitaciones para levantar la nueva cosecha Gastos de cosecha y destrozos de ella Total

3326 pesos 9000 pesos 20 000 pesos 10 000 pesos 42 326 pesos

Fuente: Decretos de la Asamblea estatal de 28 de marzo de 1831, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 99 y 113.

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El sobrante sería utilizado para satisfacer las deudas de la cosecha del año anterior y cancelar las deudas contraídas con los cosecheros. Se creyó conveniente que la Factoría de San Vicente levantara una cosecha de dos mil a dos mil quinientos tercios para 1832. Pero la exhaustes del erario era tan crítica que los diputados terminaron derogando la ley de 1830 (22 de septiembre), por la que venta de la libra de tabaco quedaba a cuatro reales; al final, dispusieron dejarla en 6 reales.52 No obstante, no se vaya a creer que el tabaco expendido en las tercenas siempre fue de calidad. Por ejemplo, en julio de 1823, cuando no se había establecido la exclusividad de la siembra en San Vicente, el administrador de tabacos de San Salvador, Gregorio Salazar, le notificó al director de la renta, José Velasco, que el producto remitido de Santa Ana “lo repugna este publico a causa de no habérsele dado perfecto beneficio, y estar enfardado sumamente húmedo”. Le preguntaba qué hacer con los veintiséis tercios de tabaco existente.53

3.4. Estanco de tabaco y soberanía Como se ha mencionado anteriormente, la renta de tabacos fue motivo de discordia entre el Gobierno federal y los Gobiernos estatales. De hecho, se convirtió, dentro del trasfondo económico de aquella discordia, en factor clave para interpretar la soberanía de los Estados frente a la soberanía nacional. Desde los primeros debates en la Asamblea Nacional, ocurridos en 1824, los diputados no pudieron esconder la crisis del erario público, provocada, fundamentalmente, por la recién finalizada invasión de las tropas mexicanas y guatemaltecas. Además de la comedida esperanza en las tierras incultas, en el diezmo eclesiástico (para dotar al obispo electo, la catedral y el seminario) y en las aduanas, los diputados salvadoreños creyeron que el estanco de tabaco sólo permanecería hasta que demostrase que daría más rendimiento con el 10% exigido en especie sobre la producción. Unos días antes se le había pasado a la comisión de Hacienda de la Asamblea una nota del Ministerio de Estado en la que se pedía centralizar la renta de alcabalas, tabaco, pólvora y correos;54 pero esta idea entraría en contradicción con los propósitos del Gobierno federal, como a continuación se verá. Dado que la República Federal había nacido con recursos económicos exiguos, y ante el apremiante financiamiento de las nuevas autoridades, la burocracia, las milicias y las autoridades nacionales tuvieron que reemplazar o reponer todas aquellas fuentes de ingreso que habían sido suprimidas durante la época imperial (1822-1823). “Pero estas reformas – afirmaba el ministro Zebadúa en su informe de 1825– no han remediado nuestras necesidades”. De allí que el Gobierno federal decidió contratar a la Casa Barclay, Herring & Company, de Londres, para realizar un

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préstamo por 7 142 857 pesos. Por otra parte, los ingresos tuvieron que distribuirse entre las arcas estatales y la nacional. En principio, al Gobierno nacional debían ingresar las rentas procedentes de las aduanas, los estancos de tabaco y pólvora, el correo y las tierras públicas. Hacia 1826, tan solo la recaudación de las aduanas marítimas y de los monopolios de tabaco y pólvora significó el 50% de los ingresos federales; sin embargo, los Estados se quedaron al final con los ingresos provenientes de los estancos de tabacos, aprovechando que los funcionarios de sus jurisdicciones serían los encargados de recaudarlos. En consecuencia, la crisis fiscal de la República se agudizó sin apenas haber iniciado la primera guerra federal.55 Los ingresos procedentes de los estancos de tabacos fueron interpretados por las autoridades estatales y federales como asunto de soberanía, lo cual lleva a recordar el estira y encoge entre ellas, sobre si la soberanía debía entenderse como la reunión de todos los ciudadanos de la Nación (según quedaba estipulado en la Carta federal) o eran los Estados los verdaderos soberanos. Y es que el decreto de la Asamblea Nacional Constituyente de 1824 sobre la administración de la renta de tabacos abrió las puertas para el conflicto: la renta sería administrada por leyes y ordenanzas emitidas por cada Estado, pero con sujeción absoluta al reglamento general, es decir, al decreto al que se hace mención. Quedaba en manos de los Estados designar los puestos en donde se realizarían las ventas, asegurar el producto, la dotación a los expendedores y administradores, la creación, nombramiento y supresión de empleos y de sus honorarios y la vigilancia y persecución del contrabando. Como se vio en el apartado anterior, se reglamentaba en cada Estado la existencia de una factoría o tesorería principal para los productos del tabaco, las que rendirían cuentas anualmente a los Gobiernos estatales, quienes expedirían un finiquito en el término de los primeros seis meses del año. El producto líquido del tabaco sería remitido a la Tesorería General de la Federación, y si excedía al cupo asignado al Estado, dicho excedente quedaría a disposición de este último. El sistema de cupos consistía en que cada Estado contribuiría con una cantidad asignada por la Asamblea Nacional para los gastos generales de la renta de tabacos en la República, como el valor de las cosechas, los sueldos fijos, los gastos para los enfardelados, las gratificaciones por la destrucción de siembras clandestinas y los resguardos del producto. Estos gastos se repartieron entre los Estados en proporción a sus productos en el consumo interior. Al Estado del Salvador le correspondió el cupo de 37 598 pesos y 2 reales.56 Para todo el istmo, la Asamblea Nacional llegó a asignar las siguientes cantidades en pesos:

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Cuadro 4 Estados

Producto Gastos Gastos Suma de Líquida de ventas generales en particulares ambos utilidad en año en año año común de los gastos común común Estados Guatemala 134 530 36 373 y 2 rl. 22 894 59 267 y 3 rl. 75 262 y 5 rl. El Salvador 139 062 37 598 y 2 rl. 19 990 57 594 y 2 rl. 81 467 y 6 rl. Nicaragua 129 181 34 915 y 6 rl. 17 138 52 053 y 6 rl. 77 127 y 2 rl. Honduras 52 056 14 078 y 1 rl 10 334 24 412 y 1 rl. 27 643 y 7 rl Costa Rica 8400 2271 4271 6542 1858 Fuente: Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la administración de la renta de tabacos, 15 de diciembre de 1824, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, sin foliar.

El decreto anterior muestra que la Federación terminó operando bajo una administración fiscal descentralizada, a pesar de legitimar que el monopolio de la renta de tabacos le pertenecía al Gobierno de la República. De cualquier manera, los diputados del Congreso federal acordaron una serie de medidas para que se cumpliese el decreto de diciembre de 1824. Estaba prohibido que se traficara el tabaco en rama de Estado a Estado. Se permitía su comercio solo con el tabaco elaborado, por lo que había que pagar, por derecho de introducción a otro Estado, la cantidad de 3 reales por cada libra.57 Pero el problema estaba en el origen de la ley. Los Estados se inclinaron desde un inicio por un Gobierno federal débil, en el sentido de defender un régimen fiscal de cuotas o cupos a ser colectados por ellos mismos. Teóricos como el hondureño José del Valle legitimaron, en cambio, un Gobierno federal fuerte y autónomo: “Si queremos que haya nación (...) es preciso que conozcamos también la necesidad de que haya un gobierno supremo, y de que su existencia no se fíe a cupos”.58 Por supuesto que al final terminó prevaleciendo la primera posición, pues la Asamblea Nacional ordenó, como se vio en el párrafo anterior, que cada Estado remitiera al Gobierno nacional su cuota, compromiso éste que ni siquiera se cumplió pues, como se ha mencionado anteriormente, los Estados se quedaban con esas cuotas para ingresarlas a sus arcas respectivas. Incluso, funcionarios salvadoreños pidieron a su Gobierno estatal que nombrara a los directores de las rentas de tabaco, haciendo caso omiso del decreto de la Asamblea Nacional de 1824. Ello generó severas críticas de liberales guatemaltecos como Francisco Barrundia, dando motivos a los salvadoreños para pensar que no sólo los “conservadores” estaban en su contra, sino también sus vecinos, compañeros de ideología.59

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Cuando en 1825 el Gobierno de Honduras solicitó un préstamo de 25 mil pesos al Gobierno federal, éste lamentó que sus arcas se encontraban en déficit y, por tanto, sin condiciones para cumplir con la solicitud. Las razones del déficit eran, entre otras, que Nicaragua pasaba a su tesorería la renta del tabaco, excepto lo que se invertía en entretenimiento de la tropa federal; en el caso de El Salvador, el Gobierno había gastado parte de esa misma renta en la expedición militar a Nicaragua. De ahí, entonces, que el Congreso federal acordó que cuando un Estado tomase alguna de las rentas nacionales –aún en calidad de reintegro– se le exigiría la pronta restitución de las mismas, luego de un examen de los motivos expresados de manera escrita por el Ejecutivo estatal. Si éste no reintegraba de manera inmediata las rentas nacionales, el Ejecutivo federal podría usar la fuerza, si fuera conveniente, para ocupar las rentas de ese Estado por todo el tiempo necesario, a fin de recuperar lo usurpado.60 Con la primera guerra federal, la renta de tabaco fue indispensable para cubrir el pago de las milicias salvadoreñas en el frente de batalla. La Asamblea del Estado, lamentándose de lo exhausto en que se hallaba el erario público, llegó a facultar al Ejecutivo para que vendiese el tabaco a 4 reales por libra durante quince días; además, lo facultó para hacer empréstitos de los fondos de fábrica de este producto.61 En la década de 1830, nuevos conflictos surgieron en torno a esta renta. Una vez finalizada la primera guerra federal, el jefe del Estado del Salvador, José María Cornejo, quien llegara al Ejecutivo en 1829 a través de un proceso electoral, mostró una reacia oposición al Gobierno de la República. Los motivos no fueron ideológicos (lucha entre conservadurismo contra liberalismo); al menos no fue ese el trasfondo. Cornejo recriminó al Gobierno federal la necesidad de reformar la Constitución de la República con el afán de redefinir las esferas de acción nacionales y estatales. El temor era al fantasma del centralismo, según aquél, impulsado por personajes como el presidente de la República, Francisco Morazán.62 Las acusaciones, entonces, comenzaron a ser frecuentes. En 1832, las autoridades centrales salvadoreñas alegaban que la deuda nacional con el Salvador ascendía a los 100 mil pesos, fondos que, a juicio de ellas, eran utilizados por el Gobierno federal para financiar papeles subversivos en contra de los Estados.63 Por esas acusaciones, Estados como el salvadoreño se negaron a continuar ayudando al Gobierno de la República porque, además, alegaban que no les habían pagado los préstamos hechos a este último. En 1830, mientras no se había elaborado un nuevo reglamento de la renta de tabacos, la Asamblea del Estado facultó al Ejecutivo para fijar la libra de ese fruto en 4 reales y para efectuar contratos para extraerlo fuera del Estado y de la República, dejando a su arbitrio el precio.64 Un año

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después, el Congreso federal volvió a recordar a los Estados que la renta de tabacos correspondía, en su dirección y administración, al Gobierno de la República; sin embargo, continuó admitiendo el sistema de cupos. De cualquier forma, volvió a ordenar el régimen de una factoría por Estado, la existencia de una Dirección general, cuya sede estaría en donde radicaran las autoridades federales; de igual manera, insistió que dicha Dirección señalaría la cantidad de tabaco a sembrarse en cada factoría. Los precios del tabaco en venta quedaron estipulados en 4 reales la libra de rama, 6 reales la libra del desmenuzado, 17 reales la libra del “rappé” y 27 la libra de polvo fino. La renta pagaría a los cosecheros 1 real por cada libra sin distinción de fuerte o suave. En la factoría de San Vicente, “en donde las cosechas son más costosas y difíciles”, se pagaría a 1¼ real la libra, sin distinción de fuerte o suave.65 Por supuesto que los Estados no llegaron a admitir nuevamente esta afrenta a su soberanía. En la alocución de la Asamblea estatal emitida en 1831 “a los pueblos” del Estado y de toda la República, los diputados dejaron claramente sentado quiénes eran, a su parecer, los causantes de la anarquía federal: “La facción (...) que llamaremos capitalista, porque reside en la capital de Guatemala”. Se trataba, según ellos, de los miembros de las viejas y acaudaladas familias capitalinas, así como de líderes liberales, pero de tendencia centralista. Recordaban cómo la ley de tabacos y del Monte Pío de cosecheros de añil se constituyeron en el primer examen de la armonía entre la autoridad nacional y estatal. El Estado negó el pase a la ley de tabacos (...), representando al Congreso [de la República] los inconvenientes de ella; y el Congreso, sin dignarse a tomar en consideración aquella exposición, ha repetido la ley con diversa redacción, pero con la misma y acaso oposición a la independencia constitucional que deben gozar los Estados en su gobierno y administración interior.66

El presidente federal Morazán no consistió tales afrentas de la administración de Cornejo, por lo que terminó desalojándolo del Ejecutivo en 1832, luego de haber invadido militarmente al Estado. Cornejo y otros funcionarios de su Gobierno fueron reducidos a prisión en Guatemala; en su lugar se colocó a Mariano Prado. Sin embargo, el descontento manifestado por medio de libelos no se detuvo. Un par de años después, en mayo de 1833, se seguía cuestionando la “omnipotencia” del Gobierno nacional por la supuesta avidez de monopolizar el estanco de tabaco. En el panfleto titulado “La tercera semana de mayo”, su autor, llamado “el Vegueño”, recriminaba cómo en

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esos años, desde Guatemala, la facción centralista en el Congreso y en el Ejecutivo federal, liderada por Francisco Barrundia, reincidía en someter a los Estados, entre otros aspectos, con la ley de tabacos.67 La presión de los Estados terminó prevaleciendo: el 17 de mayo, las autoridades nacionales decretaron que la renta pasaba al control de aquéllos.68 En abril de 1834, la Asamblea estatal decretó la anulación del estanco de tabacos, medida que duró nada más siete meses. Los argumentos esgrimidos para la extinción del estanco fueron que dicho sistema se oponía a la libertad, impedía la exportación del tabaco y porque eran desbordantes los llamados de la población para su supresión. A partir de ese momento, quedaba establecido el sistema de patentes. La Tesorería mandaría a imprimir las patentes, firmadas por el tesorero e interventor; luego, las remitiría a los jefes políticos departamentales, entre los meses de mayo a septiembre, quienes las entregarían a los interesados para que pagaran su valor en las receptorías. Los valores de las patentes oscilarían entre 5 pesos por cada 5 mil matas y 100 pesos por cada 100 mil matas; habría, también, de 10, 20 y 50 pesos. Dichos documentos debían presentarlos los cultivadores a las autoridades cuando así se requería. Los encargados de su administración serían los receptores de alcabalas, quienes darían cuenta mensual a la Tesorería de lo recaudado. Aunque el sistema de patentes representaba una tendencia de libre producción frente al monopolio gubernamental, ello no significó que las autoridades llegaran a consentir las siembras clandestinas. A los cosecheros no “patentados” se les perseguiría y por ello se hacía un llamado a toda la población, autoridades locales y jueces, para que vigilasen cualquier anomalía en las siembras. Aquellas siembras descubiertas sin patentes se decomisarían y se venderían al mejor postor. También las autoridades anunciaban el cese de la Factoría de Tepetitán, trasladándose a la Tesorería de San Salvador las existencias y mobiliario de esa oficina.69 Ahora bien, el establecimiento y la extinción del sistema de patentes fue parte de una trama de conflictos del Estado con las autoridades federales; el sistema de patentes fue aprobado por la Asamblea legislativa bajo la corta administración de Lorenzo González, quien había asumido la jefatura del Estado porque Joaquín de San Martín, el titular de la misma, se encontraba en campaña militar. Si bien las rentas del estanco de tabaco eran difíciles de recaudar para las arcas de la Nación por lo que ya se ha visto, más problemático sería aún con un régimen de liberalización del cultivo ordenado y administrado por uno de los Estados. Por tanto, la anulación del régimen de estancos no sería tolerada. El paso para ello sería el derrocamiento de las autoridades salvadoreñas; de hecho,

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ellas representaban a los planes de Morazán un obstáculo para establecer la capital federal en San Salvador. Fue así que luego de una segunda invasión militar de Morazán al Estado en 1834, se instalaron las autoridades federales en la ciudad de San Salvador. La Asamblea Nacional, elegida por orden de aquéllas, declaró a la ciudad de San Vicente como capital del Estado el 4 de octubre del mismo año; esa misma Asamblea derogó la ley de patentes a tan solo siete meses de haberse decretado.70 Los argumentos esgrimidos eran que la anulación del estanco se oponía a los principios económicos y de Hacienda. Además, ningún Gobierno podía anular una renta sin establecer otra de mayores ganancias, algo que no ocurriría con el sistema de patentes. Para esta Asamblea, la abolición del estanco de tabacos no obedecía a criterios de maximización fiscal, sino más bien para “hacerse de séquito popular, quitando a la Hacienda pública del Estado el más importante ramo con que pudiera estar bien administrado”. De ahí, entonces, que se reestableciera el estanco, anunciando que el Ejecutivo reglamentaría la renta y el establecimiento de factorías en donde lo creyese conveniente; fijaría, además, el precio de la venta, las penas contra los contrabandistas y los sueldos para los empleados de la renta.71 Las autoridades de la República buscaron poner orden en sus finanzas, aunque sus políticas incongruentes terminaron sembrando mortales consecuencias. Con una aguda crisis sobre sus hombros, el Gobierno federal tuvo que poner nuevamente bajo su control el estanco de tabacos en 1836, pues nada más se sostenía con la alcabala marítima y otros pequeños ingresos. Ya en junio de 1835, el congreso federal declaraba como “atentado al pacto de la federación” el que los Estados se apropiaran de las rentas que pertenecían a la Nación; por eso, en febrero de 1836 el Gobierno de Morazán ordenó la siembra de tabaco solamente en dos poblaciones de la República: Tepetitán (El Salvador) y Santa Rosa Los Llanos (Honduras). Es más, se estableció un techo para la producción en ambas localidades: en Tepetitán se debían cosechar 800 tercios; y en Santa Rosa, 1000; los ingresos se destinarían al pago de la deuda externa de la federación. Pero algunos cambios se asomaron por el escenario. En abril de 1836, el congreso federal derogó la ley de junio de 1835, la cual anulaba los decretos estatales que tuvieron como propósito ocupar las rentas nacionales.72 Eso fue un nuevo golpe a la política centralista, anunciando un hecho que cada vez se hacía más inminente: la disolución de la República.

3.5. Consideraciones finales En estas pocas páginas se ha podido ver cómo la fiscalidad, el estanco de algunos productos y el sistema federal se convirtieron en termómetros de la capacidad real que tuvieron las autoridades centrales salvadoreñas para gobernar

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durante 1824 y 1838. A pesar de las medidas coercitivas (tanto físicas como jurídicas) que utilizaron o pretendieron utilizar, o a pesar de la construcción de la “máquina” política por parte del discurso periodístico oficial, la realidad del caso era que no nos encontramos en esa época con un gran Leviatán. Para empezar, los Gobiernos estatales salvadoreños no contaban con una burocracia compleja, especializada y profesional que dependiera de la ciudad de San Salvador; fueron las municipalidades, las juntas vecinales o unos cuantos jefes políticos los que facilitaron el trabajo jurídico, la recolección de impuestos y la formación de milicias, entre muchas otras tareas. Muy difícil y anacrónico resulta, entonces, hablar en esta época de la existencia de un “Estado”, entendiendo por tal el monopolio de la coerción legítima según la tradicional expresión weberiana. A lo sumo, se podría decir que el Gobierno estatal salvadoreño, durante el período federal, experimentó un proceso muy similar al de la Corona española, la cual tuvo que negociar y auxiliarse de un conjunto de corporaciones para poder subsistir e imponer su autoridad. Los resortes económicos han sido siempre indispensables para “mover” a cualquier Gobierno. Las autoridades centrales salvadoreñas quizá lo comenzaron a experimentar con la creación de la Diputación Provincial en 1821, probablemente el antecedente más inmediato de los Gobiernos centrales durante la época independentista. Con todo, no les fue fácil cimentar una Hacienda pública libre de problemas. Aunque la pretendida “maquinaria” política era muy exigua, siempre demandó de ingresos suficientes cuya procedencia terminó siendo múltiple. Multas, empréstitos forzosos, bienes eclesiásticos y cofrades, fondos municipales, ramos estancados fueron algunas de las fuentes que se mencionaron en este trabajo para ilustrar los diversos orígenes de lo que ingresaba a las arcas públicas. Por supuesto que hubo muchas más que quedaron sin ser mencionadas como, por ejemplo, los impuestos de importación y exportación. De cualquier forma, dichos resortes económicos no estuvieron exentos de problemas: contrabando, resistencia de ciudadanos a pagar impuestos, cultivos clandestinos, desacato de las autoridades locales para cobrar impuestos o para hacer cumplir las leyes, etc. Tales problemas, pudiera pensarse, ocasionaron pérdidas o retrasos a la hora de invertir en proyectos sociales. No obstante, se pudo observar que un monto significativo de los egresos gubernamentales fueron destinados para la guerra, los gastos militares y los sueldos; lo cual indica, si se constata con estudios sobre la economía decimonónica, que en nada cambió el destino de una parte sustancial del presupuesto durante todo el siglo XIX. De lo ingresado a las arcas públicas, los productos estancados, fundamentalmente el tabaco y el aguardiente, tuvieron su impronta

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económica y política. En un inicio, los diputados constituyentes proclamaron en la primera Carta Magna, quizá embriagados por el espíritu liberal, la discontinuidad con dicha práctica, presumiblemente por ser contraria a la libre competencia económica. Claro está, ello se haría siempre y cuando pudiesen ser sustituidos por otros ingresos fiscales. Pero la realidad mostró todo lo contrario. Las autoridades centrales continuaron reglamentando el estanco de tabaco, aguardiente, papel sellado y pólvora, así como las alcabalas por la importancia fiscal que representaban. Baste recordar que en los inicios del período en estudio, el Estado del Salvador reportaba 81 467 pesos de utilidad, en concepto del estanco de tabaco, como resultado de los cupos exigidos por las autoridades de la República y de los gastos generales realizados por las autoridades estatales. Es esa una suma muy cercana al presupuesto general del Estado, estipulado para 1832 en 100 671 pesos; además, era una cifra superior a la que les quedaba de utilidades en ese mismo rubro a Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Aunque debe recalcarse que para algunas actividades económicas de la República, las rentas del tabaco también tuvieron que competir con otros ramos. Por ejemplo, hacia 1825, el valor de la exportación de tabaco centroamericano era de 200 mil pesos, superado por el añil, la cochinilla, el oro, la plata y el cacao.73 Los conflictos entre el Gobierno salvadoreño y el poder federal no se redujeron a lo político-ideológico. Se ha visto cómo las rentas de tabaco estuvieron en el trasfondo económico de la discusión en torno a la soberanía (¿nacional o estatal?), poniendo en evidencia los verdaderos malabares hechos por una y otra autoridad para poder sobrevivir. A fin de cuentas, todo parece que la capacidad de negociación, de clientelismo y búsqueda de lealtades utilizada por la Corona en sus colonias no fue aprovechada al máximo por las autoridades estatales y federales. Si en la pirámide de autoridades, que hasta cierto punto heredaba la República centroamericana del régimen colonial, la Corona sacó beneficios económicos sin ningún conflicto serio entre provincias (piénsese, por ejemplo, en la época de intendentes), el poder federal no pudo continuar con esa estrategia, teniendo por resultado conflictos desestabilizadores entre sus Estados miembros. La lección extraída de tales hechos es que no sólo los Estados experimentaron los tropiezos para constituir en su interior “máquinas” gubernamentales con un poder monopolizador, sino también las autoridades de la República. Los Estados condicionaron a la República de la misma forma en que las autoridades intermedias y locales condicionaron a los primeros.

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3.6. NOTAS 1 2

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Registro oficial del Estado del Salvador, San Vicente, 15 de junio de 1835, núm. 1, fol. 1. Sajid Alfredo Herrera, “Old regional antagonisms and imported political models: the liberal invention of a Salvadoran state identity”, en Eugenia Roldán y Marcelo Caruso (editores), Imported modernitiy in post-colonial state formation. The appropriation of political, educational, and cultural models in nineteenth-century Latin America, pp. 95-127. Decreto gubernamental de 16 de diciembre de 1831 en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 125; Decreto legislativo del 9 de febrero de 1835 en Colección de decretos y órdenes del Cuerpo legislativo y del Supremo Gobierno, de los años de 1833 hasta 1835, fol. 35; “Decreto de la Asamblea Legislativa sobre la vigilancia de los alcaldes, 6 de marzo de 1837, en Archivo General de la Nación de El Salvador (en adelante, AGN), Colección Impresos, tomo II; Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado, correspondiente a los años de 1829 y 1830, fol. 31-32. “Año de 1838. Correspondencia de Gobernación que comienza del veinte y tres de marzo del corriente año a cargo de Francisco Velásquez”, en AGN, fondo federación, caja 1, expediente 2, fol. 49-49v; 51; 73-73v. Decreto legislativo del 25 de febrero de 1831 sobre la creación de una fuerza denominada Vigilancia del Estado, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 85-86. Héctor Lindo, La economía de El Salvador en el siglo XIX, p. 88. Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 13-14. Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 24-25. Decreto sobre Patronato del 27 de septiembre de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 87-88. Decreto de la Asamblea del Estado del 3 de marzo de 1826 sobre viáticos a sacerdotes, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 60. Las discusiones y panfletos en torno a este hecho fueron muchos. Por ejemplo, en marzo de 1831 un panfleto firmado por Los Patriotas recriminaba al gobierno central salvadoreño por llegar a instalar curas adeptos a Delgado, el obispo electo, en las parroquias vacantes: “Escrito que los vecinos de esta capital presentaron a la Asamblea Legislativa contra el Dr. José Matías Delgado en obsequio del bien general de la República y particular del Estado”, en Biblioteca Nacional de Guatemala (en adelante, BNG), colección Valenzuela, inventario 1955. Archivo General de Centroamérica (en adelante, AGCA), B5.8, exp. 2037, leg. 72, fol. 198-199. AGCA, B6.26, exp. 2968, leg. 115, sin foliar.

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“Memoria presentada al Congreso general de los Estados federados de Centroamérica por el secretario de Estado del Despacho Universal Don Marcial Zebadúa al comenzar las sesiones del año de 1825”, p. 545. Decreto del 21 de agosto de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 69-75. Decretos del Ejecutivo de 1 de diciembre y de 17 de diciembre de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 129 y 147. Manifiesto del jefe del Estado, Mariano Prado, 27 de octubre de 1832, citado en Francisco Monterey, Historia de El Salvador. Anotaciones cronológicas, 1810-1842, pp. 224-225. “Año de 1838. Correspondencia de Gobernación”, en AGN, Fondo federación, caja 1, expediente 2, fol. 47-47v; Francisco Monterey, Historia de El Salvador, p. 134. Decreto del 8 de marzo de 1826, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 54-55. Decreto de la Asamblea del Estado del 18 de abril de 1827, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 90 Decreto de la Asamblea del Estado del 1 de marzo de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 22-24. Decreto de la Asamblea estatal del 10 de agosto de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 61. Decreto del Ejecutivo de 18 de mayo de 1828, en Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado correspondiente a los años de 1827 a 1829, fol. 81-83. El historiador José Antonio Fernández aclara que el Estado del Salvador se convirtió en el principal campo de batalla por su posición estratégica, su densidad de población y su potencial productividad para los mercados externos e internos. José Antonio Fernández, Pintando el mundo en azul. El auge añilero y el mercado centroamericano, 1750-1810, pp. 155-169. El iris salvadoreño, San Vicente 21 de marzo de 1837, núm. 20, fol. 77. Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 89-90; decreto del 7 de diciembre de 1832, en el que se reglamenta las obras de beneficencia pública, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica, libro IV, título 12, pp. 263-267. Archivo Municipal de Sonsonate (en adelante, AMS), actas municipales, caja 3, sin foliar: “Libro de actas municipales. Año de 1826”. Decreto de la Asamblea del 16 de julio de 1827, en Colección de decretos y órdenes... de 1827 a 1829, fol. 47-48; decreto de la Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador sobre cofradía de San Vicente, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 222. Aldo Lauria, Una república agraria. Los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX, pp. 91-93. Decreto del 10 de junio de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 46-47. AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 121 y 111. AGN, Colección Impresos, tomo II, fol. 91. Manuel José Arce, Memoria, p. 48. Constitución de 1824 en Ricardo Gallardo, Las constituciones de El Salvador, pp. 310-311. Manifiesto del jefe de Estado, José María Cornejo, 11 de julio de 1829, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 137. “Proyecto de reforma”, Santiago Nonualco, 1 de noviembre de 1833, en AGN, Colección Impresos, tomo II, fol. 93. Decreto del 9 de marzo de 1831, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 8-10. Decreto del Ejecutivo del 18 de octubre de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 123-124. Ibíd., fol. 96-97. El 8 de mayo de 1831, el Congreso federal decretó la libertad de elaboración y comercio de salitre y pólvora. Los gobiernos estatales velarían para evitar el abuso de la libre elaboración y expendio.

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Decreto del Ejecutivo del 6 de julio de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol.57-59. Libro de actas municipales. Año de 1826”, en AMS, actas municipales, caja 3, sin foliar. Decreto del 7 de marzo de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 16-17. AMS, Juicios civiles (1824-1837), caja 23-25, legajo: Federación 1824, sin foliar. Reglamento aprobado por la Asamblea estatal el 2 de septiembre de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 78-85. “Bandos publicados en esta ciudad en el año de 1835”, en AMS, bandos municipales, caja 6, sin foliar. “Informe que el secretario de relaciones hace a la Nación por orden del presidente de la República sobre la conducta del licenciado Nicolás Espinoza, jefe del Estado del Salvador”, año de 1836, en BNG, Colección Valenzuela, inventario 1956. En la Factoría de San Vicente se suprimieron los empleos de fiel de almacenes y las dos plazas de guardas fijos. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, 10 de noviembre de 1823, en Federación de Centroamérica, Asamblea Nacional Constituyente, Congreso Federal de Centroamérica: decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, fol. 230-231. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la administración de la renta de tabacos, 15 de diciembre de 1824, en ob. cit., sin foliar. Decreto del Ejecutivo del 22 de junio de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 53-56. Decreto del Ejecutivo de 17 de marzo de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 27. Decreto del 22 de septiembre de 1830, en ob. cit., fol. 91-92. Decretos de la Asamblea estatal de 28 de marzo de 1831, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 99 y 113. AGCA, B, exp. 41 495, leg. 1785, sin foliar. Actas del Congreso del Estado de San Salvador. Libro II (sesiones: abril 17-mayo 29, 1824). Copia sacada por el P. Santiago Malaina, s. j., del códice original existente en poder del mismo, sesiones del 28 y 12 de mayo de 1824”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador. Gral. Manuel José Arce, tomo I, pp. 375, 406-407. Héctor Lindo, La economía de El Salvador, pp. 82-83; “Memoria presentada al Congreso general de los Estados federados de Centroamérica por el secretario de Estado, encargado del despacho universal, Don Manuel Zebadúa, al comenzar las sesiones del año de 1825”, pp. 545-547; Xiomara Avendaño, “Fiscalidad y soberanía. Dos puntos críticos del gobierno federal en Centroamérica, 1824-1838”, pp. 107-113. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la administración de la renta de tabacos, 15 de diciembre de 1824, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 18211834, sin foliar. Decreto del 27 de septiembre de 1825, en ob. cit., fol. 141. Consúltese además: Julio César Pinto Soria, Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840), pp. 194-200. Citado en Adolfo Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada, 1793-1838, pp. 251-252. Mario Rodríguez, El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826, pp. 295-300. Decreto del Congreso federal del 11 de noviembre de 1825, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, fol. 158. Decreto de la Asamblea estatal de 26 de febrero de 1827, en Colección de decretos y órdenes... de 1827 a 1829, fol. 77-78. Adolfo Bonilla, “El colapso del gobierno constitucional, 1825-1840”, en Álvaro Magaña (coordinador), El Salvador. La República, 1808-1923, pp. 103 y ss.

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Decreto de 15 de agosto de 1833, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, sin foliar. Decreto de la Asamblea estatal del 22 de septiembre de 1830, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 12. Decreto del Congreso federal del 1 de julio de 1831, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, sin foliar. “Alocución de los representantes en la Asamblea del Estado del Salvador a los pueblos de este Estado y de toda la República”, 16 de septiembre de 1831, en BNG, Colección Valenzuela, inventario 1954, fol. 3-5. “La tercera semana de mayo”, en BNG, Colección Valenzuela, inventario 1955. Julio Pinto Soria, Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840), p. 198. Decreto del 21 de abril de 1834, en Colección de decretos y órdenes... de los años de 1833 hasta 1835, fol. 114-115. Guatemala decretó la abolición del monopolio en 1835, véase Robert Smith, “El financiamiento de la federación centroamericana, 1821-1838”, p. 447. Sobre los anteriores sucesos, consultar: Francisco Monterey, Historia de El Salvador, pp. 244-251. Decreto del 22 de octubre de 1834, en Colección de decretos y órdenes... de los años de 1833 hasta 1835, fol. 140. Robert Smith, “El financiamiento de la federación centroamericana, 1821-1838”, p. 447; Francisco Monterey, Historia de El Salvador, p. 259. George Alexander Thompson, Narración de una visita oficial a Guatemala viniendo de México en 1825, pp. 212-213.

136

3.7. FUENTES CONSULTADAS Documentos de archivos Archivo General de Centroamérica (Guatemala): B, exp. 41 495, leg. 1785, sin foliar. B5.8, exp. 2037, leg. 72, fol. 198-199. B6.26, exp. 2968, leg. 115, sin foliar. Archivo General de la Nación (El Salvador): “Año de 1838. Correspondencia de Gobernación que comienza del veinte y tres de marzo del corriente año a cargo de Francisco Velásquez”, fondo federación, caja 1, expediente 2. Decreto del 8 de marzo de 1826, Colección Impresos, tomo I, fol. 54-55. Decreto de la Asamblea del Estado del 3 de marzo de 1826 sobre viáticos a sacerdotes, Colección Impresos, tomo I, fol. 60. Decreto de la Asamblea del Estado del 18 de abril de 1827, Colección Impresos, tomo I, fol. 90. Colección Impresos, tomo I, fol. 121 y 111. Colección Impresos, tomo II, fol. 91. Manifiesto del Jefe de Estado, José María Cornejo, 11 de julio de 1829, Colección Impresos, tomo I, fol. 137. “Proyecto de reforma”, Santiago Nonualco, 1 de noviembre de 1833, Colección Impresos, tomo II, fol. 93.

137

Archivo Municipal de Sonsonate: Actas municipales, caja 3, sin foliar: “Libro de actas municipales. Año de 1826”. Juicios civiles (1824-1837), caja 23-25, legajo: Federación 1824, sin foliar. “Bandos publicados en esta ciudad en el año de 1835”, Bandos municipales, caja 6, sin foliar. Biblioteca Nacional de Guatemala: “Alocución de los representantes en la Asamblea del Estado del Salvador a los pueblos de este Estado y de toda la República”, 16 de septiembre de 1831, Colección Valenzuela, inventario 1954, fol. 3-5. “Escrito que los vecinos de esta capital presentaron a la Asamblea Legislativa contra el Dr. José Matías Delgado en obsequio del bien general de la República y particular del Estado”, Colección Valenzuela, inventario 1955. “Informe que el secretario de relaciones hace a la Nación de orden del Presidente de la República sobre la conducta del licenciado Nicolás Espinoza, jefe del Estado del Salvador”, año de 1836, Colección Valenzuela, inventario 1956. “La tercera semana de mayo”, Colección Valenzuela, inventario 1955. Leyes, informes y actas “Actas del Congreso del Estado de San Salvador. Libro II (sesiones: abril 17-mayo 29, 1824). Copia sacada por el P. Santiago Malaina, s. j. del códice original existente en poder del mismo”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador. Gral. Manuel José Arce (San Salvador: Imprenta Nacional, 1944, tomo I, pp. 331-408). Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado correspondiente a los años de 1827 a 1829 (San Salvador: Imprenta del Estado, sin fecha).

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Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado, correspondiente a los años de 1829 y 1830 (San Salvador: Imprenta del Estado, sin año). Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado, correspondiente a los años de 1831 y 1832 (San Salvador: Imprenta del Estado, sin año). Colección de decretos y órdenes del Cuerpo legislativo y del Supremo Gobierno, de los años de 1833 hasta 1835 (San Salvador: Imprenta El Triunfo, 1852). Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831 (Recopilación de manuscritos e impresos realizada por la Biblioteca Florentino Idoate, UCA). Federación de Centroamérica, Asamblea Nacional Constituyente, Congreso Federal de Centroamérica: decretos, acuerdos, órdenes, 18211834 (Recopilación de manuscritos e impresos realizada por la Biblioteca Florentino Idoate, UCA). “Memoria presentada al Congreso general de los Estados federados de Centroamérica por el secretario de Estado del Despacho Universal Don Marcial Zebadúa al comenzar las sesiones del año de 1825”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador. Gral. Don Manuel José Arce (San Salvador: Imprenta Nacional, 1944, tomo I, pp. 523-548). Periódicos El Iris Salvadoreño, San Vicente 21 de marzo de 1837. Registro oficial del Estado del Salvador, San Vicente, 15 de junio de 1835. Bibliografía ARCE, MANUEL JOSÉ,

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Registro oficial del Estado del Salvador, San Vicente, 15 de junio de 1835, núm. 1, fol. 1. 2 Sajid Alfredo Herrera, “Old regional antagonisms and imported political models: the liberal invention of a Salvadoran state identity”, en Eugenia Roldán y Marcelo Caruso (editores), Imported modernitiy in post-colonial state formation. The appropriation of political, educational, and cultural models in nineteenth-century Latin America, pp. 95-127. 3 Decreto gubernamental de 16 de diciembre de 1831 en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 125; Decreto legislativo del 9 de febrero de 1835 en Colección de decretos y órdenes del Cuerpo legislativo y del Supremo Gobierno, de los años de 1833 hasta 1835, fol. 35; “Decreto de la Asamblea Legislativa sobre la vigilancia de los alcaldes, 6 de marzo de 1837, en Archivo General de la Nación de El Salvador (en adelante, AGN), Colección Impresos, tomo II; Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado, correspondiente a los años de 1829 y 1830, fol. 31-32. 4 “Año de 1838. Correspondencia de Gobernación que comienza del veinte y tres de marzo del corriente año a cargo de Francisco Velásquez”, en AGN, fondo federación, caja 1, expediente 2, fol. 49-49v; 51; 73-73v. 5 Decreto legislativo del 25 de febrero de 1831 sobre la creación de una fuerza denominada Vigilancia del Estado, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 85-86. 6 Héctor Lindo, La economía de El Salvador en el siglo XIX, p. 88. 7 Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 13-14. 8 Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 24-25. 9 Decreto sobre Patronato del 27 de septiembre de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 87-88. 10 Decreto de la Asamblea del Estado del 3 de marzo de 1826 sobre viáticos a sacerdotes, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 60. 11 Las discusiones y panfletos en torno a este hecho fueron muchos. Por ejemplo, en marzo de 1831 un panfleto firmado por Los Patriotas recriminaba al gobierno central salvadoreño por llegar a instalar curas adeptos a Delgado, el obispo electo, en las parroquias vacantes: “Escrito que los vecinos de esta capital presentaron a la Asamblea Legislativa contra el Dr. José Matías Delgado en obsequio del bien general de la República y particular del Estado”, en Biblioteca Nacional de Guatemala (en adelante, BNG), colección Valenzuela, inventario 1955. 12 Archivo General de Centroamérica (en adelante, AGCA), B5.8, exp. 2037, leg. 72, fol. 198-199. 13 AGCA, B6.26, exp. 2968, leg. 115, sin foliar. 14 “Memoria presentada al Congreso general de los Estados federados de Centroamérica por el secretario de Estado del Despacho Universal Don Marcial Zebadúa al comenzar las sesiones del año de 1825”, p. 545.

143

Decreto del 21 de agosto de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 69-75. 16 Decretos del Ejecutivo de 1 de diciembre y de 17 de diciembre de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 129 y 147. 17 Manifiesto del jefe del Estado, Mariano Prado, 27 de octubre de 1832, citado en Francisco Monterey, Historia de El Salvador. Anotaciones cronológicas, 18101842, pp. 224-225. 18 “Año de 1838. Correspondencia de Gobernación”, en AGN, Fondo federación, caja 1, expediente 2, fol. 47-47v; Francisco Monterey, Historia de El Salvador, p. 134. 19 Decreto del 8 de marzo de 1826, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 5455. 20 Decreto de la Asamblea del Estado del 18 de abril de 1827, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 90 21 Decreto de la Asamblea del Estado del 1 de marzo de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 22-24. 22 Decreto de la Asamblea estatal del 10 de agosto de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 61. 23 Decreto del Ejecutivo de 18 de mayo de 1828, en Colección de decretos y órdenes de la Asamblea y Gobierno del Estado correspondiente a los años de 1827 a 1829, fol. 81-83. 24 El historiador José Antonio Fernández aclara que el Estado del Salvador se convirtió en el principal campo de batalla por su posición estratégica, su densidad de población y su potencial productividad para los mercados externos e internos. José Antonio Fernández, Pintando el mundo en azul. El auge añilero y el mercado centroamericano, 1750-1810, pp. 155-169. 25 El iris salvadoreño, San Vicente 21 de marzo de 1837, núm. 20, fol. 77. 26 Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 89-90; decreto del 7 de diciembre de 1832, en el que se reglamenta las obras de beneficencia pública, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica, libro IV, título 12, pp. 263-267. 27 Archivo Municipal de Sonsonate (en adelante, AMS), actas municipales, caja 3, sin foliar: “Libro de actas municipales. Año de 1826”. 28 Decreto de la Asamblea del 16 de julio de 1827, en Colección de decretos y órdenes... de 1827 a 1829, fol. 47-48; decreto de la Asamblea Ordinaria del Estado del Salvador sobre cofradía de San Vicente, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 222. 29 Aldo Lauria, Una república agraria. Los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX, pp. 91-93. 30 Decreto del 10 de junio de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 46-47. 31 AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 121 y 111. 32 AGN, Colección Impresos, tomo II, fol. 91. 33 Manuel José Arce, Memoria, p. 48.

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Constitución de 1824 en Ricardo Gallardo, Las constituciones de El Salvador, pp. 310-311. 35 Manifiesto del jefe de Estado, José María Cornejo, 11 de julio de 1829, en AGN, Colección Impresos, tomo I, fol. 137. 36 “Proyecto de reforma”, Santiago Nonualco, 1 de noviembre de 1833, en AGN, Colección Impresos, tomo II, fol. 93. 37 Decreto del 9 de marzo de 1831, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 8-10. 38 Decreto del Ejecutivo del 18 de octubre de 1832, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, fol. 123-124. 39 Ibíd., fol. 96-97. El 8 de mayo de 1831, el Congreso federal decretó la libertad de elaboración y comercio de salitre y pólvora. Los gobiernos estatales velarían para evitar el abuso de la libre elaboración y expendio. 40 Decreto del Ejecutivo del 6 de julio de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol.57-59. 41 “Libro de actas municipales. Año de 1826”, en AMS, actas municipales, caja 3, sin foliar. 42 Decreto del 7 de marzo de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 16-17. 43 AMS, Juicios civiles (1824-1837), caja 23-25, legajo: Federación 1824, sin foliar. 44 Reglamento aprobado por la Asamblea estatal el 2 de septiembre de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 78-85. 45 “Bandos publicados en esta ciudad en el año de 1835”, en AMS, bandos municipales, caja 6, sin foliar. 46 “Informe que el secretario de relaciones hace a la Nación por orden del presidente de la República sobre la conducta del licenciado Nicolás Espinoza, jefe del Estado del Salvador”, año de 1836, en BNG, Colección Valenzuela, inventario 1956. 47 En la Factoría de San Vicente se suprimieron los empleos de fiel de almacenes y las dos plazas de guardas fijos. Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente, 10 de noviembre de 1823, en Federación de Centroamérica, Asamblea Nacional Constituyente, Congreso Federal de Centroamérica: decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, fol. 230-231. 48 Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la administración de la renta de tabacos, 15 de diciembre de 1824, en ob. cit., sin foliar. 49 Decreto del Ejecutivo del 22 de junio de 1829, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 53-56. 50 Decreto del Ejecutivo de 17 de marzo de 1830, en Colección de decretos y órdenes... de 1829 y 1830, fol. 27. 51 Decreto del 22 de septiembre de 1830, en ob. cit., fol. 91-92. 52 Decretos de la Asamblea estatal de 28 de marzo de 1831, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 99 y 113.

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AGCA, B, exp. 41 495, leg. 1785, sin foliar. “Actas del Congreso del Estado de San Salvador. Libro II (sesiones: abril 17mayo 29, 1824). Copia sacada por el P. Santiago Malaina, s. j., del códice original existente en poder del mismo, sesiones del 28 y 12 de mayo de 1824”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador. Gral. Manuel José Arce, tomo I, pp. 375, 406-407. 55 Héctor Lindo, La economía de El Salvador, pp. 82-83; “Memoria presentada al Congreso general de los Estados federados de Centroamérica por el secretario de Estado, encargado del despacho universal, Don Manuel Zebadúa, al comenzar las sesiones del año de 1825”, pp. 545-547; Xiomara Avendaño, “Fiscalidad y soberanía. Dos puntos críticos del gobierno federal en Centroamérica, 1824-1838”, pp. 107-113. 56 Decreto de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la administración de la renta de tabacos, 15 de diciembre de 1824, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, sin foliar. 57 Decreto del 27 de septiembre de 1825, en ob. cit., fol. 141. Consúltese además: Julio César Pinto Soria, Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (18001840), pp. 194-200. 58 Citado en Adolfo Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada, 1793-1838, pp. 251-252. 59 Mario Rodríguez, El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826, pp. 295-300. 60 Decreto del Congreso federal del 11 de noviembre de 1825, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, fol. 158. 61 Decreto de la Asamblea estatal de 26 de febrero de 1827, en Colección de decretos y órdenes... de 1827 a 1829, fol. 77-78. 62 Adolfo Bonilla, “El colapso del gobierno constitucional, 1825-1840”, en Álvaro Magaña (coordinador), El Salvador. La República, 1808-1923, pp. 103 y ss. 63 Decreto de 15 de agosto de 1833, en Colección de decretos y órdenes... de 1831 y 1832, sin foliar. 64 Decreto de la Asamblea estatal del 22 de septiembre de 1830, en Decretos de la Asamblea Legislativa del Estado, 1830-1831/Congreso Federal de la República de Centroamérica, 1831, fol. 12. 65 Decreto del Congreso federal del 1 de julio de 1831, en Federación de Centroamérica... decretos, acuerdos, órdenes, 1821-1834, sin foliar. 66 “Alocución de los representantes en la Asamblea del Estado del Salvador a los pueblos de este Estado y de toda la República”, 16 de septiembre de 1831, en BNG, Colección Valenzuela, inventario 1954, fol. 3-5. 67 “La tercera semana de mayo”, en BNG, Colección Valenzuela, inventario 1955. 68 Julio Pinto Soria, Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840), p. 198. 69 Decreto del 21 de abril de 1834, en Colección de decretos y órdenes... de los años de 1833 hasta 1835, fol. 114-115. Guatemala decretó la abolición del 54

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monopolio en 1835, véase Robert Smith, “El financiamiento de la federación centroamericana, 1821-1838”, p. 447. 70 Sobre los anteriores sucesos, consultar: Francisco Monterey, Historia de El Salvador, pp. 244-251. 71 Decreto del 22 de octubre de 1834, en Colección de decretos y órdenes... de los años de 1833 hasta 1835, fol. 140. 72 Robert Smith, “El financiamiento de la federación centroamericana, 1821-1838”, p. 447; Francisco Monterey, Historia de El Salvador, p. 259. 73 George Alexander Thompson, Narración de una visita oficial a Guatemala viniendo de México en 1825, pp. 212-213.

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CAPÍTULO IV LOS ESTANCOS EN LA REPÚBLICA DEL SALVADOR (1838-1871) José Alfredo Ramírez Knut Walter

4.1. El Estado salvadoreño (1838-1871) OS treinta y tres años que separan el fin de la Federación y el ascenso de los primeros gobiernos liberales de la república de El Salvador constituyen un período de transición que inicia después del experimento fracasado por mantener la unidad política y administrativa regional, legada por la dominación española, y que concluye con una nueva visión del Estado y el poder, comprometida con la construcción de un país, bajo concepciones de soberanía nacional. Dicho en otras palabras, los años en cuestión reflejan prácticas y sistemas políticos de corte colonial que se mezclaron con las nuevas concepciones de poder y progreso que se introdujeron gradualmente desde la independencia en 1821; es por eso que todavía aparecen marcados por las luchas entre “conservadores” y “liberales”, ejemplificadas, sobre todo, en las figuras de Gerardo Barrios y Francisco Dueñas. No es fácil, a primera vista, explicar los enfrentamientos políticos que dieron lugar a diversas acciones de fuerza. Las luchas entre “conservadores” y “liberales” parecen perder su barniz ideológico cuando se comienza a comprender que hubo más continuidad en la gestión estatal que cambios significativos asociados con uno u otro bando político. Parecería primar la lucha por el poder para acabar, precisamente, con las luchas políticas, y dar paso a la anhelada estabilidad, necesaria para la producción y los negocios.

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Lo cierto es que el Estado salvadoreño tuvo que comenzar a arreglárselas como mejor pudo. Con el fin de la Federación, el nuevo Estado al menos pudo centrar su atención en los problemas propiamente nacionales, sin tener que preocuparse por obligaciones y compromisos. No obstante, los ideales unionistas no murieron de golpe: los herederos de Morazán tuvieron que pasar a mejor vida antes que los gobiernos salvadoreños dejaran de lado, de una vez por todas, las pretensiones de revivir por la vía de las armas el ideal unionista. Y no fue sino hasta 1859, veinte años después de la muerte del gobierno federal, que el Estado del Salvador se proclamó República independiente y soberana de todo otro organismo político. Es decir, bien se podría argumentar que El Salvador ha tenido tres fechas de independencia: la primera, septiembre de 1821, que cortó los vínculos con España; la segunda, junio de 1824, que creó una república federal, de la cual el Estado del Salvador era parte integrante; y la de 1859, que terminó aceptando la irremediable necesidad de constituir un estado independiente de toda otra entidad política. Ya desde 1821, en El Salvador comenzó a organizarse un poder político para administrar el territorio que se le asignó dentro de la República Federal. Sin embargo, no fue sino hasta la década de 1840 que esa administración territorial tuvo que organizarse en torno a un gobierno nacional, partiendo del hecho que el manejo de las relaciones internacionales, tanto diplomáticas como comerciales, ante prerrogativa del gobierno federal, recaían ahora en el nuevo gobierno. Por una parte, las relaciones diplomáticas adquirieron una gran importancia para la firma de tratados comerciales con los países industrializados del norte, sin los cuales la economía salvadoreña no tendría muchas posibilidades de crecer. Asimismo, el nuevo Gobierno debió asumir su cuota de la amortización del préstamo contratado por la Federación con Inglaterra en 1824 (préstamo que no terminaría de saldarse sino hasta la década de 1930), para lo cual el Estado –si quería evitar el castigo de un bloqueo de sus puertos por la marina de su Real Majestad Británica– debía apartar los fondos necesarios para el pago puntual de ésta y otras deudas que adquirió. Además de las nuevas atribuciones en el campo de las relaciones internacionales, el gobierno nacional debió responsabilizarse por mantener una fuerza armada, sostén en última instancia de todos los gobiernos de turno y necesaria en los casos cuando los países vecinos intentaban inmiscuirse en los asuntos internos de El Salvador. Un caso que puso de manifiesto la importancia de un ejército fue la Guerra

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Nacional, cuando el Estado del Salvador aportó miles de soldados para la campaña en Nicaragua. No debe extrañar, por lo tanto, que el gasto en tropa, oficiales y pertrechos militares con frecuencia fue el rubro más importante de los presupuestos del nuevo Estado. Sin exagerar demasiado, puede aplicarse a la nueva República y a todas las demás en Centroamérica el dicho que se popularizó en Europa: “El Estado hizo la guerra y la guerra hizo al Estado”. La fuerza militar y las relaciones internacionales (incluyendo el pago de las deudas externas) fueron quizás las obligaciones más visibles del nuevo Estado. No obstante, también debió ocuparse de ciertas obligaciones internas que, dada la pobreza en que se debatía el país, no eran muchas. Una de las más importantes eran las obras públicas, especialmente aquellas necesarias para mantener una red vial mínima que permitiera el movimiento de personas y carga, al menos en la época seca. Particularmente importante era el mantenimiento de los dos principales puertos que para entonces tenía el país: Acajutla, en el extremo occidental, y La Unión, en el Golfo de Fonseca, al otro extremo. No eran solamente los principales accesos al mar, sino los puntos donde el Estado tendría las mayores seguridades de controlar el flujo comercial de importación y exportación para efectos del cobro de derechos aduaneros, que se convertirían en el ingreso fiscal más importante en la medida que se reactivaba la economía. Finalmente, el Estado tendría la obligación de asegurar un mínimo de aplicación de la justicia y de la protección policial. Estos deberes se incrementaban lentamente en la medida que las leyes se actualizaban y codificaban y los asuntos jurídicos se multiplicaban, tales como contratos, derechos de propiedad y juicios civiles de todo tipo, aparte del control de la criminalidad y el contrabando.1 Sin embargo, en un país con una población todavía muy pequeña y dispersa, es muy probable que buena parte de los litigios y problemas sociales se resolvieran a escala local y comunal, sin que los representantes del Estado central tomaran cartas en el asunto.2 Más bien, todo lo que tenía que ver con lo que ahora se denomina “política social” se dejó prácticamente en manos de las municipalidades, en parte por la importancia que tenían entonces como herederas de los cabildos coloniales y por la pobreza material del gobierno central y sus propias prioridades políticas, que le impedían gastar en educación, salud y ornato. En resumidas cuentas, en sus inicios el Estado salvadoreño no adquirió sino responsabilidades limitadas por su misma naturaleza

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incipiente y por un entorno económico y social muy pobre, herencia de los siglos de dominio colonial, así como de las guerras federales que terminaron por despilfarrar el poco capital que se había podido acumular a través de los siglos. Si bien la base de la economía de exportación, el añil, todavía no entraba en su crisis definitiva, los precios del tinte y la competencia de los productores del Lejano Oriente colocaron al añil salvadoreño en situación de creciente desventaja. Ya desde mediados del siglo XIX era evidente que El Salvador necesitaba un nuevo “producto motor” (o “cultivo de mayor esperanza”, como se le denominaba en esos tiempos) para reemplazar o complementar la producción de añil. Mientras tanto, el Estado tendría que conformarse con unos ingresos exiguos.

4.2. Las finanzas del gobierno central Entre 1838 y 1871, el país contó con tres constituciones. La primera de ellas fue la que se redactó en 1824, cuando El Salvador era todavía parte de la Federación centroamericana; en su artículo 78, esta Constitución prescribía la existencia de aduanas y estancos, aunque esta disposición se pondría en práctica solamente cuando hubiera fuentes alternativas de ingresos que cubrieran el déficit de aquéllas cuando dejaran de existir. La segunda constitución, de 1841, se redactó ante el desmembramiento de la Federación, pero uno de sus artículos hace referencia a la reorganización del gobierno federal en algún momento en el futuro, por lo que debe entenderse como un documento transitorio, al menos desde la perspectiva de los legisladores del aquel momento. Por lo demás, la Constitución de 1841 le otorga al Estado un muy limitado número de atribuciones y responsabilidades de tipo social, entre las cuales se destacan las que tiene el Poder Legislativo de decretar impuestos y contratar préstamos (artículo 22), “dirigir” la educación pública (artículo 24), abrir los “grandes canales y caminos” (artículo 27) y, por supuesto, “crear y organizar el ejército y las milicias” (artículo 23). El mantenimiento de “la paz y la tranquilidad interior” del nuevo Estado es una de las principales atribuciones del Poder Ejecutivo (artículo 45). La tercera Constitución, de 1864, no difiere mucho de la de 1841 en lo que se refiere a las obligaciones sociales del Estado. Sigue siendo importante “el desarrollo de la instrucción pública en todos los ramos del saber humano” (artículo 28), pero se agrega la habilitación de puertos, el establecimiento de aduanas marítimas y la promoción y protección del desarrollo “de la industria agrícola, fabril y comercial”

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(artículo 35). Evidentemente, la situación del país había cambiado hacia 1864 al intensificarse el intercambio comercial con el exterior y al crecer la producción para la exportación. Pero las obligaciones del Estado seguían siendo limitadas, reflejo tanto de su carácter incipiente como de un entorno que no se prestaba sino para el cumplimiento de las normas y condiciones básicas de convivencia social. Aun así, el gasto público muestra una tendencia generalmente creciente durante el período en cuestión como reflejo de una recuperación económica lenta pero sostenida, resultado de la paz y la inserción de la producción salvadoreña en los circuitos comerciales debido, especialmente, a los servicios de cabotaje de barcos de vapor que aparecieron en el Pacífico centroamericano después de mediados de siglo XIX. Tal como ha demostrado Lindo, los costos del transporte marítimo bajaron sensiblemente, lo que favoreció la salida directa de los productos de exportación salvadoreños por los puertos nacionales.3 Así, el valor de las exportaciones de añil pasó de un poco menos de 700 000 pesos en 1856 a 2 600 000 en 1870. Para este último año, las exportaciones de café apenas llegaban a un poco más de 600 000 pesos, aunque de allí en adelante su crecimiento sería imparable.4 El aumento de las exportaciones se reflejó en el incremento de los ingresos fiscales, tal como se aprecia en el cuadro 1. En la medida que las importaciones aumentaban, así también los ingresos fiscales provenientes de las aduanas marítimas pasaron de un poco menos de 100 000 pesos en 1849 a casi 600 000 pesos en 1871, un incremento de aproximadamente seis veces en un lapso de 22 años. Por otra parte, en 1871 la solvencia del Estado llegó a depender en casi un 60% de los ingresos aduanales, una situación de mucha vulnerabilidad ante cualquier caída brusca de las exportaciones o importaciones. Cuadro 1 Impuestos aduanales: montos y proporción del ingreso total (en pesos) Año 1849 1850 1851 1852

Ingresos fiscales totales 387 372 325 610 327 177 410 351

Impuestos aduanales(1) 99 727 87 924 99 889 197 799

147

% de ingresos totales 25.74 27.00 30.53 48.20

1853 1854 1855 1856 1866 1867 1868 1869 1871

404 415 498 192 446 824 527 594 628 252 719 607 701 346 830 370 995 023

144 128 171 164 147 814 223 083 273 000 265 178 378 175 461 395 587 239

35.63 34.36 33.08 42.28 43.45 36.85 53.92 55.56 59.02

Fuente: Para los años 1849-1856, “Rendimiento de las rentas marítimas y terrestres de la República del Salvador en ocho años económicos consecutivos, formado de orden del Supremo Gobierno, por la Contaduría Mayor”, Gaceta del Salvador, 25 de mayo de 1857; para los años de 1866 y 1867, El Constitucional, 5 de abril de 1866 y 21 de marzo de 1867; para 1868-1871, Knut Walter, Trade and Development in an Export Economy: the Case of El Salvador, p. 21. No existen datos de las finanzas del estado antes de 1849, cuando empezó a publicarse la Gaceta del Supremo Gobierno, el órgano oficial del Estado salvadoreño. También debe notarse la ausencia de datos fiscales para el período 1857-1865, cuando la lucha por el control de la presidencia de la República llegó a sus niveles más intensos (1). Los impuestos aduanales en esta columna solamente incluyen los que se cobraban a las importaciones y exportaciones (principalmente añil) en las aduanas marítimas; no incluyen las alcabalas que se cobraban en las aduanas terrestres con Honduras y Guatemala, como se puede apreciar en el cuadro 2.

Los ingresos aduanales se complementaban con un conjunto de otros impuestos, la mayoría de ellos de origen colonial, tales como las alcabalas terrestres. El impuesto sobre el aguardiente era, sin duda, el más importante, seguido por el impuesto de los rastros (“producto del tajo”) y el papel sellado (ver cuadro 2). En situaciones de emergencia, particularmente las de tipo militar, el Estado podía recurrir a los préstamos forzosos, aunque este procedimiento fue usado con mayor frecuencia durante la tumultuosa década de 1840.5 El Estado también tenía la potestad de endeudarse por medios menos drásticos, tales como la emisión de bonos y los préstamos con particulares, operaciones que se observan en los presupuestos de ingresos y gastos desde los primeros días de la República y cuya amortización con el paso del tiempo se convirtió en una carga pesada para el fisco. Pero el rubro más importante, después de los impuestos aduanales, fue el impuesto del aguardiente.

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Cuadro 2 Ingresos fiscales 1849-1856 (en pesos) Concepto/año Alcabala marítima 20% Alcabala terrestre de Guatemala Alcabala terrestre de Honduras Alcabala interior de la venta de fincas Bodegaje y almacenamiento Impuesto aguardiente importado Derechos exportación añil Papel sellado

1849 73 116

1850 67 504

24 238

11 704

8339

3584

3383

2364

611

735

16 566

9196

36 986

21 488

8735

12 442

11 817

15 917

9374

9311

11 911

9761

10 681

11 721

15 209

16 345

8616

9232

7875

18 647

13 031

16 254

10 736

15 129

1902

3501

4457

7523

4339

12 605

7248

9152

26 611

20 220

24 286

27 545

25 412

15 402

15 331

24 705

7426

7663

7228

8091

9410

8709

10 667

10 513

Montepío cosecheros añil Venta y composición de tierras Producto del tajo Asiento de aguardiente Otros

7842

16 014

1412

464

5754

1964

4057

11 376

3090

326

11 117

3495

1174

5296

15 534

Totales

1851 1852 75 603 170 254

15 788 16 233 18 119 21 123 185 426 147 380 115 692 110 592 7377

7326

4152

7684

387 372 325 610 327 177 410 251

1853 1854 1855 1856 118 176 155 762 132 483 198 378

21 280 21 520 19 888 19 013 176 194 227 500 193 471 189 570 6846

6653

9772

16 726

404 415 498 192 446 824 527 594

Fuente: “Rendimiento de las rentas marítimas y terrestres de la República del Salvador en ocho años económicos consecutivos, formado de orden del Supremo Gobierno, por la Contaduría Mayor”, Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, 27 de mayo de 1857. Este cuadro fue elaborado por el Tribunal y Contaduría Mayor de Cuentas del Estado del Salvador, pero no se pudo incluir los años de 1847 y 1848 “por haberse traspapelado en el archivo del Cuerpo Legislativo los estados generales de 1847 y 1848”. Este caso ejemplifica la escasez de datos estadísticos confiables y abundantes que solamente comenzarían a solventarse con el advenimiento de cierta estabilidad política después de 1870 y la introducción de sistemas más ordenados de recopilación y procesamiento de información cuantitativa. Incluso, la suma de la columna de 1854 en el cuadro original tiene un error: si se suman todos los rubros en dicho cuadro para ese año, la cantidad es superior en exactamente 50 000 pesos al total que aparece en el cuadro original, por lo que hemos reducido en 50 000 pesos los ingresos del aguardiente, un rubro que parece excesivamente inflado en comparación con los años anterior y posterior para que la suma calce con el total.

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El aguardiente, por supuesto, era un producto estancado. Su producción y venta se concedía a particulares después de un proceso de licitaciones que se describirá en detalle más adelante. Por ahora, debe quedar en claro que se convirtió en un producto estratégico para el Estado; no solamente tenía asegurada una demanda amplia y constante, sino que también resultó de manejo relativamente fácil (pese a la competencia de los contrabandistas y alambiqueros ilegales, quienes nunca dejaron de operar). La importancia de los ingresos del aguardiente fue particularmente marcada durante los primeros ocho años de estadísticas disponibles, como se aprecia en el cuadro 3. En 1849, se acercó incluso a casi la mitad de los ingresos totales, mientras que en los restantes rondó por las dos quintas partes. Pero la tendencia de los ingresos del aguardiente, al menos en términos relativos, fue decreciente: en el período 1866 a 1869, representaron alrededor de la quinta parte del total; aunque en términos absolutos, el aguardiente siempre se mantuvo en el segundo lugar de los ingresos fiscales, después de los impuestos aduanales. Cuadro 3 Ingresos del estanco de aguardiente: montos y proporción del ingreso total (en pesos) Año 1846-7 1847-8 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1866 1867

Ingresos fiscales totales 172 661 64 615 387 372 325 610 327 177 410 351 404 415 498 192 446 824 527 594 628 252 719 607

Ingresos aguardiente 65 231 30 014 185 426 147 380 115 692 110 592 176 194 227 500 193 471 189 570 114 000 172 443

150

% de ingresos totales 37.78 46.45 47.87 45.26 35.36 26.95 43.57 45.66 43.30 35.93 18.15 23.96

1868 1869

701 346 830 370

140 414 157 179

20.02 18.92

4.3. Las obligaciones del gobierno central ¿Cómo distribuyó el Estado estos ingresos? El presupuesto de gastos de los años en cuestión deja en claro que el gasto militar era el más importante, superado a veces por la deuda pública (ver cuadro 4). En parte, el fuerte gasto militar se explica por la tirantez en las relaciones entre los países de la región, especialmente Guatemala, El Salvador y Honduras, producto de las rivalidades entre facciones que luchaban por el poder en cada país. También obedeció a la necesidad de aplicar la fuerza como mecanismo de control social interno ante la ausencia de procedimientos de negociación y conciliación entre facciones o de selección legítima de los gobernantes (elecciones libres, no reelección, representación política equitativa). Finalmente, ninguna gran potencia durante estos años tuvo suficiente interés político o fuerza militar para dedicarse a influenciar decisivamente el desarrollo de los acontecimientos en la región. Después de la firma del Tratado Clayton-Bulwer en 1850, la rivalidad entre Inglaterra y Estados Unidos por controlar el istmo llegó a su fin, al igual que su interés por intervenir en los asuntos internos de los países centroamericanos. Poco después, Estados Unidos se vio envuelto en su propia guerra civil (1860-1864) y en la reconstrucción posterior, mientras que México pasó por décadas de luchas internas y varias ocupaciones extranjeras hasta la instauración del porfiriato en la década de 1870. Así las cosas, los nuevos países centroamericanos tuvieron mucha autonomía para hacerse la guerra sin que nadie los regañara. El nivel de tecnificación del ejército era todavía muy reducido; por ejemplo, no existió institución alguna para la formación de oficiales sino hasta el último año del gobierno de Dueñas, cuando se destinaron 6000 pesos para el mantenimiento de un colegio militar; tampoco parece haberse gastado mucho en armamento. Del presupuesto de gastos militares ordinarios durante los últimos tres años del gobierno de Dueñas, se destinaron 80 000 pesos al año para salarios de oficiales y 100 000 para el mantenimiento de la tropa, más otros 20 000 anuales bajo el concepto de “gastos militares” (presumiblemente equipo, pólvora y logística). Compárense estas cantidades con los fondos asignados a obras públicas (50 000 al año) o a instrucción primaria (alrededor de 20 000 pesos anuales).

151

Cuadro 4 Egresos del Estado salvadoreño Concepto/año Poder legislativo Poder ejecutivo

1846-7 1940 1695

1847-8 2217 4037

1850-1 785 3932

1857 8382 21 925

1859 8502 29 190

1860 8502 37 990

1866 12 075 17 010

1867 11 445 17 976

1868 11 444 19 976

1869 11 465 19 976

746 ----

1903 130

580 722

15 422 3120

16 670 3120

9200 3120

29 480 9660

33 480 15 000

35 480 15 000

Gobernadores departamentales Contaduría mayor

1917 3710

782 1869

1198 1951

9285 2616

9645 2640

9645 2820

15 180 4060

15 180 4720

15 180 4000

18 480 4060

Tesorería general Aduana La Unión

5760 ----

2869 ----

3247 ----

3400 3810

3400 5770

3780 6770

3780 4320

4080 4520

4380 5520

4740 5520

Aduana La Libertad Aduana de Acajutla

-------

1675 3484

1675 3604

2275 3604

3460 2940

4500 3340

5740 3340

Inspección de policía rural Honorarios administradores de rentas y tercenistas

-------

11 000 ----

11 000 7500

25 000 9500

4863 8917

3038 10 885

4051 37 992

---12 000

---20 000

20 000 20 000

40 000 20 000

23 682 ----

1047 ----

27 129 ----

49 848 ----

89 432 ----

100 000 ----

150 000 ----

180 000 ----

180 000 6000

Subsidios Pensiones a inválidos y viudas

---483

---384

---363

-------

8000 4637

8000 5000

17 600 5000

16 900 5000

16 900 8500

Instrucción primaria Universidad

-------

18 000 10 500

22 000 15 000

Legaciones y diplomáticos

----

8000

12 000

20 000

----

Poder judicial Gobierno eclesiástico

Gastos extraordinarios Gastos militares Gastos de la fuerza armada Colegio militar

152

Pago créditos no consolidados Obras públicas

91 253 ----

20 623 ----

23 561 ----

-------

50 000 50 000

50 000 80 000

-------

36 000 ----

42 000 ----

42 000 60 000

Otros Totales

21 349 166 315

13 655 63 439

18 869 124 380

14 068 160 035

17 216 234 501

29 076 268 782

22 264 524 329

15 215 572 356

24 422 713 382

24 774 723 475

Ingresos Sobrante

172 661 6346

64 615 1175

124 528 148

-------

628 252 103 923

719 607 147 242

744 123 30 741

778 112 54 637

Pago deuda consolidada Gastos ordinarios o generales de la administración

Fuente: para 1846-47, “Estado general de ingresos y egresos de la Tesorería General del 1 de octubre de 1846 al 28 de febrero de 1847”, Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del Salvador en la República de Centro América, 21 de mayo de 1847 [cubre solamente cinco meses]; para 1847-8, “Estado general de ingresos y egresos de la Tesorería General del 1 de octubre de 1847 al 30 de septiembre de 1848”, Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del Salvador en la República de Centro América, 3 de noviembre de 1848; para 1850-1, “Estado general de ingresos y egresos de la Tesorería General del 1 de octubre de 1850 al 30 de septiembre de 1851”, Gaceta del Salvador de 31 de octubre de 1851; para 1857, Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central de 25 de abril de 1857; para 1859 y 1860-61, Gaceta Oficial de 16 de marzo de 1859 y 3 de marzo de 1890, respectivamente; para los años 1866-1869, El Constitucional de fechas 5 de abril de 1866, 21 de marzo de 1867, 12 de marzo de 1868, y 11 de marzo de 1869. Los ingresos fiscales totales que aparecen en el Cuadro 2 para el año 1850 no guardan correspondencia alguna con los egresos en este cuadro para 1850-51, lo cual parece indicar que los pagos que se hacían directamente en las tesorerías departamentales y en las aduanas se reportaban y consolidaban algún tiempo después. En todo caso, lo que interesa aquí es la composición del gasto, no necesariamente su monto total.

153

La otra obligación perentoria del Estado salvadoreño era la amortización de la deuda pública. Con el paso del tiempo, este rubro decreció en términos relativos en la medida que los gastos totales del estado aumentaban, como puede apreciarse en el cuadro 5. Sin embargo, durante los años de gobierno del presidente Dueñas, las leyes de presupuesto estipulaban que cualquier remanente (“sobrante”) al final del ejercicio fiscal debía destinarse a la amortización de la deuda pública, por lo que las cantidades bajo este rubro habrían sido mayores. En todo caso, la amortización puntual de la deuda no dejó de ser una prioridad absoluta. Caer en mora con los acreedores británicos significaba un seguro bloqueo de los puertos por la escuadra inglesa, con las consecuentes pérdidas comerciales y fiscales. Cuadro 5 Egresos fiscales y amortización de la deuda pública como proporción del gasto total (en pesos) Año 1846-47 1847-48 1850-51

Egresos totales 166 315 124 380 63 439

Amortización préstamos 91 253 19 512 23 561

% amortización 54.86 15.69 37.14

1857 1859 1860

160 035 234 501 268 782

----------

-0-0-0-

1866 1867 1868 1869

524 329 572 356 713 382 723 475

86 000 92 000 92 000 92 000

16.40 16.07 12.90 12.72

Fuente: la misma que para el cuadro 4. Se deduce que durante los años 18571860 no se amortizó la deuda pública.

Después de apartar los fondos del gasto militar y el pago de la deuda pública, lo que quedaba se destinaban a las inversiones y los gastos fijos del Estado. Las obras públicas, la administración de la justicia y algunos pocos servicios públicos (correos, vacunaciones) se costeaban con esos sobrantes; igual sucedía con los salarios de los funcionarios del Estado, quienes más allá de la tropa y los oficiales no pasaban de algunos centenares de

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individuos. Tal como se aprecia, el Estado salvadoreño no tenía una política de desarrollo o crecimiento que se haya reflejado en sus presupuestos. Prácticamente, ningún fondo se destinaba al fomento de la producción (salvo de manera indirecta mediante la construcción o mantenimiento de los caminos y de los puertos) o a la calificación de la mano de obra, cosas que en todo caso habrían tenido poca utilidad en una economía donde la mayor parte de la población vivía al nivel de subsistencia, cultivando granos básicos. Tampoco estaba sometido el Estado a las directrices sino de un pequeño grupo de personas cuyos intereses, de momento, apenas se limitaban a lograr un mínimo de estabilidad política. En resumidas cuentas, la organización de la producción y la estructura de la sociedad todavía reflejaban más características propias de la era colonial que de una república moderna basada en altos grados de institucionalidad y legitimidad. La dependencia todavía extrema en un solo producto de exportación, el añil, y la ausencia de modernos sistemas de transporte y comunicación establecían límites muy precisos a lo que el Estado nacional estaba en capacidad de ejecutar. Es por eso que los municipios debieron asumir muchas de las obligaciones que eventualmente, con la expansión del café y el consecuente aumento de los ingresos fiscales, pasaron a manos del estado central.

4.4. Los estancos y monopolios Las debilidades y limitaciones del Estado salvadoreño anteriores al auge del café tuvieron que subsanarse mediante medidas que incorporarían a diversos actores sociales y políticos en labores que, estrictamente hablando, le correspondían al Gobierno Central. A los municipios se les responsabilizó por los servicios educativos mínimos, las “escuelas de primeras letras” que se ofrecían a la población, así como por las medidas de saneamiento y ornato que habrían de mejorar la calidad de vida de la población. Los terratenientes tuvieron que asegurar la protección y la seguridad de sus propiedades mediante la formación de grupos armados privados, las llamadas “milicias”. La Iglesia seguía manteniendo hospitales y asilos como parte de su tradición ancestral de caridad cristiana, e impartía educación en sus escuelas y colegios. De esa manera, el gobierno central pudo centrar su atención en una preocupación mucho mayor: los ingresos para el mantenimiento de los servicios administrativos esenciales que dirigía el Presidente de la República desde la ciudad capital. Para los historiadores, los temas de la recaudación y el gasto fiscal son sumamente importantes para entender el rumbo del país y las opciones de cambio que tuvo frente a sí. En el caso del siglo XIX, las recaudaciones

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fiscales del Estado salvadoreño han sido estudiadas de manera indirecta y los trabajos que abordan el tema de la economía del país se centran más que nada en la cuestión agraria o en las relaciones económicas con el mercado mundial.6 Sin embargo, la fortaleza o debilidad de cualquier Estado tiene mucho que ver con el entorno económico en que se desarrolla. La economía de El Salvador no logró superar sus grandes debilidades y limitaciones estructurales sino hasta finales del siglo XIX y, en consecuencia, el Estado mismo se desarrolló lentamente hasta hacerse presente en todas las regiones del país entrado ya el siglo XX. Ese crecimiento del Estado, de sus obligaciones y de su aparato burocrático se inició de manera sostenida a partir de los gobiernos del presidente Dueñas, quien parece haberle impuesto cierto orden y racionalidad a las operaciones del Estado. Pero su gobierno siempre estuvo marcado por prácticas heredades de tiempos anteriores. Una de éstas fue la recaudación fiscal a través de los estancos y ciertas actividades productivas y comerciales otorgadas por el Estado, como monopolios a particulares, ambas formas peculiares de captación de ingresos para el funcionamiento de los gobiernos de turno. Lo cierto es que desde la época colonial el peso de la tradición imprimía en las estructuras estatales una línea de continuidad que empujaba a las autoridades y gobiernos de turno a continuar con las prácticas ya conocidas de recaudación fiscal, a pesar de las ideas ilustradas que circulaban en la época con vientos de modernidad. En este contexto, los estancos eran prácticas remanentes de lo que fue el Estado colonial, probablemente una de las únicas formas de controlar la venta y el consumo de determinados productos considerados estratégicos, suntuarios o socialmente censurados, entre los cuales se encontraban la pólvora (o los ingredientes para su fabricación, como el salitre), la sal, los naipes, los fósforos, el tabaco y, particularmente, el aguardiente. La producción y venta de aguardiente eran controladas y vigiladas por el Estado debido a los efectos nocivos que su consumo excesivo tendría en la producción y la convivencia social. En el caso particular salvadoreño, los estancos pueden entenderse como una práctica del Estado que estancaba (controlaba) el libre cultivo, fabricación, circulación y venta de determinados productos para dejarlos en manos de individuos particulares o manejarlo por sí mismo, fijando también los precios a los que se venderían.7 Es decir, se prohibía su producción y venta libre, tal como sería el caso con la mayoría de productos de consumo diario de la población, cuyos precios fluctuaban según la oferta y demanda. De esta forma, el Estado lograba controlar la circulación y el consumo de ciertos productos y a la vez recibía ingresos a manera de impuestos indirectos por concepto de las tasas que cobraba a los concesionarios de los productos estancados.

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Los estancos pueden dividirse en dos tipos: por un lado, los mixtos, que eran operados por particulares con el aval del Estado, como en los casos del aguardiente y el tabaco; y por otro, los exclusivamente estatales, como el de la pólvora, el salitre y el papel sellado. Si el estanco era concesionado a particulares, las utilidades se repartían entre el arrendatario y el Estado, por lo que tendrían que ser relativamente altas para resultar atractivas a ambos. En el caso de la pólvora, el salitre y el papel sellado, el único que se lucraba de su venta era el Estado. Estos productos eran importados o fabricados a muy bajo costo en el Estado del Salvador, pero su comercialización requería un mayor control y no podía dejarse en manos de particulares. Algunos estancos duraron poco tiempo. Otros se mantuvieron hasta prácticamente fines del siglo XX. La decisión de mantenerlos o abolirlos tendría que ver con los ingresos reales que percibía el Estado y los costos que ocasionaba el mantenerlos en funcionamiento. Por ejemplo, si un producto estancado tenía que competir con similares que se ofrecían en venta por la vía del contrabando, el Estado tenía que dedicar recursos para perseguir a los contrabandistas. Si esos costos superaban los ingresos del producto estancado, entonces para el Estado no resultaba conveniente mantener el estanco, al menos desde el punto de vista fiscal. Puede ser que también se hayan manejado argumentos más bien de tipo moralizante, en el sentido que era obligación del Estado controlar los vicios y atenuar así sus efectos perniciosos. Sin embargo, para un Estado débil, de reciente creación, el estanco adquirió mucha importancia porque le permitió recibir ingresos con el apoyo de particulares –los concesionarios de los estancos (o “tercenistas”, como se les llamaba en el caso del estanco del tabaco)–, sin necesidad de agrandar la burocracia y los consiguientes gastos en salarios y equipo. Para ilustrar estas prácticas monopólicas, se describirá y analizará el funcionamiento del sistema de estancos en los casos del tabaco y el aguardiente, con algunas referencias adicionales a otros estancos y monopolios que existieron durante el período en cuestión.

4.5. El estanco del tabaco El estanco del tabaco, una institución colonial que se había mantenido durante los años de la Federación, dejó de existir en 1853. En buena medida, su desaparición se debió a la producción clandestina y al contrabando, aunque el antecedente inmediato fue un par de contratos que el gobierno firmó con un comerciante inglés con miras, presuntamente, a reactivar las exportaciones y fomentar la producción. El 1 de marzo de 1847, el Estado del Salvador, representado por los señores Francisco Dueñas e Isidro Menéndez, le otorgó al señor James Wilson Jeffreys,

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súbdito inglés “del comercio de Liverpool”, el derecho exclusivo (monopolio) de la exportación de maíz, frijol, azúcar, arroz y algodón.8 Los considerandos del acuerdo dejaban en claro que el Estado no tendría posibilidades para ocuparse de la exportación de estos productos porque sus recursos estaban agotados u ocupados en otros ramos. A los pocos días del primer contrato, el Gobierno (siempre representado por Dueñas y Menéndez) firmó otro con Jeffreys, a quien le concedía en arrendamiento el derecho exclusivo de la producción, venta y exportación del tabaco, en rama o fabricado, por un período de veinte años.9 Bajo los términos del contrato, el Estado le vendería a Jeffreys (a dos reales la libra) el tabaco embodegado en los almacenes del Gobierno, los cuales normaban la compra-venta con los cosecheros. Jeffreys tendría también la exclusiva para la importación de los puros habaneros, aunque debía pagar los derechos de importación correspondientes. Por su parte, el Estado se comprometió a brindar seguridad y castigar a los contrabandistas, pero no adquirió mayores compromisos; más bien, el contratista podía mejorar las instalaciones de la “factoría” sin el concurso del Estado. El trasfondo de este segundo contrato estaba vinculado directamente con el tema de las finanzas del Estado: Jeffreys se comprometió a “pagar por cuenta del gobierno del Salvador las dos dozavas (sic) partes y sus réditos de deuda extranjera que le corresponden en proporción de la que contrajo toda la república en tiempos del gobierno Federal a los tenedores de bonos… [suma que] asciende a trescientos doce mil pesos, cuatrocientos [ilegible] y un peso, cinco y medio reales…”. Los tenedores de bonos en Inglaterra eran una fuerza política importante y el gobierno inglés estaba atento a sus reclamos si algún país deudor caía en mora. El contrato con Jeffreys buscaba evitar precisamente un enfrentamiento con el gobierno británico sobre este tema. Además de amortizar la deuda del Estado, el contratista debía pagar al gobierno del Salvador 10 000 pesos anuales en concepto del arrendamiento del estanco de tabaco, a razón de 2500 pesos cada tres meses, cantidad nada despreciable para unas finanzas públicas muy deterioradas. Pero a sólo dos años de haber concedido el estanco del tabaco a Jeffreys, el Estado decidió que no era conveniente seguir con ese sistema porque Jeffreys no había cumplido con su obligación de hacer funcional el estanco y amortizar la deuda con los acreedores ingleses, por lo que emitió un decreto legislativo que revocó el permiso al contratista inglés y devolvió el estanco a la administración estatal directa.10 Un año después, el Presidente de la República emitió un decreto que creaba el estanco de tabaco y su respectivo reglamento (con fecha 13 de abril de 1849), mediante el cual se procedería a entregar en concesión el cultivo y la venta del tabaco bajo “otra organización, más liberal, más popular y menos

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dispendiosa”.11 En realidad se introdujo una modalidad de asignación de concesiones similar al del estanco de aguardiente de entonces: se organizarían remates donde los interesados en sembrar tabaco presentarían sus ofertas y los que salieran favorecidos con la concesión de una tercena serían los facultados también para autorizar el cultivo entre los sembradores de tabaco “en la compresión correspondiente a cada remate”. A su vez, los productores de tabaco estaban obligados a vender toda su cosecha a los “tercenistas” correspondientes, “sin que a los sembradores les sea permitido su venta por mayor o menor”. Solamente el tercenista podía establecer cuantos puestos de venta quisiera en la comprensión asignada. Cuando se trataba de tabaco para la exportación, el control se efectuaba mediante guías extendidas en la tercena donde se había comprado el producto, las cuales debían presentarse en el puerto de embarque o aduana terrestre correspondiente. Sin embargo, todo este andamiaje burocrático y administrativo no fue capaz de revertir una tendencia imparable. Hacia comienzos de la década de 1850, la importancia de los ingresos fiscales provenientes del tabaco había menguado considerablemente, como se aprecia en las proyecciones que elaboró la Tesorería General (ver cuadro 6). Cuando se compara con los ingresos del aguardiente para esos años, el tabaco apenas representaba un 8.8, 10.0 y 6.5% en los años 1850, 1852 y 1853, respectivamente.12 Cuadro 6 Proyecciones de los ingresos fiscales del estanco del tabaco (en pesos) Año

1850 1851 1852(1) 1853(2)

Proyección en vales y dinero Total anual Producto anual Producto anual en dinero en créditos 4689 8266 12 955 ------4416 6654 11 070 ----11 448

Fuente: Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 1 de febrero de 1850, 23 de enero de 1852 y 18 de febrero de 1853. La columna “producto anual en créditos” se refiere a los pagos que harían los tercenistas en bonos del Estado por su valor nominal. (1) En este año aparece una tercena más: la de Jocoro, en el departamento de San Miguel, y la tercena de San Salvador se divide en la del sur y la del norte. (2) En este año se separa la tercena de Zacatecoluca del departamento de San Vicente y aparece como la única tercena del departamento de La Paz.

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El bajo rendimiento del estanco del tabaco convenció al gobierno de que sería mejor eliminarlo del todo. Los considerandos del decreto legislativo de junio de 1853 dejan en claro que no había manera de superar los obstáculos asociados con su funcionamiento y que sus ventajas eran insignificantes. En primer lugar, se plantea que el cultivo del tabaco era especialmente apto para la exportación y que su libre cultivo podría generar “riquezas considerables”. En segundo lugar, el rendimiento del estanco era “miserable” y sólo beneficiaba “en parte” a los tercenistas o rematarios, no a los cultivadores y consumidores. Y, finalmente, el contrabando desde el exterior y las siembras clandestinas dentro del territorio eran “inevitables”.13 En consecuencia, el decreto estableció que el cultivo, venta y exportación del tabaco serían libres, y que el tabaco proveniente del exterior pagaría un impuesto de 2 reales por libra, o de un cuartillo (3 centavos de real) si provenía de algún estado centroamericano. Además de los pocos ingresos captados por el Estado, es muy probable que los mismos tercenistas no hayan querido seguir con el sistema del estanco por lo poco rentable que les resultaba, pese a los argumentos del gobierno que eran los principales beneficiarios. Tampoco sorprendería que los concesionarios del estanco hayan sido productores de tabaco que vendían sus cosechas clandestinamente. En general, y a diferencia del aguardiente, la producción de tabaco no requería mayores inversiones en instalaciones para su cultivo, procesamiento y almacenamiento, por lo que cualquiera con acceso a tierra podría dedicarse a ello, una situación no muy disímil a los pequeños productores en nuestro tiempo, que se dedican al cultivo clandestino de la materia prima para diversos tipos de estupefacientes.

4.6. El estanco de aguardiente Como hemos visto, el estanco de aguardiente constituía un rubro muy importante de los ingresos del Estado salvadoreño a mediados del siglo XIX. El Estado ya tenía experiencia en la administración del negocio desde tiempos coloniales y, salvo la abolición de todo estanco que contempló la Constitución de 1824, no parece haberse suspendido jamás este negocio estatal.14 Prueba de ello es la promulgación del Reglamento de Aguardiente de 1830, cuando El Salvador todavía formaba parte de la República Federal. Dicho en otras palabras, los ingresos del estanco de aguardiente eran un rubro demasiado importante del presupuesto del Estado del Salvador como para contemplar su abolición, pese a todos los argumentos que podrían esgrimirse acerca de lo perjudicial de la embriaguez y el despilfarro.

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Durante el período en cuestión, el sistema del estanco de aguardiente funcionó de acuerdo con las estipulaciones del reglamento de 1830 emitido por la legislatura, que en un principio dispuso que su administración estuviera bajo la oficina de la Intendencia General. En 1849, sin embargo, se estableció la Tesorería General como la entidad responsable del manejo de todas las finanzas del Estado, incluyendo el estanco del aguardiente. Según este nuevo ordenamiento, bajo la Tesorería General se ubicaban las administraciones de rentas ordenadas por departamento. En 1849, por ejemplo, existían 16 administraciones de rentas en los cinco departamentos en que se dividía entonces el país: San Salvador (San Salvador y Opico), Sonsonate (Sonsonate-Izalco, Santa Ana-Ahuachapán y Metapán), Cuscatlán (Suchitoto, Chalatenango, Tejutla, Ilobasco y Cojutepeque), San Vicente (San Vicente, Sensuntepeque, Zacatecoluca) y San Miguel (San Miguel y Usulután). Como era de esperarse, las administraciones más importantes por la cantidad de dinero recaudado eran San Salvador, Santa Ana-Ahuachapán y San Miguel, como se aprecia en el cuadro 7, correspondiente a 1852. La distribución de los ingresos del aguardiente en ese año es reflejo, a su vez, de la distribución de la población en la República: las administraciones de rentas del occidente (Santa Ana, Ahuachapán, Metapán y Sonsonate) proyectaron ingresos del aguardiente por más de 51 500 pesos, cantidad prácticamente idéntica a la de San Salvador, San Miguel y San Vicente, juntos. Cuadro 7 Ingresos proyectados del estanco de aguardiente en el año fiscal de 1852 (en pesos) Administración

Mensual

Idem. en

Anual en

Idem. en

Producto

de rentas

en dinero

créditos

dinero

créditos

total

del

Estado

Aumento

Baja

San Salvador

1302

212.5

15 618.4

2 548.6

18 167.2

---

690

Opico

179.4

315.1

2154

3 782.2

5936.2

1963.2

----

949

2447

11 388

29 367

40 755

18 099

----

675.6

90.4

8109

1086

9195

----

28 971

Santa Ana y Ahuachapán Sonsonate Metapán

102

1224

348

1572

348

----

Suchitoto

204

120.7

2448

1 450.4

3898.4

1462.4

----

161

Chalatenango

191.4

Tejuela Cojutepeque

48.3

2298

580.4

2878.4

----

617.4

91.4

1097

108

1211.3

----

24.5

558.4

86.4

7062

1038

8100

----

463.2

726.2

5559

8715

14 274

6946

----

131

1572

228

1860

384

-------

Ilobasco San Vicente Sensuntepeque Zacatecoluca San Miguel Usulután Totales

465

38.4

5580

462

6042

438.6

868.6

682.7

10 425

8194.4

18 619.4

1060

198

66.4

2376

798

3174

----

2718

6 409.6

4 897.3

76 910.7

58 766.4

135 683.3

30 716

33 021.3

Fuente: “Ingresos que deben tener las administraciones de alcabalas del Estado por el producto del ramo de aguardiente en el año económico que comenzó el 1 de octubre de 851 y concluye el 30 de septiembre de 1852”, en Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 30 de enero de 1852.

Por debajo de la Intendencia General (o las administraciones de rentas después de 1849) se ubicaban los estanquillos o tabernas (los que ahora se conocen como “expendios”), donde los concesionarios de los estancos vendían el aguardiente. La concesión de un estanquillo duraba un año, de tal manera que todas las concesiones se adjudicaban anualmente en el mes de septiembre al comienzo del año fiscal. No era inusual que un concesionario en particular tuviera varios estanquillos. Ocasionalmente, se daba el caso contrario: que no se adjudicaran todos los estanquillos en los remates y quedaran algunos sin concesionario. En estos casos, el estanquillo quedaba bajo la administración directa del Estado. Así ocurrió, por ejemplo, a finales del año de 1847, cuando los estanquillos de Coatepeque, Texistepeque y Santa María fueron rematados hasta en el mes de octubre y el de Dulce Nombre de María en diciembre, habiendo quedado en manos del Estado en el ínterin. En ese mismo año, los estanquillos de la ciudad de Santa Ana fueron manejados por la administración de rentas de ese departamento.15 La concesión de los estanquillos de aguardiente comenzaba con un remate en el cual los interesados presentaban sus ofertas, que no podían ser menores a la cuota mensual que tenía asignado el estanquillo como renta para el Estado. En el caso de “los pueblos y aldeas que por su población y circunstancias no puedan tener mucho consumo”, la cuota se fijó en seis pesos mensuales por estanquillo, pero la Intendencia estaba autorizada a aumentarla “hasta donde convenga”, si las ventas eran mayores a las esperadas (aunque dicho aumento no podría darse durante la duración de la adjudicación, sino hasta el año fiscal siguiente en vista que “estos permisos y remates son unos verdaderos

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contratos”, ante los cuales los concesionarios “responderán siempre por la cantidad íntegra”). En los pueblos “de más consideración” la cuota se fijó en doce pesos, mientras que en “los pueblos mayores y concurridos” la cuota era de quince pesos y en “las ciudades, villas y pueblos numerosos” la cuota era de treinta y cinco pesos mensuales, que en todos los casos podría ser aumentada por la Intendencia si resultaba conveniente.16 La adjudicación definitiva de un estanquillo se le daba a la persona que en el remate “ofreciese más y diere mejores cauciones [garantía]”. Es decir, el Estado percibía los fondos producto de la puja en el remate, más las cuotas mensuales del estanquillo que debían cancelarse “sin escusa ni pretesto [sic] al fin de cada mes vencido”. Así, el Estado tendría una idea general de cuánto le entraría por cuenta del estanco de aguardiente en determinado año una vez se establecían las cuotas que debía cancelar cada estanquillo. Para los concesionarios, por su parte, el costo de conseguir y administrar un estanquillo se cubriría con el producto de la venta del aguardiente, cuyos precios al consumidor eran fijados por el mismo concesionario “sin que ninguna autoridad pueda intervenir en esto”. Se combinaban, pues, dos modalidades de determinación de precios: el precio de la concesión que fijaba el estado y el precio del producto que fijaba el concesionario, según su apreciación de las condiciones de la oferta y la demanda dentro del área de su mercado. La única restricción que se le ponía al concesionario era que los aguardientes que vendiera no fueran “flojos, de mal sabor o de confecciones dañosas”. El concesionario de un estanquillo gozaba de otro beneficio: sólo él estaba autorizado para fabricar el aguardiente que vendía en su estanquillo o que le comprara otro concesionario que no tenía alambique o que necesitaba hacerse de más aguardiente. Estas ventas de aguardiente entre concesionarios eran libres, pero debía avisarse a las respectivas autoridades de cada transacción. También asumían los destiladores la responsabilidad por la calidad del producto: “Los asentistas [concesionarios] serán responsables con arreglo a las leyes de los males que causen los licores por confeccionarlos con materias venenosas, a proporción del mal que resulte; y las Justicias, por queja, denuncia o de oficio, harán los rejistros [sic] convenientes, practicándolos con facultativos en Medicina o Farmacia”. Habría, pues, cierto control de calidad y de protección al consumidor. Por lo demás, los destiladores estaban en libertad de “confeccionar sus licores con mezclas que no dañen a la salud, y darles el color que más les acomode, siendo siempre de buena calidad, y no bajeras, como se acostumbra llamar a los licores bajos”.

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El reglamento de 1830 no dejó de lado ciertas consideraciones de tipo moral y social que debían acatarse como parte del funcionamiento del estanco de aguardiente. Las tabernas debían estar señalizadas y ubicadas en lugares públicos, pero a cien varas de distancia de los edificios ocupados por los “altos poderes del Estado”, los cuarteles y las escuelas. Los menores de edad no podían acercarse a estos lugares ni se permitían juegos de azar. Las tabernas abrirían al amanecer y cerrarían a las ocho de la noche. En 1840, una orden legislativa permitió suprimir los estanquillos de las localidades donde no hubiera municipalidad o que dañaran la moral y orden público.17 El único cambio importante que se introdujo en el manejo del estanco de aguardiente durante los años en cuestión fue un reglamento emitido por el Presidente Barrios en 1861 que modificó el mecanismo de adjudicación de los estanquillos. Siempre se mantuvo el remate, pero se endurecieron las condiciones que debía reunir el interesado en conseguir una concesión: ahora se le exigiría un fiador y propiedades (en la forma de haciendas o fincas) que sirvieran de garantía para conceder el estanquillo. El valor de las fincas o haciendas sería certificado por el alcalde del lugar donde estaban ubicadas las propiedades, de tal manera que hasta el gobierno local quedó integrado al sistema del estanco de aguardiente (aunque no recibiría ningún beneficio de manera directa). Una vez adjudicado el estanquillo, el concesionario tendría tres días para legalizar el contrato con el Estado y comenzar a pagarle el valor de la concesión. Si el concesionario incumplía con su obligación de cancelar el primero de los pagos, el administrador de rentas imponía una multa de 25 pesos. Si aun de esta forma el concesionario no se hacía responsable, el administrador de rentas declaraba anulada la adjudicación del estanquillo, mientras que el individuo que incumplía el contrato tendría que pagarle al Estado la mitad anual de la cuota asignada, así como los gastos que le ocasionó al mismo.18 Todas las complicaciones que resultaban del sistema de adjudicación y administración de los estanquillos de aguardiente pudieron haberse superado o simplificado, en teoría al menos, si el Estado hubiese asumido la administración directa del negocio. De hecho, en cierto momento lo contempló: un decreto legislativo de 1847 autorizó al Poder Ejecutivo “para que arregle el ramo del aguardiente bajo el sistema de administraciones en todo el Estado, o por departamentos, según vaya facilitándose, dictando en su oportunidad los reglamentos del caso”.19 Según el comentario de Isidro Menéndez al pie del citado decreto, “se hizo efectivamente el ensayo en el departamento de San Vicente y en 20 de septiembre de 1843 se dio el reglamento correspondiente para la administración de los estancos, por cuenta del Gobierno, en dicho departamento; mas probó mal aquel ensayo, y se ha prescindido del sistema de administración; sin embargo, el Gobierno está autorizado para adoptarlo cuando

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lo crea conveniente”. No se conocen las razones del fracaso del experimento en San Vicente, pero cabe suponer que han de haber sido las mismas que enfrentaba el sistema de estancos concesionados: el contrabando y la fabricación clandestina, además de las limitaciones administrativas y burocráticas propias de un Estado de reciente creación. El Estado intentó controlar el contrabando y la fabricación clandestina, pero recurriendo no sólo a sus propias fuerzas policiales (que apenas tenía), sino que apelando a los concesionarios legales para que identificaran y denunciaran a los fabricantes clandestinos y contrabandistas. Desde 1829, un decreto legislativo establecía que el denunciante de un negocio de aguardiente clandestino que fuese intervenido por la autoridad tendría derecho a quedarse con el aguardiente incautado y disponer de él; lo mismo se aplicaba al funcionario o guarda de garita que denunciara un negocio ilícito o contrabando.20 El reglamento de aguardiente de 1830 estableció penas en forma de multas (o de trabajo en obras públicas en caso de no poder pagar la multa) a los hombres condenados por producir aguardiente clandestino; en el caso de las mujeres transgresoras, la pena sería la cárcel. La severidad de la pena dependería de la cantidad de aguardiente decomisado y si se encontraba dentro o fuera del lugar de su fabricación. El “Reglamento de Policía para el buen Gobierno de los pueblos del Estado”, emitido por las Cámaras Legislativas en 1854, precisó aún más las penas al sentenciar a dos días de trabajo en obras públicas a los hombres condenados por cada botella de aguardiente clandestino decomisada; a los reincidentes se les duplicaba la pena: cuatro días de trabajos en obras públicas por botella decomisada. En los casos de los fabricantes de “chicha fuerte”, un brebaje cuya producción estaba prohibida totalmente (pero que no tendría los mismos niveles de alcohol del aguardiente), el castigo sería de días de cárcel, en proporción a si era primera vez o reincidencia.21 Las reiteradas prohibiciones y sanciones relacionadas con la producción, venta y consumo de alcoholes clandestinos sugieren que el problema no se resolvía. En tiempos de población muy dispersa y pésimas vías de transporte y comunicación, el alcance de las autoridades era limitado. No obstante, el estanco de aguardiente no se vino abajo (como fue el caso del tabaco), sino que se mantuvo a niveles muy significativos. La importancia de los ingresos del aguardiente se refleja en las proyecciones que la Tesorería General elaboraba al comienzo de cada año fiscal, diferenciando lo que se esperaba recibir en efectivo y en bonos (“créditos”), que el Estado admitía en pago de deudas fiscales, y los diversos aranceles que cobraba en aduanas y alcabalas (ver cuadro 7). La importancia del estanco del aguardiente también se evidencia en las reformas que se le fueron introduciendo con miras a fortalecer su aplicación y remediar los problemas que se detectaban, todo como parte de una mayor

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formalización del aparato del Estado y de una mayor efectividad de la recaudación fiscal. El estanco de aguardiente fue perdiendo protagonismo en la medida que otras fuentes de ingresos fiscales, particularmente las aduanas marítimas, adquirieron mayor importancia. Pero mientras no se reactivara la economía de exportación, ya sea con base al añil o el café, el Estado tuvo que seguir dependiendo de los ingresos que se generarían a partir de transacciones comerciales internas, como la producción, distribución, venta y consumo del aguardiente. Cuadro 8 Ingresos proyectados del estanco de aguardiente (en pesos) Año 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856(1) 1857 1858(2)

Producto en dinero 73 380 75 447 76 598 --76 910 77 463 81 467 84 987 --83 038 83 676

anual Producto anual en Ingreso total créditos proyectado 90 686 164 086 120 852 196 299 76 982 153 580 ----58 766 135 683 70 620 148 084 102 546 184 014 96 525 181 512 ----70 945 153 983 88 247 171 924

Fuente: elaborado a partir de las proyecciones publicadas por la Tesorería General del Estado del Salvador en la Gaceta del Salvador. Las cuentas corresponden al año fiscal de octubre a septiembre. Las proyecciones aparecían en la Gaceta en el primer trimestre de cada año como proyecciones o estimaciones de lo que se esperaba recaudar. (1) Para 1856 sólo se tienen los datos de ingresos proyectados por aguardiente del departamento de San Salvador por la cantidad de $21 267. En comparación con el año anterior ($27 216 en 1855) y el siguiente ($27 960 en 1857) se puede observar una baja en los ingresos proyectados para el departamento de San Salvador. (2) Después de 1858 ya no se publican las proyecciones del estanco de aguardiente en forma consolidada. Solamente aparecen proyecciones dispersas por departamento. Por ejemplo, en 1861 y 1862 sólo se tienen las proyecciones del departamento de San Miguel, que fueron de $32 724 y $29 426, respectivamente.

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4.7. Otros productos estancados Aparte de los estancos de tabaco y aguardiente, el Estado se reservó el monopolio de la venta de varios productos que no representaron fuentes importantes de ingresos fiscales, pero que por tradición o cuestiones de seguridad se mantuvieron como tales. El primero de estos fue el papel sellado, que tal como se aprecia en el cuadro 2 representaba alrededor de apenas un 2% de los ingresos anuales entre 1849 y 1856. Por supuesto, el papel sellado también era importante como mecanismo para oficializar y formalizar cualquier cantidad de transacciones ante el Estado o entre las personas. Además, sus orígenes coloniales lo habían convertido prácticamente en parte de la vida cotidiana de los ciudadanos hacia mediados del siglo XIX ; por lo tanto, su uso no fue rechazado ni resultaba fácil ni ventajoso confeccionar versiones fraudulentas del papel. Otro estanco que el Estado conservó totalmente para sí fue el de la pólvora, más por razones de seguridad y defensa que como fuente de ingresos. El salitre, ingrediente principal de la pólvora, también quedó totalmente estancado a favor del estado.22 Los principales consumidores de pólvora a mediados del siglo XIX eran la fuerza armada y los coheteros, además de los particulares que necesitaban utilizar pólvora como explosivo en canteras o construcciones o para sus fusiles y escopetas. Los particulares que quisieran comprar pólvora o los ingredientes para fabricarla ellos mismos tendrían que comprárselas al estado. Como monopolio del Estado, se creó una dirección del ramo de la pólvora, cuyo administrador general tendría bajo su cargo y responsabilidad toda la pólvora o sus ingredientes que se importaran, fabricaran y distribuyeran en el país.23 Para tal fin se creó un depósito general desde el cual se distribuía la pólvora y el salitre a los puntos de venta llamados “tercenas”. Los encargados de las tercenas eran propuestos por los administradores de rentas en los departamentos y recibirían en pago el 8% de las ventas que realizaran. Bajo cada administración de rentas habría una o dos tercenas nada más en vista que la demanda de pólvora y salitre no era tan grande (ver Cuadro 9). En 1856, el ingreso proyectado de pólvora y salitre apenas alcanzó un 2.4% de los ingresos generales del Estado para ese año, un poco por encima de los ingresos del papel sellado.

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Cuadro 9 Ingresos proyectados de los estancos de pólvora y salitre (en pesos)

Año

Pólvora

Salitre

Total anual

1856 1861

11 103 -----

1711 -----

12 818 14 764

Fuente: proyecciones de la Tesorería General del Estado del Salvador en Gaceta del Salvador.

4.8. Conclusiones En un periodo de inestabilidad y estrechez financiera y fiscal, el Estado del Salvador tenía pocas opciones y reducidos espacios políticos para negociar con aquellos que controlaban la riqueza del país (agricultores, comerciantes y un pequeño número de profesionales) y las potencias navales que controlaban el acceso a los puertos. A veces sus decisiones fueron determinadas por la presión de intereses particulares, en otras por sus obligaciones ante sus acreedores en el país y en el extranjero, y finalmente por sus relaciones con los gobiernos vecinos, a veces enemigos y a veces aliados en circunstancias cambiantes. Un Estado así, débil e inexperto en el manejo de la cosa pública, forzosamente debía buscar aliados entre la población que le ayudaran a ofrecer y mejorar los servicios que se esperaban del gobierno (por reducidos que hayan sido), todo lo cual requería recursos, ya sea en forma de servicios como de dinero. Como ocurre en todo Estado, a nadie le gusta pagar impuestos, particularmente cuando no cree que reciba algo a cambio. Pero la resistencia a tributar también tiene que ver con la real capacidad económica de los ciudadanos. En El Salvador de mediados de siglo XIX, lo más seguro era que la mayoría de la población vivía en o muy cerca de la línea de subsistencia, por lo que no le sería factible al Estado exigir sino cantidades muy reducidas en forma de impuestos. Es más, dichos impuestos difícilmente podrían cobrarse directamente a cada ciudadano, ya sea por problemas logísticos (ausencia de circulante estandarizado, de oficinas receptoras, de censos poblacionales y de sistemas de identificación tributaria de los ciudadanos) como por la pobreza material y la poca cultura cívica de la población. Es cierto que en tiempos de la colonia se cobraban diezmos y capitaciones de diverso tipo, pero dentro de las condiciones propias de un Estado patrimonial y una organización social estamental. En un sistema de gobierno republicano, laico y, a veces, liberal, hubiera sido

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imposible revivir todas las prácticas coloniales de tributación directa. La única opción que quedaba era el impuesto a las ventas. ¿Pero a qué productos cobrarle impuestos? Evidentemente y de preferencia, a aquellos que tuvieran, como dicen los economistas, una demanda inelástica: los que la gente está dispuesta a comprar sin que el precio influya mucho en su decisión. Los alimentos corresponden a esta categoría y el Estado, de hecho, aprovechó para cobrar algunos impuestos (como el tajo al ganado y las alcabalas que se cobraban en las garitas sobre productos que se introducían en los pueblos y ciudades); pero aparte de las consecuencias políticas que podría acarrear un encarecimiento de los alimentos por la vía fiscal, mucha gente producía para su propio consumo y no participaba en los circuitos comerciales donde se podría hacer efectivo un impuesto. Por la misma experiencia del Estado salvadoreño de mediados del siglo XIX, fueron solamente dos los productos que soportarían un impuesto de venta significativo: el aguardiente y las mercancías importadas. En el caso de las mercancías importadas que pasaban por las aduanas marítimas, los derechos de importación se cobraban según el peso de las mismas y determinadas categorías. Hacia mediados del siglo XIX, las importaciones eran fundamentalmente de textiles de algodón procedentes, mayormente, de Inglaterra. Por ejemplo, un desglose de las importaciones a través del puerto de La Unión en 1858 demuestra que casi las tres cuartas partes eran textiles de algodón, mientras que en el puerto de Acajutla, en 1870, la proporción correspondiente fue de 53%.24 Una vez introducidos los bienes importados, ya no se les cobraba más impuesto, por lo que los derechos que se pagaban en las aduanas deben considerarse como el equivalente a un impuesto sobre la venta. Como se pudo apreciar en el Cuadro 1, hacia 1871 los impuestos aduanales llegaron a constituir casi el 60% de los ingresos totales del Estado. En el caso del aguardiente, la naturaleza del producto fue muy distinta al de los tejidos de algodón, aunque su demanda siempre su mantuvo alta. No es posible determinar los niveles de adicción alcohólica que haya padecido la población salvadoreña en esos tiempos, pero sí es evidente que el Estado nunca pensó en desligarse de los impuestos que cobraba por la venta del aguardiente, pese a su decreciente peso relativo frente a los derechos aduanales dentro de las finanzas públicas. Tampoco es posible determinar, por ahora, cuánto ganaban los concesionarios del estanco en comparación con lo que ingresaba a las arcas del gobierno. En vista de que el sistema se mantuvo hasta el siglo XX, es obvio que tanto el Estado como los concesionarios estaban satisfechos con el arreglo, pese a

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los aparentemente altos niveles de contrabando y producción clandestina de guaro y chicha que suplían cualquier déficit de oferta por las vías autorizadas. Para el Estado fue esencial que las personas con la necesaria capacidad económica para participar en los remates de los estanquillos siguieran siendo sus aliados en el negocio del aguardiente. Además de compartir las responsabilidades de la administración de tan delicado e importante negocio, se constituían en aliados del gobierno de turno y, sobre todo, garantes de su solvencia fiscal. Por ejemplo, durante los últimos años de la presidencia de Francisco Dueñas los ingresos de la renta de aguardiente sumaban entre la mitad y las tres cuartas partes de lo que pagaba el Estado en amortización de la deuda pública interna y externa; de no ser por la renta del aguardiente, el Estado se hubiera visto en serias dificultades para cumplir con sus crecientes obligaciones fiscales. Una vez que se entiende que la demanda por aguardiente era alta (o, cuando menos, constante), para el Estado era cuestión de determinar cuánta producción autorizaría por año y cuántos puntos de venta (estanquillos) se encargarían de su distribución. Aunque no se tiene información precisa sobre cómo se llegaba a establecer el volumen de producción, se sabe que los precios de venta al consumidor los establecía el concesionario, quien supuestamente estaba atento a las condiciones del mercado en su localidad. Los concesionarios no tendrían interés en que una oferta muy abundante abaratara demasiado el producto, ni que una oferta demasiado restringida provocara un alza en la producción clandestina y el contrabando. Por su parte, supuestamente el Estado tampoco tendría interés en que se vendiera demasiado aguardiente ante las consecuencias perjudiciales sociales y económicas de un incremento de los niveles de embriaguez. Pero las cifras de los ingresos del estanco de aguardiente no parecen sustentar esta afirmación: los ingresos anuales del aguardiente son tan cambiantes de un año para otro que sugieren una producción más en función de las necesidades fiscales del Estado que de la satisfacción de una necesidad social (por nociva que haya sido). Por ejemplo, aumentaron en un poco más de 200% entre 1852 y 1854 y en un 150% entre 1866 y 1867, para después bajar en ambos casos en los años subsiguientes (ver cuadro 3). Es posible que el aumento de los ingresos refleje un incremento en el precio por botella al consumidor, o que se haya producido y vendido mucho más aguardiente, o una combinación de ambas. Se necesitarían datos sobre volúmenes de producción y precio de venta por botella para aclarar esta incógnita. Sea como sea, la importancia del aguardiente como sustento de

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las finanzas estatales nunca se puso en duda. Pasarían varias décadas (hasta comienzos del siglo XX) antes de que comenzara a cuestionarse su utilidad y moralidad como producto de consumo masivo y la responsabilidad del Estado como socio en su producción y distribución. Como el más importante de los estancos en el periodo analizado, el del aguardiente es el que ofrece las mejores pistas sobre el funcionamiento y papel de estos negocios en la sociedad decimonónica salvadoreña. Sin embargo, al compararlo con el resto de productos estancados (el tabaco, la pólvora y el salitre, el papel sellado) se puede establecer una diferenciación del tipo de estanco, ya fuera estatal o mixto. El aguardiente y el tabaco representaban un tipo de estanco mixto, donde el Estado otorgaba la concesión de los estanquillos o las tercenas a comerciantes, quienes administraban la producción y venta local de estos productos; en caso de que no hubiera suficientes interesados, el Estado administraba directamente los almacenes. En vista que su administración respondía a intereses estatales y privados, pueden considerarse mixtos. Los estancos estrictamente estatales, es decir, los de la pólvora, el salitre y el papel sellado, eran manejados sólo por las administraciones de rentas y no dejaban grandes ganancias para el Estado; sin embargo, era necesario que éste los administrara por razones no estrictamente fiscales (en el caso de la pólvora, por el peligro político que representaba en manos de enemigos del gobierno y por el peligro de su manipulación en manos inexpertas; y en el caso del papel sellado, por la necesidad de garantizar la legalidad de los documentos públicos). En el caso de los estancos mixtos, los ingresos fiscales eran mayores, así como mayor era la inversión necesaria para la producción y distribución de sus productos. Además, tanto el tabaco como el aguardiente tuvieron que enfrentar serios problemas de abastecimiento por la vía del contrabando y la fabricación clandestina. La siembra y el comercio ilegales del tabaco fueron las razones principales por las que se abolió este estanco en 1853, apenas cuatro años después de la cancelación de la concesión al inglés Jeffreys. El asiento de aguardiente se mantuvo por sus considerables aportes a las finanzas públicas, a pesar de que constantemente surgían problemas con el guaro clandestino producido en alambiques pequeños de difícil detección. Pero el Estado también tuvo que vérsela con grandes productores que adquirieron un control casi monopólico del mercado. Eso, al menos, se intuye del informe del Inspector de Hacienda, J. D. Molina, quien realizó una gira por el oriente del país a fines de 1865. Sus palabras son más que elocuentes:

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La renta de aguardiente va disminuyendo a mi juicio a causa de las grandes contratas celebradas antes en los departamentos de Usulután y San Miguel, que han hecho desaparecer los especuladores [comerciantes] en pequeño y, por consiguiente, la competencia; así es que ahora se rematan los estanquillos como quieren los grandes especuladores. Hay dos fábricas considerables que se toleró establecerlas fuera de poblado contra lo que previene el reglamento del ramo, que ya no es fácil quitar por los grandes gastos que se han hecho para establecerlas; pero no es justo que sacando de ellas tantas ventajas con perjuicio de la Hacienda pública no compensen de alguna manera. Están situadas en jurisdicción de pueblos cuya cuota del estanquillo es insignificante, adquiriendo con esto el derecho de vender aguardiente para todos aquellos departamentos [del oriente]. Una de ellas, por ejemplo, paga $20 mensuales y fabrica más de dos mil botellas diarias, que como no las extrae deben consumirse en el interior con perjuicio de los otros asentistas, por cuyo motivo han desistido muchos de esta especulación. Sería conveniente subir las cuotas de los pueblos en cuya jurisdicción estén, en una cantidad considerable a compensar el daño que hacen.25

Otra actividad comercial que Molina consideraba problemática era la de los licores extranjeros. En mayo de 1862, el gobierno del presidente Barrios emitió un decreto ejecutivo creando un estanco especial para la importación y venta de licores extranjeros. Un año y medio después, en noviembre de 1863, este estanco fue abolido y los licores extranjeros entraban al país sin más condición que el pago de los derechos aduanales correspondientes. No obstante, Molina observó que el sistema aún adolecía de fallas: El aguardiente extranjero perjudica también a la renta, porque aunque se le han subido los derechos para proteger el ramo, esto ha venido a ser ilusorio porque se introduce de contrabando, lo cual es indudable, pues se ha visto vender a cuatro pesos cuatro reales caja de coñac, cosa que no podría suceder si pagasen el derechos de tres pesos seis reales que está establecido, porque aún a seis pesos que la dieran sería indudable la pérdida para el comerciante. En La Unión se introduce de los buques de vela por la costa, y generalmente como vino, y aun se ha metido coñac fino en medicamentos como tinturas. Para evitar todo esto creo que sería conveniente nivelar el derecho del aguardiente extranjero con el del vino para quitar al comerciante el aliciente y facilidad en el contrabando, estableciendo al mismo tiempo el impuesto a la venta de licores extranjeros por el sistema de patente de cuyo modo no es fácil el contrabando. Con esto se compensaría el derecho que se baja y se protegería el aguardiente del país.26

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En resumidas cuentas, el estanco como mecanismo de recaudación fiscal nunca pudo imponerse del todo sobre otras formas de producción, distribución y venta más libres y, a veces, ilegales. No obstante, los requerimientos del Estado eran tan apremiantes y sus capacidades de administración y gestión tan limitadas que las aduanas marítimas y los estancos se convirtieron en los únicos puntos dentro de los circuitos de intercambio donde se podría cobrar lo que fue, en su tiempo, el equivalente a un impuesto sobre el consumo. Finalmente, cabe señalar el peso de la tradición en la administración financiera estatal. A pesar que la primera Constitución del entonces Estado del Salvador prohibía la organización de cualquier estanco, tal como sostendría todo buen liberal de la época, las siguientes constituciones del Estado (y más tarde República) no hicieron mención alguna de la cuestión de los estancos, los cuales pasaron a estar reglamentados por leyes y decretos específicos que le dieron forma a este, muy particular, mecanismo de recaudación tributaria.

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4.9. NOTAS 1 2 3 4

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Ver “Reglamento de policía para el buen gobierno de los pueblos del estado”, La Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, 7 de abril de 1854, pp. 1-2. Ver Rodolfo Barón Castro, La población de El Salvador; y Carlos Gregorio López Bernal, Poder central y poder local en la construcción del Estado en El Salvador, 1840-1890. Héctor Lindo-Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX, pp. 180-186. Knut Walter, Trade and Development in an Export Economy: the Case of El Salvador, 18701914, pp. 16-20 y 25. La caída definitiva de la producción del añil salvadoreño se dio después de 1885. Ver, por ejemplo, el “Estado general de ingresos y egresos de la Tesorería General del 1 de octubre de 1850 a 30 de septiembre de 1851”, Gaceta del Salvador, 31 de octubre de 1851, en el cual se aprecia que del total de 124 528 pesos en ingresos, el 17.7% corresponde a “préstamos forzosos” y otro 14% a “préstamos voluntarios”; es decir, un poco menos de la tercera parte de los ingresos fueron préstamos de un tipo u otro. Héctor Lindo-Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX; y Aldo Lauria-Santiago, Una república agraria. Según el diccionario de la Real Academia Española del año 1992, un estanco se define como un “embargo o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas, o asiento que se hace para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros, fijando los precios a que se hayan de vender”. Es notable que los documentos fiscales de las décadas de 1840 y 1850 todavía utilizan el término netamente colonial de “asiento de aguardiente” para referirse a los ingresos producto de los estancos de alcohol. Gaceta del gobierno supremo del estado del Salvador, 23 de marzo de 1847, pp. 1-2. La concesión monopólica de exportación de estos productos agrícolas al señor Jeffreys fue revocada en diciembre del mismo año debido a que en todo ese tiempo no se había realizado ninguna extracción de los productos en cuestión “en detrimento del comercio y la agricultura” del país. Gaceta del gobierno supremo del estado del Salvador, 31 de diciembre de 1847. Gaceta del gobierno supremo del estado del Salvador, 28 de marzo de 1847. Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del Salvador en la República de Centro-América, 31 de marzo de 1848. Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 30 de marzo de 1849. De acuerdo con un informe parcial de 1851 de la Tesorería General, por concepto del estanco de papel sellado había ingresado 2090 pesos en comparación a 1733 pesos por concepto del tabaco, mientras que el aguardiente representó 37 181 pesos, una cantidad veinte veces mayor que la del tabaco. Gaceta del Salvador, 31 de octubre de 1851. Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, 3 de junio de 1853. El decreto destaca que “es inevitable el contrabando que se introduce del esterior [sic] y el de las siembras

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clandestinas, y que por estas consideraciones se ha desestancado en Honduras, Guatemala y Nicaragua, y en casi todas las naciones americanas”. La Constitución del Estado del Salvador de 1824 dice en su artículo 75: “No habrá aduanas ni estanco alguno en el Estado; y esta disposición se pondrá en práctica tan luego como estén las contribuciones que cubran el déficit de aquella”. Estas observaciones se hallan en el cuadro de proyecciones de los estancos de aguardiente de febrero de 1848 en Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 18 de febrero de 1848. “Reglamento de aguardiente de 2 de septiembre de 1830”, decretado por la Legislatura, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica, libro VIII, título I, ley 3. “Orden legislativa de 16 de julio de 1840, suprimiendo los estanquillos de los lugares donde no haya Municipalidad, y los que sean más dañosos a la moral pública y al orden y seguridad general”, en Isidro Menéndez, Recopilación de leyes, libro VIII, título I, ley 5. “Decreto del Gobierno reglamentando el modo de admitir postores a los estancos de aguardiente del país”, en Gaceta Oficial, 16 de febrero de 1861, pp. 1-2. “Decreto legislativo del 10 de marzo de 1847, en el que se faculta al Gobierno para reglamentar el ramo de aguardiente bajo el sistema de administración”, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes, libro VIII, título I, ley 8, p. 113. “Decreto legislativo mandando que se cele el aguardiente clandestino”, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes, libro VIII, título I, ley 2. “Reglamento de policía para el buen Gobierno de los pueblos del Estado”, en Gaceta del Salvador, de abril de 1854. El reglamento contemplaba una forma interesante de aplicar el castigo a las mujeres casadas que se dedicaran a la producción de licores clandestinos: “Si fuesen mujeres casadas las que se ocuparen en la fabricación y venta de aguardiente clandestina y chicha fuerte, se impondrá a sus maridos la pena de obras públicas… y sólo podrán eximirse de dicha pena probando no haber obtenido aquellas su consentimiento para dedicarse a este tráfico”. La pólvora negra es una mezcla de tres cuartas partes de nitrato de sodio (llamado comúnmente “salitre”) y una cuarta parte de azufre y carbón en proporciones casi iguales. En El Salvador, el carbón se conseguía localmente de la madera y el azufre, puede haberse extraído de depósitos alrededor de los volcanes; pero el salitre tenía que importarse casi seguramente del desierto de Atacama en el norte de Chile, donde se encuentran los principales yacimientos a escala mundial. “Reglamento de venta y fabricación de pólvora”, en Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 16 de julio de 1852. Knut Walter, “Trade and Development,” p. 50. “Informe del inspector general de Hacienda” [J. D. Molina], 9 de diciembre de 1865, en El Constitucional, 14 de diciembre de 1865. Ibíd.

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4.10. FUENTES CONSULTADAS Bibliografía RODOLFO BARÓN CASTRO,

La población de El Salvador. Madrid: Consejo Superior de Investigación Científica, 1942; segunda reedición (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2002).

LAURIA-SANTIAGO, ALDO.

Una república agraria: Los campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2003).

LINDO-FUENTES, HÉCTOR.

La economía de El Salvador en el siglo XIX (San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2002).

MAGAÑA GRANADOS, ÁLVARO,

ed. El Salvador: La República (San Salvador: Fomento Cultural del Banco Agrícola, 2000). ISIDRO.

Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica. San Salvador: 1855, segunda reimpresión (San Salvador: Imprenta Nacional, 1956).

MENÉNDEZ,

Tesis López Bernal, Carlos Gregorio. “Poder central y poder local en la construcción del Estado del Salvador 1840-1890”. Tesis doctoral, Universidad de Costa Rica, 2007.

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Walter, Knut. “Trade and Development in an Export Economy: the Case of El Salvador, 1870-1914”. Tesis de maestría, Universidad de Carolina del Norte, 1977. Periódicos Gaceta del gobierno supremo del Estado del Salvador, en la República de Centro-América (1847-1848). Gaceta del Salvador en la República de Centro-América (1849-1853). Gaceta del gobierno del Salvador en la América Central (1853-1857). Gaceta del Salvador (1857-1859). Gaceta Oficial (1859-1863). El Constitucional (1863-1869). Recursos electrónicos Constituciones de El Salvador (1824, 1841, 1864). Disponibles en: http://www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones/pais.formato?pais=E l_Salvador&indice=constituciones (visitado el 10 de julio). Silva Riquer, Jorge. “Reseña de los estancos en Chile de Sergio Billalobos y Rafael Sagredo”. Revista Historia, enero-junio, año/vol. 38, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33438126 (visitado el 21 de septiembre de 2007).

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Ver “Reglamento de policía para el buen gobierno de los pueblos del estado”, La Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, 7 de abril de 1854, pp. 1-2. 2 Ver Rodolfo Barón Castro, La población de El Salvador; y Carlos Gregorio López Bernal, Poder central y poder local en la construcción del Estado en El Salvador, 1840-1890. 3 Héctor Lindo-Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX, pp. 180-186. 4 Knut Walter, Trade and Development in an Export Economy: the Case of El Salvador, 1870-1914, pp. 16-20 y 25. La caída definitiva de la producción del añil salvadoreño se dio después de 1885. 5 Ver, por ejemplo, el “Estado general de ingresos y egresos de la Tesorería General del 1 de octubre de 1850 a 30 de septiembre de 1851”, Gaceta del Salvador, 31 de octubre de 1851, en el cual se aprecia que del total de 124 528 pesos en ingresos, el 17.7% corresponde a “préstamos forzosos” y otro 14% a “préstamos voluntarios”; es decir, un poco menos de la tercera parte de los ingresos fueron préstamos de un tipo u otro. 6 Héctor Lindo-Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XIX; y Aldo Lauria-Santiago, Una república agraria. 7 Según el diccionario de la Real Academia Española del año 1992, un estanco se define como un “embargo o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas, o asiento que se hace para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros, fijando los precios a que se hayan de vender”. Es notable que los documentos fiscales de las décadas de 1840 y 1850 todavía utilizan el término netamente colonial de “asiento de aguardiente” para referirse a los ingresos producto de los estancos de alcohol. 8

Gaceta del gobierno supremo del estado del Salvador, 23 de marzo de 1847, pp. 1-2. La concesión monopólica de exportación de estos productos agrícolas al señor Jeffreys fue revocada en diciembre del mismo año debido a que en todo ese tiempo no se había realizado ninguna extracción de los productos en cuestión “en detrimento del comercio y la agricultura” del país. Gaceta del gobierno supremo del estado del Salvador, 31 de diciembre de 1847. 9 Gaceta del gobierno supremo del estado del Salvador, 28 de marzo de 1847. 10 Gaceta del Gobierno Supremo del Estado del Salvador en la República de Centro-América, 31 de marzo de 1848. 11 Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 30 de marzo de 1849. 12 De acuerdo con un informe parcial de 1851 de la Tesorería General, por concepto del estanco de papel sellado había ingresado 2090 pesos en comparación a 1733 pesos por concepto del tabaco, mientras que el aguardiente representó 37 181 pesos, una cantidad veinte veces mayor que la del tabaco. Gaceta del Salvador, 31 de octubre de 1851. 13 Gaceta del Gobierno del Salvador en la América Central, 3 de junio de 1853. El decreto destaca que “es inevitable el contrabando que se introduce del esterior [sic] y el de las siembras clandestinas, y que por estas consideraciones se ha

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desestancado en Honduras, Guatemala y Nicaragua, y en casi todas las naciones americanas”. 14 La Constitución del Estado del Salvador de 1824 dice en su artículo 75: “No habrá aduanas ni estanco alguno en el Estado; y esta disposición se pondrá en práctica tan luego como estén las contribuciones que cubran el déficit de aquella”. 15

Estas observaciones se hallan en el cuadro de proyecciones de los estancos de aguardiente de febrero de 1848 en Gaceta del Salvador en la República de CentroAmérica, 18 de febrero de 1848. 16 “Reglamento de aguardiente de 2 de septiembre de 1830”, decretado por la Legislatura, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes del Salvador en Centroamérica, libro VIII, título I, ley 3. 17 “Orden legislativa de 16 de julio de 1840, suprimiendo los estanquillos de los lugares donde no haya Municipalidad, y los que sean más dañosos a la moral pública y al orden y seguridad general”, en Isidro Menéndez, Recopilación de leyes, libro VIII, título I, ley 5. 18 “Decreto del Gobierno reglamentando el modo de admitir postores a los estancos de aguardiente del país”, en Gaceta Oficial, 16 de febrero de 1861, pp. 1-2. 19 “Decreto legislativo del 10 de marzo de 1847, en el que se faculta al Gobierno para reglamentar el ramo de aguardiente bajo el sistema de administración”, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes, libro VIII, título I, ley 8, p. 113. 20 “Decreto legislativo mandando que se cele el aguardiente clandestino”, en Isidro Menéndez, Recopilación de las leyes, libro VIII, título I, ley 2. 21 “Reglamento de policía para el buen Gobierno de los pueblos del Estado”, en Gaceta del Salvador, de abril de 1854. El reglamento contemplaba una forma interesante de aplicar el castigo a las mujeres casadas que se dedicaran a la producción de licores clandestinos: “Si fuesen mujeres casadas las que se ocuparen en la fabricación y venta de aguardiente clandestina y chicha fuerte, se impondrá a sus maridos la pena de obras públicas… y sólo podrán eximirse de dicha pena probando no haber obtenido aquellas su consentimiento para dedicarse a este tráfico”. 22 La pólvora negra es una mezcla de tres cuartas partes de nitrato de sodio (llamado comúnmente “salitre”) y una cuarta parte de azufre y carbón en proporciones casi iguales. En El Salvador, el carbón se conseguía localmente de la madera y el azufre, puede haberse extraído de depósitos alrededor de los volcanes; pero el salitre tenía que importarse casi seguramente del desierto de Atacama en el norte de Chile, donde se encuentran los principales yacimientos a escala mundial. 23 “Reglamento de venta y fabricación de pólvora”, en Gaceta del Salvador en la República de Centro-América, 16 de julio de 1852. 24 Knut Walter, “Trade and Development,” p. 50. 25 “Informe del inspector general de Hacienda” [J. D. Molina], 9 de diciembre de 1865, en El Constitucional, 14 de diciembre de 1865. 26 Ibíd.

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CAPÍTULO V PAISAJE DE REFORMAS (1871-1897) Roberto Turcios

década de 1870 marcó el inicio de un cambio de época en El Salvador y en toda Centroamérica. Entonces las transformaciones políticas sucedían de acuerdo con el lenguaje de las armas y de las conspiraciones mejor organizadas. Así ocurrió también en este tiempo. Y aunque se mantuvo el imperio de esas reglas implacables, esta vez dio lugar a un proceso de cambios extendidos por varios campos. Casi todas las áreas importantes de la vida nacional cambiaron tanto que presentaban más características nuevas que antiguas, aunque éstas seguían siendo poderosas. Un nuevo cultivo se convertiría en amo y señor de la economía, mientras el paisaje nacional y centroamericano mostraba una gran transformación. El café era una especie de estandarte sustituto del que antes levantaba el añil, mientras la vida pública recibía el influjo de figuras dominantes, como Justo Rufino Barrios, en Guatemala; y Rafael Zaldívar, en El Salvador. A la par había más, mucho más, con el ferrocarril extendiéndose por caminos que eran, hasta hace poco, intransitables; las líneas telegráficas conectando ciudades provincianas con el mundo; decretos de reforma anulando las modalidades de propiedad comunal; alumbrados públicos y cañerías para el traslado del agua desde los manantiales hasta los pequeños centros urbanos. Al amparo de ese proceso seguían, sin embargo, viejas modalidades de financiamiento gubernamental. Las rentas estancadas del aguardiente, la pólvora y el salitre, junto con las que se obtenían en las aduanas marítimas, eran las fuentes principales de los fondos necesarios para el funcionamiento

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de la administración pública. Mantuvieron su lugar principal durante mucho tiempo. Con base en ellas se acordaban contratas y concesiones manejadas, a menudo, desde la arbitraria discrecionalidad presidencial. Por un decreto podía transferirse un bien público, constituirse una concesión a favor de un particular con garantía estatal de la libre importación de los insumos y como complemento ventajoso, el aporte gubernamental de una cuota de subsidio. Había otra pieza en el tablero de las reformas: la deuda pública. Era volátil e implacable, bajaba y subía, aunque siempre tendía a subir, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para los funcionarios que querían establecer un estado contable preciso. El Gobierno y los agricultores estaban sometidos al círculo perverso de las deudas. No podían resultar extrañas, entonces, las reacciones airadas de los agricultores que clamaban por el cambio, proclamando los mismos argumentos liberales que declaraban los titulares del Gobierno. En otro lado estaban los exportadores, los banqueros y los prestamistas, con argumentos fríos basados en números. Aquel fue un tiempo de cambios que impuso otro paisaje, creó riqueza, modificó las cuentas nacionales, aumentó los espacios urbanos, los centros escolares, las exportaciones y, en ciertos momentos, las discusiones libradas en los periódicos. Pero las promesas liberales quedaron en el aire, anuladas, en parte, por el ritmo casi febril de la concentración económica. Las siguientes líneas tratan de abordar todos esos aspectos con el propósito de presentar un panorama general del país, de manera que se pueda apreciar la modalidad de los ingresos públicos, el lugar ocupado por las actividades en las que se hacían ejercicios monopólicos, junto con las concesiones, los contratos para las obras públicas y los rubros principales del gasto gubernamental. En la base de tales asuntos fundamentales estaban las formas productivas que dinamizaban el cultivo del café, su procesamiento y exportación. En las siguientes páginas hay un lugar para las actividades mencionadas; breve, como exige esta publicación, pero con afán panorámico. A partir de esta época, el paisaje no sería el mismo ni se vería igual. Desde cualquier sitio presentaría una fisonomía distinta, atravesada por las viejas tendencias y, sobre ellas, fenómenos de una poderosa capacidad de remodelación.

5.1. Ritmo del café El paisaje tuvo un cambio repentino cuando las extensiones sembradas de café aumentaban en forma considerable, en especial en la zona occidental. El árbol crecía por lo alto y lo ancho. Podía verse en los números de las

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exportaciones: en 1872 representó el 12.6% de ese rubro; en cambio, siete años después, en 1879, había llegado al 48%, “superando el porcentaje del añil que fue, ese año, de 34%”.1 Y no paró de aumentar su importancia hasta convertirse en la fuente principal de las exportaciones y, al final de cuentas, de la riqueza del país. Parecía un milagro, pues mientras bajaba en picada el precio del añil, a raíz del descubrimiento de los colorantes sintéticos, mejoraba el del café; al milagro contribuía la política gubernamental, que había fomentado los cultivos nuevos. Entre esos cultivos, el café había recibido la protección estatal con el propósito de no depender del añil. Llegó un momento en que el café se convirtió en la única opción de desarrollo cuando la producción añilera se vino para abajo. Inicialmente, el Estado fomentó la producción de café con exoneraciones administrativas y fiscales,2 y más tarde adoptó una política de franca protección al cultivo. Desde 1855,3 la política estatal trató a los cafetaleros como sujetos privilegiados que podían recibir tierras en propiedad. En 1879, el tratamiento ocasional se convirtió en una política principal del Gobierno; en febrero de ese año, por medio de un decreto legislativo, se estipuló que las municipalidades podían entregar gratuitamente sus terrenos ejidales a quienes los cultivaran en, por lo menos, una cuarta parte, con “café, cacao, uva, hule o maguey”.4 A continuación apareció un criterio más radical, que declaró extinguida la propiedad comunal, estuviera bajo el régimen ejidal o de comunidad.5 El 15 de febrero de 1881, la Cámara de Senadores decretó la división de los terrenos comunales; el 23 del mismo mes, la Cámara de Diputados ratificó el decreto y lo envió al presidente Zaldívar, quien ordenó que se ejecutara un día después. Así comenzaba un proceso lento, pero inexorable, de transformación del régimen de propiedad, del paisaje y de la riqueza. El decreto hacía una apuesta indudable por los efectos de la propiedad individual en la agricultura. La “indivisión de los terrenos poseídos por comunidades impide el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo”, declaraba en el primero de los considerandos.6 El sistema comunal, agregaba, debe cesar cuanto antes “como contrario a los principios económicos, políticos y sociales que la República ha aceptado”. Con cinco artículos breves, el decreto disponía la división de los terrenos, estableciendo una forma de traspaso a los comuneros conforme la suma que cada uno hubiere aportado para su adquisición, “y a falta de este dato la división se hará por cabezas equitativamente”, según disponía el artículo 1. El contenido de otra de las disposiciones muestra el afán por la transferencia de la propiedad, pues consideraba en iguales condiciones a todos los poseedores, fueran comuneros,

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compradores de derechos o poseedores de otro título legal.7 Dos personas tendrían funciones clave: uno, el administrador de los terrenos comunales, quien debía proceder a la división; el otro, el Gobernador Departamental, quien aprobaría la división o la reformaría. Existía el recurso de apelación ante el Ejecutivo, conforme con los términos y las formas de los asuntos administrativos.8 Un año más tarde, el martes 14 de marzo de 1882, el afán de cambiar la forma de propiedad se extendió a los ejidos; esta vez el articulado fue mayor – llegando a 12 disposiciones– y los propósitos fueron más explícitos. La “industria agrícola es el manantial más fecundo de vida y prosperidad que posee la nación, por lo que el legislador está en el imperioso deber de remover todos los obstáculos que se opongan a su desarrollo”, decía el primero de los considerandos.9 En la siguiente consideración sostenía que uno de los principales obstáculos era el sistema ejidal, pues anulaba “los beneficios de la propiedad en la mayor y más importante parte de los terrenos” que, además, se encontraban “destinados a cultivos de ínfimo valor o abandonados del todo, por lo precario del derecho de sus poseedores, manteniendo a estos en el aislamiento y la apatía e insensibles a toda mejora”.10 Además, reconocía que las medidas indirectas no habían terminado con los ejidos ni el canon estipulado favorecía a las municipalidades. El decreto disponía que todos los poseedores de terrenos ejidales serían “tenidos como dueños exclusivos y legítimos propietarios”, debiendo pagar a las municipalidades 6 anualidades del canon que tuvieran señalado y podían gozar de un plazo de hasta 4 años para hacerlo, al interés del 9%. Incluso los poseedores que no reconocían ningún canon seguirían “disfrutando de sus terrenos en propiedad absoluta, sin remuneración alguna”.11 Correspondía a los alcaldes la extensión de los títulos correspondientes y, a los 6 meses, informarían a los gobernadores sobre los terrenos no repartidos, quienes procederían a la venta en subasta pública. Los poseedores que, en los 6 meses estipulados, no hubieran comparecido a solicitar su título, perderían sus derechos.12 Tanto para las tierras comunales como para las ejidales se decretó un sistema flexible de transferencia que, en un país dominado por el analfabetismo, debió de dar lugar a aprovechamientos indebidos. Tan extendido estaba el analfabetismo que uno de los artículos del decreto sobre los ejidos consideraba la posibilidad que el alcalde no supiera firmar.13 A pesar del entusiasmo repartidor en las esferas gubernamentales, varios años después de los decretos aún existían terrenos sin titulación individual. A una década del primer decreto, el viernes 24 de abril de 1891, bajo la presidencia de Carlos Ezeta, hubo otro que mandaba la extinción de todas las

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comunidades; estaba precedido por un largo considerando revelador sobre la nueva situación en la propiedad. Decía que “a pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho en las anteriores administraciones para extinguir las comunidades y toda especie de vinculación, no se ha obtenido el resultado apetecido, pues aún subsisten grandes porciones de terrenos comunales sin repartirse, causando esto una demora perjudicial al progreso de la agricultura”. Agregaba que “la experiencia ha demostrado que la extinción de los terrenos ejidales ha centuplicado el valor de la propiedad territorial y terminado de una manera pacífica las diferentes cuestiones que por terrenos alteraban la tranquilidad de algunos poseedores”.14 Este decreto disponía que los gobernadores departamentales procedieran, en un plazo de 6 meses, a repartir los terrenos comunales que no estuvieran divididos, conforme las disposiciones dictadas para la titulación de los ejidos. Había una disposición singular: establecía que los productos de los terrenos comunales se depositarían en la tesorería municipal, “para repartirlos entre los comuneros que como tales se inscriban”, en un libro que llevaría la municipalidad.15 ¿Así se dejaba una compensación para los perdedores de la titulación generalizada? Como fuera, el hecho es que si bien las normas de transferencia de la propiedad favorecían la creación de propietarios individuales, no mostraban una preocupación similar por la protección de los derechos de los comuneros ni de los ejidatarios históricos. Muchos de ellos se convirtieron en propietarios; en cambio, otros perdieron el acceso al uso de la tierra. Si la propiedad comunal y la ejidal se extinguieron, la diversificación agrícola no prosperó. Con todo y las políticas de fomento, las esperanzas liberales no salieron bien paradas. De manera irremediable, el país ya estaba supeditado a los precios del café en el mercado internacional. Lo señalaba Choussy cuando decía que El Salvador es “una nación que vive colectivamente de una sola empresa: el café. Cuando éste falta o cuando sus precios llegan a un período de crisis, nada puede ir bien, ni siquiera la máquina del Estado”.16 Altschul, por su lado, comentaba que, con las letras de las exportaciones de café, “se han pagado los algodones de Manchester, los productos de ferretería de Solingen, los perfumes, sedas y artículos de lujo de Francia, los automóviles, refrigeradoras y radios norteamericanos y el sinfín de artículos manufacturados de distinta índole”.17 Aun con las facilidades para el acceso a nuevas tierras, el café enfrentó varios desafíos. En primer lugar, las condiciones de su cultivo, que exigían la preparación de los terrenos, la siembra y la espera, durante varios años, de la primera cosecha. En segundo lugar, las dificultades para acceder al crédito, lo cual complicaba el acondicionamiento de los terrenos y la espera de la cosecha. En tercer lugar estaba la tierra exigida por la expansión del café,

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cuando gran parte del territorio agrícola se hallaría bajo el régimen comunal y ejidal, del que dependía un porcentaje considerable de la producción de maíz y otros granos, indispensables para el consumo básico de la mayoría de la población. Como decía uno de los decretos, las diferentes administraciones no vacilaron en la ampliación de su política de abolición de las formas de tenencia comunal y ejidal. En teoría, sus medidas permitían que los propietarios comuneros se convirtieran en titulares individuales. Las condiciones existentes, el espíritu y la letra de las disposiciones favorecían el desarrollo de otras tendencias: los productores que lograron acceso, por las buenas o las malas, a la tierra disponible; quienes tenían capital propio o estaban en condiciones de obtener préstamos, preparar los terrenos y esperar la cosecha fueron los nuevos cafetaleros. De esa manera, el impulso inicial del café no devino inmediatamente en la gran propiedad, pero creó las bases sobre las que ésta se desarrollaría posteriormente. Santiago González Santiago González había tenido una trayectoria política contradictoria en la última parte de la década de 1860. Tan contradictoria que en su tiempo se le podía considerar una personalidad emblemática de los cambios ocurridos en El Salvador. Era guatemalteco por nacimiento y salvadoreño por residencia. En aquellos tiempos, una cosa y la otra no tenían mucha importancia cuando se ejercía el mando político y militar. Hasta presidente podía ser un nacional de otro país, y nadie se escandalizaba por eso. Durante la presidencia de Gerardo Barrios, que había comenzado en 1860, Santiago González era jefe militar. En esa condición estaba al frente de una parte de la tropa que combatía contra la de Rafael Carrera, presidente de Guatemala. Y en los momentos decisivos, González pactó con Carrera, en contra de Barrios. El desenlace de los combates llegó poco tiempo después, con la victoria guatemalteca, la salida de Barrios del país y la imposición de Francisco Dueñas como presidente de la República. González no dudó en prestar sus servicios al nuevo mandatario. Al año siguiente, en mayo de 1864, Carrera le otorgaba el grado de mariscal de campo, y González se sentía orgulloso y agradecido por la distinción. “Si las consideraciones que S. E. el señor presidente me ha dispensado en la campaña y sitio de esta plaza tenían obligada mi gratitud, esta especial distinción doblemente quedará grabada en mi corazón”, confesaba González en una carta personal.18

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González era un acomodado residente que distribuía su tiempo entre los juegos de gallos, el inicio del matrimonio, el cultivo con entusiasmo del algodón, la administración de un estanco de aguardiente, el manejo de una hacienda adquirida recientemente y la participación en los asuntos del Gobierno, especialmente en los militares. Y todavía le quedaba tiempo para actualizarse de los vaivenes políticos en El Salvador y la vecina Guatemala, entonces dominada por la personalidad de Carrera. La declinación de la presidencia de Dueñas era evidente, y González no tuvo reparos en colocarse del lado de los conspiradores. Después ocupó la presidencia, proclamando el espíritu liberal de su mandato, cuando el régimen conservador en Guatemala, ya muerto Carrera, estaba en su ocaso. Durante los años siguientes, estuvo en la primera fila del mando político, ocupando la presidencia entre 1871 y 1876. Cayó como consecuencia de otro de los episodios conflictivos con Guatemala, esta vez ante el líder Justo Rufino Barrios. Luego del desenlace militar a su favor, Barrios impuso a Rafael Zaldívar como presidente de El Salvador. A González no le fue bien durante el Gobierno presidido por Zaldívar, pues más adelante declaró haber recibido perjuicios por un valor de 60 mil pesos; pero más tarde, bajo la presidencia del liberal Francisco Menéndez, le reconocieron una indemnización por esa cantidad.19

5.2. Tiempo de reformas Rafael Zaldívar encabezó una reforma del Estado y de los manejos de los asuntos públicos que transformó al país. Si bien hubo muchas novedades, éstas siguieron coexistiendo con varios patrones del pasado. Entre las decisiones de su Gobierno sobresalieron los decretos que cambiaron el régimen de propiedad sobre la tierra y favorecieron la expansión del café. El fin de la propiedad comunitaria y de la ejidal estuvo determinado por el interés de crear productores individuales, diversificar la producción agrícola y favorecer la expansión del café, que desde 1879 se había convertido en el primer producto de exportación. Zaldívar era originario de San Alejo, había estudiado la carrera de medicina en Guatemala y Francia, se declaraba liberal, tenía una vida social intensa y destacaba por su pragmatismo, no por el apego a sus principios. Antes de ocupar la presidencia, había desempeñado varios cargos durante la larga presidencia de Francisco Dueñas: fue ministro de Instrucción Pública y de Guerra y se desempeñó también como presidente de la Cámara Legislativa (1870). Dice una nota biográfica que, para entonces, Zaldívar tenía un

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“discutido influjo; pues, si bien, por una parte, se le consideraba por sus extraordinarias capacidades y cualidades personales e intelectuales, por otra se le censuraba su vivir dispendioso y sus frecuentes y desembozados amoríos” que chocaban con el ambiente provinciano imperante en la sociedad.20 Zaldívar estaba tan identificado con la etapa de Dueñas que al triunfar los grupos liberales, en 1871, debió exiliarse en San José, Costa Rica.21 Llegó al primer cargo del Ejecutivo en 1876, con el respaldo del presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, después de la derrota de las tropas salvadoreñas en una guerra librada entre los dos países ese año. Más tarde, en 1884, formaba parte de la logia masónica Excelsior, que se había instalado dos años antes, el martes 25 de abril de 1882, conforme al rito escocés, en una ceremonia presidida por Guillermo Nanne, grado 33. Además de Zaldívar, también grado 33, eran miembros de la logia Pedro Meléndez, ministro de Hacienda, de Guerra y Marina, Antonio de Castro, subsecretario del mismo ramo, el general Adán Mora, y los doctores Rafael Reyes, Manuel Delgado, Hermógenes Alvarado y David Castro.22 El Gobierno de Zaldívar ejecutó una política dirigida a transformar el país de acuerdo con las concepciones liberales y capitalistas: cambió el régimen de propiedad de la tierra, emitió una Ley Monetaria que trataba de organizar la circulación de moneda en el país, estipulando el establecimiento de una Casa de la Moneda, y contrató el establecimiento del primer banco.23 El Gobierno de Zaldívar no se distinguió por el buen manejo de los fondos públicos, después de su caída fue acusado de un verdadero despilfarro. Si bien puede pensarse que los cargos fueron exagerados por sus adversarios, entonces en el Gobierno del liberal Francisco Menéndez, la enumeración de los hechos y las cantidades no parecen dejar sombras sobre la existencia de irregularidades.24 Según un documento de la época, la suma perdida por el fisco durante la administración Zaldívar ascendió a 4 millones 409 mil 399 pesos, de los cuales un millón 802 mil 121 pesos habían sido bajo la responsabilidad directa de Zaldívar. La suma era astronómica; en esos años, el sueldo más alto era el del presidente, que ascendía a 1 mil pesos mensuales. En el documento mencionado se hace un recuento detallado de los manejos que se consideran irregulares y fraudulentos, enumerando varios negocios que parecieron estilarse durante el tiempo de Zaldívar, como la venta de libramientos con pérdidas de letras y la concesión de favores a las personas cercanas al presidente. Así, el tesoro nacional pagó 97 mil 840 pesos por materiales para el palacio presidencial, pero “el ex presidente Zaldívar, jefe del Gobierno, vendió al mismo Gobierno ese mismo Palacio, y ha recibido cien mil pesos ($100,000)”. Además de los negocios oscuros, se mencionan gastos como el de 400 pesos entregados a Juan Aberle “por instrumentar todos

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los himnos nacionales del mundo”, o el de otros 800 “para la impresión del himno al Doctor Rafael Zaldívar”. A partir de esos hechos, es razonable pensar que hubo formas corruptas en el manejo de los negocios públicos, como la concesión de estancos y la adjudicación de los contratos de obras públicas. Un ejemplo de la forma en que se manejaban los negocios públicos fue un caso emblemático para las dos administraciones, la de Zaldívar y la de Menéndez. Durante el Gobierno del primero de los presidentes mencionados, se vendió la Imprenta Nacional al doctor Francisco Sagrini, en 1883, con su taller de encuadernación, los papeles existentes en el lugar –en el puerto de La Libertad y los correspondientes a unos pedidos hechos por medio de Augusto Bouineau y Francisco Aguilar– y su edificio por 30 mil pesos. La mitad de ese monto se pagaría en el momento del contrato y la otra, al siguiente año. Por su lado, el Gobierno se comprometió a imprimir en el establecimiento el Diario Oficial y otro semioficial, lo mismo que todos los trabajos que debieran publicarse por las oficinas públicas y cualquier clase de obra de particulares que se mandara publicar por cuenta del Gobierno. Sólo por los dos diarios pagaría a Sagrini, cada mes, 2 mil 833 pesos con 33 centavos, y por las demás publicaciones se le pagaría conforme a una tarifa decretada en noviembre de 1880, con un 10% de rebaja. Por cualquier atraso en el pago, el Gobierno reconocería el 1.5% mensual; además, concedía a Sagrini, por 10 años, exención de derechos de aduana en la introducción de máquinas, tipos, papel de toda clase y demás útiles destinados al establecimiento. Al 1 de septiembre de 1885, una copia de la cuenta de la imprenta que llevaba la Tesorería indicaba que se le debían a Sagrini 70 mil 847 pesos, sin tomar en cuenta los intereses devengados por el capital. Cuando cayó el Gobierno de Zaldívar, derrocado por un movimiento militar liderado por Menéndez, los triunfadores no dudaron en convertir aquel caso en uno de los que mostraba los manejos fraudulentos de los gobernantes anteriores. Iniciaron el juicio correspondiente y lograron una condena contra Sagrini, quien era de nacionalidad italiana. Pasó por varias instancias judiciales el caso y en todas se confirmó la sentencia inicial, que declaraba nula la venta y obligaba a Sagrini a devolver todos los frutos que había percibido, deduciendo los gastos de producción.25 La “cuestión Sagrini” también resultó un asunto inmanejable para Menéndez, líder de una corriente liberal apoyada por los productores. La complicación se debió, al decir de uno de los seguidores de Menéndez, “más que a otro motivo, a la incuria o inepcia de alguna de las personas encargada de defenderla”; esas personas, dice, hicieron de una buena causa, otra mala. Después de la sentencia, el Ejecutivo le quitó a Sagrini la casa y la imprenta, sin devolverle los 30 mil pesos que éste había pagado, conforme mandaba la

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sentencia. Entonces, Sagrini apeló a la vía diplomática. Al final, el 24 de enero de 1888, un ministro del Gobierno y un diplomático italiano “firmaron, en San Salvador, un protocolo de transacción, reconociendo al señor Sagrini la suma de 270 mil pesos (casi 300 mil, que era el total de la reclamación), más los intereses”. Como en los periódicos se había publicado que la tercera parte del negocio correspondía a Rafael Zaldívar h., el Gobierno obtuvo del gabinete italiano que se rebajara la suma de 45 mil pesos, quedando en consecuencia el pago a Sagrini en 225 mil pesos.26 En las condiciones que existían en el país y tomando en cuenta los afanes reorganizadores de su Gobierno, parece lógico que Zaldívar estrechara las relaciones con el grupo de empresarios más vinculado al exterior, el mismo que podía socorrerlo con crédito y contratar con casas extranjeras. Así fue como al amparo de su Gobierno se consolidó un grupo económico que aprovechó las nuevas oportunidades presentadas en las contratas gubernamentales, en las actividades comerciales y bancarias, y dominó indirectamente el proceso de expansión cafetalera. Zaldívar mismo, Ángel Guirola y Francisco Duke, entre otros, son representativos de las nuevas relaciones que se establecieron, destacando la emergencia de un grupo que, desde el comercio, el crédito y la banca, tendía a extenderse también a la producción agrícola. En ese grupo también tenía preponderancia el círculo económico que se había consolidado durante el período conservador previo. El ex presidente Francisco Dueñas –dice López Vallecillos– “si bien fue desplazado del poder (...) hacía sentir su hegemonía económica con igual o mayor fuerza. Todas las familias que a su alrededor crearon y fomentaron riquezas, seguían, por medio de Zaldívar, al frente de la cosa pública”.27 A pesar de la liberalidad en el manejo de los negocios públicos, Zaldívar fue tan exitoso en la constitución de sus alianzas políticas y económicas que logró mantenerse en el poder durante 9 años, convirtiéndose en el segundo presidente del siglo XIX con más tiempo en el cargo. Según el testimonio de varios de sus contemporáneos, era un político de extraordinaria habilidad, pero gradualmente perdió las simpatías de los agricultores, que se sumaron así a la oposición, engrosando una corriente liberal más apegada a los argumentos políticos de esa doctrina. Precisamente, el movimiento encabezado por Francisco Menéndez fue una reacción, apoyada por los productores, al sistema organizado bajo la administración Zaldívar. Uno de los primeros decretos emitidos por el general Menéndez, cuando todavía no había entrado triunfante a San Salvador, fechado “en la Casa de Gobierno de Santa Ana”, el 1 de junio de 1885, suprimió el impuesto de exportación de 12.5 centavos por quintal de café que Zaldívar había decretado ocho meses antes. Zaldívar “en su propósito constante de empobrecer al país cargándole de impuestos que no han tenido

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otro objeto que saciar desordenadas ambiciones de riqueza personal, gravó la exportación de café”, declaró Menéndez. Según el presidente Menéndez, todo gravamen sobre la exportación era contrario a “los principios de la economía política y a la protección que se debe dispensar a la agricultura como verdadera fuente de riqueza nacional”.28 El conflicto de los productores frente a los financieros y comercializadores impregnó las luchas políticas, pero principalmente las que surgían cuando el país era sacudido por las crisis de coyuntura. El Gobierno del general Menéndez tampoco escapó al influjo de ese conflicto. El 26 de febrero de 1890, la Asamblea gravó la exportación de café con un peso por cada quintal. “Grande ha sido la oposición que entre los círculos de especuladores ha tenido la citada iniciativa”, explicaba el Diario Oficial del día siguiente.29 “Llama fuertemente la atención que en tanto que los propietarios de San Salvador y Santa Tecla, hánse [sic] manifestados tan hostiles al impuesto del café, en los departamentos occidentales de la República, donde es mayor la producción de dicho fruto, los agricultores han recibido, sino con satisfacción, como un gravamen equitativo y justo el enunciado impuesto”, agregaba el comentario. Al final señalaba que la opinión sensata sabría “interpretar la significación de este hecho que apuntamos, cuya exactitud es a todas luces evidente”. Sin embargo, no parece que la exactitud del comentario fuera muy rigurosa, pues cuatro meses después de aquella publicación, el presidente Menéndez era derrocado por una conspiración encabezada por el comandante del occidental departamento de San Ana, el general Carlos Ezeta. Si el movimiento de Menéndez había sido una reacción liberal, apoyada por los productores –en contra del sistema impuesto por Zaldívar–, el de Ezeta parecía inscribirse en el signo contrario; aunque también es probable que en el ánimo del movimiento conspirador influyera mucho el conflicto político causado por la incierta sucesión presidencial del momento. El alzamiento militar de Ezeta, en medio del cual ocurrió la muerte de Menéndez, se produjo en un momento de efervescencia política, a raíz de la campaña electoral que tenía enfrentados a varios grupos liberales aspirantes a la sucesión presidencial. Hasta el gabinete del presidente Menéndez se había dividido por las candidaturas, poniendo de manifiesto la fragmentación del bloque liberal en el Gobierno. El grupo electoral que contaba con el favor del presidente Menéndez –defendía la candidatura de Julio Interiano– se distinguía por una especie de liberalismo radical que mostraba en sus pronunciamientos. Hechos recientes –decía un manifiesto de los interianistas cuando aludía al Gobierno de Zaldívar– han demostrado “cuán funestos son los Gobiernos de círculos personalistas; máxime si, como durante el de los

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‘nueve años’, esos círculos son compuestos de agiotistas sin conciencia, merodeadores de la Hacienda pública, que en todo tiempo y bajo cualquier situación, no tienen inconveniente en entrar en transacciones onerosas para la nación, en celebrar contratos leoninos, negociaciones de gruesa aventura con que le extraen la sangre y la vida; gavilla de salteadores de levita, para quienes no hay más ley que la de su propia conveniencia, ni otro dios que el dios del oro y el vicio”.30 Pero, en contra del grupo de Interiano deben de haberse encontrado no sólo los grandes comerciantes y financistas, sino también el resto de corrientes liberales –entre las que estaba la de Ezeta–, que cercaba con sus conspiraciones al gabinete y al presidente Menéndez. Éste parecía más preocupado por el afán de no cargar los dados a favor de su candidato preferido, y de no distorsionar la división de los poderes, que por la eficiencia gubernamental. Cuando crecía la expectativa por su sucesión, él decidió convocar a una junta de notables para que se pronunciara a favor de uno de los aspirantes. Invitó a dos de sus simpatizantes en cada uno de los 14 departamentos del país, les explicó el objetivo del encuentro y se retiró del salón. De acuerdo con el relato de uno de los asistentes, los convocados le pidieron una lista con los nombres de los que él consideraba aceptables, la entregó, y la votación, realizada sin su presencia, favoreció a un ex ministro, Julio Interiano, quien había renunciado al cargo en el gabinete por las maniobras de otros dos ministros aspirantes a la presidencia. Y el resultado de la iniciativa activó el avispero de la sucesión. El Gobierno de Menéndez quedó aislado, cercado por las conspiraciones que florecían tanto en el lado conservador, como en el liberal. La oposición conservadora –dice un ex ministro de Menéndez– “estaba para levantarse en armas contra aquella honrada y liberal administración, pero Ezeta, más listo o más ambicioso, se les adelantó”.31 Es probable que Ezeta, cuando ya ocupaba la presidencia, tratara de capitalizar el descontento que existía contra los liberales seguidores de Interiano, presentando su Gobierno como una administración menos sectaria. Después de derrocar a Menéndez, Ezeta prometió estudiar un sistema de reformas económicas “que con una justa reducción de gastos superfluos permita aliviar las cargas que pesan sobre el comercio; abolir, por innecesario, el impuesto del café”, así como otorgar una “protección real y eficaz a la agricultura y a la industria”.32 Cuatro años después fue derrocado por la “revolución de los 44”, un movimiento apoyado por los cafetaleros del occidente del país. El Gobierno de Menéndez, pues, representó la realización de un esfuerzo político dirigido a contrarrestar los desequilibrios que se habían formado durante los largos años de la presidencia de Zaldívar. Fue un esfuerzo que

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favorecía los intereses de los agricultores y las ideas de los intelectuales liberales. En todo caso, fue una experiencia singular que, tal vez en los momentos críticos, tendió a privilegiar a los segundos, lo cual contribuyó a su debilidad política. Al final de cuentas, las causas que provocaban el malestar de los agricultores –las características del sistema de exportación que los sujetaba a los comerciantes y a los prestamistas– continuaron desesperándolos. El grupo económico que más se beneficiaba del sistema económico seguiría aprovechándose y consolidándose, a pesar de los intentos de los siguientes gobiernos, como los de Gutiérrez y Regalado, por equilibrar las reglas del sistema.

5.3. Expansión crítica El proceso de expansión cafetalera tenía como fuente un nuevo grano y creaba como cosecha una riqueza que tendía a dejar mal parados a los productores. El capital invertido en la comercialización y el crédito lograba buenas ganancias y fortalecía una tendencia a la concentración que era visible por todos lados, manifestándose con el surgimiento de una cúpula de exportadores, banqueros, prestamistas, beneficiadores y grandes cafetaleros. Algunos de los miembros de ese club privilegiado desempeñaban varias de las funciones en forma simultánea. Ya con el café como nueva estrella de la economía, los productores seguían presentando quejas parecidas a las que habían formulado durante los tiempos del esplendor añilero; según esos planteamientos, continuaban sometidos a los prestamistas. En 1881, el mismo año que un decreto había proclamado la extinción de los terrenos que pertenecían a las comunidades,33 un grupo de productores de San Salvador denunciaba las dificultades que enfrentaba y proponía la creación de un banco hipotecario. “La mayoría de salvadoreños somos agricultores y por consiguiente están en la conciencia de todos las ventajas, pero ventajas negativas que de ordinario encontramos mediante el compromiso de la futura cosecha, para que con inaudita tirantez se nos adelanten los fondos indispensables, no para ensanchar como debiéramos nuestros negocios, sino para salir de una necesidad perentoria que se repite día por día, y semana por semana”.34 Los productores se referían al sistema de préstamos, llamados habilitaciones, del que muy pocos habían logrado liberarse. Con las habilitaciones, los agricultores comprometían la cosecha para recibir dinero adelantado, y el habilitador tendía a fijar el precio del producto por debajo del valor comercial. El sistema era desproporcionado en el reparto de los beneficios y había creado un círculo vicioso en contra del productor, debido a los vaivenes de los precios internacionales de los productos. Una caída brusca de precios podía significar una deuda cuantiosa

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que, para ser solventada, requería de varios años de supeditación forzosa al habilitador o la entrega en pago de la propiedad rural. Una dolorosa experiencia –decía otro grupo de agricultores de San Vicente– ha desacreditado al sistema de las habilitaciones “porque ha llegado a establecerse como verdad incuestionable que transcurridos algunos años de proveerse de fondos por ese medio, el agricultor, es decir el verdadero productor, ha perdido, no sólo el fruto de su trabajo, sino el capital propio que le sirvió de base, habiendo pasado sus bienes a manos del habilitador, quien por lo regular aún queda con cuantiosos créditos contra el primero”.35 Varias décadas después del florecimiento inicial del café, un experimentado funcionario hacía planteamientos parecidos a los mencionados: “Ya basta de paliativos: es necesario hacer cesar una situación en que la mayoría de los salvadoreños vive trabajando para enriquecer a una ínfima minoría”, exclamaba José Esperanza Suay cuando se desempeñaba como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. “El país –agregaba Suay– necesita de capitales en abundancia para hacer prosperar la agricultura por medio de métodos científicos de cultura extensiva; para fundar industrias que nos independicen, siquiera en parte, del extranjero; para esto se necesitan bancos que presten a largos plazos y a módico interés, si queremos evitar que la pequeña propiedad pase al cabo de algunos años a manos de unos pocos terratenientes”.36 Eso era precisamente lo que había ocurrido durante la etapa añilera y comenzaba a repetirse con el café: los productores y los propietarios de la tierra agrícola estaban sometidos a una dinámica concentradora que procedía del sistema de exportación y de los mecanismos crediticios y comercializadores. Durante la expansión inicial del café, como en el pasado añilero, la producción descansaba en un financiamiento estrechamente vinculado a la comercialización externa; en tal caso, las reducidas fuentes de crédito podían imponer condiciones onerosas a los cafetaleros, como las altas tasas de interés, los plazos cortos y, además, los precios fijados de antemano. Una funcionalidad económica de esas características resultaba difícil para los productores y se transformaba en insoportable cuando sobrevenía una crisis; desde la primera que se produjo, en 1897, se puso de manifiesto una acentuada tendencia a la concentración. Entonces, todavía gran parte de la producción cafetalera descansaba en la pequeña y la mediana propiedad, pero esa situación había comenzado a modificarse en forma lenta e inexorable. A finales del siglo XIX, El Salvador se había convertido en un país esencialmente cafetalero. Mantenía la producción de alimentos, pero los ritmos principales de la vida económica habían quedado atados a la bonanza cafetalera o a las desgracias cíclicas del grano en el mercado externo. Y

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cuando se alteraba la regularidad en esos mercados, el país sufría tremendas sacudidas, la tendencia hacia la concentración era más acentuada, los pequeños y medianos cafetaleros padecían dificultades para cumplir los compromisos de sus créditos y ante ellos aparecía el espectro del embargo. Pero no sólo ellos sufrían la secuela de la contracción; los empleados públicos, por su lado, recibían “vales” en vez de dinero, porque el Gobierno no les podía pagar; y el Gobierno también quedaba cercado por sus acreedores; en fin, se trastornaba toda la marcha del país. Durante la última década del siglo XIX se produjo un fenómeno que se repetiría varias veces en los siguientes años: las contracciones del mercado internacional, ya fuera que se presentaran como caídas del precio del café, desórdenes monetarios o interrupciones en las rutas de comercio, causaban de inmediato serias alteraciones en la economía salvadoreña. En 1892 hubo un desconcierto provocado por la caída del precio de la plata, que aumentó la especulación y el tipo de cambio. Decía una publicación de la época: “La situación se ha hecho más tirante desde que en pocos días el cambio, sin causa alguna que lo justifique, ha subido al 70%; y decimos sin causa alguna que lo justifique, como no sea el agio, puesto que los soles en Nueva York se cotizan en la actualidad a 79 1/2 centavos, lo que da en aquella República una depreciación de 20 1/2 centavos para la plata, y esto no justifica el cambio a 70% en esta plaza y las demás de Centro América, en donde los bancos y los agiotistas han hecho liga común para levantar el tipo y hacer pingues ganancias”.37 En 1897 y 1898 hubo otra crisis, desencadenada de nuevo por el precio de la plata. Se trataba de “una crisis que amenaza la total destrucción de la riqueza”, declaró el presidente de la Asamblea cuando inauguraba un período extraordinario de sesiones.38 Por aquellos días, las rentas fiscales habían bajado tanto que no alcanzaban para pagar los sueldos militares.39 En esas circunstancias, se agravaba el problema de los empleados públicos, quienes –aun en condiciones normales– tenían que hacer proezas para recibir el salario íntegro. El Gobierno les entregaba unos vales que eran negociados con comerciantes y con especuladores por debajo de su valor nominal. Hasta los representantes diplomáticos del país se veían en verdaderos aprietos. Durante la crisis de 1897, Alberto Masferrer, quien era cónsul salvadoreño en Costa Rica, para conseguir que le pagaran sus recibos a un intermediario, envió una nota al Gobierno con el siguiente mensaje: “Si dentro de 24 horas no se han cancelado a don F. de T. mis recibos (…), empeñaría en el Montepío el pabellón y el escudo de la República Mayor”.40

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En agosto de 1897, la Asamblea trató de paliar la crisis suspendiendo el pago de la deuda, sobre la que solamente serían abonados los intereses; además, estableció el pago parcial en oro de los derechos de importación y facultó al Ejecutivo para fijar el tipo de cambio y para contratar un empréstito en oro.41 El Gobierno parecía encaminarse hacia la adopción del talón oro y a la reorganización del sistema bancario. El mismo día que la Asamblea aprobó las medidas mencionadas, facultó al Ejecutivo para que negociara la creación de un banco con el francés Víctor Grombach, cuyo capital sería en oro y el tipo de descuento no excedería del 10%. En la sesión del 18 de agosto, el diputado Hernández dijo que el nuevo banco competiría con los establecidos.42 El 8 de diciembre, el Ejecutivo exoneró a los bancos de la convertibilidad de sus billetes, declarando que era necesario “ayudar a los agricultores en sus trabajos para la recolección de la presente cosecha de café, y a los bancos en sus operaciones”. Agregó que los bancos le habían ofrecido “rebajar los tipos de descuento al diez por ciento al año”.43 El decreto se emitió en un periodo de negociación entre los bancos y el Gobierno, pero no fue el punto final de la controversia. El Diario del Salvador aseguró que el Consejo de Ministros estudiaba un decreto que sustituyera al del 8 de diciembre. Se trata de noticias falsas, respondió el Diario Oficial, el 14 de diciembre, asegurando que no se conocía el fondo del problema y que el decreto del 8 de diciembre había “venido a salvar al país de una espantosa catástrofe financiera”. Según el periódico oficial, había interesados en “sacar provecho de la ruina de las instituciones bancarias”. Finalmente, el 4 de enero de 1898, la Asamblea aprobó la Ley de Instituciones de Crédito, que pretendía regular el funcionamiento de los bancos. Se les prohibía descontar pagarés y aceptar garantías hipotecarias, salvo cuando viniera a menos el crédito de alguna de las firmas obligadas o cuando se recibiera la autorización de la secretaría de Hacienda, la cual se daría con la condición que el total del monto de la hipoteca no excediera de la cuarta parte del capital adeudado. La ley también regulaba el crédito prendario y ponía a los bancos bajo la vigilancia de la secretaría de Hacienda. Y trataba de regular el funcionamiento de los bancos y de ser una garantía para los deudores, por lo que fue atacada por los bancos; entonces, Gobierno y bancos negociaron su reforma. Se firmó un convenio en virtud del cual “cada uno de los bancos se obligó a dar diariamente a la Tesorería General quinientos pesos en moneda de plata de curso legal, en cambio de billetes de cualquier banco; y además a pagar durante todo el mes de febrero del mismo año de 1898, a la Casa León Dreyfus y Compañía, nueve mil libras esterlinas en giros sobre Europa a noventa días, correspondiéndole a cada banco, la cuarta parte de la

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expresada suma”.44 Por su lado, el Gobierno reformó la ley, con lo cual “no llegó prácticamente a tener aplicación nunca, toda vez que el Decreto Legislativo de 26 de marzo del mismo año de 1898 (Diario Oficial de la propia fecha) dispuso que se aplicaría a los bancos que en lo sucesivo se establecieran, quedando los existentes a la sazón, sujetos a las leyes comunes del Estado”.45 Como señaló varios años después el entonces titular de la secretaría de Hacienda, “la crisis de 1897, más que del café, fue de abuso del crédito por competencia de bancos, en la que sucumbió el Banco Industrial”.46 La emisión de la Ley de Instituciones de Crédito revela el interés gubernamental por regular las libertades bancarias, pero también la debilidad de una administración pública endeudada. La forma de solución del conflicto no dejó satisfechos a todos, a juzgar por la actitud del presidente y vicepresidente de la Asamblea, quienes se negaron a firmar el decreto de reforma.47 Dos años más tarde, durante la administración del general Regalado, otro intento gubernamental de regular el funcionamiento bancario no tuvo efectos prácticos,48 así, los bancos reafirmaron el funcionamiento tradicional. En la administración Regalado, la Asamblea dictó la Ley de Bancos de Emisión. El artículo 10 prohibía a los bancos hacer operaciones en descubierto y aceptar garantías hipotecarias, salvo que viniera a menos el crédito de alguna de las firmas de responsabilidad o el valor de la garantía. Menos de dos años después, el 10 de abril de 1901, esa normativa fue suprimida. La nueva ley pretendía someter a los bancos al control estatal y regular las concesiones de emisión de moneda. Con ese propósito, el artículo 26 “disponía que una vez terminadas las concesiones hechas a los bancos existentes, no podría el Estado autorizar más que un Banco de Emisión”, pero –como Ortiz Mancía comenta– la prohibición fue “violada tantas veces cuando se concedieron prórrogas a los bancos concesionarios”. Desde entonces se inaugura el desconcierto y la anarquía (...) nuestros bancos de emisión pasan, a partir de la reforma, a ser al propio tiempo bancos hipotecarios”, dice Ortiz Mancía.49 Había una realidad ineludible: el Gobierno no tenía una mejor solvencia económica que la de los particulares, pues también sufría la carga de las deudas que se agravaban en las crisis de coyuntura, cuando los ingresos aduanales se reducían por la caída del intercambio comercial con el exterior. Durante las crisis coyunturales operaba una tendencia a la concentración que consolidaba la dependencia de los productores. Esa tendencia operaba, por lo menos, a través de tres vías: el crédito bancario, el préstamo concedido por el beneficiador-exportador y el préstamo usurario. Por esas vías se articulaba un sistema monetario irregular y fluctuante que fortalecía la

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tendencia concentradora; cualquier aspecto de la vida económica de entonces revelaba la especulación, el agio y la concentración. Algunas décadas después de la primera crisis, dos personas conocedoras de la situación nacional hacían reflexiones esclarecedoras sobre la evolución reciente. El agricultor salvadoreño –decía Belarmino Suárez– tiene miedo de pedir prestado el capital necesario para ampliar sus cultivos, “y tiene razón de ser así, los bancos de emisión no le prestan sino en condiciones de crédito comercial, es decir, a cortos plazos, descontando pagarés a la orden. Cuando mejor les va, les conceden nueve meses o un año, pero siempre con intereses altos, del 10, del 12, del 18% al año”.50 Ese tipo de crédito, al que accedía sólo una minoría de agricultores, no representaba un instrumento de desarrollo, ya que estaba lejos de fomentar la agricultura. Entre nosotros –opinaba Manuel Castro Ramírez– “el deudor vive en perenne angustia, pensando en el 1% mensual y en el improrrogable término de un año”.51 A las formas usuales de crédito accedían principalmente los productores que tenían capacidad exportadora, y si aun éstos no podían resistir los golpes de las crisis de coyuntura, ya puede uno imaginar la situación casi de desgracia que prevalecería entre los medianos y los pequeños agricultores. Los préstamos concedidos por los beneficiadores y exportadores se convirtieron en una de las fuentes principales de crédito para los caficultores. Al respecto, un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) planteaba lo siguiente: “Los productores de café obtenían fondos para sus trabajos agrícolas por medio del sistema llamado de las habilitaciones, que consistía en la venta anticipada de parte o del total de la cosecha pendiente. Desde luego, los precios de venta eran muy inferiores a los que el café obtenía al momento de la exportación. El prestamista comprador, para protegerse de cualquier descenso en los precios o con el ánimo de lucrar, pagaba precios muy bajos al momento de celebrar el contrato. Se protegía también de cualquier incumplimiento (sea por mala cosecha o por malicia) por medio de un sistema de multas, las cuales llegaban a veces a ser el doble de las cantidades entregadas”.52 Los pequeños y medianos agricultores también acudían a un sistema de préstamo cercano a las prácticas usurarias. “Verdad es que nuestro agricultor tiene siempre crédito con el gran propietario vecino, que desea comprar nuevas tierras, pero que le presta también a cortos plazos y a muy alto interés; y el agricultor presiente la pérdida de su finquita (...) él ha visto muchos de sus vecinos perder la propiedad por causa de una hipoteca. Él sabe y conoce la historia de la hermosa hacienda vecina que cada día se acerca más a sus linderos”, decía Belarmino Suárez.53

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El sistema de créditos era dominado casi por completo por los préstamos de corto plazo, pero si estos resultaban funcionales en condiciones normales, cuando llegaba la contracción se convertían en una carga enorme: los endeudados se veían en aprietos para cumplir con sus contratos, todavía más cuando se operaba una desvalorización de las fincas cafetaleras.54 El sistema monetario completaba el panorama de las relaciones entre los productores y sus fuentes de financiamiento. Desde la reforma emprendida por el Gobierno de Zaldívar, la moneda salvadoreña era el peso de plata, y lo siguió siendo durante varias décadas, excepto en un corto periodo, bajo la administración Ezeta, cuando se trató de introducir sin éxito el patrón oro. El peso de plata planteaba problemas para el comercio exterior salvadoreño, por las fluctuaciones de su valor. La situación del Gobierno no era muy diferente de la que enfrentaban los agricultores, pues también se encontraba encerrado en un círculo vicioso de endeudamiento que tendía a dejarlo como un subordinado de los acreedores. Por varios lados, la sociedad de entonces aparece acosada por la tendencia a la concentración: sus principales beneficiados eran los grandes productores, los exportadores, los banqueros y los prestamistas; los más afectados, los pequeños propietarios y los trabajadores.

5.4. La deuda: un laberinto Mes y medio después de haber arreglado con el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, y de haberse proclamado presidente de El Salvador, Rafael Zaldívar procedía al arreglo del crédito público. Lo hacía, según el contenido de un decreto, por “la apurada situación del erario nacional y el deplorable abandono en que por falta de fondos se encuentran todos los ramos de la administración pública”. Para buscar una solución a las dificultades, “sin atacar de lleno los intereses de persona alguna, –declaraba Zaldívar–, debe recurrirse a los medios más indirectos y suaves, especialmente a aquellos que sean menos gravosos para la clase proletaria”. Con esos argumentos justificaba la creación de una “Intendencia del crédito nacional”.55 Según planteaba el decreto, la situación financiera del Gobierno era preocupante: “Que abrumado el Gobierno –declaraba– como nunca se había visto con una enorme deuda interior y postrado su crédito, se hace necesario levantarlo estableciendo reglas seguras e invariables, en virtud de las cuales dentro de pocos años pueda el Gobierno solventarse de su crecida deuda, mediante una amortización íntegra y evidentemente positiva”. La Intendencia organizaría un nuevo sistema del crédito público, llevando un libro donde registraría una cuenta para cada crédito, con anotaciones de los abonos correspondientes; en un segundo libro anotaría las cantidades trimestrales recibidas de la Tesorería General y las sumas amortizadas de los “billetes

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agraciados” en virtud de sorteos y operaciones; un tercer libro tendría las constancias –en forma de acta– de los sorteos trimestrales, con anotación de los billetes agraciados. El decreto detallaba los componentes de la hacienda pública: las propiedades del Estado; las rentas de aguardiente, papel sellado, correo, telégrafos, pólvora y salitre; los derechos de alcabala marítima y demás impuestos de importación; el impuesto de tabaco; el montepío de añileros y el producto de las guías de añil; los rendimientos de las acciones de los muelles, las demás contribuciones decretadas, no excluidas de la renta común; y las que se establecieran en los sucesivo. En la lista de la deuda nacional, declaraba: la circulante, representada en billetes y certificados de empréstitos convertibles en los mismos documentos; la que el Gobierno reconociera, a nacionales y extranjeros, convirtiéndola en billetes; y la que reconociera la junta o las juntas de crédito público que se establecieran.56 Por el tipo de argumentos y disposiciones de una especie de consolidación de la deuda, se ve a un Gobierno apurado, endeudado e interesado en darle forma a una nueva organización del crédito. Si bien podía haber planteamientos exagerados, el equipo gubernamental era portador de una visión de orden para el país. “Yo no pertenezco y protesto no pertenecer –había dicho el presidente Zaldívar después de ser electo a la presidencia– a bandos ni a ninguno de esos partidos políticos que han mantenido al país en luchas perennes y continuas agitaciones. Quiero establecer un partido nacional, honrado y progresista, al cual se acerquen con fe todos los hombres de orden”. Mi mayor gloria consistirá en dar vida a ese partido “para cortar de raíz los antagonismos y divisiones y levantar al país de su postración”.57 Las palabras estaban alejadas de la realidad política, porque allí había más conflictos de los imaginables; entre otras razones, por el enojo de los agricultores, principalmente de la zona occidental, quienes veían a Zaldívar como alguien que se había entregado a los “agiotistas”, los señores del crédito, las contratas de obras y las concesiones. El Gobierno presidido por Menéndez trató de poner orden en la deuda pública, pero un año después de ser el titular de las cuentas, el secretario de Hacienda todavía aclaraba que los resultados presentados eran aproximados. En este tiempo, la deuda pública era una especie de laberinto. Cuando en 1888 el secretario de Hacienda informaba a la representación legislativa sobre el estado de esta cuenta, clasificada el año anterior por un Sindicado de Crédito Público, calculaba su monto en 4 333 531 pesos. Pero, a continuación, confesaba lo siguiente: “Como algunos acreedores no han presentado sus documentos para que sean clasificados y liquidados, no puede saberse con exactitud cuál es actualmente el monto de la deuda pública”.58

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Un estudio elaborado por José Esperanza Suay ofrece una aproximación de primera a la situación del endeudamiento gubernamental.59 Durante la administración del general Tomás Regalado, por ejemplo, la deuda disminuyó nominalmente en 11 millones 757 mil pesos, “cifras que serían muy hermosas sin otra explicación”, comentaba con agudeza Suay.60 Pero, como él hacía ver, la disminución se consiguió “mediante el sacrificio de la cesión de la línea del ferrocarril que pertenecía a la nación, y que fue cedido a una compañía extranjera que se encargó del pago de las 725 mil (libras) de la deuda externa de aquel entonces”. Además, el Gobierno se comprometió a pagarle a la misma compañía 24 mil libras anuales durante 18 años, lo que cargó a la siguiente administración con un aumento de 19 millones de pesos plata. Y el monto de la deuda no dejó de crecer. En condiciones normales, los Gobiernos atendían con alguna regularidad las obligaciones, pero cuando sobrevenía cualquier crisis de coyuntura, o alguna anormalidad, terminaban sometidos a mayores obligaciones o establecían nuevas concesiones a favor de los acreedores. Los Gobiernos tenían flancos débiles ante los acreedores, ya que una de las fuentes principales de sus ingresos eran los impuestos que aplicaban al comercio exterior. De manera que cuando se producía cualquier contracción del comercio externo, los ingresos fiscales se reducían y las deudas se multiplicaban. El endeudamiento gubernamental se traducía en una falta de independencia política y económica. Como Suay comentaba, el Gobierno se veía afectado por “la gran fuerza de los poderosos que, por medio de contratas, por medio de franquicias, de concesiones, se llevaban a torrentes los caudales públicos por gruesos canales”.61 Tanto era así que, en ocasiones, el Gobierno no tenía capacidad ni siquiera para regular el tipo de cambio, que oscilaba especulativamente cuando las dependencias gubernamentales tenían que comprar giros para cumplir con sus obligaciones. Sobre esta materia, un comentario de Salvador Rodríguez González es revelador: la arbitrariedad en materia de cambios, decía, “ha sido tan funesta para la riqueza pública, que se ha visto el hecho inicuo de que, cuando el Gobierno ha tenido que hacer pagos en el extranjero, los vendedores de letras han subido el cambio a tipos de agio, intolerables en un país civilizado; viéndose el hecho irregular de que al día siguiente el cambio ha vuelto a bajar caprichosamente.”62 Quién sabe si semejante fenómeno no se producía con la complicidad de algunas esferas gubernamentales.

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5.5. Contratos y concesiones A menudo, el Estado concedía favores considerables a las empresas que deseaba apoyar: ya fueran bancos, fábricas o líneas del ferrocarril, cuando contrataba su establecimiento, el Gobierno estilaba concederles exenciones o giros monopólicos. En 1883, cuando contrató con Francisco Sagrini el establecimiento de un banco y caja de ahorros, el Gobierno declaró, en el acuerdo correspondiente, que el negocio no estaba sujeto a empréstito ni gravamen alguno de cualquier naturaleza sus libros y documentos quedaban exentos de todo impuesto actual o futuro, sus importaciones de cajas de hierro y demás enseres de escritorio no pagarían derechos de importación, sus negociaciones tendrían libre uso de los correos y telégrafos, sus empleados quedaban libres de servicios militares y civiles, y el Gobierno le concedía al banco “el privilegio exclusivo, durante treinta y cinco años, de emitir billetes hasta por doble cantidad de su capital suscrito, debiendo tener siempre en efectivo en sus cajas, por lo menos, un valor igual al 40% de los billetes en circulación”. Además, para hacer efectivos sus derechos, el banco tendría los mismos privilegios concedidos al fisco, y todas las ventajas acordadas durarían treinta y cinco años.63 No había un criterio uniforme para la concesión de beneficios, sino que estos dependían del giro de cada negocio y de la voluntad gubernamental. En una contrata sobre una fábrica de tejidos, entre el ministro de Hacienda y Fabio Morán, se concedía la introducción libre a toda la maquinaria, los materiales y demás objetos necesarios para la fundación, manejo y conservación de la fábrica; además, durante 13 años, también el Gobierno se comprometía a no permitir ninguna otra fábrica que tuviera la misma actividad.64 Los Gobiernos hacían concesiones con liberalidad, asunto que en un medio presidencialista daba lugar a criterios particulares, pues no existía una ley general sobre esa materia. En 1884, la Cámara de Senadores aprobaba una propuesta del Ejecutivo que reformaba un contrato de 1881 con la firma Pérez & Párraga, concediendo 6 años más de exención de derechos marítimos, estipulando que en ese tiempo la firma debería pagar, a favor del hospicio de la capital, 100 pesos mensuales, “en lugar de dejar a beneficio de la nación el edificio en que tienen una fábrica de candela y jabón, la obra muerta y todos los útiles que tuviesen para el servicio de lo mismo”.65 En los diferentes acuerdos aparece un espíritu gubernamental de negociación caso por caso, guiado por los beneficios que cada uno podía presentar. Cuando el ministro de Guerra y Fomento contrató a Joaquín

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Méndez y Enrique Arbizú, en 1884, acordaron la creación de una fábrica de loza, porcelana y vidrio con criterios especiales. Méndez y Arbizú se comprometían a crear la fábrica, “conforme a los últimos adelantos en la materia”, empleando, de preferencia, las sustancias que se encuentran en la República, enseñando en el taller “a diez hijos del país” todo lo concerniente a la fabricación de los productos y vendiendo los artículos “con un 15% menos del precio corriente que tienen en la República los fabricados fuera del país”. Por su lado, el Gobierno concedía a Méndez y Arbizú el “privilegio exclusivo durante quince años” para la fábrica, de la “libre introducción de todas las máquinas, materiales y utensilios necesarios durante el mismo tiempo” y la exención de todo impuesto establecido o por establecer, con la consiguiente liberación de cargos militares y concejiles para propietarios y empleados.66 El trámite para estos contratos no daba lugar a debates ciudadanos ni políticos. El último de los mencionados, por ejemplo, tenía fecha de 26 de febrero para el acuerdo Ejecutivo, y un día después aparecía aprobado en la Cámara de Diputados. Imperaba, entonces, en la administración pública, un enfoque casuístico, pues ésta tendía a emitir decretos conforme los dictados de las circunstancias imperantes en cada negociación. Y el criterio dominante en todas era el ánimo presidencial. Así fue durante el largo Gobierno del presidente Zaldívar. El 23 de agosto de 1876, la Cámara de Diputados concedía, por ejemplo, facultades al Ejecutivo “para negociar un empréstito de la cantidad que sea necesaria, sin pasar de 200 mil pesos y a un interés que no exceda del 12% anual”.67 Con bastante frecuencia se concedían derechos exclusivos durante varios años, incluso décadas. Cuando el ministro de Hacienda del presidente Menéndez contrató el establecimiento de una casa de moneda, le concedió al doctor Gustavo Guzmán derechos exclusivos en ese giro por veinte años. Además, le otorgaba la introducción libre de las máquinas, aparatos y metales necesarios para el giro de la fábrica correspondiente. También la libraba de impuestos en la exportación de la moneda acuñada.68 Si crecían los ingresos, más crecían los gastos y los compromisos gubernamentales. El desequilibrio no tenía freno, como resultado de la incapacidad pública para construir la infraestructura que demandaba el crecimiento económico y brindar los servicios necesarios en la nueva etapa de desarrollo. Casi todas las acciones gubernamentales, con excepción de las políticas y las de seguridad, se realizaban con base en contratos de concesión. Para mejorar el camino entre La Unión y San Miguel se creaba una modalidad de financiamiento territorial, y para asegurar el arribo permanente de las embarcaciones que hacían la ruta hacia Panamá y

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California se establecía una cuota de pago mensual a la compañía interesada. Tantas veces la fuente de cumplimiento de las obligaciones era el porcentaje de los derechos aduanales sobre la importación, que se establecían periodos escalonados de pago para los diferentes compromisos. Cuando se acordó la mejora del camino entre La Unión y San Miguel se autorizó la creación de juntas locales, las cuales establecerían la recaudación de los fondos necesarios, que se pagarían con un porcentaje de la recaudación por las importaciones introducidas en el puerto de La Unión.69 Corrientes contra monopolios El florecimiento de las industrias y los ferrocarriles impuso el cambio en el mundo. Las luchas políticas y los negocios adoptaban nuevos patrones en los Estados Unidos y en otros países como El Salvador. El capitalismo extendía sus giros, abarcando espacios insospechados y, al mismo tiempo, concentraba las ganancias. En los países donde más se veía ese fenómeno, creció el clamor por la reforma. “Cuando finalizó el siglo XIX –comenta John Keneth Galbraith–, los dueños de propiedad más pequeña, en particular los agricultores, se encontraron cada vez en mayor oposición a los industriales y, en especial, a sus aliados financieros, de quienes se pensaba que ejercían su poder para mantener los precios agrícolas bajos y los costos, incluyendo el costo del dinero, elevados”.70 En las nuevas condiciones había una élite que criticaba el desarrollo industrial. “El silbato de vapor que puede verse hoy hasta en los puestos de cacahuates en las calles de invierno, la vulgarización de todo en la vida, y en las letras y en la política y en la religión. Todo esto enferma el alma”, decía Richard Watson Gilder.71 Hay estudiosos que designan como “benignos reformadores” a comentaristas como Gilder. Independientemente de cómo se les llamara, el hecho es que forjaron una corriente de opinión que favorecía el libre cambio y, al mismo tiempo, se oponía a los monopolios. También a la corrupción. Joseph Pulitzer, en la dirección del World, de Nueva York, al referirse, en 1876, a Rutherford Hayes, uno de los candidatos presidenciales, exclamaba: “Hayes nunca ha robado. ¡Santo Dios! ¿Hemos llegado a esto?”.

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En ese ambiente se emitieron leyes significativas en los Estados Unidos, que apuntaban contra el poder privilegiado de los monopolios y a favor de la competencia: la Ley de Comercio Interestatal, de 1887; la Ley Antimonopolios Sherman, en 1890; y la de Clayton Antimonopolios, durante la administración Wilson. Todo contrato –decía un artículo de la ley Sherman–, combinación en forma de “trust” u otra cualquiera, o conspiración para restringir el comercio entre diversos Estados o con naciones extranjeras se declara ilegal. Esta ley tenía parte de su origen en el descontento de los agricultores, que veían el aumento de las propiedades de los ferrocarriles, mientras ellos luchaban por conservar sus extensiones. Pero los preceptos fueron vagos y las cortes judiciales se desentendieron de aplicarlos. La ley Sherman fue invocada quince veces sin resultados prácticos; en cambio, sí los tuvo cuando se aplicó contra los sindicatos. “La falla de la maquinaria ejecutiva inevitablemente hizo brotar la sospecha de que todo el movimiento ‘antitrust’ era una impostura”.72

5.6. Estancos florecientes El estanco de aguardiente era un buen negocio. Tanto el Estado como los particulares que entraban a la actividad obtenían ingresos significativos. Otro asunto era el efecto entre los consumidores; ambas partes se desentendían de ese molesto resultado. Para el Gobierno era una de las principales fuentes de ingresos: la renta de aguardiente ocupaba uno de los primeros lugares en el presupuesto de ingresos. En el año económico de 1877, estuvo en el segundo lugar con 400 mil pesos, abajo solamente de la alcabala marítima, que se estimaba en 700 mil pesos. Entonces, el total de los ingresos era de un millón 396 mil 571 pesos. El monto destinado ese año para los caminos, puentes, pago de ingenieros y todas las demás obras públicas era de 150 mil pesos.73 Un año antes, en 1876, el costo de la fuerza militar permanente, formada por mil 427 plazas, era de 31 mil 788 pesos y 27 centavos.74 Así que el estanco de aguardiente podía financiar todas las obras públicas y la fuerza militar durante dos años, y todavía quedaba un remanente. Aún más peso tuvo el rubro en 1878, cuando la renta de aguardiente ocupó el primer lugar del presupuesto de ingresos, con 667 mil 621 pesos y 81 centavos. De acuerdo con las disposiciones constitucionales,75 los otros dos estancos eran la pólvora y el salitre; pero entre el valor del primero y el de los últimos había una diferencia enorme. El mismo año de 1878, la pólvora y el salitre dejaron un ingreso de 32 mil 986 pesos; en cambio, las alcabalas marítimas, “al

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30%”, según el texto del presupuesto, eran de 560 mil pesos. El total de los ingresos estaban calculados en un millón 491 mil 327 pesos y 55 centavos. Más del 44% de ese total correspondía a la renta de aguardiente; a los tres estancos, 46.97%; y a los estancos y alcabalas, el 83.9%.76 Mientras tanto, del presupuesto de gastos, que ascendía a un millón 303 mil 799 pesos y 50 centavos, el 51% se cubría con la renta de aguardiente; el 53.7%, con todos los estancos; y el 96.6%, con los estancos y alcabalas. En cierta forma, podía decirse entonces que alrededor de la mitad del presupuesto salvadoreño tenía olores alcohólicos, y más de la mitad, fuentes estancadas. Cuadro 1 Ingresos y gastos para el año 1878 (en pesos) 1 491 327.55

Ingresos Alcabalas marítimas

560 000.00

Papel sellado

34 345.00

Guías y montepío de añil

25 000.00

Correos

16 135.00

Aguardiente

667 621.00

Pólvora y salitre

32 986.00 1 363 799.50

Gastos Sobrante

187 528

Fuente: Diario Oficial, 13 de marzo de 1878, pp. 230-236.

Durante 1879 subieron de nuevo las alcabalas marítimas, pero la renta de aguardiente se mantuvo en el segundo lugar de los ingresos. Las primeras ascendían a un millón 64 mil 504 pesos; y la segunda, a 711 mil 527 pesos. Entonces, los ingresos totales eran de 2 millones 39 mil 260 pesos y 75 centavos. Los gastos de ese año se estimaron en un millón 360 mil 983 pesos y 50 centavos, previéndose un sobrante de 678 mil 277 pesos y 25 centavos.77 Entre 1878 y 1879 habían aumentado los ingresos en 547 mil 933.2 pesos, lo que equivalía al 36.74% respecto al año inicial.

204

Cuadro 2 Ingresos y gastos para 1880 y 1881 (en pesos) Rentas generales 3 272 740.10

Rentas generales 3 951 670.33 Alza 678 930.26 Erogaciones 3 826 637.48 Alza 1 243 121.94

Erogaciones 2 583 515 54

Fuente: Diario Oficial, 22 de marzo de 1881, pp. 293-300.

Cuadro 3 Año

Rentas públicas Rentas de aduanas Derechos de importación (50%) Total Rentas diversas Aguardiente Total Rentas con destino especial Derechos de importación al 20% pagaderos en bonos del empréstito de marzo de 1885 hasta diciembre de 1886 Total Gastos Servicio de la deuda (20% de importación) Total Sobrante

205

1886 Cantidades presentadas por mes 203 840 84 000 86 775 57 000 60 364

33 600 56 701

33 600 203 825.96 14.04

Cuadro 4 Ingresos y gastos para 1887 y 1888 (en pesos) 1887 Ingresos 2 730 524 Egresos 2 529 436.62 Diferencia 201 087.38

1888 Ingresos 2 959 775.81 Egresos 2 888 992.37 Diferencia 70 783.44

Fuente: Diario Oficial, 7 de julio de 1887, pp. 813-846; y 19 de mayo de 1888, pp. 653-679.

Cuadro 5 Ingresos y gastos para 1889 y 1890 (en pesos) 1889 Ingresos 3 636 539.00 Renta aduanal 2 000 000.00 Rentas estancadas 1 120 000.00 Egresos 3 616 472.03 Diferencia 20 066.97

1890 Ingresos 4 682 747.97 Renta aduanal 2 162 426.50 Rentas estancadas 1 284 206.80 Egresos 4 366 992.49 Diferencia 315 755.48

Fuente: Diario Oficial, 18 de mayo de 1889, pp. 593-616; y 18 de junio de 1890, pp. 741-765.

Para los particulares que contrataban las concesiones de la destilación de aguardiente, también era ventajosa la modalidad de ese negocio público: “Yo me encuentro dedicado a la atención de mis negocios de estancos, que han dado principio ya, y que según parece

206

me darán buenas ventajas”, decía en una carta privada un titular de dos contratos de estancos, uno de ellos en Sonsonate, quien por casualidad estaba en buenas relaciones con el Gobierno.78 En marzo de 1867 hacía una propuesta reveladora sobre las modalidades del negocio. Explicaba que José Zaldívar poseía los estancos del departamento de La Paz por dos años, desde octubre pasado, pero no los podía manejar por ser empleado en el poder judicial. Al contrato de Zaldívar le correspondían 19 pueblos, más uno anexado. Él tenía una fábrica en Zacatecoluca, “capaz para destilar mil botellas de aguardiente diarias, otra en San Ramón (pueblo limítrofe a Cojutepeque), donde también se destilan de dos a 300 botellas”. En fin, agregaba, “el negocio está para seguirlo manejando con la seguridad de obtener buenas ganancias”. En esas condiciones, Zaldívar vendía el negocio por 20 mil pesos. Un mes después, en abril, decía que el negocio sería bueno si Zaldívar prorrogaba dos años más el contrato, estipulado para dos, de los cuales sólo llevaba 7 meses.79 Para tener una idea de las cantidades en juego hay que tener presente que el salario del presidente, unos años después, era de mil pesos mensuales, el más alto en el presupuesto; el del secretario de relaciones exteriores, de 300 pesos al mes; el del subsecretario, de 100; y el del oficial mayor, de 40. El presidente de la Corte Suprema de Justicia ganaba 250 pesos mensuales.80 Por las condiciones imperantes en la época puede suponerse que las contratas para gozar de los estancos dependían de las buenas relaciones políticas. En la séptima década del siglo XIX, un titular de los estancos hacía un comentario revelador: “Quiera Dios –decía– que no nos vayan a meter en una revolución por acá, lo que sentiré muchísimo, por el daño que reciba en mis pocos intereses, y principalmente en mis negocios de estancos que tantas ventajas me promete”.81 Y la revolución llegó, a pesar de las invocaciones del estanquero, aunque no terminó el sistema. Cuando cayó el gobierno de Zaldívar, el sistema sufrió modificaciones: si bien permaneció inalterable su corazón, el monopolio del Estado y la venta, en remates, de las patentes para fabricar aguardiente y venderlo al público sí se alteró. La modificación se debió, entre otras razones, al aumento del contrabando, al reducido número de personas con derecho a fabricar aguardientes y al impacto negativo en la producción azucarera por la falta de competencia en los compradores.82 Resultaba difícil sostener que el estanco no era, al mismo tiempo, una causa de estrago en la salud y una de las fuentes principales del erario público. Precisamente por lo último el sistema se mantenía, pues servía para el financiamiento de las obras

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gubernamentales. Aun con los ingresos logrados por la venta de patentes, el Estado tenía dificultades para cubrir sus obligaciones, en especial, las procedentes de la deuda; sin las rentas obtenidas por ese estanco, en cuestión de meses la insolvencia hubiera sido aplastante.

5.7. Espejos del tiempo Siempre las constituciones son un espejo de su tiempo. Esos textos son como una estampa de las ideas de los grupos políticos triunfantes, de sus aspiraciones y enfoques en torno al poder. Así puede verse en un periodo corto de 15 años, cuando la organización del Estado tendía a seguir el ritmo de las sucesiones presidenciales. Entre 1871 y 1886, se emitieron cinco constituciones; una sexta quedó no nata, pues el presidente Menéndez interrumpió el proceso de su formación. Cada uno de esos textos presentaba variaciones e introducía nuevos conceptos liberales, pero varias de ellas también obedecían a las voluntades de los presidentes más que a reorganizaciones políticas fundamentales. Sin embargo, la última de ese periodo, la de 1886, introdujo novedades: se convirtió en un símbolo de los liberales y es la que más vigencia tendría en la historia salvadoreña. La Constitución del 16 de octubre de 1871 se emite después del triunfo militar de los liberales, encabezado en El Salvador por una figura, el mariscal Santiago González, que había desempeñado funciones prominentes en los gobiernos anteriores. Menos de un año después, el 9 de noviembre de 1872, aparece otra, la segunda del periodo, que tiene un artículo significativo, que es transitorio: todos los funcionarios de los altos poderes, ya sean de elección popular o ya del cuerpo legislativo, que comenzaron a ejercer sus funciones de conformidad con el Código Político de 16 de octubre de 1871, continuarán funcionando hasta completar el periodo que respectivamente se les asigna en esta Constitución. Era una manera elegante de presentar el continuismo. La Constitución de 1871 también presentaba novedades notables como la recogida en el artículo 85. Por primera vez se introducía este principio en los textos constitucionales: “No se podrá exigir ninguna clase de contribuciones ni impuestos que no se hallen determinados con anterioridad por la ley”, decía el artículo mencionado. Ese principio no aparece en los siguientes tres textos constitucionales (1872, 1880 y 1883), sino hasta en las de 1885 y 1886.83 Por otra parte, la Constitución no promulgada de 1885 incorpora una innovación fundamental; a juicio de Álvaro Magaña, ésta es la reserva de ley impositiva: “No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley, y para el servicio público”, estipula el artículo 6, que se conserva en la Constitución de 1886.84

208

En 1880 hay una nueva Constitución. Tiene como antecedente fundamental el cambio político producido por la victoria militar del general Justo Rufino Barrios, de Guatemala, sobre las tropas salvadoreñas. A raíz de su victoria militar, Barrios impone a Rafael Zaldívar como presidente en El Salvador, en 1876. Cuatro años más tarde, la Constitución tiene, de nuevo, un artículo transitorio: “por esta sola vez –dice– la Asamblea Nacional Constituyente elegirá y posesionará directamente al Presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y convocará a las elecciones de los representantes a la Asamblea Legislativa”. De esa manera, cuando se acercaba el fin del periodo presidencial, el lenguaje legal, menos encubierto que la vez anterior, tenía el mismo propósito: garantizar otro periodo presidencial. Zaldívar fue un presidente afortunado, porque duró mucho tiempo en el cargo y logró ponerle su firma a dos constituciones. En diciembre de 1883, se aprobaba la cuarta Constitución del periodo; ahora no era necesario un artículo transitorio, pues no había reforma, sino derogatoria constitucional. Entonces, no había que mencionar siquiera el continuismo. La fórmula resultaba idónea para que el presidente Zaldívar siguiera en el cargo. La quinta Constitución se emite en 1886, cuando ha triunfado un movimiento militar contra el Gobierno de Rafael Zaldívar, encabezado por Francisco Menéndez, líder de una corriente liberal engrosada por agricultores e intelectuales. Aun en este tiempo –cuando existe más profesión de fe liberal– durante el periodo del presidente Menéndez se forman dos Asambleas Constituyentes, y a la primera, que se establece en 1885, la disuelve un decreto presidencial cuando ya tiene redactado el texto. A pesar de la sucesión de, por lo menos, tres corrientes políticas en la dirección del Gobierno, todas identificadas con el liberalismo, ninguna modificó la norma referida a uno de los ramos más importantes de los ingresos públicos: el estanco del aguardiente tenía rango constitucional desde tiempos anteriores y, en los años mencionados, mantuvo ese carácter. A partir de la Constitución de 187285 se postuló, en su artículo 43, que la industria era libre, estancándose únicamente “para administrarse exclusivamente por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y la pólvora”. El mismo criterio mantuvo la Constitución de 1880, pues su artículo 39 dispuso lo siguiente: toda industria es libre y solo podrá estancarse en provecho de la Nación, y para administrarse por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y la pólvora. El mismo contenido apareció en los artículos 31 y 34 de las constituciones de 1883 y de 1886, respectivamente. La administración del estanco por parte del Ejecutivo, establecida por la Constitución, era una formalidad que se concretaba en un sistema de

209

remates a través del cual los particulares obtenían autorización para desempeñarse como productores y expendedores del licor. En 1886, la Constitución proclamó, en su artículo 34, la prohibición de los monopolios, “pero exceptuaba los relativos a la acuñación de monedas y los privilegios que, por tiempo limitado, concedía la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna industria y en su artículo 32 prohibía las manos muertas”.86 Si las constituciones forman un espejo excepcional de los tiempos, existen otros que presentan algo así como el estado contable de las ideas dominantes sobre el desempeño de los Gobiernos. Es el caso de los ingresos del Estado, donde los estancos manejados por administraciones liberales ocupaban un lugar prominente. Y, en este periodo de tanto cambio político, los estancos fueron más estables que las constituciones. No podía ser de otra manera, pues representaban un ingreso sustancial de las cuentas públicas. Todo el funcionamiento del aparato administrativo era insostenible sin los ingresos aportados por los estancos. En 1875, por ejemplo, entre alcabalas, aguardientes, pólvora y salitre ingresaron un poco más de 1 millón de pesos, cuando el total del presupuesto presentaba un total de 1 millón 354 mil 829 pesos. Los dos rubros principales de los ingresos eran las alcabalas y el estanco de aguardiente; el primero representaba 331 mil 923 pesos; y el segundo, 645 mil 187 pesos. Hubo años en los que el segundo fue la fuente de ingreso principal, como en 1878: por los aguardientes ingresaron 684 mil 928 pesos, mientras en concepto de alcabalas entraron 560 mil pesos. Después, a partir de 1879, el primero fue superior, casi por el doble del segundo. En 1892, por ejemplo, las alcabalas representaron dos millones 600 mil pesos y el aguardiente, un millón 350 mil. Pero en 1897 tenían casi los mismos totales: 3 millones 500 mil las alcabalas y 3 millones 200 mil el aguardiente. Como puede verse en el cuadro general sobre los ingresos durante el período, los altos derechos de importación y el sistema de producción y distribución de aguardiente representaban la base fundamental para el sostenimiento de los gastos gubernamentales. El sistema del estanco tenía, sin embargo, una legitimidad débil, pues uno de los negocios públicos principales se nutría de un problema social y, al mismo tiempo, daba lugar a prácticas corruptas. Cuando se reformó el sistema, en 1886, esa fragilidad moral se filtró hasta las consideraciones del Reglamento correspondiente. “Que siendo una necesidad el estanco del aguardiente por razón de moralidad pública, el Gobierno está en el deber de procurar disminuir sus estragos”, dice un considerando extraño que expresaba la paradoja de ese

210

negocio público. El tercer considerando expresa el otro aspecto, el de las limitaciones a la competencia: “Que por otra parte, estando reducido a muy pocas personas el derecho de fabricar aguardientes, la industria azucarera ha sufrido considerablemente por la falta de competencia en los compradores”.87 Ningún texto constitucional había expresado con tanta claridad las limitaciones a la competencia como el Reglamento de Renta de Licores, cuyos considerandos se han citado antes. El reglamento ponía de manifiesto el carácter restringido de la competencia que causaba la actuación gubernamental: nadie, ni el más liberal de los gabinetes, como el presidido por Francisco Menéndez, podía abandonar esas distorsiones, pues de ellas procedía una de las fuentes principales de los ingresos públicos.

5.8. Agenda de transformaciones Con el ímpetu liberal se modificó el paisaje, la producción y la vida social. Aquél era un tiempo de cambios. Irrumpió el café y cayó el añil como el producto principal que conectaba al país con los mercados internacionales. Si con el primero El Salvador había tenido una conexión temprana con la transformación capitalista realizada al amparo de la revolución industrial, con el segundo, exactamente en el momento en que se modificaban las demandas internacionales, el país lograba insertarse en los nuevos ritmos del mercado mundial. Y de esa manera también transformaba el paisaje local, la economía y la propiedad sobre la tierra. La reforma de la propiedad de la tierra fue un acontecimiento de primera importancia en la vida nacional. Cuando cerca de un tercio de la propiedad adoptaba nuevas formas de tenencia, había un cambio social de grandes proporciones. Eso ocurrió en este período. Comunidades indígenas y poblaciones municipales quedaron, de pronto, ante un panorama nuevo, y no para bien. El acceso que había tenido la gente de las comunidades indígenas y de los pueblos a la tierra se vio modificado de repente durante un gobierno, el del presidente Zaldívar, que por las acusaciones presentadas luego de su caída no es posible verlo como una administración ecuánime, situada por encima de los intereses particulares. Durante el periodo estudiado, uno de los rasgos sobresalientes estuvo definido por las disputas entre los productores agrícolas y los comercializadores que, a la vez, eran titulares de casas financieras. En la cima de la pirámide social estaban los grandes productores que, al mismo tiempo, eran procesadores del café, prestamistas, habilitadores se decía entonces, y exportadores. Ellos tuvieron una influencia importante en el gobierno más prolongado del periodo, el de Rafael Zaldívar. Por algún

211

misterioso influjo de los conflictos sociales hubo tantas constituciones en pocos años; seis textos políticos fundamentales en el periodo son un indicio revelador de un tiempo conflictivo. Entre los grupos liberales había un hervidero, en parte, alimentado por las diferencias de los productores de café con los procesadores, prestamistas y exportadores. Durante el gobierno de Zaldívar, los segundos estuvieron en el sitio político dominante; bajo la administración de Menéndez, fueron los primeros quienes tendieron a darle rumbo al Estado. Había un segundo plano de estas disputas, las que mantenían los expropiados –quienes habían perdido el acceso al uso de la tierra– y los beneficiados con la reforma de la propiedad. Casi todo el país cambió a partir del triunfo político de los liberales. Los sistemas de transporte, comunicación, producción, propiedad, educación y competencia se transformaron. La infraestructura, las contrataciones públicas, la forma de administración y el modo de manejar las deudas fueron transformadas por el espíritu liberal de la época. Sin embargo, la agenda de transformación no se tradujo en un sistema de libre competencia. La forma de contratación pública y los estancos fueron, más bien, una vía para la competencia restringida. En efecto, una y otros abrieron el campo para la gestión discrecional de los negocios públicos, que dependían de los humores presidenciales, en especial durante el gobierno de Zaldívar, quien más tiempo ocupó la presidencia de la República.

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Ingresos del Estado salvadoreño por alcabalas, estancos de aguardiente y renta de pólvora y salitre entre 1875 y 1900 (en pesos)88 AÑO 1875 1877 1878 1879 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894

ALCABALAS/ DERECHOS DE IMPORTACIÓN89 331,923.27 700,000.00 560,000.00 1066,568.63 1263,341.95 1664,361.00 1833,647.21 1387,313.72 1141,738.58 84,030.00 1200,720.00 1537,734.00 2000,000.00 2162,426.50 2000,000.00 2600,000.00 2600,000.00

RENTA AGUARDIENTE 645,187.26 430,000.00 684,928.97 730,372.54 860,905.38 961,204.00 970,945.86 973,991.00 1018,924.32 57,000.00 720,000.00 894,581.00 1120,000.00 1284,206.80 1250,000.00 1350,000.00 1350,000.00

213

RENTA PÓLVORA Y SALITRE 32,106.53 30,000.00 32,986.00 20,896.59 26,395.42 26,383.00 26,581.86 30,430.24 30,575.69 2,550.00 27,000.00 30,000.00

24,000.00 30,000.00 30,000.00

SUMA % DE LOS INGRESOS TOTAL DEL DE LAS DEL ESTADO PRESUPUESTO RENTAS POR RENTAS 1009,217.06 1354,829.84 74.49% 1160,000.00 1396,374.62 83.07% 1277,914.97 1491,327.55 85.68% 1817,837.76 2039,260.75 89.14% 2150,642.75 2535,063.29 84.83% 2651,948.00 2979,302.53 89.01% 2831,174.93 3391,071.56 83.49% 2391,734.96 2835,333.00 84.35% 2191,238.59 2769,397.04 79.12% 143,580.00 203,840.00 70.43% 1947,720.00 2730,524.00 71.33% 2462,315.00 2959,775.81 83.19% 3120,000.00 3366,000.00 92.69% 3446,633.30 4682,747.97 73.60% 3274,000.00 4053,882.00 80.76% 3980,000.00 4829,306.00 82.41% 3980,000.00 4829,306.00 82.41%

1895 1896 1897 1898 1899 1900

3146,359.51 3307,202.85 3500,000.00 1875,000.00 855,369.66 1300,000.00

4582,885.44 3247,953.03 3200,000.00 1800,000.00 1850,482.20 1600,000.00

214

50,000.00 53,216.30 52,734.00 15,000.00 16,219.92 28,000.00

7779,244.95 6608,372.18 6752,734.00 3690,000.00 2722,071.78 2928,000.00

7233,409.44 9494,395.16 9803,719.00 5611,754.56 5373,918.17 4992,520.00

74.60% 69.60% 68.88% 65.75% 50.65% 58.65%

Ingresos del Estado salvadore帽o por alcabalas/derechos de importaci贸n, estanco de aguardiente y renta de p贸lvora y salitre entre 1875 y 1900 (en pesos)

215

Gastos del Estado salvadoreño en educación, infraestructura, higiene y vacunación, beneficencia y guerra, entre 1875 y 1900 (en pesos)90 AÑOS INSTRUCCIÓN PÚBLICA INFRAESTRUCTURA

HIGIENE Y BENEFICENCIA GUERRA Y MARINA VACUNACIÓN

1875

128,770.00

125,000.00

392,450.00

1877

118,830.00

150,000.00

381,000.00

1878

112,000.00

150,000.00

381,000.00

1879

117,650.00

153,160.00

388,000.00

1881

207,490.00

160,000.00

508,000.00

1882

198,874.00

160,000.00

511,120.00

1883

182,654.00

300,000.00

585,120.00

1884

222,744.00

1885

211,300.00

1886

18,849.00

1887

262,950.00

144,560.00

1888

293,710.00

146,960.00

1889

405,944.00

1890

600.00 7,280.00

513,960.00

8,193.55

47,520.40

95,885.00

599,707.50

1,380.00

93,173.00

621,972.50

160,396.00

5,540.00

142,693.00

665,542.00

481,884.00

161,836.00

5,540.00

152,673.00

1110,578.12

1891

455,310.00

367,956.00

7,580.00

183,209.00

922,440.00

1892

437,565.00

411,996.00

13,904.00

154,517.00

936,160.00

216

250,000.00

513,240.00

1894

455,310.00

411,996.00

13,904.00

154,517.00

936,160.00

1895

515,384.00

317,800.00

23,780.00

961,907.85

1341,480.00

1896

986,464.00

421,200.00

10,500.00

350,715.42

2018,990.75

1897

1019,948.00

308,200.00

35,440.00

359,815.00

2276,952.00

1898

643,388.00

87,600.00

342,715.42

1280,420.00

1899

415,716.00

58,500.00

228,000.00

940,640.00

1900

338,852.00

256,980.00

1031,860.00

217

Gastos del Estado salvadore帽o en educaci贸n, infraestructura, higiene y vacunaci贸n, beneficencia y guerra entre 1875 y 1900 (en pesos)

218

5.9. NOTAS 1 2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Félix Choussy, El café, p. 6. Un decreto del 28 de mayo de 1846 exoneró a los cultivadores de café de los cargos concejiles y a los trabajadores, del servicio militar; además, estableció que “la extracción del café cosechado será libre por siete años de todo derecho e impuesto”, en Legislación salvadoreña del café. 1846-1955, p. 7. El 8 de febrero de 1855, la Asamblea Legislativa aprobó un acuerdo Ejecutivo que autorizaba la creación de una ciudad en la hacienda Santa Tecla. El gobierno compraría el terreno y el correspondiente a los ejidos los distribuiría “proporcionalmente entre los que los soliciten, prefiriendo a los que hayan perdido sus casas en la ruina y en segundo lugar a los que se dediquen al cultivo del café o de la grana”, en Legislación salvadoreña del café. 1846-1955, p. 7. El decreto declaraba que quienes no cumplieran con las condiciones no tendrían derecho a pedir la propiedad, aunque podrían seguir como usufructuarios. Entonces todavía se consideraba a la diversificación como una meta; el artículo 7, por ejemplo, señalaba que quien demostrara “haber sembrado y tener fructificando con posterioridad a esta ley mil árboles de cacao, dos mil de hule, mil matas de uva o cuatro mil de maguey, tendrá la prima de cincuenta pesos por cada una y cualquiera de dichas siembras en la cantidad expresada, y cuya suma se le pagará del erario nacional”, en Legislación salvadoreña del café. 1846-1955, p. 15. A la Ley de Extinción de las Comunidades Indígenas, de febrero de 1881, se sumó la Ley de Extinción de Ejidos, decretada el 2 de marzo de 1882. Diario Oficial, 26 de febrero de 1881, p. 197. Artículo 3 del decreto de división de terrenos comunales, Diario Oficial, 26 de febrero de 1881, p. 197. Artículo 2 del decreto de división de terrenos comunales, ibíd. Diario Oficial, 14 de marzo de 1882, p. 257. Ibíd. Artículo 3 del decreto de extinción de ejidos, Diario Oficial, ibíd. Artículos 5, 7, 8 y 9 del decreto anterior, Diario Oficial, ibíd. Artículo 5 del decreto de extinción de ejidos, Diario Oficial, ibíd. Diario Oficial, 24 de abril de 1891, p. 549. Artículo 3 de la ley de extinción de comunidades, Diario Oficial, 24 de abril de 1891, p. 549. F. Choussy, El café, p. 156. Francisco Altschul, “El problema de los cereales en la República de El Salvador”, en Revista de Economía de El Salvador, p. 197. Miguel Ángel Gallardo, Papeles históricos, p. 402. Memoria del Secretario de Estado en los despachos de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina de 1887, Diario Oficial, 23 de abril de 1888, p. 518.

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María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 18. Ibíd. Francisco Ponte Domínguez, Historia de la masonería salvadoreña, p. 29. José Enrique Silva, Estudios de moneda y banca de El Salvador, p. 28. Julián Escoto, “Informe sobre desfalcos y crímenes durante administración del Dr. Rafael Zaldívar”, en María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f. pp. 92-100. María Leistenschneider. “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f. p. 80. Francisco Castañeda, El general Menéndez y sus victimarios, p. 99. Ítalo López Vallecillos, El periodismo en El Salvador, p. 118. Legislación salvadoreña del café, p. 21. Ibíd., pp. 33-35. Francisco Castañeda, El general Menéndez y sus victimarios, p. 149. J. Francisco Arriola, “Folleto”, en Miguel Ángel García, Diccionario Histórico Enciclopédico de la República de El Salvador, p. 508. Francisco Castañeda, El general Menéndez y sus victimarios, p. 160. La Ley de Extinción de Comunidades fue decretada el 15 de febrero de 1881. Alfredo Ortiz Mancía, Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Hacia un Monte de Piedad Nacional, p. 174. “Exposición de la Municipalidad y vecinos de San Vicente”, en ob. cit., p. 174. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Memoria de Hacienda y Crédito Público 1918, p. 17. Alfonso Rochac, Evolución monetaria salvadoreña, p. 28. Diario Oficial, 11 de agosto de 1897, p. 1282. Diario Oficial, 5 de agosto de 1897, p. 1249. Manuel Masferrer C., Biografía del escritor Alberto Masferrer, p. 21. Decreto Legislativo del 18 de agosto en Diario Oficial, 25 de agosto de 1897, p. 1377. Diario Oficial, 1 de septiembre de 1897, p. 1444 Diario Oficial, 9 de diciembre de 1897, p. 2193. José Enrique Silva, Estudios de moneda y banca de El Salvador, pp. 59- 61; Alfredo Ortiz Mancía, Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Hacia un Monte de Piedad Nacional, p. 185. Alfredo Ortiz Mancía, ob. cit. p. 187. José Esperanza Suay, Memoria de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio de 1929, p. 21. Alfredo Ortiz Mancía, ob. cit., p. 187. La Ley de Bancos de Emisión fue decretada el 29 de abril de 1899, mientras que las reformas se aprobaron el 10 de abril de 1901. Alfredo Ortíz Mancía, ob. cit. p. 187. Belarmino Suárez, Pláticas populares, p. 153. Manuel Castro Ramírez, “Consideraciones sobre los bancos de emisión”, conferencia dictada el 7 de junio de 1919 en Secretaría de Hacienda, La cuestión económica, s. f. Francisco Aquino, Raymundo Etchats y Alfonso Rochac, “El Crédito Agrícola en El Salvador”, en revista Economía, p. 13. Belarmino Suárez, Pláticas populares, p. 153. Un estudio sobre las hipotecas que se constituyeron entre los años de 1914 y 1933 estimaba que solamente el 49% de ellas se encontraban canceladas, mientras el 21.7% estaban pendientes de liberación. El valor de las hipotecas constituidas era de 368 millones 601 mil colones; el de las

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canceladas, de 181 millones 142 mil; y el de las pendientes de liberación, de 80 millones. José Antonio Oseguera, “26 años del Banco Hipotecario”, en Óscar Quinteros, René G. Fuentes C. y José R. Hernández U., “Historia del crédito y la política crediticia de El Salvador en el siglo XX”, en revista Economía salvadoreña, p. 62. “Decreto creando la Intendencia del Crédito Nacional para solucionar la apurada situación del erario nacional”, María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 55. Artículos 1, 2 y 9 del decreto en el que se creaba la Intendencia del Crédito Nacional para solucionar la apurada situación del erario nacional; María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, pp. 55-57. “Noticia sobre los actos de toma de posesión de la presidencia de la república del Dr. Rafael Zaldívar”, María Leistenschneider, ob. cit. p. 68. Memoria del Secretario de Estado en los despachos de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina de 1887, Diario Oficial, 23 de abril de 1888, p. 517. José Esperanza Suay, “La obra económica del doctor Araujo en los 23 meses de su Gobierno”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 121. Ibíd. p. 126. Ibíd. p. 122. S. Rodríguez González, “¿Cuál deberá ser el régimen monetario a base de oro que convendría adoptar en El Salvador?”, conferencia, 3 de junio de 1919, en La cuestión económica, p. 51. “Contrato para establecer el Banco Italiano y caja de ahorros”, María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 141. Ibíd., p. 161. “Se conceden a los señores Pérez & Párraga seis años más de prórroga”, María Leistenschneider “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 163. “Fábrica de loza, porcelana y vidrio”, ob. cit. p. 164. “Facultad para un empréstito que no pase de doscientos mil pesos”, en ob. cit., p. 79. “Contrata sobre el establecimiento de una cada de moneda en la República”, María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f., pp. 128-129. “Camino practicable de San Miguel a La Unión”, María Leistenschneider, ob. cit., p. 80. J. K. Galbraith, Anatomía del poder, México, EDIVISIÓN, 1988, p. 144. Samuel Eliot Morrison, Henry Steele Commager y William E. Leuchtenburg. Breve historia de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 509. Samuel Eliot Morrison, Henry Steele Commager y William E. Leuchtenburg. Breve historia de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 461. “Presupuesto para el año económico de 1877”, María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 138. “Presupuesto de la fuerza permanente”, ob. cit., p. 86. Constitución Política de la República de El Salvador de 1872, artículo 39. Diario Oficial, 13 de marzo de 1878, p. 249. Presupuesto general para el año económico de 1879, en Diario Oficial, 21 de marzo de 1879, pp. 417-424. Santiago González, “Carta al general Gregorio Solares”, en Miguel Ángel Gallardo, Papeles históricos, p. 414.

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Ibíd., p. 416. Presupuesto general para el año económico de 1879, en Diario Oficial, 21 de marzo de 1879, pp. 417-424. Santiago González, “Carta al general Gregorio Solares”, en Miguel Ángel Gallardo, Papeles históricos, p. 416. “Reglamento de Renta de Licores”, María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f., pp. 361-368. Álvaro Magaña, Derecho Constitucional Tributario: el principio de legalidad, p. 144. Ibíd. Francisco Bertrand Galindo, José Albino Tinetti, Silvia Lizette Kuri de Mendoza, María Elena Orellana, Manual de Derecho Constitucional, p. 821. Francisco Bertrand Galindo et al., Manual de Derecho Constitucional, p. 822. “Reglamento de Renta de Licores”, María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f., p. 361-368. Tomado de los presupuestos generales publicados en el Diario Oficial de cada año. La ausencia de algunas fechas se debe a que no se encontró el presupuesto general de ese año. Para el periodo 1875-1885 se han agrupado los ingresos por alcabalas marítimas y alcabalas terrestres. A partir de 1886 desaparecen del presupuesto general las alcabalas marítimas, en su lugar se han incluido los ingresos por “derechos de importación”, los que en 1886 y 1887 eran del 50%; en 1888, de 70%; y entre 1891 y 1899, del 100% sobre la Tarifa de Aforos vigente; en 1900 los derechos de importación ascendieron al 125%. Las alcabalas terrestres desaparecen de los presupuestos en 1891. Tomado de los presupuestos generales publicados en el Diario Oficial de cada año. En la columna Infraestructura se han agrupado los montos asignados a las partidas de Caminos y Obras Públicas encontradas en los presupuestos. En la columna Beneficencia se han recogido los montos que el Estado asignaba a hospitales, asilos, casas de huérfanos y pensiones.

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5.10. FUENTES CONSULTADAS Periódicos Gaceta Oficial (1877). Diario Oficial (1875; 1878-1879; 1881-1900). Tesis Ortiz Mancía, Alfredo, “Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Hacia un Monte de Piedad Nacional” (San Salvador: Universidad de El Salvador, 1938). Bibliografía ALTSCHUL, FRANCISCO,

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Ítalo López Vallecillos, El periodismo en El Salvador, p. 118. Legislación salvadoreña del café, p. 21. 29 Ibíd., pp. 33-35. 30 Francisco Castañeda, El general Menéndez y sus victimarios, p. 149. 28

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J. Francisco Arriola, “Folleto”, en Miguel Ángel García, Diccionario Histórico Enciclopédico de la República de El Salvador, p. 508. 32 Francisco Castañeda, El general Menéndez y sus victimarios, p. 160. 33 La Ley de Extinción de Comunidades fue decretada el 15 de febrero de 1881. 34 Alfredo Ortiz Mancía, Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Hacia un Monte de Piedad Nacional, p. 174. 35 “Exposición de la Municipalidad y vecinos de San Vicente”, en ob. cit., p. 174. 36

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Memoria de Hacienda y Crédito Público 1918, p. 17. 37 Alfonso Rochac, Evolución monetaria salvadoreña, p. 28. 38 Diario Oficial, 11 de agosto de 1897, p. 1282. 39 Diario Oficial, 5 de agosto de 1897, p. 1249. 40 Manuel Masferrer C., Biografía del escritor Alberto Masferrer, p. 21. 41 Decreto Legislativo del 18 de agosto en Diario Oficial, 25 de agosto de 1897, p. 1377. 42 Diario Oficial, 1 de septiembre de 1897, p. 1444 43 Diario Oficial, 9 de diciembre de 1897, p. 2193. 44 José Enrique Silva, Estudios de moneda y banca de El Salvador, pp. 59- 61; Alfredo Ortiz Mancía, Consideraciones sobre el crédito en El Salvador. Hacia un Monte de Piedad Nacional, p. 185. 45 Alfredo Ortiz Mancía, ob. cit. p. 187. 46 José Esperanza Suay, Memoria de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio de 1929, p. 21. 47 Alfredo Ortiz Mancía, ob. cit., p. 187. 48 La Ley de Bancos de Emisión fue decretada el 29 de abril de 1899, mientras que las reformas se aprobaron el 10 de abril de 1901. 49 Alfredo Ortíz Mancía, ob. cit. p. 187. 50 Belarmino Suárez, Pláticas populares, p. 153. 51 Manuel Castro Ramírez, “Consideraciones sobre los bancos de emisión”, conferencia dictada el 7 de junio de 1919 en Secretaría de Hacienda, La cuestión económica, s. f. 52 Francisco Aquino, Raymundo Etchats y Alfonso Rochac, “El Crédito Agrícola en El Salvador”, en revista Economía, p. 13. 53 Belarmino Suárez, Pláticas populares, p. 153. 54 Un estudio sobre las hipotecas que se constituyeron entre los años de 1914 y 1933 estimaba que solamente el 49% de ellas se encontraban canceladas, mientras el 21.7% estaban pendientes de liberación. El valor de las hipotecas constituidas era de 368 millones 601 mil colones; el de las canceladas, de 181 millones 142 mil; y el de las pendientes de liberación, de 80 millones. José Antonio Oseguera, “26 años del Banco Hipotecario”, en Óscar Quinteros, René G. Fuentes C. y José R. Hernández U., “Historia del crédito y la política crediticia de El Salvador en el siglo XX”, en revista Economía salvadoreña, p. 62. 55 “Decreto creando la Intendencia del Crédito Nacional para solucionar la apurada situación del erario nacional”, María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar.

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Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 55. 56 Artículos 1, 2 y 9 del decreto en el que se creaba la Intendencia del Crédito Nacional para solucionar la apurada situación del erario nacional; María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, pp. 55-57. 57 “Noticia sobre los actos de toma de posesión de la presidencia de la república del Dr. Rafael Zaldívar”, María Leistenschneider, ob. cit. p. 68. 58 Memoria del Secretario de Estado en los despachos de Hacienda, Crédito Público, Guerra y Marina de 1887, Diario Oficial, 23 de abril de 1888, p. 517. 59 José Esperanza Suay, “La obra económica del doctor Araujo en los 23 meses de su Gobierno”, en Miguel Ángel García, Diccionario histórico enciclopédico de la República de El Salvador, p. 121. 60 Ibíd. p. 126. 61 Ibíd. p. 122. 62 S. Rodríguez González, “¿Cuál deberá ser el régimen monetario a base de oro que convendría adoptar en El Salvador?”, conferencia, 3 de junio de 1919, en La cuestión económica, p. 51. 63 “Contrato para establecer el Banco Italiano y caja de ahorros”, María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 141. 64 Ibíd., p. 161. 65 “Se conceden a los señores Pérez & Párraga seis años más de prórroga”, María Leistenschneider “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 163. 66 “Fábrica de loza, porcelana y vidrio”, ob. cit. p. 164. 67 “Facultad para un empréstito que no pase de doscientos mil pesos”, en ob. cit., p. 79. 68 “Contrata sobre el establecimiento de una cada de moneda en la República”, María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f., pp. 128-129. 69 “Camino practicable de San Miguel a La Unión”, María Leistenschneider, ob. cit., p. 80. 70 J. K. Galbraith, Anatomía del poder, México, EDIVISIÓN, 1988, p. 144. 71 Samuel Eliot Morrison, Henry Steele Commager y William E. Leuchtenburg. Breve historia de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 509. 72 Samuel Eliot Morrison, Henry Steele Commager y William E. Leuchtenburg. Breve historia de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 461. 73

“Presupuesto para el año económico de 1877”, María Leistenschneider, “Dr. Rafael Zaldívar. Recopilación de documentos históricos relativos a su administración”, en Repositorio, núm. 2, 1977, p. 138. 74 “Presupuesto de la fuerza permanente”, ob. cit., p. 86. 75 Constitución Política de la República de El Salvador de 1872, artículo 39. 76 Diario Oficial, 13 de marzo de 1878, p. 249.

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Presupuesto general para el año económico de 1879, en Diario Oficial, 21 de marzo de 1879, pp. 417-424. 78 Santiago González, “Carta al general Gregorio Solares”, en Miguel Ángel Gallardo, Papeles históricos, p. 414. 79 Ibíd., p. 416. 80 Presupuesto general para el año económico de 1879, en Diario Oficial, 21 de marzo de 1879, pp. 417-424. 81 Santiago González, “Carta al general Gregorio Solares”, en Miguel Ángel Gallardo, Papeles históricos, p. 416. 82 “Reglamento de Renta de Licores”, María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f., pp. 361-368. 83 Álvaro Magaña, Derecho Constitucional Tributario: el principio de legalidad, p. 144. 84 Ibíd. 85 Francisco Bertrand Galindo, José Albino Tinetti, Silvia Lizette Kuri de Mendoza, María Elena Orellana, Manual de Derecho Constitucional, p. 821. 86 Francisco Bertrand Galindo et al., Manual de Derecho Constitucional, p. 822. 87 “Reglamento de Renta de Licores”, María Leistenschneider, “Recopilación de documentos históricos relativos a la administración del general Francisco Menéndez”, en Repositorio, s. f., p. 361-368. 88 Tomado de los presupuestos generales publicados en el Diario Oficial de cada año. La ausencia de algunas fechas se debe a que no se encontró el presupuesto general de ese año. 89 Para el periodo 1875-1885 se han agrupado los ingresos por alcabalas marítimas y alcabalas terrestres. A partir de 1886 desaparecen del presupuesto general las alcabalas marítimas, en su lugar se han incluido los ingresos por “derechos de importación”, los que en 1886 y 1887 eran del 50%; en 1888, de 70%; y entre 1891 y 1899, del 100% sobre la Tarifa de Aforos vigente; en 1900 los derechos de importación ascendieron al 125%. Las alcabalas terrestres desaparecen de los presupuestos en 1891. 90 Tomado de los presupuestos generales publicados en el Diario Oficial de cada año. En la columna Infraestructura se han agrupado los montos asignados a las partidas de Caminos y Obras Públicas encontradas en los presupuestos. En la columna Beneficencia se han recogido los montos que el Estado asignaba a hospitales, asilos, casas de huérfanos y pensiones.

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CAPÍTULO VI CRISIS, AGUARDIENTE Y CAFÉ (1898-1930) Carlos Loucel Lucha

N 1925, El Salvador era descrito como la República con más tierra cultivada y con más campesinos en Centroamérica. Tenía cerca de 4 875 000 manzanas, lo que correspondía a tres manzanas de tierra por habitante; se producían 1 300 000 quintales de café, 400 000 quintales de azúcar, 5 000 000 quintales de maíz, 100 000 quintales de fríjol, 200 000 quintales de arroz, así como gran cantidad de bálsamo, henequén, añil, cuero y algodón.1 Este período comienza con el golpe de estado encabezado por Tomás Regalado. Bajo su presidencia finalizará un siglo y comenzará uno nuevo. A lo largo de este tiempo, con el apoyo de los distintos gobiernos, se consolidará el cultivo del café y la élite cafetalera, alternándose períodos de bonanza con fases de baja producción y precios internacionales fluctuantes; asimismo, al gravarse sus exportaciones, se generaron nuevos ingresos al fisco y se produjo una dependencia económica hacia ese monocultivo. El Estado empezó a modernizar su sistema fiscal: creó instituciones para controlar los ingresos y asignó nuevos impuestos basados en la imposición directa. Por otra parte, se promovió el surgimiento de los sindicatos y las asociaciones obreras y se dio una apertura política, cuyo resultado fue el aparecimiento de partidos políticos; aunque ello no quiere decir que los gobiernos estuvieron exentos de la represión, como la ocurrida con la manifestación de mujeres en 1923. El inicio de este período está marcado por una fuerte crisis económica y un déficit fiscal que se incrementa año con año. Las rentas del Estado no son suficientes para cubrir los gastos de la administración pública, por lo que se

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recurre a empréstitos internacionales para paliar esta crisis, así como a préstamos nacionales, tanto a la banca como a personas particulares, la crisis se ve agravada con los terremotos de 1917 y 1919, la inundación de 1922, sequías, bajas producciones de granos básicos, plagas de langosta y chapulín. A todo esto se le aunaba la situación internacional con la Primera Guerra Mundial, que trajo como consecuencia la incapacidad del Estado para pagar sus deudas al bajar los precios del café; también la entrada en vigor en los Estados Unidos de la ley seca, que avivó el cuestionamiento del que era objeto la renta del aguardiente. La aplicación de la Ley Clayton de 1914 –durante la presidencia de Teodoro Roosevelt– y la gran depresión de 1929 sumergieron al país en una nueva crisis. El periodo finalizó con un nuevo golpe de estado, a través del cual llegó a la presidencia el general Maximiliano Hernández Martínez. A lo largo de la etapa comprendida entre 1898 y 1930, los ingresos fiscales de los que dependió el Estado fueron las rentas generadas por los impuestos a las importaciones, la renta proveniente de licores y los impuestos sobre las importaciones del café. Los otros monopolios del Estado, la pólvora y el salitre, no representaban ingresos significativos, al igual que el papel sellado y los timbres. La alta tasa impositiva al aguardiente ocasionó el incremento en la producción de chicha y el contrabando, por lo que se dictaron leyes para combatirlo, que incluyeron castigos corporales. La moralidad del uso del aguardiente como renta del Estado se vio cuestionada a lo largo del período, pero con mayor énfasis en los años finales de éste, en el que se debate, tanto dentro como fuera de las esferas del gobierno: el ministro de Hacienda, José Esperanza Suay, y el pensador Alberto Masferrer presentaron argumentos en contra de este rubro.

6.1. Renta del aguardiente, la segunda en importancia para el Estado Para el Estado, las rentas provenientes del aguardiente ocuparon entre 1898 y 1930 –un largo período– el segundo lugar en importancia. Con los ingresos de esta renta, el Gobierno se aseguró los recursos necesarios para continuar su funcionamiento. La Constitución de 1886, en su artículo 34, establecía: Toda industria es libre, y sólo podrán estancarse en provecho de la Nación, y para administrarse por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y la pólvora. No habrá monopolio de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptúanse únicamente los relativos a la acuñación de moneda y a los privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna industria.2

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Tanta fue la importancia de la renta de licores para el Estado, que el Gobierno fomentaba el consumo entre sus habitantes sin cuestionarse sobre su moralidad. Los 14 departamentos del país poseían estancos.3 En 1925, el país contaba con 258 poblaciones –entre ciudades, villas y pueblos– y 2 547 aldeas o cantones rurales,4 y en todos ellos, siempre que existiera una municipalidad, había ventas de aguardiente. Los había incluso en aquellos caseríos en los que no existían municipalidades. La venta de aguardiente estaba regulada por ley: para 1912, el Reglamento de Licores, en su artículo 268, establecía los lugares en donde no podían situarse los puestos de las ventas de aguardiente y disponía la manera de entrar y salir de los edificios en donde se encontraban dichos puestos.5 Los efectos que tenía el consumo del aguardiente en la población los podemos observar en los reportes de la Policía para el mes de febrero de 1899, en los que podemos ver el movimiento de aprehensiones relacionadas con el alcohol: Cuadro 1 Aprehensiones relacionadas con el consumo de aguardiente realizadas por la Policía en la ciudad de San Salvador, durante el mes de febrero de 1899 Fecha Miércoles 1 Jueves 2 Viernes 3 Sábado 4 Domingo 5 Lunes 6 Martes 7

Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10 Sábado 11 Domingo 12

Tipo de delito Embriaguez escandalosa Ebrios impotentes Ebriedad escandalosa Contrabando aguardiente Ebriedad escandalosa Ebriedad

Hombres 5 8 8

Mujeres

13 1

Ebriedad escandalosa Ebriedad escandalosa Venta chicha en mercadito Contrabando aguardiente Ebriedad, vagancia, prostituta No hay información Ebriedad Ebriedad Ebriedad escandalosa Vender en horas prohibidas

229

Total diario

4 1

9 4 1

1 1

1 10 8 1 1

2 2 5

1 2 2 6

Ebriedad y ultraje a la 1 1 autoridad No hay información Martes 14 5 Miércoles 15 Ebriedad escandalosa 5 Ebriedad escandalosa y 5 Jueves 16 5 oposición Ebriedad escandalosa 3 Viernes 17 3 Ebriedad escandalosa 2 Sábado 18 2 1 Domingo 19 Conducción sin patente 5 Contrabando aguardiente 3 Venta ilegal aguardiente 1 Ebriedad escandalosa 9 Lunes 20 10 Contrabando aguardiente 1 Ebriedad escandalosa 2 Martes 21 4 Contrabando aguardiente 2 1 Miércoles 22 Ebriedad escandalosa 11 Contrabando aguardiente 3 7 Ebriedad escandalosa 4 1 Jueves 23 8 Contrabando aguardiente 1 2 Ebriedad escandalosa 2 Viernes 24 3 Ebrio pacífico 1 Ebriedad escandalosa 5 Sábado 25 5 4 Domingo 26 Ebriedad escandalosa 13 Consumo en horas prohibidas 5 Esconder aguardiente 4 Lunes 27 Ebriedad escandalosa 1 1 Martes 28 No hay información Total 98 27 125 Elaborado para esta investigación con datos del Diario Oficial del mes de febrero de 1899. Lunes 13

Como podemos observar en el cuadro anterior, los estados de embriaguez se clasificaban según la cantidad de alcohol consumido. El delito más frecuente es el de ebriedad escandalosa, con 74 personas detenidas (59.2%), 2 de ellas mujeres; y del total de detenciones, el 78.4% corresponde a personas del sexo masculino; el resto, el 24.60%, pertenece al sexo femenino. También las detenciones por contrabando y venta ilegal de chicha y aguardiente reportadas son 23 mujeres de un total de 31 casos para el mismo período; al parecer, la venta de chicha era realizada por mujeres.

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La embriaguez era castigada, especialmente la escandalosa, de acuerdo con el Código de Instrucción Penal de 1904, que en su artículo 531 establecía la pena así: “Serán castigados con la pena de seis días de arresto los que causaren perturbación o escándalo con su embriaguez”.6 Para 1920, la pena seguía siendo la misma y el número de personas que se embriagaban no había disminuido.

6.1.1. Marco legal de la renta del aguardiente El marco legal se estableció el 23 de noviembre de 1901, fecha en que se acordó como Ley del Estado; el título IX del Código Fiscal fue sancionado en 1900, sin embargo nunca fue publicado en el Diario Oficial. En él se trata de las Rentas Públicas; y en sus secciones II, III y IV, en el capítulo III, se trata sobre la Renta de Licores.7 En el código se regulaban las actividades de la renta, los lugares de producción, la adquisición de patentes y todo lo relacionado con su buen funcionamiento y control.

6.1.2. Lugares de producción Los sitios de producción de aguardiente y alcohol se establecieron según el Reglamento de Licores. El Gobierno establecía estos lugares a fin de tener mayor vigilancia en la producción, pureza y control sobre dichas actividades, para impedir, así, que se dedicara al consumo cualquier cantidad de este producto sin que se hubiera pagado el respectivo impuesto. El Gobierno determinaba, también, el número y la ubicación de los depósitos donde se almacenaba el producto; los almacenes sólo surtían a la región correspondiente al departamento donde estaban ubicados. Legalmente, se prohibía la venta de aguardiente en lugares sin municipalidad, según lo establecido en el artículo 251. El Estado no producía aguardiente, sino que otorgaba patentes a los destiladores para que fuesen ellos los encargados del proceso de producción y venta; sin embargo, sí definía quiénes podían dedicarse a estas actividades, y de acuerdo con el artículo 207, cualquier persona mayor de edad podía producir licor, aun los extranjeros, para lo cual debían llenar la solicitud que se establecía en la disposición legal. El Estado también regulaba la cantidad y calidad de la producción: la capacidad mínima de producción establecida, según el artículo 206 del Reglamento, era de 100 botellas cada 12 horas, para esto cada fabricante debía tener, además, capacidad para desinfectar y rectificar el licor, pues de acuerdo con el artículo 222, ningún licor producido podía tener riqueza alcohólica superior al 50% de su volumen, ni exceder los 25 grados Gay Lussac.8 Como unidad de medida se adoptó la botella de 24 onzas y se estableció la producción del

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alcohol desnaturalizado, el cual debía contener 5 gramos de naftalina por litro, mientras que para el alcohol de madera la proporción era del 5%. También se consideraban las pérdidas por evaporación, calculadas en un 1½ %. Además, el horario de trabajo de las destiladoras fue establecido de 6 de la mañana a 6 de la tarde.9 A partir de 1914, la medida oficial para medir líquidos fue el litro tal como había sido establecido en 1885.10 En las Administraciones de Renta se estableció un laboratorio de química para el análisis de los productos producidos a partir del alcohol, asegurando de este modo la calidad del aguardiente a la población. En 1923, el Ejecutivo emitió un decretó sobre la composición del alcohol desnaturalizado, empleado en los procesos industriales, modificándose dicho decreto en 1924. En él se establecía la fórmula que se debía utilizar para su elaboración con el fin de evitar su utilización para consumo humano. En dicha fórmula se utilizaban los siguientes productos:

Cuadro 2 Alcohol puro Naftalina Gasolina

1 litro 2 gramos 5%

Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924.

Por cada litro de alcohol desnaturalizado que se extrajera para la venta de los almacenes de aguardiente, se percibía el impuesto fiscal único de 0.70 centavos de colón.11

6.1.3. Impuestos de producción El Reglamento de Licores, cuerpo legal que regulaba el funcionamiento de la renta de aguardiente, estableció que las personas que obtenían la concesión de una patente para la venta de aguardiente al mayoreo o al detalle se entendieran con el destilador, al que le pagaban $0.25 cts. por botella; a esto se le agregaban $0.05 cts. por unidad, que era el impuesto a los fabricantes. Los destiladores podían hacer concesiones a los patentados, ya fuera rebajándoles $0.01 ó $0.02 cts. de los $0.30 cts. totales por botella, pagando el porte del aguardiente del depósito al estanco o regalarles cualquier número de botellas, todo con el fin de promocionarse y obtener clientes.12

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Todo el aguardiente producido se guardaba en los depósitos de los almacenes establecidos por el Gobierno. El guarda almacén era quien llevaba el control de la bebida almacenada, mensualmente hacía un reporte del movimiento de la venta y en él recaía la responsabilidad en caso de que hubiera un faltante; si se hallaba excedente, pasaba a las rentas del Estado. En 1905, el Gobierno, alarmado por las bajas en la renta del aguardiente, recurrió a una serie de medidas encaminadas a la recuperación de los niveles de consumo proyectados. El 14 de julio decretó una reducción en el impuesto del aguardiente y la reglamentación de su cobro; asimismo, rebajó la cuota que pagaban los importadores de licores extranjeros fuertes para la adquisición de la patente de venta; y, finalmente, se estableció un recargo sobre licores por falta de patente.13 El Estado continuó con una serie de medidas para mejorar la recaudación de estas rentas. Así, en 1907, se tomaron otras medidas como el establecimiento de reformas al impuesto que se pagaba por cada botella que se expidiera en los depósitos fiscales, incrementándose en un 50% el número de botellas de obligación;14 también se rebajó $0.25 centavos la botella vendida después de la obligación. A los destiladores se les autorizó vender a cualquier precio, siempre que no excediera los $0.25 centavos por botella; además, en caso de que no cumplieran con la venta de botellas de obligación, debían pagar el impuesto establecido por las botellas que dejaran de vender. En julio del citado año se creó un sobreimpuesto de $0.02 por botella para la construcción de edificios públicos. En el mes de febrero de 1907, el Gobierno incrementó el impuesto por botella de aguardiente a $0.25 centavos plata, con un nuevo aumento de $0.25 centavos plata en mayo.15 El Gobierno, preocupado por la baja en la renta del aguardiente en 1911, dispuso cobrar $0.75 centavos por botella para compras en exceso; para compras de obligación, el pago estipulado era de $1.25 pesos y de $0.75 cts. el impuesto para las botellas de exceso; en julio se estableció en $1.00 pesos para las botellas vendidas, después de las de obligación y exceso. El precio máximo de realización para destiladores fue de $0.25 centavos.16 En 1912, las rentas provenientes del aguardiente disminuyeron debido a la crisis de los granos básicos, por lo que el Gobierno dispuso que se autorizara a los destiladores vender a $0.30 por botella, en obligación, exceso17 y sobre exceso;18 se suspendió el cobro de $0.03 por botella por traslado. Ese año, el país contaba con 7 534 patentados para la venta de aguardiente al detalle, que vendieron 2 252 419 botellas que generaron ingresos por $2 419 263.50.19

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En 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial provocó que los ingresos por las rentas del aguardiente disminuyeran más y que los fiadores de los patentados no pudieran cumplir con lo estipulado en los artículos 255 y 256 del Reglamento de Licores en lo referente a la solvencia económica, por lo que los primeros recurrieron a pedir el perdón de sus obligaciones. Ante esta práctica, los artículos se reformaron: se estipulaba que los fiadores fueran personas conocidas y abonadas. Con el cambio en la unidad de medida volumétrica, se esperaba generar un considerable aumento al tesoro, ya que las asignaciones de aguardiente eran menores y los impuestos se fijaron en $1.50 por litro de obligación y $0.60 por litro de exceso. Tomando en cuenta la población por departamento, se fijó el mínimo de ventas por departamento, estableciéndose como estímulo un premio de $1000 a cada administrador de Rentas, esto en caso de que se sobrepasara el número de ventas asignado.20 La venta al público se efectuaba a través de los estancos existentes en toda la República; para poder operar, debían obtener una patente que les permitía la venta legal de aguardiente. En 1920, las patentes otorgadas por el Estado se distribuían así:

Cuadro 3 Patentes otorgadas por departamento (1920) Departamento San Salvador La Libertad Sonsonate Ahuachapán Santa Ana Chalatenango Cuscatlán La Paz San Vicente Cabañas Usulután San Miguel

Número de patentes 784 604 464 359 500 559 449 592 275 208 668 562

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Morazán La Unión Total estancos

401 389 6814

Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1920.

Los departamentos de San Salvador, La Libertad y Usulután presentan el mayor número de estancos.

6.1.4. Contrabando “La Policía descubrió tres chicherías en Soyapango. Tres mujeres, las dueñas, fueron capturadas; una de ellas hizo pedazos las ollas del fermentado líquido”.21 Esta noticia, publicada en el Diario del Salvador en enero de 1905, es un ejemplo de los esfuerzos que se llevaban a cabo por detener las ventas clandestinas de aguardiente y chicha. Esta última se reportaba con mayor frecuencia, posiblemente debido a la facilidad para elaborarla en forma casera y a que las mujeres eran quienes, la mayor parte de la ocasiones, se encargaban de su venta; también puede que se debiera a que su producción se incrementaba durante los períodos en que el aguardiente era gravado excesivamente. El contrabando y la producción clandestina representaban una fuga de ingresos a las arcas públicas, de ahí los esfuerzos del Gobierno por intervenirlos. El Gobierno, pues, intentaba controlar el contrabando en todos sus aspectos, ya fuera cerrando las fábricas clandestinas de producción de chicha y aguardiente, o controlando la venta ilegal de los mismos productos. Estas acciones no solo se limitaban al combate del contrabando interno, sino también al procedente de Guatemala, como se refleja en la publicación del 31 de mayo de 1902, en el Diario del Salvador, en la que se informaba lo siguiente: “En el valle de las Chinamas fueron capturados por el inspector de Hacienda, don Francisco Tobar, los individuos Diego Aguilar y José Ángel Shpansoco, quienes traían un gran contrabando de aguardiente de la vecina República de Guatemala”.22 En 1905, el país contaba con 13 centros de destilación y 88 aparatos con capacidad de producción de 26 435 botellas cada 12 horas; había 7 540 estancos. En el siguiente cuadro pueden verse los reportes de cierre de fábricas clandestinas durante 1905 y 1910, período que comprende las administraciones de Pedro José Escalón y del general Fernando Figueroa:

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Cuadro 4 Fábricas clandestinas cerradas 1905-1910 Año

Aguardiente

Chicha

1905 1906 1907 1908 1909 1910

12 147 180 232 287 24

464 446 334 414 393 603

Fuente: Memorias de Hacienda 1905-1910.

En 1905, la carestía de granos básicos que sufrió el país a principios del año trajo como consecuencia el agravamiento de la situación económica de las “clases proletarias” y, por lo mismo, la disminución en el consumo de aguardiente, aunado a una baja en los ingresos de esta renta. En 1907, el Gobierno, para su mejor control, estableció tres agentes especiales en el departamento de Santa Ana, dos en Ahuachapán, dos en San Salvador y uno para el resto de la zona; estos agentes debían rendir informe de sus actividades a la Administración de Rentas departamental. En 1908 se reformó el Reglamento de Licores: contenía disposiciones para el contrabando y las penas estipuladas por este delito. El siguiente período, que abarca de 1911 a 1927, se caracterizó por una mejor política fiscal, con mayores controles del contrabando. Comprende las administraciones del doctor Arturo Araujo (1911-1913), Carlos Meléndez (1913-1919), Jorge Meléndez (1919-1923) y Alfonso Quiñónez Molina (1923-1927). Los resultados de los cierres de las fábricas clandestinas de aguardiente y chicha son los siguientes: Cuadro 5 Fábricas clandestinas cerradas 1911-1926 Año

Aguardiente

Chicha

1911

302

740

1912

359

1913

672

1914

313

639

236

1915

279

572

1916

625

1917

232

636

1918

108

358

1919

Datos no disponibles

1920

519

1921

472

651

1922

Datos no disponibles

1923

Datos no disponibles

1924

Datos no disponibles

1925

307

1926

Datos no disponibles

1285

Fuente: Memorias de Hacienda 1911-1926.

Con el nuevo Gobierno en 1911, se modificó la política del Estado. Como resultado de los cambios en la administración del estanco del aguardiente, ese año los ingresos por ese rubro ascendieron a $2 683 568.69 pesos; la política encaminada a la disminución del contrabando llevó al cierre de 302 destilerías ilegales que elaboraban 1 500 000 botellas, mientras que la producción proveniente del aguardiente legal ese año alcanzó los 7 760 patentados y las ventas de 2 489 817 botellas produjo ingresos por un valor de $2 715 274.93 pesos.23 El año de 1914 inició con una nueva crisis en la producción de granos básicos, lo cual obligó al Gobierno a prohibir su exportación, al tiempo que permitía la libre introducción de maíz y frijoles. Esta carestía afectaba las rentas provenientes de los licores, las cuales experimentaron una baja, agravada por un alarmante incremento en el contrabando, por lo que se dio una ley en la que se establecían penas corporales y prisión para los contrabandistas.24 En 1916, el comportamiento presentado por los decomisos efectuados ese año fue diferente al de los años anteriores, pues los correspondientes al aguardiente se redujeron a 8, mientras que los efectuados por la elaboración de chicha aumentaron a 625. Esto podría demostrar que la condición económica en la que se encontraba la población, especialmente las clases trabajadoras y los campesinos, era precaria, y que sus ingresos les permitía el acceso a la chicha, que se compraba a un precio menor que el

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aguardiente. Durante los primeros cinco años de la década de 1920, el número de fábricas que elaboraban chicha se incrementó y alcanzó su máximo en 1925: 1285 fábricas. El problema de las ventas clandestinas era grave: entre 1921 y 1922, llegaron a representar más del 30% del consumo total.25 Con la llegada al poder de Pío Romero Bosque, la situación de la producción ilegal de aguardiente y chicha presentó un comportamiento parecido al de las administraciones anteriores. Las fábricas dedicadas a la producción de chicha se incrementaron a lo largo del período, como lo podemos ver en el cuadro siguiente:

Cuadro 6 Fábricas clandestinas cerradas 1927-1930 Año

Aguardiente

Chicha

1927

211

998

1928

231

1491

1929

1741

1930

Datos no disponibles

Fuente: Memorias de Hacienda 1926-1930.

El contrabando reportado en 1927 fue de 5 aparatos destiladores de cobre y 364 de barro, que producían 61 litros. 211 ventas clandestinas de aguardiente se cerraron, lo que significó el decomiso de 121½ litros; además se intervinieron 998 fábricas de chicha.26 En 1928, las ventas ilegales de chicha subieron a 1491; y para 1929, el número de fábricas cerradas por la elaboración clandestina de este mismo producto fue de 1741. Debido a que el contrabando se efectuaba también a través de los ferrocarriles, el Gobierno, en 1929, creó las Aduanas Terrestres, que controlaban el contrabando de aguardiente introducido por esa vía.

6.1.5. El aguardiente y la economía del país En 1905, los impuestos recaudados por importaciones ocupaban el primer lugar en las rentas del Estado, mientras que la renta proveniente de licores siguió como la segunda en importancia, recaudando $1 924 911.07. Las rentas provenientes del aguardiente se consideraban como las más estables con las que podía contar el Estado, servían para el pago de diferentes gastos del Estado y se

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cargaban de impuestos destinados a ser utilizados para distintas actividades. En mayo de 1913 se estableció el sobre impuesto de $0.03 centavos sobre cada botella en los depósitos; de estos, $0.02 se destinaron para la construcción de puentes sobre el río Lempa y el resto sirvió para la construcción del manicomio de San Salvador. Los ingresos provenientes de esta renta se distribuyeron de la siguiente manera: Cuadro 7 Distribución de los ingresos de la renta de licores 1917 Destino

Cantidad

Sobreimpuesto

Cruz Roja

$0.01½

1 006 578 litros

Instrucción Pública

$0.20

Poder Judicial

$0.13 ⅓

Manicomio

$0.04

2 024 957 litros

Cabildo Usulután y

$0.01 ⅓

2 024 957 litros

Puente Lempa

$0.02 ⅔

2 024 957 litros

Junta de Fomento de

$0.04

109 385 litros

$0.01 ⅓

109 662 litros

$0.01 ⅓

90 172 litros

Cuartel de San Miguel

$0.01 ⅓

190 320 litros

Hospital de Suchitoto*

$0.06 ⅔

Santa Ana

Cuscatlán Junta de Fomento de Usulután Junta de Fomento de Morazán

* Sobreimpuesto a los patentados del distrito sobre el precio de compra de $1.76 ⅔ por litro. Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1917.

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En 1915, la disminución de la producción de caña de azúcar en el país provocó que los destiladores importaran el producto de Cuba, pagando elevados precios por el flete, lo que incrementó el precio del producto. Como consecuencia, las ventas disminuyeron. Alarmado el Gobierno ante la baja en sus ingresos, autorizó a los destiladores a vender al precio que quisieran, lo cual incrementó el precio por litro para los destiladores a $0.38. El número de patentados para ese año fue de 7034, con ventas de 2 104 200 botellas.27 El Gobierno, finalmente, prohibió la venta de aguardiente en los valles y en los cantones rurales debido a que se cometían una serie de faltas y delitos, atribuidos al consumo de aguardiente, los cuales quedaban en su mayoría en la impunidad. A pesar de lo anterior, la renta de licores experimentó un incremento en los ingresos generados en 1916; sin embargo, se calcula que éstos hubieran sido mayores de no haberse suprimido las ventas rurales. En un cálculo efectuado ese año, basado en las 2 305 376 botellas vendidas, le correspondía a cada habitante un consumo anual de 1 litro 813 gramos, cantidad que podía ser mayor ya que no se contabilizaban las botellas provenientes del contrabando28 (el censo de 1901 había calculado la población del país en 1 080 000 personas, en 1921 se calculaba en 1 501 000 personas). 29 Para poder obtener mayores ingresos de esta renta, el Gobierno limitó la costumbre de los destiladores patentados de comprar aguardiente en otras fábricas, sin elaborarlo ellos como se esperaba, es decir, en proporción al consumo de la población del departamento; esto en previsión que esta práctica provocara una escasez y, por ende, una reducción en los ingresos fiscales. Una de las medidas de previsión que tomó el Gobierno en caso de agotarse la producción de aguardiente en los departamentos fue la de abastecerlos directamente, correspondiéndole a los Administradores de Renta expender únicamente el aguardiente del fisco. El 7 de junio de 1917, San Salvador sufrió un terremoto que devastó la capital y las poblaciones aledañas, agravando las condiciones económicas del país que ya se veían afectadas por la guerra en Europa; también el movimiento comercial e industrial se vio entorpecido, ocasionando bajas en las rentas provenientes de las importaciones. Sin embargo, las rentas provenientes de los impuestos por exportación y la de licores sufrieron un alza. Durante el mes de marzo se empezó a cobrar $1.70 por litro de aguardiente en las botellas de obligación y $1.00 por litro en las de exceso. Estas medidas se tomaron debido al aumento experimentado en la

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producción y por la baja en los ingresos; su implementación tuvo como consecuencia el incremento de las rentas. A pesar de esto, en junio, debido al terremoto, las ventas de aguardiente se suspendieron en los departamentos de San Salvador y La Libertad, lo que ocasionó pérdidas al fisco por $ 54 989.65.30 Los ingresos provenientes de la renta de licores en 1918 sufrieron una disminución con respecto a los del año anterior debido a una baja en la producción de caña de azúcar, baja que trajo como consecuencia la escasez de las mieles y el dulce de panela utilizados como materia prima en la elaboración de aguardiente y alcohol; como consecuencia, hubo un incremento en su precio. Para detener esta crisis, el Gobierno prohibió la exportación de azúcar y la del dulce de panela hasta fines de año, pero esta medida se tuvo que prorrogar hasta marzo de 1919. Los comerciantes y agricultores se aprovecharon de esta situación y acapararon estos productos prefiriendo dedicarlos a la producción clandestina de aguardiente. Como resultado, los destiladores patentados no pudieron cumplir con sus cuotas por lo que el Gobierno se vio en la necesidad de autorizar la apertura de nuevas fábricas, al mismo tiempo que el precio del aguardiente producido de manera clandestina era más bajo que el producido legalmente. Debido a ello, las ventas de aguardiente disminuyeron, mientras que las provenientes del contrabando aumentaron. Otro de los factores que incidió en las bajas ventas del aguardiente legal fue una serie de decretos emitidos: el de marzo de 1917, en el que se autorizó a los destiladores a cobrar $0.05 más por litro; y el de junio de 1918, que incrementaba $1.00 más al que ya tenían los litros por obligación. En julio, debido a la escasez de aguardiente en los depósitos, se autorizó cobrar $1.00 más; posteriormente, ese mismo mes, se autorizó otro aumento por $0.03 por litro, llegando los destiladores a cobrar en total $0.48 por litro. Estos aumentos de precio, la ineficiencia de los resguardos de Hacienda tanto en el campo como la falta de vigilancia en la capital y la tolerancia de los encargados de las bodegas ocasionaron que el contrabando también se incrementara.31 Una nueva escasez de materia prima para la elaboración de aguardiente, en 1920, llevó a una nueva prohibición de la exportación de azúcar y dulce de panela, lo que afectó la renta del aguardiente. Con todo, ese año los patentados sumaban los 7811 y las ventas llegaron a 1 859 434 botellas.32 En 1921, la renta del aguardiente se redujo y se incrementaron los gastos del ramo de Hacienda debido a la

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fuerte persecución del contrabando implementada ese año. También se modificaron los impuestos, así: $0.02⅔ por cada litro para la venta a destiladores y $0.04 sobre cada litro de aguardiente a favor de las obras públicas de la capital. Los patentados eran 5874, los litros vendidos fueron 1 123 877.33 Una mejoría económica marcó 1924. La renta de licores experimentó un incremento debido a la reducción del contrabando y “no al incremento de los consumidores”. El alza en la materia prima hizo imposible que los contrabandistas produjeran licor, mientras que el Gobierno tuvo que importar para asegurar la continuidad de la producción; además se redujeron en un 25% las obligaciones de compra a los patentados y se estableció la venta de alcohol con fines terapéuticos a ₡0.70, el número de patentados era de 7192 y la venta de litros fue de 1 793 740.34 En 1925, la renta de licores presentó un alza de ₡500 000 colones, alza que se debía en parte a las acciones que se desarrollaron en contra de la corrupción dentro de las centrales de aguardiente; se descubrió que se recurría al soborno de los empleados de las Administraciones de Renta para que permitieran la extracción de alcohol de alta graduación, pagándolo como alcohol de 50º GL; dicho alcohol era posteriormente diluido, obteniendo de este modo ganancias de hasta el 50%. A partir de acá, el Gobierno endureció los requisitos para ser guarda fábrica y guarda almacén de la Administración de Rentas: se solicitó fianza hipotecaria (además debían rendir cuentas quincenalmente), se solicitó a Francia nuevos equipos para todas las Administraciones de Renta, se repararon los edificios y los depósitos y los depósitos se cerraron con tres llaves en poder del administrador, el destilador y el guarda almacén. Se implementaron nuevos impuestos: ₡0.25 por litro de alcohol desnaturalizado, ₡0.02 ½ por cada litro y ₡0.04 a favor de obras públicas. El Gobierno también compró aguardiente en el interior y exterior para expenderlo por cuenta propia, se abolió el uso del alcohol de madera por los efectos nocivos de éste al ingerirse.35 En 1937, la renta de licores reportó $4 022 368.07. El Estado había otorgado un total de 9006 patentes para la producción y venta de aguardiente; los ingresos provenientes de los impuestos sobre aguardiente fueron de $3 259 333.79 procedentes de la venta de 2 297 555 litros (1 121 151 litros de obligación y 1 176 404 litros de ventas en exceso). Además de estos impuestos, el aguardiente se encontraba gravado con el impuesto destinado al Fondo de Guerra (a favor de los hospitales) y gravámenes a los destiladores, y se gravó la venta de aguardiente para Cojutepeque.36

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6.1.6. Cuestionamiento moral de la renta del aguardiente El sábado 12 de enero de 1929, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Esperanza Suay, pronunció una conferencia que iniciaba diciendo lo siguiente: “Es una ironía y un contrasentido que para obtener dinero para educar al pueblo, se embrutezca primeramente al mismo pueblo”,37 en una clara referencia a los efectos en la población de la renta del aguardiente. El ministro continuaba diciendo sobre el sistema tributario que “…el punto negro es el estancamiento del alcohol, que cubre el 20% del presupuesto fiscal”.38 Al referirse a la renta del alcohol, el ministro Suay fue más claro: Esta renta, además de ser injusta, fomenta el vicio con detrimento de la salud del pueblo… hay que luchar contra el alcoholismo y poner al Estado en capacidad de no necesitar de la renta del aguardiente… su consumo se limitaría a los días domingo y festivos, luego el cierre a horas tempranas de la noche, después multar al beodo y aprisionarlo cuando reincida, después calificar la embriaguez como delito y prohibir la venta a menores de edad.39

A lo largo del período hubo un debate permanente sobre la moralidad y la necesidad de los ingresos generados por esta renta que poseía el Estado. Las manifestaciones en contra de ella aparecen ya en 1904 cuando se inició la formación de la Liga Antialcohólica en 1905. La Liga inició sus actividades contando con la participación de Alberto Masferrer como uno de sus oradores. El cuestionamiento acerca de la moralidad del uso de rentas provenientes del aguardiente también se llevaba a cabo internacionalmente: en Estados Unidos se hacían esfuerzos para erradicar el uso del alcohol y los movimientos civiles realizaban una serie de acciones para la eliminación de la producción y el consumo de las bebidas alcohólicas; sus repercusiones tuvieron eco en el país y en 1913 este movimiento adquirió más fuerza. Para 1914, los cuestionamientos acerca de la moralidad de la renta del aguardiente se discutieron a través de los informes del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Esperanza Suay, a la Asamblea Legislativa. El subsecretario veía la necesidad de una reforma en la recaudación de las rentas que contemplara las rentas de aguardiente: …La única renta capaz de mayor rendimiento, que tenemos en la actualidad, es la del aguardiente, como está demostrando la aplicación del Decreto del 14 de noviembre próximo pasado; pero esta renta, por sus consecuencias inmorales, debemos pensar sustituirla por otra más en consonancia con la cultura. Debemos recurrir a los impuestos directos sobre la renta, capital o un impuesto territorial….40

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Ese mismo año circuló en el país el libro titulado Los males de la raza, impreso en Costa Rica, en el que se cuestionaba el alcoholismo y los problemas que éste acarreaba (“hábitos inmorales que son verdaderos azotes para la sociedad”)41 y lo atribuía a la falta de educación, a la pobreza, la desorganización administrativa, las dictaduras y el caudillismo. La Primera Guerra Mundial finalizó con la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918. Al regresar a sus hogares, los soldados nortéamericanos se encontraron con que durante su ausencia se desarrolló un movimiento en contra de las bebidas alcohólicas que había ido ganando fuerza a lo largo de los años. De esta manera, para 1916, de los 48 estados que componían a los Estados Unidos, 23 habían pasado leyes en contra de los salones. El movimiento tenía como objetivo reducir el crimen y la corrupción, así como mejorar la salud, resolver problemas sociales y reducir la carga tributaria creada por las prisiones y las casas para pobres. En 1917, el presidente norteamericano pasó al Senado la XVIII modificación a la Constitución, que fue llamada prohibición debido a que por medio de ella se prohibía la manufactura, venta o transporte de licores intoxicantes. En 1919 ya era parte de la Constitución, al mismo tiempo que florecía el contrabando tanto interno como externo y prosperaban los salones clandestinos y los gánsteres. Estas acciones internacionales avivaron los cuestionamientos nacionales sin que realmente incidiera en las políticas del Estado, que siguió dependiendo de la renta del alcohol, aunque se buscaban nuevas fuentes para sustituirla. Con la llegada al poder en 1923 de Alfonso Quiñónez Molina se inició una campaña en contra del contrabando en la que se perseguía las ventas clandestinas de aguardiente. El ramo de Gobernación, en apoyo a esta campaña y debido al alto índice de “viciosos y delincuentes” a causa del alcoholismo y el juego, mandó a cerrar todas las casas de juego del país, cafés, cantinas, cervecerías y casas de prostitución, con lo que de acuerdo con el Gobierno “…se hizo un bien inapreciable a la colectividad toda y, principalmente, a las clases jornaleras que, sábado a sábado, dejaba en los garitos, íntegro, el fruto de sus afanes de toda la semana…”.42 Por otra parte, el Gobierno se comprometía a “… trabajar tesoneramente por moralizar al pueblo salvadoreño y por conservar en la sociedad el culto de los buenos hábitos y de las costumbres honestas…”.43 El cuestionamiento moral dentro del Gobierno continuó. En 1924, era el ministro de Hacienda, el ingeniero Gustavo Vides, quien en su informe a la Asamblea Legislativa de ese año, refiriéndose a la renta del aguardiente, decía: “Dicho monopolio representa una forma de tributación altamente lesiva a los intereses del pueblo, debido a los

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hondos estragos que está irrogando a la porción más numerosa de la sociedad…”. Luego se refería a las medidas del Gobierno para minimizar los efectos del aguardiente: “En consecuencia, se ha propuesto determinar un límite máximo en el incremento de la renta, de modo particular en cuanto se refiere a que dicho incremento no sea el resultante de un mayor consumo, sino el de la organización eficiente de las destilerías y expendios oficiales…”; además, esboza la necesidad de la sustitución de esta renta “…planteando en sustituir el gravamen del aguardiente con el impuesto de la renta…”.44 Así, en la memoria de 1925, en relación con la renta del alcohol, el ministro Vides sostiene: El Gobierno está conciente de lo perjudicial que resulta para la sociedad, ya que degenera los pueblos y la decadencia de las razas; también está conciente de que su abolición entraña uno de los problemas más difíciles que resultan estériles, como lo realizado en Estados Unidos, entonces la acción gubernativa se ha concentrado en controlar y limitar el consumo de alcohol sin perjudicar la renta, y es la cultura la que habrá de librarnos de ese flagelo social.45

El alcoholismo siguió siendo el principal problema del Estado y su segunda renta en importancia. Vides seguía considerando que esta renta era de “…procedencia impropia, tanto moral como de los perjuicios, que ocasiona su persistencia como fuente de ingreso publico, en la salud y educación”.46 En 1927, la dinastía Meléndez Quiñónez llegó a su fin y el nuevo presidente de la República, Pío Romero Bosque, en una de sus primeras medidas nombró como ministro de Hacienda y Crédito Público y de Industria y Comercio al señor José Esperanza Suay. Suay nació en San Miguel, estudió derecho y ciencias políticas en París. En 1906 fue nombrado cónsul en París, y en 1907 lo fue en la ciudad de Liverpool, en donde fungió en ese cargo hasta 1909. En 1911, el presidente Araujo lo nombró Tesorero General de la República; posteriormente, fue miembro de la Junta de Vigilancia de los Bancos, miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Filadelfia, fundador y ex director de la Cooperativa de los Empleados de Hacienda, fundador de la Cámara de Comercio de El Salvador. En 1914 fue subsecretario de Hacienda y Crédito Público; en 1916 fue presidente del Tribunal Superior de Cuentas de la República; en 1918 fue designado subsecretario de Hacienda y Crédito Público, fungiendo solamente por dos meses; también fue delegado a las Conferencias Financieras Panamericanas de Washington de 1915 y 1920, y en 1921 fue ex presidente de la

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Alta Comisión de Permanente Financiera Panamericana (sección El Salvador) y ex ministro de Hacienda y Crédito Público.47 En 1927, Suay, alarmado por las estadísticas que atribuían al alcoholismo el 60% de los delitos y el 50% de los huérfanos y enfermos en los hospitales, afirmaba que “…el alcoholismo es una amenaza social para la vida y dignidad del país…”,48 y había que procurar una reducción racional del consumo de alcohol. También decía que había que atacar el contrabando, pues además que no reportaba ingresos al fisco, ocasionaba “… más hondo quebranto a quienes lo ingieren, por carecer de análisis oficial”,49 pues el Estado se preocupa así por la calidad del aguardiente producido. Posteriormente, Suay integró a las Administraciones de Renta laboratorios para el control de la calidad de los productos elaborados. El Estado reconocía que la renta se debía eliminar, limitar o sustituir; para hacerlo era necesario considerar los intereses del fisco, la indiosincracia social, el contrabando y el tributo sustituto que compensara esta renta. Se buscó desarrollar productos alternativos derivados del alcohol para poder sustituir la renta del aguardiente Suay decía que no era necesario que se disminuyera la producción, sino que se destruyera la producción clandestina y que se le diera otros usos al alcohol producido: industriales, calefacción y luz, y como fuerza motriz en motores de combustión, con lo que se reduciría gran parte de la gasolina importada, ya que se sustituiría por alcohol-éter. En junio se le otorgó la concesión a Rafael Bautista Lira para instalar y explotar un establecimiento industrial para la producción o destilación de alcohol industrial combustible para motores, por un período de 10 años. Esta búsqueda de productos alternativos para sustituir la renta proveniente del aguardiente no era nueva, ya en 1895 el señor Domingo Call le planteó al Gobierno la necesidad de aprovechar los subproductos que se desperdiciaban durante el proceso de producción y alegaba que “…la industria es moralidad, es porvenir, es riqueza, tiende a disminuir la importación y favorece la exportación”.50 El señor Call le solicitó al Gobierno que se instalaran laboratorios y fábricas en los centros de destilación con el fin de elaborar productos como perfumería, empelados en la farmacopea y otros. La Asamblea Nacional lo autorizó para que efectuara la instalación solicitada, pues se esperaba disminuir la importación de aproximadamente 2 000 000 de botellas de licores extranjeros. También se buscó introducir nuevas empresas –como las productoras de cerveza– como una alternativa al aguardiente. Durante el mes de febrero de 1924, Francisco Mirón rescindió el establecimiento de una fábrica de cerveza a favor de Bernardo Manuel Guetze; en marzo se le otorgó a Rafael

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Meza Ayau, administrador y socio principal de la sociedad R. Meza Ayau & Co., el permiso para la explotación de cerveza y bebidas gaseosas en la capital y Santa Ana. Además se resolvió que las municipalidades de la República no podían gravar con ningún tipo de impuesto municipal –desde el 13 de agosto de 1923 hasta el 14 de agosto de 1933– los productos, el transporte y los expendios de las fábricas de cerveza y bebidas gaseosas que explotara dicha sociedad. El ministro de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio, Suay, tuvo como política la supresión de la renta de licores, pues había generado el problema del alcoholismo; sin embargo, no pudo lograrlo porque no se encontró un producto con qué sustituirla, aun cuando se probó con varios. Además, quienes se beneficiaban con la producción y venta de este producto se opusieron a las reformas impulsadas por el ministro, haciéndolas fracasar. El pensador Alberto Masferrer llegó a ser el más fuerte opositor de la renta del aguardiente, tanto con sus escritos como con discursos y conferencias. Al igual que Suay, cuestionaba la moralidad acerca de dicha renta, sobre todo los usos que ésta tenía y las consecuencias que generaba sobre la población, especialmente la menos privilegiada. Alberto Masferrer, originario de Alegría, Usulután, fue director de Instrucción Pública, director del Diario Oficial, cónsul general en Costa Rica, Chile, Bélgica e Italia. Criticó al Gobierno desde el Diario Patria, fundado por él en 1928 (se publicó hasta 1930). Sus cuestionamientos al sistema de Instrucción Pública los plasmó en su obra Leer y escribir, publicada en 1915; su planteamiento en contra del aguardiente lo encontramos en su obra El dinero maldito, que escribió en 1929. Su filosofía conocida como vitalismo la plasmó en su libro El Minimun Vital, también escrito en 1929, y consiste en que todos los individuos tienen derecho a un mínimo de vida en todas las necesidades básicas de la existencia: vivienda, alimentación, trabajo y educación. A partir de 1930 fue director de la campaña política del candidato presidencial Arturo Araujo.

6.2. Estanco de pólvora y salitre El estanco de la pólvora y el salitre, el otro monopolio del Estado, fue uno de los menos rentables para el fisco. Las rentas obtenidas por este rubro no fueron significativas y a menudo se veían disminuidas debido a que el Gobierno regalaba pólvora a las distintas municipalidades para la elaboración de cohetes que se utilizaban en la celebración de las fiestas patronales. Su venta estaba regulada por el Estado y se efectuaba a través de las diferentes Administraciones de Renta departamentales.

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En la Tarifa de Aforos de 1899 para el cobro de impuestos fiscales, en el capítulo referido a artículos prohibidos, el artículo prohibía la importación de nitrato de potasa o sal de nitro (salitre) y pólvora suelta de toda clase. Ese año entró en vigor un decreto de 1892, en el cual se estancaban los cartuchos cargados para armas de fuego, pasándose a vender en las Administraciones de Renta. A los comerciantes se les concedería licencia para la venta de las existencias, al mismo tiempo que se prohibía la importación por parte de comerciantes y particulares. En cuanto a las rentas menores, para 1911 disminuyeron en $145 477.01 pesos debido a la supresión del estanco de los cartuchos cargados para armas de fuego y a la baja de utilidades en la venta de giros sobre el exterior. En 1913, las importaciones de pólvora fueron de 8851 libras equivalentes a $1 258.00 pesos. El señor Salvador Mugdan realizó un contrato con el Gobierno en 1923, relativo a los pedidos de pólvora, salitre y cartuchos de ese año, los cuales se pagarían con el 50% del producto total de las ventas. En vista de los resultados obtenidos, el contrato se amplió en 1924, año en que se reguló la venta de revólveres y pistolas, limitándose su venta en las Administraciones de Renta. En 1927 se modificó el precio de la libra de salitre reduciéndolo de ₡2.00 a ₡1.50.

6.3. Renta de papel sellado y timbres Los ingresos provenientes de esta renta del Estado no jugaban un papel importante en la política fiscal, aun cuando se utilizaban en las transacciones comerciales y en la notaría de documentos. En agosto de 1911 se autorizó una nueva emisión de timbres por la cantidad de $400.000 pesos para reponer los de 1905, ya que se les descubrieron ciertas irregularidades. La distribución de ese rubro fue así: Papel sellado Timbres fiscales Papel de pólizas Especies universitarias Multas

$135 544.35 $184 384.37 $ 15 413.46 $ 140.00 $ 93.10

En 1914, esta renta presentó una baja debido a los decretos emitidos en mayo y junio, por medio de los cuales se suprimía el impuesto de timbre a las casas comerciales de primera y segunda clase y a las facturas, siendo sustituido por el ½% sobre importaciones. También se dispensó a los bancos el uso de papel sellado en los documentos, contratas y obligaciones a su favor por un período de tres meses. El comportamiento de esta renta para el período comprendido entre 1906 y 1918 es el siguiente:

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Cuadro 8 Ingresos provenientes de la renta de papel sellado y timbres 1906-1918

Año Papel sellado y timbres 241 991.27 1906 228 941.75 1907 269 886.29 1908 278 782.02 1909 297 912.24 1910 335 575.28 1911 392 394.39 1912 394 106.85 1913 367 119.00 1914 401 109.47 1915 501 780.94 1916 472 093.38 1917 400 377.48 1918 Fuente: Memorias de Hacienda y Crédito Público.

6.4. Café Las primeras noticias de producciones de café datan de 1840, de una finca cercana a San Salvador, propiedad de Antonio J. Coelho, de la que se exportaron 19 quintales en 1855.51 En 1881, el café pagaba un impuesto de $1.00 peso por quintal, impuesto que se elevó a $2.00 pesos oro y que se mantuvo a lo largo de 1899, a pesar de la depresión del precio en los mercados europeos. Para compensar a los productores, el Gobierno redujo el aforo a los sacos vacíos.52 De acuerdo con la codificación de las leyes de Hacienda de 1893, en la sección 5.ª correspondiente a Aduanas Marítimas, el artículo108, relacionado con la exportación de productos, sostiene: “Son asimismo libres de derecho en su exportación los frutos cosechados y los efectos manufacturados en la República, con excepción del café, las brozas minerales, el oro y la plata en barras…que pagarán los derechos de tarifa”.53

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En 1899, el Gobierno buscaba obtener la mayor cantidad de ingresos para superar la crisis a la que se enfrentaba. El abuso del crédito llevó a una crisis bancaria debida, también en parte, a la abundancia y a los altos precios del café de la cosecha 1896-1897. Una de las primeras medidas del presidente Tomás Regalado fue declarar libre de todo derecho e impuesto a la exportación del café, excluyendo los de las municipalidades y las instituciones de beneficencia.54 En 1899, debido a que las rentas del Estado no eran suficientes para los gastos del mismo, se estableció el impuesto de $0.50 centavos por cada quintal de café, siendo el administrador de renta de cada departamento el encargado de esta recaudación; este impuesto estuvo destinado al pago de la Policía, instrucción pública y beneficencia. En 1901 se destinó el 12½ del impuesto de exportación por cada 46 kilos de café a la Junta de Fomento de San Salvador para atender sus necesidades más urgentes. Lo mismo hicieron muchas de las municipalidades del país para poder financiar distintas obras públicas en su localidad. Cuadro 9 Exportaciones de café (1901-1914) Año 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914

Libras exportadas 8 308 757 7 670 373 10 388 910 13 470 798 10 916 275 11 673 900 10 835 173 10 365 042 12 241 881 12 821 902 16 166 144 17 450 077 18 738 036 22 544 251

% del total de exportaciones 20 15 18 17 17 22 21 19 17 22 22 20 17 14

Fuente. Relaciones comerciales El Salvador-Estados Unidos.55

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En octubre de 1911 se estableció un nuevo impuesto sobre el café, en esta oportunidad fue para uniformizar el que regía para las Juntas de Fomento, y se estipuló en $0.40 plata por cada quintal de café oro exportado. En 1912, las exportaciones de café oro fueron de 61 695 467 libras por $18 507 861.87 plata, y las de café pergamino fueron 898 795 libras por $230 174 15 plata. Mientras, en 1914 se exportaron 165 100.44 kilogramos de añil equivalentes a ₡598 528.60; de café oro fueron 34 304 074.78 kilos por un valor de ₡24 055 737.36, y en pergamino fueron 139 173.10 kilogramos por ₡76 859.60. Los ingresos de la renta de exportación provenían del impuesto de $0.02 oro sobre cada kilo de café exportado al 150%, $0.18 oro sobre cada kilogramo de cuero, $0.04 oro sobre cada kilo de bálsamo, $0.02 oro sobre cada kilo de tabaco en rama, $0.01 oro sobre cada kilo de hule, $0.012 oro sobre cada kilo de azúcar. En 1915, a pesar de las bajas rentas reportadas, se exportaron 65 200 386 libras de café oro por un valor de $20 524 234.10; de café pergamino, las exportaciones fueron de 1 121 301 libras, con valor de $332 059.80; también se exportaron 5 277 175 libras de azúcar por $527 884.50; el añil reportó 110 462 libras por $159 794.63, y el bálsamo 170 676 libras equivalentes a $247 098.60. Las exportaciones de 1916 fueron: 39 203 653 kilogramos de café oro, que representaban $24 055 737.36 y $76 859.70 de 139 173 kilogramos de café pergamino. Los ingresos provenientes de los impuestos de las aduanas se empezaron a percibir en una sola especie metálica: el oro americano. Al mismo tiempo, se centralizaba la oferta y la demanda de este metal, contrarrestando así la especulación. En 1919, el café recibió un nuevo impuesto, esta vez de $0.20 plata por cada quintal que se exportara del oriente del país, este monto se destinaría a la construcción de la carretera de Usulután a Berlín. En agosto de ese mismo año se creó un sobre impuesto para poder hacerle frente al déficit de la administración pública, generado principalmente por el conflicto armado en Europa. Para poder equilibrar sus gastos –y habiendo el café y la azúcar alcanzado elevados precios en el mercado internacional–, el Gobierno gravó en $1.00 oro americano la exportación de cada 100 kilos de café y la del azúcar con $0.25 oro americano por cada 100 kilos de azúcar exportada, en ambos casos por un período de dos años. En 1922 se gravó nuevamente al café con $0.20 de colón a cada quintal exportado de la región oriental. El producto de dicho impuesto se emplearía en la reparación y mantenimiento de los caminos de los departamentos de San Miguel y Usulután.

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En 1925, la baja cosecha del café 1924/25 afectó al país, sumergiéndolo en una situación de crisis. El ministro de Hacienda Suay, al describir la crisis, nos dice que en 1928 el precio alcanzado por el café durante varios años había sido de los más altos obtenidos hasta la fecha, por lo que la situación económica del país era bonancible; sin embargo, el Estado se encontraba con dificultades para poder cumplir con sus compromisos, a pesar de haber recortado el presupuesto de 1929. Como esta medida era insuficiente, se estableció un nuevo impuesto sobre el café, en esta oportunidad de $0.75 oro americano por cada 100 kilos exportados, con base en una cotización mínima de $20.00 por quintal lavado en Nueva York. Los productores de café quedaban exentos del impuesto de la renta. En 1929, los intereses particulares se opusieron a las medidas económicas tomadas por el Gobierno y que tenían como fin aumentar las rentas del Estado, impidiendo la diversificación agrícola y el desarrollo industrial. Los precios altos del café hicieron que las rentas se incrementaran, en junio ya no hubo demanda de café y los precios eran nominales, en octubre los precios para el café corriente bajaron súbitamente un 43% y para el café lavado un 46%, esto como consecuencia de la caída de los precios en la Bolsa de Valores de Nueva York; las rentas de aduanas y la de licor presentaron una baja por estas mismas razones. El 11 de enero de 1930, el presidente Romero Bosque, en vista de la depreciación del café y presumiendo que esto afectaría al país, consideró importante el establecimiento del crédito agrícola partiendo de un fondo económico, por lo que decretó que del impuesto de los $0.75 oro se destinaran $0.25 oro para la creación de dicho fondo que serviría para la fundación del Banco Agrícola Hipotecario. También del mismo impuesto se destinaron $0.25 oro para la Sociedad de Defensa del Café. En junio de 1930, se aprobaron los estatutos de la Asociación Cafetalera de El Salvador. La crisis del café iba a repercutir en las políticas del próximo Gobierno.

6.5. Estado de la economía del país A finales de 1898, las diferencias entre los que apoyaban la República Mayor de Centroamérica y sus opositores, especialmente entre los militares, habían ocasionado una crisis. Los militares veían como la única salida deponer al presidente Gutiérrez y apoyar al general Regalado como futuro presidente. El 14 de noviembre, Tomás Herculano de Jesús Regalado Romero asumió como presidente provisional en sustitución del general Rafael Antonio Gutiérrez.56 Regalado era cafetalero, originario de Santa Ana; había participado en la revolución de los 44 que derrocó al general Carlos Ezeta. Su asenso al poder estuvo apoyado por los generales Miranda, Figueroa, Rivas, Hurtado, Álvarez, Gallardo Olivares, Morán y Molina

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Avilés, entre otros.57 El 1 de marzo de 1899, después de haber ganado las elecciones, Regalado fue declarado presidente de la República. Su llegada coincidió con la crisis económica que atravesaba el país. El 1 de enero de ese año se giraron instrucciones a los empleados de Hacienda en las que se les informaba a los administradores de rentas y a los receptores fiscales de la República que debido a la crisis por la que el país atravesaba, y para pagar sueldos y planillas militares, estos funcionarios estaban obligados a procurar un incremento en las rentas por lo que había que perseguir el contrabando de aguardiente. Para esto contaban con la colaboración de los gobernadores y comandantes departamentales, pues “la disminución de las rentas de su oficina es suficiente motivo para su remoción inmediata”. 58 Entre 1901 y 1902, el país pasó de una economía agobiada por deudas a una relativa prosperidad. La deuda con la que se encontró el gobierno de Regalado ascendía a $11 600 000 pesos; sin embargo, para 1903, los efectos de la crisis provocada por el gobierno anterior se hacían sentir.59 Los cuatro años de la presidencia de Regalado se caracterizaron por la crisis financiera del Estado, generada por las bajas rentas fiscales, algo que fue en aumento. Cuadro 11 Ingresos y egresos del Estado 1898-1903 Año

Ingresos

Egresos

Déficit

1898

4 610 552.18

5 266 638.40

656 086.22

1899

4 435 695.03

5176 212.10

740 517.07

1900

6 297 274.36

6 418 588.34

121 313.98

1901

6 556 721.56

7 284 264.51

727 542.95

1902

6 702 021.70

8 459 460.84

1 757 439.14

Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1903.

La composición de los ingresos del Estado para este mismo período la vemos en el siguiente cuadro:

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Cuadro 12 Composición de las rentas fiscales de la República 1898-1903 Año

Importac.

Exportac.

Licores

Diversas

Servicios

Total

1898

1 805 858.48

516 574.61

1 747 122.43

320 917.84

220 078.82

4 610 552.18

1899

2 390 249.58

59 644.72

1 594 060.78

241 307.17

150 432.78

4 435 695.03

1900

3 473 162.26

550 410.86

1 831 313.16

248 109.20

194 278.88

6 297 274.36

1901

3 623 317.61

544 795.12

1 814 761.99

334 879.37

238 967.47

6 556 721.56

1902

3 815 218.70

457 198.37

1 857 706.42

312 983.67

258 914.54

6 702 021.70

Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1903.

En el cuadro anterior puede notarse el incremento en las importaciones, especialmente de artículos suntuarios al país y de la renta de licores, que mantienen un alza sostenida, a diferencia del resto en las otras rentas, en las que podemos notar la alternabilidad de años con alza y baja. En 1901 se inauguró la Exposición Panamericana en Búfalo, estado de Nueva York. Entre los visitantes a la exposición se encontraba el presidente William McKinley, quien el 6 de septiembre recibió dos balazos en un ataque de un anarquista; como consecuencia, falleció el 14 de ese mes y asumió la presidencia su vicepresidente, Teodoro Roosevelt. El nuevo presidente estaba consciente del malestar del pueblo norteamericano debido al incremento de los monopolios o de combinaciones industriales a las que creían responsables del incremento en los precios, lo que venía ocurriendo desde 1897. Para controlar esto, reactivó el Derecho de Competencia (Antitrust Law), que a pesar de haberse aprobado en 1890, ninguna de las administraciones anteriores había puesto en ejecución. A partir de 1902, Roosevelt inició una serie de causas legales para disolver el monopolio de Northwestern Railroad, el de la carne, aceite y tabaco. En 1903 se estableció la Oficina de Corporaciones (Bureau of Corporations), encargada de investigar negocios relacionados con el comercio interestatal, pero sin poderes regulatorios. La batalla por el control de los ferrocarriles continuó. En 1903, el presidente pasó al Congreso la Ley Elkins (Elkins Act), la cual fortalecía el Acta de Comercio Interestatal y permitía imponer multas cuando no se cumplían con los precios de los pasajes publicados. En 1906, el Congreso aprobó la Ley

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Herpburn (Herpburn Act), que permitía establecer las tarifas, revisar los libros contables y la estandarización de los mismos. Roosevelt también logró la aprobación del Acta de la Inspección de Carne y el Acta de la Comida Pura y Drogas. Estos hechos, sin embargo, tuvieron poca influencia en el país, que siguió beneficiándose de las rentas provenientes de sus monopolios. A partir del 1 de marzo de 1903, el nuevo presidente de la República fue don Pedro José Escalón, quien nació en 1847, en Santa Ana. La mayor parte de su niñez y juventud vivió en Guatemala, de donde se trasladó a Boston, Estados Unidos, en donde realizó estudios de comercio; a su regreso al país se dedicó a la agricultura. En 1902 fue sometido a juicio político, del cual salió ganador; ese mismo año se proclamó candidato presidencial junto con Francisco A. Reyes, ex ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Beneficencia bajo la administración Regalado, y con el general Potenciano Escalón. El incremento en los gastos públicos fue una característica de 1905. El Gobierno emprendió una serie de obras gracias al incremento en las rentas fiscales, también hubo un aumento en el establecimiento de industrias. Se procuró el cumplimiento de los compromisos crediticios, lo que le valió al país el reconocimiento internacional como sobresaliente en el pago de sus deudas. Las exportaciones también eran importantes en las rentas del Estado, rentas que en su mayoría provenían de las exportaciones de café oro y pergamino que ese año alcanzaron las 60 121 711 libras, equivalentes a $523 615.66, lo que representaba el 71.61% del total de los ingresos por exportaciones. El año de 1906 trajo problemas a la economía nacional y al fisco. Las rentas se vieron afectadas primero por la guerra con Guatemala y por el temporal que afectó la República en el mes de octubre, así el presupuesto 1906-1907 presentaba un déficit de $1 554 983.83 debido principalmente a la cuestión Burrell y al aprovisionamiento que se hizo de los almacenes de guerra. La deuda Burrell era por un valor de $353 145.59 oro, al 6% anual, suma que se pagaría de 1904 a 1911 a la Salvador Comercial Company. El Estado realizó las negociaciones necesarias para obtener una prórroga en el pago de sus deudas, ya que hubo una imprevista disminución diaria en los ingresos, y las rentas fiscales eran “apenas suficiente para las necesidades más perentorias”.60 En 1907, Fernando Figueroa asumió la presidencia del país, mientras que la crisis fiscal se alargó a ese año sin que las medidas que tomó el Gobierno hayan producido algún efecto, por lo que hubo que recurrir a préstamos tanto nacionales como extranjeros al autorizarse la contratación

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de un empréstito con Europa en mayo de ese año. Las exportaciones ascendieron a $15 163 459.71, correspondiendo $10 745 173.13 a las 56 329 200 libras de café. El empréstito se contrató en 1908 con la Internacional Loans Ltd. por la cantidad de £750 000, el cual se utilizó para el pago de sueldos atrasados y para la amortización de otros créditos, así como para la acuñación de ₡1 600 000 en plata. En 1908 se celebró un empréstito entre el Gobierno del Salvador y don Miguel Yúdice, representante de la Salvador Railway Company Limited que representaba también a los fideicomisarios del empréstito Internacional Loans Ltd. Las exportaciones de café llegaban a las 55 215 110 libras, por un valor de $10 398 480.03. Anteriormente a 1910, la casi totalidad de las rentas se había enajenado para el pago de contratas y préstamos.61 En 1910 se efectuó un contrato adicional referente al empréstito de 1908, en dicho contrato se establecía un impuesto especial de $0.40 oro sobre los derechos de exportación de cada quintal de café durante un período de 21 años, a fin de cancelar la parte de £40 000 del empréstito. El primero de marzo de 1911 tomó posesión de la presidencia de la República el doctor Manuel Enrique Araujo, iniciándose un período de grandes expectativas y, sobre todo, de reformas encaminadas a terminar con la corrupción que había caracterizado a la administración anterior. En el nuevo gabinete fue nombrado en el ramo de Hacienda y Crédito Público el señor Rafael Guirola, quien llegaba en momentos en que el Gobierno implementaba un cambio monetario, del patrón plata a patrón oro, lo que encontró fuerte resistencia del público. El 10 de julio de ese año se acordó la acuñación de monedas de 0.05, 0.10 y 0.25 cts., debido a la escasez de fraccionario, al tiempo que se ordenaba la aceptación de moneda fraccionaria de níquel. Las instrucciones de cómo utilizar la moneda fraccionaria decimal se le hicieron llegar a la población a través de bandos, publicaciones en prensa y una cartilla explicativa. La crisis económica heredada del Gobierno anterior continuó, sin embargo el Gobierno logró la suspensión del pago de los créditos por diez meses, la reducción de intereses y la amortización de capital a largo plazo. Para incrementar las rentas se dieron algunas medidas aduaneras con las que se esperaba cubrir a partir de medio año el déficit. En 1910 se gravó con el 20% oro americano los derechos de importación, lo que provocó una disminución en esta renta y un incremento de precios de los productos importados. Así, en 1911, el gravamen se redujo a 14%, además se sometió a estudio la Tarifa de Aforos que necesitaba ajustarse y se decretaron nulas e inconstitucionales las concesiones, franquicias o rebajas de derechos e

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impuestos fiscales otorgados a título de protección a la industria o por cualquier otro motivo. El Gobierno estableció nuevas franquicias aduaneras con las compañías mineras y sus propietarios, se anularon los arreglos con las compañías mineras de San Sebastián y El Divisadero –pertenecientes a los señores H. Garthwaite y Carlos Butters– para usar la rada de la Manzanilla62 y se declararon caducas las franquicias a favor de las Compañías de Alumbrado Eléctrico de Santa Ana y Sonsonate. A fin de modernizar las finanzas del Estado se creó el Consejo Consultivo de Hacienda y el Tribunal Superior de Cuentas. También se reorganizó la Tesorería General de la República, con lo que se logró que se manejaran las rentas aduaneras en oro y que todas las rentas –tanto de aduanas como interiores– se percibieran directamente del público.63 El año de 1912 inició con una carestía de granos básicos que continuó a lo largo del año. Por ello se prohibió su exportación y se efectuó la importación de grandes cantidades de maíz que se vendió a bajos precios, al alcance de los pobres. Esta crisis obligó a las clases “proletarias” a abstenerse de comprar diversos artículos, esto a su vez trajo como consecuencia la disminución de las importaciones y una baja en las rentas provenientes de ese rublo. La crisis llevó al Estado a cuestionarse sobre el hecho que “las rentas fiscales, para que tengan la necesaria estabilidad, han de basarse siempre en el impuesto equitativo y en el desterramiento del monopolio”.64 En febrero de 1913, Araujo fue asesinado. Ante ello, asumió la presidencia el primer designado a la presidencia, Carlos Meléndez. Con él se inició un período en el cual el poder político estuvo en manos de una familia: su hermano Jorge y su cuñado Alfonso Quiñónez Molina gobernarían al país. El 28 de julio de 1914, inició la Primera Guerra Mundial. Sus efectos se hicieron sentir en el país a partir de agosto de ese año, produciendo lo que el Gobierno calificó como “un profundo desequilibrio en las ventas nacionales y malestar general en las transacciones comerciales”.65 La reducción de las rentas, especialmente la de aduanas, obligó al Gobierno a recurrir a préstamos con los bancos Occidental, Agrícola Comercial y Salvadoreño, fondos que se utilizaron en el pago de los compromisos vencidos y para atender los gastos preferentes. La guerra europea de 1914 trajo como consecuencia el alza en los precios de los productos importados de Europa y los Estados Unidos, afectando así las rentas de la nación. Para 1915, los ingresos fiscales

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sufrieron una baja significativa, todas las rentas disminuyeron a excepción de las provenientes del papel sellado y timbres y las rentas diversas. En el mes de marzo, el Gobierno tomó la decisión de suspender los pagos y las subvenciones de las que gozaba la Salvador Railway Company, la reanudación de los pagos se haría un año después de terminado el conflicto bélico; para compensar esta demora, se pagaría un interés del 5% y las subvenciones se amortizarían por un período de 18 años. La política del Gobierno para superar la crisis económica a la que se enfrentaba fue la de promover la agricultura, lo cual dio como resultado el incremento en las producciones y el desarrollo del comercio, tanto de importación como de importación. En 1916 se inició una reforma tributaria basada en los impuestos directos, en el control y fiscalización de las recaudaciones e inversión de caudales públicos; se implementó el sistema de ascensos de 1914. Mientras tanto, el déficit gubernamental crecía al obtener préstamos con distintos acreedores como David Bloom & Co., Ángel Guirola, la compañía Teléfonos Ericsson, Compañía El Triunfo, Mauricio Meardi y la compañía de vapores Cosmos Line, que ascendían a $15 824 489.57. La deuda correspondiente al empréstito de 1908 sumaba £1.200 210.16, equivalentes a $6 001 054 oro, que convertidos al 150% representaban $15 002 635 plata. El país seguía los pasos de los Estados Unidos, que en 1900 emitió la ley del patrón oro como base de su economía. Con este sistema se establecía que el dólar consistía en 25 8/10 de gramos de oro de 9/10 de finura y que sería el patrón de unidad de valor. En segundo lugar, esta ley instauraba que los billetes de los Estados Unidos y la Tesorería de ese país se redimirían en moneda acuñada de oro; para asegurarlo, la Tesorería tendría un fondo de reserva para esta redención.66 Entre 1879 y 1914, la importación y exportación de oro en los Estados Unidos era libre de aranceles, lo mismo que la acuñación de la moneda; cualquiera podía llevar oro a la Casa de la Moneda y recibir su valor en moneda acuñada. De 1896 a 1914 se experimento una leve depreciación del valor del oro, en parte debido al incremento de los depósitos bancarios y a los descubrimientos de yacimientos de oro en África del sur. En este mismo período se experimentó un alza en el precio de las mercaderías al por mayor, que subieron un 46%.67 Con la implementación del patrón oro, éste se volvió de curso forzoso y admisible en el pago de contribuciones y cargas públicas. En 1918, el comportamiento de las exportaciones fue el siguiente:

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Cuadro 13 Productos, cantidades y montos exportados 1918 Producto

Cantidad/kilos

Monto

Café

36 252 821

$21 147 078

Añil

200 441

$1 092 055

Azúcar

5 296 772

$1 047 504

Oro y plata Bálsamo

$1 925 442 24 701

$378 558

Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público 1917.

Los impuestos con que se cargaban estas exportaciones son:

Cuadro 14 Impuestos cobrados sobre cada 100 kilos exportados 1918 Producto

Impuesto/100 kg

Café

$2.00

Cuero

$50.00

Azúcar blanca

$0.50

Bálsamo

$4.00

Tabaco en rama

$2.00

Hule

$1.00

General

$0.02

Fuente: Memoria de Hacienda y Crédito Público 1917.

En 1917 se prohibieron las exportaciones de oro, al mismo tiempo que los países que habían implementado el papel moneda sufrían una inflación que osciló entre el 128 y 600 %; esta prohibición fue levantada en 1919. Cuando la Conferencia Financiera Internacional se reunió en Bruselas en

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1920, resolvió que los países que se habían sustraído del patrón oro se reintegraran a él como requisito esencial para la reconstrucción económica de Europa. Así, para 1927, el número de países que utilizaban el patrón oro era mayor que nunca.68 En 1919, el presidente Carlos Meléndez, a través de su ministro de Hacienda y Crédito Público, el señor José E. Suay, estableció una comisión monetaria para estudiar la ampliación del Talón Oro en el país. El decreto de creación habla acerca del “mal estado económico del país y a fin de solucionar el problema monetario”, esto también para evitar que se siga el agiotismo que “solo ha producido el mal funesto de la elevación de precios de las mercaderías extranjeras, y por repercusión, la carestía de la vida que tanto ha perjudicado a las clases poco acomodadas; manteniendo además el tipo de sueldos, salarios y emolumentos a un bajo nivel de injusticia, generadora de la miseria en las clases proletarias y de cuantos viven de un sueldo o pensión fija”.69 Jorge Meléndez fue declarado presidente el 20 de febrero de 1919 por un período de cuatro años. Su administración inició con el terremoto del 28 de marzo, que tuvo una intensidad superior a la del de 1917 y que agravó más la situación económica del país. El año de 1920 inició con una crisis en la Secretaría de Hacienda: el subsecretario de Hacienda y Crédito Publico, José Esperanza Suay, renunció a inicios del año; fue sustituido por Pedro Fonseca, quien a su vez renunció para ser reemplazado por Emilio Arturo González. A finales de 1919 y principios de 1920 hubo un incremento en los precios de los productos nacionales, sin embargo a partir de entonces se experimentó una disminución de los mismos; tampoco se gozaba de crédito y los deudores en el exterior procedieron a exigir de los bancos el cambio de billetes por oro. Para poder cumplir con estas exigencias, los bancos redujeron el circulante, restringieron los créditos, obligaron a sus deudores al pago de sus deudas y además hubo carencia de los giros postales. Para estabilizar la balanza de pagos, a finales de año se restringió la importación de artículos de lujo; los mercados en Francia y Bélgica admitieron sin restricciones las exportaciones de café. Con respecto a la deuda internacional, se restableció el pago parcial hasta el 28 de junio de 1920, mientras que la Comisión Monetaria adoptó la unidad oro denominada “colón”, que era igual a 9836 gramos de 900 milésimas de fino. En septiembre se decretó la sustitución de toda la plata por oro. El 16 de diciembre se estableció la recepción de billetes de Estados Unidos en el pago de derechos e impuestos fiscales al cambio de ₡2.00 por $1.00.

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Desde 1920 se había iniciado el trámite para un empréstito a largo plazo; el 25 de junio de 1921 se iniciaron las pláticas con el señor Rene Keilhauer, representante de The International Railways of Central America Ltd., para la obtención de un empréstito de hasta $16 000 000 que servirían para pagar el empréstito de 1908, obras de saneamiento de la capital, cancelación de deudas internas y otras obras. Este empréstito se cancelaría con un porcentaje de los impuestos de aduana sobre exportaciones e importaciones. Los fenómenos naturales afectaron la administración de Jorge Meléndez. El 13 de junio de 1922, una inundación del río Acelhuate dañó los barrios de La Vega y Candelaria, situación que vino a agravar la economía nacional. A finales de octubre de 1922 se inició la campaña electoral para la elección de presidente para el período 1923-1927; el candidato por el Partido Nacional Democrático era Alfonso Quiñónez Molina. En general, 1921 trajo un agudo período de crisis económica-financiera, causada por los defectos del sistema tributario, por las pérdidas ocasionadas por los terremotos de 1917 y 1919, los intentos revolucionarios, la actividad administrativa, los períodos de agitación eleccionaria y por algunas disposiciones del Ejecutivo que se proponían vigorizar la moral social al cerrar los expendios de aguardiente o la derogatoria de los derechos e impuestos sobre las exportaciones. Los productos de exportación tuvieron una extraordinaria demanda por lo que sus cotizaciones se elevaron; la plata subió de valor y aprovechando esta circunstancia se llevó a cabo la reforma monetaria, adoptando el patrón oro. Hasta 1920, los bancos concedían créditos amplios, además se procedió a la venta de los productos exportables y de la plata. A partir de la firma de la Paz de Versalles la situación cambió: se disminuyeron las actividades comerciales y agrícolas, se elevaron los precios, se afectó a la ya empobrecida población y se redujeron las entradas fiscales y el crédito. Los productos nacionales disminuyeron su precio hasta en un 50% y en algunos casos quedaron sin mercado, como sucedió en el caso del índigo y la plata. Esto obligó a la suspensión de los anticipos sobre cosecha; los productos importados abarrotaron las aduanas, pero no entraron al país por falta de fondos para sacarlos, por lo que el Gobierno prorrogó el período de almacenaje; como esta medida fue insuficiente, dispensó el pago. Las rentas del Estado disminuyeron a partir de mediados de 1920 y fueron insuficientes, por lo que se limitaron los créditos; a fin de cancelar sus créditos, los importadores cambiaron sus billetes por oro, por lo que los bancos restringieron más sus préstamos y su circulante. Estas

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medidas afectaron la recolección de la cosecha de café y los negocios locales. El 1 de marzo de 1923, el doctor Quiñónez Molina tomó posesión como presidente de la república. Durante su administración aumentó el número de kilómetros del tendido eléctrico y telegráfico, se creó la Policía Agrícola, se propuso la tarjeta de identificación personal y se llevó a cabo una serie de obras públicas, especialmente carreteras; además se implementó la Ley de Vialidad, se creó el Catastro, y con el fin de evitar las periódicas inundaciones que sufría San Salvador, se introdujo una red de cañerías para aguas lluvias y negras. Pío Romero Bosque asumió la presidencia de la República el 1 de marzo de 1927. Fue abogado de los Tribunales de Justicia, desempeñó los cargos de juez de Primera Instancia Civil y Criminal, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ministro de Guerra, Marina y Aviación. La llegada al poder de Romero Bosque no generó mayores expectativas; sin embargo, al poco tiempo dio muestras de que su administración sería diferente a las anteriores: levantó el Estado de sitio, fomentó las organizaciones populares, promovió la apertura política y promulgó leyes de carácter social. José Esperanza Suay fue nombrado ministro de Hacienda y Crédito Publico por Romero Bosque. A su llegada al ministerio en 1927, el 90% del comercio se encontraba en manos de extranjeros, y de acuerdo con el ministro, esto lesionaba la economía, ya que la riqueza producida se trasladaba al extranjero, retornando al país convertida en créditos, en instituciones bancarias o participando en las industrias en otros países. La agricultura, por otro lado, era el eje de la economía, pues el café representaba el 80% de las exportaciones. Durante los últimos cinco años, en promedio se exportaron 516,668 quintales de café, que habían generado ingresos promedio de $38 839 401.20, sin embargo la cosecha 1926-1927 fue baja.70 La dependencia de la economía nacional en un solo cultivo era preocupante y se proponían soluciones para terminar con esto. En 1921, Belarmino Suárez proponía que el país debía producir frutos y artículos que pudieran encontrar mercado en el exterior y promover el desarrollo de industrias. El ministro Suay sugería la diversificación agrícola, laborar los terrenos incultos y el uso de cultivos intensivos. Uno de estos cultivos en el que el Gobierno tenía esperanzas era el algodón, debido al alza que el precio del cultivo había alcanzado durante 1923, cuando se pagó $0.12½ la libra. El Gobierno proponía que este debía “…tomarse en cuenta como una fuente de riqueza nacional y para justificar la intervención del Estado como

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equilibrador del bienestar social”.71 Sugería, también, la industrialización para sustituir en alguna medida el 70% de los productos importados de Europa y los Estados Unidos. Otro de los problemas que la nueva administración enfrentaba era la depresión generada por la “inconsiderada” emisión de bonos y quedan fiscales, lo que incrementó la deuda flotante de 1925-1926 y 1926-1927. Para agravar la situación, los ingresos por las rentas disminuyeron debido a la baja en la cosecha de café 1926-1927 y a la incertidumbre ocasionada por el cambio de régimen; además, se agotó el crédito exterior. La renta de aduanas era la mayor fuente de ingresos del Estado, en 1927 reportaba ingresos por $13 833 183.69, provenientes de los impuestos de importación por $11 801 662.31; y de exportación por $2 031 521.38, procedentes de la exportación de productos agrícolas, ocupando el café el primer lugar seguido del añil, la caña de azúcar, el bálsamo y el tabaco. Los impuestos con los que se cargaba el café eran de $2.00 por 100 kilogramos, $0.02 por 100 libras a favor de escuelas públicas, $0.02 por 100 libras a favor de la carretera a Usulután y Berlín; además se gravaba con ½ centavo oro por kilogramo exportado en general. Por otra parte, la crisis del café evidenció lo peligroso de la dependencia del monocultivo. Para prevenirlo se facilitó el surgimiento de nuevas industrias y la diversificación agrícola, y para esto el Ejecutivo consideraba necesario y urgente la fundación de un Banco Hipotecario para que junto con Cajas Rurales efectuara préstamos a los agricultores en condiciones ventajosas. Este banco se crearía con un fondo cuyos recursos vendrían de $0.25 oro de los $0.75 establecidos sobre la exportación por cada 100 kilos de café. En 1930, los ingresos generados por el café habían disminuido a 25 millones para las cosechas 1929-1930 y 1930-1931. La sobreproducción de café no tenía ningún valor. Brasil, alarmado por la crisis cafetalera, convocó a una conferencia en Sao Pablo a la que asistió El Salvador. De los productos que el país exportaba, el café representaba el 88%. Durante el régimen anterior hubo una mayor circulación de la riqueza, se realizaron obras como la construcción del ferrocarril, pavimentación, caminos vecinales y una mayor recaudación de las rentas. Esto creó una ficción fiscal que terminó con la crisis del monocultivo, lo cual ocasionó la restricción de la importación de capital, las concesiones de crédito y la circulación del numerario. Las próximas elecciones suscitaron inquietud y depresión en las transacciones. El periodismo y una propaganda exagerada provocaron la ruina del crédito nacional en el exterior, agravando aún más

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la crisis económica, que se tradujo en la falta de trabajo de las clases trabajadoras y malestar en la clase media. Para hacer frente a la crisis, el Gobierno adquirió préstamos internos, los que obtuvo a corto plazo y a elevadas tasas de interés. Para aliviar la situación financiera se propuso la revisión de las leyes bancarias, la creación de un sistema bancario, la supervisión de la banca por una Junta de Vigilancia y la promulgación de una Ley General de Instituciones de Crédito; se consideró al decreto de creación del Banco Hipotecario como uno de los mayores logros del Gobierno de Romero Bosque. Suay consideraba como deficiente al sistema tributario, herencia del período colonial, influido todavía por las doctrinas del siglo XIX , que tenía como base los impuestos directos y cuyos mayores ingresos provenían de las aduanas y el licor; una de sus deficiencias era que al aumentar el gasto público se necesitaba aumentar las tarifas, lo cual significaba una injusticia fiscal, y lo único que hacía era encarecer la vida de las personas, especialmente la de los pobres. La instauración de impuestos directos era necesaria, por lo que se crearon la Ley de Impuesto sobre la Renta (en 1915), el impuesto llamado Vialidad (en 1925) y el impuesto local llamado de pavimentación (en 1926), que se cobraba a los dueños de predios urbanos de la capital y que no representó ni el 4% de los ingresos públicos, resultando un fracaso. Este sistema, dice Suay, “es injusto, ya que grava a las clases menos favorecidas, es antidemocrático porque ha sido sostenido por gobiernos absolutistas, proclamado y sostenido por las clases más ricas que se ven muy favorecidas con este sistema”.72

6.6. Consideraciones finales La etapa comprendida entre 1898 y 1930 se caracterizó por períodos de crisis económica, seguidos por otros de relativa estabilidad. Esto repercutió en un endeudamiento cada mayor del Estado, en la medida que los gastos superaban los ingresos que dependían de tres únicas fuentes: impuestos sobre las importaciones, que cada vez eran mayores en la medida que el país no producía una serie de artículos especialmente suntuarios; impuestos provenientes de la renta del aguardiente, bebida que era moralmente cuestionada por pensadores y economistas, pero que a pesar de los esfuerzos no fue posible sustituirla (era la segunda en importancia); y, finalmente, los impuestos provenientes de las exportaciones, cada vez más dependientes de las exportaciones del café.

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También fue un período en el cual tanto los fenómenos naturales como los sucesos internacionales incidieron en las políticas económicas del Estado, que a su vez buscó sustituir los impuestos directos con los indirectos, como el impuesto sobre la renta. Asimismo, se dieron los pasos necesarios para la modernización del Estado, por lo que se crearon las instancias necesarias. Mientras tanto, el cultivo del café se consolidó, al grado que la economía del país llegó a depender de este monocultivo: las exportaciones aumentaron del 59% en 1882 a un 83% en 190073. La economía del país se basaba en la bonanza del cultivo, especialmente durante gran parte de la década de 1920; sin embargo, las crisis del café durante los últimos años de esta década afectaron a las poblaciones rurales, agravada por la crisis internacional ocasionada por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, además de la apertura democrática con la formación de nuevos partidos políticos, la participación de las organizaciones obreras, la influencia comunista, el crecimiento demográfico, todo lo cual preparó el terreno para el desarrollo de los sucesos de 1932.

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6.7. NOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Libro del campesino, p. 12. Constitución de la República del Salvador, 1886. Estanco: popularmente se conocía con ese nombre el lugar donde se expendía el aguardiente. También se reconocía como estanquillo, cantina o taberna. Libro del Campesino, p. 12. Tomás Mirón, Ensayo de sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 74. Código Penal, 1904. Tomás Mirón, Sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 74. Esta escala representa el porcentaje de alcohol por volumen expresado en grados, que son puntos porcentuales. Tomás Mirón, Sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 74. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914. p. 13. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 50. Tomás Mirón, Sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 80. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1905, p. 6. Las botellas de obligación eran la cantidad mínima de botellas de aguardiente que los patentados estaban obligados a comprar. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1907, p. 4. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 17. Botellas de exceso: era el número de botellas que se vendían después de haberse vendido las de obligación. Botellas de sobreexceso: cuota de botellas de aguardiente que debían ser vendidas después de las de exceso. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1912, p. 16. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914, p. 15. Diario del Salvador, enero 27 de 1905, p. 3. Diario del Salvador, mayo 31 de 1902, p. 5. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 17. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914, p. 13. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 5. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1927, p. 145. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1915, p. 218. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1916, p. 18.

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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Pedro Fonseca, Demografía salvadoreña, p. 22. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1917, p. 6. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1918, p. 7. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1920, p. 110. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1921, p.13. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 23. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1925, p. 61. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1927, p. 142. La Prensa Gráfica, 12 de enero de 1929. Ibíd. Ibíd. Ibíd. Salvador Merlos, Los males de la raza, p. 57. Manuel y Raúl Andino, La obra del gobierno del doctor Quiñónez Molina, p. 142. Ibíd. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 3. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1925, p. 61. Ibíd. Libro Azul de El Salvador, p. 155. Memoria de Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio 1927, p. 40. Ibíd. Domingo Call, Implantación en la República del Salvador de las industrias que se derivan del alcohol, p. 9. Pedro Fonseca, Relaciones comerciales de El Salvador-Estados Unidos. pp. 6-7. Miguel Gallegos, La política aduanera, p. 25. Codificación de las leyes de Hacienda de la República de El Salvador. Aída Flores Escalante y Enrique Kuny Mena, Tomás Regalado, p.130. Pedro Fonseca, Relaciones comerciales El Salvador-Estados Unidos, pp. 6-7. Aída Flores Escalante y Enrique Kuny Mena, Tomás Regalado, pp. 110-118. Eugenia López Velásquez, La expansión y el poder político de finales del siglo XIX y principios del XX, 1894-1923, pp. 288-332. Diario Oficial, 1899. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1903. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1906, p. 5. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 10. La rada (bahía o ensenada) de la Manzanilla se encuentra ubicada en la Bahía de Jiquilisco Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 30. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1912, p. 9. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914, p. 10. Edwin W. Kemmerer, Oro y patrón oro, p. 124. Ibíd. pp. 125-126. Ibíd. pp. 133-136. Comisión Monetaria de El Salvador, proyecto para ampliar la circulación del Talón Oro. Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1927, p. 3. Félix Choussy, Cultivo del algodón en El Salvador, p. 15. Memoria de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio, 1930. p. 48. Héctor Lindo Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XX, p. 255.

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6.8. FUENTES CONSULTADAS

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Libro del campesino, p. 12.

Constitución de la República del Salvador, 1886. Estanco: popularmente se conocía con ese nombre el lugar donde se expendía el aguardiente. También se reconocía como estanquillo, cantina o taberna. 4 Libro del Campesino, p. 12. 5 Tomás Mirón, Ensayo de sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 74. 6 Código Penal, 1904. 7 Tomás Mirón, Sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 74. 8 Esta escala representa el porcentaje de alcohol por volumen expresado en grados, que son puntos porcentuales. 9 Tomás Mirón, Sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 74. 10 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914. p. 13. 11 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 50. 12 Tomás Mirón, Sustitución de nuestra renta de alcohol, p. 80. 13 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1905, p. 6. 14 Las botellas de obligación eran la cantidad mínima de botellas de aguardiente que los patentados estaban obligados a comprar. 15 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1907, p. 4. 16 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 17. 17 Botellas de exceso: era el número de botellas que se vendían después de haberse vendido las de obligación. 18 Botellas de sobreexceso: cuota de botellas de aguardiente que debían ser vendidas después de las de exceso. 19 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1912, p. 16. 20 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914, p. 15. 21 Diario del Salvador, enero 27 de 1905, p. 3. 22 Diario del Salvador, mayo 31 de 1902, p. 5. 23 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 17. 24 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914, p. 13. 25 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 5. 26 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1927, p. 145. 27 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1915, p. 218. 28 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1916, p. 18. 29 Pedro Fonseca, Demografía salvadoreña, p. 22. 30 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1917, p. 6. 31 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1918, p. 7. 32 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1920, p. 110. 33 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1921, p.13. 34 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 23. 35 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1925, p. 61. 36 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1927, p. 142. 37 La Prensa Gráfica, 12 de enero de 1929. 38 Ibíd. 3

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Ibíd. Ibíd. 41 Salvador Merlos, Los males de la raza, p. 57. 42 Manuel y Raúl Andino, La obra del gobierno del doctor Quiñónez Molina, p. 142. 43 Ibíd. 44 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1924, p. 3. 45 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1925, p. 61. 46 Ibíd. 47 Libro Azul de El Salvador, p. 155. 48 Memoria de Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio 1927, p. 40. 49 Ibíd. 50 Domingo Call, Implantación en la República del Salvador de las industrias que se derivan del alcohol, p. 9. 51 Pedro Fonseca, Relaciones comerciales de El Salvador-Estados Unidos. pp. 6-7. 52 Miguel Gallegos, La política aduanera, p. 25. 53 Codificación de las leyes de Hacienda de la República de El Salvador. 54 Aída Flores Escalante y Enrique Kuny Mena, Tomás Regalado, p.130. 55 Pedro Fonseca, Relaciones comerciales El Salvador-Estados Unidos, pp. 6-7. 56 Aída Flores Escalante y Enrique Kuny Mena, Tomás Regalado, pp. 110-118. 57 Eugenia López Velásquez, La expansión y el poder político de finales del siglo XIX y principios del XX, 1894-1923, pp. 288-332. 58 Diario Oficial, 1899. 59 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1903. 60 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1906, p. 5. 61 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 10. 62 La rada (bahía o ensenada) de la Manzanilla se encuentra ubicada en la Bahía de Jiquilisco 63 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1911, p. 30. 64 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1912, p. 9. 65 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1914, p. 10. 66 Edwin W. Kemmerer, Oro y patrón oro, p. 124. 67 Ibíd. pp. 125-126. 68 Ibíd. pp. 133-136. 69 Comisión Monetaria de El Salvador, proyecto para ampliar la circulación del Talón Oro. 70 Memoria de Hacienda y Crédito Público, 1927, p. 3. 71 Félix Choussy, Cultivo del algodón en El Salvador, p. 15. 72 Memoria de Hacienda, Crédito Público, Industria y Comercio, 1930. p. 48. 73 Héctor Lindo Fuentes, La economía de El Salvador en el siglo XX, p. 255. 40

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CAPÍTULO VII EL DISCURSO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN LA ÉPOCA DE UN ESTADO INTERVENCIONISTA (1930-1960)

Ricardo Argueta

ESDE el siglo XIX, las constituciones salvadoreñas, tanto las consideradas de corte liberal como las correspondientes a un Estado intervencionista, protegían y estimulaban –al menos en términos discursivos– la libertad de empresa. Sin embargo, otorgaban al Estado la potestad de monopolizar algunas actividades económicas que fueran de interés social. El Estado tenía la facultad de estancar el aguardiente, el salitre, la pólvora, los explosivos, las armas y los cartuchos, el tabaco, los fósforos y toda clase de carburantes. La acuñación de moneda era un monopolio exclusivo del Estado, además de ser el responsable de prestar los servicios de correos, comunicaciones eléctricas, teléfonos y radio. En términos jurídicos, el Estado salvadoreño no toleraba los monopolios privados. El texto constitucional de 1886 se refería a la libertad de empresa en los siguientes términos: “Toda la industria es libre… no habrá monopolios de ninguna clase, ni prohibición a título de protección a la industria”.1 Mientras la de 1939 afirmaba: El ejercicio del comercio y de la industria es libre… no habrá monopolios de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria; pero la ley podrá conceder privilegios por tiempo limitado a los inventores o perfeccionadores de inventos y a los que establecieran alguna industria nueva en el país. Los privilegios a los que se refiere la parte final del inciso anterior no podrán concederse por más de diez años, ni tendrán carácter prohibitivo para las industrias análogas o similares.2

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La de 1950 reafirmaba: “No podrá crearse ni autorizarse ningún monopolio a favor de particulares. La ley podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los inventores o perfeccionadores de industrias”.3 ¿Es posible la coexistencia de las prácticas monopólicas y la libre empresa en un período de Estado interventor? ¿O la libre competencia es un discurso vacío sin una práctica real? Se sostiene la hipótesis que durante las décadas que corren desde 1930 hasta 1960, el Estado salvadoreño estimuló la creación de monopolios estatales y protegió ciertos monopolios privados, pero al mismo tiempo utilizó el discurso de la libre competencia con fines políticos, más que como una práctica real. El presente artículo explora cuatro grandes temas. En primer lugar, el ascenso del intervencionismo estatal, que surge en el contexto de la crisis económica internacional provocada por la caída de la bolsa de valores de New York en 1929. Diversos productores se organizaron en grupos de presión para exigir al Gobierno de Maximiliano Hernández Martínez la implementación de políticas sectoriales que les ayudaran a paliar los efectos de la crisis. El Estado intervino a través de la creación de monopolios en el sistema financiero, en la generación de energía eléctrica, en el sistema postal; al mismo tiempo, mantuvo el control sobre el aguardiente y las regulaciones a los precios de la canasta básica. En segundo lugar, se analiza la existencia de los monopolios en el sector privado, en especial el caso de la producción de cervezas y de cemento. Hay que hacer notar que estas prácticas monopólicas no estuvieron libres de las críticas de diversas organizaciones sociales. En tercer lugar, se estudian los tímidos estímulos a la libre competencia y el discurso antimonopólico con fines políticos. Finalmente, se analizará la escasa competencia y el debate entre los defensores del libre mercado y los impulsores de los monopolios, planificados en el contexto de la industrialización e integración económica centroamericana. La etapa en estudio es una fracción de un largo período que puede ser considerado de intervencionismo estatal, que tiene sus inicios en la década de los años treinta, después de los efectos negativos provocados por la crisis económica de 1929, la cual cerró una década que había estado marcada por la prosperidad y la consolidación del modelo impulsado por las exportaciones. Aunque este artículo finaliza en 1960, hay que hacer notar que el período se extiende hasta finales de la década de los ochenta, momento en el cual se implementa una serie de privatizaciones que

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trasladaron a manos privadas varias empresas que históricamente habían sido administradas por el Estado y habían gozado de un mercado monopolizado. Conceptualmente, el monopolio se define como una situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado, esto posibilita al monopolista el control de los precios. Hay ciertas condiciones que permiten ejercer un monopolio, por ejemplo, el control de un recurso indispensable para obtener el producto, disponer de una tecnología específica que le permita a la empresa o compañía producir a precios razonables toda la cantidad necesaria para abastecer el mercado, disponer del derecho a desarrollar una patente sobre un producto o un proceso productivo, disfrutar de una franquicia gubernativa que otorga a la empresa el derecho en exclusiva para producir un bien o servicio en determinada área.4 Según Pindyck y Rubinfeld, el monopolio puede ser de tipo natural o legal. En el monopolio natural, las empresas pequeñas, al tener costos comparativamente altos y no poder competir, se verán obligadas a cerrar y, finalmente, quedará una única empresa para suministrar toda la demanda. En el monopolio legal, es el poder coactivo del Estado el encargado de impedir la competencia por otras empresas; es el caso de la adquisición por la empresa de una patente o de la franquicia para la prestación de un servicio público. También puede ser considerado monopolio legal el que se produce cuando una empresa es la propietaria, o controla legalmente toda la producción de un recurso natural o materia prima esencial para el proceso productivo.5 El debate sobre las consecuencias de la práctica económica monopolizada de tipo legal es un asunto que se remonta hasta la época de los economistas clásicos liberales, quienes consideraban que la mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el gobierno, es decir, la que goza de condiciones de libre cambio. Para Adam Smith, los monopolios son enemigos de una buena gestión, pues ésta solo puede lograrse en un país por medio de la competencia libre y general. Según Smith, lo único que consiguen los monopolios es desajustar y desordenar la distribución natural del capital en la sociedad. David Ricardo considera que los monopolios

273

representan un caso especial y coincide con Smith al señalar que cuando un artículo tiene un precio de monopolio, éste será el precio más elevado al cual los consumidores están dispuestos a pagarlo.6

7.1. El ascenso del intervencionismo estatal 7.1.1. Crisis económica y surgimiento de los grupos de presión El impacto de la depresión económica mundial de 1929 se transmitió a El Salvador a través de la caída en los precios de los productos básicos, particularmente el café, lo que provocó una disminución en las ganancias de exportación. De acuerdo con Bulmer-Thomas, los precios internacionales del café disminuyeron a principios de los años treinta hasta un tercio de los niveles máximos alcanzados en los años veinte, y se quedaron allí durante la mayor parte de la década.7 En términos políticos, la crisis del 29 se traduce en lo que Rafael Guidos Véjar llama “el ascenso del militarismo en El Salvador”.8 En 1931, ante la falta de capacidad del Gobierno de Arturo Araujo para enfrentar las demandas de la sociedad salvadoreña, los militares ascendieron al poder mediante el golpe de Estado. A pesar que en términos económicos el país aún se guiaba por la Constitución liberal de 1886, el ascenso del intervencionismo estatal en la economía del país era cada vez más notorio. La progresiva intervención del Estado en la actividad económica marca el fin de la era del laisse-faire.9 La primera medida proteccionista impulsada por el presidente general Hernández Martínez se dirigió hacia la industria cafetalera con el objetivo de palear la crisis en la que ésta se encontraba. Las cifras que presenta Juan Mario Castellanos indican la dimensión de la crisis. El precio del quintal de café descendió de 39.4 colones en 1928 a 18.3 en 1931; en consecuencia, el valor total del café exportado en el período 1928-1931, que representaba más del 90% del valor total de las exportaciones, se contrajo de 45.5 a 21.7 millones de colones.10 La crisis económica tuvo un impacto trastornador en la economía salvadoreña. El mantenimiento de la cantidad de exportaciones fue posible gracias al respaldo gubernamental a la industria cafetalera, junto con la habilidad de los agricultores para reducir el costo marginal por debajo del precio, sin embargo, desaparecieron los enormes ingresos asociados con la producción cafetalera en los años “buenos” y, en consecuencia, se redujo la demanda de importaciones.11 Diferentes grupos de productores se organizaron para presionar al Gobierno con el fin que éste implementara políticas proteccionistas.

274

Entre ellos los más activos fueron los cafetaleros, azucareros y ganaderos. Antes de 1929, los intereses del sector cafetalero habían sido atendidos informalmente sin asociaciones poderosas de productores o interferencias del Gobierno. De acuerdo con BulmerThomas, como grupo los caficultores habían podido contar con el respaldo y la atención simpatizante del Gobierno, siempre que lo necesitaran, y no había habido ninguna necesidad de formalizar la relación; sin embargo, después de 1929 los caficultores procuraron mejorar su eficacia como grupo de presión a través de la formación de asociaciones nacionales más poderosas.12 La presión de los cafetaleros consiguió que el presidente Hernández Martínez promulgara, el 26 de julio de 1932, la Ley de Defensa del Café con el objeto de proteger y salvaguardar el cultivo, la producción, el beneficiado y la venta del grano de oro.13 Esta ley puede considerarse como la primera medida proteccionista del régimen, con la cual Hernández Martínez buscaba armonizar los intereses de los caficultores representados por la Asociación Cafetalera, los banqueros y los exportadores. Sin embargo, según Alan Wilson, la política inicial del presidente –garantizar abundante crédito agrícola– no fue del todo exitosa porque no existían medios eficaces para que se otorgaran préstamos adicionales a los productores.14 Cuadro 1 Precio, volumen y valor de la exportación del café (1928-1934)

Año

Precio/qq

Volumen exportado

Valor total

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

30.51 32.68 42.82 43.56 42.45 32.07 39.33 33.52

------------------------------------------------------------------------------1 154 535 1 017 014

28 574 169 29 836 825 45 438 825 30 364 765 46 720 335 25 237 402 45 482 131 84 090 450

275

1930 1931 1932 1933 1934 1935

18.75 18.27 14.92 15.97 21.05 22.26

1 274 387 1 187 628 862 063 1 215 137 1 084 484 --------------

23 914 481 21 695 441 12 867 077 19 512 556 22 824 125 24 228 376

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos tomados de Ritcher, “Acumulación y dominación”, pág. 47, en El economista, núm. 2, San Salvador, mayo de 1934; y Guidos Véjar, El ascenso del militarismo en El Salvador, p. 102.

El proteccionismo también se extendió a la industria azucarera y a la ganadería. Las medidas proteccionistas al azúcar se implementaron debido a la sobreproducción y a la disminución en la demanda. Los productores requirieron del Gobierno ayuda para dividir los mercados locales y estabilizar los precios. A raíz de esta petición, el Gobierno creó, en 1932, una junta de defensa de la industria azucarera para regular y proteger la industria. El 6 de diciembre de 1932 se creó la Comisión de Defensa de la Industria Azucarera Centrifugada, cuyas atribuciones eran velar por los intereses del gremio productor, establecer anualmente la cuota proporcional a cada unos de los productores para la venta del consumo interno y fijar el precio máximo al que debía realizarse; además se le encomendó controlar, vigilar y fiscalizar los excedentes de producción. Al crearse esta comisión se estableció, en el mismo decreto, la prohibición de introducir al país maquinaria para la fabricación de azúcar, exceptuándose los repuestos necesarios para las maquinas existentes.15 Se estableció una cuota de producción para cada azucarero, la cual sería comunicada privadamente para evitar especulaciones comerciales. Una vez hechas las notificaciones de las cuotas respectivas, los azucareros quedaban advertidos que por cada saco de producto que pasara de la limitación establecida y que fuera colocada en el mercado interno se haría efectiva una multa de diez colones.16 En marzo de 1933, la comisión le propuso al Gobierno extender la protección a la industria de los dulces y de las confituras de procedencias extranjera, y limitar a lo estrictamente necesario –y para usos farmacéuticos y medicinales– la importación de la sacarina y cualquier otro sucedáneo del azúcar.17 La política proteccionista a la industria azucarera no estuvo libre de los problemas del contrabando. El suplemento del Diario Oficial La República informaba sobre estos problemas:

276

Se analiza los casos del señor Enrique Paredes a quien se le decomisaron sesenta sacos de azúcar, quien declaró haberlos comprado a Miguel Castro Batres por comisión de don Salvador López R. y el del ingenio la fincota de donde habían salido doscientos once quintales de azúcar, aparentemente con destino a las bodegas de H. de Sola; pero que en realidad se llevaron a casa del propietario de dicho ingenio.18

La protección que el Estado ejercía sobre la industria azucarera era vista con buenos ojos, mientras se advertía del peligro de la libre competencia: La protección dada por el Estado ha beneficiado tanto a productores como a consumidores, así como también él se ve beneficiado al obtener el correspondiente ingreso fiscal. Los productores han podido mantener precios altos y los consumidores tienen seguridad del abastecimiento para su consumo interno, cosa que no sucedería si se dejase en libre competencia, pues venderían azúcar más barata de otros países y se verían obligados a parar nuestros ingenios.19

Aunque el proteccionismo a la industria del azúcar beneficiaba a los productores, impactaba fuertemente en los bolsillos de los consumidores, pues éstos pagaban diez colones por quintal de azúcar producido en El Salvador, mientras el quintal producido en las antillas se estimaba en cuatro colones.20 Hay que hacer notar que, al igual que en otros rubros, en la producción de azúcar aquellos productores que introducían alguna innovación en los procesos productivos podían disfrutar durante algún tiempo del beneficio de ser los únicos productores de un determinado producto. Ése fue el caso de los hermanos Meléndez, quienes por la técnica desarrollada fueron los primeros en producir azúcar blanca en los ingenios Venecia, Prusia y el Ángel; más tarde el método se fue adaptando en los demás ingenios.21 Los ganaderos se organizaron en la Asociación de Ganaderos de El Salvador con el propósito de exigir al Gobierno proteccionismo aduanero. Según éstos, en los últimos años habían entrado a El Salvador, de los países vecinos, animales domésticos, productos de lechería, manteca de cerdos, granos y tabaco, que afectaban a la industria nacional debido a que no había proteccionismo aduanero para los productos naturales. Además del proteccionismo aduanero, los ganaderos exigían otras medidas que, según ellos, disminuirían las pérdidas del sector: protección contra los robos de ganado, estímulos al consumo, lucha contra las plagas y las enfermedades del ganado, reglamentación de las ventas.22

277

La satisfacción de muchas de las demandas de estos grupos fue lo que permitió al gobierno de Hernández Martínez consolidarse en el poder. A los azucareros y ganaderos, el Gobierno les garantizó un mercado cautivo, mientras a los cafetaleros les salvó de la bancarrota a través de la intervención en el sistema financiero.

Cuadro 2 Producción de azúcar (1932-1960) Años

Producción en quintales

Años

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

223 534 208 858 198 949 246 173 373 830 358 844 311 835 308 977 361 267 364 485 412 613 426 494 377 220 399 609 593 963

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

Producción en quintales 560 206 478 957 502 320 573 223 591 159 598 000 658 000 754 000 776 000 995 000 922 000 1 009 000 1 050 000 1 073 000

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos tomados de José Antonio Escalante, Industria azucarera en El Salvador, p. 87, Biblioteca Universidad de El Salvador, colección especial.

278

7.1.2. El monopolio en la emisión de moneda Al mismo tiempo que los grupos de presión capturaban al Estado para someterlo a sus intereses, se decretaron las primeras medidas monopolizadoras. El primer monopolio estatal impulsado en el período del ascenso intervencionista fue el de la emisión de la moneda. Desde 1931, el sistema monetario salvadoreño estaba en crisis debido a la salida del oro de los sótanos de los bancos, lo cual disminuía significativamente las reservas internacionales. El Gobierno, ante el peligro que dicha emigración entrañaba, emitió el decreto legislativo del 7 de octubre de 1931, con el que se prohibió la convertibilidad de los billetes, creando en lo que se dio en llamar Fondo Intangible de Oro en Custodia, consistente en el oro que servía de respaldo a la emisión billetaria de los bancos, al cual se puso un sello de control para evitar su venta.23 Hasta 1934, la organización bancaria estuvo constituida por tres bancos de emisión, los cuales competían entre sí con funciones comerciales e hipotecarias: el Banco Salvadoreño, el Agrícola Comercial y el Occidental, fundados en 1885,1889 y 1895, respectivamente; existía, además, una agencia del Banco Anglo-Sudamericano que operaba sin la función emisora. Estos bancos estaban obligados a garantizar su circulación billetaria por lo menos con 40% en oro acuñado, y sus depósitos a la vista con un 20% en la misma moneda. Cada uno de los bancos podía emitir billetes a voluntad, siempre que mantuviera la cobertura prescrita por la ley. En los tiempos de prosperidad, si el precio del café subía, los bancos disponían de grandes recursos para aumentar los créditos, mientras que por falta de previsión se desperdiciaba la ocasión de acumular reservas para hacer frente a los malos tiempos. Las reservas hubieran permitido regular el cambio y conceder créditos suficientes en las malas épocas, cuando más necesidad hubiera de ellos. Quedó demostrado el fracaso de esta política bancaria cuando bajaron los precios del café a consecuencia de la crisis mundial, lo que redujo la cantidad de divisas que ingresaron al país y obligó a los bancos emisores a restringir la cantidad de billetes en circulación y a reducir súbitamente el volumen del crédito, provocando de esta manera una deflación repentina. 24 El 19 de junio de 1934, el Gobierno aprobó la Ley de Creación del Banco Central de Reserva.25 A este banco se le definió el objetivo de asegurar la estabilidad del valor externo del colón, para lo que se tomaron las primeras disposiciones con el fin de controlar el volumen

279

del crédito y del medio circulante, fijando las normas para regular adecuadamente la liquidez de los bancos comerciales, Según su ley de fundación, el banco se constituyó como una sociedad anónima por el término de treinta años.26 Del total de acciones, 6000 tuvieron carácter de intransferibles y pasaron a ser propiedad de la Asociación Cafetalera de El Salvador; 6000 acciones fueron suscritas por el público y se colocaron 4500 acciones entre los bancos existentes y por los que en el futuro se establecieran en el país, siendo todas transferibles con la aprobación de la Junta Directiva del Banco Central. Según Alan Wilson, el 36.5% de las acciones pasó a manos de la Asociación Cafetalera, el 27% se les asignó a los bancos privados, mientras el 36.5% restante se distribuyó entre varios accionistas particulares. Si bien es cierto que en términos formales la reorganización dejó la banca y el crédito en manos privadas, garantizó que los cafetales no se perdieron por embargo y que habría disponibilidad de fuentes adecuadas de capital para mejorar la eficiencia de la producción del café.27 Con la fundación del Banco Central de Reserva se les aseguró abundante crédito a los caficultores, pero lo más importante fue la monopolización por parte del Estado en la emisión de moneda. Hasta esa fecha, los billetes que circulaban eran emitidos por bancos particulares, lo que había creado una seria desorganización de todo el sistema monetario. Sin embargo, el Banco Central de Reserva no nació siendo una institución estatal como en el resto de países latinoamericanos, sino como una sociedad anónima que fue completamente nacionalizado en 1961. Everett Alan Wilson es de la idea que fue gracias a la monopolización estatal sobre la emisión de la moneda que se logró quebrar el poder que los adinerados banqueros ejercían sobre las clases deudoras. 28 El monopolio del banco existió en la emisión de moneda, pero los beneficios de éste se distribuían entre un grupo de accionistas. En 1935, el Gobierno emitió un decreto legislando el control del tráfico del oro en el que se le prohibió al Banco Central de Reserva que vendiera el oro que poseía; se le facultó, además, para que comprara el oro y la plata que se propusiera en venta, de tal forma que controlara el mercado nacional de dichos metales, y se le señaló a él como el único exportador de oro y plata, se tomaron medidas de Policía y los resguardos de la frontera ejercieron estricta vigilancia. 29

280

7.1.3. La banca estatal cubre un mercado abandonado La fundación del Banco Hipotecario, el 29 de enero de 1935, es significativa, ya que complementó las funciones crediticias del Banco Central de Reserva. Aunque comenzó con un capital de tan solo 450 000 colones en 1935, nueve años después el banco anunció activos de más de 30 000 000. 30 El Banco Hipotecario se encargó de otorgar créditos a largo plazo, ya que la banca privada existente en ese momento se concentraba en un financiamiento a corto plazo y a tasas de interés más elevadas. 31 Las políticas crediticias implementadas por la banca estatal y la privada reducían la competencia entre estas, en tanto el mercado de prestatarios era distinto debido a los plazos otorgados para los créditos. Sin embargo, el surgimiento de la banca estatal no necesariamente implicaba libre competencia en el sistema financiero, ya que la banca estatal cubría un mercado diferente al que abarcaba la banca privada. Desde años antes a la fundación del Banco Hipotecario, diferentes organizaciones sociales, como la Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños ( AGEUS), veían en la apertura del sistema crediticio el estímulo a un agro deprimido que no respondía a las necesidades del campesinado. Para superar la situación de ese atraso, proponían que el Gobierno implementara dos medidas: la creación del Banco Hipotecario y una mayor partida presupuestaria para estimular el desarrollo agrícola. El Banco Hipotecario, manifestaba la AGEUS, serviría para que los agricultores tuvieran accesos a créditos blandos, los cuales les servirían para aumentar la productividad de sus tierras. Opinión estudiantil afirmaba:

El capital salvadoreño se escapa al extranjero de muchos modos, especialmente con el pago de los productos industriales que consumimos… un país agricultor como el nuestro necesita de un Banco Hipotecario, su creación es un problema que urge resolver. Nuestra vida es casi toda un río de riqueza que parte al exterior, compramos productos industriales, pagamos a compañías extranjeras por los servicios de cable, de electricidad, de ferrocarriles, de pavimentación, de empréstitos, de transporte marítimo, de luz, por la compra de productos químicos, de construcción y ese caudaloso río quiere ser engrosado con un nuevo afluente: el pago de intereses por el uso de capitales extranjeros.32

281

Cuadro 3 Hipotecas constituidas y canceladas en miles de colones (1915-1933) Año

Constituidas

Canceladas

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933

11 073 10 467 7937 9792 8670 9813 15 083 11 616 10 525 11 878 15 093 17 053 16 328 118 556 12 322 22 516 20 034 18 060 12 937 8698

7272 7290 5303 6423 6335 6574 7991 6292 7472 8798 15 266 12 307 13 593 10 104 10 570 10 746 11 778 11 651 8093 7284

Total

368 601

181 142

Fuente: elaborado para esta investigación con datos de La República, 18 de febrero de 1935, p. 4. El total de hipotecas constituidas ascendía a 368 601 000 colones. El total de hipotecas canceladas ascendía a 181 142 000 colones.

282

7.1.4. Monopolio de la generación eléctrica y el sistema postal Entre 1936 y 1939, el gobierno de Hernández Martínez nacionalizó la generación de energía eléctrica y el sistema postal. En 1936, promulgó la Ley de Electrificación Nacional, la cual tenía como propósitos fundamentales: regularizar los servicios eléctricos en el país, garantizar la eficiencia y baratura de los mismos y declararlos de utilidad pública. El tercer numeral conducía a la nacionalización de la producción eléctrica. Se buscaba que todas las empresas que se dedicaran al negocio de producción, transmisión y distribución de energía eléctrica para uso público quedaran desde la promulgación de la ley bajo la supervigilancia del Estado, la cual sería ejercida por una comisión llamada Comisión Nacional de Electricidad. Se establecía la compra por parte del Gobierno de las empresas eléctricas con todos sus haberes, derechos y negociaciones cuando los permisos y concesiones de los que gozaban hubieran finalizado.33 De acuerdo con Alan Wilson, la reorganización económica de Martínez tomó medidas aun más radicales que la expropiación de las empresas de propiedad extranjera, que anteriormente habían exigido los grupos medios: reclamó el derecho de dominio sobre todas las compañías municipales de electricidad, las cuales pasarían a ser administradas por la recién creada Comisión Nacional de Electricidad, una vez que sus antiguos dueños fueran indemnizados. A esta comisión se le encargó también otra aspiración de los grupos medios: el desarrollo hidroeléctrico del río Lempa.34 El ramo de las comunicaciones eléctricas fue monopolizado por el Estado, pues si bien era cierto que las necesidades del comercio y del público en general exigían eficiencia, rapidez y seguridad en las comunicaciones, tanto telefónicas como telegráficas, no había un interés en la inversión privada en ese rubro. En el año 1938, La República anunciaba el plan de innovaciones que había formulado la Dirección General de Telégrafos y Teléfonos Nacionales; aunque extenso, en forma lenta se convertía en realidad.35 Según el periódico, se habían concluido los circuitos metálicos de Santa Ana, la Libertad, Santa Tecla y circunvalación; estaban por concluirse el de Sonsonate y el del puerto de Acajutla. Al concluir los trabajos de occidente, se proyectaba construir los del oriente. La línea del circuito metálico de oriente buscaba la comunicación de las ciudades de Santiago de María, Jucuapa, Chinameca y Jiquilisco, donde las actividades cafetaleras tenían gran incremento.36 El interés real de la Dirección General de Telégrafos y Teléfonos Nacionales era proveer de comunicaciones rápidas a todos aquellos finqueros que efectuaban transacciones comerciales de gran volumen y que por ello necesitaban estar al día con el precio del grano, las

283

fluctuaciones de los mercados del exterior y los cambios sobre las monedas extranjeras con relación a la nacional.37 En 1939, el Gobierno legalizó los monopolios sobre el sistema postal. La Constitución Política asignaba al Estado el régimen exclusivo de los siguientes servicios: acuñación de moneda, correos, telégrafos, teléfonos y radio.38 Cuadro 4 Producción de energía eléctrica (1946-1960)

Año

Producción en millones de K.W.H

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

40 000 000 45 000 000 45 000 000 55 000 000 65 000 000 70 000 000 85 000 000 -------------110 770 000 130 000 000 156 000 000 178 000 000 207 000 000 229 000 000 248 000 000

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos presentados en El Salvador en gráficas 1963, Ministerio de Economía.

A finales de los años cuarenta, dos analistas de las finanzas públicas salvadoreñas llegaron a la conclusión que el sistema postal había operado con un pequeño déficit durante la mayoría de los últimos diez años y con

284

un pequeño superávit en dos de esos años (1940, 1946). Sin embargo, la Ley de Presupuesto y la Ley de Salarios para 1948 establecían una considerable expansión del sistema postal mediante la creación de nuevas subestaciones y la transformación de algunas de las existentes en estaciones principales; ya que el mejoramiento del servicio postal no era probable que se viera acompañado de un aumento en los ingresos, era muy posible que el déficit en las operaciones previsto para 1948 continuara también en el futuro, a menos que se elevaran las tasas postales. La insuficiencia en los ingresos de ambos servicios obedecía en gran parte al hecho de que la lista básica de tasas regía desde 1933, mientras que los salarios del personal, así como el costo de los equipos, habían aumentado considerablemente desde entonces.39 Cuadro 5 Contribución porcentual de los monopolios estatales a la composición de los ingresos fiscales (1935-1945) Empresas

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1945

Correos

1.5

1.3

1.6

1.7

1.6

1.8

1.5

1.6

1.5

1.6

Comunicaciones 3.2

3.1

3.2

3.4

3.6

3.4

3.6

3.3

3.4

Otras empresas

1.1

1.3

1.1

1.6

1.1

1.0

0.6

0.9

1.2

Total 5.9 5.5 6.1 6.2 6.8 6.5 5.9 5.8 5.7 5.9 Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos presentados por Henry C. Wallich y John H. Adler, en Proyecciones económicas de las finanzas públicas, pp. 60-61.

Según Wallich y Adler, el manejo de los servicios de correos, telégrafos y teléfonos se consideraba, en la mayoría de los países, como una función que el Gobierno podía ejercer en la forma más eficiente y económica. Estas actividades estaban estrechamente vinculadas a las actividades propias del Gobierno y no rivalizaban con las empresas privadas por efectuar negocios con el público.40 Por un lado, el sector privado requería cierta modernización de los servicios eléctricos y postales; por otro lado, no tenía la capacidad financiera para asumir una inversión tan alta, razón por la cual el Estado tenía que asumir esa responsabilidad.

285

Cuadro 6 Operaciones del servicio de correos, telégrafos y teléfonos, en miles de colones (1938-1941) Servicio postal

1938

Entradas

338.6 151.2 354.9 316.9 356.1 393.8

451.1 581.0 533.1 550.0

Gastos: fijos

264.1 135.8 273.5 276.3 278.2 288.8

327.4 358.1 447.9 693.4

variables Total

79.2

1939

37.4

80.9

1941

1942

1943

1945

1946

1947

1948

60.7 116.0 211.8

161.6 201.8 146.4 227.8

343.3 173.3 354.3 337.0 394.2 500.6

489.0 559.8 594.3 921.2

Superávit (+) o déficit (-)

1940

+0.6 -4.7

-22.1

-20.1

-38.1

-106.8

-37.9

+21.2 -61.2

-371.2

Telégrafos y teléfonos Entradas

682.6 350.7 695.8 719.3 777.5 852.2

999.4 1182

1155

1206.0

Gastos: fijos

1231

1566.6

765.2 393.0 789.4 790.0 796.5 805.0

908.1 1024

variables

143.7 129.2 178.8 137.8 169.7 194.1

115.4 187.7 641.8 751.5

Total

909.0 517.2 968.3 927.8 966.3 999.1

1023

1212

1873

2318.1

-226

-24.1

-30.3

-718

-1112.1

Superávit (+) o déficit (-)

-166

-272

-208

-188

-146.9

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos tomados de: Henry C. Wallich y John H. Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, pp. 320.

El cuadro 6 refleja un déficit permanente en las empresas del sistema postal y telecomunicaciones, lo cual explica en parte por qué el capital privado no tenía interés en invertir en un sector deficitario, a pesar de que la modernización en el sistema beneficiaba fundamentalmente a los grandes productores, pues agilizaba las comunicaciones y la información sobre la situación de los mercados internacionales del café, el azúcar, etc. Como lo indica el cuadro 6, la cobertura telefónica aumentaba muy lentamente, a un promedio de 7.23% ante una población de 2 272 096, lo que daba como promedio un teléfono por cada 139 habitantes.

286

Cuadro 7 Teléfonos instalados (1954-1963)

Año

Teléfonos

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

9558 10 001 10 316 11 258 11 973 15 930 16 086 18 001 19 069 19 449

Fuente: elaborado para esta investigación con datos tomados del Ministerio de Economía, publicados en El Salvador en gráficas 1963 ,p. 15.

7.1.5 Aguardiente y contrabando Como hemos visto en el capítulo anterior, el aguardiente era la segunda fuente de ingresos fiscales, razón por la cual se explica que siguiera siendo un monopolio a favor del Estado. El contrabando de aguardiente también fue una práctica común durante el período en estudio, lo cual preocupó a las autoridades; por un lado, se buscaba suprimir el contrabando; por otro, obtener los mayores ingresos posibles para el fisco. En 1932, hay un cambio importante en el estanco de aguardiente, el fisco emite una nueva ley que tenía como objetivo suprimir el contrabando. En este asunto estaban involucrados varios actores: el Estado estaba preocupado por controlar el contrabando y aumentar los recursos de la hacienda pública, los patentados estaban obligados a comprar el aguardiente en los depósitos nacionales, mientras la destilación era un monopolio estatal, por lo cual los destiladores particulares estaban prohibidos. El mecanismo implementado por el fisco tenía como propósito disminuir el impuesto que el patentado compraba en exceso para evitar que éste buscara abastecerse en el mercado negro.41

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El gobierno de Maximiliano Hernández Martínez implementó una serie de disposiciones dirigidas a disminuir y castigar el contrabando de aguardiente. Las medidas impulsadas por el Gobierno fueron aceptadas por los patentados.42 El nuevo sistema de expendio de aguardiente era visto como la solución al problema del contrabando, enfatizaba que el contrabandista no podría competir con los precios fiscales tan bajos y no se expondría a los fuertes castigos que imponía la ley tan solo por conseguir un margen insignificante de ganancia. Lo cierto es que el contrabando estaba generalizado en todo el país. El editorialista de La República opinaba lo siguiente: De las informaciones recogidas hace algún tiempo en el Ministerio de Hacienda, se ha podido sacar en limpio el poderoso desarrollo con que cuenta ese tráfico ilegal –cuyas proporciones sobrepasaron los cálculos más aventajados– y se llegó al convencimiento de que, a menos de echar manos de recursos extraordinarios, las probabilidades de un éxito definitivo sobre la extirpación del mal serían bastante reducidas.43

Las noticias sobre los golpes que las autoridades propinaban a los contrabandistas eran frecuentes: Una fábrica de aguardiente clandestina fue descubierta el 25 de los corrientes a las doce del mediodía, en los terrenos conocidos con el nombre de El Cocal, situados en el barrio de San Jacinto de esta ciudad. Un alambique, barriles y ollas y otros muchos artefactos de uso corriente en la destilación le fueron decomisados a Jesús Henríquez, quien en plena actividad defraudando al fisco, fue capturado por los hábiles agentes del capitán Salvador Liévano….44

Se hacía énfasis en la eficiencia de los cuerpos de seguridad en la lucha contra el contrabando: Ayer a las seis de la mañana, la Policía de investigaciones de Hacienda efectuó la captura de una fábrica clandestina de aguardiente… por distintas investigaciones logró la Policía confirmar el hecho de que un individuo llamado Juan Portillo se dedicaba a la venta de aguardiente de contrabando y no faltaba más que sorprenderlo en su faena prohibida. Así fue que ayer, yendo el mencionado Portillo allá por la calle Castillo con un voluminoso bulto al hombro, fue detenido por dos agentes de Hacienda y al registrarlo encontraron que se trataba de un galón o de varias botellas llenas de chaparro. Manifestó Portillo que el aguardiente se lo había dado una señora desconocida para que lo vendiera, pero como en las preguntas se contradijo, no tuvo más remedio que confesar que la fábrica era de su propiedad y que la tenía establecida en el mesón El Paraíso.45

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En todo caso, los niveles de contrabando eran muy sofisticados. Diario Nuevo informaba de una fábrica clandestina: La más poderosa fábrica de aguardiente clandestina fue descubierta en los últimos veinticinco años, fue encontrada ayer a las dos de la mañana por agentes de la Policía de investigaciones… con una producción de más de ciento veinticinco litros en cada operación… se hallaron como diez barriles y muchos garrafones llenos de aguardiente, alcohol, chicha, numerosos implementos que se ocupaban en esa industria, grandes chimeneas instaladas cerca de los alambiques y todo cuanto tiene una fábrica moderna de las que funcionan en la administración de rentas….46

7.1.6. Regulaciones de precios La política intervencionista del Estado se hacía sentir en la esfera de la distribución, especialmente en la de los granos básicos mediante las regulaciones de precios. El Consejo de Gobierno Revolucionario, que asumió el poder en 1948, creó el 13 de septiembre de 1950 el Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA)47 con el fin de intervenir en el mercado de los productos de primera necesidad alimenticia y como organismo encargado de desarrollar las funciones de provisión y regulación del mercado de cereales y de otros productos alimenticios básicos para la subsistencia de los habitantes, en forma equitativa para los productores y consumidores. El instituto tendría por objeto fomentar la producción de alimentos básicos para la población, en especial la de maíz, arroz y frijol, y regular el abastecimiento de los mismos a base de precios estables, que fueran remunerativos para el productor y justos para los consumidores. Además, orientar la política de precios de los productos cuya regulación se encontraba a cargo del instituto y fijar los precios “mínimo” y “máximo”, de acuerdo con las perspectivas de producción y consumo.48 Se consideraba que: 1. En la vida económica del país se presentan con frecuencia graves crisis de escasez de cereales debido no solo a fenómenos naturales que afectan las cosechas, sino principalmente a la anarquía existente en el mercado, ya que las amplias fluctuaciones que experimentan los precios dan lugar a grandes aumentos o disminuciones en las áreas cultivadas y crean consecuentemente alzas o bajas extraordinarias en la oferta. 2. Que el estudio de las condiciones del cultivo y distribución de cereales así como la experiencia de otros países indican que, para resolver los problemas apuntados es necesario prever las perspectivas de oferta y demanda, y establecer un sistema de regulación del mercado, por medio del cual se pueda mantener precios estables, absorber ‘sobrantes’ en manos de los productores y prever los faltantes necesarios para abastecer el consumo.49

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La preocupación principal giraba alrededor de las acciones de los especuladores quienes aprovechándose de las irregularidades aumentaban los precios para obtener ganancias exorbitantes, constituyendo un problema de graves repercusiones sociales. Los especuladores esperaban que los productores lanzaran todos sus productos disponibles al mercado y que los precios descendieran a un nivel mínimo; una vez logrado el objetivo, procedían a comprar lo más que podían hasta dejar enrarecidos los mercados. Poco tiempo después, aprovechando la imperiosa necesidad alimenticia de los consumidores, los acaparadores comenzaban a presionar sobre los precios y cantidades, logrando de esta manera obtener niveles suficientemente altos en cortos períodos. Para los especuladores era posible actuar de esa manera por la irregularidad con que los productos agrícolas, tales como el maíz, llegaban al mercado durante el año, así como también por la inelasticidad de la demanda.50 Los periodos de escasez eran propicios para que el instituto interviniera en la regulación, aunque no siempre con la eficiencia debida. A mediados de 1953 se vivió una fuerte escasez de maíz. El instituto no tuvo mayor remedio que abrir las fronteras a la libre importación del grano, permitiendo a la empresa privada participar en las transacciones. El momento fue propicio para que se generara un interesante debate sobre el papel del intervencionismo estatal en la economía nacional. Mientras algunos exhortaban a una mayor intervención del Estado en la economía, otros defendían la libre empresa. Un editorial de El Diario de Hoy decía: Todos sabemos que a medida que el poder político va interviniendo en la economía, y absorbiéndola el Estado se vuelve monstruoso y despótico, corrompido e ineficaz aun para aquellas funciones específicas para las cuales ha sido concebido. El régimen de empresa libre, de libre competencia, de amplitud en las oportunidades para el capital y el trabajo, es lo que ha forjado el mundo moderno”.51 La existencia del IRA se justificaba porque se consideraba que este no estaba interviniendo en los negocios privados, sino desempeñando una función útil a la comunidad nacional, a pesar de los contratiempos que la institución había tenido para satisfacer la demanda de granos básicos que tenía la población: “El hecho de que el IRA no haya podido responder a su cometido en estos momentos, no va a ser argumento –como lo propugna un colega de La Prensa Gráfica– para pedir la intervención estatal en los cultivos agrícolas, y estamos seguros de que todos los gremios agricultores: cafetaleros, algodoneros, productores de cereales, ganaderos y avicultores, resentirían de que el Estado salvadoreño anduviese metiéndose ya en fincas y haciendas a decir al trabajador de la tierra lo que debe cultivar, cuánto y cómo y para qué.52

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Cuadro 8 Estadística de maíz de la República de El Salvador (1931-1953) Años

Manzanas cultivadas

1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953

No hay datos No hay datos 159 031 190 648 227 811 223 842 112, 713 116 185 152 028 167 040 225 889 228 297 202 910 220 496 177 187 207 580 222 673 283 728 207 727 252 697 216 979 218 918 242 342

Producción en Rendimiento quintales por manzana en quintales No hay datos No hay datos 2 948 048 No hay datos 2 040 180 12.83 2 955 356 15.50 4 089 030 17.95 3 306 805 14.77 1 873 760 16.62 2 124 213 18.28 2 840 067 18.69 3 430 945 20.54 4 708 513 20.84 4 588 609 20.10 4 183 515 20.62 3 408 345 15.46 2 569 445 14.50 3 026 753 14.58 3 720 022 16.71 5 551 616 19.57 3 766 867 18.13 4 409 847 17.45 3 386 948 15.61 3 865 082 17.66 4 332 348 17.88

Precio medio en colones por quintal 4.67 3.04 3.61 6.52 3.71 2.49 5.02 3.34 2.22 2.64 2.93 2.38 4.91 7.51 8.02 5.13 6.52 8.76 6.36 9.49 12.12 9.57 No hay datos

Fuente: elaborado para esta investigación con datos tomados de “Consideraciones a una política de estabilización de precios”, en Economía salvadoreña, p. 196.

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7.2. Monopolios privados de “larga duración” y protesta social 7.2.1. El caso de la empresa cervecera Si bien es cierto que en la época del Estado interventor la existencia de los monopolios estatales era común, puesto que la misma Constitución política le facultaba al Estado monopolizar ciertos sectores de la economía como telecomunicaciones, electricidad, aguardiente, etc. No es menos cierto que algunas empresas de capital privado también se constituyeron en sendos monopolios, en franca oposición al texto constitucional de la época. La producción de cervezas llegó a constituirse en una especie de monopolio legal. En las dos primeras décadas de existencia, la empresa cervecera era un monopolio natural por no tener competidores. Ésta había sido fundada en Santa Ana, en 1906, como una sociedad entre Rafael Meza Ayau, Pedro José Escalón, Jaime Matheu y Benjamín Bloom; éste último financió la inversión inicial a través de un préstamo de 26 mil pesos plata.53 En 1928, con el objetivo de aumentar el mercado, la empresa fue trasladada a San Salvador. Ese mismo año, se produjo una pugna entre la familia Meza Ayau, dueña de la principal empresa cervecera del país, La Constancia, y el señor Francisco Orellana Valdés. El conflicto se suscitó porque el señor Orellana Valdés manifestó su propósito de fundar una fábrica de cervezas y bebidas gaseosas, Polar, para lo cual pidió a la Asamblea Legislativa que le concediera iguales condiciones a las otorgadas a los señores Meza Ayau y compañía, a quienes mediante contrato celebrado el 13 de agosto de 1923, se les habían concedido los siguientes beneficios: a. Obligación de pagar todos los impuestos fiscales o municipales, directos o indirectos, establecidos por la ley a la fecha de la contrata, quedando exentos por diez años de todo nuevo impuesto de carácter fiscal que se estableciera, lo mismo que de todo aumento a los gravámenes existentes en aquella fecha, que se decretara con posterioridad. b. Obligación de pagar un impuesto único y compensatorio de tales ventajas de veinticinco mil colones anuales, invariable durante los diez años de la contrata.54 c. Obligación para el Gobierno de no otorgar ninguna otra concesión que no fuera análoga y en los mismos términos de la celebrada con R. Meza Ayau.55 Orellana Valdés se apoyaba en la última cláusula del contrato para fundamentar su petición al parlamento. Sostenía tener derecho a que se le otorgara una concesión parecida a la recibida por Rafael Meza Ayau, quien reaccionó a las pretensiones presentando dos escritos a la Asamblea. En el primero, entraba en largos detalles acerca de los esfuerzos y sacrificios que

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había tenido que hacer para llegar al estado de envidiable florecimiento en que se encontraba su negocio; en el segundo, alegaba ser perfeccionador de la industria cervecera en El Salvador. Por esas razones, Meza Ayau decía oponerse a que se otorgaran iguales privilegios a otras personas.56 Aún no queda claro cuál fue la razón principal por la que la fábrica Polar, de Francisco Orellana Valdés, terminó en quiebra. Una hipótesis plantea lo siguiente: “Después de mil batallas, los competidores pierden fuerza y quedan al borde de la quiebra. La Constancia ofrece un 25% de sus acciones a la empresa Polar para terminar la competencia de un solo tajo”.57 Otra explicación indica que la nueva empresa de cerveza no pudo competir con su rival porque ésta gozaba de la protección del Estado, ya que obtenía los beneficios establecidos por la Constitución política de 1886, que permitía otorgar monopolios temporales a quienes perfeccionaran una industria.58 Por un lado, la primera hipótesis concluye que el monopolio del cual llegó a gozar fue posible, porque la empresa competidora tuvo costos comparativamente altos y, por lo tanto, no fue capaz de competir por mucho tiempo. Por otro lado, la segunda hipótesis plantearía más bien que desde el Estado se protegía a la empresa, y era esa protección la que le permitía mantener cautivo al mercado. A pesar que esta empresa gozaba de la protección legal del Estado, algunas críticas se hicieron sentir. La Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) criticó fuertemente los favores que la misma recibía del Estado. Opinión Estudiantil argumentó que la familia Meza Ayau no tenía el menor derecho para oponerse a que se le concediera a la competencia condiciones iguales a las que ellos disfrutaban. Los estudiantes rechazaban que Meza Ayau fuera perfeccionador de la industria cervecera. El editorialista del periódico estudiantil se preguntaba lo siguiente: ¿Pero es que en realidad estos señores han perfeccionado de algún modo los aparatos y procedimientos que se emplean en la fabricación de este producto? Exponer dinero, emplear energía en la acción y mantener tenacidad en los propósitos no es perfeccionar nada. Sin duda alguna los Sres. R. Meza Ayau y cía. elaboran una cerveza mejor que la fabricada en el país por los años 1890 y 1892, pero esto no puede servirles como título para monopolizar la industria, puesto que la Constitución permite que se otorguen monopolios temporales a quienes perfeccionan una industria, no a quienes simplemente la mejoran.59

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Pero la oposición estudiantil a que se eliminaran las barreras a la libre competencia no fue suficiente para que la Asamblea Legislativa eliminara el privilegio del monopolio que tenía la empresa. Según Juan Mario Castellanos, al quedar bloqueadas en 1939 las importaciones de materias primas provenientes de Europa, la empresa sufrió una severa crisis de producción; sin embargo, logró con rapidez obtener los insumos requeridos en los Estados Unidos, y de esa manera, manteniendo y mejorando la calidad, levantó nuevamente sus niveles de producción. Los años de estancamiento económico que vivió El Salvador durante la Segunda Guerra Mundial sentaron las bases que le permitieron convertirse, en los años inmediatos de la posguerra, en el mayor consorcio monopólico de carácter industrial en el país.60 En 1957, nuevamente salió a la luz el rechazo al control monopólico que La Constancia mantenía sobre la industria de la cerveza. Esta vez, Opinión Estudiantil se refería al tema en los siguientes términos: Operando en el país desde 1906 ha ido poco a poco, merced al favor oficial desplazando a sus competidores en la elaboración y venta de la cerveza… La historia de La Constancia, S. A. está aún inédita. Los empresarios enmillonecidos no han tenido escrúpulos en la escogitación de los medios: las granjerías que han tirado a presidentes y funcionarios les han permitido pasar investidos de una inmunidad que no tiene paralelo en la historia del país… ellos representan un poder económico tan vasto, al que ha habido necesidad en algunos casos de tomar en cuenta para gobernar… Este monopolio debe ser extirpado antes de que cause males mayores… sobre todo porque este monopolio tiene que ver con la inmoralidad pública, el vicio y demás factores criminógenos que el nuevo presidente enfáticamente quiere erradicar.61

La AGEUS hacía énfasis en que los dos periódicos de mayor circulación, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, eran cómplices de las prácticas monopólicas en la producción de cervezas. Según Opinión Estudiantil, la Sociedad de Comerciantes en pequeño había elaborado un manifiesto en el cual comentaba las medidas tomadas por el Gobierno en cuanto al cierre del expendio de bebidas embriagantes los días sábado y domingo. En el manifiesto se objetaba la medida por considerar que mientras se cerraban los expendios se permitía la libre venta de cervezas durante los fines de semana. Sin embargo, al intentar publicar su manifiesto en campos pagados, ambos órganos de prensa lo rechazaron. Para la AGEUS era claro que ambos periódicos se negaron a hacer la publicación solicitada por temor a perder los varios miles de colones que por concepto de propaganda pagaba a ellos la empresa cervecera.62

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Cuadro 9 Producción de cerveza (1939-1948)

Año

Litros

Año

Litros

1939 1940 1941 1942 1943

1 926 000 892 000 1 081 000 1 382 000 1 595 000

1944 1945 1946 1947 1948

2 194 000 2 364 000 3 211 000 3 827 000 4 062 612

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos de Choussy, Economía agrícola, p. 258.

7.2.2. El monopolio del cemento Los intentos por producir cemento en El Salvador se iniciaron entre 1925 y 1927, siendo pionero Manuel Ignacio Valiente; sin embargo, debido a falta de recursos económicos para invertir, el proyecto fracasó. En 1936, don Federico Oliva hizo gestiones para el establecimiento de una gran fábrica de cemento en el país. Según cálculos hechos por expertos, la fábrica de Metapán arrojaría una producción de 60 toneladas diarias de cemento que darían abasto no solo para las necesidades de la República, sino para la exportación a los países de Centroamérica. El señor Oliva presentó una solicitud, en el sentido que el Gobierno le hiciera algunas concesiones para facilitar el establecimiento de la fábrica, como no pagar impuestos por el cemento que se produjera para consumo interior, solo el cemento para los fines de exportación pagaría el equivalente que pesaba sobre el que se importaba del extranjero. Además, Oliva solicitó que se eximiera a la fábrica de impuestos aduanales por el cemento destinado a la exportación.63 La República veía con buenos ojos la iniciativa de Oliva. No se puede negar que la fábrica establecida en los términos ya propuestos restaría una regular entrada a la renta de aduanas, pero por otra parte nos liberaría de la dependencia comercial. Ya El Salvador no tendría necesidad de importar cemento, y por consiguiente el dinero que hoy se nos va, quedaría en el país. En otro aspecto, el producto experimentaría una rebaja considerable de precio. El cemento sería un material accesible aun a los recursos más modestos. Las edificaciones aumentarían y mejorarían en beneficio de todas las poblaciones de la república.64

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Oliva no logró reunir el capital necesario por falta de confianza de aquellas personas en hacer inversiones para la producción industrial. Fue en 1949, después de hacer investigaciones en la zona de Acajutla, que se creó la primera compañía elaboradora de cemento Portland en El Salvador denominada Cemento de El Salvador, Sociedad Anónima. El capital de la empresa fue de dos millones quinientos mil colones exactos, divididos en acciones de diez colones cada una.65 La producción de cemento se constituyó en un monopolio privado de carácter natural que estuvo basado en la cantidad de capital requerido para la inversión. Al ser el capital tan alto, no era posible que cualquier inversionista pudiera reunir las cantidades que se necesitaban para montar la fábrica, a pesar que mediante el decreto número 188 de la administración del coronel Óscar Osorio se estableció que toda empresa que tuviera por finalidad la fabricación de cemento y que se estableciera en el país antes de enero de 1965 gozaría de prerrogativas y derechos sobre maquinaria y materiales de construcción, y no se gravaría con impuestos de exportación el cemento elaborado en la fábrica. El Estado se comprometía a no conceder prerrogativas especiales a nuevas empresas productoras de cemento, ni a que las colocaría en condiciones de superioridad sobre las existentes. Por su parte, la empresa se comprometía a producir cemento de buena calidad como el mejor de los importadores y vender cemento al Estado para sus necesidades con el 20% de rebaja.66 Cuadro 10 Cuadro estadístico sobre importaciones de cemento (1932-1951)

Años

1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940

Kilogramos Bolsas de Porcentajes Importaciones brutos 42 ½ kilos 1939-100 EE. UU. % netos 5 567 691 130 544 42 2.7 6 127 892 143 679 46 3.2 10 774 058 252 616 82 0.5 12 619 280 295 880 96 0.4 12 183 203 285 655 92 1.2 18 577 768 435 587 141 0.7 9 227 061 216 344 70 6 13 162 155 308 609 100 5,8 12 615 105 295 782 96 24.8

296

1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

14 581 780 5 721 394 13 939 495 13 724 966 13 772 714 17 406 537 25 288 709 28 590 309 29 935 722 30 236 292 33 607 774

341 894 134 148 326 835 321 805 322 924 408 125 592 936 670 347 701 893 708 940 787 990

111 43 106 104 105 132 192 217 227 230 255

80.8 38.5 88.4 97.9 98.8 99.1 82 40.3 16.6 ---

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos tomados de Salvador Melara González, “La industria del cemento en El Salvador”, en Economía salvadoreña, pp. 80-85.

7.3. Apertura a la competencia: entre el discurso y la práctica 7.3.1 Los teatros nacionales y la desmonopolización de la gasolina Mientras algunas actividades económicas eran monopolizadas o protegidas por el Estado, otras buscaban transferirse a manos privadas y abrirse a la competencia; ese era el caso de los teatros. Los teatros de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Sonsonate habían sido fundados como teatros nacionales; sin embargo, el gobierno de Hernández Martínez buscaba transferirlos a manos privadas mediante arrendamiento. La idea de arrendar los teatros provocó un intenso debate entre diferentes sectores, los que se oponían a que los teatros fueran arrendados a empresarios privados consideraban que al hacerlo se desvirtuaba el fin para el que fueron establecidos. Es decir, el Gobierno los había creado para cultivar el espíritu artístico de las masas. Al arrendarlos, el fisco obtendría pocos ingresos, mientras los empresarios sacarían todo el provecho económico. El Gobierno defendía la idea de arrendarlos, ya que hasta el momento la sociedad no había recibido ningún provecho y estos estaban deteriorándose por no tener la atención adecuada.67 Se buscaba, además, que el erario público no se viera obligado a hacer erogaciones que no estaban en su capacidad, más bien se pretendía recibir algunas contribuciones que serían destinadas a favor del Hospital Rosales. Por otro lado, el Gobierno se reservaba el derecho de vigilar la calidad de los espectáculos.68 El diario La Nación, de San Miguel, opinaba que era necesario abrir la concesión de los teatros, ya que por

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largos años habían estado monopolizados. La competencia, decía el periódico, provocaría un anhelo de mejoramiento y se abaratarían las temporadas teatrales, algo que estando monopolizado no se lograría.69 La República señalaba que había oposición al arrendamiento de los teatros a diversas compañías porque esto afectaba el monopolio del que había hecho uso la Compañía Nacional de Espectáculos en manos de personas poderosas, ligadas fuertemente, con influencia, a través de la complicada red de sus anuncios, sobre todos los órganos de publicidad, y con fortísimos capitales comprometidos en su explotación.70 A pesar de la oposición al arrendamiento, varios empresarios privados presentaron propuestas para obtener el derecho de operarlos;71 sin embargo, ninguna de las propuestas satisfizo las expectativas del Gobierno, por lo cual en lugar de trasladar los teatros a manos particulares decidió ponerlos en manos de la Junta Central de Beneficiencia.72 En 1938 se celebraba con gran optimismo el primer lustro del circuito de los teatros nacionales y La República afirmaba: La creación del circuito de teatros nacionales es uno de los más legítimos triunfos del actual gobierno, pues sin que se erogara un solo centavo de los dineros públicos se levantó la empresa, adquirió equipos y maquinaria moderna, consiguió créditos ilimitados, mejoró edificios, compró mobiliarios para los distintos salones que ha abierto en las principales ciudades de la República y, algo más todavía, abarató los espectáculos de cinematografía a fin que todo el mundo pudiera disfrutar de diversiones sanas y de primera calidad.73

Se hacía énfasis en el auge que había adquirido la empresa. Según La República: Diez y seis son ya los teatros que el circuito mantiene abiertos en todo el país al servicio del público; su capital sobrepasa a trescientos once mil colones en solo cinco años de trabajo constante, ordenado, tenaz, y es de entera justicia insistir en que para la iniciación de sus operaciones y para extender y ramificar sus actividades a todo el país y aún más allá de las fronteras patrias, no ha necesitado en ningún momento afectar para nada los fondos del Estado”. En lo que respecta al orden cultural, los resultados son aún mayores, pues los teatros nacionales han venido a mejorar el nivel cultural del pueblo, a acostumbrar a las masas populares a espectáculos sanos y artísticos, a música selecta, a bailes de primera categoría.74

298

En los años cincuenta, nuevamente se consideró que para dinamizar los espectáculos públicos era necesario facilitar el establecimiento de teatros y salas de cine, interesando en tal negocio a la iniciativa privada y haciendo desaparecer el temor a una posible competencia desigual por parte de empresas oficiales de espectáculos públicos. Ese temor había constituido una de las causas determinantes del estancamiento en el que se encontraban los servicios particulares de espectáculos públicos. Para llevar a la práctica tales propósitos se consideraba conveniente dar facilidades para la construcción y establecimiento de teatros y salas de cine y garantizar un régimen de competencia libre entre el servicio oficial de espectáculos y las empresas particulares que se dedicaban a tal actividad.75 La apertura a la competencia no siempre se tradujo en mejores precios para los consumidores; ése fue el caso de la abolición del monopolio a la gasolina. En 1935, el Gobierno decidió abolir el monopolio que ejercía sobre la gasolina; sin embargo, el aumento del precio provocó descontento en la población, ya que se suponía que la libre competencia tendría como resultado la disminución en los precios. El Diario Nuevo informaba: …A este respecto, y deseosos de encontrar la causa de esta alteración, hemos consultado la opinión de varias personas entendidas en la materia, y se nos ha manifestado que no hay ningún motivo ni razón que justifique la violenta carestía de la gasolina… Por otra parte, era natural esperar que al desaparecer el monopolio que existía antes de que entrara en vigor el decreto relativo a la gasolina, el precio de ella bajara como efecto inmediato de la competencia.76

En otro editorial manifestaba: …Sin embargo, el precio de la gasolina, en vez de bajar, ha subido exageradamente. Casi coincidiendo con la fecha de vigencia del Decreto, de 95 centavos que valía el galón del precioso líquido pasó a valer un colón diez centavos automáticamente. Desde entonces para acá, el precio ha venido fluctuando, de un día para otro, entre C. 1.05 y C. 1.10, manteniendo al público en incesante molestia e inquietud, pues, a juzgar por las noticias que circulan, el precio indicado puede subir de un momento a otro.77

Constantemente los periódicos informaban de alzas incontroladas. Así se refería el Diario Nuevo en 1937:

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Hasta la fecha no sabemos que los poderes públicos hayan tomado alguna determinación respecto al inesperado e injustificable precio a que ha llegado la gasolina. La decisión de los expendedores sin que las autoridades intervengan de una manera efectiva mantiene la intranquilidad en el público que con demasiada razón espera que de un momento a otro el precio tenga otras alzas sucesivas… Lo que nos extraña, no solo a nosotros sino a todo el público, es que ahora se haya dejado de intervenir abusos en lo sucesivo, dejando a los consumidores a merced de los antojos de los expendedores.78

En realidad, existía la creencia que con la simple apertura a la competencia el precio de los productos tendería a la baja, por lo cual no se veía la necesidad de crear una instancia que vigilara a los ofertantes o que defendiera a los consumidores.

7.3.2. Leyes antimonopólicas con fines políticos y xenofóbicos Las leyes antimonopólicas no siempre tenían como propósito estimular competencia, también podían ser utilizadas con fines políticos y xenofóbicos. Éste fue el objetivo de las medidas implementadas durante el gobierno de Hernández Martínez, en contra de las actividades económicas a las cuales se dedicaban las familias de origen palestino. Las actividades económicas a las cuales se dedicaban, el comercio y la industria, eran vistas con recelo por parte de otros grupos empresariales, que acusaban a los árabes de monopolizar las actividades comerciales y beneficiarse de la usura. En 1936 se limitó el comercio que realizaban los extranjeros de origen asiático debido a que, según el Gobierno, el incremento de éste había causado graves perjuicios a los intereses nacionales que se dedicaban a esas mismas actividades. La República expresaba al respecto: Comentarios muy favorables se están haciendo en todos los rumbos del país, con motivo del decreto nacionalista que recientemente emitiera la honorable Asamblea Nacional y por medio del cual se limita en forma necesaria la corriente de absorción que los árabes, palestinos, turcos, chinos, libaneses, etc., venían enderezando contra el comercio, las industrias, la agricultura y otras actividades.79

El decreto legislativo prohibía el establecimiento de almacenes, tiendas, pulperías, talleres, fábricas e industrias agrícolas que fueran de propiedad o regentadas por personas que pertenecieran a las razas árabe, palestina, turca, china, libanesa, siria, egipcia, persa, hindú y armenia. Además, prohibía abrir sucursales o agencias de los almacenes, tiendas, pulperías, talleres y fábricas ya establecidas y que

300

fueran propiedad de las mismas personas. La infracción a la ley sería penada por el gobernador departamental con la clausura inmediata del establecimiento y una multa de 200 colones a favor de los fondos de los respectivos municipios.80 Durante la década de los cuarenta, el discurso xenofóbico se enfocó contra la población de origen árabe,81 quienes eran vistos como una fuerza económica que había desplazado al comerciante nacional de las ganancias con las que sustentaba a su familia. Opinión Estudiantil afirmaba lo siguiente:

No hay un pueblo de la República por pequeño que sea donde no esté instalada una regular cantidad de estos individuos mercachifles que por otra parte no aportan nada a nuestra patria. Ningún contingente espiritual que nos impulse hacia el progreso. Con su sistema de vender puramente especulativo y con características de estafa, engañan a nuestro pueblo al expenderles las mercaderías, y, ya han llegado a amasar grandes fortunas implantando fábricas fuertes en las cuales tratan de una manera inicua a nuestros trabajadores nacionales. No hay razón para que el Estado se cruce de brazos ante estos individuos absorbentes que vienen a nuestra tierra a quitar el pan a los genuinos hijos de nuestra patria. El ‘turco’ no es un intelectual ni un hombre que contribuye al progreso de nuestro país, sino un mercader que ha venido a enriquecerse a costa de nuestro atrasado estado social y con la complicidad de gobiernos antipatrióticos que solo han tratado de garantizar su permanencia en el poder.82

La Constitución Política de 1939 reforzó la xenofobia contra los comerciantes asiáticos, ya que el artículo 55 establecía lo siguiente: El ejercicio del comercio y de la industria es libre, pero el Estado podrá estancar por medio de la ley, en provecho de la nación, para administrarlos por el poder ejecutivo, el salitre, los explosivos, las armas y cartuchos; el alcohol y bebidas alcohólicas, el tabaco elaborado, los fósforos y toda clase de carburantes; así como deberá fomentar el ejercicio del pequeño comercio y de las pequeñas industrias a favor de los salvadoreños….83

301

7.4. Industrialización y mercado integrado 7.4.1. Un mercado sin mucha competencia en los albores de la industrialización En los inicios de la segunda mitad del siglo XX, importantes cambios sucedieron en la economía y la política salvadoreña. El 14 de noviembre de 1948, los militares jóvenes, aliados a sectores civiles, tomaron el poder e iniciaron una serie de cambios en las estructuras económicas y políticas del país, iniciando así un proceso de modernización plasmado en la Constitución política de 1950. La bonanza económica que vivió El Salvador en los años cincuenta fue notable, los ingresos de la exportación del café subieron de poco más de 46 millones de colones en 1945 a 154 millones en 1950 y a más de 228 millones en 1955. De cada cien colones que ingresaron por exportaciones entre 1946 y 1955, 87.50 provinieron del café. El algodón también tuvo un extraordinario auge. El valor de las exportaciones de algodón se incrementó 10 veces durante 1945 y 1950. Entre el período de 1942 y 1950, el algodón apenas contribuía con 1.50 de cada 100 colones vendidos en el exterior; para 1956 y 1960, la cifra habría de subir a 45.10 colones.84 La coyuntura económica que vivía el país era favorable para la modernización, sobre todo a través de la industrialización. Sin embargo, había un problema que no favorecía la inversión industrial: la estrechez del mercado de consumidores, en tanto el 8% de la población recibía el 51% del ingreso nacional y destinaba sus ingresos al consumo de bienes producidos en el extranjero. A los grandes agricultores, a quienes se exigiría una mayor contribución al ingreso fiscal por vía de nuevos impuestos, se les procuró ayudar dándoles financiamiento destinado a mejorar su productividad. También se les trató de convencer para que invirtieran sus considerables ingresos en las nuevas actividades industriales que se estaban organizando. El Estado incrementó la construcción de infraestructura, por ejemplo, la construcción de carreteras, puentes, presas hidroeléctricas. La industrialización fue promovida por medio de distintas leyes: la Ley de Creación de la Dirección General de Comercio, Industria y Minería (1950), las Leyes de Impuesto a la Renta y Vialidad (1951-1953), la Ley de Fomento de la Industria de Transformación (1953), la Ley de Industria Hotelera (1953), la Ley de Fomento de Teatros y Cines (1954), la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Fomento de la Producción (1955).85

302

Sin embargo, la inversión privada no fluía en cantidades suficientes, por lo tanto muchas de las empresas industriales que se fundaron en ese período fueron monopolios, puesto que no enfrentaron ninguna competencia significativa. Desde 1952, se produjo un proceso de acumulación de capital en la industria. En ese año inició, según Dada Hirezi, la instalación de 256 telares mecánicos que terminará en 1953; al mismo tiempo comenzó la inversión en dos fábricas de calzado, que en 1953 fueron capaces de producir 2000 pares diarios y que compitieron con una artesanía y una producción de manufactura simple que hasta entonces monopolizaba el sector. En 1953 inició la producción de cemento en una fábrica que ocupa alrededor de 200 personas y tiene una capacidad de 49.500 t/año.86 Cuadro 11 Número de empresas divididas entre pequeña y gran empresa en 1956

Rama de actividad

Total pequeña empresa

Total gran empresa

4437

3. Bebidas

4. Tabaco

5. Textiles

426

6. Calzado y ropa

3351

7. Productos minerales

285

8. Productos químicos

9. Industria mecánica

251

1. Beneficiado de algodón 2. Alimentos

Fuente: elaborado para esta investigación con datos presentados por Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana 19451960.

303

Cuadro 12 Empresas que gozaron de monopolio natural y surgimiento de competencia (1906-1963) Actividad económica: productos de cemento

Nombre de la empresa

Año de fundación

Producto

CESSA

1949

Cemento

Productos Atlas

1958

Postes de concreto

Actividad económica: alimentos

Nombre de la empresa

Año de fundación

Producto

Conos y pajillas

1950

Conos para helados y pajilas

Dulces Albanés

1920

Dulces y conservas

Hándal y Sobrinos

1913

Sal común y yodada

La Fabril de Aceites

1947

Aceites vegetales

López Magaña

1945

Chicles y dulces

PLANTOSA

1952

Café, frijol, purificada

Productos Diana

1951

Golosinas

Robertoni

1953

Consomés, cucharas

Summa Industrial

1943

Aceites, jabón

Zepeda y González

1954

Pan francés y dulce

304

grasas

agua

bolsas, margarinas,

Actividad económica: bebidas

Nombre de la empresa

Año de fundación

Producto

La Constancia

1906

Bebidas gaseosas cervezas

La Cascada

1947

Bebidas gaseosas

Actividad económica: hilados y tejidos

Nombre de la empresa

Año de fundación

Textiles San Andrés

1942

Toallas y batas

Martínez y Saprissa

1945

Lonas, toldos, hilos, telas

IUSA

1955

Hilos, telas

1963

Telas, hilos, algodón

Rayones Salvador

Producto

Actividad económica: confección

Nombre de la

Año de fundación

Producto

empresa El Atleta S.A de C.V

1946

Camisetas

Industrias Topaz

1956

Camisas, pantalones

305

cinchos,

Actividad económica: calzado y accesorios de cuero

Nombre de la empresa

Año de fundación

Producto

1953

Calzado para damas, niños y caballeros

ADOC

Actividad económica: plástico y fibra de vidrio

Nombre de la empresa

Año de fundación

Producto

IPSA

1958

Artículos de plásticos

Mónico y compañía

1959

Artículos de plásticos

Actividad económica: químico farmacéutico

Nombre de la empresa Laboratorios droguerías Laínez

Año de fundación

y 1942

Producto Farmacéuticos medicinas

Laboratorios Fresón

1948

Medicamentos diversos

Laboratorios López

1949

Medicamentos diversos

IQSA

1952

Jarabes, pastillas

BAYER

1955

Aromatizantes, insecticidas

Falmar S.A de C.V

1959

Productos farmacéuticos

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Actividad económica: productos metálicos

Nombre de la empresa

Año de fundación

Producto

Muebles metálicos Prados

1952

Cocinas, mobiliarios, muebles

Rosales Amplifoto S.A de C.V

1953

Fotografías, cámaras, revelados

H. Barón

1953

Moldes de inyección, maquinaria

Socaire S.A de C.V

1957

Puertas, ventanas, vitrinas,

Actividad económica: electricidad y gas

Nombre de la empresa CAESS S.A de C.V CEL

Tropigás de El Salvador

Año de fundación 1890 1948 1954

Distribuidora eléctrica de Usulután

1957

Producto Energía eléctrica Energía eléctrica Gas licuado de petróleo Energía eléctrica

Actividad económica: transporte aéreo

Nombre de la empresa TACA

Año de fundación 1931

Producto Cargas aéreas, terrestres, línea aérea

Fuente: elaborado para esta investigación a partir de datos presentados por la Asociación Salvadoreña de Industriales: http://www.asi.com.sv/.

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En el cuadro anterior resulta significativo notar el año de fundación de las empresas mencionadas para comprender durante cuánto tiempo cada empresa gozó de monopolio, como puede verse en el caso de la producción de cervezas y bebidas gaseosas o de la producción de cemento. En otros casos, a pesar que la cantidad de empresas dedicadas a cierta actividad económica podía ser relativamente numerosa, unas cuantas grandes empresas controlaban la mayor parte del mercado y un número grande de pequeñas empresas se distribuían un mercado pequeño (tal es el caso del calzado y la ropa). En otras actividades, el mercado estaba segmentado, como sucedía con las distribuidoras de electricidad.

7.4.2. El debate entre el libre mercado y los monopolios planificados en la integración centroamericana En el marco del proceso de integración centroamericana que se impulsó a principios de los años cincuenta, se suscitó un interesante debate entre los defensores del libre mercado y los que proponían la creación de monopolios planificados. A inicios de la segunda mitad del siglo XX, el intercambio comercial era desfavorable para los países del istmo porque tenían que exportar más para importar lo mismo. La demanda por los productos de exportación centroamericanos en los países desarrollados no aumentaba significativamente a largo plazo, impidiendo así las posibilidades de expansión económica basadas en la exportación de productos agrícolas. Ante esa realidad, se pensó que Centroamérica tenía que industrializarse para no seguir dependiendo de las manufacturas que se importaban del exterior, pero había un problema básico: el tamaño de los mercados era muy pequeño. Entonces se propuso que al unir la economía de los cinco países se tendría un mercado lo suficientemente extenso como para instalar grandes empresas industriales, sustituyendo así la importación de productos industriales de los países desarrollados con los mismos productos hechos en Centroamérica.87 Así, en un inicio se firmaron una serie de tratados bilaterales (1950-1956) entre diferentes Repúblicas del área. Todos los países firmaron por lo menos uno de estos tratados, que se ocupaban del libre comercio en una gama ilimitada de productos, aunque El Salvador fue el que se involucró más fuertemente. Durante los años de los tratados bilaterales de comercio, aumentaron las importaciones intrarregionales desde US$8.6 millones a US$13.7 millones (3% de todas las importaciones); aunque Honduras representó el 65% del aumento, el cual correspondió casi completamente al comercio adicional con El Salvador. 88

308

El proyecto de integración centroamericana estuvo influenciado por un interesante debate. Por un lado, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) fomentó la unidad por medio de un enfoque totalmente novedoso, que tomó como punto de partida la tesis de Prebisch, la cual se relacionaba con las definiciones de un modelo impulsado por las exportaciones –basado en productos primarios– y la necesidad de políticas orientadas hacia adentro –basadas en la industrialización sustitución de importaciones (ISI)–. No obstante, la CEPAL estaba clara que en Centroamérica las limitaciones del mercado nacional pondrían un freno eficaz a la ISI mucho antes que se sustituyera el modelo tradicional de crecimiento impulsado por las importaciones. De este modo, la industrialización en general y la ISI en particular tenían que fomentarse dentro de un contexto regional. En vista del nivel de industrialización de Centroamérica en los años cincuenta, la CEPAL consideró una política de industrialización esencialmente en el fomento de nuevas actividades que los Estados miembros podrían compartir de manera equitativa. En ciertos casos, el tamaño ilimitado del mercado regional podría no ser suficiente para que existiese más de una empresa de tamaño óptimo, y la CEPAL respondió a este problema promoviendo el concepto de una industria de integración, a la cual se le garantizaría la condición de monopolio sujeta a diversos controles estatales. Víctor Bulmer-Thomas describe el enfoque de la CEPAL como integración limitada con reciprocidad.89 Por otro lado, la propuesta de Estados Unidos de América se distanciaba de la visión de la CEPAL, ya que proponía el libre comercio intrarregional como norma, en la cual cualquier excepción se debía enumerar específicamente, y por implicación, la eliminación de la condición de monopolio para las industrias designadas de integración.90 De acuerdo con Héctor Dada Hirezi, la burguesía salvadoreña rechazaba la propuesta de la CEPAL por su marcado intervencionismo y la limitación al libre cambio irrestricto.91 En 1958 se firmó el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración entre las Repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, lo que liberó a una lista de productos seleccionados de las barreras arancelarias existentes en la región. Además, se acordó un programa para establecer, en un plazo de 10 años, la zona de libre comercio. El tratado multilateral de libre comercio e integración económica centroamericana propició el creciente interés por el establecimiento de industrias en los distintos países integrantes del istmo, pues como consecuencia de este tratado se otorgó el libre comercio a 239 rubros arancelarios.92 Antes de este tratado de integración, el único precedente que

309

se conoce es el relativo a los Tratados de Roma, que dieron paso a la Constitución de la Comunidad Europea.93 El tratado multilateral entró en vigencia el 2 de junio de 1959 después de las ratificaciones legislativas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua; pero aun antes, la lucha por transformar la integración centroamericana en un proceso más libre-cambista se había desatado, encabezada por la burguesía salvadoreña y el Gobierno de Estados Unidos. Si algunas empresas se sintieron favorecidas por el régimen de industrias de integración que les daba una situación de monopolio, este mismo hecho iba en contra de la política económica norteamericana que rechazaba todo tipo de planificación; el tipo de integración que se buscaba era un mercado protegido del exterior, pero al interior del cual existía libre competencia, en la que las empresas de Estados Unidos podrían participar.94

7.5. Conclusión Formalmente, el Estado salvadoreño protegía a la libre empresa, al tiempo que se otorgaba la potestad de monopolizar ciertas actividades económicas. A medida que el Estado interventor se fue consolidando, los monopolios a favor de éste aumentaron; sin embargo, no solamente aumentaron los monopolios estatales: el Estado también protegió varios monopolios privados, mientras la competencia, más que una práctica real, se constituyó en un discurso político que no se tradujo en leyes secundarias que estimularan la competencia. A partir del fin de la economía del laisse-faire, el surgimiento de los grupos de presión se hizo más notorio. Paulatinamente, el Estado quedó atrapado por las demandas proteccionistas que exigían grupos como los cafetaleros, azucareros y ganaderos. El proteccionismo a ciertos sectores estuvo acompañado por medidas que pueden ser consideradas de carácter monopólico, como por ejemplo la emisión de moneda. Pero eso no es todo, ante la falta de inversión del sector privado, el Estado asumió la monopolización de la generación de energía eléctrica y del sistema postal, y mantuvo estancado el aguardiente. La intervención estatal no se redujo al sector público. El Estado protegió algunos monopolios privados: el caso de la empresa cervecera y cementera son quizá los ejemplos más claros de cómo, desde la protección del Estado, el capital privado gozaba de un mercado cautivo. Sin embargo, hay que hacer notar que los niveles de inversión que se requerían para ciertas actividades económicas eran tan altos, que muchas empresas gozaban del privilegio de ser las únicas existentes, por lo cual no enfrentaban competencia.

310

Al final de este período, surge un interesante debate entre aquellos que defendían el libre mercado y los que proponían la creación de monopolios planificados, en el contexto del proceso de la integración centroamericana. La visión capitalina consideraba que la integración era posible siempre y cuando se impulsaran empresas integradas que gozaran de monopolio, lo cual evitaría una competencia que provocaría desbalance en el intercambio comercial regional y no contribuiría a la integración. Sin embargo, los que estaban a favor del libre cambio estaban menos interesados por la integración, que por aumentar el mercado para sus productos.

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7.6. NOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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La competencia en El Salvador. Historia Constitucional. Documento interno elaborado por la Superintendecia de Competencia. Ibíd. Ibíd. Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, p. 336. Ibíd. Diego Guerrero, La cuestión del monopolio en la tradición marxista y en Paul Marlor Sweezy (1910-2004), en www. diegoguerrero.html. Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 73. Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo en El Salvador, p. 131. Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 211. Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 63. Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 63. Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 73. Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 119. Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 214. La comisión estaba formada por el Ministro de Hacienda, Industria y Comercio, el subsecretario de agricultura, dos miembros del Consejo Administrativo de la Compañía Salvadoreña de productores de azúcar y un miembro que representaba a los miembros no asociados. Ver “Defensa de la Industria del Azúcar”, La República, 17 de diciembre de 1932, p. 2. “Últimas resoluciones en el asunto azucarero”, La República, 19 de enero de 1933, p. 4. “Interesante Informe del director de Contribuciones”, en La República, 21 de abril de 1933, p. 2. La comisión argumentaba que la protección de la industria de los dulces y las confituras detendría la salida de oro que causaban las importaciones de dulces y se daría mayor consumo del azúcar. “Ya hay contrabando en el azúcar”, La República, 17 de abril de 1933, p. 4. Salomón Antonio Ángel, “Estudio histórico-económico sobre la industria azucarera en El Salvador”, en Economía salvadoreña 1952-1954, p. 182. José Antonio Escalante, Industria azucarera en El Salvador, p. 35. Ibíd., p. 188. Desde 1889, Jorge Meléndez, quien había estudiado los métodos modernos de fabricación de azúcar en California y las islas Hawai, introdujo en El Salvador el procedimiento de sulfitación para obtener azúcar blanca. “Junta Departamental de Ganaderos”, en La República, 3 de enero de 1933, p. 3.

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Óscar Quinteros Orellana, “Causas y efectos de la ley moratoria”, en Economía salvadoreña 1960. Ministerio de Economía, “Memoria anual de la inspección de bancos y sociedades mercantiles”, pp. 7-9. La emisión de cédulas hipotecarias que éste podía emitir no excedería de conformidad con la ley del importe total de los préstamos que hubiese efectuado con garantía hipotecaria y plazo mayor de tres años, teniendo para ello en cuenta las limitaciones que correspondían a los respectivos vencimientos, que eran de veinte veces el capital pagado, fondo de garantía y fondo de reserva, mientras esa suma no excediera 2 000 000 de colones, de ocho veces para 8 000 000 siguientes, y de cuatro veces para el resto. Ver “Buenos resultados de la reforma bancaria en el país”, en La República, 6 de abril de 1936, p. 4. Hay que hacer notar que ese mismo año en otros países como México se hacía efectiva la primera legislación en materia de competencia, aunque desde 1917 la Constitución Política prohibía los monopolios.Ver www.sba.gov/patentes./espanol/anuncios_comerciales/patentes.html. Con el fin de que el Banco Central de Reserva se organizara cuanto antes, se nombró con fecha un comité organizador constituido por el ministro de Hacienda, Luis Alfaro Durán, y por Agustín Alfaro Morán, W.W Renwick y Héctor Herrera, quienes eran asesorados por el experto inglés F.F.J Powel. La República, 20 de febrero de 1935, p. 4. Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 216. Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 216. Óscar Quinteros Orellana, “Causas y efectos de la Ley Moratoria de 1932”, en Economía salvadoreña enero-diciembre 1960, núm. 21-22, Universidad de El Salvador. Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador, 1919-1935, p. 217. Secretaría de Información de la Presidencia de la República, El Salvador 1969, p. 232. “El Banco Hipotecario, la visión de nuestros gobernantes”, en Opinión Estudiantil, 20 de abril de 1929, p. 3. “La Ley de Electrificación Nacional”, en La República, 10 de enero de 1936, p. 907. Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 218. “Mejoras en el ramo de comunicaciones”, en La República, 7 de noviembre de 1938, p. 1. Ibíd. Ibíd. Superintendencia de Competencia, La competencia en El Salvador, historia constitucional. Henry Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, p. 321. Henry Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, p. 119. Antes de la ley, el patentado pagaba un impuesto de 2.06 de colón por litro de aguardiente que estaba obligado a comprar, mientras que por el aguardiente libre pagaba 1.06 colones por litro. La reforma impulsada por el fisco aumentaba la cantidad de aguardiente que el patentado debía comprar; pero al mismo tiempo se establecía un impuesto de 1.56 de colón por cada litro. Ver “Miras del impuesto sobre el aguardiente”, en La República, 23 de diciembre de 1932, p. 3. “Ya están de acuerdo los señores patentados”, La República, 8 de febrero de 1933, p. 3. “La lucha del gobierno contra el contrabando”, La República, 29 de noviembre de 1932. p. 2. “Fábrica de aguardiente clandestina fue decomisada en San Jacinto hace pocos días”, Diario Nuevo, 1935. p. 2. “Fábrica de aguardiente clandestina funcionaba en el mesón el paraíso”, Diario Nuevo, 1936, p. 3. “Una gran fábrica de aguardiente se decomisó en un barrio capitalino”, Diario Nuevo, 16 de noviembre de 1937. p. 1. El instituto cubría prácticamente todo el país a través de sus 28 agencias: San Martín, San Salvador, Villa Delgado, Santa Ana, Chalchuapa, Metapán, Santa Tecla, Opico, Usulután, Santiago de María, Ahuachapán, Atiquizaya, Sensuntepeque, Ilobasco, Cojutepeque, Suchitoto,

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La Unión, Santa Rosa de Lima, San Miguel, Jocoaitique, Sesori, San Vicente, Zacatecoluca, Sonsonate, Izalco, Chalatenango, Tejuela, San Francisco Gotera. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Recopilación de leyes 1950-1955, pp. 47-53. Julio Mauricio Domínguez, “Consideraciones a una política de estabilización de precios”, en Economía salvadoreña, p. 199. Ibíd., pp. 197-198. “Nadie quiere la intervención del Estado ni el comercio ni en la agricultura”, El Diario de Hoy, 19 de julio de 1955, p. 7. “El IRA podrá garantizar al pueblo”, El Diario de Hoy, 13 de julio de 1955, p. 7. http: “Historia de la abeja y La Constancia”, en: www.laprensagrafica.com/eleconomista/393708. Antes de 1939, el impuesto sobre la cerveza ascendía a 18 centavos por litro. Originalmente era de 12 centavos, de los cuales se destinaban 10 centavos para el Fondo de Mejoramiento Social y 2 centavos para los hospitales departamentales; pero en 1939 se le agregó un impuesto de timbre de 6 centavos por litro. En 1946, ambos impuestos se recaudaban por medio de timbres adheridos a cada botella. Sin embargo, las estadísticas los muestran todavía como dos impuestos distintos. Ver Henry C. Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, p. 315. “Las pretensiones de R. Meza Ayau y compañía en el asunto cervecero”, Diario Latino, 14 de julio de 1928, p. 3. La Constancia fue fundada por Rafael Meza Ayau en 1906, en Santa Ana, y se enlazó más tarde con las familias Quiñónez, Hill, Sol y Augspurg. Ver Juan Mario Castellanos, ob. cit., p. 139. Ibíd. http: “Historia de la abeja y La Constancia”, en: www.laprensagrafica.com/eleconomista/393708. La Competencia en El Salvador. Historia constitucional. Documento interno elaborado por la Superintendencia de Competencia. “Las pretensiones de R. Meza Ayau y compañía en el asunto cervecero”, Diario Latino, 14 de julio de 1928, p. 3. Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 139. “El monopolio de la cerveza, sus conexiones políticas. Los millones a costa del vicio y el dolor del pueblo”, Opinión Estudiantil, 12 de febrero de 1957, p. 1. Ibíd. Salvador Melara González, “La industria del cemento en El Salvador”, en Economía salvadoreña, p. 79. “La posibilidad de una fábrica de cemento en Metapán”, en La República, 13 de octubre de 1938, p. 4. Salvador Melara González, “La industria del cemento en El Salvador”, en Economía salvadoreña, p. 80. María Leistenschneider, Teniente Coronel Óscar Osorio y su administración, pp. 351-352. “El arrendamiento de los teatros nacionales”, La República, 2 de diciembre de 1932, p. 3. “El arrendamiento de los teatros nacionales II”, La República, 3 de diciembre de 1932, p. 3. “Deben arrendarse los teatros nacionales”, La República, 6 de diciembre de 1932, p. 3. “La cuestión del arrendamiento de los teatros”, La República, 19 de diciembre de 1932. p. 3. Las propuestas correspondían a Alfredo Mirón Estrada, Manuel Viéytez, Rafael A. Meardi, Mauricio L. Meardi, Benjamín Arrieta Gallegos, Salvador Escalón, Ramón Melara Tenorio, José Leiva. Ver “Acta de presentación de propuestas para el arrendamiento de teatros”, La República, 22 de diciembre de 1932, p. 4. “Explotación de los teatros nacionales”, La República, 8 de abril de 1933, p. 3. Los fondos provenientes de los circuitos nacionales se habían invertido en el sostenimiento de la escuela de enfermeras visitadoras (98 2000 colones), en quinina del Estado (76 472 colones),

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74 75 76 77 78 79 80 81

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subvención al hospital Rosales (9600 colones), para maquinaria destinada a fabricar grageas (5000 colones) y ayuda para la reconstrucción del hospital de Ahuachapán (10 000 colones). Ver: “Aniversario del Circuito de Teatros Nacionales”, La República, 16 de diciembre de 1938, p. 1. “La obra del circuito de teatros nacionales”, La República, 19 de marzo de 1939, p. 1. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Recopilación de leyes 1950-enero 1955, p. 37. “Inmoderadamente subió el precio de la gasolina”, Diario Nuevo, 7 de enero de 1932, p. 2. “El precio de la gasolina en vez de bajar ha subido exageradamente”, Diario Nuevo, 16 de febrero de 1935, p. 3. “El alza de precio de la gasolina”, Diario Nuevo, 15 de febrero de 1937, p. 2. “Los palestinos, libaneses, turcos, chinos ya no podrán establecer almacenes comerciales, ni fábricas ni industrias agrícolas en el país”, La República, 9 de marzo de 1936, p. 4. Ibíd. De acuerdo con Juan Mario Castellanos, a principios del siglo XX El Salvador recibió una pequeña población de emigrantes asiáticos, principalmente chinos y palestinos. Estos inmigrantes se dedicaron a actividades comerciales en pequeña escala, instalando tiendas, cafeterías, restaurantes. Ver Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 51. “El problema de los turcos”, Opinión Estudiantil, 22 de agosto de 1944, p. 4. Superintendencia de Competencia, La competencia en El Salvador. Las negritas son del autor. Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomo II, pp. 187-188. Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomo II, pp. 192-193. Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana 1954-1960, pp. 55-56. Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomo II, p. 203. Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 224. Ibíd., p. 225. Ibíd., p. 227. Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana 1954-1960, p. 95. Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 16. Estos tratados se firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957 por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El objetivo era la consecución de ese mercado sin barreras arancelarias en etapas sucesivas. Se debían eliminar las trabas comerciales y garantizar la libre circulación de las personas, los servicios y el capital. Ver Nuestro siglo, p. 145. Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 96.

315

7.7. FUENTES CONSULTADAS Leyes y actas Asamblea Legislativa de El Salvador, Recopilación de leyes 1950-1955 (San Salvador: Imprenta Nacional, 1955). Bibliografía BULMER-THOMAS, VÍCTOR,

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La competencia en El Salvador. Historia Constitucional. Documento interno elaborado por la Superintendecia de Competencia. 2 Ibíd. 3 Ibíd. 4 Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, p. 336. 5 Ibíd. 6 Diego Guerrero, La cuestión del monopolio en la tradición marxista y en Paul Marlor Sweezy (1910-2004), en www. diegoguerrero.html. 7 Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 73. 8 Rafael Guidos Véjar, El ascenso del militarismo en El Salvador, p. 131. 9 Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 19191935, p. 211. 10 Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 63. 11 Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 63. 12 Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 73. 13 Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 119. 14 Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 214. 15 La comisión estaba formada por el Ministro de Hacienda, Industria y Comercio, el subsecretario de agricultura, dos miembros del Consejo Administrativo de la Compañía Salvadoreña de productores de azúcar y un miembro que representaba a los miembros no asociados. Ver “Defensa de la Industria del Azúcar”, La República, 17 de diciembre de 1932, p. 2. 16 “Últimas resoluciones en el asunto azucarero”, La República, 19 de enero de 1933, p. 4. 17 “Interesante Informe del director de Contribuciones”, en La República, 21 de abril de 1933, p. 2. La comisión argumentaba que la protección de la industria de los dulces y las confituras detendría la salida de oro que causaban las importaciones de dulces y se daría mayor consumo del azúcar. 18 “Ya hay contrabando en el azúcar”, La República, 17 de abril de 1933, p. 4. 19 Salomón Antonio Ángel, “Estudio histórico-económico sobre la industria azucarera en El Salvador”, en Economía salvadoreña 1952-1954, p. 182. 20 José Antonio Escalante, Industria azucarera en El Salvador, p. 35.

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Ibíd., p. 188. Desde 1889, Jorge Meléndez, quien había estudiado los métodos modernos de fabricación de azúcar en California y las islas Hawai, introdujo en El Salvador el procedimiento de sulfitación para obtener azúcar blanca. 22 “Junta Departamental de Ganaderos”, en La República, 3 de enero de 1933, p. 3. 23

Óscar Quinteros Orellana, “Causas y efectos de la ley moratoria”, en Economía salvadoreña 1960. 24 Ministerio de Economía, “Memoria anual de la inspección de bancos y sociedades mercantiles”, pp. 7-9. 25 La emisión de cédulas hipotecarias que éste podía emitir no excedería de conformidad con la ley del importe total de los préstamos que hubiese efectuado con garantía hipotecaria y plazo mayor de tres años, teniendo para ello en cuenta las limitaciones que correspondían a los respectivos vencimientos, que eran de veinte veces el capital pagado, fondo de garantía y fondo de reserva, mientras esa suma no excediera 2 000 000 de colones, de ocho veces para 8 000 000 siguientes, y de cuatro veces para el resto. Ver “Buenos resultados de la reforma bancaria en el país”, en La República, 6 de abril de 1936, p. 4. Hay que hacer notar que ese mismo año en otros países como México se hacía efectiva la primera legislación en materia de competencia, aunque desde 1917 la Constitución Política prohibía los monopolios.Ver www.sba.gov/patentes./espanol/anuncios_comerciales/patentes.html. 26 Con el fin de que el Banco Central de Reserva se organizara cuanto antes, se nombró con fecha un comité organizador constituido por el ministro de Hacienda, Luis Alfaro Durán, y por Agustín Alfaro Morán, W.W Renwick y Héctor Herrera, quienes eran asesorados por el experto inglés F.F.J Powel. La República, 20 de febrero de 1935, p. 4. 27 Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 216. 28 Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 216. 29 Óscar Quinteros Orellana, “Causas y efectos de la Ley Moratoria de 1932”, en Economía salvadoreña enero-diciembre 1960, núm. 21-22, Universidad de El Salvador. 30 Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador, 1919-1935, p. 217. 31 Secretaría de Información de la Presidencia de la República, El Salvador 1969, p. 232. 32 “El Banco Hipotecario, la visión de nuestros gobernantes”, en Opinión Estudiantil, 20 de abril de 1929, p. 3. 33

“La Ley de Electrificación Nacional”, en La República, 10 de enero de 1936, p. 907. Everett Alan Wilson, La crisis de la integración nacional en El Salvador 1919-1935, p. 218. 35 “Mejoras en el ramo de comunicaciones”, en La República, 7 de noviembre de 1938, p. 1. 36 Ibíd. 37 Ibíd. 38 Superintendencia de Competencia, La competencia en El Salvador, historia constitucional. 39 Henry Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, p. 321. 34

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Henry Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, p. 119. 41

Antes de la ley, el patentado pagaba un impuesto de 2.06 de colón por litro de aguardiente que estaba obligado a comprar, mientras que por el aguardiente libre pagaba 1.06 colones por litro. La reforma impulsada por el fisco aumentaba la cantidad de aguardiente que el patentado debía comprar; pero al mismo tiempo se establecía un impuesto de 1.56 de colón por cada litro. Ver “Miras del impuesto sobre el aguardiente”, en La República, 23 de diciembre de 1932, p. 3. 42 “Ya están de acuerdo los señores patentados”, La República, 8 de febrero de 1933, p. 3. 43 “La lucha del gobierno contra el contrabando”, La República, 29 de noviembre de 1932. p. 2. 44 “Fábrica de aguardiente clandestina fue decomisada en San Jacinto hace pocos días”, Diario Nuevo, 1935. p. 2. 45 “Fábrica de aguardiente clandestina funcionaba en el mesón el paraíso”, Diario Nuevo, 1936, p. 3. 46 “Una gran fábrica de aguardiente se decomisó en un barrio capitalino”, Diario Nuevo, 16 de noviembre de 1937. p. 1. 47 El instituto cubría prácticamente todo el país a través de sus 28 agencias: San Martín, San Salvador, Villa Delgado, Santa Ana, Chalchuapa, Metapán, Santa Tecla, Opico, Usulután, Santiago de María, Ahuachapán, Atiquizaya, Sensuntepeque, Ilobasco, Cojutepeque, Suchitoto, La Unión, Santa Rosa de Lima, San Miguel, Jocoaitique, Sesori, San Vicente, Zacatecoluca, Sonsonate, Izalco, Chalatenango, Tejuela, San Francisco Gotera. 48 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Recopilación de leyes 1950-1955, pp. 47-53. 49 Julio Mauricio Domínguez, “Consideraciones a una política de estabilización de precios”, en Economía salvadoreña, p. 199. 50 Ibíd., pp. 197-198. 51 “Nadie quiere la intervención del Estado ni el comercio ni en la agricultura”, El Diario de Hoy, 19 de julio de 1955, p. 7. 52 “El IRA podrá garantizar al pueblo”, El Diario de Hoy, 13 de julio de 1955, p. 7. 53

http: “Historia de la abeja y La Constancia”, en: www.laprensagrafica.com/eleconomista/393708.

Antes de 1939, el impuesto sobre la cerveza ascendía a 18 centavos por litro. Originalmente era de 12 centavos, de los cuales se destinaban 10 centavos para el Fondo de Mejoramiento Social y 2 centavos para los hospitales departamentales; pero en 1939 se le agregó un impuesto de timbre de 6 centavos por litro. En 1946, ambos impuestos se recaudaban por medio de timbres adheridos a cada botella. Sin embargo, las estadísticas los muestran todavía como dos impuestos distintos. Ver Henry C. Wallich y John Adler, Proyecciones económicas de las finanzas públicas, p. 315.

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“Las pretensiones de R. Meza Ayau y compañía en el asunto cervecero”, Diario Latino, 14 de julio de 1928, p. 3. La Constancia fue fundada por Rafael Meza Ayau en 1906, en Santa Ana, y se enlazó más tarde con las familias Quinónez, Hill, Sol y Augspurg. Ver Juan Mario Castellanos, ob. cit., p. 139. 56 Ibíd. 57

http: “Historia de la abeja y La Constancia”, en: www.laprensagrafica.com/eleconomista/393708.

La Competencia en El Salvador. Historia constitucional. Documento interno elaborado por la Superintendencia de Competencia. 59 “Las pretensiones de R. Meza Ayau y compañía en el asunto cervecero”, Diario Latino, 14 de julio de 1928, p. 3. 60 Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 139. 61 “El monopolio de la cerveza, sus conexiones políticas. Los millones a costa del vicio y el dolor del pueblo”, Opinión Estudiantil, 12 de febrero de 1957, p. 1. 62 Ibíd. 63 Salvador Melara González, “La industria del cemento en El Salvador”, en Economía salvadoreña, p. 79. 64 “La posibilidad de una fábrica de cemento en Metapán”, en La República, 13 de octubre de 1938, p. 4. 65 Salvador Melara González, “La industria del cemento en El Salvador”, en Economía salvadoreña, p. 80. 66 María Leistenschneider, Teniente Coronel Óscar Osorio y su administración, pp. 351-352. 67

“El arrendamiento de los teatros nacionales”, La República, 2 de diciembre de 1932, p. 3. 68 “El arrendamiento de los teatros nacionales II”, La República, 3 de diciembre de 1932, p. 3. 69 “Deben arrendarse los teatros nacionales”, La República, 6 de diciembre de 1932, p. 3. 70 “La cuestión del arrendamiento de los teatros”, La República, 19 de diciembre de 1932. p. 3. 71 Las propuestas correspondían a Alfredo Mirón Estrada, Manuel Viéytez, Rafael A. Meardi, Mauricio L. Meardi, Benjamín Arrieta Gallegos, Salvador Escalón, Ramón Melara Tenorio, José Leiva. Ver “Acta de presentación de propuestas para el arrendamiento de teatros”, La República, 22 de diciembre de 1932, p. 4. 72 “Explotación de los teatros nacionales”, La República, 8 de abril de 1933, p. 3. 73 Los fondos provenientes de los circuitos nacionales se habían invertido en el sostenimiento de la escuela de enfermeras visitadoras (98 2000 colones), en quinina del Estado (76 472 colones), subvención al hospital Rosales (9600 colones), para maquinaria destinada a fabricar grageas (5000 colones) y ayuda para la reconstrucción del hospital de Ahuachapán (10 000 colones). Ver: “Aniversario del Circuito de Teatros Nacionales”, La República, 16 de diciembre de 1938, p. 1. 74 “La obra del circuito de teatros nacionales”, La República, 19 de marzo de 1939, p. 1.

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Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, Recopilación de leyes 1950-enero 1955, p. 37. 76 “Inmoderadamente subió el precio de la gasolina”, Diario Nuevo, 7 de enero de 1932, p. 2. 77 “El precio de la gasolina en vez de bajar ha subido exageradamente”, Diario Nuevo, 16 de febrero de 1935, p. 3. 78 “El alza de precio de la gasolina”, Diario Nuevo, 15 de febrero de 1937, p. 2. 79 “Los palestinos, libaneses, turcos, chinos ya no podrán establecer almacenes comerciales, ni fábricas ni industrias agrícolas en el país”, La República, 9 de marzo de 1936, p. 4. 80 Ibíd. 81 De acuerdo con Juan Mario Castellanos, a principios del siglo XX El Salvador recibió una pequeña población de emigrantes asiáticos, principalmente chinos y palestinos. Estos inmigrantes se dedicaron a actividades comerciales en pequeña escala, instalando tiendas, cafeterías, restaurantes. Ver Juan Mario Castellanos, El Salvador 1930-1960, p. 51. 82 “El problema de los turcos”, Opinión Estudiantil, 22 de agosto de 1944, p. 4. 83 Superintendencia de Competencia, La competencia en El Salvador. Las negritas son del autor. 84 Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomo II, pp. 187-188. 85 Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomo II, pp. 192-193. 86 Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana 1954-1960, pp. 55-56. 87 Ministerio de Educación, Historia de El Salvador, tomo II, p. 203. 88 Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 224. 89 Ibíd., p. 225. 90 Ibíd., p. 227. 91 Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana 1954-1960, p. 95. 92 Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 16. 93 Estos tratados se firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957 por Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El objetivo era la consecución de ese mercado sin barreras arancelarias en etapas sucesivas. Se debían eliminar las trabas comerciales y garantizar la libre circulación de las personas, los servicios y el capital. Ver Nuestro siglo, p. 145. 94 Víctor Bulmer-Thomas, La economía política de Centroamérica desde 1920, p. 96.

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CAPÍTULO VIII DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA A LA CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA (1960-2008)

Hugo López

N El Salvador, la ruta que ha recorrido desde 1960 la apertura al libre comercio y la inserción al mercado regional e internacional ha incidido significativamente en la necesidad de contar con una institucionalidad y un marco jurídico que promueva y defienda la libre competencia en un mercado nacional cada vez más globalizado. Este proceso ha sido respaldado por el pensamiento liberal, el cual se opone a la intervención del Estado en la economía y sostiene que el mercado debe regular la economía. Asimismo, la adherencia a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995, la firma de tratados bilaterales –algunos de los cuales ya incluyen capítulos de competencia1– y, más recientemente, la necesidad de realizar un conjunto de reformas legales internas para la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en marzo de 20062 constituyeron incentivos importantes que posibilitaron la aprobación el 26 de noviembre de 2004 de la Ley de Competencia en El Salvador, por medio de la cual se crea la Superintendencia de Competencia, como se muestra en este capítulo. De tal manera que a lo largo de estas últimas cinco décadas, la dinámica y regulación relativas a la inserción en el comercio regional e internacional han marcado muchos de los avances y/o retrocesos del marco jurídico-institucional de competencia en El Salvador, hasta lograr al final del período la entrada en vigor de la Ley de Competencia y el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia en enero de 2006.

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Desde 1886, las Constituciones de la República han incorporado disposiciones relativas a la prohibición de los monopolios. La Constitución de 1950, en el artículo 142, “prohibía la creación o autorización de ningún monopolio a favor de particulares”,3 como lo hizo, en el mismo artículo, la Constitución de 1962. Pero es hasta la Constitución de 1983 que la defensa de la libertad empresarial y la prohibición de prácticas monopólicas en beneficio y protección del interés de los consumidores se incluyeron como obligaciones de rango constitucional a cargo del Estado, como lo prescriben los artículos 101, 102 y 110 de la Constitución. Sin embargo, la libre competencia no tuvo un marco institucional idóneo, hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Competencia y creación de la Superintendencia de Competencia. Hasta entonces, las prohibiciones a ciertas prácticas anticompetitivas se establecían en leyes secundarias no especializadas en materia de competencia, como el Código Penal, siendo la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de perseguir tales delitos; pero, en general, estas prácticas eran desconocidas por el sistema judicial. Según investigación realizada por Muadi,4 no se encontró en la jurisprudencia de las salas de lo Contencioso Administrativo, Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia, antecedentes judiciales a través de los cuales se haya sancionado alguna conducta o práctica anticompetitiva5 en el país, antes de la entrada en vigor de la Ley de Competencia. Ahora bien, hay que señalar que la política de competencia no se limita a una política antimonopolio; ésta cubre y se articula con un espectro más amplio de políticas públicas y conductas de los particulares en el funcionamiento de los mercados. En este sentido, es un instrumento clave para superar las inercias de los procesos de integración económica regional y contrarrestar las fuerzas y fricciones que puedan surgir del mismo, como la segmentación de los mercados nacionales de los países miembros, prácticas que la debilitan. Tal ha sido la experiencia de la integración económica de la Unión Europea, en la que la política de competencia ha sido uno de los pilares del proceso de integración, desde el Tratado Constitutivo de Roma, que crea el Mercado Común Europeo en 1957 (artículos 85 al 94 del tratado). Más recientemente, el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) incluyó desde su proceso de formación y negociación la creación de una mesa de trabajo sobre política de competencia, como una de las nueve mesas para avanzar en el diseño del área de libre comercio. En El Salvador, el tema de la promoción y defensa de la competencia adquirió importancia desde la década de los noventa. Los Acuerdos de Paz de 1992 y las reformas económicas realizadas a lo largo de la década han

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fortalecido la capacidad institucional pública y privada de promoción y defensa de la competencia. Entre algunas reformas que han posibilitado ese fortalecimiento pueden mencionarse las siguientes: política de apertura comercial, regionalismo abierto que combina el fortalecimiento de la integración regional y la inserción al comercio mundial a través de la conclusión de tratados bilaterales con terceros países y la privatización de algunos bienes y servicios públicos, necesidad de regular y desregular sus mercados. También, la colaboración y apoyo de diferentes organismos de cooperación internacional como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la urgencia de fortalecer la institucionalidad de la defensa de la competencia también se sustentó en la necesidad de mejorar la calidad de las relaciones económicas entre los agentes privados, optimizando la gobernanza y transparencia de las cadenas productivas y del mercado interno, sumada la necesidad que hace sentir la liberalización e inserción en el comercio internacional y la atracción de inversión extranjera. Así, se identifican, al final del capítulo, algunos hallazgos de diferentes estudios sobre posibles distorsiones en ciertos mercados salvadoreños, y de cómo estas distorsiones impactaron en el desempeño competitivo del país, y análisis de los segmentos empresariales más vulnerables como la micro, pequeña y mediana empresa. En este contexto, el capítulo indaga sobre cómo ha evolucionado de 1960 a junio de 2008 la institucionalidad y defensa de la competencia en el país, a través del estudio de la evolución y dinámica del Mercado Común y la integración centroamericana, bajo la perspectiva de las condiciones de competencia. Se muestra cómo la reactivación de dicha integración y las reformas económicas, impulsadas desde la década de los noventa hasta el 2008, han estado asociadas con un proceso de liberalización y reducción arancelaria del comercio multilateral y con la suscripción de tratados de libre comercio bilaterales, los que han favorecido e incentivado el fortalecimiento de la institucionalidad de la competencia en el país. Finalmente, el capítulo muestra cómo desde 1996 diferentes organismos de cooperación internacional han contribuido a sensibilizar a actores claves del país sobre la necesidad de contar con una institucionalidad fuerte de promoción y defensa de la competencia, apoyando la aprobación y entrada en vigor de la ley, junto con la creación e inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia, a propósito de la cual se describen las principales actividades

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realizadas en sus primeros dos años y medio de funcionamiento y los esfuerzos que ha llevado a cabo para crear una cultura de competencia en El Salvador, consolidándola y fortaleciéndola, e impulsando con ello un sistema nacional de defensa de la competencia en colaboración con actores públicos y privados.

8.1. Principales tendencias de la economía salvadoreña entre 1960 y 2008 Desde finales de la Segunda Guerra Mundial y durante los años cincuenta, se produjo una expansión de la economía cafetalera de agroexportación gracias al aumento de la demanda mundial por dicho producto. Esto abrió la posibilidad de inversiones en nuevos sectores agrícolas de exportación –algodón, ganadería y caña de azúcar– y de la industria, lo cual favoreció el incremento de las importaciones, los servicios y el gasto público. Este último permitió el desarrollo del transporte y contribuyó a disminuir los costos de las exportaciones, unificó el mercado nacional y favoreció y facilitó el comercio hacia Centroamérica.6 La inversión privada se destinó, además del café y el algodón, a la creación de la primera fábrica de cemento (1953-1955), a la producción de calzado a gran escala, a la fabricación de café soluble para exportar a Estados Unidos, a la producción de químicos (jabones, cosméticos y medicinas), a la industria azucarera para consumo urbano y de exportación, la sustitución de la producción de pequeña escala y de manufactura simple, como la producción de azúcar de panela, calzado, entre otros, y cuya contribución a la producción industrial pasó de 39.5% en 1954 a 33.4% en 1960. El mercado interno y el de exportaciones del país se expandió y se diversificó, desplazando o transformando el rol del Estado en la economía nacional. A esa producción agraria y a ese incipiente desarrollo industrial se sumó el proceso de integración centroamericana, que dio paso al Tratado General de Integración Económica Centroamericana de 1960, por medio del cual se creó el Mercado Común Centroamericano. Esto marcó una nueva época para los mercados de la región, aunque en esos años el tema de la política de competencia aún no era específico en la agenda, ya que se trataba la temática de monopolios o estancos de conformidad con el artículo 8. Luego, el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala), suscrito en 1993, incluyó de manera explícita, en el artículo 25, el acuerdo de los países para adoptar disposiciones comunes a fin de evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en el sector comercio. La expansión del mercado interno en los años cincuenta se realizó con esfuerzos del Estado por monetarizar7 la economía y favorecer el desarrollo de

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una industria de sustitución de importaciones, que muy pronto se vio limitada por la estrechez del mercado interno. A pesar de la expansión observada en estos años, se trataba de una economía pequeña, caracterizada por altos niveles de concentración del ingreso nacional.8 En sus prácticas y formas de crear incentivos, la administración pública, heredada desde la colonia, favoreció la estructuración de un mercado interno y de inserción al comercio internacional distorsionado y caracterizado por una industria concentrada en pocas y grandes empresas, generando mercados monopólicos, principalmente en los sectores vinculados a la exportación y en la producción de bienes de consumo no duraderos, como bebidas y textiles.9 Por las limitaciones del mercado nacional, desde los años cincuenta se buscó ampliar el mercado a la región centroamericana a través del proceso de integración económica y, posteriormente, al resto del mundo, mediante acuerdos multilaterales y bilaterales de comercio e inversión. En este contexto, el Estado trasladó progresivamente al mercado las facultades que históricamente le habían sido propias y se acercó más a la función de garante del funcionamiento eficiente del mercado. Ese modelo de crecimiento económico cambió en la década de los ochenta hasta configurar un nuevo modelo, que había sido promovido por el Mercado Común Centroamericano (MCCA): la tercerización de la producción basada en la inserción a los mercados internacionales, a partir de los años noventa. En una economía de mercado, las empresas compiten entre ellas, lo que estimula la actividad empresarial y alienta a nuevas empresas a entrar en el mercado. Frente al aumento de la competencia, algunos participantes en el mercado pueden buscar mayores beneficios, pudiendo llegar a distorsionar o eliminar la competencia al abusar del poder de mercado que ellos puedan adquirir. Por esta razón, hacen falta intervenciones normativas a fin de mantener y estimular una competencia sana en los mercados. Reconociendo esta necesidad, muchos países aplican una política destinada a defender y estimular la competencia, la cual incluye medidas relacionadas con la prevención, detección y eliminación de prácticas anticompetitivas. En la realidad, la posible existencia de barreras puede impedir que los mercados sean verdaderamente competitivos y, por lo mismo, en El Salvador algunos sectores del mercado tendieron a adoptar una estructura monopólica, duopólica u oligopólica. Como se ha mencionado en el capítulo 7 de este libro, es ese el caso de la producción y distribución del azúcar, el café, la harina de trigo, el cemento gris, la cerveza, entre otros.10 Sin embargo, la dificultad de sostener un proceso de industrialización a partir de la acumulación generada por el sector agroexportador, muy expuesto al vaivén del comercio internacional, así como la imposibilidad de

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una acumulación rentable por sus características demográficas y de alta concentración del ingreso, fue dando forma a un proceso de ampliación del mercado nacional a la región centroamericana, caracterizado por el libre comercio, elevados niveles de protección a la industria y el libre ingreso del capital extranjero, que se triplicó entre 1953 y 1960, pasando de 6.2 millones de colones a 25.7 millones.11 Así, el comportamiento de la actividad económica de El Salvador entre 1960 y el 2000 se caracterizó por su fragilidad e inestabilidad. El crecimiento económico alcanzó una tasa promedio anual del orden del 3%.12 La inestabilidad en el crecimiento se explica por factores económicos y extraeconómicos, en particular la década de los ochenta, que marcó el período de inestabilidad y regresión económica más largo y profundo que registró el país debido al conflicto armado, que sometió a la sociedad y economía salvadoreñas a una crisis que comenzó a resolverse hacia finales de la década, para hacerse efectiva con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Al final de los setenta y a lo largo de la década de los ochenta, la economía dejó de crecer y se redujo a una tasa promedio anual del 2%.13 Cuadro 1 Crecimiento del Producto Interno Bruto (1962-2004) Gráfico no. 1 Evolución del Crecimiento Económico

11% 8% 5% 2% -1%

´00

´02

-4% -7% -10% -13%

Sustitución de Importaciones, economía cerrada

Conflicto y economía

Modelo exportador, economía abierta y remesas

-16% -19% -22%

PIB

Industria total

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

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´04

De manera general, el desempeño de la economía salvadoreña a lo largo de las últimas décadas, desde 1960, presentó un comportamiento muy variable y disímil. Hechos importantes marcaron pautas nuevas en el comportamiento y en el marco en el que se desempeña la economía salvadoreña, como el estancamiento del proceso de integración regional con el fin del MCCA hacia finales de los años sesenta, el conflicto armado que vivió el país desde principios de los años ochenta y el fin de esta crisis a principios de la década de los años noventa. Por ello, al considerar estos hechos, y con el propósito de hacer una lectura desde la dinámica del libre comercio y su vinculación con la evolución de la competencia en el país, se analiza la evolución de la integración centroamericana a través de cuatro fases diferenciadas: 1. 2. 3. 4.

Integración centroamericana: avances y retrocesos en materia de libre competencia (1960-1970); Del quiebre a la crisis de la integración centroamericana (19701981); De la crisis a la reestructuración de la integración centroamericana (1981-1991); y Reestructuración y perspectivas de la integración centroamericana (1992-2008).

8.2. Integración centroamericana: avances y retrocesos en materia de competencia (1960-1970) En la década de los cincuenta se implementaron políticas de protección a la industria a través de la eliminación de las limitaciones legales a la mecanización que protegían la producción artesanal, como la Ley de Fomento Industrial de 1952, la cual otorgaba exención de pago de impuestos diversos (sobre insumos importados, bienes de capital y hasta del impuesto al capital y la renta), así como la elevación del impuesto a la importación para favorecer a la industria local. De esa manera, el proteccionismo fue utilizado como atractivo y garantía de mercados a las nuevas industrias que se establecían. Sin embargo, la estrechez del mercado abrió paso a la facilidad indiscriminada de protección a la industria, lo que distorsionó el desarrollo de una industria de sustitución de importaciones. Ello generó estructuras de mercado garantizadas por las políticas de protección, además de estructuras monopólicas, duopólicas y oligopólicas en los sectores donde se desarrolló una industria cuya demanda dependía de los ingresos provenientes de la exportación, como en el caso del cemento.

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Durante esta década, también se produjo un crecimiento progresivo del mercado doméstico y de las relaciones de intercambio que éste gobernaba. En el mismo sentido, la ampliación del mercado local y su incremento a la frontera centroamericana extendieron las relaciones comerciales con los países vecinos. Sin embargo, el Estado y los gobiernos siguieron siendo el principal garante y fuente de incentivos para el desempeño del sector productivo hasta finales de la década del sesenta. La principal preocupación por parte del Estado no fue garantizar que el mercado funcionara bien, sino la protección suficiente. En 1950, el comercio interregional alcanzó los 8.3 millones de dólares; en 1960, alcanzó un total de 32.7 millones de dólares; y diez años más tarde, 299.4 millones. Hubo cambios en la composición del comercio y las manufacturas y los productos químicos superaron, al final de la década, al comercio de productos alimenticios, que constituía casi la mitad al comienzo de la década.14 En este periodo, las condiciones de competencia no fueron consideradas: están ausentes en el proceso de industrialización e integración regional que se desarrollaba en el país.

8.3. El Tratado General de Integración Centroamericana y el libre comercio

Económica

El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, firmado el 13 de diciembre de 1960, creó el Mercado Común Centroamericano o zona de libre comercio –con excepción de algunas mercancías incluidas en el anexo A del mismo tratado– y contempló su perfeccionamiento en un plazo no mayor de cinco años; además, se propuso constituir una unión aduanera, para la que no se fijó ningún plazo. Dos fueron los instrumentos para alcanzar esos objetivos: la generación de una zona de libre comercio generalizada para los productos naturales y manufacturados originarios de los cinco países centroamericanos miembros y la uniformización de aranceles a la importación, garantizando así la libre circulación de las mercancías y el establecimiento de una barrera proteccionista, uniforme para terceros países que ayudarán a la creación de condiciones de competencia equiparada. Además, con este tratado se creó el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Secretaría Permanente, con carácter de personas jurídicas. La puesta en marcha desde junio de 1961 del Tratado General de Integración Económica Centroamericana liberó gradualmente, hasta llegar al 90% del intercambio entre los países signatarios, y se constituyó en el primer esfuerzo que estableció un marco institucional, sobre el cual se buscó garantizar y asegurar las transacciones y el funcionamiento del comercio regional y, hasta cierto punto, de

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los mercados nacionales a través del comercio. Esto solamente en la medida que el libre comercio eliminara progresivamente las barreras al comercio, reduciendo las desventajas para el ingreso de productos originarios de otros países de Centroamérica y que estos pudieran competir en mejores condiciones con los productos de origen nacional y de terceros países en el mercado doméstico de cada uno de los países miembros. En la medida en que el tratado pretendió regular el funcionamiento del comercio, de los subsidios a la exportación y de los incentivos fiscales al desarrollo industrial, buscó eliminar las prácticas de comercio desleal en la región. Sin embargo, las dificultades que enfrentaron los países miembros en los ámbitos nacionales los llevó a tomar decisiones unilaterales que limitaron sus logros iniciales de expansión del comercio interregional. En el caso de El Salvador, el poco desarrollo económico del mercado alcanzado hasta ese entonces llevó a los empresarios a tomar como principal garantía para la expansión y consolidación del comercio el desarrollo de la industria de sustitución de importaciones y de la producción artesanal y local. Sin embargo, en este proceso se mostraba una contradicción, pues el soporte, como hasta entonces, seguía siendo la protección del Estado y no todavía la eficiencia del mercado. Así, las condiciones de la competencia en el país quedaron supeditadas a los vaivenes que resultaron del comercio y de estructuras locales o domésticas muy protegidas, muchas de ellas funcionando en condiciones monopolísticas, duopólicas u oligopólicas, como por ejemplo la protección que les aseguró la exclusividad en el mercado interno, regional o de exportación.

8.4. La inflexión del Mercado Común Centroamericano y la libre competencia Durante este período, el proceso de integración centroamericana se caracterizó por una fuerte dosis de proteccionismo de cara a terceros países pero, igualmente, de cara a las estrategias nacionales de la industria de sustitución de importaciones. Al menos cuatro crisis importantes han sido identificadas por diferentes autores en el proceso de integración centroamericana, entre 1960 y 1970: 15 1) En 1965, la exigencia por parte de Honduras de un trato preferencial en el marco de la implementación del Convenio Centroamericano de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial y la renuencia de los demás países llevó a la paralización del MCCA. En septiembre de 1966 se firmó un Protocolo sobre Trato Preferencial a Honduras, pero los otros cuatro países difirieron su depósito.

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2) En 1967, el gobierno de Costa Rica adoptó medidas para restringir las importaciones de cualquier país, lo que provocó en el resto de países centroamericanos una fuerte reacción, de manera que Costa Rica tuvo que retirar las medidas. 3) La tercera crisis tuvo lugar en 1968, cuando el Consejo Económico aprobó una serie de controvertidas medidas de emergencia contenidas en el llamado Protocolo de San José para hacer frente a los déficits de cuenta corriente que todos los países venían experimentando. Ante la tardanza de los demás países en depositar el Protocolo, Nicaragua impulsó unilateralmente diversas medidas similares y comenzó a poner trabas al comercio regional, generándose una especie de reacción en cadena en los demás países. El Salvador y Guatemala depositaron entonces el Protocolo, pero no Honduras ni Costa Rica. Finalmente, todos los países estuvieron dispuestos a restablecer el libre comercio y la crisis pareció superada. Sin embargo, Nicaragua continuó aplicando una tarifa discriminatoria que violaba el libre comercio; por otro lado, el trato preferencial para Honduras nunca se llevó a la práctica. 4) La cuarta crisis se originó por la guerra, en junio de 1969, entre Honduras y El Salvador, conocida como “la guerra del fútbol”. Esta crisis acabó quebrando el funcionamiento del Mercado Común Centroamericano. Según Fagan, más que las cambiantes condiciones económicas, lo que interfirió en el aprendizaje interactivo de la integración económica fueron los cambios de gobierno. Por su parte, Bourne considera que el papel dominante jugado por factores domésticos en el sistema de colaboración regional explica la indiferencia o falta de respuesta en el escenario regional. Para Shaw, la clave para comprender el fracaso de la integración y el mercado común está en la política doméstica de los Estados miembros que usaron al Mercado Común, “para obviar las reformas económicas internas exigidas, tanto por el desarrollo político nacional, como por el futuro de la integración regional”. La Secretaría de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) señala que la idea de la integración no salió, en realidad, de un círculo relativamente reducido de técnicos, funcionarios públicos, académicos y empresarios directamente vinculados con la creación del Mercado Común. “Durante todo el periodo, los estratos obreros y populares –reflejando lo que ocurría en mayor o menor grado en cada país– se mantuvieron al

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margen de las decisiones de la integración, y no tuvieron participación alguna en el marco institucional creado para el efecto”.16 Esto lleva a señalar que las condiciones internas de los mercados en cada uno de los países y del mercado regional nunca formaron parte del marco institucional de la integración. Es más, en ese periodo, la no regulación del mercado era percibida como la mejor política de competencia, en la medida que cualquier intervención arriesgaba desnaturalizar la capacidad autorreguladora del mercado, muy a pesar que la intervención proteccionista de los gobiernos centroamericanos fue muy fuerte en ese período. Entre los obstáculos creados por el mismo proceso de integración, se mencionan: la falta de coordinación a escala regional de las políticas de desarrollo, la participación desigual de algunos países en los costos y beneficios de la integración y el libre comercio, así como la concentración de la inversión y la actividad manufacturera en los países de mayor desarrollo industrial relativo: Guatemala y El Salvador. Esta situación generó distorsiones entre el libre comercio y las condiciones de competencia en cada uno de los países; además, dificultó la posibilidad de establecer una tarifa externa común de la región. De tal manera que la incompatibilidad del libre comercio con la protección de la industria de sustitución y la competencia eran parte del tira y encoge del proceso en este período, como las prácticas de triangulación en el marco regional y la práctica de los gobiernos por garantizar, para los sectores más influyentes, un mercado cautivo que podría asegurar condiciones monopólicas, duopólicas u oligopólicas en los mercados nacionales, tales como en los sectores de la harina de trigo, la cerveza, el cemento, el azúcar, los productos lácteos, entre otros. Sin embargo, el comercio interregional muestra un comportamiento muy dinámico entre 1960 y 2006, interrumpido únicamente entre 1981 y 1985: pasa de 30.3 millones a 4 428.8 millones de dólares (US$), entre 1960 y el 2006, con una tasa promedio de crecimiento anual del orden del 11.45%; muy superior al mostrado por las exportaciones al resto del mundo, que presentaron una tasa promedio de crecimiento del orden del 7%.

8.5. Los obstáculos al libre comercio interregional y la competencia Los países participantes no estaban suficientemente involucrados con el proceso de integración, no existía una voluntad integracionista ni estaban conscientes de la estrecha relación entre sus políticas internas y el programa de integración.17 En particular, la política de competencia no figuraba como

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una preocupación o necesidad de la política económica de los países, y mucho menos en el ámbito regional; tampoco la preocupación por garantizar la dinámica de competencia era percibida por los empresarios de los países de Centroamérica como una necesidad. La dinámica de la integración estaba supeditada a las necesidades y exigencias de las dinámicas internas de los países. En el caso de El Salvador, el desarrollo de la industria de sustitución dependió de la dinámica de la agroexportación, cuyo centro motor fue el comercio internacional; también dependió de las alianzas con el capital extranjero y de la capacidad de invadir los mercados de otros países. Esto explica por qué, durante todo este período, el funcionamiento eficiente siempre estuvo ausente en el mercado interno.

8.6. Del quiebre a la crisis de la integración centroamericana (1970-1981) Los órganos rectores de la integración se paralizaron con la guerra entre Honduras y El Salvador, en julio de 1969. Honduras se retiró del proceso de integración en diciembre de 1970. Sin embargo, entre 1969 y 1981 se lograron dos resultados importantes: el continuado crecimiento del intercambio comercial dentro de dos grupos de cuatro países cada uno y un continuado esfuerzo de intentos fracasados por reestructurar la integración. Poco antes del conflicto militar entre Honduras y El Salvador, el 22 de marzo de 1969, tuvo lugar la decimoséptima reunión extraordinaria del Consejo Económico Centroamericano, en la que se realizó un examen general del Mercado Común Centroamericano. Allí, Honduras señaló el inadecuado tipo de industrialización que se llevaba a cabo, ya que amenazaba con provocar crisis recurrentes, por lo que todos los países propusieron impulsar una nueva etapa de desarrollo de la integración económica. La resolución 54 de dicho Consejo convino en un plan de acción inmediata con el propósito de lograr la unión aduanera y la coordinación de las políticas industrial, agropecuaria, monetaria y de infraestructura, entre otras más. Sin embargo, como ya se afirmó, este primer intento de restructuración del proceso de integración se frustró con el conflicto militar de junio de 1969 entre Honduras y El Salvador. Entre octubre de 1969 y diciembre de 1970 fracasaron los esfuerzos por establecer un mecanismo para mantener activo el proceso de integración y realizar su reestructuración. Este mecanismo se denominó “modus operandi”. Sin embargo, este esfuerzo moderado de reestructuración sucumbió después de largas negociaciones debido a diferencias en la reanudación inmediata de las actividades de los Consejos Económicos y

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Ejecutivo y en el carácter del “modus operandi” para la reestructuración del sistema integracionista. Se buscaba una mayor coordinación regional en el ámbito de la política industrial y agropecuaria de cada uno de los países centroamericanos y se proponía revisar los reglamentos sobre incentivos fiscales al desarrollo industrial, sobre origen de las mercancías y sobre el arancel centroamericano de importaciones, entre otros; asimismo, se proponía una cláusula general de salvaguardia. Con el fracaso del “modus operandi”, el 30 de diciembre de 1970 el Congreso de Honduras emitió el decreto 97 por medio del que se suspendía la vigencia para ese país de una serie de disposiciones del Tratado General, reguladoras del intercambio comercial regional, y autorizaban al Ejecutivo a negociar y suscribir acuerdos comerciales bilaterales con países de dentro y fuera de la región, a crear un fondo de desarrollo agropecuario y revisar el sistema de incentivos fiscales. Eso dejaba al proceso integrador en su más profunda crisis. A mediados de 1971 se realizaron esfuerzos para la creación de la Comisión Normalizadora del Mercado Común Centroamericano, sobre todo con la primera crisis provocada por la aplicación de medidas unilaterales que tomó el gobierno de Costa Rica con respecto al pago de las importaciones de origen centroamericano. En octubre de 1972, la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica presentó el estudio “El desarrollo integrado de Centroamérica en la presente década: bases y propuestas para el perfeccionamiento y la reestructuración del Mercado Común Centroamericano”. La tesis central del texto: el desarrollo y la integración son dos conceptos inseparables en Centroamérica, por lo que es importante contar con una coordinación regional de las políticas nacionales de desarrollo y trabajar en la propuesta de un plan de acción que contemple campos de acción específica. A partir de la propuesta de la SIECA se creó, con carácter permanente, un Comité de Alto Nivel (CAN) para el perfeccionamiento y la reestructuración del MCCA, formado por un representante designado por cada uno de los gobiernos, exceptuando Honduras, que debía iniciar sus trabajos en enero de 1973. En marzo de 1976 se presentó el Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y Social Centroamericana. La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expresó su desacuerdo en una publicación periodística,18 en la cual manifestaba su preocupación por la política industrial y por la defensa de la libre competencia y libre decisión empresarial, en la medida en que el proyecto proponía, al parecer de la ASI, que estas libertades –que

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habían sido criterios normativos de la actividad industrial en el pasado– fueran sustituidas por un marcado acento de intervención y control estatal, a través de los mecanismos regionales. Por otro lado, temieron que las cláusulas de salvaguardia que proponía el proyecto se utilizaran como medidas que restringirían desfavorablemente la industria salvadoreña. Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador destacó la necesidad de revisar el proyecto. En particular, expresó, a propósito de la propuesta de perfeccionamiento del Mercado Común Centroamericano, que el perfeccionamiento del libre comercio debía obtenerse con base en el principio de libre competencia y no creando e institucionalizando barreras artificiales, origen del deterioro del mercado común actual.19 La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) –que reunía a industriales y comerciantes, incluyendo a las citadas Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y Cámara de Comercio– señaló que por razones constitucionales y por sus orientaciones económicas y sociales el proyecto carecía de viabilidad. En particular, expresó: “Las políticas contempladas en el Proyecto de Tratado creaban una serie de mecanismos que anularían la libre competencia y decisión empresarial”. Por considerar, entre otros, que la política de desarrollo equilibrado –que sustenta el proyecto– es inútil para disminuir las diferencias existentes entre países, y porque además la política industrial “introduce un acentuado dirigismo estatal”. De 1977 a mediados de 1981, los esfuerzos de restructuración de la integración centroamericana fueron disminuyendo hasta casi llegar a desaparecer completamente. Los gobiernos de El Salvador y de Honduras lograron una base mínima de acuerdo acerca de la integración y su reestructuración. Sobre esa base, elaboraron la propuesta de los Gobiernos de El Salvador y Honduras sobre la reestructuración del proceso de integración en Centroamérica: la propuesta del Tratado Mínimo, que se presentó en 1978, sin que obtuviera mayores resultados. Posteriormente, hubo dos intentos más, que tampoco produjeron resultados: el primero, entre 1978 y 1979; y el segundo, entre 1980 y 1981. La preocupación y los esfuerzos frustrados a lo largo de la década; la agudización de las condiciones políticas; el incremento de la violencia en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua; las presiones internacionales ante la violación de los derechos humanos; la Revolución Sandinista en Nicaragua; las dificultades en las relaciones fronterizas ente Nicaragua, Honduras y Costa Rica; el golpe de Estado en El Salvador al gobierno del general Carlos Humberto Romero, con lo que se integró una Primera Junta Revolucionaria de Gobierno, fueron desplazando en esos años la atención de los gobiernos por la integración.

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Entre 1980 y 1981, la preocupación más importante se centraba en la necesidad de formular y encontrar un sistema de convivencia entre los países miembros del esquema de integración, dada la heterogeneidad política de los gobiernos de Centroamérica, pues la tensión tendía a profundizarse entre los países de la región. Por primera vez el Mercado Común Centroamericano enfrentaba serias dificultades, creciente déficit comercial dentro y fuera de la región, problemas de pago y medidas restrictivas, deterioro de las balanzas de pago, problemas de transporte, estancamiento del sector industrial y escasez de inversiones. Sin embargo, se había producido un hecho que generaba expectativas para el proceso integrador: la firma del Tratado de Paz entre Honduras y El Salvador, con lo que se generó cierto entusiasmo por la reestructuración. En 1981, la situación política interna de varios países de la región, sobre todo la de Guatemala y El Salvador, los problemas limítrofes y fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica y, en términos generales, la situación regional de crisis política y económica empeoraron y tensaron las relaciones de todos los países y se produjeron nuevas medidas restrictivas de intercambio comercial regional. En este contexto, hubo un intento de reestructuración para superar la falta de condiciones mínimas y el interés se centró en salvar lo más posible e intentar la reactivación de la integración sobre bases firmes y realistas. Cuadro 2 Evolución de las exportaciones interregionales en el MCCA (1960-2006)

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8.7. De la crisis a la reestructuración de la integración centroamericana (1981-1992) Durante estos años, Centroamérica se encontró en una intensa búsqueda de cambios para superar la conflictividad político-militar y el agotamiento económico. “La crisis de la subregión centroamericana en la década del 80 hizo pensar que el proceso se dirigiría hacia el fracaso, ya que no existían las condiciones económicas ni políticas que permitieran vislumbrar su continuidad”. 20 En El Salvador, desde mediados de la década del setenta aumentaba aceleradamente la espiral de la violencia política. Con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, se intentó dar fin a esta crisis. Sin embargo, la situación del país era caótica y siguió polarizándose, hasta desembocar en el conflicto armado que duró unos once años. Además de la problemática nacional, la crisis de la economía mundial afectó el campo económico, en particular la crisis inflacionaria y la deuda externa de los países latinoamericanos, incluyendo los países de la región, así como los conflictos militares que vivieron algunos países centroamericanos: Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Todo esto creó una profunda desconfianza política y generó mayor desesperanza de la probabilidad de reestructurar el Mercado Común Centroamericano y fortalecer la integración regional. Sumado a lo anterior, a finales de 1980 se produjo un quiebre en la tendencia de crecimiento del intercambio intrarregional registrada desde 1960, tendencia que se prolongó hasta el año de 1985. En la década del ochenta, a diferencia de las dos anteriores, las dificultades de carencia de pago para compensar los saldos bilaterales constituyeron un problema central en el marco del MCCA. En estos años, los países de la región tuvieron que recurrir a soluciones parciales a través de arreglos bilaterales en puntos sensibles de su intercambio comercial y cambiario. Entre 1981 y 1985, el intercambio comercial interregional se redujo al mínimo y la política económica se abocó a la defensa de los diferentes sectores nacionales, aumentando los niveles de protección y las barreras no arancelarias. Por otro lado, la política comercial del gobierno salvadoreño y de los gobiernos de la región pasó de la restricción de importaciones a la promoción de exportaciones extra regionales, impactando el desenvolvimiento del proceso de integración y el MCCA, que hasta el final de la década, luego de una relativa recuperación del intercambio comercial interregional, registró nuevos esfuerzos y signos favorables para reestructurar el proceso de integración, el cual se reactiva a partir de la década del noventa.

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En la segunda mitad de la década del ochenta, el tema de la integración centroamericana recuperó una posición central en la agenda política de los gobiernos centroamericanos. El proceso de Esquipulas, diseñado e iniciado en 1986 con el fin de alcanzar una paz firme y duradera en la región, significó un esfuerzo importante por lograr una solución, el cual culminó con la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador y en Guatemala; asimismo, condujo a la firma, en 1991, del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de Organización de Estados Centroamericanos. A finales de la década del ochenta, las condicionantes de la cooperación internacional obligó a los países centroamericanos a llevar a cabo reformas estructurales y políticas de estabilización económica, que en muchos casos obraron en contra de la integración por contener medidas contrarias o limitadas con respecto a los propósitos integracionistas21. El nuevo modelo de desarrollo enfatizó en la necesidad de promoción de exportaciones no tradicionales y en la vuelta a las exportaciones extraregionales, como las fuentes de crecimiento de los países de la región. En el caso de El Salvador, y a lo largo de esta década, se produce el quiebre del modelo agroexportador basado en el café, por lo que el país desatiende considerablemente el proceso de integración regional. Los esfuerzos estuvieron centrados en el fortalecimiento del mercado nacional. Se nacionalizó el comercio exterior del café y el azúcar. En los primeros años de la década (1981-1983), el Estado controló más del 55% de las ventas de estos productos. En marzo de 1980 se nacionalizaron la banca y las instituciones financieras de ahorro y crédito.

8.8. Reestructuración y perspectivas de la integración centroamericana: 1990-2008 Al comienzo de la década del noventa, la economía salvadoreña mostraba una mejoría, pese a muchos años de guerra en los que había resultado gravemente dañada la infraestructura, sobre todo de puentes y del sistema eléctrico. Con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, se puso fin a la guerra civil y se comenzó un proceso de cambios sociales y económicos profundos. Se reorientó la política macroeconómica en función del nuevo impulso que tendría el libre mercado. Desde el año 1989, el gobierno de Alfredo Cristiani inició un programa económico, parte del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se tomaron medidas para reducir la participación del Estado en la economía y eliminar los controles de los precios en el mercado.

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Estos cambios también se vieron reflejados en la dinámica del comercio y en el tema de la integración centroamericana, que desde principios de la década experimentaron cambios. A diferencia de la década del sesenta, esta vez tomaba cuerpo un modelo de desarrollo hacia adentro, con la ampliación de los mercados nacionales y la sustitución de las importaciones extrarregionales. Este proceso de integración se realizó adscrito a un modelo de desarrollo hacia fuera, que le apostaba a la inserción de la economía en el comercio internacional, principalmente extrarregional. Desde esta perspectiva, la integración regional debió ser compatible con un proceso de liberalización multilateral del comercio y beneficiarse del mismo; en ese sentido, se habló de regionalismo abierto, es decir, un regionalismo como parte del proceso de liberalización o reducción arancelaria del comercio multilateral. Esto fue planteado como un desafío del 22 MCCA. En 1993 se suscribió el Protocolo de Guatemala, que reformó el Tratado General de Integración Económica mediante el cual se readecuaron las normas del Tratado General y se renovó el compromiso de constituir una Unión Aduanera en Centroamérica. En octubre de 1994, los presidentes centroamericanos suscribieron una Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), en la cual se adoptan los principios y las bases para una política regional fundamentada en el respeto a la vida y orientada a la democracia, el desarrollo y el manejo sostenible de los recursos de la región. A partir de 1995, todos los países centroamericanos son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Para ello, tuvieron que adecuar su normativa comercial e incorporar nuevas disposiciones para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en ese ámbito multilateral, como la adopción de medidas concretas y específicas para la administración de los contingentes y los niveles arancelarios. Paralelamente, el comercio interregional empezó a crecer sostenidamente desde la década del noventa, lo que progresivamente permitió avances en el proceso de la Unión Aduanara desde inicios de la presente década, como la suscripción entre Guatemala y El Salvador, en el año 2000, de un convenio marco más avanzando en el proceso de Unión Aduanera, ya que el Protocolo de Guatemala faculta a los Estados contratantes para que dos o más de ellos puedan avanzar en el proceso de integración centroamericana. Posteriormente, en el transcurso de ese mismo año se adhirieron a este proceso los gobiernos de Nicaragua y Honduras, mediante resoluciones del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO). Costa Rica lo hizo en junio de 2002. En marzo de 2002, los presidentes aprobaron el plan de acción, y en junio de 2004, se aprobó el marco general para la negociación de la Unión Aduanera.

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En marzo de 2006, en la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de Integración, se acordó un plan con metas y fechas específicas a cumplir durante ese mismo año, con el propósito de acelerar el proceso de formación de la Unión Aduanera y lograr que casi la totalidad de los productos originarios centroamericanos gozaran del libre comercio. Sin embargo, en la actualidad, todavía queda por avanzar en la armonización tributaria, de tal forma que una mercancía que provenga de un tercer país paga los impuestos de entrada en el país centroamericano por el que ingresa, lo cual implica acuerdos para que la recaudación de esos impuestos lleguen al país centroamericano de destino final de la mercancía. En este contexto, la nueva agenda económica centroamericana persigue el mantenimiento de reglas claras de juego, estables, con mecanismos arbítrales eficaces a escala interregional, particularmente en materia de prácticas desleales de comercio y de restricciones a la competencia. En este periodo, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) comenzó a realizar actividades en el campo de la política de competencia, esfuerzos que se sustentan en el soporte jurídico de la integración, a saber: a) el Protocolo al Tratado General (artículo 25: “...los Estados Parte convienen en adoptar disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de la región”); b) disposiciones de orden constitucional en cada uno de los países centroamericanos, que promueven y garantizan la libre empresa; y c) la Resolución del Consejo de Ministros Responsables de la Integración Económica y Desarrollo Regional de agosto de 1996, en la que se instruye a la SIECA para continuar impulsando las actividades en materia de política de competencia, cuyos objetivos básicos son los siguientes: i) impulsar una normativa común sobre competencia, promoviendo la legislación aplicable tanto en el nivel regional como en el nacional; y, ii) en principio, las tres áreas de la normativa serían: prohibición de acuerdos y sus excepciones, prohibición del abuso de una posición dominante en el mercado y control de fusiones y concentraciones.

8.9. La institucionalidad de Competencia hasta la creación de la Superintendencia El marco jurídico de competencia que ha prevalecido en el país hasta la aprobación el 26 de noviembre de 2004 de la Ley de Competencia –la cual entró en vigencia en enero de 2006, más las reformas que se le efectuaron en octubre de 2007, que entraron en vigencia en noviembre de 2007– ha estado regulado en forma dispersa en la Constitución de la República, leyes secundarias tales como el Código de Comercio y el Código Penal y regulaciones sectoriales. Se trata de cuerpos legales que norman materias

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distintas a la competencia y han regulado y prohibido las prácticas comerciales desleales, contrarias a la buena fe comercial. Hasta entonces, la institucionalidad pública relacionada con la competencia estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República, instancia encargada de perseguir los delitos tipificados por el Código Penal y cuyas sanciones establece el mismo. En el mencionado Código Penal, en el capítulo II, “De los delitos relativos al Mercado, la Libre Competencia y la Protección del Consumidor”, se encontraba el artículo 232, que fue derogado con la entrada en vigencia de la Ley de Competencia. Esta disposición rezaba, en lo pertinente, de la siguiente forma: “Será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa… el que… mediante acuerdos con otras personas o empresas, impidiere, dificultare o falseare las reglas de competencia, conforme a alguna de las modalidades siguientes: 1) La imposición, directa o indirecta, de los precios de compra o venta; 5) El reparto de los mercados, o de las áreas de suministro o de aprovisionamiento; entre otros ……”. Cabe agregar que el derogado artículo 232 del Código Penal carecía de un concepto de posición de dominio y, por lo tanto, no proveía al juzgador de los elementos suficientes para poder encuadrar una conducta delictiva dentro de dicho ilícito penal. Según investigación realizada por Muadi,23 no se encontró en la jurisprudencia de las salas de lo Contencioso Administrativo, Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia antecedentes judiciales a través de los cuales se haya sancionado alguna conducta o práctica anticompetitiva en el país, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Competencia. El Órgano Judicial, a través de los juzgados de lo mercantil o con competencia en lo mercantil, conoce y resuelve los conflictos surgidos de prácticas de competencia desleal, a los cuales se les aplican los artículos 487 al 497 del Código de Comercio. De estos casos, los más frecuentes corresponden al uso indebido de marcas, falsificación de productos, falsificación de envases y desviación fraudulenta de clientela. Por otra parte, la Ley de Marcas, en los artículos 1000 a 1003, regula lo relacionado con prácticas de competencia desleal; sin embargo, los casos se manejan de forma inadecuada, no se cuentan con estadísticas judiciales y los procedimientos de ejecución no son céleres. Cabe mencionar que con la entrada en vigencia de la Ley de Competencia se derogaron, además del artículo 232 del Código Penal, los artículos 489, 490 y el numeral III del artículo 491 del Código de Comercio.

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En la década del noventa, como consecuencia de los procesos de privatización llevados a cabo por el Estado se crearon una serie de reguladores sectoriales, tales como la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones, Autoridad de Aviación Civil y Autoridad Marítima Portuaria, a los cuales sus respectivas leyes les otorgaban facultades de detección y eliminación de prácticas anticompetitivas en los sectores que les correspondía regular y fiscalizar. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley de Competencia, dichas atribuciones fueron derogadas. Además, el proceso de apertura comercial, que se inició desde la segunda mitad de la década del noventa, permitió la eliminación de cerca de 250 controles de precios establecidos por leyes y reglamentos. El Protocolo de Guatemala de 1993 incluye en el artículo 25 el acuerdo de los países miembros del Mercado Común para adoptar disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de la región. Además, algunos tratados de libre comercio suscritos con países como Chile, Panamá y México incorporan el compromiso de las partes de adoptar disposiciones sobre competencia.

8.10. Privatizaciones, apertura comercial Competencia en El Salvador (1990-2008)

Ley

El proceso de reformas económicas, iniciado al comienzo de la década de los noventa y profundizadas después de los Acuerdos de Paz de 1992, se destinó a liberalizar los mercados mediante la desregulación de barreras legales y la privatización de monopolios estatales; buscaron liberar al mercado nacional de cualquier traba para la asignación de recursos bajo la dinámica de la oferta y la demanda, también liberaron el comercio exterior, incluyendo la reactivación de la integración centroamericana. Estas reformas incluyeron medidas que procuraron el saneamiento de algunos bancos y posteriormente su venta; con esto se llevaba a cabo la privatización al sistema financiero, de tal manera que los bancos nacionalizados en marzo de 1980, como parte de las reformas hechas por la Segunda Junta Revolucionaria, volvieron a manos privadas. El Estado se desligó de monopolios como el del azúcar y mieles, luego se continuó con la venta de ingenios azucareros. En agosto de 1994 se aprobó la Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol y finalizó la venta de las acciones de los ingenios de INAZUCAR: El Carmen, La Magdalena, La Cabaña y Chaparrastique; y de CORSAIN se vendió el ingenio Injiboa.

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En esta misma época, se vendió la empresa nacional de Cemento Maya y se liberó el comercio exterior del café. En 1994 también se privatizaron las zonas francas, comercializándose el 66% de la zona franca San Bartola; en una segunda etapa del proceso se privatizaron las empresas distribuidoras de energía eléctrica y telecomunicaciones.24 Con estas reformas se ponía fin a las medidas económicas nacionalizadoras iniciadas a partir de 1948 y profundizadas durante el conflicto bélico de la década del ochenta.25 Desde entonces, las condiciones de competencia conocen en El Salvador un interés cada vez mayor en la formulación de la política pública. Dicho interés cobró fuerza con la intensificación del proceso de apertura y liberalización comercial por insertar la economía en los mercados globales y por los peligros que representan las prácticas anticompetitivas transfronterizas para el crecimiento y la integración del país en el comercio extrarregional y la atracción de inversión extranjera. En particular, por el riesgo de concentración de poder de mercado que la liberalización comercial y la inversión pudieran favorecer, amenazando las condiciones de competencia en el país y poniendo en riesgo las expectativas que el comercio pudiera generar para contribuir al desarrollo económico del país.26 Ahora bien, este interés creciente es inducido en buena parte desde instancias internacionales y países más desarrollados, los que incidieron para que el país incluyera la legislación sobre competencia como complemento necesario del libre comercio, como condición básica para asegurar el mejor desempeño del mercado nacional, ya que las reformas económicas impulsadas en el país en la década del noventa no lograron fortalecer la institucionalidad pública y privada para ejercer con eficiencia funciones regulatorias en los mercados. Y es que el tema de la legislación regulatoria de mercados es particularmente importante en economías pequeñas como la salvadoreña, donde los mercados son altamente concentrados y funcionan con muchas fallas; estructuras de mercados distorsionados por la intervención y asignación de privilegios que desde el Estado han sido otorgados y utilizados como incentivo para el desarrollo de la industria, que en la actualidad configuran cadenas productivas en las que prevalecen prácticas que podrían restringir la competencia e inhibir el desarrollo de los segmentos empresariales más vulnerables como la micro, pequeña y mediana empresa.27

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8.11. Los tratados de libre comercio y la institucionalidad de competencia Los tratados bilaterales de libre comercio suscritos, ratificados y en vigencia desde finales de los años noventa incorporaron, algunos de ellos, capítulos sobre competencia con el propósito de evitar que los beneficios de dichos acuerdos fueran menoscabados por prácticas anticompetitivas. Tal es el caso de los Tratados de Libre Comercio ( TLC) suscritos con República Dominicana, Chile y Panamá. La apertura comercial y la inserción en la economía mundial como estrategia para incrementar la competitividad y desarrollo del país mediante las negociaciones bilaterales de comercio e inversión llevaron al gobierno salvadoreño y demás gobiernos de la región a buscar la negociación de un tratado con el principal socio comercial de los países de la región, los Estados Unidos,28 que entró en vigencia en El Salvador a partir de marzo de 2006. El principio de trato nacional y de nación más favorecida que sustentan y rigen los contenidos del comercio multilateral en la Organización Mundial de Comercio ( OMC) es también la base sobre la cual se construyen, negocian, concluyen y se administran los acuerdos bilaterales de comercio. Son los que se proponen acelerar el proceso de liberalización del comercio y utilizan como piso los acuerdos de la OMC , garantizando de esta manera el trato de igual a igual entre competidores de países miembros del acuerdo. Ahora bien, cuando estos tratados se producen entre economías con diferenciales de desarrollo importantes, como es el caso de Centroamérica con los Estados Unidos, las reglas de comercio que establecen tales acuerdos son insuficientes para garantizar la igualdad de condiciones entre competidores con asimetrías o sesgos significativos, en términos de desarrollo humano y en términos de su institucionalidad y gobernabilidad económica. Así, por ejemplo, en términos de institucionalidad de competencia, los sesgos son importantes: Estados Unidos cuenta con una legislación e institucionalidad de libre competencia desde 1890, mientras El Salvador cuenta con tal legislación a partir de enero de 2006. En ese sentido, la creación en El Salvador de una ley y de una Superintendencia de Competencia fue un paso importante para la puesta en vigor del CAFTA-DR. Se realizaron reformas del marco jurídico institucional, necesarias para armonizar la legislación interna con los requerimientos o reglas y normas que contiene el tratado. Entre las reformas realizadas, caben destacar: a) la creación de cuerpos

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legales ad hoc al tratado, como la cláusula de salvaguardia provisional de modificación del arancel centroamericano de importación; b) la creación de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas; y c) reformas a la legislación secundaria, tales como: modificación a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual, hoy denominada Ley de Propiedad Intelectual; modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, Código Procesal Penal y Código Penal, entre otras. En el mismo sentido, los avances realizados desde la década del noventa por los países centroamericanos en el proceso de integración centroamericana, así como la posibilidad de concluir un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea con una negociación en el ámbito regional, evidencian la necesidad de contar con un marco jurídico institucional de competencia fuerte en el país; asimismo, demuestran la necesidad de coordinar la creación y el fortalecimiento de un marco jurídico e institucional regional de libre competencia a escala centroamericana, que contribuya a aprovechar los beneficios de una integración económica regional, reduciendo los riesgos de prácticas anticompetitivas transfronterizas, tanto en el comercio interregional como extrarregional.

8.12. De las reformas económicas a la creación de la Superintendencia de Competencia Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se inicia una discusión sobre la necesidad de crear y fortalecer una institucionalidad especializada que promueva la defensa de la competencia y elimine las prácticas anticompetitivas, las barreras legales al mercado y las distorsiones que éstas generan en las estructuras económicas. Con esto se contribuye a mejorar la productividad y se fortalece la calidad de las relaciones de los agentes económicos en los mercados y en las cadenas productivas, aprovechando al máximo los beneficios de la liberalización comercial con el fin de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Las reformas económicas impulsadas motivaron y sensibilizaron a los diferentes actores de la economía nacional en la necesidad de promover y fortalecer la institucionalidad de competencia en el país. Se abre un periodo de discusión, presentación de diversos anteproyectos de ley y elaboración de propuestas para la creación de una institucionalidad de promoción y defensa de la competencia. Seis anteproyectos de ley fueron presentados en la Asamblea Legislativa hasta la aprobación de la Ley de Competencia, el 26 de noviembre de 2004.

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Para evitar que las privatizaciones y desregulaciones generaran distorsiones en los mercados liberalizados, se crearon marcos legales e institucionales para regular mercados específicos a través del fortalecimiento de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), así como la creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y la Superintendencia de Valores (SV ), ambas en 1996, y la Superintendencia de Pensiones, en 1998. Sin embargo, como lo señalan algunos investigadores, estas entidades fueron creadas aisladas entre sí y sin ninguna estrategia sistémica para prevenir, detectar y eliminar las conductas anticompetitivas en sus respectivos sectores.29 En el mes de septiembre de 2004, el nuevo gobierno del presidente Elías Antonio Saca González apoyó e impulsó decididamente la aprobación de la Ley de Competencia, uno de los tres puntos prioritarios de la agenda de ese año, y elaboró un plan de trabajo para lograr su presentación y aprobación en el pleno legislativo. Este proceso concluyó el 26 de noviembre de 2004, fecha en que fue aprobada la Ley de Competencia por medio del decreto legislativo 528, publicada en el Diario Oficial número 240, tomo 365, del 23 de diciembre de 2004, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2006. “La desregulación iniciada en la década del noventa a nivel de precios, tipo de cambio y tasa de interés, así como las privatizaciones de empresas públicas, hizo evidente que la apertura no era suficiente para garantizar la competencia efectiva de los mercados”. 30

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Cuadro 3 Marcos legales e institucionalidad de El Salvador (1990-2008) Fuente: elaborado para esta investigaci贸n.

8.13. El mercado interno: el eslabón ignorado A lo largo de la historia económica de El Salvador, el mercado interno, su dinámica y estructura de funcionamiento ha estado ausente en las políticas públicas. Esto comienza a cambiar con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando las oportunidades de desarrollar un modelo económico basado en la industrialización de sustitución de importaciones con capacidad propia de sustentar su crecimiento favorecieron el desarrollo relativo de este mercado en la década del cincuenta. Pero muy pronto, por su estrechez y los niveles de concentración de ingresos en el país, éste tuvo que extenderse al mercado centroamericano, dejando un mercado interno que a lo largo de todo el proceso de integración regional y de sustitución de importaciones estructuró oligopolios, duopolios y monopolios, alrededor de una industria que se desarrolló con la protección gubernamental, mediante leyes que aseguraron mercados cautivos, protegidos de la competencia. Estos funcionaron sobre la base de la ley darwinista del más fuerte y fueron regulados por una política pública de “laissez-faire”, que ha impregnado a la administración pública, en lo que al mercado interno se refiere. Por ello, la urgencia de fortalecer la institucionalidad de defensa de la competencia tiene sustento en la necesidad de mejorar la calidad de las relaciones económicas entre los agentes privados dentro del país, mejorando la gobernanza y transparencia de las cadenas productivas y del mercado interno. Y no solo por la necesidad que hace sentir la liberalización e inserción en el comercio internacional y la atracción de inversión extranjera. La preocupación por asegurar una inserción al comercio internacional compatible con el modelo de crecimiento explica el porqué las distorsiones en el mercado nacional no fueron señaladas, o muy poco, como cuellos de botella importantes para crear institucionalidad de competencia en el país. Sobre todo si muchos estudios muestran o indican posibles distorsiones y cómo éstas pudieron impactar el desempeño competitivo del país y de los segmentos empresariales más vulnerables como la micro, pequeña y mediana empresa. Con el propósito de señalar algunas de las características de los mercados internos, se evocan algunas de ellas y se hace referencia a algunos estudios que identifican posibles distorsiones y prácticas anticompetitivas, que impactan los mercados y los sectores empresariales más vulnerables. Algunas de las dificultades que enfrentó el funcionamiento eficiente del mercado fueron, entre otras:

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1. La estrechez de sus mercados, por lo que la industria tiende, en muchos sectores, a concentrarse en unas cuantas empresas, aquellas que han adquirido una talla relativamente más grande, las que tienden a adoptar estructuras monopólicas, duopólicas y oligopólicas. 2. La persistencia de barreras legales que restringen la libre competencia, como por ejemplo la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, que pudiera otorgar a los agentes económicos una posición de dominio en su territorio; la Ley de Fortificación del Azúcar con vitamina A, que prohíbe la importación del azúcar que no está fortificada con vitamina A, la cual puede considerarse como una barrera técnica a la entrada; la Ley de Fomento de Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de Regulación de su Expendio, que prohíbe la comercialización de crema, queso y leche provenientes de la reconstitución y recombinación de la leche en polvo, utilizado como barrera a la entrada para productos regionales, por mencionar algunas leyes. 3. El país cuenta con una institución joven que debe fortalecerse para superar las necesidades que demanda la promoción y la defensa de la libre competencia. 4. La falta de una cultura de la competencia en las relaciones económicas que se crean en el tejido económico nacional y que involucran a agentes económicos, actores públicos y privados. En ese sentido, la libre competencia se encuentra obstaculizada por prácticas anticompetitivas, barreras legales a la entrada del mercado, privilegios como incentivos para el desarrollo de las actividades económicas, derechos adquiridos para acceder a distintos mercados, algunos generados por políticas y legislación estatal a lo largo de la historia del país. Uno de los estudios realizados en el marco del proyecto “Reforzando la Competencia en el istmo centroamericano”, de la CEPAL y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), por sus siglas en inglés), señala al respecto: Considerando su condición de economías pequeñas, con numerosos mercados naturalmente monopolísticos, con fuertes problemas de distribución del ingreso, una carencia de cultura y abogacía de competencia en los mercados, parece indispensable que la política de competencia considere la necesidad del desarrollo económico. Dadas estas circunstancias, una política de competencia en Centroamérica necesita integrar un conjunto de políticas heterodoxas que generen

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condiciones de mercado ‘razonablemente competitivas’ y que muestren rasgos de ‘competencia efectiva’, que no se basen exclusivamente en un enfoque de ‘laissezfaire.31

No es difícil señalar o identificar las prácticas y tolerancias al funcionamiento distorsionado de los mercados en el país, pero todavía es difícil hacerlas visibles para superarlas. A continuación se presentan algunos mercados que pueden ser proclives a la existencia de prácticas anticompetitivas que restringen la competencia y afectan el clima de negocios. Un estudio realizado en 2002 sobre el café, que actualiza el efectuado por Monitor Company en 1997, concluye que la división entre productores y beneficiadores/exportadores es evidente, y que el conglomerado en general no es competitivo debido a que varias etapas son incipientes, como la torrefacción y la producción de cafés especiales. Además señala la existencia de estructuras oligopsónicas32 en la comercialización debido al poder de negociación que ejercen los comercializadores tradicionales. La comercialización y distribución de frutas y verduras, según un estudio realizado por Lechevallier en 1997, en particular el caso del tomate, el repollo y la cebolla, da cuenta de los márgenes de ganancia en cada eslabón de la distribución. En el caso del tomate se muestra que al menos el 42% es importado de Honduras, Guatemala y México por los mayoristas transportistas, quienes controlan el 52% del producto que se coloca en el mercado nacional, lo que les permite incidir y fijar el precio nacional de este producto. En el caso del transporte aéreo, si bien no existen barreras a la entrada para nuevas compañías ni limitaciones a la inversión extranjera, la suscripción de un acuerdo interregional de “cielos abiertos”, que designa el uso de los aeropuertos de la región como de cabotaje para las líneas aéreas centroamericanas, se constituye, en la práctica, en una medida de protección a favor de la línea área nacional, en la medida que las líneas extrarregionales no pueden realizar operaciones de cabotaje de pasajeros entre los países centroamericanos,33 y en la medida que la institucionalidad pública no resuelva de manera expedita los conflictos comerciales, favoreciendo los abusos. La producción de harina de trigo era hasta el año 2002 un duopolio: sólo dos empresas se repartían el mercado nacional. Esta estructura de mercado ha sido favorecida por la existencia de barreras de entrada al mercado de las harinas, provenientes de la aplicación del Reglamento de Importación de Trigo y Harinas de Trigo, el cual data de 1951 y que contiene disposiciones que refuerzan la concentración en este mercado. Esto prosiguió hasta que el Consejo de Ministros de la Integración Económica (COMIECO) acordó eliminar, a partir de enero de 2003, el pago

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de aranceles al comercio de harina de trigo en la región, pero sin efectos positivos para los consumidores, en la medida en que muy a pesar de la liberalización prevalece la posición dominante de las empresas en el mercado de este producto, por lo que pareciera ser un acuerdo tácito de segmentación del mercado en el ámbito centroamericano entre los productores de harina de los países de la región. En el caso del transporte terrestre de carga en Centroamérica, no existen restricciones regulatorias para la circulación de vehículos. La contratación de servicios de carga con origen y destino dentro de un país queda reservada a los transportistas nacionales, ya que no hay cabotaje de servicios de carga terrestre. Un estudio realizado por la Universidad de El Salvador34 respecto de los medicamentos esenciales (genéricos e innovadores) establece como uno de sus principales hallazgos el excesivo precio de estos productos en comparación con los precios internacionales de referencia publicados por Management Science for Health en el año 2005, con valores que oscilan entre 5 y 600 veces el precio del mismo. Este sesgo en el precio se debe, en el caso de productos genéricos, según la misma investigación, a los márgenes de ganancia de importadores y distribuidores: mayoristas y minoristas, que se agregan en el precio que, al final de la cadena de distribución, paga el consumidor. Sin embargo, algunas industrias farmacéuticas cuestionan la metodología utilizada por esta investigación y ponen en duda los resultados de la misma. En el rubro de las telecomunicaciones, en el 2004 una sola compañía invirtió más de 711 millones de dólares para adquirir el control del 95% de capital accionario de la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador (CTE), por medio de la compra del 51% de las acciones a dos empresas y del 44% de las acciones propiedad del Estado y otros accionistas minoritarios. La micro, pequeña y mediana empresa cubren un segmento del parque empresarial, que representa más del 98% del total de establecimientos no agrícolas del país. Sin embargo, por su tamaño, estas unidades económicas están expuestas a prácticas anticompetitivas de proveedores y distribuidores, incluyendo los mercados de servicios empresariales, muchos de los cuales estructuran cadenas productivas excluyentes. Investigaciones de 2001 dan cuenta de los costos que la falta de competencia y la debilidad institucional para promoverla y defenderla pueden ocasionar en los segmentos empresariales más débiles, en particular en la micro, pequeña y mediana empresa35 por operar en mercados en los que las prácticas anticompetitivas, en estructuras de mercado imperfectas, dominan y determinan su funcionamiento, limitando la libre competencia.

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Según el estudio realizado por FUNDAPYME, los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa perciben que los problemas de competencia representan el principal obstáculo para el desarrollo de su competitividad. Uno de los problemas identificados se refiere a las condiciones comerciales abusivas impuestas por proveedores y distribuidores con posición dominante en los mercados. Francisco Molina muestra cómo algunos mercados con una vinculación estrecha con el mercado internacional están expuestas también a distorsiones y prácticas restrictivas transfronterizas, como en el caso del mercado del azúcar, el cemento, el arroz, la harina de trigo, líneas aéreas, entre otros.36 Otros estudios muestran que las distorsiones y prácticas anticompetitivas en los mercados tienen un impacto sistémico en las cadenas productivas que impactan hacia delante y hacia atrás en los diferentes eslabones de la cadena productiva hasta el consumidor, como en el caso de la comercialización de frutas y verduras, confección, panadería y productos lácteos, entre otros.37 Superar los obstáculos, sobre todo después de las recientes privatizaciones, para establecer en el país un libre mercado competitivo, la inexistencia de legislación e institucionalidad de competencia, el compromiso hacia la integración regional y la búsqueda de una mejor posición en el mercado internacional fueron algunos de los elementos que incentivaron al Estado, en la década del noventa, a emitir una normativa que defendiera los derechos de los consumidores, que asegurara la calidad de los bienes y servicios, que mejorara el sistema de tributario, entre otros aspectos. Para estos efectos se liberó totalmente la comercialización de los derivados del petróleo. En 1992 se aprobó la primera Ley de Protección al Consumidor, la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). En 1994 se aprobó la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol y la Ley de Creación del Banco Multisectorial de Inversiones. En 1996 se aprobó la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas, la cual tiene por objeto vigilar registros sanitarios, controles de calidad, pago de impuestos en la producción y venta del alcohol y bebidas alcohólicas, cerveza y otras bebidas fermentadas, tanto nacionales como importadas. En este mismo año se aprobó una nueva Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Creación de la SIGET. En adición, se aprobó la Ley General de Electricidad, la cual norma las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, sector que poco tiempo atrás había sido privatizado.

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En 1997 se privatizó el sistema de pensiones y se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. En este año, entró en vigencia la Ley de Bolsas de Productos y Servicios, la cual tiene por objeto regular la constitución, funcionamiento, limitaciones y prohibiciones de las bolsas de productos y servicios, a efecto que las transacciones de productos o servicios se efectúen con facilidad, transparencia y con la debida seguridad para generar confianza en el público, mediante los mecanismos de las bolsas. Se privatizaron las telecomunicaciones, con la promulgación de la Ley de Privatización de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. En noviembre de 1997 se aprobó la Ley de Telecomunicaciones. Al año siguiente, en abril de 1998, entra en vigencia el nuevo Código Penal a fin de procurar mayor agilidad en los procesos penales para combatir la delincuencia. El nuevo código, en el capítulo II, se refiere a los delitos relativos al mercado, la libre competencia y la protección al consumidor, y estableció que será la Fiscalía General de la República la que se encargará de la persecución de estos delitos. En el año 2000 entran en vigencia la Ley de Inversiones, las reformas al Código de Comercio, así como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, teniendo por objeto regular las adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios que deben celebrar las instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de sus fines, entendiéndose para los alcances y efectos de ésta que la regulación comprende, además, los procedimientos por cuyo medio se promueve competencia. Éstas y otras medidas fueron parte de los esfuerzos del Estado para potenciar la dinámica comercial del país.

8.14. Cooperación internacional para el fortalecimiento de la competencia y su institucionalidad A los esfuerzos del Estado salvadoreño para el fortalecimiento de la competencia y su institucionalidad se sumaron muchos esfuerzos que diferentes organismos de cooperación internacional realizaron en los últimos años. Muchos de estos organismos han reconocido las limitaciones que El Salvador tiene como país para avanzar eficazmente hacia una economía de mercado que defienda y promueva la competencia y, en consecuencia, notan la necesidad de contribuir a lograr tal objetivo. Así, desde la segunda mitad de la década del noventa diferentes organismos de cooperación internacional realizaron esfuerzos por crear y fortalecer una institucionalidad de defensa de la competencia en el país, entre los cuales caben destacar los siguientes: El Banco Mundial y el Gobierno de El Salvador suscribieron, en 1996, un convenio de préstamo para financiar el Proyecto “Asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad”. En el marco de este proyecto, se realizaron

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actividades que contribuyeron con la creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la elaboración por parte del Ministerio de Economía del anteproyecto de Ley de Libre Competencia, entre otros anteproyectos de ley; asimismo, se contribuyó al fortalecimiento de la institucionalidad pública relacionada con la protección del consumidor, entre otras actividades más, como las siguientes: a) En 1998, la Fundación doctor Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) impulsó un programa financiado por USAID denominado “Fortalecimiento de las condiciones de competencia y del sistema de protección al consumidor en El Salvador”, que incluyó la identificación de “buenas prácticas internacionales en materia de diseño y aplicación de políticas de competencia, así como la generación de consensos entre actores claves en torno a la necesidad de aprobar una ley de competencia”. b) Adicionalmente, USAID, mediante el programa PROALCA, también formó parte de la cooperación internacional recibida para el inicio de las operaciones de la Superintendencia de Competencia, dotándola de equipo informático. Es más, USAID, a través de su denominado “Programa de aduanas e iniciativa de negocios que promueve el comercio y la inversión” ha brindado cooperación en el área de promoción de la competencia. c) Programa de fortalecimiento de la democracia salvadoreña, impulsado por la Fundación Friedrich Ebert en el año 2000, con el propósito de proveer capacitación y asistencia técnica a la Comisión de Libre Competencia de la Asamblea Legislativa; también apoyó el proceso de diseño y discusión de una Ley de Competencia. d) Proyecto CEPAL/IDRC “Reforzando la competencia en el istmo centroamericano: políticas nacionales e instituciones, coordinación regional y participación en negociaciones internacionales”. Este proyecto procuró fortalecer la capacidad técnica e institucional de Centroamérica para promover y proteger la competencia dentro de estos países, crear el marco regional necesario para desarrollar un enfoque coordinado de los temas relacionados con la competencia y contribuir a crear un marco mundial para la gobernabilidad de la competencia. Los propósitos del proyecto fueron mejorar el conocimiento de las autoridades nacionales acerca de las condiciones y retos de la competencia, y sobre el fortalecimiento de las instituciones, políticas y normas para proteger la competencia. Todo eso mediante la realización de estudios sobre condiciones de competencia, regulación y competencia en sectores claves como telecomunicaciones y banca. e) El programa COMPAL I de la UNCTAD es la fase II de un programa que, con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza, otorgó asistencia técnica por un periodo de tres años en las áreas de políticas de

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competencia y protección del consumidor a Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Perú y Bolivia. Esto con el fin de proporcionar herramientas necesarias para fortalecer la política de competencia en sus mercados y consolidar el bienestar del consumidor a través de precios más bajos, una mejor calidad y mayor variedad de productos. f) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó en el diseño y conformación de la Superintendencia de Competencia, mediante el Convenio ATN/SF-9321-ES: implementación de la Ley de Competencia: desarrollo y organización institucional, dotándola, a la vez, de herramientas básicas para la efectiva implementación de la Ley de Competencia en El Salvador. g) El que fuera el Tribunal de Competencia de España, mediante su programa denominado “Escuela Iberoamericana de Competencia”, capacitó a personal de la Superintendencia y continúa en ese esfuerzo apoyando el fortalecimiento institucional de la misma.

8.15. La Ley, la Superintendencia y la institucionalidad de Competencia 2004-2008 Con la aprobación de la Ley de Competencia el 26 de noviembre de 2004, mediante decreto legislativo número 528 se implementó en el 2005 –con el apoyo del Ministerio de Economía– un plan de acción para el inicio de operaciones de la Superintendencia de Competencia. La mencionada ley entró en vigencia el 1 de enero de 2006, fecha en la que la Superintendencia inició sus operaciones; el reglamento de la Ley de Competencia fue aprobado en diciembre de 2006. Como resultado de contraponer las disposiciones de la ley a las realidades a las cuales debía aplicarse, por medio del decreto legislativo 436 del 18 de octubre de 2007, se reformó la ley. Con estas reformas, se fortaleció institucionalmente a la Superintendencia de Competencia: se le concedieron mayores facultades investigativas, pues el superintendente puede llevar a cabo registros o allanamientos de forma sorpresiva, previa orden de un juez de Primera Instancia con competencia en materia civil o mercantil de la localidad en donde se encuentre ubicado el inmueble o inmuebles que se pretenden registrar o allanar, con lo que se refuerzan las herramientas para la investigación, detección y eliminación de las prácticas anticompetitivas. Además se le otorgó al superintendente la facultad de decretar medidas cauterales, se endureció el régimen sancionatorio y se introdujo el programa de clemencia en caso del cometimiento de acuerdos entre competidores. La instancia encargada de velar por el cumplimiento de la ley es la Superintendencia de Competencia, institución independiente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con autonomía administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones legales que le corresponden.

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Esta autoridad tiene dos instancias: la investigativa y la resolutiva. De conformidad a la Ley de Competencia, ésta tiene por objeto: “Promover, proteger y garantizar la competencia, mediante la prevención y eliminación de prácticas anticompetitivas que, manifestadas bajo cualquier forma, limiten o restrinjan la competencia, o impidan el acceso al mercado a cualquier agente económico, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar del consumidor (...) En este sentido, la ley prohíbe los acuerdos, pactos, convenios, contratos entre competidores y no competidores, así como los actos entre competidores, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso al mercado a cualquier agente económico, en los términos y condiciones establecidos por la misma”. La ley desarrolla tres categorías de prácticas anticompetitivas: los acuerdos entre competidores o acuerdos horizontales, acuerdos entre no competidores o acuerdos verticales y el abuso de posición dominante. Además, las operaciones de concentraciones económicas están sometidas a un control ex ante, obligatorio y con efectos suspensivos por parte de la Superintendencia. La ley entiende por tales operaciones: las fusiones, absorciones, adquisiciones, consolidaciones, integraciones o combinaciones de los negocios en todo o en partes de los agentes económicos intervinientes. Ahora bien, para que una operación de concentración económica deba notificarse previamente a la Superintendencia, la ley requiere el cumplimiento de determinados requisitos: la independencia entre los agentes económicos interesados y que la operación implique la combinación de activos totales que excedan a cincuenta mil salarios mínimos anuales urbanos en la industria o que los ingresos totales de los agentes involucrados excedan a sesenta mil salarios mínimos anuales urbanos en la industria. Desde un enfoque preventivo y de mínima intervención, el Consejo Directivo de la Superintendencia puede autorizar, condicionar o denegar una operación de concentración económica. En cuanto a la aplicación de la ley para la investigación, detección y eliminación de una práctica anticompetitiva, ésta establece que todo procedimiento puede iniciarse de oficio o por denuncia. Las violaciones a la misma serán sancionadas con multas, cuyo monto se determinará a partir de la gravedad de la infracción, el daño ocasionado, la duración de la práctica anticompetitiva, el efecto sobre terceros, las dimensiones del mercado y la reincidencia y, lo más importante, de la resolución final que determine la existencia de una práctica anticompetitiva, la orden de cese de la misma en un plazo determinado, pudiéndose establecer condiciones u obligaciones estructurales o de comportamiento.

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Por otra parte, la Ley de Competencia le ha concedido a la Superintendencia una importante tarea de promoción de la misma para la creación y consolidación de una cultura de competencia en el país. Entre algunas de las actividades de abogacía de la competencia se pueden mencionar las siguientes: realización de estudios sectoriales de mercado; emisión de recomendaciones de política pública; emisión de opiniones sobre proyectos de leyes, ordenanzas o reglamentos que puedan significativamente limitar, restringir o impedir la competencia; emisión de opiniones sobre procedimientos de contratación y adquisición de públicos, que puedan significativamente limitar, restringir o impedir la competencia; actividades de divulgación y capacitaciones al Órgano Judicial, medios de comunicación, académicos, agentes económicos y sociedad en general. La Superintendencia, dentro de su Plan Operativo 2006-2010, contempla la realización de diversos estudios sobre condiciones de competencia en distintos sectores de la actividad económica nacional, tales como infraestructura, agropecuario, alimentos, entre otros. Los estudios constituyen un medio a través del cual se caracterizan, entre otros, las actividades económicas y principales agentes involucrados; se determinan los mercados relevantes y la existencia de poder dominante de los participantes en el mercado correspondiente; se evalúan las políticas públicas y la legislación sectorial y general que dan marco institucional y legal a la actividad económica en estudio; se identifican las principales barreras normativas y económicas a la competencia; y se establecen los hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes para mejorar el desempeño y funcionamiento del sector en estudio. Es así como se han realizado estudios sobre condiciones de competencia en los siguientes sectores: combustibles líquidos; medicamentos, fase I y fase II; electricidad; puertos marítimos; industria avícola: huevos, pollos y otros; gas licuado de petróleo; y telecomunicaciones: fija y móvil. En el primer semestre de 2008 se inició un estudio del sector azucarero salvadoreño. La Superintendencia de Competencia se complementa y articula con otras instancias del Estado: aquellas encargadas de eliminar y sancionar las prácticas de competencia desleal, aquellas que regulan algunos mercados o sectores específicos, aquellas que velan por la defensa del consumidor y las que se encargan de negociar y administrar tratados de libre comercio y encargadas de dar cumplimiento efectivo a las transacciones mercantiles. La política de competencia es un pilar fundamental del desarrollo económico y social del país, junto con otras políticas, tales como la fiscal, comercial, arancelaria.

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Cuadro 4 Relaciones de cooperación y coordinación de la Superintendencia de Competencia con entidades gubernamentales de El Salvador

DC: Defensoría del Consumidor CNR: Centro Nacional de Registros MINEC: Ministerio de Economía SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones SSF: Superintendencia del Sistema Financiero AMP: Autoridad Marítima Portuaria AAC: Autoridad de Aviación Civil SP: Superintendencia de Pensiones SV: Superintendencia de Valores BCR: Banco Central de Reserva de El Salvador

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Es importante agregar que el 4 de mayo de 2006, durante la 47.a reunión de viceministros de integración económica, fue creado el Grupo de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia con el fin de asegurar la transparencia y el libre acceso de los agentes económicos que participan en las distintas actividades de intercambio comercial, inter y extrarregional, multiplicando así los beneficios del libre comercio en los países centroamericanos por medio del diseño de una política de competencia regional y el fomento de su cultura. Su primera reunión presencial fue en julio de 2006. El referido grupo está integrado por las autoridades de competencia de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Durante 2007 y 2008, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales e intercambiar experiencias, se suscribieron convenios con instituciones homólogas, entre las que se encuentran: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá, la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica, la Comisión para la Defensa y Promoción de Competencia de Honduras, el Tribunal de Defensa de la Competencia de España, el Tribunal de Defensa de la Competencia de Chile, la Fiscalía Nacional Económica de Chile y la Comisión Federal de Competencia de México. Finalmente, en relación con este punto, es de hacer notar que la Superintendencia se encuentra acompañando al Ministerio de Economía en la negociación de un capítulo de competencia dentro del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la región centroamericana. La Superintendencia considera importante contar con un capítulo de competencia en el Acuerdo de Asociación que se negocia con la Unión Europea (UE) que contemple los principios necesarios para prevenir distorsiones en el mercado nacional ocasionado por el nuevo intercambio comercial que se abrirá con dicho acuerdo. Lo que se busca es evitar efectos nocivos en el comercio entre las regiones, reconociendo la autonomía de las autoridades de competencia nacionales en la aplicación de sus legislaciones. Es importante destacar que El Salvador presentó su primer examen de política comercial ante la OMC, en Ginebra, Suiza, en noviembre de 1996, mediante el cual se evaluó con excelentes resultados la política comercial y económica del país, en concordancia con los acuerdos de la OMC. En febrero de 2003, El Salvador se sometió al segundo examen de política comercial, como resultado del cual se ha encomiado al país por sus iniciativas en materia de facilitación del comercio.

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En 1996 se creó el Grupo de Trabajo de Políticas de Competencia, en el proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en 1999 dicho grupo se constituyó en una de las mesas de negociación de dicho proceso. En el primer semestre del año 2008, la Superintendencia de Competencia se somete al primer examen de derecho, política y ley de competencia, cuyos objetivos generales son proporcionar un punto de referencia importante a la Superintendencia de Competencia en los procesos de gestión, permitir identificar posibles obstáculos para una aplicación efectiva de la Ley de Competencia y contribuir al impulso necesario para efectuar los cambios requeridos. Dentro de los objetivos específicos del citado examen figuran, entre otros: lograr mayor eficacia de la intervención de esta Superintendencia, desarrollar y consolidar una cultura de competencia en el país, desarrollar y consolidar relaciones efectivas con el Órgano Judicial y promover la enseñanza del Derecho de Competencia en los centros de estudios superiores de El Salvador.

8.16. Consideraciones finales En El Salvador, a lo largo de las últimas cinco décadas, la dinámica e inserción en el comercio regional e internacional han marcado muchos de los avances o retrocesos en las condiciones y evolución del marco jurídicoinstitucional de competencia. En particular, se ha sugerido en este capítulo cómo la política de competencia se complementa con la política de integración en centroamérica, en mercados cada vez más globalizados, en los que participan agentes nacionales, regionales e internacionales, como lo muestra, desde el Tratado Constitutivo de Roma de 1957, la experiencia de integración económica de la Unión Europea. La reactivación de la integración y las reformas económicas impulsadas desde la década del noventa hasta la fecha han estado asociadas con un proceso de liberalización y reducción arancelaria del comercio multilateral y con la suscripción de tratados de libre comercio bilaterales, que han favorecido y contribuido al fortalecimiento de la institucionalidad de defensa de la libre competencia en el país. Por otra parte, la urgencia de fortalecer la institucionalidad de defensa de la competencia también se sustenta en la necesidad de mejorar la calidad de las relaciones económicas entre los agentes privados dentro del país, mejorando la gobernabilidad y transparencia de las cadenas productivas y del mercado interno. Uno de los hallazgos de importancia que este estudio pudo observar con base en la experiencia de otros países –sumado a la problemática de integración

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regional, a la ausencia de una práctica de libre comercio regional y de libre competencia y a la ausencia de estandarización de aranceles– es que la creación de la Superintendencia de Competencia y su funcionamiento como ente rector regulador y la implementación de una Ley de Competencia no son suficientes por sí solas para lograr resolver los problemas de competencia en el mercado salvadoreño. Es necesario crear un sistema de defensa de la competencia que permita la articulación y coordinación de la Superintendencia con el resto de la institucionalidad pública y privada en el país. Estos hallazgos también sugieren que los esfuerzos por fortalecer la libre competencia deben articularse con la armonización de leyes de libre competencia, en el marco de los procesos de integración económica, regional y extrarregionalmente; en particular, en el marco de la integración centroamericana y de los tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio. Con la aprobación de la Ley de Competencia el 26 de noviembre de 2004 y con la creación de la Superintendencia de Competencia –que junto con la ley entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2006– se ha realizado en el país un avance importante en la defensa de la libre competencia y en la creación de una institucionalidad pública encargada de velar por el cumplimiento de dicha ley. Habrá que seguir impulsando el proceso de integración centroamericana en cuanto a política de competencia. Es con el protocolo de Guatemala de 1993 que se da un avance trascendental en esta materia: por primera vez se incluye, de manera explícita, en el artículo 25 del referido protocolo, la adopción de disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia, en el sector comercio. Sin embargo, aún no se cuenta con una normativa regional ni con la institucionalidad regional de competencia que la aplique. No obstante, existe consenso entre los diferentes actores claves de la región centroamericana sobre la necesidad de profundizar y fortalecer el proceso de integración regional como instrumento de desarrollo. Para ello, es necesario y conveniente institucionalizar la defensa y promoción de la libre competencia en el seno del Sistema de Integración Económica Centroamericana (SICA). La Superintendencia de Competencia, luego de dos años y medio de haber iniciado sus labores, ha llevado a cabo esfuerzos importantes para desarrollar una cultura de competencia en El Salvador que contribuya a fortalecer la capacidad del país en la defensa de la competencia y a construir un sistema nacional de competencia que involucre a actores públicos y privados, posicionándose como la instancia referente y encargada de velar por la promoción, protección y garantía de la competencia en el país, a efecto de incrementar la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores.

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8.17. NOTAS

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Con República Dominicana, Chile y Panamá. Ver Plan Nacional de Acción para la Creación de Capacidades Comerciales, presentado por el gobierno salvadoreño en julio de 2003, en el marco de las rondas de negociación del CAFTA-DR, en el que se identifica la necesidad de fortalecer la institucionalidad relativa a la política de competencia como una prioridad para la cual se requería, en el marco de dicho plan, una cooperación, pp. 13 y 21, http://www.sice.oas.org/TPD/USA_CAFTA/Negotiations/Trade_Capacity/NAP_SLV_s.doc. Ver Constitución de la República de El Salvador de 1950, p. 353, http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1575/20.pdf. Gabriel Muadi, El Salvador: informe sobre las necesidades y prioridades en el área de Políticas de Competencia, p. 17. Una conducta o práctica anticompetitiva también es conocida como conducta monopólica absoluta y/o relativa. Monopólica absoluta es aquélla que se realiza entre empresas del mismo eslabón o nivel de la cadena productiva; se trata de actos o combinaciones entre competidores que tienen el objeto o efecto, por ejemplo, de manipular los precios. Una conducta monopólica relativa o vertical es aquélla que se produce entre empresas de diferentes eslabones de la cadena productiva y no entre competidores; éste es el caso de las ventas atadas, contratos de exclusividad, entre otros más. Ver http://catarina.pue.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/tanus_n_j/capítulo2.pdf. Héctor Dada, Evaluación de la integración centroamericana, p. 41. Se refiere al aumento de la circulación de la moneda, que en este caso se incrementa por el hecho de que las relaciones contractuales se realizaron a partir de entonces: se remuneró la fuerza de trabajo con un salario y se eliminó toda forma de pago en especies. Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana, p. 41. Ibíd., p. 55 y siguientes. Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: el caso de El Salvador, p. 5; Claudia Schatán y Eugenio Rivera, Los Mercados en el Istmo Centroamericano y México: ¿qué ha pasado con la competencia?, p. 46. Por ejemplo, la fábrica de café soluble se crea en asociación de los beneficiadores salvadoreños y capital de Estados Unidos, como lo señala Héctor Dada Hirezi, en La Economía de El Salvador y la Integración Centroamericana (1945-1960), p. 63. Carlos Acevedo, La experiencia de crecimiento económico en El Salvador durante el siglo XX, p. 1. Ibíd., pp. 4-8. Nicolás Mariscal, Integración económica y poder político en Centroamérica, p. 17.

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Nicolás Mariscal, ob. cit., pp. 21-30. SIECA, “El desarrollo integrado de Centroamérica”, tomo I, pp. 38-39. Eduardo Lizano, El proceso de integración económica, p. 196. El Diario de Hoy, 8 de julio de 1976. Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (julio 1976). Opinión de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador al Proyecto de Tratado de la Comunidad Económico y Social Centroamericana. San Salvador, El Salvador. Organización Internacional del Trabajo (1998), “El proceso de integración centroamericana en perspectiva”, sección 2.3 del documento, http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/actrav/integ_ca/final.htm. Como la reducción unilateral de aranceles consolidados que cada uno de los países registró en la OMC, la cual no sólo ha favorecido la triangulación de productos entre los países centroamericanos, sino que ha dificultado el avance en el proceso de la Unión Aduanera. Estas políticas y reformas estructurales se limitaron a la creación de zonas de libre comercio, que buscan como único objetivo la reducción del proteccionismo comercial sin avanzar en el proceso de integración regional a través de la creación de una unión aduanera, coordinación de las relaciones comerciales externas, la libre movilidad de factores de producción, la integración financiera y monetaria y el desarrollo de políticas comunes. Ver Pedro Caldentei del Pozo y José Juan Romero, Centroamérica: integración, agenda abierta con un dilema pendiente, disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/356. Pablo Rodas Martini, Centroamérica: ¿hacia un regionalismo abierto o hacia una apertura sin regionalismo?, disponible en http://www.netamericas.net/Researchpapers/Documents/Rodas/Rodas1sp.PDF. Gabriel Muadi, El Salvador: informe sobre las necesidades y prioridades en el área de Políticas de Competencia, p. 17. UNCTAD, Fortalecimiento de instituciones y capacidades en el área de políticas de competencia y protección del consumidor, p. 39. Walter, Knut, “Reflexiones al final de una era, entre la razón y el espíritu nacional (1989-1999)”, en La República, tomo II, pp. 610-646.

La concentración no siempre supone falta de competencia ni ha de tener siempre un efecto negativo en el rendimiento económico. Sí hace más complejo el ejercicio de evaluar el poder de mercado y la conducta competitiva, sobre todo cuando la mundialización y la liberalización, facilitadas por los rápidos adelantos de la tecnología, han creado dinámicas nuevas de la competencia (UNCTAD, TD/B/COM.2/CLP/30). Diferentes estudios dan cuenta de las distorsiones y/o condiciones de competencia en los que funcionan algunos mercados en el país. Ver en la bibliografía los estudios realizados por Carole Lechevalier, Francisco Molina, Gabriel Muadi, Claudia Schatán, y Hugo López, entre otros. Origen del 40.5% de las importaciones de El Salvador y destino del 57% de las exportaciones totales del país para el año 2006. Véase en Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: caso de El Salvador, p. 7. Eugenio Rivera y Claudia Schatán, El desarrollo de la Competencia en Centroamérica y México: Un estudio comparativo, lámina 3. René Hernández y Claudia Schatán, Políticas de competencia y de regulación en el istmo centroamericano, p. 6. Oligopsonio: es un tipo de estructura del mercado en el cual sólo existen unos pocos compradores para un bien determinado. Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: caso de El Salvador. Eduardo Espinoza, Disponibilidad y precio de medicamentos esenciales en El Salvador durante el segundo semestre de 2006, pp. 38 y 51.

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Ver, Julia Evelyn Martínez y Elcira Beltrán de Vieytez, Desafíos y oportunidades de la PyME salvadoreñas: construyendo una agenda de desarrollo, p. 37. Ver Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: caso de El Salvador, p. 5. Hugo López, Pequeña corrupción impacto en la actividad económica de la MIPyME en El Salvador, p. 8 y capítulo VI.

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Ver Constitución de la República de El Salvador de 1950, p. 353, http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1575/20.pdf. 4 Gabriel Muadi, El Salvador: informe sobre las necesidades y prioridades en el área de Políticas de Competencia, p. 17. 5 Una conducta o práctica anticompetitiva también es conocida como conducta monopólica absoluta y/o relativa. Monopólica absoluta es aquélla que se realiza entre empresas del mismo eslabón o nivel de la cadena productiva; se trata de actos o combinaciones entre competidores que tienen el objeto o efecto, por ejemplo, de manipular los precios. Una conducta monopólica relativa o vertical es aquélla que se produce entre empresas de diferentes eslabones de la cadena productiva y no entre competidores; éste es el caso de las ventas atadas, contratos de exclusividad, entre otros más. Ver http://catarina.pue.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledi/tanus_n_j/capítulo2.pdf. 6 Héctor Dada, Evaluación de la integración centroamericana, p. 41. 7 Se refiere al aumento de la circulación de la moneda, que en este caso se incrementa por el hecho de que las relaciones contractuales se realizaron a partir de entonces: se remuneró la fuerza de trabajo con un salario y se eliminó toda forma de pago en especies. 8 Héctor Dada Hirezi, La economía de El Salvador y la integración centroamericana, p. 41. 9 Ibíd., p. 55 y siguientes. 10

Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: el caso de El Salvador, p. 5; Claudia Schatán y Eugenio Rivera, Los Mercados en el Istmo Centroamericano y México: ¿qué ha pasado con la competencia?, p. 46. 11 Por ejemplo, la fábrica de café soluble se crea en asociación de los beneficiadores salvadoreños y capital de Estados Unidos, como lo señala Héctor Dada Hirezi, en La Economía de El Salvador y la Integración Centroamericana (1945-1960), p. 63. 12 Carlos Acevedo, La experiencia de crecimiento económico en El Salvador durante el siglo XX, p. 1. 13 Ibíd., pp. 4-8. 14 Nicolás Mariscal, Integración económica y poder político en Centroamérica, p. 17. 15 16

Nicolás Mariscal, ob. cit., pp. 21-30. SIECA, “El desarrollo integrado de Centroamérica”, tomo I, pp. 38-39.

367

Eduardo Lizano, El proceso de integración económica, p. 196. El Diario de Hoy, 8 de julio de 1976. 19 Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (julio 1976). Opinión de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador al Proyecto de Tratado de la Comunidad Económico y Social Centroamericana. San Salvador, El Salvador. 20 Organización Internacional del Trabajo (1998), “El proceso de integración centroamericana en perspectiva”, sección 2.3 del documento, http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/actrav/integ_ca/final.htm. 21 Como la reducción unilateral de aranceles consolidados que cada uno de los países registró en la OMC, la cual no sólo ha favorecido la triangulación de productos entre los países centroamericanos, sino que ha dificultado el avance en el proceso de la Unión Aduanera. Estas políticas y reformas estructurales se limitaron a la creación de zonas de libre comercio, que buscan como único objetivo la reducción del proteccionismo comercial sin avanzar en el proceso de integración regional a través de la creación de una unión aduanera, coordinación de las relaciones comerciales externas, la libre movilidad de factores de producción, la integración financiera y monetaria y el desarrollo de políticas comunes. Ver Pedro Caldentei del Pozo y José Juan Romero, Centroamérica: integración, agenda abierta con un dilema pendiente, disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/356. 22 Pablo Rodas Martini, Centroamérica: ¿hacia un regionalismo abierto o hacia una apertura sin regionalismo?, disponible en http://www.netamericas.net/Researchpapers/Documents/Rodas/Rodas1sp.PDF. 23 Gabriel Muadi, El Salvador: informe sobre las necesidades y prioridades en el área de Políticas de Competencia, p. 17. 24 UNCTAD, Fortalecimiento de instituciones y capacidades en el área de políticas de competencia y protección del consumidor, p. 39. 25 Walter, Knut, “Reflexiones al final de una era, entre la razón y el espíritu nacional (1989-1999)”, en La República, tomo II, pp. 610-646. 26 La concentración no siempre supone falta de competencia ni ha de tener siempre un efecto negativo en el rendimiento económico. Sí hace más complejo el ejercicio de evaluar el poder de mercado y la conducta competitiva, sobre todo cuando la mundialización y la liberalización, facilitadas por los rápidos adelantos de la tecnología, han creado dinámicas nuevas de la competencia (UNCTAD, TD/B/COM.2/CLP/30). 27 Diferentes estudios dan cuenta de las distorsiones y/o condiciones de competencia en los que funcionan algunos mercados en el país. Ver en la bibliografía los estudios realizados por Carole Lechevalier, Francisco Molina, Gabriel Muadi, Claudia Schatán, y Hugo López, entre otros. 28 Origen del 40.5% de las importaciones de El Salvador y destino del 57% de las exportaciones totales del país para el año 2006. 29 Véase en Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: caso de El Salvador, p. 7. 18

368

Eugenio Rivera y Claudia Schatán, El desarrollo de la Competencia en Centroamérica y México: Un estudio comparativo, lámina 3. 31 René Hernández y Claudia Schatán, Políticas de competencia y de regulación en el istmo centroamericano, p. 6. 32 Oligopsonio: es un tipo de estructura del mercado en el cual sólo existen unos pocos compradores para un bien determinado. 33 Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: caso de El Salvador. 34 Eduardo Espinoza, Disponibilidad y precio de medicamentos esenciales en El Salvador durante el segundo semestre de 2006, pp. 38 y 51. 35 Ver, Julia Evelyn Martínez y Elcira Beltrán de Vieytez, Desafíos y oportunidades de la PyME salvadoreñas: construyendo una agenda de desarrollo, p. 37. 36 Ver Francisco Molina, Condiciones generales de competencia en países centroamericanos: caso de El Salvador, p. 5. 37 Hugo López, Pequeña corrupción impacto en la actividad económica de la MIPyME en El Salvador, p. 8 y capítulo VI.

369

GLOSARIO

Administración de Rentas: desde la época colonial, instancia que tenía control sobre los impuestos. Su administración comprendía oficinas locales dependientes de la Tesorería General que se encargaban de la recaudación y administración de diversos impuestos que cobraba el Estado. La Administración de Rentas fue una instancia de Estado que desapareció a mediados del siglo XX. Aduana: entidad pública establecida en fronteras y puertos aéreos o marítimos de un país para controlar el ingreso y egreso de mercaderías y cobrar los respectivos impuestos. En Centroamérica, comenzó a funcionar durante el período colonial. Alcabala: impuesto que en el período colonial se recaudaba en la venta de todo tipo de bienes, tanto muebles como inmuebles. En la audiencia de Guatemala se empezó a cobrar en 1604. Entre 1875 y 1885, las alcabalas marítimas se mantuvieron entre el 7% y el 30% sobre el valor de los bienes; el impuesto de alcabalas marítimas existió hasta 1890. Las alcabalas terrestres estuvieron entre el 4% y el 5% sobre el valor de los bienes y el impuesto existió hasta 1888. Alcohol desnaturalizado: etanol al que se le agregan sustancias como metanol, isopropanol o, incluso, piridina y benceno. Estos compuestos desnaturalizantes son altamente tóxicos, por lo que este tipo de etanol no debe ingerirse. Almojarifazgo: el pago de un derecho aduanero ad valoren que gravaba la mercancía en los puertos españoles y americanos. Se cobró durante todo el período colonial, a partir de 1568.

367

Asentistas: particulares a quienes se le otorgaba el arriendo de un producto estancado. Adquirir un estanco representaba una concesión o privilegio exclusivo de la producción o venta de la mercancía estancada. Azogue o mercurio: metal líquido, producto necesario para el procesamiento de los minerales, en especial la plata. Desde finales del siglo XVI , fue un producto estancado; lo que perseguía la Corona al estancar este producto era monopolizar la producción de metales. Barlovento: impuesto que se cobraba especialmente para sufragar los gastos de la Armada de Barlovento, grupo de barcos artillados que protegían las flotas comerciales en el mar de las Antillas. Botellas de exceso: número de botellas que se vendían después de haberse vendido las de obligación. Botellas de sobreexceso: cuota de botellas de aguardiente que debían ser vendidas después de las de exceso. Cabildos: instituciones de gobierno local de las ciudades españolas y de los pueblos indígenas, organizados según el modelo castellano. Lo conformaban los alcaldes ordinarios, los regidores, el procurador, el alférez real, el fiel ejecutor y otros cargos de menor rango. También existió en el cabildo español el cargo de alcalde de la Santa Hermandad, que era el grupo armado encargado de los caminos, una especie de Policía, sobre todo durante el siglo XVI. Carga: medida que varía según el producto. Para el caso de la compra del tabaco en los almacenes de la factoría, correspondía a 160 manojos de tabaco. Contrata: arreglo legal que se hace con el Gobierno, con una corporación o con un particular para ejecutar una obra material o prestar un servicio por precio o precios determinados. Circulante: dinero en efectivo, como las monedas, los billetes y depósitos a la vista, que existe en la economía de un país.

368

Contrabando: la acción de sacar o introducir bienes sin pagar los derechos de aduana o la acción de importar o exportar bienes prohibidos por la ley. También puede entenderse como el comercio o la producción de géneros prohibidos por las leyes a los productores y mercaderes particulares. Deuda flotante: parte de la deuda pública que se contrae a corto plazo mediante bonos y letras del tesoro, renovándose continuamente, que tiene como fin atender a gastos extraordinarios del Estado. Generalmente, quienes financian la deuda flotante son los inversionistas y los bancos nacionales o extranjeros. Deuda pública: deuda que contrae el gobierno de un país para financiar las actividades del gobierno central, regional y municipal, instituciones autónomas y demás empresas del Estado. La deuda pública puede tener acreedores nacionales y extranjeros. Diezmo: impuesto de carácter eclesiástico, administrado por la Real Hacienda de acuerdo con el Regio Patronato Indiano. Consistía en el pago del 10% del producto agrícola, con un particular reparto entre Iglesia y administración pública. Duopolio: cuando únicamente dos empresas se reparten el mercado nacional o internacional. Estado interventor: el Estado asume un mayor control de la economía mediante diversas herramientas de política económica como una mayor discrecionalidad sobre los instrumentos monetarios, el fomento del desarrollo económico, la ampliación de la infraestructura económica y la creación de empresas públicas. Estancos: proviene de estancar, en el sentido de prohibir el curso libre de cierta mercancía. Este embargo o prohibición del curso y venta libre de algunas cosas tiene sus orígenes en España y consiste en un control estatal sobre la producción, fabricación o venta de algunos productos, mercancías o géneros para beneficio del Estado. Comúnmente se daban en arriendo a personas particulares, quienes se beneficiaban con los privilegios y utilidades que representaba el arriendo. En el período colonial, el sistema de productos estancados fue introducido a finales del siglo XVI. Los productos que comúnmente se estancaron fueron el azogue, el aguardiente, la pólvora, el salitre, el tabaco, el papel sellado, los juegos de azar, la nieve

369

y las peleas de gallo. El Estado, a través de la Administración de Rentas, fijaba los precios y los lugares donde se podía comprar y vender el producto estancado. El asiento de un estanco podía estar bajo la administración directa o bajo concesiones a favor de particulares. Estanco mixto: estancos que eran administrados por particulares (empresarios, comerciantes) a cambio de una cuota que se cancelaba regularmente a la administración de renta de la localidad. Estanco estatal: estanco operado por el Estado a través de funcionarios contratados, quienes administraban los almacenes o tercenas. Estanquillo (o taberna): almacén destinado a la venta de aguardiente en las distintas poblaciones. Algunos de estos almacenes se dedicaban también a la producción de aguardiente. El término se usaba para hacer referencia al expendio o a la taberna: los lugares donde se vendía licor y aguardiente al público. Es un término popular, usado incluso durante el siglo XX. En los pueblos también se le llamaba estanco al expendio. Empréstito: préstamo que toma el Estado o una corporación o empresa, especialmente cuando está representado por títulos negociables o al portador. Expendio: lugar de venta de productos estancados como tabaco, aguardiente, chicha, vinos, pólvora y otros. Factoría: oficina de la administración del estanco del tabaco. Durante la época colonial había una factoría general en Guatemala y factorías subordinadas en San Salvador, Sonsonate, Chiapas (Ciudad Real), Honduras (Gracias) y Nicaragua (Granada). Fielato: oficina del fiel o inspector, quien tenía a su cargo la administración de una factoría. Finanzas públicas: operaciones de compra-venta de instrumentos legales, cuyos propietarios tienen ciertos derechos para percibir en el futuro una determinada cantidad monetaria. Estos instrumentos legales se denominan activos financieros o títulos valores e incluyen bonos, acciones y préstamos otorgados por instituciones financieras. Mediante el gasto público, los países realizan servicios demandados por los ciudadanos.

370

Flete: precio por el transporte de mercadería. Gasto público: gastos que efectúa el gobierno de un país a través de las instituciones públicas, ya sean de carácter administrativo o que brinden algún servicio. Grados Gay-Lussac: escala que representa el porcentaje de alcohol por volumen, expresado en grados, que son puntos porcentuales. Existe un consenso moderno para utilizar internacionalmente los grados Gay-Lussac a 20º C. Grupos de presión: grupos que tienen como propósito que el Estado les cumpla sus demandas; para ello se organizan en asociaciones profesionales, patronales o sindicatos. Las acciones de estos grupos no tienen ninguna relación con procesos de cambio social. Hacienda: cúmulo de bienes muebles e inmuebles. Industrialización por sustitución de importaciones: política económica que promovía el proceso de industrialización mediante la estimulación de la producción interna de bienes anteriormente importados. Ingresos fiscales: ingresos que percibe el sector público provenientes de impuestos que se cobran a la población y que son recaudados por el gobierno central o municipal para solventar gastos de las instituciones públicas de un país. Los ingresos fiscales pueden ser ordinarios o extraordinarios, los primeros son contemplados en el presupuesto público de cada año y los segundos son los ingresos que provienen de préstamos eventuales. Integración económica centroamericana: proceso mediante el cual Centroamérica buscaba crear un mercado común que le permitiera encontrar el desarrollo. Los orígenes de la integración se remontan a la década de 1950, pero el período de mayor actividad se dio desde 1960. La guerra entre El Salvador y Honduras, en 1969, impidió mayores posibilidades de integración. Junta Superior de la Real Hacienda: institución colonial encargada de regular la política de estancar determinadas mercancías. La junta estaba integrada por el virrey o gobernador, oficiales reales, juez decano y fiscal

371

de audiencia. Los ingresos recibidos en moneda por los arriendos de estancos se remitían a la Casa de Contratación de Sevilla o a las Cajas Reales. Labranza: campo cultivado; también se le llama sementera o milpa. Manojo de tabaco: medida para las transacciones comerciales que equivalía a sesenta hojas de tabaco. Maravedí: moneda española usada generalmente para fines de cálculo, también tuvo circulación en las colonias. Monopolio: situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de otro competidor en ese mercado; esto permite al monopolista el control de los precios. Hay ciertas condiciones que permiten ejercer un monopolio, por ejemplo, el control de un recurso indispensable para obtener el producto, disponer de una tecnología específica que permita a la empresa o compañía producir a precios razonables toda la cantidad necesaria para abastecer el mercado, disponer del derecho a desarrollar una patente sobre un producto o un proceso productivo, disfrutar de una franquicia gubernativa que otorga a la empresa el derecho en exclusiva para producir un bien o servicio en determinada área. Oligopolio: la producción o suministro de un producto o servicio por parte de un pequeño grupo de empresas. Estas empresas pueden influir en el precio del mercado con sus propios actos o pueden restringir el acceso al mercado de otros oferentes. Peso: unidad monetaria de la época Colonial que se utilizó en la Nueva España y en Centroamérica. Equivalía a 8 reales; tenía unos 23 ó 25 gramos de plata fina. Patrón plata: cuando la plata tiene poder liberatorio ilimitado, es decir, las monedas de plata deben recibirse en cualquier cantidad, en los pagos que se hagan.

372

Poder liberatorio: la ley establece que la moneda debe recibirse en pago. Por medio de ella nos podemos liberar de nuestros compromisos, por eso se dice que la moneda de curso legal tiene poder liberatorio. Quinto Real: ingreso del real fisco proveniente de la minería. Se trataba de destinar la quinta parte de todos los metales preciosos que se adquirieran en la explotación de placeres o arenas auríferas en los ríos, así como en los llamados rescates o botín de guerra. También era la quinta parte de los bienes que debía entregarse a la Hacienda Real; por ejemplo, la quinta parte de la herencia recibida. Real Hacienda: institución encargada de recaudar y administrar los ingresos de la Corona: tributos reales, alcabalas, rentas estancadas, almojarifazgos, derechos de naves, entre otros. Reconocedor: oficial de una factoría o administración que tenía los conocimientos para clasificar la calidad del tabaco y para catalogar el precio a pagar en la compra. Regionalismo: se entiende así el proceso de integración regional que contribuye a una inserción exitosa en la economía mundial, es decir, procesos que marchan en vía paralela con la liberalización multilateral; tal es el desafío del MCCA en la actualidad. Salitre: es una mezcla de Nitrato de Sodio (NaNO3) y Nitrato de Potasio (KNO3). Se utiliza principalmente en la fabricación de ácidos (nítrico, sulfúrico), además es un agente oxidante y se usa en agricultura como fertilizante nitrogenado, que puede reemplazar a la urea por su alto contenido en nitrógeno. Otros usos son: fabricación de dinamita y explosivos, en la pirotecnia, medicina, fabricación de vidrios, fósforos, gases, sales de sodio, pigmentos, preservativo de alimentos, esmalte para alfarería, etc. Tercena: los lugares o expendios donde se vendía tabaco al público o se distribuía pólvora o salitre, en la Colonia y en el siglo XIX. Tercenista: persona a cargo de una tercena: los almacenes locales que vendían el tabaco, la pólvora y el salitre.

373

Tributo: pago en especie o en dinero que el indígena encomendado o de pueblos de indios estaba obligado a pagar a la Corona. Tesorería general: entidad que administraba las finanzas del Estado a través de las administraciones de rentas. Trust: organización empresarial legal, que originalmente fue parte del sistema de competencia de la economía estadounidense, pero se distorsionó y se convirtió en grandes monopolios. A través de estos consorcios, el empresario o comerciante trató de escapar al control y regulación del Estado para el mejor y equilibrado funcionamiento del mercado. Visitador: autoridad española que podía visitar en cualquier momento a las colonias en que se preveían problemas. Tenía jurisdicción sobre todas las autoridades civiles y eclesiásticas del territorio visitado. Xenofobia: odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. En muchas ocasiones, cuando una sociedad tiene problemas económicos, las élites políticas dominantes generan un discurso dirigido a culpar a los extranjeros de ser los responsables de estos problemas.

374

LÍNEAS DEL TIEMPO

375

376

LÍNEAS DEL TIEMPO CENTROAMÉRICA

EL SALVADOR

EL MUNDO

1493- Revolución de Iximche, que empezó

1494- Tratado de Tordesillas que

como un enfrentamiento por problemas de

ratifica la división territorial del

tierra.

mundo en un hemisferio oriental portugués y otro occidental español. 1501- Isabel la Católica autoriza la introducción de esclavos negros a América.

Tráfico

en manos de

holandeses, portugueses y alemanes. 11 mayo 1502- Cuarto viaje de Cristóbal

1502- Expulsión de los musulmanes

Colón, quien con 4 carabelas llega a las

de España.

costas de Honduras y Panamá.

1503-

funda

Casa

Contratación de Sevilla, institución creada

para

encargarse

los

negocios con las Indias (América). 1504- Por Cédula Real de la Corona Española es creado el impuesto

377

1513- Vasco Núñez de Balboa cruza el

quinto real: el pago de la quinta parte

istmo de Panamá y descubre el océano

de un caudal. El 11 de noviembre

Pacífico (el mar del Sur). Incendio de

muere Isabel de Castilla.

Patimamit.

1506- Juana y Felipe II juran como

Guerras

entre

Quiches,

Cachikeles y otros pueblos.

reyes de Castilla.

1519- Guerra de los Cachiqueles contra los

1513-

de Pan Atacat (Izcuintepec, Escuintla).

Príncipe, libro en el que propugna la

Hernán Cortés sale de Cuba hacia Yucatán.

idea de un Estado fuerte.

Maquiavelo

escribe

1520- Llegada de los españoles a Chiapas y al Soconusco. 1522- Gil González Dávila se dirige de

1519-1522- Primera circunnavega-

Panamá a Nicaragua para conquistarla;

ción de la tierra por Fernando de

descubren el golfo de Fonseca y funda el

Magallanes.

Realejo.

1524- Pedro de Alvarado llega a Cuzcatlán 1524- En Sevilla se crea el Consejo

6 diciembre 1523- Pedro de Alvarado sale después de someter a los pueblos Quiches y de Indias. de Veracruz con una fuerza auxiliar de Cachiqueles del Pacífico de Guatemala. 1527- Saqueo de Roma; pone fin al indígenas mexicanos para conquistar la Escribe cartas de sus viajes de conquista. región de Quiches, Cachiqueles y pipiles.

1 abril 1528- Diego de Alvarado funda la villa de San Salvador.

378

poder de los Papas renacentistas.

25 julio 1524- Pedro de Alvarado funda 1528-

Santiago de Guatemala. Después de vencer a encomienda,

tiene la

conocimiento de

San

Juan

una

Bautista

los K’iche’s llega a Patinamit (14 de abril de Nahuizalco, en el occidente, y para el año 1524).

siguiente aparecen encomiendas situadas en la región oriental, más allá del río Lempa. 1529- El capitán Estete llega a Cuzcatlán por orden de Pedrarias Dávila para anexar esa 1534- Fundación de la Compañía de región a la de Nicaragua.

1541-

Los

puertos

principales

Jesús. Se crea el virreinato de Nueva España.

Atlántico y norte de Centroamérica eran

1542- El Consejo de Indias publica

Puerto Caballos, Trujillo, San Juan de la 27 septiembre 1546 – Por Real Provisión, la las Leyes Nuevas. Cruz. Por el sur, en el Pacífico, estaban villa de San Salvador se eleva a ciudad. Acajutla, El Realejo e Iztapa.

1542-

Restablecimiento

1550- Fundación de la Alcaldía Mayor de Inquisición, como parte de la reforma

1543-1564- Se crea la Audiencia de los Acajutla (después de Sonsonate).

católica.

Confines, con dos sedes: Gracias a Dios 1551- Llegan a la ciudad de San Salvador los 1545-1563- Se convoca al Concilio (Panamá) y Santiago de Guatemala.

primeros frailes de la orden de Santo de Trento para asegurar la unidad de Domingo.

379

la fe y la disciplina eclesiástica.

1553-

alcalde

mayor

Acajutla,

Francisco del Valle Marroquín, expulsa a mercaderes

españoles

ilegalmente

establecidos en los pueblos indígenas de Izalco, Tacuscalco y Nahuilingo.

1556- Felipe II es coronado rey de

1556- Aun en la villa de San Salvador no se España y de sus posesiones europeas 1559 y 1560- Epidemias entre la población había erigido templo ni iglesia parroquial, no y americanas. Hereda una deuda indígena

(escalofríos, calentura, sangrado había una estructura básica para sostener a un pública de 37 millones de ducados.

de nariz, tos, mucosidad, obstrucción de obispo.

1563- Piratas japoneses asolan las

laringe y pequeñas y grandes erupciones).

costas de Corea. Enero 1564- Según Domingo Juarros, se 1564- Conquista de las Filipinas. registra un violento incendio en la villa de La Comienza el comercio de Nueva España, Trinidad,

cual

destruye

toda

la Guatemala y el Perú con Oriente.

5 enero 1570- Traslado de la Audiencia de documentación.

18 octubre 1564- Felipe II dispone

Guatemala a la ciudad de Santiago.

reglamentar el tráfico marítimo entre

26 mayo 1573- El rey dispone que el azogue 1571-1575- El pueblo de Tecpan Izalco España y sus dominios americanos, que llegaba del Perú a Guatemala solo podrá compra el hierro para fundar una campana quedando libre el comercio por la introducirse por su cuenta. Continúan las (costo estimado: 4 mil tostones). restricciones comerciales con Perú.

380

mar del Sur (Pacífico).

1573-1680- Incremento del comercio ilícito 11 agosto 1573- En Sonsonate se promueve 28 diciembre 1568- La Corona de ingleses en la costa Mosquitia; en la la construcción de conventos donde hubiera española impone el impuesto del desembocadura del río Tinto se funda un necesidad, con ayuda de fondos de la Real almojarifazgo sobre el valor de las lugar llamado Black River, donde se Hacienda, y en pueblos dados en encomienda mercancías comercializadas por mar comercia

ilícitamente cacao, tabaco y con acopio de dineros del encomendero.

metales.

en las Indias.

1574- Fundación del convento de San 1571- Apertura de la bolsa de Francisco, en San Salvador.

Londres.

22 abril 1577- Por Real Cédula se crea la alcaldía mayor de San Salvador. 1579- Francis Draque llega a territorio centroamericano después de hacer fechorías

1581- Compañía de Levante.

en las costas del Perú.

1587- La Corona inglesa apoya la

1591- Por Real Cédula se ordena el estanco

piratería de Francis Drake.

real de la sal. Final del XVI- Florecimiento de los Países Bajos. Holanda se convierte en la primera potencia comercial del mundo.

381

1600- Fundación de la Compañía de las Indias Orientales. 1618- Aun no hay estanco de pólvora en el

1618-1648- La Guerra de los Treinta

reino de Guatemala. La pólvora llegaba de 1624- La orden de San Juan de Dios instala Años comienza como un conflicto Nueva España.

en San Salvador un hospital y establecen otro religioso y termina como lucha entre

1627- Se une la alcabala con el impuesto de en Sonsonate. Su expansión en Centroamérica los Hasburgo y la dinastía francesa la Unión de Armas.

es un tanto restringida con relación a otras por la hegemonía europea. La guerra

28 marzo 1632- La Corona ratifica el regiones de América.

le genera una crisis económica y

estanco de la sal para su beneficio, sin daño

fiscal al imperio español.

de los pueblos indios.

1639-1713- Ciclo de vida de doña Ana 1632-1704- Ciclo de vida de John

16 abril 1638- Por Cédula Real dirigida al Guerra de Jesús.

Locke. Época de predominio del

reino de Guatemala se ordena el uso del 1639- Fundación de la ciudad de San Vicente racionalismo, papel sellado en todas las provincias.

de Austria (Lorenzana) para negros, mulatos liberalismo,

empirismo

doctrinas

Estado

1640- En Hispanoamérica hay 326 000 y mestizos.

igualitario y de contrato social.

esclavos; en Centroamérica, unos 27 000.

1641- Castilla y el gobierno central

1649-1650- Solicitud para establecer un

intentar

Consulado de Comercio en Guatemala.

provincias internas de España.

1655- Aumento de actividad de corsarios,

1649- Ejecución de Carlos I y

bucaneros y piratas. Granada es saqueada.

abolición de la monarquía inglesa.

382

sacar

recurso

las

1660- Llega desde Nueva España la primera 3 noviembre 1658- La erupción del volcán de imprenta a Guatemala.

San Salvador, a través de su cono auxiliar

30 diciembre 1666- Se prohíbe que porten llamado El Playón, destruye parte de San armas los mulatos, mestizos y esclavos, excepto Salvador y de pueblos aledaños. cuando acompañan a los ministros de Justicia. 1677- Los ingleses penetran en el río Colorado y capturan 48 hombres y mujeres. 1680- El almojarifazgo se deja de pagar en función del peso de la mercancía; a partir de

1687- Luis XIV ordena de nuevo la

esa fecha, se tasa por volumen.

expulsión de Francia de los judíos.

1700-

España

inicia

reformismo Borbón con Felipe V. La Ilustración: racionalismo, poder de la burguesía, felicidad

tolerancia

religiosa,

individual,

progreso

económico, deísmo inglés, contrato social Estado.

383

francés,

fundamento

del

1714- Se aprueba un asiento para el

Mayo 1702- La Gran Alianza –

comercio directo entre España y Guatemala, 1705- Por orden pontificia y real, se cierran Inglaterra, Holanda y Austria– le vía Honduras. Enero

en la región algunos conventos, entre ellos el declara la guerra a Francia y España.

1724-

Más

400

miskitos de Sonsonate.

1713-1748- Política

europea

del

“auxiliados de jamaicanos” entran en 22

equilibrio.

canoas por el río Matina y atacan las

1723-1790- Adam Smith, heredero

haciendas de cacao.

de las teorías fisiócratas, es el

1725- Descubrimiento de minas en Opoteca

constructor del liberalismo. En el

y Comayagua.

trabajo y no en la tierra –según él– se

1733- En el reino de Guatemala, se autoriza

encuentra el origen de la riqueza. Por

la Casa de la Moneda por Real Cédula del

medio de la libre competencia, la

17 de enero de 1731, pero comienza a

división del trabajo y el libre

funcionar hasta 1733.

comercio se alcanzarán la armonía y

1744-1749-

Los

ingleses

levantan

reducto fortificado en Bluefields. 6 agosto 1747- Se reitera la prohibición de la

fabricación,

venta

aguardiente de caña.

384

consumo

del

la justicia social.

Agosto 1748- Un destacamento de 100

1746 -1759- Fernando VI (1713-

ingleses y “zambos mosquitios” ataca

1759) es proclamado rey de España.

sorpresivamente la guarnición del fuerte de

A mediados del siglo XVIII- Inicia

San Fernando de Matina.

la revolución industrial y agrícola de

1749- Más de 600 mosquitios en unas 20

Inglaterra,

piraguas, junto con 12 ingleses, saquean las

principios de la economía capitalista;

haciendas cacaoteras del Valle de Matina.

se convierte en el taller del mundo.

1751-1775- Construcción del fuerte de San

1756-1763- Guerra de los siete años

Fernando de Omoa.

por

1753- La Corona establece en el reino el

Inglaterra y Francia. Rivalidades

estanco del aguardiente de caña.

coloniales en América. 400 mil

22 octubre 1753 / noviembre 1788- El

británicos en colonias francesas.

ayuntamiento de la ciudad de Guatemala se

España apoya a Francia en contra de

hace cargo de la administración y manejo de

Inglaterra. Los ingleses se apoderan

la fabricación y venta de aguardiente.

de La Habana.

Abril 1754- La corona establece el estanco

1762- En Europa ya impera lo que se

de la nieve.

llamó despotismo ilustrado en la

13 agosto 1764- La siembra y la fabricación

segunda mitad del XVIII; ha cambiado

de tabaco se vuelven monopolio estatal.

la concepción de poder y Estado.

385

basándose

conflictos

comerciales

los

entre

1765- Se ordena el estanco de la pólvora en

18 julio 1765 / 31 noviembre 1771-

el reino de Guatemala, existiendo para ello

Visita de José de Gálvez a Nueva

una administración y fábrica.

España.

14 enero 1766- Sebastián Calvo de la Puerta

1765- Aplicación de las reformas

es nombrado encargado de establecer el

borbónicas:

estanco de tabacos.

industrial,

mayor mayor

tecnificación control

fiscal,

centralización del poder, finalización 14 enero 1766 / 25 octubre 1766- Sebastián

de los monopolios y de la piratería,

Calvo de la Puerta es nombrado Oidor de la

control del mercado de las colonias;

Audiencia de Guatemala.

a la larga, no fueron efectivas.

6 enero 1766- Comienza a fungir el cargo

1765- Imposición de nuevas tasas

de administrador general de alcabalas.

aduaneras por la Corona inglesa a las

08 febrero 1766- Establecimiento del

importaciones americanas.

estanco

del

tabaco

Reino

Guatemala.

1767- Inicia la expulsión de los

2 julio 1767- Expulsión de los jesuitas de la

jesuitas en colonias españolas.

ciudad de Guatemala. 1769 a 1775- Una plaga de langostas afecta la cosecha del añil.

386

Mayo 1776 –Terremoto destruye Santiago de Guatemala. 17 de septiembre de 1785- Por Real Cédula, 1775-1783- Guerra de independencia 1786- Los cambios en el método de la Alcaldía Mayor de San Salvador pasa a ser de

las

colonias

recolección de los tributos incrementan la una de las cuatro intendencias de la audiencia Norteamérica. evasión tributaria.

de Guatemala.

Tres

inglesas

millones

colonos se enfrentan a las tropas

1791-1800- La producción promedio del

británicas

añil es de 875 256 libras.

“americanos” y tribus indias.

1793- El Cabildo de Guatemala funciona

1788-1808- Período del rey Carlos

como defensor de los intereses de la élite

IV,

comercial hasta que en este año se crea el

distorsionado.

Consulado de Comercio, que funcionó hasta

14 julio 1789-1792- El pueblo de París

1871.

asalta

1794- Se funda la Sociedad de Amigos del

campesinos, se abole el régimen feudal,

País, la cual se suspende en 1799.

supresión del diezmo, creación de

22 diciembre 1797- Debido a que la Corona

comunas

tiene mayor necesidad de ingresos, se

revolucionarios, Declaración de los

establece en el reino el estanco de la chicha.

Derechos del Hombre, se proclama una

apoyadas

llamado

Bastilla,

nueva Constitución.

387

por

leales

reformismo

levantamientos

ayuntamientos

1789-1792- Revolución Francesa. 3 de julio de 1793- Francia le declara la guerra a los Borbones de España. 25 noviembre 1799- Cédula que ordena que la Sociedad Económica de Guatemala cese

1798- Thomas R. Malthus escribe el

enteramente en sus juntas.

Ensayo sobre los principios de la población, en donde sostiene que la miseria de las masas es una ley

15 noviembre 1803- Real Orden dispone

natural.

exonerar por diez años de todo impuesto del diezmo y la alcabala a todo tipo de plantío 1807- Antonio Gutiérrez y Ulloa, intendente 1807- La familia real de Portugal de café que se cultive en el reino de de la provincia de San Salvador, manifiesta huye a Brasil tras la ocupación Guatemala.

en su informe a la Corona que la población francesa. está clasificada en cinco clases: españoles, mestizos, indios, mulatos y “poquísimos negros”; la población total es de 165 278.

388

1808- Año de crisis en España. En

17 marzo 1808- Motín en Aranjuez

Guatemala hay descontento frente a lo que 1811-1814- En el reino, particularmente en la de

inspiración

fernandista,

pasa en España porque a los criollos no se provincia de San Salvador, ocurren una serie abdicación de Carlos IV a favor a su les nombra en altos cargos de gobierno.

movimientos

que,

más

13 noviembre 1811- En León, capital de la independentistas, son autonomistas.

que hijo

Fernando.

Napoleón

obliga

devolver la corona a su padre y éste

provincia de Nicaragua, comienzan a surgir 4 noviembre 1811 / 5 diciembre 1811- cede todos los derechos al emperador algunos disturbios; pobladores de León Movimiento contra la mala autoridad de la de Francia. salen a las calles a demandar la creación de provincia en San Salvador. En 1811, se 2 mayo 1808- Resistencia armada un nuevo gobierno.

recluyen en el convento San Francisco, de del pueblo madrileño frente a la San Vicente, las hermanas Miranda María invasión francesa. Feliciana y Manuela; se dice que son azotadas Septiembre 1810- Miguel Hidalgo y y puestas al servicio del convento.

Costilla

20 agosto 1815- Terremoto deja en ruinas la Dolores,

(1753-1811),

cura

llama

masas

las

de a

rebelarse contra el dominio europeo.

ciudad de San Salvador.

revolucio-

6 febrero 1816- A petición del rey, José de 1810-1814-Movimiento Bustamante y Guerra les envía a los jefes de narios

autonomistas

colonias

1820- En la región, las plantaciones de café provincia y alcaldes mayores territoriales un españolas. no alcanzan a cubrir la escasa demanda cuestionario de seis puntos en los que se 1812local.

389

solicitaba

información

relacionada

Promulgación

con Constitución de Cádiz. Las Cortes de

15 septiembre 1821- Proclamación de la algunos aspectos de la alcaldía mayor de Cádiz Independencia de Centroamérica.

suprimieron

tributo

Sonsonate: educación y costumbres de los indígena.

17 noviembre 1821- La junta provisional habitantes, extensión del terreno, población, 1814- Restauración del reinado de consultativa declara libre el comercio de riqueza, negocios y distancia al trono. Guatemala y sus provincias.

Fernando

VII;

anula

4 marzo 1822- Empréstitos acordados por la Constitución y vuelve la monarquía

5 enero 1822- Proclamación de la anexión junta Real de Hacienda de Sonsonate para absoluta. de Centroamérica al Imperio de México.

socorrer a las tropas ubicadas en San Salvador 1814-1815- Congreso de Viena para

8 noviembre 1822- En el reino de y poder comprar armas.

proceder a la repartición europea.

Guatemala se establece de nuevo el estanco 22 agosto 1823- Se concede el título de villa 1 enero 1820- Las tropas destinadas del tabaco.

a los pueblos de Ahuachapán y Metapán, en a aplastar las luchas independentistas

5 enero 1822- Se verifica la anexión de el departamento de Santa Ana, Estado del en América se amotinan en España Centroamérica al Imperio Mexicano.

Salvador.

bajo el mando del general Rafael del

7 enero 1823- Creación de las Provincias 2 junio 1823 / 2 septiembre 1823- La Riego y Núñez, obligando al rey Unidas del Centro de América.

columna imperial, de 2000 efectivos, se pone Fernando

VII

restablecer

7 octubre 1823- Se instala en la ciudad de en movimiento para atacar las fortificaciones Constitución de Cádiz. Guatemala el primer poder Ejecutivo de la salvadoreñas. República.

Febrero 1821- Plan de Iguala o de

2 julio 1823- El general Vicente Filisola se las Tres Garantías, que proclama la posesiona de la plaza de San Salvador.

independencia de México como una Monarquía Constitucional.

390

2 octubre 1823- La Ciudad de San Salvador 1821- Se derrumba la soberanía verifica la solemne proclamación y juramento colonial española. 1 febrero 1823- Triunfa el Plan de

de unión al Imperio Mexicano.

1824- En noviembre se promulga la 1824- Se promulga la Constitución Política Casa Mata, tras lo cual Iturbide Constitución Federal de Centroamérica, en del Estado del Salvador. Llega a San Salvador abdica a la Corona mexicana el 19 de la ciudad de Guatemala.

la primera imprenta y se publica el primer marzo.

22 noviembre 1824- Aprobación por la periódico: El semanario político mercantil. Se 1823-

Doctrina

Monroe

Asamblea Nacional Constituyente de la erige el puerto de La Libertad en la rada de colonización europea de repúblicas Constitución Federal de la República de Tepeagua. En abril, el gobierno salvadoreño de América. Centroamérica.

decreta la erección de un obispado, recayendo el cargo en el presbítero José Matías Delgado. 7

abril

1824-

promulga

jura 1824- Muere Luis XVIII, rey de

solemnemente la Constitución Política del Francia, y le sucede Carlos X. Estado del Salvador.

Nicolás

Carnot

publica

sus

8 febrero 1824- Se instala la primera Corte Reflexiones sobre la potencia motriz de Justicia del Estado del Salvador.

del fuego.

1825- En abril se elige como primer 1825- En abril, la Asamblea estatal decreta la 1825- Independencia del Alto Perú y presidente de la República Federal de extinción del Montepío de Cosecheros de Uruguay. En Rusia, reinado de Centroamérica a Manuel José Arce.

391

Añil, dejando el 2% a las arcas estatales. Se Nicolás I.

1826- Fricciones entre el gobierno federal y decreta el establecimiento del papel sellado 1826- Se realiza el Congreso de el salvadoreño bajo administración de para las actuaciones civiles, administrativas y Panamá por convocatoria de Simón Mariano Prado. Inicia la primera guerra contratos. federal (1826-1829).

Bolívar. El papa León XII publica

1826- El Papa León XII declara nula la una

1830- Francisco Morazán es electo como elección del obispado salvadoreño.

encíclica

contra

francomasonería. Se funda el Museo

presidente federal. Un año antes, Morazán y 1830- Se decreta la primera Ley de Imprenta de Louvre en París. sus tropas habían dado fin a la primera y la extinción de órdenes religiosas. guerra federal. 1833-

1830-

Muere

Simón

1833- Es electo Joaquín de San Martín como Independencia

Senado

Federal

decreta

Bolívar. Bélgica.

la jefe de Estado. Levantamientos indígenas en Derrocamiento de los borbones en

devolución de las rentas federales por parte la zona central del Estado. Se establece el Francia. Se publica el Curso de de los Estados, pues éstos se las habían sistema apropiado para sus gastos.

educativo

lancasteriano

con

apertura de la primera escuela patrocinada por Primer ferrocarril de Liverpool a

1835- Se decreta la nueva Constitución el gobierno y el profesor Antonio Coelho. Federal.

abre

la filosofía positiva, de Augusto Comte.

primera

lancasteriana en Guatemala.

Manchester. Inglaterra encabeza la

escuela 1835- Se designa a la ciudad de San Salvador industria mundial hasta el final del como capital de la República Federal de siglo XIX. Centroamérica.

1833- Inicia en México el gobierno de Antonio López. En las colonias británicas esclavitud.

392

queda

abolida

Washington

la Irving

publica sus Cuentos del alambra. 1835- Se establece la confederación peruano-boliviana. Inicia el segundo período presidencial de Juan Manuel Rosas, en Argentina. Samuel Morse realiza la primera experiencia del telégrafo

eléctrico.

Alexis

Tocqueville publica su libro La democracia en América. 1836- Texas se independiza y se une a EE. UU. 1838- Costa Rica y Nicaragua abandonan la 1838- El general Rafael Carrera invade el 1838- Inglaterra se apodera de República Federal de Centroamérica. En territorio salvadoreño sede del gobierno Yemen. Guatemala, Rafael Carrera se arma de un federal.

Gobierna

Estado

poderoso ejército de indígenas para derrocar Menéndez. al

gobierno

Mariano

En Europa

realizan

Timoteo adelantos científicos: se mide la distancia a una estrella, se inventa el

Gálvez. 1839- En mayo, el coronel Antonio José condensador de superficie y se

Centroamérica continúa siendo una región Cañas toma posesión como jefe de Estado. En realizan las primeras investigaciones fragmentada y seguirá así durante todo el julio, Francisco Morazán asume el gobierno sobre prehistoria. gobierno federal.

393

de El Salvador como jefe supremo.

1840-

República

federal

termina 1840- Se introduce el cultivo del café. 1840-

disolviéndose definitivamente. En Honduras Francisco Morazán abandona San Salvador y prolongado se elige presidente a Francisco Ferrera, asume el gobierno Antonio José Cañas.

Paraguay,

finaliza

gobierno

Gaspar

Rodríguez de Francia. En Estados

quien reorganiza administrativa, militar y 1840- En marzo, el general Francisco Unidos se forma el partido abolicionista. educativamente a dicho Estado.

Morazán deposita el mando supremo en el Los británicos se apoderan de Nueva

1840- Francisco Ferrera organiza la venta de vicerrector José María Silva. En abril, Zelandia. Pierre Proudhomme publica tabacos

aguardientes,

reorganiza

ejército y mejora la instrucción pública.

el Morazán abandona San Salvador; Antonio su ¿Qué es la propiedad? José Cañas se hace cargo del gobierno. En 1840- Primera línea regular de barcos

1841- Separación de las Provincias Unidas septiembre, Francisco Malespín impone como de vapor entre Liverpool, Boston y de Centroamérica.

jefe de Estado a Norberto Ramírez.

1842 - Firma del tratado de Chinandega por 18 febrero 1841- Se aprueba la Constitución el que Nicaragua, Honduras y El Salvador del Estado del Salvador. Se funda la conforman Centroamericana.

Confederación Universidad de El Salvador. 1844- En febrero, el General Francisco Malespín

1846- En Honduras se crea la Universidad asume la presidencia (1844-1845). Manuel José del Estado. En Guatemala se funda el Arce intenta una invasión desde Guatemala. Archivo Nacional.

394

Nueva York.

1847- Honduras, Nicaragua y El Salvador 23 marzo 1847- El estado del Salvador firma 1848-86-

era

victoriana.

firman el pacto de Nacaome, estableciendo un contrato con James Wilson Jeffreys, que le liberalismo manchesteriano reduce la

Representación

Nacional

de permite a éste último extraer libremente del los deberes del Estado a la defensa de

Centroamérica con un gobierno provisional Estado frijoles, maíz, azúcar y algodón.

las leyes y del orden público.

en Tegucigalpa.

1848- Primera convención para los

1849- En Costa Rica se aprueba el Reglamento 1849- Se emite decreto que estanca la derechos de la mujer en Estados Orgánico de Instrucción Pública. 1850-

Estados

ferrocarril

Unidos

interoceánico;

producción y venta del tabaco. En abril del Unidos. Publicación del Manifiesto

construye el

el mismo año se emite el reglamento respectivo. comunista, escrito por Carlos Marx y

ferrocarril 1850- Se firma con Estados Unidos un tratado Federico Engels.

conduce la mercancía centroamericana del de amistad, comercio y navegación. Pacífico al Atlántico.

1850- Firma del Tratado Clayton-

1851- Guerra entre Vasconcelos y Carrera. Bulwer entre Estados Unidos y Gran Francisco Dueñas toma posesión de la Bretaña, mediante el cual ninguna de presidencia.

las dos partes podrá obtener o

1852- Se crea el estanco de pólvora y se emite mantener derechos exclusivos sobre su respectivo reglamento.

un canal transoceánico en Nicaragua.

1853- En abril de este año se elimina el 1854- Guerra de turcos, británicos y estanco de tabaco para dejar libre la franceses contra Rusia, conocida 1855- William Walker invade Nicaragua en producción, venta y exportación de dicho como la Guerra de Crimea. junio y se autoproclama presidente.

395

producto.

1856- Campaña de los ejércitos aliados de 1854- Terremoto en San Salvador, que obliga 1856- Organización de la República Centroamérica contra los filibusteros.

a mover la capital a Cojutepeque.

Sudafricana

(Transvaal).

Guerra

1857- Derrota de los filibusteros de William 1858- Se crean los ministerios de Relaciones entre Gran Bretaña y Persia (1856Walker en Nicaragua, en la batalla de San Exteriores, Gobernación, Justicia, Instrucción 1857). Síntesis de un colorante de Jacinto.

Pública y Negocios Eclesiásticos, Hacienda y anilina.

1860- Se fusila a William Walter en Guerra, Fomento de la Agricultura, Industria 1859Honduras.

y Comercio.

Garibaldi

inicia

campaña

libertadora en Italia.

1862- Belice se convierte en colonia inglesa. 19 marzo 1864- El Congreso Nacional 1861- El 12 de abril inicia la Guerra 1867- En Honduras se contrata empréstito Constituyente decreta la Constitución Política de Secesión en Estados Unidos. con Francia e Inglaterra para la construcción de la República del Salvador. del ferrocarril interoceánico.

1870- Revuelta de la Comuna de

1870- Se crea la más antigua, y una de las París.

1870-1930- En la región, la caficultura juega más desarrolladas, sociedad de artesanos La 1871- Creación del Imperio Alemán, un papel decisivo en la actividad productiva, Concordia, que llegó a tener su edificio sede con la coronación de Guillermo I en constituye el motor principal de la economía en el que operaba una escuela nocturna para el Palacio de Versalles. Se publica El agroexportadora.

sus aprendices.

origen de las especies, de Charles

1871- Se promulga nueva constitución en 16 octubre 1871- Nueva Constitución de la Darwin. Costa Rica.

República de El Salvador.

17 julio 1872- Juárez muere de un

1871- Golpe de Estado de Santiago González ataque al corazón. derroca a Francisco Dueñas.

396

1871- En Guatemala se suprimen los 1872- Guerra con Honduras.

1873- Crisis económica. Se formulan

estancos por la Reforma Liberal, reforma 1876- Andrés Valle asume la presidencia por críticas a la economía de libre que lleva al poder a García Granados.

un período breve.

1873- El programa modernizador de Justo 1876-

Rafael

cambio. Zaldívar

nombrado 1874-1914-

Rufino Barrios tiene como objetivo central presidente. Guerra con Guatemala. la confiscación de los bienes eclesiásticos.

decadencia

del

zarismo en Rusia.

1877- Se celebra el contrato en París para el 1875- Crisis franco-alemana tras el

1876-1883- El gobierno liberal de Marco establecimiento del Banco de Circulación y rearme francés. Aurelio Soto reparte las propiedades de las Descuento, que promovería la agricultura y el 1875-1914- Imperialismo británico. órdenes religiosas.

comercio.

1875-1878- Crisis de los Balcanes.

30 enero 1877- Se establece un contrato entre 1876-1910-

Consolidación

del

la Dirección General de Correo y Manuel liberalismo triunfante en México. Merazo para transportar la correspondencia y Porfirio Díaz toma el poder estafetas entre San Salvador y La Unión, en instaura una dictadura hasta 1910. 48 horas. 14 febrero 1877- Se suprime el derecho de jubilación, los montepíos y las pensiones para los empleados públicos civiles. Los militares pueden perder estos derechos si cometen traición u observan “conducta viciada”; las

397

medidas se dan con el fin de aliviar las cuentas del Estado. 15 junio 1877- Se pone en circulación la cantidad de $60 000 en papel moneda, distintos de los emitidos para la deuda circulante. 27 junio 1877- Se celebra el contrato entre J. A. Braam y el Gobierno del Salvador para establecer un cable eléctrico submarino entre Salvador, Europa y América. 1878- En Guatemala se emite ley contra la 7 febrero 1878- Se crea una Inspección vagancia y el despojo a indios y ladinos de General de Hacienda en los departamentos de sus tierras.

Ahuachapán y Santa Ana con el fin de contrarrestar el contrabando de mercaderías extranjeras y aguardiente común. 20 abril 1878- Se decreta una nueva Tarifa de Aforos para el cobro de derechos en el comercio de importación por las Aduanas Marítimas y fronterizas de la República del Salvador, que reforma la establecida en 1849.

398

31 marzo 1878- Se celebra el Tratado General de Paz, Amistad y Comercio entre la República del Salvador y la República de Honduras. 1880-1932- Es un período en el que se 26 abril 1878- Se celebra una convención entre 1880-1914- Las grandes potencias desarrolla

ciclo

regional

modernización de un capitalismo agrario.

de Salvador y Honduras para evitar el contrabando luchan por el reparto económico y de mercaderías extranjeras y aguardiente en el político

del

mundo.

Golfo de Fonseca y las fronteras terrestres de técnico-científicos. ambos países.

Progresos

Desarrollo

del

capitalismo monopolista. Creación

28 enero 1881- Teodoro Moreno presenta a la de monopolios que compiten por el Cámara de Senadores un proyecto ley para la control de materias primas. extinción de comunidades.

1880- Inglaterra controla el 46% del

15 febrero 1881- Se decreta la división de las tonelaje mercantil mundial hasta tierras comunales.

1913.

1 marzo 1881- Se celebra el contrato entre el 1881- Industrialización y ampliación Gobierno del Salvador y J. M. Dow para que la de la red ferroviaria rusa. Compañía de Vapores y Correos del Pacífico llegue al puerto de La Libertad cuando haga su

399

itinerario Panamá-San Francisco, California y a los puertos de Acajutla y La Unión cuando haga su itinerario Panamá-Acapulco. 8 marzo 1881- Se abole la pena de palos por delitos y faltas. 21 marzo 1881- Se crea la Ley Hipotecaria. 1 mayo 1881- Se crea el Reglamento para la División de las Comunidades de Ladinos e Indígenas. 5 junio 1881- El Diario Oficial informa que la Compañía Telegráfica de la América Central, junto con una casa inglesa, establecerá un cable submarino entre Cuba y Belice. 25 agosto 1881- Se crea el Reglamento de Aduanas Marítimas de la República del Salvador. 30 noviembre 1881- Manifestaciones en favor

del

Hipotecario.

400

establecimiento

del

Banco

5 marzo 1882- Se aprueba la contrata entre el gobierno y Francisco Camacho para la construcción y explotación del ferrocarril entre Santa Ana y Sonsonate. 23 febrero 1882- Decreto en el que se aprueba la contrata para la construcción y explotación del ferrocarril desde el puerto de Acajutla a Sonsonate. 11 marzo 1882- Se decreta la extinción de la institución de ejidos en Salvador. 13 marzo 1882- Se aprueba la contrata entre el gobierno y Mauricio Duke para la construcción de la línea férrea entre San Salvador y el puerto de La Libertad. 8 marzo 1882- Decreto en el que se aprueba la contrata celebrada entre el ministro de Hacienda y Guerra y el señor Mauricio Duke para la construcción de una línea férrea desde esta capital hasta el puerto de La Libertad.

401

1884- Se funda puerto Barrios en el 11 marzo 1882- Contrata celebrada entre el Atlántico y se construye el ferrocarril del ministro de Hacienda, Pedro Meléndez, y los norte, concluido en 1908 con capital señores Fabio Morán y Onofre Durán para el nacional, aunque después se usa capital de la establecimiento de una fábrica de hilados y firma estadounidense The Central American tejidos en la República. Improvement, que luego es absorbida por la 1885- Francisco Menéndez asume el poder. International Railways of Central America.

1887-

Creación

Unión

1886- La Constitución de este año decía en el Indochina.

15 octubre 1889- Se firma el Pacto de artículo 34: “Toda industria es libre y solo 1889-

Unión Provisional de los Estados de Centro- podrán estancarse, en provecho de la nación y Panamericana

crea

para

Conferencia fomentar

América por los gobiernos del Salvador, para administrarse por el Ejecutivo, el unidad continental, bajo el ideario de Costa

Rica,

Guatemala,

Nicaragua.

Honduras

y aguardiente, el salitre y la pólvora”.

la doctrina Monroe. Canadá aprueba

29 marzo 1890- Ecuador y Salvador firman su ley antimonopolios.

14 marzo 1890- Se aprueba por decreto el en Washington el Tratado de Amistad, 1890- Casi 19 millones de personas pacto de Unión Provisional de los Estados Comercio y Navegación. de Centro América.

llegan a los Estados Unidos entre

21 abril 1890- Se celebra la contrata entre el 1890 y 1921. Se aprueba la Ley

Julio 1895- Se crea la República Mayor de gobierno y Charles Tallent Spencer, de la Sherman. Centro

América, con la

finalidad de Compañía de Londres, para la construcción

estrechar lazos de fraternidad y mantener la de una línea férrea entre San Miguel y La paz y la armonía regional.

402

Unión.

22 junio 1890- Una insurrección derroca al presidente, general Francisco Menéndez. El general Carlos Ezeta toma el poder. 26 febrero 1890- Decreto gravando con un 1897- Las inversiones directas de Estados peso cada quintal de café que se exporta, el Unidos en el istmo pasaron de 11 500 que se destinará para la construcción del dólares a 76 900 en la víspera de la Primera Palacio Nacional. Guerra Mundial.

16 diciembre 1892- Acuerdo en el que se

1898- Creación de los Estados Unidos de dispone traer por solo una vez semilla de América Central entre Honduras, Nicaragua tabaco desde La Habana. y El Salvador. Constitución de los Estados 1894-1898Unidos de Centroamérica que en su artículo Gutiérrez

El asume

general la

Rafael

presidencia

Antonio de

la 1897- Crisis mundial seguida de una

39 establecía lo siguiente: “No habrá República, mientras el general Carlos Ezeta larga depresión hasta el año de 1908, monopolios

ninguna

clase

ni abandona el país después que el llamado relacionada con la superproducción

prohibiciones a título de protección a la “movimiento de los 44” tomara el control del del café debido a la creciente industria. Exceptuase

acuñación de gobierno.

producción de café en Brasil.

moneda y los privilegios que por tiempo 1895- Se funda el Banco del Salvador como 1898- Guerra de Estados Unidos limitado se concedan a los inventores o un establecimiento de crédito.

contra España e intento de anexar a

perfeccionadores de alguna industria”.

Cuba.

403

1898- Golpe de Estado en contra de Rafael Gutiérrez lleva al poder a Tomas Regalado. Crisis económica a causa de la baja de los precios del café en el mercado internacional. 1899- La United Fruit Company compra 1898-1913- Período en el que la deuda con otras compañías bananeras en Honduras.

los ingleses, en lugar de disminuir, ha aumentado. Lo mismo sucede con los empréstitos que compañías norteamericanas han concedido al gobierno, pues los gobiernos de estos años invertían mucho más en obras de desarrollo que lo que les permitía las rentas públicas.

1900- Sustitución del peso (moneda patrón 1900- Se establece el patrón oro en 1901- El gobierno de Guatemala contrata a plata) por el colón (moneda patrón oro). la

United

Fruit

administre el correo.

Company

para

los Estados Unidos.

que 1903-1907- Pedro José Escalón, originario de 1900-1907-

Crisis

mundiales

Santa Ana, gobierna el país; con él continúa cíclicas, crisis en la moneda patrón en el poder el grupo de hombres poderosos de plata y ascenso al patrón moneda oro. occidente, que desde el derrocamiento de

404

Carlos Ezeta se sostenía en la cúpula política. 1901-1920- En Estados Unidos, el Escalón llega a la presidencia a los 56 años de gobierno intenta controlar el poder de edad.

los trust.

1903- Se nota un cambio: comienza entonces 1901-1903- Teodoro

Roosevelt –

1904- Manuel Estrada Cabrera le otorga a la una nueva era, pues todos los sucesores de republicano– fortalece el federalismo: el United Fruit Company una concesión para el Tomás Regalado, hasta la ocupación de la primero en implementar medidas contra ferrocarril

por

años

concesiones territoriales.

obtiene silla presidencial por el general Maximiliano los trust, acusó a consorcios de violar la Hernández

Martínez,

fueron

elegidos leyes

antitrust

(ejemplo:

los

constitucionalmente para cumplir un período Rockefeller), peleó contra los trust de la presidencial de cuatro años, bajo el principio carne, liberal de no-reelección.

reguló

precio

los

transportes; sin embargo, no siempre fue

1906- Guerra con Guatemala. Muere el consistente en la política antitrust. general Tomás Regalado.

1905- Primera revolución rusa.

1907-1911- El general Fernando Figueroa 1907- Conferencia de los Estados de 1908 y 1918- Período en el que funciona la ocupa la presidencia, lo acompaña como América Central en Washington. Corte de Justicia Centroamericana, ideada vicepresidente el doctor Manuel Enrique 1908- Con la Ley Antimonopolios, la como un tribunal de amplia jurisdicción, Araujo;

después,

asume

presidencia United Fruit se ve obligada a vender

inspirada en las ideas de la época en lo que Manuel Enrique Araujo y se adopta el patrón sus acciones. se refiere a derecho internacional.

405

oro como medida monetaria. Los artesanos

salvadoreños convocan al Primer Congreso 20

noviembre

1910-

Inicia

Obrero. Las ventas de licores menores se Revolución Mexicana. situaron a por lo menos 80 metros de lugares 1911- Se ordena la disolución del como escuelas, iglesias y oficinas. Asesinato monopolio de la Standard Oil. Inicia del presidente Araujo. Carlos Meléndez la Revolución China. asume la presidencia, iniciando así la dinastía 1914Meléndez-Quiñónez.

Estados

Unidos

promulga la Ley Clayton, que viene a

1913 y 1921- Nuevamente se dan crisis de reforzar

Ley

Sherman

precios de café que implican un fuerte antimonopolios. impacto en la economía salvadoreña, lo cual 1914-1918- Primera Guerra Mundial. se traduce en la reducción de las rentas El

origen

inmediato

del

públicas y en el incumplimiento del pago de nacionalsocialismo debe buscarse en 1914- Se inaugura el Canal de Panamá.

la deuda externa.

las consecuencias de la derrota

1915- Carlos Meléndez es electo presidente; alemana en esta guerra. comienza así un período en el que el poder 1915-

Primera

político nacional está en manos de la familia Panamericana Meléndez-Quiñónez, que continuará en el Washington. poder hasta el año de 1927.

406

Conferencia

Financiera

1916- Huelga en las plantaciones bananeras 1916- La mala situación económica del país de

Honduras.

Enérgicas

demandas está acompañada del desequilibrio financiero

interpuestas por Costa Rica y El Salvador en mundial, provocado por la contienda europea oposición

tratado

Chamorro-Bryan, durante la Primera Guerra Mundial. Sin

firmado en 1916 por los gobiernos de embargo, hay visos de mejoría en el año de Nicaragua y Estados Unidos. El tratado 1916, pues la situación fiscal del país y las concedía a los estadounidenses el derecho a rentas del Estado se ven mejoradas en construir un canal interoceánico.

relación con las obtenidas el año anterior; entre las rentas más halagadoras están las obtenidas por la venta de licor. 1917- Erupción del volcán de San Salvador y destrucción parcial de la capital, lo cual reduce los ingresos fiscales. Se establece el estado de sitio a causa del terremoto; al año siguiente se recurre de nuevo a este mecanismo a causa de movimientos políticos. 1918- Se crean confederaciones obreras: la Confederación de Obreros de El Salvador, creada en Armenia, en la que participan 200

407

delegados que representan a los trabajadores y grupos mutualistas. Años después, en 1922, se crea una segunda confederación: la Unión Obrera Salvadoreña, que llegó a tener 35 filiales. 1919- Toma posesión de la presidencia Jorge 1921- Un nuevo intento unionista se Meléndez. Terremoto en San Salvador. La cristaliza en una declaración firmada por Asamblea Legislativa decreta que la unidad cuatro de los cinco presidentes de los monetaria en El Salvador será el colón Estados que conformaban Centroamérica.

dividido en cien centavos y representado por 0.836 gramos de oro de 900 milésimas de fino. 1922- Inundación de los barrios La Vega y 1922Candelaria.

Conferencia

económica

mundial en Génova, a la que no

1923- Alfonso Quiñónez Molina asume la asisten EE. UU. ni Turquía; se propone la supresión del papel

presidencia. 1924-

Una

manifestación

femenina

es moneda y la readmisión del patrón

reprimida violentamente. 1927- Pío Romero Bosque toma posesión de

408

oro en el campo financiero.

la presidencia. La política de Pío Romero 1924-1929- Los felices años veinte: favoreció el movimiento urbano de artesanos. evolución

técnica;

1928- Se obtiene la cosecha más alta de café.

mecánica,

industria

desarrollo

eléctrica

1929- Caída de los precios del café. Se regula química; y concentración económica la jornada laboral de ocho horas.

de grandes trust, bancos y complejos

1931- Ascenso de los militares al poder. El industriales. general Maximiliano Hernández Martínez 29 octubre 1929- Caída de la Bolsa de asume la presidencia, instaurando la dictadura Valores de Nueva York. Ese día bajan unipersonal más larga (1931-1944) que vivió rápidamente los índices de cotización de el país durante el siglo XX. La crisis política numerosos valores al derrumbarse las comenzó

cuando

el presidente

Romero esperanzas de los inversores después de

Bosque quebró el continuismo de la política que la producción y los precios de oficial

permitió

democráticas

relativa

elecciones

libertad locales

y numerosos

productos

cayeran

por

y espacio de tres meses consecutivos; se

presidenciales; por esta política fue elegido vendieron precipitadamente unos 16 un candidato reformista, Arturo Araujo, quien millones de acciones. Inicia la gran fue presidente de marzo a diciembre de 1931.

depresión.

1932- Los primeros del días del mes de enero tiene 1933- Ascenso del intervencionismo lugar una enorme insurrección campesina en la del Estado en la economía. Franklin

409

zona cafetalera del Occidente de El Salvador. El Delano

Roosevelt

electo

gobierno de Hernández Martínez impulsa medidas presidente de los Estados Unidos e proteccionistas a la industria cafetalera mediante la implementa el New Deal. promulgación de la Ley de Defensa del Café. 1933- La Comisión de Defensa de la Industria Azucarera solicita al presidente Hernández Martínez extender la protección a la industria 1934- En México se aprueba la primera legislación en materia de

de los dulces y las confituras.

1934- Es aprobada la Ley de Creación del competencia. 1939-1945- Segunda Guerra Mundial:

Banco Central de Reserva. 1935-

gobierno

emite

decreto conflicto bélico desarrollado entre los

legislando el control del tráfico del oro. Es países aliados (Polonia, Reino Unido, fundado el Banco Hipotecario.

Francia, Dinamarca, Noruega, Países

1936- El gobierno de Hernández Martínez Bajos, Bélgica, Yugoslavia, Grecia y, nacionaliza la generación de energía eléctrica. posteriormente, URSS, EE. UU., China y 1939- La Constitución establece la libertad de diversos países de Sudamérica) y las empresa y beneficios a los perfeccionadores potencias del Eje (Alemania, Italia, de inventos y a los que establezcan industrias Japón y sus países satélites). nuevas en el país.

410

El gobierno legaliza los monopolios sobre el sistema postal. La Constitución de este año, en relación a los estancos, decía en su artículo 55: “El Estado podrá estancar, por medio de la ley, en provecho de la Nación para administrarlos por el Poder Ejecutivo, el salitre, los explosivos, las armas y los cartuchos;

alcohol

las

bebidas

alcohólicas, el tabaco elaborado, los fósforos y toda clase de carburantes”. 1940- Convenios de Washington. Sistema Julio 1940- Se empieza a enviar trabajadores de cuotas para la exportación del café.

a la zona del Canal de Panamá; hasta esta fecha, el número de salvadoreños que han 1943-52- Durante la presidencia de

1944- En Guatemala es derrocado Ubico, le partido hacia aquel lugar es de unos 7500.

Harry Truman, Estados Unidos, en

sucede Juan José Arévalo.

posesión del monopolio atómico, asumen el papel de guía del mundo

1947- Auge de los precios del café.

occidental tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial. Agosto 1945- Bombas atómicas en

411

Hiroshima y Nagasaki; Japón pone fin a la guerra en el Pacífico. 10 febrero 1947- Firma en París de los tratados de paz: Naciones Unidas. Este año se crea el Plan Marshall. 1947- Se origina un sistema de 1948- Pronunciamiento militar derroca al comercio a través del Acuerdo presidente Salvador Castaneda; se instaura un General sobre Aranceles Aduaneros Consejo de Gobierno Revolucionario. Inicia y el Comercio (GATT). un programa de reformas continuado por los 1948- Se crea la OTAN para defensa presidentes Óscar Osorio (1950-1956) y José europea como parte de un pacto de María Lemus (1956-1960).

asistencia mutua, a iniciativa de Churchil y del ministro francés Pleven. Septiembre

1949-

Emergen

los

cambios que se fueron gestando en la dinámica del mundo bipolar cuando se

agota

monopolio

estadounidense de la bomba atómica.

412

En el escenario internacional surgen las dos superpotencias y, con ellas, la llamada “guerra fría”. 1949- Se crea el Consejo de Europa para la defensa de la civilización europea y del progreso social; lo 1950- En la Constitución de este año, el integran 17 países. EE. UU./OTAN artículo 142 reza así: “No podrá crearse ni intervienen militarmente en Corea 1950- En Guatemala, durante la presidencia autorizarse ningún monopolio a favor de del Norte. del coronel Jacobo Arbenz, quien gobierna particulares. Pueden establecerse estancos o Década de los 50- Las dos potencias constitucionalmente, se dan protestas contra monopolios a favor del Estado o de los que

dominan

planeta

Tierra

la United Fruit Company. A partir de este municipios cuando el interés social así lo comienzan una guerra sin víctimas, año se incrementa la superficie algodonera demande”.

promulga

una

nueva basada en el terror de las armas

centroamericana, convirtiéndose la región en Constitución que proporciona al Estado un atómicas. A lo largo del tiempo, una de las más competitivas del mundo.

carácter intervencionista. El Consejo de varios países van creando su propio Gobierno que asumió el poder en 1948 crea el arsenal nuclear y todos practican la Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) llamada “política de disuasión”. con el fin de intervenir en el mercado de los productos de primera necesidad alimenticia.

413

1951- Creación de la Comunidad

1952- Aprobación de la Ley de Fomento Europea del Carbón y del Acero (CECA).

Industrial.

1955- Acuerdos de París para la 1954- Derrocamiento de Jacobo Arbenz por

creación

un movimiento de 2000 guatemaltecos que

Occidental

desde Honduras son dirigidos por el ex

Varsovia.

Unión

(UEO).

Europea

Pacto

ministro de Guerra Carlos Castillo Armas. 1957- Tratados de Roma sobre la 1957- Denuncias por parte de algunas utilización de la energía atómica organizaciones sociales, especialmente de los (EURATOM) y constitución de la estudiantes

universitarios,

monopolio de la cerveza.

contra

el Comunidad Económica Europea, cuyas bases fueron la integración aduanera, la libre circulación de capitales, la integración progresiva de la política social fiscal. Europa

1959- Entra en vigor el tratado multilateral

firma el Tratado de Roma a partir del

las

cual la política de competencia queda

ratificaciones legislativas de Guatemala, El

constituida como un instrumento de

Salvador y Honduras.

integración y realización del mercado

414

libre

comercio,

después

interior. Los países que firman el tratado son Alemania Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. 4 octubre 1957- El mundo entero recibe la noticia sobre la puesta en órbita del primer satélite artificial soviético: el Sputnik 1, de 81 kilos. 1958-

Creación

Europeo,

del

integrado

miembros designados 1960- Suscripción de del Tratado General de 1960- Golpe militar reforzado por tropas Integración Económica Centroamericana, norteamericanas destituye a José María parlamentos nacionales creándose el Mercado Centroamericano (MCCA).

1962- Se conforma la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), que en 1991 se convierte en el Sistema de

415

por por

142 los

Común Lemus y se instaura Junta Militar, que elije como presidente a Julio Adalberto Rivera (1962-1967).

Integración Centroamericana (SICA).

Parlamento

1961- Ley de Reorganización de la Banca de la Nación, que convirtió al Banco Central de Reserva en una entidad de carácter público y constituyó la Superintendencia de Bancos.

1961- John F. Kennedy expande la “nueva frontera”, la comercial, a través de la Alianza por el Progreso, en América Latina.

1962- La Constitución de este año, en el 22 noviembre 1963- Es asesinado el artículo 142, expresa: “No podrá crearse ni presidente John F. Kennedy; Lindon autorizarse ningún monopolio a favor de B. Johnson es nombrado presidente y particulares. Pueden establecerse estancos o consigue la aprobación del Congreso monopolios a favor del Estado o de los de las leyes sobre igualdad de municipios cuando el interés social así lo derechos, lo que no termina con los demande”.

movimientos antirracistas. 1964- Inicia intervención de EE. UU.

5 marzo 1966- Se celebran elecciones en Vietnam, por ataque vietnamita a presidenciales en las que triunfa el ministro barcos de ese país. del Interior y candidato del Partido de 1968- Tienen lugar movimientos Conciliación

Nacional,

Fidel

Sánchez estudiantiles en Estados Unidos,

Hernández; resulta ganador con 241 900 Japón, Francia, Alemania e Italia; en votos.

la otra Europa, la mediterránea, en España;

latinoamericanos,

los en

países Argentina,

Bolivia, Brasil, México, Perú y Uruguay; y en Medio Oriente, en Turquía. Un elemento constante de

416

los movimientos estudiantiles fue el antibelicismo

que

expresaba

fundamentalmente en contra de la 1983- El artículo 110 de la Constitución de guerra de Vietnam. ese año dice: “No podrá autorizarse ningún 1989- Caída del régimen socialista en monopolio sino a favor del Estado o de los la Unión Soviética. municipios cuando el interés social lo haga Noviembre 1989- Caída del muro imprescindible. Se podrán establecer estancos de Berlín, lo que representa el final 13

diciembre

Tegucigalpa

que

1991crea

Protocolo el

Sistema

simbólico de la “guerra fría”.

de a favor del Estado”.

de 1992- Se aprueba la Ley de Protección del 3 octubre 1990- Se da la unificación

Integración Centroamericana, con el cual se Consumidor.

crea

Fundación total de las dos Alemanias.

da un nuevo impulso al Mercado Común Salvadoreña para el Desarrollo Económico y 17 enero 1991- Guerra en el golfo Centroamericano.

Social

(FUSADES)

propuesta

anteproyecto

presenta de

Ley

una Pérsico, EE. UU ataca a Irán por su de intervención en Kuwait.

Octubre 1993- Se suscribe el Protocolo de Competencia. Firma de Acuerdos de Paz en 1997- Reunión de la Organización Guatemala.

Chapultepec, México, con lo que se pone fin Mundial de Comercio, en la que se a la guerra civil que comenzó en 1981.

estableció el Grupo de Trabajo sobre

1996 - Se crea el Centro para la Defensa del la Interacción entre el Comercio y Consumidor (CDC)

417

Política de Competencia.

Abril 1998- El Código Penal de este año 1999- Se transfiere el control del Canal de contempla el delito de monopolio. Panamá al gobierno panameño.

11 septiembre 2001- Ataque a torres gemelas en Nueva York: 3 mil muertos. Inicia coalición contra el terrorismo internacional. 2001- Reunión de la Organización Mundial de Comercio, en la que se resolvió iniciar negociaciones sobre 26 noviembre 2004- Aprobación de la Ley de la interacción entre comercio y Competencia, publicada en el Diario Oficial política de competencia. del 23 de diciembre de 2004, creando la Superintendencia de Competencia.

Julio 2006- Creación del Grupo de Trabajo Centroamericano Competencia.

Política

de 1 enero 2006- Entra en vigencia la Ley de

Julio 2006- Primera reunión del Grupo de Competencia

inicia

operaciones

Trabajo Centroamericano de Política de Superintendencia de la Competencia. Competencia.

418

22 febrero 2007- Suscripción al Protocolo 18 octubre 2007- La Asamblea Legislativa del Tratado de Inversión y Comercio de aprueba Servicios de Centroamérica

las

reformas

Competencia,

las

que

la dotan

Ley

2007- Primer Foro Centroamericano de Superintendencia de Competencia de nuevas Competencia. Suscripción de la Declaración herramientas para eliminar las prácticas del Grupo de Trabajo Centroamericano de anticompetitivas. Política de Competencia.

9 noviembre 2007- Entran en vigencia dichas

2008- Segundo Foro Centroamericano de reformas. Competencia. Suscripción de la Declaración del Grupo de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia.

419

420

LOS ESTANCOS, LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y LAS RENTAS DEL ESTADO EN EL SALVADOR

ÍNDICE

Palabras introductorias .......................................................................... 7 Presentación .......................................................................................... 13 Introducción........................................................................................... 19 CAPÍTULO I EL REAL FISCO Y LOS ESTANCOS EN LA CENTROAMÉRICA COLONIAL EN LA ÉPOCA DE LA MONARQUÍA DE LOS AUSTRIAS (1525-1700) PEDRO ANTONIO ESCALANTE ARCE

1.1. El papel sellado ............................................................................ 32 1.2. Estanco de la sal ........................................................................... 34 1.3. Estanco de los naipes .................................................................... 36 1.4. Estanco del azogue o mercurio ..................................................... 37 1.5. Estanco de la pólvora.................................................................... 42 1.6. Otros estancos en el virreinato de Nueva España ........................ 44 1.7. Estancos de la época borbónica con antecedentes en la dinastía de los Austrias ....................................................... 45 1.8. Notas............................................................................................. 47 1.9. Fuentes consultadas ...................................................................... 49

CAPÍTULO II REVESES DE LA POLÍTICA DE COMERCIO LIBRE Y POLÍTICA FISCAL DE RENTAS ESTANCADAS DE LAS REFORMAS BORBÓNICAS EN SAN SALVADOR Y SONSONATE (1700-1823) EUGENIA LÓPEZ VELÁSQUEZ

2.1. La crisis heredada de los Habsburgo y la reducción de los ingresos fiscales ....................................................................... 58 2.2. Reformas borbónicas y la política de comercio libre.................................. 62 2.3. Los comerciantes y los monopolios................................................ 66 2.4. La reforma general fiscal y política de comercio libre en el reino de Guatemala y los nuevos estancos reales ...................... 69 2.4.1. Ampliación de la alcabala y de otros impuestos ............. 70 2.4.2. Nuevos productos estancados ............................................ 71 2.4.3. Restricciones y desventajas para los asentistas ................. 74 2.4.4. Estanco de la chicha, aguardiente y otras bebidas fermentadas.......................................................... 76 2.4.5. Estanco del papel sellado .................................................. 78 2.4.6. Estanco de peleas de gallo y de juegos de azar ................. 78 2.4.7. Estanco real de tabaco ....................................................... 79 2.4.8. Medidas prohibitivas y calidad del producto..................... 82 2.4.9. San Salvador, mayor productor de tabaco ......................... 84 2.4.10. Fletes ............................................................................... 85 2.4.11. Cigarros y puros .............................................................. 85 2.4.12. Contrabando y siembra clandestina de tabaco ................ 86 2.5. El erario público en la época de la independencia y la guerra contra la anexión ............................................................ 88 2.5.1. Aspiraciones de autogobierno, libre comercio y supresión de cargas fiscales .............................................. 91 2.6. Notas ............................................................................................... 94 2.7. Fuentes consultadas ........................................................................ 98 CAPÍTULO III FISCALIDAD, ESTANCOS Y FEDERACIÓN: LOS TERMÓMETROS DE LA FORTALEZA GUBERNAMENTAL EN EL SALVADOR (1824-1839) SAJID HERRERA MENA

3.1. Fiscalidad y fortaleza de un gobierno central ................................ 104 3.2. Las fuentes de la Hacienda Pública ................................................ 110

3.3. Estancos, defraudación al fisco y coerción gubernamental ................................................................. 118 3.4. Estanco de tabaco y soberanía ....................................................... 124 3.5. Consideraciones finales ................................................................ 130 3.6. Notas ............................................................................................. 133 3.7. Fuentes consultadas ........................................................................ 137 CAPÍTULO IV LOS ESTANCOS EN LA REPÚBLICA DEL SALVADOR (1838-1871) JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ KNUT WALTER

4.1. El Estado salvadoreño (1838-1871) ...................................... 143 4.2. Las finanzas del gobierno central ......................................... 146 4.3. Las obligaciones del gobierno central .................................. 151 4.4. Los estancos y monopolios .................................................. 155 4.5. El estanco del tabaco ............................................................ 157 4.6. El estanco de aguardiente ...................................................... 160 4.7. Otros productos estancados .................................................. 167 4.8. Conclusiones ......................................................................... 168 4.9. Notas ............................................................................................ 174

4.10. Fuentes consultadas ............................................................. 176 CAPÍTULO V PAISAJE DE REFORMAS (1871-1897) ROBERTO TURCIOS

5.1. Ritmo del café ............................................................................... 180 5.2. Tiempo de reformas ....................................................................... 185 5.3. Expansión crítica ........................................................................... 191 5.4. La deuda: un laberinto .................................................................... 197 5.5. Contratos y concesiones ................................................................ 200 5.6. Estancos florecientes ..................................................................... 203 5.7. Espejos del tiempo ......................................................................... 208 5.8. Agenda de transformaciones ......................................................... 211 5.9. Notas ............................................................................................. 219 5.10. Fuentes consultadas ...................................................................... 223

CAPÍTULO VI CRISIS, AGUARDIENTE Y CAFÉ (1898-1930) CARLOS LOUCEL LUCHA

6.1. Renta de aguardiente, la segunda en importancia para el Estado ............................................................ 228 6.1.1. Marco legal de la renta del aguardiente ............................ 231 6.1.2. Lugares de producción ..................................................... 231 6.1.3. Impuestos de producción y de venta ................................. 232 6.1.4. Contrabando ..................................................................... 235 6.1.5. El aguardiente y la economía del país .............................. 238 6.1.6. Cuestionamiento moral de la renta del Aguardiente....................................................................... 243 6.2. Estanco de pólvora y salitre ............................................................ 247 6.3. Renta de papel sellado y timbres .................................................... 248 6.4. Café................................................................................................. 249 6.5. Estado de la economía del país ....................................................... 252 6.6. Consideraciones finales ................................................................. 264 6.7. Notas ............................................................................................. 266 6.8. Fuentes consultadas ........................................................................ 268 CAPÍTULO VII EL DISCURSO DE LA LIBRE COMPETENCIA Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN LA ÉPOCA DE UN ESTADO INTERVENCIONISTA (1930-1960) RICARDO ARGUETA

7.1. El ascenso del intervensionismo estatal ............................... 274 7.1.1. Crisis económica y surgimiento de los grupos de presión ..................................................... 274 7.1.2. El monopolio en la emisión de moneda ................... 279 7.1.3. La banca estatal cubre un mercado abandonado ...... 281 7.1.4. Monopolio de la generación eléctrica y el sistema postal........................................................ 283 7.1.5. Aguardiente y contrabando ...................................... 287 7.1.6. Regulaciones de precios ........................................... 289

7.2. Monopolios privados de “larga duración” y protesta social ........................................................................ 292 7.2.1. El caso de la empresa cervecera ............................... 292 7.2.2. El monopolio del cemento ........................................ 295 7.3. Apertura a la competencia: entre el discurso y la práctica .............................................................................. 297 7.3.1. Los teatros nacionales y la desmonopolización de la gasolina ............................ 297 7.3.2. Leyes antimonopólicas con fines políticos y xenofóbicos ............................................................... 300 7.4. Industrialización y mercado integrado ................................. 302 7.4.1. Un mercado sin mucha competencia en los albores de la industrialización .................................. 302 7.4.2. El debate entre el libre mercado y los monopolios planificados en la integración centroamericana ........ 308 7.5. Conclusión............................................................................. 310 7.6. Notas ..................................................................................... 312 7.7. Fuentes consultadas ............................................................... 316 CAPÍTULO VIII DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA A LA CREACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA (1960-2008) HUGO LÓPEZ

8.1. Principales tendencias de la economía salvadoreña entre 1960 y el 2008 ....................................................................... 322 8.2. Integración centroamericana: avances y retrocesos en materia de competencia (1960-1970) ............................................. 325 8.3. El Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el libre comercio .............................................. 326 8.4. La inflexión del Mercado Común Centroamericano y la libre competencia ........................................ 327 8.5. Los obstáculos al libre comercio interregional y la libre competencia........................................................................ 329 8.6. Del quiebre a la crisis de la integración centroamericana (1970-1981) ........................................................ 330 8.7. De la crisis a la reestructuración de la integración centroamericana (1981-1992) ......................................................... 334

8.8. Reestructuración y perspectivas de la integración centroamericana: 1990-2008 .......................................................... 335 8.9. La institucionalidad de Competencia hasta la creación de la Superintendencia .................................................... 337 8.10. Privatizaciones, apertura comercial y Ley de Competencia en El Salvador (1990-2008) .................................... 339 8.11. Los tratados de libre comercio y la institucionalidad de competencia ................................................. 341 8.12. De las reformas económicas a la creación de la Superintendencia de Competencia ............................................... 342 8.13. El mercado interno: el eslabón ignorado ...................................... 345 8.14. Cooperación internacional para el fortalecimiento de la libre competencia y su institucionalidad................................... 350 8.15. La Ley, la Superintendencia y la institucionalidad de Competencia 2004-2008 ............................................................... 352 8.16. Consideraciones finales ............................................................... 357 8.17. Notas ............................................................................................. 359 8.18. Fuentes consultadas ...................................................................... 362 Glosario ................................................................................................. 367 Lineas del Tiempo ................................................................................. 375

Esta edici贸n consta de 1,300 ejemplares. Se termin贸 de imprimir el d铆a 15 de noviembre de 2008