Informe oxfam by maritza correa

Créditos

Pobreza, Desigualdad y Desarrollo en el Perú Informe Anual 2009-2010 Oxfam Oxfam América

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Av. Benavides 1130 – Miraflores, Lima 18 – Perú Teléfono: (511) 700 9200 www.oxfam.org/es Primera Edición: Julio 2010 1000 ejemplares Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú Número 2010-08946 ISBN Diseño General, Coordinación y Redacción: Celia Aldana, Elva Abad, Cecilia Niezen Comité Consultivo: Frank Boeren, Luis Vargas, Adelaida Alayza, Edda Leyva, Elizabeth Cano, Giovanna Vásquez, Igidio Naveda, Javier Aroca, Lorena del Carpio, Patricia Amat, Patricia Díaz, Rocío Ávila, Susanne Engelhardt, Yván Vásquez. Edición: Milagros Salazar Diseño Gráfico: Maritza Correa

Editor Fotográfico: Alexis Huaccho Corrección: Ricardo Virhuez Fotos: Percy Ramírez, Elva Abad, Yanina Patricio, Roberto Guerrero, Flor Ruiz, Evan Abramson, David Stubbs, Charlie Jara, Helena Christensen, Thomás Müller, Jason Mcdonald, Jim Holmes, Maribel Sánchez, Gilvan Barreto, Annie Bungeroth, Claudia Alva, Chris Hufstader, Alexis Huaccho, Caretas. Foto de Portada: Julio Angulo. Impresión: Gama Gráfica SRL - Jr. Risso 560, Lince - Lima.

• Fo to: P er cy Ra mí re z

Índice Presentación ………………………………………………………………..

Mirando al Perú Un Estado en retirada

Francisco Durand …………………………..…………………………...

Las caras de la pobreza

Carolina Trivelli ……………………………………………………….....

Más allá de las ánforas

Nelson Manrique ………………………………………………………...

El ‘plato fuerte’ del desarrollo

Mariano Valderrama …………………………………………………….

¿Cómo se violan hoy los derechos fundamentales?

Francisco Soberón y Miguel Jugo …………………………………....

Mujeres en el escenario

Aída García Naranjo …………………………………………………….

Construyendo desde la diversidad

Alberto Chirif ……………………………………………………………..

Cada vez más lejos del Sur

Carlos Bedoya …………………………………………………………...

Industrias extractivas a la fuerza

José de Echave …………………………………………………………. 100

“Bien Vivir” para redistribuir el poder

Aníbal Quijano …………………………………………………………... 112

Rumba mala, tremenda resaca

Antonio Hill ………………………………………………………………. 122

Oxfam ¿quiénes somos y qué hacemos?

Oxfam en el mundo ...………………………………………………………..... 134 Oxfam en el Perú ………………………………………………………............ 136 Agricultura y recursos naturales:

La palanca para reducir la pobreza rural …………………………………. 140

Industrias extractivas:

Buscando crecimiento con derechos …………………………………….... 146

Integración regional y comercio:

Acuerdos justos y vigilancia social .……………………………………….. 152

Trabajo digno y ciudadanía:

El desafío de reducir las brechas .………………………………………… 156

Pueblos indígenas:

Las voces que deben ser escuchadas .…………………………………… 160

Enfoque de género:

Mujeres que ganan espacio .……………………………………………...... 164

Cambio climático:

La batalla local de una amenaza global .………………………………….. 168

Ayuda humanitaria:

Manos de mujer levantan Pisco……….……………………………………. 172

Gestión de riesgos:

Para prevenir los desastres…………………………………………………. 176

• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

Presentación

uchos compartimos el sueño de lograr un país con más desarrollo y menos pobreza.

Siendo así, debería ser fácil

llegar a acuerdos. Pero la realidad nos indica que estas palabras evocan diferentes significados para distintos grupos y personas.

concepto neutro, por lo cual resulta pertinente cuestionarlo constantemente, analizando si las estrategias que se siguen son las mejores, y sobre todo identificando si hay sectores sociales que están quedando de lado y no están siendo beneficiados. En este sentido, una preocupación constante en Oxfam ha sido poner en debate la idea de que si bien el crecimiento económico es crucial para el desarrollo, es también insuficiente. Por ello, planteamos como algo fundamental que a la reflexión sobre el desarrollo la acompañe otra sobre la desigualdad y la consolidación de la democracia. Para hacerlo, Oxfam ha invitado a un grupo de articulistas para exponer sus análisis y propuestas sobre temas fundamentales del país: pobreza, democracia, pueblos indígenas, industrias extractivas, sector privado, entre otros. Si bien Oxfam no necesariamente comparte todos sus puntos

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Es necesario tener en cuenta que no se trata de un

importante al siempre necesario debate sobre el Perú y su futuro.

de vista, nos ha parecido que sus ideas y reflexiones son un aporte

Los temas centrales de hoy En el Perú se ha anunciado que las cifras de pobreza se han reducido notoriamente en los últimos años. Sin embargo, los pobres siguen siendo los mismos. Los mismos, podemos añadir, que sufren más por

las consecuencias de los desastres y del cambio climático, o que murieron en mayor proporción durante los años de violencia del país. Los mismos de siempre. ¿Acaso será que hay algo de fondo que necesita ser revisado, comprendido, enfrentado? El Perú vivió en 2009 las consecuencias de seguir excluyendo a un sector importante de la población. Los sucesos de Bagua, lamentados por todos debido a las muertes que ocasionaron, deben servirnos también para prestar atención al llamado que hacen los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en diálogos sobre políticas e inversiones que les afectarán. Además, es necesario revalorar lo que los pueblos indígenas aportan al país, un ejercicio al que el Perú no está acostumbrado, y prestar atención y debatir la propuesta de

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

buen vivir que están desarrollando las organizaciones indígenas de América del Sur. Las posibilidades de desarrollo que el Perú está explorando son diversas: promoción del turismo, formalización de las microempresas, impulso a la agro-exportación, entre otras. El reto está en lograr que éstas sean lo más inclusivas posible. Las industrias extractivas han sido un importante motor del crecimiento económico en años recientes, y siguen siéndolo. No obstante, se mantienen las preguntas de cómo manejar los niveles de conflicto, y conseguir que a partir de la explotación de minerales, gas y petróleo se generen otras cadenas productivas. El desarrollo explosivo de la gastronomía plantea cuestiones similares: ésta no sería posible sin la riqueza y variedad de ingredientes que se encuentran en el Perú. Esta diversidad, a su vez, no podría darse sin la agricultura familiar. ¿Cómo lograr que este sector se beneficie del crecimiento que tanto le debe? La respuesta a este tipo de preguntas pasa por políticas que se preocupen por promover y fortalecer los derechos, especialmente de aquellos sectores más excluidos y por tanto

más vulnerables. Estos derechos incluyen aquellos que puedan fortalecer la capacidad de diálogo y debate dentro del país. En este sentido, diversos sectores han expresado su preocupación con relación a lo que se ha calificado como criminalización de la protesta: penas consideradas desproporcionadamente altas para los dirigentes de movimientos que protestan. Si se quiere lograr un clima de mayor paz social, es fundamental implementar canales de diálogo que permitan manejar los conflictos tempranamente.

Pero el desarrollo pasa también por cómo el país se ubica en el ámbito regional y global. Una preocupación es que la estrategia seguida por el Perú, de articularse a ámbitos globales y apostar menos a las instancias sudamericanas, pueda implicar una oportunidad perdida. De lo que Oxfam ha observado, los países se fortalecen más cuando establecen alianzas sólidas con países cercanos, con los que comparten problemas y aspiraciones. Estas alianzas, además, les permiten un mayor nivel de influencia y mejor negociación en espacios globales. Estos y otros temas son abordados por los autores invitados por Oxfam a participar en esta edición de nuestra memoria anual. A continuación de estas reflexiones, encontrarán en la segunda parte artículos que describen el trabajo que desarrollamos junto a nuestros

Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Novib. Esperamos que disfruten su lectura.

Frank Boeren

Coordinador Oxfam en el Perú

presentes en el país durante el período 2009-2010: Intermón Oxfam, Oxfam América,

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

socios, e información sobre las inversiones que Oxfam hizo a través de sus afiliados

Un Estado en retirada El nuevo mapa del poder económico en el Perú

• Foto: Sebastián Castañeda

El capital privado está avanzando hasta niveles nunca antes vistos, a tal punto que las pocas empresas con mayor poder económico dominan cada vez más las ramas claves del mercado. Por su parte, el Estado peruano no regula, no supervisa ni protege a la propiedad comunitaria. Todo lo contrario: cede más espacios al poder fáctico de las corporaciones nacionales y extranjeras.

ientras hace 30 años el énfasis de las ciencias sociales en el poder económico era profuso y apasionado, al punto que se le veía como demiurgo, hoy predomina el desinterés, la falta de estudios y una dificultad para entenderlo. Tal ausencia llama la atención, pues si hay algo que define a nuestra época es que las corporaciones –y más generalmente el sector privado– han crecido de manera sostenida, al punto que se han convertido en centro gravitacional. En poder fáctico. Gracias al enorme despliegue de recursos, la ayuda de gobiernos y la nueva política económica pro mercado, se han desatado estos procesos de cambio que tienen múltiples consecuencias. Algunas de ellas son negativas y merecen reflexión, porque solo entendiéndolas se pueden corregir; ignorándolas se ahondan los problemas. Dibujaremos este “nuevo mapa del poder económico” describiendo cuatro tendencias económicas que tienen fuerte impacto políticosocial y que se han desatado con gran rapidez por la permisividad del Estado, e incluso con su colaboración. Primero, la expansión acelerada de la propiedad privada y desplazamiento de la pública y comunitaria. Segundo, la reconfiguración del poder económico en torno a actividades primarias y financieras, y con concentración del mercado en manos de pocas corporaciones. Tercero, la desnacionalización económica. Cuarto, la proyección social de las corporaciones de la mano con un mayor impacto en zonas pobres y territorios de pueblos indígenas. Explicaremos ahora cada una de estas tendencias.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Fr a n c is c o Du r and

La expansión del reino privado

Debido sobre todo al “cambio de rumbo” en dirección neoliberal operado desde 1990, y al impacto de la globalización económica, el sector privado creció sostenidamente

Luego predomina la tendencia privatizadora, empezando con las “reformas de las reformas” de Francisco Morales Bermúdez (gobierno de facto de 1975-1980), y las privatizaciones de Fernando Belaunde (gobierno constitucional de 19801985). La ofensiva privatista se desata ininterrumpidamente desde el cambio de modelo económico en 1990, y para el año 2000, el PBI de las empresas estatales alcanzó apenas el 6% del PBI total.

Cuadro 1: Participación en el PBI de los diferentes tipos de capital (1950 - 2000) Tipo de capital

1950

1968

1975

2000

Sector estatal

11%

21%

Capital extranjero

10%

22%

11%

28%

Capital nacional

43%

34%

27%

28%

60%

67%

62%

Cooperativas Total sector empresarial Total sector no empresarial *

40%

33%

38%

Total del PBI

100%

Elaboración: Humberto Campodónico. Fuente: FitzGerald, cuadro 19, p. 50 (2000) * El sector no empresarial comprende la microempresa (hasta 10 trabajadores), independientes y trabajadores del hogar.

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Estamos frente a una tendencia capitalista muy poderosa, amplia y multiforme, que expande el reino privado a niveles nunca antes vistos. Se trata de la última y probablemente definitiva expansión de la propiedad privada, que no es detenida por la distancia, la altura ni los bosques. Tampoco por los actores políticos que ocupan el Estado. Estos, más bien, la protegen.

a costa de otros tipos de propiedad. El cuadro No. 1 –actualizado por Humberto Campodónico– muestra la participación de los diferentes tipos de capital en el PBI, desde 1950 hasta el 2000. En 1975, con 147 empresas estatales (creadas y expropiadas), el capital estatal llegó a 21% del PBI, su punto histórico más alto.

Desde 1990 el Estado ha vendido gran parte de sus empresas y concesionado puertos y aeropuertos. Pero no solo ha dejado que las corporaciones compren preferentemente sus compañías y sin apoyar el accionariado difundido, sino que ha permitido que el capital privado

ingrese en rubros que antes habían sido exclusividad del sector público, como las pensiones y la infraestructura; e incluso en actividades tan variadas como cementerios y prisiones. Ello ocurre en momentos en que el Estado no ha desarrollado, en paralelo, buenas capacidades regulatorias

Hay una dinámica empujada por dos actores. Desde “arriba” de la pirámide social, la desatan las corporaciones interesadas en recursos naturales para abastecer el mercado mundial, proceso que ahora incluye a China, nueva potencia manufacturera hambrienta de materias primas. En el caso de grandes enclaves en zonas comunitarias, el carácter traumático e intrusivo de la presencia privada termina provocando reacciones defensivas, sobre todo en la minería porque la contaminación afecta la agricultura tradicional. Desde “abajo” –de manera más silenciosa– esta

Desde 2006, esta tendencia provoca un animado debate, en el cual destaca la crítica del presidente García a “los perros del hortelano”. Según esta tesis, los comuneros ni dejan entrar a los privados ni pueden hacer mejor uso de sus recursos. Esta idea la refuerzan instituciones pro propiedad privada como el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto, que asume que los pueblos indígenas deben aceptar esta situación y ceder el paso al capital privado. En contraste, el antropólogo Stefano Varese –autor del más famoso estudio sobre los asháninkas– sostiene que De Soto ve arbitrariamente la inversión privada “como forma superior de organización de recursos, por ser la mejor o única oportunidad de progreso” 1. El problema de esta tendencia privatista es que en ciertos casos, como el del gas y el petróleo, el Estado y la comunidad podrían obtener más rentas e invertirlas internamente si hubiera mayor presencia o reforzamiento de empresas públicas. Esto facilitaría el abastecimiento preferente del mercado interno, en lugar de dar prioridad al capital privado, que es predominantemente extranjero, y que tiende a remitir las ganancias al exterior y a privilegiar el mercado mundial. Asimismo, la privatización debilita en algunos casos el medio social, particularmente allí donde sobreviven las culturas originarias que son base de la nacionalidad e identidad popular. Es así porque el neoliberalismo limita arbitrariamente las opciones de

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

El Estado también viene eliminado o limitando el accionar de las formas sociales de propiedad, tanto modernas como tradicionales. Este proceso, que comenzó en 1975, se ha acelerado desde el gobierno de Alberto Fujimori en los 90 y el actual régimen de Alan García. Las cooperativas agrarias y las cooperativas de ahorros y préstamo urbanas prácticamente han desaparecido: en 1975 representaban el 8% del PBI nacional y en 2000 ya no existían estadísticamente (ver cuadro Nº 1). En cuanto a las formas tradicionales, se observa el debilitamiento y reducción territorial de la propiedad comunitaria de costa, sierra y selva. Las causas son múltiples; entre las más importantes figuran las concesiones del subsuelo o de explotación forestal realizadas por el Estado, el cambio de normas para facilitar concesiones y ventas de terrenos comunales a privados, y el avance de la lógica de mercado entre los comuneros y nativos.

dinámica es impulsada por la pequeña propiedad privada, ya sea formal, informal o incluso delictiva (narcotráfico, piratería y contrabando).

ni ha mostrado voluntad de fiscalización. Todo lo contrario, se ha caracterizado por tener políticas y actitudes permisivas.

Ver “El síndrome del perro del hortelano” (El Comercio, octubre 28, 2008). Sobre De Soto, quien inspira a García, ver Varese “Poco ha cambiado para los pueblos indígenas amazónicos” en Quehacer (No.176, 2009:27-35).

producción y consumo a un solo tipo de propiedad. También empuja al uso preferente de la tecnología moderna, y al abandono de tecnologías tradicionales.

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El Estado, por su parte, no promueve el desarrollo tecnológico propio, sea moderno o tradicional. La condición anémica del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) grafica el grado de desinterés público en investigación tecnológica, mientras que la ausencia de políticas y programas de investigación de las universidades completan este sombrío estado de la investigación en el Perú2.

Reconfiguración y concentración La estructura del poder económico se ha reconfigurado. El Perú ha abrazado, sin una posición crítica, la lógica de la globalización que inducen las multinacionales, el principal agente de una economía peruana cada vez más concentrada. A partir de 1990 la economía se organiza en torno a las exportaciones de materias primas. Destacan la minería, a la que ahora se añade una presencia cada vez mayor de productos agroindustriales, y algunas manufacturas, mayoritariamente destinadas a los países del Pacto Andino y otras a países desarrollados como los textiles y confecciones. En el caso de la manufactura interna, predominan los productos de consumo masivo (bebidas y alimentos) y fábricas de metalmecánica que abastecen a la minería.

Además del eje primario-exportador hay que considerar como igual o más importante al sector financiero (bancos, seguros y pensiones), fortalecido con la retirada del capital estatal y la entrada de privados al sistema de pensiones. La banca privada ha aumentado su influencia al proveer crédito hipotecario a la nueva clase media y crédito de consumo a las masas. Las AFPs invierten constantemente en paquetes accionarios de los buques bandera de los principales grupos peruanos y empresas que operan en la bolsa. Esto provoca una fusión mayor entre el capitalismo financiero y el productivo, y a su vez, eleva los niveles de cohesión de la pequeña elite de gerentes y propietarios que comanda la economía. Aunque existe la percepción del Perú como “país minero”, varios hechos apuntan a considerar como predominantes los intereses financieros, cuya influencia se nota más en las decisiones monetarias. Lo sugiere el hecho que el Estado tolera la devaluación del dólar, que favorece a estos intereses, si se toma en cuenta que un alto porcentaje de los préstamos están en dólares y una subida de la moneda extranjera dificultaría los pagos a los bancos. En contraste, al no sostenerse de manera firme el dólar, los exportadores se ven directamente afectados. La concentración económica avanza a grandes pasos, y el Estado no la restringe ni limita (salvo excepciones como en el mercado de la energía eléctrica), sino que la viene promoviendo desde la aprobaciónde la Ley de Fusiones (DL 120-94-EF). Al fusionarse o comprarse, unas pocas empresas ganan el dominio del mercado. El alto y creciente grado de concentración económica en ramas claves se observa en el cuadro No. 2.

Existen investigadores aislados más que programas y políticas de universidades.

Cuadro 2: Índice de concentración de mercado (2001 - 2006)

Empresa 2

% del mercado

Rama o sector

2001

2006

Cemento

0.26

Cementos Lima

40%

Cemento Andino

21%

61%

Hierro y acero

0.18

0.21

Aceros Arequipa

38%

Siderperú

25%

63%

Cerveza

0.81

0.91

Backus

95%

Ambev

100%

Harina de trigo

0.27

0.3

Alicorp

45%

Molitalia

19%

64%

Fideos

0.34

0.37

Alicorp

60%

Molitalia

20%

66%

0.45

0.38

Alicorp

68%

SAO

10%

70%

Lácteos

0.4

0.49

Gloria

68%

Nestlé

13%

81%

Soda caústica

0.78

0.72

Quimpac

85%

Importadores

Transp. aéreo

0.13

0.59

Lan Perú

75%

TANS

19%

94%

0.92

Telefónica del Perú

94%

Telmex

97%

Aceite comestible

Telefonía fija

0.99

Gas natural

0.19

0.3

Pluspetrol

73%

Repsol

19%

92%

Azúcar

0.15

0.17

Paramonga

21%

Cartavio

19%

40%

Avícola

0.37

0.33

San Fernando

54%

Chimú Agrop

12%

66%

0.5

Saga Falabella

48%

Ripley

52%

100%

0.28

0.33

PECSA

54%

Corp.de Combustibles y Derivados

13%

67%

AFPs

0.26

Integra

29%

Prima

28%

57%

Banca

0.17

0.19

BCP

35%

BBVA Continental

20%

55%

Seguros

0.12

0.18

Rimac Internacional

34%

17%

51%

0.22

Luz del Sur

33%

32%

65%

Tiendas Grandes Estaciones de servicio

Distribución electricidad

El Pacifico PS Edelnor

Elaboración propia. Fuente: Jorge Chávez (2008). “Políticas de competencia en el Perú”. Lima, Maximixe School of Goverment.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Total del mercado

Empresa 1

Índice (IHH

Este fenómeno de oligopolización es muy fuerte en el sistema financiero y de servicios, lo que lleva a que las empresas generen sobrecostos, recargos y costos adicionales, en algunos casos automáticamente. Lo más preocupante es que estas anomalías ocurren en un contexto de debilidad regulatoria y permisividad estatal, donde el usuario o consumidor no cuenta con

las debidas protecciones y oportunidades de hacer valer sus derechos, y donde la empresa mantiene una relación privilegiada con el Estado3. Otro sector de alta concentración es el agro, donde las agroindustrias nacionales y extranjeras de los valles costeños han logrado acumular un alto número de hectáreas (ver cuadro No. 3)

Cuadro 3: Ranking de agroindustrias según número de hectáreas ( 2009 )

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Propietario

Ubicación

Casa Grande (grupo Gloria)

29.393

Trujillo

San Jacinto (grupo Picasso)

16.000

Santa

Tumán (grupo Oviedo)

11.800

Trujillo

Cartavio (grupo Gloria)

11.000

Trujillo

Pomalca (grupo Oviedo)

10.000

Trujillo

Paramonga (grupo Wong)

10.000

Barranca

Camposol

9.179

Chavimochic

Laredo (Manuelita)

9.100

Virú

Andahuasi (grupo Wong)

7.200

Huacho

Pucalá (grupo Huancaruna)

6.500

Trujillo

Cia. Minera San Simón

6.185

Chavimochic

El Rocío (Quevedo)

4.901

Chavimochic

Manuelita

3.789

Chavimochic

Rego Corporation

3.778

Chavimochic

Agroindustrias AIB

3.200

Ica

Alberto Caparó

4.300

Piura

Chiquitoy (grupo Gloria)

3.200

Trujillo

3.000

Piura

Camposol (grupo Dyer y noruegos)

No. de hectáreas

Elaboración: propia. Fuentes: La Revista Agraria (junio 2009) y AméricaEconomía Perú (septiembre 23, 2009).

Ver José Távara “La captura de los reguladores” (La República, enero 14, 2010).

La extranjerización económica es un resultado de la globalización económica que permite la entrada de capitales del Norte en un Sur menos competitivo. Es una tendencia global, pero se hace más fuerte en las economías menos desarrolladas y donde hay Estados débiles. Las multinacionales entran principalmente por dos razones: para acceder a las materias primas y para ganar mercados en varios países a la vez. Este proceso se promovió en el Perú a partir del cambio del capítulo económico de la Constitución Política de 1993, y por el sistema de garantías jurídicas

de “estabilidad tributaria”, que pone en igualdad de condiciones a la multinacional frente al Estado. El gobierno de Fujimori fue el principal impulsor de esta política. Sin embargo tal permisividad ha continuado sin alteraciones desde el 2000. En el cuadro No. 1 puede verse cómo avanzó el capital extranjero en el Perú, desde un 11% del PBI en 1975, hasta un 28% del PBI en el año 2000. Un indicador más reciente de esta desnacionalización se mide a nivel de la cúpula de empresas. En 2008, entre las Top 500 empresas, 244 eran de propiedad extranjera y representaban el 54,4% del total de ventas (US$ 54.238,8 millones)4.

Desnacionalización

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: Claudia Alva

AméricaEconomía (septiembre 28, 2009: 33).

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J “Se trata de la última y probablemente definitiva expansión de la propiedad privada, que no es detenida por la distancia, la altura ni los bosques”. J “Las AFPs invierten constantemente en paquetes accionarios de los buques bandera de los principales grupos peruanos y empresas que operan en la bolsa. Esto provoca una fusión mayor entre el capitalismo financiero y el productivo”.

Esta desnacionalización está impulsada por la nueva inversión extranjera –sobre todo en el sector financiero y en las industrias extractivas– y la compra de empresas estatales, que fueron adquiridas y controladas por capitales extranjeros por más de US$4.000 millones, cifra que representa cerca del 50% del total obtenido por las ventas (con excepción de Cementos Lima). La compra de marcas peruanas de éxito por multinacionales (Inca Kola por Coca Cola, por ejemplo) y hasta conglomerados (Corporación Backus en 2005, Tiendas Wong en 2008) es parte de esta tendencia5. A veces, por decisiones de sus centros globales, existen multinacionales que se retiran como ocurrió con el Banco Santander CH adquirido por Crédicorp. Pero este es un hecho más bien excepcional que frena en algo, pero no detiene, la tendencia. En cuanto al origen de estos capitales, en la década de 1960 predominó el norteamericano, pero en la fase actual de desnacionalización del capital también participan corporaciones de Chile y España. Más recientemente han ingresado con fuerza inversiones de Brasil y China, lo

cual acentúa la diversificación de fuentes de IED. En el caso de Chile, su entrada sin restricciones atrae empresas más eficientes, pero genera preocupaciones sobre la seguridad nacional al igual que Brasil por su creciente peso y ante la posibilidad de que mañana actúe como “imperio”6. Perú entonces no solo es vulnerable a multinacionales del Norte sino que también –indicio de su debilidad– muestra asimetrías con los países vecinos. El país está siendo crecientemente satelizado, con una seguridad nacional más comprometida, mientras el Estado no desarrolla una estrategia propia de competitividad y camina ciego al ritmo de las influencias económicas, vengan de donde vengan. En la medida que los capitales nacionales poseen menor capacidad financiera –pues no desarrollan sino que compran tecnología del exterior– no pueden ser suficientemente competitivos. En realidad, el problema es más serio en tanto incluso los grupos exitosos pueden ser “comprados o quebrados” por conglomerados extranjeros interesados en dominar el mercado peruano y latinoamericano a través de megacompras. Por lo mismo, la tesis del

Sobre el caso Backus, ver La República (setiembre 1, 2002: 23) y El Comercio,Economía & Negocios (enero 22, 2005). Sobre el caso Wong, ver El Comercio, Somos (julio 18, 2007: 28-32). 6 Sobre Chile y Brasil, ver del autor “El eje Lima-Brasilia” en Nueva Sociedad (No. 219, enero-febrero 2009: 113126). El principal crítico del capital chileno es Carlos Ferrero. 5

Picchu (cadena turística manejada por ocho empresas articuladas al mercado mundial) por los desbordes de los ríos a inicios de 2010, nos sugiere quién está primero? En ese caso, se rescató primero a los turistas de países desarrollados, luego los de países vecinos, y solo al final los peruanos.

El amigo corporativo Estamos no solo frente a un capitalismo más profesional y políticamente influyente sino también socialmente inteligente y con nuevas capacidades para construir y defender su reputación. Hoy en día la corporación moderna, nacional y extranjera, también desarrolla estrategias, programas y políticas de corte social para lograr un mejor manejo del entorno. Mientras el Estado cumple menos funciones, las empresas llenan el vacío a su manera cuando intentan

• Foto: Sebastián Castañeda

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éxito empresarial de los grupos emergentes peruanos es relativa: estos son adquiridos precisamente porque han tenido éxito y son vulnerables a hostile takeover (compras hostiles) por parte de multinacionales. Estos son entonces casos de “fracaso del éxito”7. El principal problema de la desnacionalización es que impide o debilita la capacidad de concebir e implementar estrategias de desarrollo nacional y, por lo tanto, de lograr una mejor inserción en la globalización. El desarrollo propio solo puede hacerse con recursos y políticas nacionales, lo que requiere empresas nacionales fuertes, articuladas a cadenas productivas de empresas medianas y eficientes, integradas a un proceso de desarrollo tecnológico nacional apoyadas por el Estado. Esto no está ocurriendo. El problema mayor es cualitativo y se expresa en la pérdida del sentido de las prioridades nacionales. ¿Acaso la decisión de quiénes fueron los primeros evacuados de Machu

Althaus (La revolución capitalista en el Perú. Lima: FCE, 2008) sostiene la tesis del éxito de los conglomerados peruanos.

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• Foto: Claudia Alva

“fidelizar” a sus stakeholders (obreros, clientes, proveedores o comunidades aledañas a la planta).

cómo la combinación de empresa fuerte y Estado débil y permisivo, que caracteriza al Perú, no favorece el desarrollo.

En ninguna otra actividad es más importante esta proyección social que en el sector extractivo de zonas de extrema pobreza y en territorios de pueblos indígenas. Es allí donde requieren “licencia social para operar” en tanto sus actividades afectan el medio ambiente y alteran las formas de vida local.

Pero los resultados varían considerablemente dependiendo de la vida institucional y tipo de impacto de cada comunidad. Hay relaciones que van desde las armoniosas, pasando por las tensas, hasta las abiertamente conflictivas. De estas dos últimas destacan Tintaya en el Cusco, que hoy vive una suerte de tregua social, y Yanacocha en Cajamarca, donde los enfrentamientos son frecuentes.

Las grandes empresas han perfeccionado la “responsabilidad social empresarial” que busca compatibilizar su poder desarrollando una relación armoniosa con la sociedad civil a través de sus contribuciones materiales. Asimismo, el reparto de cuantiosas rentas del canon genera fondos a gobiernos locales y regionales, aunque en estos escasea la capacidad de gasto y la honestidad. Así, en muchos casos la población afectada no llega a sentir los beneficios y se generan relaciones hostiles. Este es un ejemplo de

Precisamente debido a que no predominan los resultados positivos, y porque la calma es frágil, las empresas invierten más y más en campeonatos deportivos, festivales, obras de infraestructura, y programas de educación y salud. Pero en los casos de mayor tensión recurren a la cooptación de dirigentes populares o alcaldías, formación de gremios para dividir internamente a la sociedad civil y, en los casos extremos,

incluso desarrollan labores policiales y represivas8. En cierta forma, esta tendencia acrecienta las funciones de las empresas y restituye viejas prácticas asociadas al gamonalismo, pero el Estado no solo las autoriza ante su debilidad sino que las refuerza permitiendo que estas compañías inviertan más en la zona con recursos que deberían ser pagados como impuestos. Queda por evaluar el panorama social en los valles de la costa, donde las agroindustrias concentran cada vez más hectáreas,

Este conjunto de tendencias, donde se observan problemas económicos que tienen impactos preocupantes o negativos para el interés público y la sociedad civil, siendo algunos generales y otros específicos, debería llamar más la atención de los interesados en la cosa pública. Su análisis es necesario para identificar con mayor claridad las causas y consecuencias que tienen, generando así una posibilidad de introducir correctivos democráticamente. Cabe entonces preguntarse si las instituciones del país pueden controlar a los poderes fácticos, entre los que destacan las corporaciones, o si es lo contrario.

• Foto: Sebastián Castañeda

convirtiéndose también en centros gravitacionales de medios rurales. No existe actualmente límite a los altos niveles de concentración de las agroindustrias en los principales valles de la costa, aunque no han faltado propuestas al respecto, en tanto existe preocupación por el creciente poder del neolatifundismo9.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J “El principal problema de la desnacionalización es que impide o debilita la capacidad de concebir e implementar estrategias de desarrollo nacional”. J “La tendencia actual acrecienta las funciones de las empresas y restituye viejas prácticas asociadas al gamonalismo. El Estado no solo las autoriza sino que las refuerza permitiendo que estas compañías inviertan más en la zona con recursos que deberían ser pagados como impuestos”.

Generalmente los estudios de impacto social y ambiental los hacen las propias empresas, lo que cuestiona su objetividad. 9 Recientemente el Congreso presentó el proyecto de ley 3194 poniendo una barrera considerablemente alta: 40,000 hectáreas. Ver El Comercio (mayo 12, 2009). 8

Las CARAS de la pobreza Los pobres siguen siendo los mismos y muchos

â&#x20AC;˘ Foto: Annie Bungeroth / Oxfam

Cuando el PBI peruano comenzó a crecer, la pobreza empezó a reducirse en Lima y otras ciudades. Cuando el PBI siguió creciendo, también se vio cierta disminución de la pobreza rural. Pero en 2009 la economía se desaceleró, lo que tendrá un impacto en los niveles de pobreza y el incremento de la desigualdad. Mientras tanto, debemos discutir sobre cómo hacer que el crecimiento económico –que tal vez vuelva a verse en 2010– se traduzca en oportunidades para todos.

Ca r o lin a Tr iv elli 1

Los niveles de pobreza y pobreza extrema siguen siendo elevados y continúan marcando y acentuando desigualdades en el territorio y entre distintos sectores sociales. Esta combinación de efectos positivos insuficientes (reducción de la pobreza monetaria)2 y negativos (persistencia de altas tasas de incidencia de la pobreza), nos muestra que el crecimiento económico es necesario para mantener reducciones sostenidas en la pobreza, pero a todas luces se requiere mucho más por hacer. La desigualdad, de acuerdo con un reciente estudio de Javier Escobal, parece incrementarse y rezagar a los mismos de siempre. Tal estudio muestra que en 2004 los ingresos del 20% más rico de la población era 4.18 veces superior al ingreso del 50% más

1 2

Como se sabe, desde hace varios años venimos registrando una reducción en las tasas de pobreza monetaria, que si bien pudo ser mayor debido a los elevados índices de crecimiento económico, ha sido significativa. Según el INEI, entre 2004 y 2009 la economía peruana creció en promedio cerca de 6.4% al año y la pobreza se redujo en 13.8 puntos porcentuales. A pesar de ello, somos aún un país pobre porque el crecimiento no trae consigo, de manera automática, menos pobreza entre quienes ya la sufren; más bien genera principalmente una reducción de los grupos de pobres.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

009 fue un año muy difícil para el mundo y también para el Perú. Nuestra economía experimentó una fuerte desaceleración y resultaba razonable pensar que la pobreza se reduciría muy poco. Y en efecto, así sucedió a la luz de las recientes cifras reveladas por el gobierno: la incidencia de la pobreza cayó de 36.2% en 2008 a solo 34.8% en 2009.

Con la colaboración de Ramón Díaz y la asistencia de Chris Boyd. Es importante precisar que cuando hablamos aquí de niveles de pobreza, nos referimos a la pobreza monetaria, es decir, aquella que se mide estimando el valor en dinero de una canasta mínima de bienes y servicios. Más adelante explicaremos en detalle en qué consiste esta metodología y sus limitaciones.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

pobre; y que para el 2008 este múltiplo había crecido a 4.46. Resulta evidente que son imprescindibles las políticas redistributivas, los procesos para enfrentar la pobreza en su carácter multidimensional y las políticas centradas en los grupos más pobres y en el desarrollo de los sectores y actividades que son su medio de vida. No solo para mantener y profundizar la reducción de la pobreza, sino para hacer más efectivo el impacto del crecimiento económico.

las condiciones precarias en las que viven, sino también acciones que modifiquen los patrones de desigualdad que enfrentan.

¿Cuán pobres seguimos siendo? Para poder discutir el tema de la lucha contra la pobreza, debemos partir por destacar dos aspectos: primero, la pobreza se ha reducido. Segundo, aún hay niveles altos de pobreza y sigue estando muy concentrada.

Aparentemente, el Perú retomará una senda de crecimiento este año 2010 y con ello veremos una vez más reducciones en las tasas de pobreza. Luego de estos años de repunte y la actual coyuntura electoral, es un buen momento para poner en debate la necesidad de generar propuestas y acciones que permitan profundizar la reducción de la pobreza (no solo monetaria). Además, no solo definir e implementar políticas que generen mejores oportunidades para que los pobres superen

Como decíamos, entre 2004 y 2009 la incidencia de la pobreza monetaria se redujo de manera importante. Es decir, el porcentaje de hogares peruanos que vive por debajo de la línea de pobreza cayó. Como se ve en el cuadro Nº 1, la reducción ha sido significativa en todos los ámbitos, tanto para la pobreza total como para la pobreza extrema o indigencia.

Cuadro 1: Pobreza (2004 y 2009) Ámbito rural Pobres extremos

Ámbito urbano

2004

2009

2004

2009

37%

28%

Pobres

33%

60%

31%

21%

No pobres

30%

12%

63%

76%

Total

100%

Costa

100% Sierra

2004

2009

2004

2009

Pobres extremos

33%

24%

Pobres

33%

17%

32%

30%

No pobres

60%

81%

35%

46%

Total

100%

Selva

Lima metropolitana

2004

2009

2004

2009

Pobres extremos

25%

17%

Pobres

33%

30%

14%

No pobres

42%

53%

69%

86%

Total

100%

Estas reducciones en la pobreza monetaria se condicen con reducciones importantes en el porcentaje de peruanos que viven con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Aunque hay que mencionar que parece iniciarse un proceso divergente entre estas dos medidas de pobreza, pues muchas zonas en las que se registra una importante reducción en NBI no logran mejoras sustantivas en sus índices de pobreza monetaria. Este hecho debe abrir una discusión sobre cómo aprovechar la dotación de servicios básicos para mejorar también los ingresos de las personas y sus opciones de consumo.

determinados grupos sociales y ámbitos geográficos. Como se muestra en la tabla Nº2, mientras que en Lima la tasa de pobreza total es de 14%, en la sierra rural la incidencia llega a un alarmante 66% (¡7 de cada 10!)3.

Lamentablemente, decíamos como segundo punto, el Perú sigue siendo un país con niveles de pobreza extremadamente altos y fuertes concentraciones de la pobreza en

Cuadro 2: Pobreza total por región, ámbito y ascendencia Total Costa

No Indígena

Indígena

ámbito rural

41%

42%

31%

ámbito urbano

21%

23%

Sierra

ámbito rural

66%

62%

68%

ámbito urbano

31%

20%

44%

Selva

ámbito rural

57%

56%

59%

ámbito urbano Lima Met.

33%

32%

41%

14%

12%

20%

Del mismo modo, incluso en ámbitos con relativamente bajas tasas de pobreza las mujeres enfrentan condiciones menos favorables en los mercados laborales y en sus opciones de compartir las tareas domésticas De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las mujeres peruanas ganan en promedio la mitad que los hombres y en el 50% de los casos esto se explica por discriminación4. Además, como ha encontrado un estudio del Ministerio de Trabajo, las mujeres destinan hasta 6 horas diarias a tareas domésticas, mientras que los hombres solo alrededor de 2, dependiendo del estadio del hogar en el ciclo familiar5.

Del mismo modo, el Perú en su conjunto muestra mejoras en su posición mundial respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), pasando del puesto 89 al puesto 78 entre 2000 y 2009. A la vez, el porcentaje de hogares que señala ser pobre –medida subjetiva de pobreza– también ha venido cayendo sistemáticamente. En 2005, el 74% de los hogares se consideraba pobre y en 2009 solo el 44%.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

El mismo cuadro nos muestra que los niveles de pobreza son muy superiores entre la población con ascendencia indígena de la sierra y la selva (se considera indígenas a aquellos hogares en los que el jefe de hogar o su cónyuge tienen como lengua materna una distinta del castellano).

INEI (2009). Ver Trivelli (2005). 5 Véase: Cabrera (2009). 3 4

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: Elva Abad / Oxfam

Es relevante destacar que la reducción de la pobreza no se haya dado de manera pareja en estos años. Entre 2004 y 2007, el grueso de la caída de pobreza se concentró en zonas urbanas y en Lima en particular, mientras que en el último par de años vimos una mayor reducción en los niveles de la pobreza rural. Tal como ha estudiado Javier Escobal, esto se explica en los años de alto crecimiento porque Lima y el entorno urbano tienen mayores elasticidades crecimiento-pobreza, mientras que las zonas rurales responden muy tímidamente al crecimiento6. Sin embargo, entre fines de 2007 y durante 2009 estas elasticidades se habrían visto afectadas por dos grupos de factores. Primero, una compleja y rara combinación de factores favorables para el medio rural: altos precios de los alimentos que aparentemente beneficiaron a los

pobladores rurales de mayores recursos e incremento en el precio de los jornales (por la mayor demanda agroindustrial de mano de obra, por las intervenciones de empresas en zonas rurales –sobre todo con obras de infraestructura– y por el mayor dinamismo de los municipios como empleadores de mano de obra no calificada). A esto se suma la consolidación del programa Juntos en el medio rural (casi 410 mil familias básicamente de la sierra y selva rural, de los distritos más pobres, reciben una transferencia monetaria mensual que si bien no alcanza para sacarlos de pobres duplica la liquidez de los hogares receptores)7. En segundo lugar, la llegada de la crisis internacional, que afectó más a las zonas urbanas que a las rurales8. Es así que hasta el 2006 la brecha entre Lima y el ámbito rural crecía de manera continua, pero luego la distancia se estanca e incluso parece

Ver Escobal (2009). Sobre el incremento de precios de los alimentos ver el sitio web de la FAO (www.fao.org) y Zegarra (2009); sobre jornales ver Díaz et al (2009b), y acerca del efecto Juntos ver Díaz et al (2009a) y Trivelli y Díaz (2010). 8 Ver Yancari (2009) y para un comparativo regional de los efectos de la crisis en la pobreza rural ver Trivelli et al (2009). 6 7

Estos grupos tienen menos oportunidades que otros grupos de peruanos. Es decir, una agricultora peruana, que vive en una zona rural y que además tiene ascendencia indígena, tiene muchas menos probabilidades de salir de la pobreza que otra peruana que vive en Lima. La diferencia no tiene que ver con el esfuerzo personal o características personales, sino porque una peruana en el campo tiene menos de casi todo: menos servicios públicos, menos servicios privados, menos mercados, menos instituciones, menos información… y más costos de transacción. Y por si fuera poca la desventaja, también enfrenta discriminación11. • Foto: Elva Abad / Oxfam

¿Quiénes son los pobres? No cabe duda de que los pobres siguen siendo los mismos de siempre. Los peruanos y peruanas más afectados por la pobreza son grupos claramente identificables: rurales, indígenas y agricultores. El 43% de los pobres en el Perú vive en la sierra rural, el 85% de los indigentes peruanos vive en el campo, la principal fuente de ingreso del 40% más pobre (aproximadamente) es la agricultura

Es importante señalar que lo “rural” para la medición de la pobreza se refiere a la población rural que vive de manera dispersa solamente. Todas las capitales de distrito por ley son urbanas y todos los que viven en pueblos de 2000 o más habitantes son también urbanos. 10 Varios estudios han mostrado que la probabilidad de que un hogar sea pobre al menos en una oportunidad es muy alta, muchos no pobres han tenido años en situación de pobreza, muchos pobres fueron no pobres alguna vez al menos (ver por ejemplo Agüero (2000) para la sierra y Herrera (2008 para lo urbano). 11 Hay evidencia de discriminación por origen étnico, raza y género, pero también por otros motivos, como la zona de residencia, por ejemplo. Probablemente las dos fuentes más estudiadas y discutidas de discriminación vienen de los trabajos sobre mercados laborales, donde se encuentran fuertes sesgos en contra de los indígenas, las mujeres y los “no” blancos. Ver por ejemplo: Trivelli (2005), Torero, Saavedra y Ñopo (2004). 9

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Otro tema que debe preocuparnos es cuán sostenible es la salida de la pobreza. En el Perú, alguien que ha dejado de ser considerado pobre puede muy fácilmente volver a caer en la condición de pobreza por causa de una enfermedad, porque algún miembro de la familia perdió el empleo, por un año con mal clima, y otros factores ante los cuales esta población es muy vulnerable. Desgraciadamente, solemos conformarnos con el éxito de las estadísticas sobre pobreza, sin preguntarnos cuán sostenible es la condición de no pobre10.

(más 7% que dependen de Juntos y otros programas de transferencia directa).

reducirse tímidamente. Sin embargo, no se debe perder de vista que en el ámbito rural prácticamente toda la población es pobre9. Una peruana que nace en una zona rural de la sierra tiene 4 veces más posibilidades de ser pobre y 3.2 más de no terminar la secundaria que una niña que nace en Lima.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Esto no es nuevo, es una verdad conocida y discutida por todos. La pregunta que uno debe hacerse es por qué, si esto es tan evidente, el Perú no tiene política rural ni indígena y prácticamente no tiene política agraria fuera de la costa. Sabemos que no hay manera de reducir las inequidades ni los elevados niveles de pobreza de los grupos más desfavorecidos, sin atacar problemas de fondo, como el del desarrollo rural o la transversalización del tema indígena, y sabemos que se necesita una política que favorezca a la agricultura familiar (pequeña agricultura comercial y de subsistencia).

Pero no hacemos nada y nos quedamos viendo lo que otros países de la región sí hacen. Porque en el Perú no solo no hay políticas en estos temas, sino que cuando hay instituciones a cargo –cuando existen– no tienen presupuesto, ni liderazgo, ni capacidad para proponer e implementar programas, acciones o alianzas a favor de mayores oportunidades para estos grupos. Agrorural, por ejemplo, es la oficina encargada del desarrollo rural; pero no logra articularse con las agencias agrarias de los gobiernos regionales y no tienen con quién discutir asuntos indígenas relevantes. Del mismo modo tenemos (pocas) políticas para promover y apoyar estrategias de salida de la pobreza, pero no tenemos políticas frente a la vulnerabilidad a la que están expuestos los que logran salir de

pobres. Es como esforzarnos por llenar un balde sin preocuparnos de cuánta agua se pierde por los huecos en la base.

Cifras, indicadores y mediciones Las mediciones de pobreza siempre generan dudas y escepticismo. En el Perú, como explicábamos, la medición oficial de la pobreza es la de pobreza monetaria (basada en la medición del consumo de los hogares). Si bien se reconoce que la pobreza es más compleja de lo que revela ese tipo de medida, existen también otros indicadores disponibles: Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pobreza subjetiva e incluso algunos intentos (aún preliminares) de generar medidas más multidimensionales de la pobreza. Ahora bien, ¿cómo se mide el consumo de los hogares? ¿Cómo se establecen las líneas de pobreza? Primero se calcula cuánto cuesta la canasta mínima con la cual una persona cubre sus necesidades nutricionales, y luego se estima el valor de esa canasta. Con este valor se define la línea de pobreza extrema. Todos aquellos que consumen menos de esta cantidad no logran satisfacer sus necesidades nutricionales y por ende son clasificados como pobres extremos o indigentes.

J “Mientras que en Lima la tasa de pobreza total es de 14%, en la sierra rural la incidencia llega a un alarmante 66%”. J “No tenemos políticas para enfrentar la vulnerabilidad a la que están expuestos los que logran salir de pobres. Es como esforzarnos por llenar un balde sin preocuparnos de cuánta agua se pierde por los huecos en la base”. J “Lo central es reconocer que, siendo la medida de pobreza monetaria parcial e imperfecta, nos permite tomar el pulso de cómo vamos”.

Sobre esta canasta se agrega un porcentaje con el cual se cubren necesidades esenciales, pero no alimentarias, y con ello se define la línea de pobreza total. Aquellos que consumen en niveles por debajo de esta línea no logran satisfacer sus necesidades de vestido, alquiler de la vivienda, combustible, cuidado de la salud, transporte, educación y otros. ¿Es esta una buena medida? Sí y no. Sí, porque es una medida consistente y

medible de manera técnica. Sí, además, porque mide la pobreza desde abajo. Es decir, todos los que están por debajo de la línea son, efectivamente, pobres (pero no todos los que sobrepasan la línea son “no pobres”). No, porque asume un conjunto de supuestos: que lo primero en lo que se gasta es en alimento, que el consumo se reparte por igual entre todos los miembros del hogar, que la gente consume alimentos nutricionalmente efectivos, etc. Lo central es reconocer que, siendo una medida parcial e imperfecta, nos permite tomar el pulso de cómo va la pobreza. Las mediciones que viene haciendo el ente oficial, el INEI, desde fines de los años 90, son consistentes y han mejorado sobremanera. La base sobre la cual se calcula la pobreza es la recogida por ENAHO, una encuesta • Foto: Sebastián Castañeda

Sobre esta canasta se agrega un porcentaje para otros gastos y con ello se define la línea de pobreza total; aquellos que consumen niveles por debajo de esta línea no logran satisfacer todas sus necesidades de alimentación, transporte, salud y educación.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J “Entre los “no pobres”, el 20% que está más cerca de la línea de pobreza tiene condiciones de vida prácticamente idénticas a las de aquellos que están debajo de la línea”. J “Los pobres siguen siendo los mismos de siempre, son peruanos y peruanas de grupos claramente identificables: rurales, indígenas y agricultores”. J “La pregunta que uno debe hacerse es por qué, si esto es tan evidente, el Perú no tiene política rural ni indígena y prácticamente tampoco política agraria fuera de la costa”.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

N 36

de hogares que hoy recoge información de más de 20 mil hogares y ofrece resultados estadísticamente representativos incluso a nivel departamental12.

comparaciones en el tiempo y favorece a un seguimiento técnico y transparente.

¿Debemos confiar en las cifras de pobreza? Mi opinión es que sí. La medición es técnicamente correcta y se realiza con gran profesionalismo y un grado de transparencia único13. Sin embargo, debemos reconocer que no es perfecta ya que mide solo una dimensión de la pobreza e incorpora supuestos que podrían ser discutidos, pero al menos mide siempre lo mismo y nos permite ver cómo evoluciona el indicador14. Gracias a esto sabemos que entre 2004 y 2009 esta medida pasó de 48.6% a 34.8%.

Si la economía peruana retoma la senda de crecimiento, y ojalá lo haga, la pobreza volverá a caer. Pero la experiencia indica que seguirá cayendo en algunos polos urbanos y dejará rezagados, cada vez más, a los mismos de siempre: pobladores del medio rural, pequeños productores agrícolas, campesinos e indígenas. ¿Cuánto más rezagados puede ocasionarse en estos grandes grupos de peruanos? ¿Qué costo, además del tema moral y de justicia social, nos traerá este permanente rezago de ciertos grupos?

Finalmente, ¿es posible que haya más pobres de los que se identifican como tales con este método? Sí. Claramente esto se puede comprobar cuando uno analiza la situación de los “no pobres” que están cerca de la línea de pobreza (aunque por encima). El 20% de ellos tiene condiciones de vida prácticamente idénticas a las de aquellos que están debajo de la línea. Por ende, la medición basada en una línea de pobreza –aunque consistente– es también arbitraria y se basa en un conjunto de acuerdos y supuestos que debemos aceptar con sus limitaciones porque nos permite hacer

La agenda pendiente es enorme. No podemos dejar que la pobreza siga disminuyendo solo por efecto del crecimiento económico (chorreo), pues muchos peruanos no están en posibilidad de aprovechar una economía en crecimiento. Si así ocurre, la pobreza solo se reducirá hasta los niveles “aceptables” y las brechas entre peruanos ricos y peruanos pobres se harán más profundas. La discusión no consiste en si el crecimiento basta o no para reducir la pobreza. Claramente no basta, aunque sí es

Hay que reconocer que hay ajustes en proceso que serán decisivos, pues los resultados actuales aún se basan en proyecciones poblaciones del Censo anterior (1993), y con la información del nuevo Censo las cifras de pobreza serían incluso menores a las reportadas actualmente. 13 Desde hace varios años el INEI formó un Comité Asesor Técnico que monitorea la calidad de la medición de la pobreza. Este comité, formado por instituciones del sector público y privado y por personas de reconocido prestigio profesional, acompaña la medición desde el proceso de recojo de información hasta el procesamiento de la información. En opinión del Comité el INEI hace un trabajo técnico en este proceso. Adicionalmente, gracias al trabajo del Comité y a la apertura del INEI, toda la información (bases de datos, protocolos y programas) se encuentra a disposición de los interesados a través de la web del INEI. Cualquier ciudadano puede recalcular los niveles de pobreza, conocer los márgenes de error, los supuestos, etc. 14 Hay por cierto problemas. Por ejemplo, el año 2005 los datos no alcanzaron la calidad mínima esperada, sobre todo en Lima, y por ello esa encuesta suele no ser utilizada. 12

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

para salir adelante. Así, los peruanos pobres sentirán que hay posibilidades para abandonar una vida de carencias y que su esfuerzo valdrá la pena.

imprescindible para que podamos sostener la tendencia de reducción de la pobreza. Lo que se necesita en el Perú es una política de reducción de la pobreza en un contexto de crecimiento. Se requiere aprovechar el buen momento de la economía para favorecer la inserción de los más pobres y se reduzcan las desigualdades en las oportunidades que enfrenta cada peruano

Más allá de las ÁNFORAS Democracia no solo en el voto sino para garantizar derechos en la vida cotidiana

• Foto: Sebastián Castañeda

Apenas el 22% de los peruanos se encuentra satisfecho con la democracia, el índice más bajo de Latinoamérica. La mayoría siente que este sistema de gobierno no defiende sus intereses, no distribuye de manera justa la riqueza y favorece a la corrupción. Hay una desconfianza latente en las autoridades. A vísperas de las elecciones, ¿cuáles son los requisitos para que la democracia sea verosímil?

Nelson Manrique

Cada año, la Corporación Latinobarómetro, una ONG de alcance latinoamericano con sede en Santiago de Chile, aplica una amplia encuesta que busca determinar cómo evoluciona la percepción que tienen los latinoamericanos de la democracia y otros temas políticos relevantes1. Luego del fin de la Guerra Fría, en América Latina el militarismo abierto está en repliegue, con algunas obvias excepciones como el de Honduras, cuyo gobierno ha sido aislado por los gobiernos de América Latina debido a su origen ilegítimo, con la significativa excepción de Colombia y Perú, que lo han reconocido2. Un 62% de los latinoamericanos consideran improbable que haya un golpe de estado en su propio país y en el Perú solo un 14% de encuestados cree posible que algo así pudiera suceder. No hay, sin embargo, una clara ruptura con el militarismo pues solo un 55% de los peruanos rechaza la posibilidad de respaldar a un gobierno militar, 10 puntos por debajo del promedio de Latinoamérica. Aun más preocupante: ante la pregunta de si se consideraría aceptable que los militares derroquen al Presidente si éste viola la Constitución, un 49% de los peruanos responde que sí, 7 puntos por encima del promedio regional.

La democracia, según los peruanos

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

ste año y el próximo, el escenario político en el Perú estará crecientemente marcado por la coyuntura electoral, municipal y regional primero, y presidencial, después. Esto ofrece una oportunidad para revisar los problemas pendientes de una sociedad que no ha logrado construir una democracia sólida, basada en instituciones legitimadas por el reconocimiento de los ciudadanos.

Latinobarómetro, Informe 2009, Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, Nov. 2009. En adelante Latinobarómetro 2009. 2 Durante la 40 Asamblea General de la OEA que se realizó en junio en Lima, varios de los países de la región solicitaron la incorporación de Honduras a la OEA. Aunque no se resolvió este tema en estas reuniones, se acordó conformar una Comisión de Alto Nivel que se trasladará a ese país centroamericano para estudiar la situación y emitir un informe antes del 30 de julio a la secretaría general. 1

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Los peruanos son escépticos con relación a la capacidad de la democracia para responder a sus demandas básicas. Solo el 45% de los encuestados cree que los gobiernos democráticos están mejor preparados para enfrentar una crisis económica, 9 puntos por debajo de promedio regional (54%). Pero a pesar de todo, los peruanos manifiestan estar decididos a defender la institucionalidad democrática; solo un 22% aceptaría que el gobierno pasara por encima de las leyes, del Parlamento o las instituciones para resolver los problemas, significativamente por debajo del promedio regional, que se sitúa en el 30%. Así, contradictoriamente, mientras las 4/5 partes de los entrevistados rechazan que el gobierno pase por encima de la institucionalidad democrática, la mitad de la población manifiesta que apoyaría un golpe militar si éste castigara una violación de la Constitución cometida por el Presidente de la República. El apoyo a la democracia en el país se ha reducido, a contracorriente de lo que sucede en el resto de la región. El desencanto frente a la democracia ha bajado significativamente en países con gobiernos “izquierdistas”, como Venezuela (16%), Bolivia y Brasil 12 (%), y Chile (6%), donde vigorosas políticas sociales han reducido la distancia que separa a los ricos de los pobres, mientras que en el Perú la desilusión ha bajado apenas de 53% al 52%. Más de la mitad de los peruanos se siente desencantado de la democracia. Ante la frase “La democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno” solo un 52% de los peruanos se muestra de acuerdo, 7 puntos por debajo del promedio regional (59%), y por cierto, muy lejos del 85% de apoyo a la democracia que manifiestan los venezolanos. En relación a la percepción de cuán democrático es el propio país (en una escala de 0 a 10), con 5,7. Nos encontramos a la cola del continente, superando apenas

a Paraguay (5,4). El escepticismo con relación a la calidad de la democracia nacional se extiende al escaso crédito que se otorga a las instituciones democráticas. Mientras que un 57% de los ciudadanos de la región dice que no puede existir democracia sin Congreso, solo un 48% de los peruanos respaldan esta opinión. 50% de los peruanos suscriben la opinión de que “sin partidos políticos no puede haber democracia”, diez puntos por debajo del promedio de América Latina. En el Perú, la consideración al Congreso como institución imprescindible para la democracia se redujo de 52% a 50% entre 2006 y 2009, mientras que para el caso de los partidos políticos se registró una caída mayor en ese mismo período: de 54% a 48%. Los peruanos reprochan a la democracia su escasa eficiencia para resolver sus problemas más acuciantes.Ante la pregunta: “Si Ud. tuviera que elegir entre la democracia y el desarrollo económico ‘sin democracia’, ¿qué diría Ud. que es más importante?”, el 44% de los latinoamericanos escoge la democracia pero solo el 32% de peruanos opta así. De manera similar, la afirmación “en una democracia en general el sistema económico funciona bien”, es aprobada por un 62% de los latinoamericanos, pero solo por un 52% de los peruanos. La mitad de los peruanos encuestados no cree pues que sea posible compatibilizar la democracia política con buen manejo de la economía, lo cual abona el terreno al autoritarismo. Un 70% de los latinoamericanos asocia la democracia con ir a votar, pero solo un 13% la asocia con participar en organizaciones políticas. Apenas el 22% de los peruanos declara estar satisfecho con la democracia, lo que nos sitúa en el último lugar del continente, muy por debajo del 44% de respuestas afirmativas a nivel de la región y por supuesto de la satisfacción que muestran los uruguayos (79%), los costarricences (63%) y los panameños (61%).

La mayoría de los peruanos no siente que la democracia defienda sus intereses; considera más bien que el país se gobierna en función de los intereses de los grupos de poder. Solo el 15% cree que se gobierna para el bien de todo el pueblo, muy por debajo del promedio regional (33%), y por supuesto del 58% de uruguayos que sienten que la democracia es para ellos. Un 27% de los latinoamericanos cree que la democracia garantiza la justa distribución de la riqueza, pero en el Perú solo el 18% comparte esta convicción. Esto no es necesariamente un cuestionamiento a la democracia en general sino a la calidad de la democracia que se vive en el país: en Bolivia un 43% cree que la democracia contribuye a la justa distribución de la riqueza, en Uruguay un 39% y en Venezuela un 35%.

La persistencia de las desigualdades sociales y económicas también contribuye a erosionar la fe en la democracia. Solo un 21% de los latinoamericanos cree que la distribución de la riqueza en sus países es justa, pero en el Perú apenas el 10% suscribe esta opinión. La gran mayoría de los ciudadanos percibe que la democracia es utilizada para perpetuar un orden injusto. En cambio, en Bolivia y en Venezuela un 34% y un 32% de los pobladores creen que hay justicia en la distribución de la riqueza. Como se ha señalado, en estos países ha aumentado la adhesión a la democracia mientras que en el Perú ésta se ha deteriorado.

La riqueza de unos cuantos

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: Yanina Patricio

Un factor que contribuye a debilitar las convicciones democráticas es la falta de compromiso del gobierno en el combate contra la corrupción. Mientras que el 39% de los latinoamericanos cree que en los últimos 2 años se ha progresado en sus países en

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: Sebastián Castañeda

reducir la corrupción en las instituciones del Estado, en el Perú apenas al 26% comparte esta opinión. La democracia para ser viable tiene que ser verosímil, y la impunidad de los corruptos, garantizada desde el poder, mina gravemente los cimientos de la ciudadanía: la confianza en el discurso de que todos tienen los mismos derechos y que la ley es igual para todos. Las precarias condiciones de vida de la mayoría de los peruanos agravan la situación. Un estudio reciente permite dar un vistazo a la situación de los trabajadores peruanos3. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2008 la Población Económicamente Activa (PEA) del Perú asciende a 15 millones de personas: de ellas son asalariadas el 39% y no asalariadas el 61%. Se considera que tienen un “trabajo decente” quienes trabajan bajo contrato, tienen un seguro de salud o acceso al sistema de pensiones,

reciben un ingreso laboral mayor al salario mínimo vital y cuentan con una jornada de trabajo semanal que no excede las 48 horas. Estos representan el 19% de la PEA. Los trabajadores que tienen contrato, pero trabajan más de 48 horas semanales y no tienen seguro de salud ni pensiones, representan un 25,5%. El 55% restante trabaja sin contrato. Al interior de este último grupo, el 61% tiene un ingreso por debajo del salario mínimo vital, trabaja jornadas por encima de las 48 horas semanales y no tiene seguro ni jubilación. Es importante señalar que la encuesta de la ENAHO se realizó en 2008, el mejor año de la década. De haberse realizado la consulta luego del estallido de la presente crisis los indicadores hubieran sido peores. El escepticismo de los peruanos con relación a la democracia alimenta la despolitización y el desinterés ante el manejo de la cosa pública. En un reciente

Julio Gamero, “A un año del TLC con EEUU. Un enfoque desde el trabajo decente”, marzo del 2010, en Red de Globalización con Equidad, www.redge.org.pe.

La situación descrita se ha agravado debido al colapso del sistema de partidos y de los mecanismos de representación. Para 1995 todos los partidos –incluyendo al Apra– perdieron su inscripción electoral pues no pudieron superar la valla del 4% de respaldo electoral que demandaban las leyes electorales vigentes. Hoy existen conglomerados electorales sin capacidad de articular mecanismos de representación consistentes, como lo muestra el transfuguismo, la corrupción extendida y un malentendido espíritu de cuerpo de la clase política, que convierte la impunidad en razón de Estado. Se deslegitima así la idea misma de la representación.

La privatización del poder en función de intereses particulares, sacrificando el interés general, priva a los ciudadanos de canales para procesar democráticamente sus demandas, quedando solo la acción directa como mecanismo para hacerse oír, lo que alimenta una espiral de violencia. El endurecimiento de las leyes represivas, que ha incluido una ley decretada por el gobierno que declara inimputables a los policías que usen sus armas y causen lesiones o muertes “en ejercicio de sus funciones” consolida un patrón autoritario de ejercicio del poder que está en las antípodas del diálogo, los mecanismos de prevención de los conflictos y la concertación. Este patrón de ejercicio del poder, por otra parte, tiene su razón profunda de ser en la naturaleza excluyente y marginadora del patrón de desarrollo defendido por el gobierno y en los vicios de origen de aquel. Efectivamente, los gobiernos de las dos últimas décadas fueron elegidos con un programa de inclusión social y económica que abandonaron apenas asumieron el poder, para ejecutar medidas que no estaban legitimadas por

sondeo de opinión realizado en Lima y Callao, a la pregunta acerca de cuán interesados están en la política, el 38% de los encuestados respondió que está muy interesado o algo interesado, mientras que un 61% declaró que está poco interesado o nada interesado4. Con dos terceras partes de los ciudadanos desinteresados en la política, las condiciones para que se cometan todo tipo de atropellos desde el poder están dadas.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J “La mitad de los peruanos encuestados no cree que sea posible compatibilizar la democracia política con buen manejo de la economía, lo cual abona el terreno al autoritarismo”. J “La privatización del poder en función de intereses particulares priva a los ciudadanos de canales para procesar democráticamente sus demandas, quedando solo la acción directa para hacerse oír, lo que alimenta una espiral de violencia”.

Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica, Sondeo de Opinión. Lima, abril de 2010.

la elección popular y que favorecían los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y de sus aliados internos, a costa de los intereses de las grandes mayorías. No se trata de “problemas de comunicación”, como afirman los voceros gubernamentales, sino de políticas que destruyen uno de los pilares fundamentales del orden democrático: la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

La cuestión de género Aunque se han registrado avances en relación a la incorporación de la mujer en cargos de responsabilidad política5, las desigualdades en ingresos, oportunidades y reconocimiento siguen siendo muy fuertes en el Perú. Esto es especialmente grave en el caso de las mujeres de los sectores más deprimidos, especialmente entre el campesinado de las zonas con mayor población indígena en el país. De acuerdo a la información del Latinobarómetro, en el Perú se perciben avances alentadores en relación a la percepción de la mujer. Sobre cómo se piensa el rol de la mujer, se propuso a los encuestados la proposición: “Es mejor que la mujer se concentre en el hogar y el hombre en el trabajo”. Un 37% de los latinoamericanos se mostraron de acuerdo, entre los países donde la aprobación del rol tradicional de la mujer en la casa es minoritaria se encuentran Perú y Venezuela (26%), Chile (25%) y Uruguay (23%). A la afirmación de que “si la mujer gana más que el hombre es casi seguro que tendrá

• Foto: Charlie Jara / Oxfam

problemas”, en el Perú está de acuerdo el 44%, algo por debajo del 48% del promedio regional. La afirmación “los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres” es suscrita por el 32% de los latinoamericanos, pero el Perú vuelve a situarse entre los países donde esta percepción es minoritaria: Uruguay (19%), Perú y México (21%), Chile 22%, Costa Rica 23% y Argentina 26%. Llama la atención que Chile y Argentina, donde en 2009 gobernaban mujeres, no encabecen la lista. Existen graves déficits en la relación entre democracia y pueblos indígenas, como lo mostró una vez más la tragedia de Bagua. Las responsabilidades por la muerte de 24 policías y nueve nativos se han diluido gracias al control que el gobierno ejerce sobre los organismos estatales encargados de determinar las responsabilidades. Solo el informe en minoría del congresista Güido

5 Es relevante el caso de la actual ministra de economía, no solo por ocupar un cargo clave, de mucha responsabilidad, sino por haber ocupado anteriormente otras carteras, con un desempeño reconocido por todos.

¿Corrupción a cualquier precio? La corrupción constituye otra seria traba para la consolidación de la democracia en el Perú, no solo porque desvía fondos que debieran servir al desarrollo nacional sino porque resquebraja la ya de por sí

Durante el presente régimen el escándalo de los “petroaudios” se ha convertido en un caso paradigmático, poniendo en evidencia la existencia de poderosas redes de tráfico de influencias a favor de corporaciones multinacionales, que llegan hasta los más altos niveles del poder, así como la existencia de prósperas empresas dedicadas al espionaje contra los ciudadanos y las empresas. Aun más grave es la falta de transparencia en el manejo de este caso y la creciente impresión de que el gobierno y el Poder Judicial vienen bloqueando reiteradamente la investigación, sustrayéndose y manipulando pruebas depositadas en instituciones del Estado para encubrir a los responsables6, así como recurriendo al concurso de jueces venales para dilatar las investigaciones y para impedir que se esclarezcan las responsabilidades. En el tramo final del gobierno del

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Lombardi ha indagado sobre las causas mediatas e inmediatas del problema, y señalado las responsabilidades: primero por pretender imponer a las poblaciones indígenas medidas inconsultas que afectaban sus intereses, y luego por decidir un operativo violento y pésimamente planificado, a pesar de la disposición de los nativos de despejar la carretera y de conocerse que había varios policías que estaban en condición de rehenes y cuya vida correría peligro.

precaria institucionalidad democrática, desmoraliza profundamente a los ciudadanos y desprestigia al Estado, a los partidos políticos y a los líderes. La corrupción se ha extendido tanto que para el sentido común popular es normal que los políticos roben: “roba, pero hace obra” es una divisa que muchos suscriben. Durante las últimas décadas, la opinión pública ha prestado escaso crédito a las denuncias en torno a la corrupción ya sea por juzgarla inevitable o porque era vista como el precio que había que pagar a políticos que solucionaban problemas acuciantes, como sucedió con Alberto Fujimori y el control de la hiperinflación producida por el primer gobierno de Alan García y la derrota del terrorismo.

El robo de dos USB y la manipulación de otros más no es un caso aislado. Poco después de la salida del Ministerio de Salud del ministro Hernán Garrido Lecca (quien también está incluido entre los convocados por el escándalo de los “petroaudios”), al terminar el año 2008, fueron robados 20 toneladas de documentos del archivo de esa institución y no parece que haya interés por esclarecer esta fechoría.

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J “No se trata pues de ‘problemas de comunicación’, como afirman voceros gubernamentales, sino de intereses que destruyen uno de los pilares del orden democrático: la confianza de los ciudadanos en sus representantes”. J “Nada atenta más contra la credibilidad del sistema democrático que la corrupción y la constatación cotidiana de que las leyes no son iguales para todos”.

presidente Alan García, los escándalos siguen multiplicándose. Pero es un hecho alentador que en la campaña electoral que comienza haya existido una buena acogida de la propuesta que plantea trazar la línea divisoria entre la corrupción y la decencia. Aparentemente las condiciones son crecientemente favorables para exigir un pacto ético que permita establecer mecanismos de control y sanción más eficientes.

Para que sea viable Reviste gran importancia que en el Perú se mantenga el respeto por las formas democráticas, pero se hace necesario introducir correctivos que ayuden a hacer la democracia verosímil y esto exige en primer lugar una profunda reforma del sistema de justicia. Nada atenta más contra la credibilidad del sistema democrático que la corrupción y la constatación cotidiana de que las leyes no son iguales para todos. La ciudadanía supone deberes y derechos; no pueden ser ciudadanos quienes solo tienen deberes y tampoco aquellos que solo tienen derechos. La administración de justicia es la vitrina en la que los ciudadanos pueden contemplar si las garantías que promete la democracia existen verdaderamente o si estos solo son simples discursos.

La democracia es algo más que votar cada cinco años para dar un cheque en blanco a los “representantes”, para que éstos traicionen sus promesas cuando lleguen al poder, como ha sucedido durante las dos últimas décadas. Esto supone crear mecanismos efectivos de fiscalización que permitan introducir oportunamente correctivos cuando sea necesario. La renovación parcial del Parlamento es una posibilidad a estudiar, así como el retorno a la bicameralidad, para acercar a los ciudadanos a una representación que esté más próxima a ellos y sobre la cual puedan ejercer un control más próximo. La democracia tiene como uno de sus pilares el reconocimiento de ciertos derechos básicos que atañen a todos los ciudadanos y que el Estado está llamado a garantizar. En primer lugar, la vigencia de los derechos humanos, que son doblemente violados cuando la justicia se ejerce distinguiendo “grados de ciudadanía”: una ciudadanía “de primera”, para quienes pertenecen al estrato dominante, y una ciudadanía disminuida, “de segunda”, para millones de peruanos cuya identidad los convierte en objeto de múltiples discriminaciones: étnica, regional, racial, de género, de edad, etc. El enjuiciamiento y condena de Alberto Fujimori por la comisión de delitos de lesa humanidad es un importante paso

Finalmente, todos los avances que se puedan lograr en la creación de mecanismos más eficientes de representación no cambiarán sustantivamente la situación si no se revierte la creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos, mientras la mayoría queda relegada, sin disfrutar de los beneficios de una excelente coyuntura de elevados precios de nuestras materias primas. Esto exige un modelo de desarrollo inclusivo, capaz de asegurar una distribución más equitativa de la riqueza social y de brindar oportunidades a todos los peruanos.

Se necesita consolidar, asimismo, una cultura de la transparencia. Se requiere una reforma del sistema electoral que obligue a los partidos a hacer público el origen de los fondos con que financian sus campañas. Asimismo, debe exigirse la creación de mecanismos de fiscalización más eficientes, que permitan controlar y sancionar el

enriquecimiento ilícito valiéndose de los cargos públicos. La declaración obligatoria del patrimonio al asumir un cargo político y al abandonarlo sería asimismo un instrumento importante para consolidar una cultura de transparencia7.

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adelante, pero es necesario ir más allá. El reconocimiento de la responsabilidad del Estado se ha dado muy limitadamente y no se ha avanzado gran cosa en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Aunque se creó una comisión para empadronar a las víctimas no se dio a ésta el respaldo material y político necesario. La ejecución de una justa política de reparaciones individuales sigue siendo saboteada. La construcción del Lugar de la Memoria es una buena ilustración de las resistencias que existen en este tema y que alcanzan a los más altos escalones del poder.

Para quienes piensen que esta medida es demasiado avanzada habría que recordarles que se aplicaba bajo el virreinato, bajo el nombre de “juicio de residencia”.

• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

El ‘PLATO FUERTE’ del desarrollo Del boom culinario al rescate de los pequeños agricultores

La gastronomía peruana ha generado una cadena de valor tan alta que casi duplicó a la producción minera de 2008. Su aporte no solo es económico sino cultural: abre paso a la revalorización de alimentos tradicionales y al reconocimiento de los campesinos que trabajan en su conservación. Aun así, está el reto de incluir a la pequeña agricultura en esta historia de éxito.

Ma r ia n o Va lder r am a León 1

La cocina genera una cadena de valor que produciría más de S/.40.000 millones, lo que equivale al 11,2% del PBI según lo proyectado para 2009. Es decir, casi el doble de la producción minera de 2008, según el estudio “Dimensiones del Aporte Económico y Social de la Gastronomía

La Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) es una plataforma que agrupa a cocineros, gastrónomos, centros de investigación. Es un movimiento amplio que busca articular a todos los actores involucrados en la gastronomía buscando promoverla. Ver www.apega.pe

En los últimos años se han publicado diversos estudios que abordan el nuevo rol de la gastronomía. Ver el libro de Mirko y Vera Lauer La revolución gastronómica peruana (Lima, Univ. San Martín de Porres, 2007, y el ensayo de Mariano Valderrama “El boom de la gastronomía” (consultar en http://www.apega.com.pe/detalle-sopaletras.php?id=23 y en el libro Perú Hoy (Lima, Desco, 2009). También podemos hacer referencia al discurso de apertura del año académico 2006 en la Universidad del Pacífico de Gastón Acurio, los ensayos de Fernando Villarán, el estudio de Centrum, la consultoría de Tiara para Promperú, y los informes basados en encuestas de agencias como Apoyo, Maximize y Arellano Marketing.

La revolución gastronómica peruana

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n los últimos años el Perú entero ha vivido bajo el son de un increíble hit gastronómico. Como lo han puesto sobre la mesa los críticos, cocineros, medios de comunicación y analistas más reputados, esta puesta en boga de nuestra culinaria y del sabor nacional tiene un importante potencial para promover el desarrollo económico inclusivo del Perú y reafirmar nuestra identidad cultural2. En el caso del agro se abren perspectivas para que el crecimiento del mundo gastronómico provoque una revaloración de aquellos productos emblemáticos desarrollados por los campesinos del Perú profundo, tales como las papas nativas, la quinua, los ajíes, los quesos y otros. Como veremos con más detalle luego, gremios agrarios como la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE) y la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) han suscrito convenios con la Sociedad Peruana de Gastronomía (APEGA) para promover cadenas agropecuarias gastronómicas.

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en el Perú”, elaborado por la consultora Arellano Marketing para Apega . Pero no solo eso. Si solo vemos lo que generan los restaurantes, el referido documento proyectaba un consumo de S/.12.350 millones para 2009, lo que representaba el 4,2% del PBI, casi la producción agrícola de todo el año pasado. La gastronomía involucra directa e indirectamente a cinco millones de personas, el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), en toda la cadena productiva que va desde extracción, industria y comercio hasta servicio. El turismo gastronómico es una categoría en crecimiento que ya representa el 5% del turismo. Las divisas obtenidas por este rubro se estiman en nada menos que los US$120 millones en 2008, de acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Lima. Las estadísticas revelan que la gastronomía se está convirtiendo en una nueva locomotora para el desarrollo del país. Pero quizá el aporte más grande de la gastronomía peruana no se refiere solo al aspecto económico, sino al cultural. Es un factor de reafirmación de identidad, de revaloración de comidas y sentimientos regionales y de los productos agropecuarios e hidrobiológicos nacionales. Más allá de distingos sociales y regionales, crece el orgullo por la comida peruana. La gastronomía es una de las pocas expresiones nacionales que no generan discusión ni antagonismos.

Despegue internacional Hace unos quince años la cocina peruana era una ilustre desconocida en el mundo. Solo era apreciada por un puñado de cronistas gastronómicos y de turistas sibaritas que visitaban el Perú en busca de la sazón peruana. En grandes ciudades como San Francisco, París, Madrid o

Buenos Aires había algunos restaurantes peruanos, pero estaban orientados principalmente a menoscabar la melancolía gastronómica de la colonia peruana. Este panorama ha comenzado a cambiar y en forma radical. La proyección internacional de nuestra culinaria toma cada vez más vuelo y se sirve en aviones y trenes de lujo, es elogiada en los principales periódicos del mundo, se lee en las más respetadas publicaciones de culinaria gourmet y pasea sus aromas por festivales internacionales y programas de la televisión internacional. En el interior del Perú encontramos por doquier festivales de comida auspiciados por los gobiernos regionales y locales, o por entidades privadas de desarrollo. Se trata de un cúmulo de actividades que se organizan cada vez con mayor frecuencia y esfuerzo. Y el panorama sigue mejorando, pues surge en varias regiones del Perú el interés por promover rutas gastronómicas que promuevan el turismo regional. La gente percibe hoy que la gastronomía regional y el turismo rural se van convirtiendo en una importante generadora de empleo y de oportunidades. • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

Que el boom de la gastronomía peruana no es solo un asunto de sibaritas quedó claro en el Festival Gastronómico Internacional de Lima, Mistura4, que convocó entre el 24 y 27 de setiembre de 2009 a cien mil paladares e implicó una inversión de un millón y medio de dólares. Una de las secciones más importantes de la feria fue el gran mercado de productos agropecuarios y la bioferia. En ellas se expusieron los mejores productos traídos desde el interior del país por los héroes anónimos de nuestra cocina: pequeños productores agropecuarios, incluso de las más recónditas regiones de la sierra y selva, quienes llegaron a Lima con papas nativas, quinuas de diversos colores, ajíes, loches, quesos, café orgánico y mucho más. En la feria, APEGA realizó una intensa labor para promover los ajíes peruanos.

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Varios stands mostraban las diversas variedades regionales de este producto, se organizó una mesa redonda sobre el tema, se presentó un documental con tomas de diversas regiones y un libro amplio que tenía como lema: “no hay cocina peruana sin ají”. En la publicación, se informa con ilustraciones, fotos, mapas e iconos todo lo que hay que saber sobre el ají: historia, variedades, usos en las cocinas regionales, cultura del ají, chamanismo, los poderes curativos de este producto bandera, sus variedades regionales, recetas y la añeja relación del ají con las picanterías, la chicha y los batanes. El libro es un homenaje a los pequeños agricultores peruanos que han sido baluartes de la conservación de las diversas variedades de ají5. Como canapé de esta fiesta, se selló la alianza cocinero campesina, una versión aggiornada de la antigua alianza obrerocampesina. Los gremios agrarios más representativos como Conveagro y ANPE suscribieron convenios de cooperación con

Mistura: todas las sangres

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Foto: Yanina Patricio / Oxfam

Para mayor información ver www.mistura.pe Los ajíes peruanos, sazón para el mundo. Lima: APEGA, 2009.

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La hora de los pequeños Un aspecto novedoso del movimiento gastronómico liderado por APEGA es su apuesta por un modelo de desarrollo inclusivo con responsabilidad social y ambiental, así como su concepción del Perú como un país pluricultural y biodiverso. No es casual que Gastón Acurio, presidente de APEGA, publicara recientemente una columna titulada “La hora de los pequeños”, reclamando que el Estado asuma como nueva tarea una gran revolución enfocada hacia los más pequeños y orientada a erradicar la pobreza. El Estado debe creer “que el futuro y la grandeza del Perú está en los pequeños grandes sueños. (…) en un país mayoritariamente de pequeños agricultores, es la pequeña agricultura de nicho, de productos diferenciados, de altísimo valor agregado, como sucede en Japón, la que puede convertir a un humilde campesino en un próspero pequeño exportador”. La promoción de la pequeña agricultura resulta a todas luces de vital importancia para el desarrollo del Perú. De esta actividad dependen más de un millón y medio de hogares, lo que representa el 33% del total en el país. Además, es el subsector que produce seis de cada diez toneladas de alimentos consumidos por los peruanos. Casi 10 millones de personas tienen a la agricultura como su principal fuente de ingresos: es la principal fuente de trabajo en el país, ya que emplea al 36.7 % de la PEA. Sin embargo, la pequeña agricultura familiar ha sido en cierta manera la cenicienta de las políticas públicas. Según un informe del Grupo Nacional de Presupuesto Público, de cada 100 soles gastados por el gobierno peruano en 2008, menos de 1,5 fueron destinados para la pequeña agricultura. En el presupuesto de 2010 se planea usar S/. 2,205 millones en pequeña agricultura, que son S/.72 millones menos que en 2009. Esta cantidad representa solo el 0,5 % del PBI estimado para 2010. El desarrollo de la pequeña agricultura es vital, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ocho de cada 10 habitantes que viven en el ámbito rural son pobres y ganan por debajo de dos dólares diarios, y de ellos, unos seis son habitantes rurales que están en situación de pobreza extrema y tienen un ingreso de menos de un dólar diario. En la sierra, ámbito en el cual se ubica el 70% del total de pequeños agricultores del país, de cada 10 pobladores rurales, 9 son pobres, y de ellos siete son pobres extremos. Sin embargo, no son solo razones sociales las que justifican la necesidad de una agresiva política de promoción de la pequeña agricultura. En un momento en que el mercado vuelca su atención a la comida sana y nutritiva, los productos orgánicos de la pequeña agricultura adquieren un nuevo valor.

El boom de la gastronomía provoca un impacto positivo sobre el sector agropecuario, porque en los últimos años se ha elevado la demanda de cereales, tubérculos, carnes, embutidos, frutas, y hierbas en beneficio de los hombres del campo. Esto podría, a su vez, producir precios más competitivos para los insumos y llevarnos a desarrollar mejores cultivos y ganados. Lo más importante, quizá, es que hay una revalorización de muchos de los • Foto: Elva Abad / Oxfam

Los beneficios de posicionar la gastronomía peruana como una alta cocina son incalculables, pues esto permitirá construir la vitrina para promover los ingredientes de origen nacional. Por eso, dentro del plan de trabajo de APEGA aparece la labor conjunta con los gremios agropecuarias del país, y colaborar en la promoción de productos emblemáticos como las papas nativas, ajíes criollos, maíz, cacao, las frutas exóticas de la selva, la quinua y los cereales andinos. Con ese propósito, se implementará con Conveagro, el auspicio de Oxfam Internacional y del gobierno de Madrid, un proyecto orientado a promover el establecimiento de cadenas gastronómicas económicas sustentado en la pequeña agricultura, para ayudar a dinamizar las economías locales y mejorar los ingresos de los pequeños productores. Se implementará con las organizaciones locales un programa de asesoría, capacitación en aspectos técnicos y organizativos que les permita generar oportunidades económicas, emprendimientos e innovaciones técnicas y comerciales para mejorar su competitividad. También se trabajará una adecuada organización de la oferta productores-gastronomía, se desarrollará canales de llegada a los establecimientos gastronómicos y se establecerán mesas de trabajo que vinculen a chefs y productores que permita conocer los requerimientos técnicos para articularse al mercado gastronómico.

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Promoción de cadenas

productos emblemáticos producidos por las comunidades campesinas alto andinas y de las pequeñas parcelas de la costa y selva, quienes producen las papas nativas, quinua, loche, ajíes criollos, chirimoya y la granadilla que la cocina peruana de hoy demanda.

APEGA. También lo hizo la Universidad Nacional Agraria y el Ministerio de Agricultura y se anunció un acuerdo con otras plataformas ecológicas. En ese esfuerzo, se ha venido trabajando con el Instituto de Innovación Agraria (INIA).

La selección de las cadenas deberá considerar criterios estratégicos:

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J “La gastronomía involucra directa e indirectamente a cinco millones de personas, el 20% de la Población Económicamente Activa (PEA), en toda la cadena productiva que va desde extracción, industria y comercio hasta servicio”. J “La promoción de la pequeña agricultura resulta a todas luces de vital importancia para el desarrollo del Perú. De esta actividad dependen más de un millón y medio de hogares, lo que representa el 33% del total en el país”.

1) cadenas que apunten a un cambio económico en la situación de la masa de campesinos pobres y prioricen aquellos productos, como la papa, que involucran un número significativo de productores con bajos ingresos. 2) cadenas en las cuales el componente nutricional sea importante (valor nutricional de productos como las papas nativas, la quinua, etc) y 3) revaloración cultural de los productos y de los productores.

Con valor agregado

Hoy día el Perú tiene según Villarán6 una nueva oportunidad. Esta síntesis entre arte y producción, entre creatividad y trabajo, entre historia y crecimiento, se está dando en la gastronomía. Nuestra maravillosa biodiversidad (los insumos de la cocina, como el pescado, la papa amarilla y el rocoto) se mezcla con las diferentes culturas originarias, con aquellas que llegaron a estas tierras (las recetas fusionadas a lo largo del tiempo), y con los métodos modernos de administración y organización empresarial.

En el ensayo “Visión estratégica de la culinaria peruana”, Fernando Villarán señala cómo el desarrollo de la gastronomía peruana en el extranjero motiva, por ejemplo, que se procesen nuestros productos agrícolas y se establezcan cadenas mundiales de venta de alimentos y productos elaborados en el Perú. Señala que también abre miles de oportunidades para los jóvenes emprendedores que

Tradicionalmente la gastronomía es ubicada en el sector servicios por su parentesco con el turismo, pero es claro, señala Villarán, que la transformación y la adición de valor que ha generado a los insumos (productos pesqueros y agrícolas) la coloca en el sector industria, cuya principal característica es justamente agregar valor. El proceso de innovación (surgimiento constante de nuevos platos

ANPE y APEGA han programado una serie de iniciativas para revalorar la producción campesina ante la opinión pública y poner de manifiesto la contribución de la pequeña agricultura a nuestra gastronomía.

quieran hacer maricultura, dedicarse a la agricultura ecológica, agroforestería, a procesar hierbas aromáticas y curativas, o bien a especializarse en agencias de viajes, en turismo gastronómico y, cómo no, a inaugurar restaurantes de calidad.

Fernando Villarán, Revista Puente, Colegio de Ingenieros del Perú.

No obstante el inmenso salto de la gastronomía peruana, aún queda mucho por hacer. Exponemos algunos de los principales retos que enfrentamos para promover nuestra gastronomía. No es un secreto que enfrentamos dificultades para la exportación de ingredientes peruanos por incumplimiento de las condiciones fitosanitarias, por trabas aduaneras en el ingreso de nuestros productos a otros mercados, y por falta de volúmenes de escala para responder a la

De otro lado, la base productiva está aún muy desconectada, desorganizada y poco tecnificada. La comercialización sigue siendo un cuello de botella importante para un mejor ingreso de los productos campesinos al mercado. Otra barrera que debemos superar es la pobre conciencia ecológica que amenaza la conservación de nuestros recursos naturales. Debemos implementar políticas serias y sanciones drásticas para quienes desperdician recursos y contaminan suelo, mares, ríos y lagunas. Debemos tener en cuenta la pérdida de semillas y variedades desplazadas por cultivos más comerciales. Como lo han señalado varios conocedores del tema, el principal capital del Perú está en la biodiversidad antes que en la producción • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

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Mirada al futuro

demanda internacional. Se hace necesaria, entonces, una acción concertada entre el Ejecutivo (léase Mincetur, Cancillería y Ministerio de Agricultura), APEGA, empresarios y los gremios nacionales.

y fusiones) y por lo tanto de creación de riqueza de esta actividad es espectacular, con claras repercusiones en el campo social (empleo, nuevas oportunidades y distribución del ingreso), pero también cultural (identidad nacional) y político (expansión de la presencia peruana en el mundo). Todos estos elementos indican que podríamos estar asistiendo al inicio de una revolución tecnológica nacional.

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masiva de alimentos. Corresponde al modelo de marketeo de los productos peruanos el concepto de boutique de alimentos que se caracterizan por su singularidad. En el caso de las papas nativas se trata por ende de darle un rostro, personalidad, denominación de origen a cada una de las variedades. En el tema de políticas de conservación es hora de que se pase del dicho al hecho y que se detenga la salinización masiva de nuestros suelos por malas prácticas de cultivo (como con el arroz en el norte). Las formas de cultivo (roza y quema, pesticidas) que deterioran el medioambiente deben parar ya. La pesca con explosivos, y la violación de los espacios destinados a la pesca artesanal, por parte de naves de pesca industrial, no pueden seguir permitiéndose. Tampoco el inadecuado tratamiento de basura y del agua que contamina nuestros mares, ríos y nuestra tierra. También hay que ser consciente de los riesgos que implican la introducción y expansión de los transgénicos para la biodiversidad del país.

En el Perú enfrentamos una chocante paradoja: vivimos la contradicción de ser un país con una excelente gastronomía pero donde campea la desnutrición. El economista Eduardo Zegarra destaca que pese a que el país tuvo en 2008 una tasa de crecimiento de 10% del PBI, hubo 1,2 millones más de peruanos con déficit calórico, es decir, con insuficiencia alimentaria. A ello ha contribuido sin duda la crisis alimentaria y el alza en el precio de los alimentos. “Según las encuestas de hogares, si bien la desnutrición infantil habría caído de 21,5% en 2008 a 19% en 2009 (una caída modesta, pero importante), cuando se desagrega la cifra resulta que toda la mejora se ha centrado en los tres quintiles no pobres de la población, mientras que en el 40% en situación de pobreza ha habido un grave aumento de la desnutrición infantil”7.

J “La base productiva está aún muy desconectada, desorganizada y poco tecnificada. La comercialización sigue siendo un cuello de botella importante para un mejor ingreso al mercado de los productos campesinos”. J “En un momento en que el mercado vuelca su atención a la comida sana y nutritiva, los productos orgánicos de la pequeña agricultura adquieren un nuevo valor”. J “Hay una pobre conciencia ecológica que amenaza la conservación de nuestros recursos naturales. Debemos implementar políticas serias y sanciones drásticas para quienes desperdician recursos y contaminan suelo, mares, ríos y lagunas”.

País gastronómico pero desnutrido

La otra Crisis en el diario El Comercio. Lima, 5 de abril de 2010.

En décadas pasadas, el Estado fue muy propenso a abastecer a la población urbana con alimentos basados en insumos importados como las harinas y el pollo. Corresponde hoy dar un lugar especial a productos peruanísimos

La revaloración de los productos peruanos debe llegar a aquellas instituciones que realizan adquisiciones masivas como las fuerzas armadas, los hospitales, los clubes de madres, los comedores populares y otras instituciones. El Estado debe convertirse en uno de los principales compradores de alimentos nacionales para predicar con el ejemplo.

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Precisamente, al promoverse la producción agropecuaria en el interior del país, la gastronomía debe estar ligada con la lucha contra la pobreza en el campo. La revaloración de nuestros productos emblemáticos agropecuarios debe generar mayor demanda y mejorar los ingresos de nuestros campesinos. También debe permitir recuperar en la mesa productos peruanos de alto valor alimenticio.

como la papa, la quinua, el tarwi, el camu camu, la cocona, etc.

Tenemos el mar más rico del mundo, pero desaprovechamos esa increíble fuente de proteínas, así como el potencial nutritivo de nuestros productos nativos como la quinua, el tarwi, la oca, la cañihua, el olluco, la mashua, la kiwicha, el aguaymanto, el sanqui y las papas nativas que son garantía de buena salud y adecuada nutrición.

¿Cómo se violan hoy los derechos fundamentales? Derechos humanos y criminalización de la protesta • Foto: Yanina Patricio

La conflictividad social volvió a escalar en 2009 y en casi la mitad de los conflictos hubo una empresa extractiva involucrada. En lo que va del gobierno de Alan García, 42 personas murieron como resultado del enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden; otros 1.000 quedaron heridos y muchos con lesiones que los limitan de manera permanente. La respuesta del Estado ha sido la criminalización de la protesta social, una práctica que viola desde la libertad de expresión hasta el derecho a la vida.

F ran c is c o So b e r ó n y Mig u e l J ugo

Es así que para sancionar una desaparición forzada se exige ahora que haya una comprobación de la detención del individuo, cuando el punto en la figura de la desaparición es precisamente que no se reconoce la detención oficial. Ello ha ocurrido en el juicio por la desaparición de Constantino Saavedra Marreros y podríamos citar otros ejemplos. Tales cambios en las opiniones jurídicas se dan también gracias al marco político que han generado personajes ligados al gobierno y a sectores duros de las Fuerzas Armadas.

En materia de judicialización de casos por violación a los derechos humanos observamos serios reveses. Por ejemplo, el caso Barrios Altos –donde se juzga a Vladimiro Montesinos y parte del grupo Colina– lleva más de ocho años, cuatro de ellos en etapa de juicio oral, sin que hasta la fecha se emita sentencia1. La lentitud en la administración de justicia es uno de los factores de este retraso, pero otro muy importante es el cambio en las opiniones jurídicas sobre ciertos delitos.

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009 será recordado como el año en que se produjo la sentencia más importante de los juicios contra violadores de derechos humanos en el Perú. La condena a 25 años de cárcel para Alberto Fujimori, confirmada por la Corte Suprema, es un hecho histórico que satisface la demanda de la sociedad por verdad y justicia. Sin embargo, aunque podría significar una evolución del Estado frente a aquellos criminales, esta sentencia es una isla en un mar de impunidad. Además se contradice con la política gubernamental de represión y penalización de la protesta social, que es reconocida internacionalmente como una forma de libertad de expresión. Veamos.

Este proceso comprende a los autores materiales del delito; mientras que Alberto Fujimori fue sentenciado como autor mediato del homicidio calificado en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como en el secuestro agravado del empresario Samuel Dyer Ampudia y el periodista Gustavo Gorriti Ellenbogen.

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Dicho marco político se extiende a otros aspectos de la búsqueda de justicia, tal como está ocurriendo con las reparaciones civiles. El Registro Único de Víctimas –aunque con escaso apoyo– ha logrado identificar a 65.536 víctimas de la violencia; sin embargo, el Estado no ha dado prioridad a las reparaciones individuales y solo avanzan las reparaciones colectivas. Estas se dan en forma de obras de infraestructura para las comunidades y pueblos que sufrieron en la época del conflicto, pero no tienen el sentido ni la fuerza de una reparación personal. El proyecto para erigir un Museo de la Memoria (hoy denominado “Lugar de la Memoria”) también ha sido blanco de aquellos sectores conservadores que defienden a los violadores de derechos humanos y se oponen a la existencia de un espacio dedicado a recordar y reflexionar sobre el conflicto que sufrió el país. De otro lado, el Plan Nacional de Derechos Humanos –documento que establece cuáles deben ser las políticas públicas sobre la materia– ha sido relegado de la agenda del gobierno. Una de las consecuencias de esto es que, por ejemplo, el Perú no cuenta aún con un mecanismo de prevención de la tortura, pese a existir el compromiso de implementarlo en el año 2008. Como punto final de este balance, podemos comentar que en el 2009 el Consejo Nacional de Derechos Humanos siguió sin reincorporar a representantes de la sociedad civil. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal Peruana y el Concilio Nacional Evangélico eran desde 1986 las instituciones voceras de la sociedad civil ante este órgano multisectorial; pero en mayo del 2008, por decisión del Poder

Ejecutivo, fueron retiradas. El 6 de abril de 2010, en vista de la próxima visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acordó la reincorporación de representantes de la sociedad civil. Ahora bien, no solo los derechos humanos carecieron de garantías en el Perú de 2009. Otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, también se están viendo amenazados desde el Estado o con la colaboración del mismo.

Prohibido quejarse: la protesta como delito Quizás el rasgo más importante del año 2009 haya sido el incremento de la protesta social (ver cuadro adjunto). Si tenemos en cuenta que durante el año el año 2007 se registraron 78 conflictos, la curva de la conflictividad social continuó en ascenso los años siguientes, llegándose a registrar, en el año 2009, 267 conflictos2.

Quizás el rasgo más importante del año pasado haya sido el incremento de la protesta social. El gráfico adjunto muestra cómo se han incrementado los conflictos sociales mes a mes, y cómo los conflictos socio-ambientales (aquellos que se dan entre comunidades y empresas extractivas) han pasado de ser el 19% de los conflictos en el 2006, al 47% en el 2009. Frente a esta situación, la respuesta del gobierno ha sido muy errática, recurriendo a lo que internacionalmente se denomina como criminalización de la protesta social, es decir, aquellos procesos políticos, legales

Defensoría del Pueblo: Reporte sobre Conflictos Sociales.

y sociales cuyo objetivo es convertir en un “crimen” la protesta social, aislar a sus líderes e inmovilizar a las organizaciones que se oponen a las políticas oficiales, principalmente en las referidas al modelo económico. Lejos de reconocer que en el Perú existe una parte muy importante de la población a la que los “éxitos” económicos no llegan, que hay una serie de reivindicaciones postergadas y una legítima preocupación por el medio ambiente, se afirma que las protestas son parte de un complot de sectores de la oposición y se plantea la necesidad de aplacarlos recurriendo a la violencia. Todo esto sucede a pesar que internacionalmente existe el reconocimiento expreso de que la protesta social es una forma de libertad de expresión. En ese

sentido, Catalina Botero, actual Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA, señala en su informe de 2008 que: La protesta social es una de las formas colectivas más eficaces de expresión. Pero incluso en algunas circunstancias resulta ser también la única forma a través de la cual ciertos grupos pueden ser escuchados. En efecto, cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado3. El Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del 2002 lo explicaba así: […] resulta en principio

Fuente: Defensoría del Pueblo

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Cuadro 1: Conflictos socioambientales vs. Total (2006 - 2009)

Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión - Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008.

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inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y de reunión. […] Es importante recordar que la penalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición, como la prensa tradicional o el derecho de petición […]. El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente4. En el Perú, tal como lo describe la OEA, muchas veces los ciudadanos comunes no encuentran los caminos adecuados para expresarse y la institucionalidad democrática no resuelve sus solicitudes. Entonces, se hacen escuchar con protestas en las calles; sin embargo, estas no representan un complot para desestabilizar la democracia, que se suele atribuir a las manifestaciones. Desde el Estado peruano, una entidad que sí identifica esta situación es la Defensoría del Pueblo. Según un informe de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, la criminalización de la protesta consiste en acciones políticas, policiales y legales, realizadas por un gobierno, dirigidas a restringir, penalizar e inhibir a los protagonistas de las protestas.

4 5

Y añade: En el Perú se ha aplicado esta expresión a las acciones gubernamentales percibidas como limitantes de las protestas y de las opiniones discrepantes en ciertos temas5. Además, la Defensoría del Pueblo ha construido cuatro indicadores para identificar cuándo se criminaliza una protesta. En primer lugar está la Descalificación Pública, que se da cuando los actores de las protestas son calificados como • Foto: Yanina Patricio desestabilizadores o infractores de la ley, de la democracia y del estado de derecho. Otro indicador es la Renuncia al Diálogo, que se configura cuando se limitan los espacios de diálogo, generando que las demandas sociales sean ignoradas y, por consiguiente, los conflictos sociales se incrementen. Luego se tiene la Reforma Legal que ilegaliza la protesta social, que consiste en crear nuevos tipos penales o modificar los existentes, otorgándoles contenidos ambiguos con el propósito de utilizarlos contra los movimientos sociales. Las sanciones pueden incluir prisión efectiva, altas multas o cualquier otra sanción que inhiba al manifestante. Finalmente está la Judicialización de los conflictos sociales, es decir, la apertura de procesos penales contra los líderes de las manifestaciones y su encarcelamiento. Cuando se da la judicialización, los líderes sociales son

CIDH, Informe Anual 2002, Vol. III: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo IV. Párr. 35. Conflictos Sociales y criminalización de la protesta”, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. Defensoría del Pueblo, 14 de agosto de 2009 (Exposición).

social”. Muchas veces se ha tratado de justificar las acciones represivas del gobierno como defensa de los derechos de otros. Doctrinariamente, sin embargo, cuando existe colisión de derechos prima el derecho a la vida, que es el que está en juego en la criminalización y que en ningún caso se debe afectar. Veamos cuáles son los principales mecanismos que se han estado usando para criminalizar la protesta social.

A ello deben agregarse las normas sobre el uso de la llamada “fuerza letal”, por parte de la Policía, para controlar los movimientos sociales. La Fuerza Letal es aquella que puede causar graves daños o la muerte, pero se concede su uso a la Policía cuando el objetivo es un sujeto que pone en peligro a las personas a su alrededor. Sin embargo, el Estado peruano ha dado un paso riesgoso más al permitir que las Fuerzas Armadas intervengan, aun sin haberse declarado el estado de emergencia. Nos encontramos frente a una situación abiertamente peligrosa y, lamentablemente, se pretende influir sobre el sentido común de la población para que el uso de la fuerza contra las protestas tenga “licencia

La redacción del delito de extorsión, según el D.Leg. 982, implica una total desnaturalización, por cuanto incluso un acto público de protesta contra el deterioro del medio ambiente sería considerado así. En dicha norma se incluyen hechos que constituyen prácticas usuales en las movilizaciones sociales, que ya están tipificados en los artículos 283 y 315 del Código Penal (tomar locales, impedir el libre tránsito, perturbar el normal funcionamiento

equiparados con delincuentes que atentan contra la seguridad nacional.

La desnaturalización de los tipos penales es uno de los mecanismos más notorios de esta criminalización. Un caso muy claro es el de la Extorsión, tipo penal que se da cuando se obtiene una ventaja económica indebida de parte de una persona natural en base a la violencia o la amenaza. Sin embargo, el Decreto Legislativo 9826 tergiversa totalmente el sentido de esta figura, al establecer que situaciones “de cualquier otra índole” constituyen extorsión. Así, un acto público de protesta contra el deterioro del medio ambiente puede considerarse como extorsión.

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Protesta = cárcel

D. Leg. 982, dado el 22 de julio del 2007 como parte de 11 decretos legislativos de lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el pandillaje pernicioso. Ley 29009.

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de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas) y que no tienen ninguna relación con el delito de extorsión ni con la situación de crimen organizado para el que fueron otorgadas las facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Igualmente debe señalarse que la pena para este delito es de 5 a 10 años de cárcel, pero si la extorsión es cometida entre dos o más personas, la sanción puede ser de 15 a 25 años. En los hechos, quienes realicen bloqueos de carreteras y otras manifestaciones de protesta pueden recibir condenas de hasta 25 años. Castigo desproporcionado si se considera que la pena máxima por homicidio es de 15 años. Asimismo, la nueva tipificación penaliza y dispone la inhabilitación de los funcionarios públicos por el solo hecho de participar en huelgas. El mismo D.Leg. 982 modificó también la figura de Apología, relacionándola con los artículos sobre extorsión. Según la nueva tipificación, el elogiar una manifestación popular que ha ocupado las vías públicas, como la Marcha de los Cuatro Suyos, implicaría una sanción penal. Un caso

Por otro lado, se señala que el delito de secuestro7 tendrá pena mínima de 20 años, independientemente del tiempo que este se haya producido o del motivo para la retención de una persona. De esta forma, definir como secuestro a cualquier retención arbitraria, inclusive por quince minutos, puede generar una pena totalmente desproporcionada. Este es el caso de Judith Ortega, presidenta de la Federación de Clubes de Madres de Ayacucho (FEDECMA), para quien un fiscal pidió la pena de 25 años de prisión al acusarla de secuestro de un funcionario del municipio de Huamanga. El motivo: reclamar al municipio la dotación de leche y alimentos para los clubes de madres de

J “Nos encontramos frente a una situación abiertamente peligrosa y, lamentablemente, se pretende influir sobre el sentido común de la población para que el uso de la fuerza contra las protestas tenga licencia social”. J “La desnaturalización de los tipos penales es uno de los mecanismos más notorios de esta criminalización (…) Así, un acto público de protesta contra el deterioro del medio ambiente puede considerarse como extorsión”. J “Para sancionar una desaparición forzada se exige ahora que haya una comprobación de la detención del individuo, cuando el punto en la figura de la desaparición es precisamente que no se reconoce la detención oficial”.

reciente fue el de Teresita Antazú, dirigente indígena yanesha, quien fue acusada del delito de apología por participar junto a dirigentes de Aidesep en una Conferencia de Prensa, en el marco de la huelga amazónica. Teresita Antazú permaneció con orden de captura durante 4 meses, hasta el 18 de septiembre del 2009, cuando la Corte Superior de Lima le otorgó comparecencia. En enero de 2010, el Fiscal Superior de Lima resolvió no acusarla.

El secuestro se refiere al acto delictivo de retener a una persona contra su voluntad, empleado con una finalidad dolosa como obtener una ventaja económica o causar un daño a la víctima u otra persona relacionada a esta.

J “Lejos de reconocer que en el Perú existe una parte muy importante de la población a la que los ‘éxitos’ económicos no llegan, que hay una serie de reivindicaciones postergadas y una legítima preocupación por el medio ambiente, se afirma que las protestas son parte de un complot”. J “El Registro Único de Víctimas –aunque con escaso apoyo– ha logrado identificar a 65.536 víctimas de la violencia; sin embargo, el Estado no ha dado prioridad a las reparaciones individuales y solo avanzan las reparaciones colectivas”.

Otra expresión del proceso de criminalización son las continuas e impunes declaraciones de las autoridades políticas, y hasta judiciales, en las que se acusa a los dirigentes sociales, organizaciones no gubernamentales o intelectuales relacionados al campo de los derechos humanos, de ser terroristas, pro-terroristas, defensores de terroristas y/o violentistas. La difamación reiterada –que se realiza a través de los medios de comunicación– no solo atenta contra el derecho al honor, sino

Un buen ejemplo de lo anterior es el artículo publicado el 28 de octubre del 2007 por el presidente Alan García en el diario El Comercio, en el cual dice: El perro del hortelano no sale de su pobreza intelectual ni quiere que los peruanos salgan de la pobreza material y educativa. Además, sostiene que solo los radicales y extremistas pueden luchar contra la pobreza porque ellos tienen el monopolio del corazón social… Ahora que la batalla ya no es económica porque el mundo aplastó en ese tema al perro del hortelano, este se presenta como anti minero, pluriculturalista y patriotero. • Foto: Yanina Patricio

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Ataque a los voceros

que busca estigmatizar y desacreditar la causa de la protesta.

su jurisdicción. Hoy Judith se encuentra con orden de captura.

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• Foto: Helena Christensen / Oxfam

No es la única forma de hostigamiento contra los dirigentes sociales. En el 2007 se comprobó que trabajadores de la empresa Forza, que presta servicios de seguridad a la minera Yanacocha, recibían informes de seguimiento al sacerdote Marco Arana, director de la ONG Grufides y líder de las protestas del pueblo cajamarquino contra la minera. El operativo “Diablo” (como se referían a Arana los espías) consistía en buscar elementos para desprestigiar a los integrantes de la ONG. Así se produjeron “informes confidenciales” donde se afirmaba, por ejemplo, que el sacerdote Arana tenía un hijo. Recientemente hemos conocido que la empresa Business Track también espiaba a Grufides. Existen más de 30 archivos “chuponeados”, con información sobre conflictos ambientales en Cajamarca, entre los años 2006 y el 2007, encontrados en las computadoras de Elías Ponce Feijoó y Jesús Manuel Ojeda Ángeles, responsables de Business Track. Los documentos corresponden a conversaciones telefónicas de Marco Arana y otros trabajadores de la ONG. La interceptación se hizo en los días de la aplicación del operativo “Diablo”.

De manera similar se actúa contra los medios de comunicación, sobre todo con las emisoras radiales de las regiones. Por ejemplo, el gobierno pretendió sancionar a Radio Cutivalú de Piura por negarse a transmitir un pronunciamiento con información falsa y sin un remitente claro, respecto a las protestas contra el proyecto minero Majaz. Luego se supo que el autor del anuncio era el propio Ministerio de Energía y Minas. En el 2008, varias emisoras radiales de Moquegua y Puerto Maldonado fueron acusadas de “defender a terroristas” pues cuestionaron el accionar represivo de la Policía en contra de protestas sociales. Y en junio del 2009, la radio “La Voz de Bagua” fue cerrada por hablar de las violaciones a los derechos humanos que cometió la Policía el 5 de junio.

Qué se debe corregir En lo que va del gobierno de Alan García, 42 personas murieron como consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden; otros 1.000 quedaron heridos y de estos muchos con lesiones

Lo que realmente ha ayudado a resolver los conflictos ha sido el diálogo. Creemos que el gobierno central no debe esperar que los conflictos escalen violentamente para recién sentarse a dialogar. Pero hoy, según la Defensoría del Pueblo, solo la mitad de los conflictos (que a febrero eran 258) se encuentran en una situación de diálogo entre las partes. El Poder Ejecutivo debe crear los canales adecuados para resolver estos conflictos y derogar los decretos legislativos que criminalizan la protesta social. En marzo del 2008 la Comisión de Constitución del Congreso acordó modificarlos, pero su dictamen nunca llegó al Pleno. El Tribunal Constitucional, por su parte, tiene pendiente de votación desde febrero del 2009 una demanda para anular la nueva tipificación penal, antes expuesta.

Las fuerzas del orden cumplen el deber constitucional de proteger y tutelar el orden interno, pero este debe ser, siempre y en todo momento, compatible con el ejercicio ciudadano de las libertades más elementales en una democracia. El movimiento social debe realizar sus protestas y éstas han de ser pacíficas, sin poner en riesgo los derechos de las personas. Finalmente, la democracia siempre es el mejor camino para que los peruanos busquemos la solución a nuestros problemas. Por ello, es importante exigir el funcionamiento del sistema. De no ser así quedaremos en manos de la intolerancia y el autoritarismo de distinto signo.

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En ese contexto, se producen situaciones tan injustas como el de Pedro Condori, quien en noviembre del 2008 lideró una protesta realizada por el Sindicato Minero de Casapalca. Durante la manifestación un huelguista arrojó piedras a la carretera, pero una de ellas impactó en el capitán PNP Giuliano Villareal, quien murió a causa de la contusión. Cuando se produjeron los hechos, Condori se dirigía a Lima para dialogar sobre la solución a los reclamos de los mineros; sin embargo, fue acusado de ser autor mediato de homicidio culposo. Pese a que todo está probado y que se ha identificado –aunque no capturado– al autor material del delito, Condori ha estado preso 7 meses y seguirá estándolo, pues, según el Poder Judicial, alguien debe pagar por ese delito.

Los diversos intentos de criminalizar la protesta social constituyen graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas. Ningún acto que pretenda responder al fenómeno de la conflictividad social y que suponga la imposición del orden o la seguridad ciudadana puede estar por encima de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, de opinión, entre otros.

que los limitan permanentemente. A la vez, 1.300 dirigentes de organizaciones sociales están procesados. Hasta la fecha, todas estas situaciones permanecen protegidas bajo un manto de impunidad.

• Foto: Claudia Alva

MUJERES en el escenario Avances y retos en la agenda de equidad de género

El Perú sigue siendo un país donde las mujeres viven la inequidad. Ganan menos que los varones simplemente por la diferencia de género, a pesar de que los han superado en el índice de profesionalidad: el 51,8% de los profesionales que ingresan al mercado cada año son mujeres. Aun así, llevan décadas luchando por ganar espacios de poder e igualdad. Lo avanzado es mucho y lo que resta por avanzar también.

n un país donde la manía reciente de las autoridades es alardear del crecimiento económico, muchas mujeres viven aún en situación de pobreza1. Esa masividad de la pobreza femenina puede explicar por qué tantas mujeres participan de las llamadas “organizaciones de subsistencia”. Si hablamos de “crecimientos”, uno de los más notorios es el de los hogares dirigidos por mujeres, cuyo número se incrementa en 3,9% anualmente, mientras que el número de hogares encabezados por hombres crece en 2% cada año. Actualmente el 28,5% de los hogares peruanos tiene jefatura femenina, pero la tendencia –como decimos– es creciente. Es presumible que la guerra interna y el fenómeno de los desplazados por la violencia haya impactado sustancialmente en el número de mujeres sin pareja en el mundo rural.

El tema de la mujer en el Perú es un campo de paradojas: aumenta la participación en el mercado laboral y la proporción sobre el total se acrecienta, sin embargo el dato clave es que hoy un 8.5% menos mujeres que hace 16 años tienen empleo formal. De acuerdo a estadísticas del 20052, el porcentaje de trabajadoras independientes auto empleadas había aumentado ese año a 71,2%, mientras que el de las asalariadas se había reducido a 23,5%. Esto, pese a que los últimos gobiernos han reiterado su intención de aumentar el empleo femenino formalizado. Si desagregamos las cifras, encontramos que el 38% realiza trabajos de tipo familiar, es decir, que son titulares de sus propios negocios o complementan el negocio de su esposo u otros familiares. Otro 36% trabaja en el comercio y los servicios, 15% se declara trabajadora independiente y un 11% son obreras. Así que la situación en el campo laboral está lejos de ser equitativa con la de los varones.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Aíd a Ga r c í a N ar anjo M or ales

Estadísticas no censales de los años 2008 y 2009 dan cuenta de una reducción del total de pobres en el país, los que carecen de indicadores de género. 2 Información del Ministerio de Trabajo de 2006, en Mujeres Peruanas. Situación Actual. Aída García Naranjo 2009. 1

Cuadro 1: Nivel de desempleo Sexo

Grupos de edad (años)

Año

Total

Hombre

Mujer

14 a 24

25 a 44

45 a más

2001

9,3

8,2

10,7

14,6

7,6

7,3

2002

9,3

8,0

10,8

15,7

6,8

7,5

2003

10,1

9,2

11,2

16,0

7,8

8,9

2004

10,0

8,4

12,0

18,8

7,3

6,5

2005

8,9

7,4

10,7

15,2

6,9

6,3

2006

9,0

7,7

10,5

16,6

7,0

4,7

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Fuente: Ministerio del Trabajo (2006)

La discriminación salta a la vista en el caso de los sectores modernos como la agroindustria y las confecciones. Las empresas de estos sectores tienen la posibilidad de hacer contratos temporales, cuya justificación es la estacionalidad que imponen los calendarios de exportación. Sin embargo, gracias a esta flexibilidad laboral pro-exportadora, cientos de mujeres trabajan sin derecho a vacaciones, con bajos salarios y sin reconocimiento de horas extra. Tampoco gozan de compensaciones o indemnizaciones cuando pierden el empleo y menos participan de las utilidades que muchas empresas exhiben como éxito al cierre de cada año.

con mayor nivel educativo son mejores remuneradas y tal vez por ello muchas jóvenes de sectores medios y altos, e incluso de sectores populares, están ingresando en mayor número que los hombres a las universidades y superándolos progresivamente en el índice de profesionalidad: el 51,8% de los profesionales que ingresan al mercado cada año son mujeres. Sin embargo, cuando salen al mercado laboral se encuentran con que son discriminadas en el salario y que los varones ganan más que ellas, solo por el hecho de ser varones. Como referencia, un estudio de 1997 encontró que las mujeres en zonas urbanas, con 35 horas de trabajo semanal o más, en edades de 20 a 49 años, ganaban 83,5% respecto a la remuneración promedio de los varones.

Otra paradoja se presenta en el plano educativo. Por regla general las mujeres

Cuadro 2: Población de 15 años o más, según sexo y nivel educativo Nivel educativo que aprobó Sin nivel Educación inicial

Sexo Hombre 362.509

Mujer 3,9

1.050.828

Total

% 10,8

1.413.337

8.630

0,1

12.238

0,1

17.101

Primaria

2.068.330

22,1

2.353.518

24,3

6.490.178

Secundaria

3.926.159

41,9

3.348.738

34,6

7,274.897

Superior

2.996.418

32,0

2.926.256

30,2

5.922.674

Superior no universitaria

1.386.133

14,8

1.485.928

15,3

2.872.061

Superior universitaria

1.610.285

17,2

1.440.328

14,9

3.050.613

Total

9.363.046

100,0

9.691.578

100,0

19.054.624

Cuadro 3: Analfabetismo por géneros Analfabetos Total

Sexo Hombre

Prom.

Mujer

Prom.

336.270

3.6

1.023.288

10,6

24,7

Total

Prom.

1.359.558

5.51

75,3

100,0

Fuente INEI Censo XI Población y V Vivienda 2007

Cuadro 4: Segmentación ocupacional femenina Media

baja

Muy baja

(90-100%)

(60-89%)

(40-59%)

(39-10%)

(10-0%) Arquitectas Ingenieras Agrónomos Pilotos de aviación

Profesionales técnicos

Enfermeras obstétricas

Profesoras Asistentes sociales

Químicos Traductoras Laboralistas

Economistas Contadores Médicos

Gerentes

Secretarias mecanógrafas

Telefonistas Agentes de ventas

Bancarios Cajeros Oficiales Administrativo

Inspectores Almaceneras Jefas Administrativa

Trabajadoras agrícolas y no agrícolas

Costureras

Trabajadores textiles

Confección Artes gráficas Preparación alimentos

Agricultoras Avicultoras

Albañiles Mecánicos Carpinteros Electricistas

Trabajadores de los servicios

Empleadas del hogar Lavanderas Planchadoras

Limpiadoras Peluqueras

Azafatas y meseras Personal de hostelería Guardias

Lustrabotas Lavadoras de autos

Carteros Veladoras

Fuente: Ministerio de Trabajo (2006)

Para el 2003 este indicador había empeorado, pues la remuneración de las mujeres era en promedio 77% respecto a la de los hombres. Otro fenómeno con rostro de mujer es el de las migraciones internacionales. En 2007, nuestro país registró 3 millones de migrantes: un 51.2% de los que se fueron eran mujeres y 48,8% hombres. Esta información en un contexto como el peruano plantea diversos problemas: la mayor incidencia de pobreza entre las mujeres, y la baja asimilación de las que gozan dentro de la oferta de empleo

formal, termina expulsándolas y obligándolas a buscar nuevas oportunidades en otros lugares. El hecho de que un 27% de las migrantes sean trabajadoras del hogar confirma que las que se van pertenecen a los estratos más pobres y maltratados. A esto se suma, el problema lacerante de la violencia familiar y el feminicidio: solo en el 2009 se registraron 135 feminicidios3. En el 70% de estos casos el principal sospechoso del crimen era la pareja o ex pareja de la víctima, mientras que en otro 18% se presume que el victimario fue un familiar.

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Alta

Muy alta

Información contenida en la resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1690-2009-MT-FN.

Cuadro 5: Tipo de feminicidio según relación con el presunto victimario Nº

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Relación con el presunto victimario

Pareja o ex pareja

Familiar

Conocido

Cliente de una trabajadora sexual Desconocido

Total

Esposo o conviviente

37.8

Ex conviviente

13.3

Enamorado o novio

11.9

Pareja sentimental

5.2

Ex enamorado

0.7

Ex conviviente homosexual

0.7

Sub-total

69.6

Padre

5.9

Padrastro

2.2

Cuñado

2.2

Yerno

1.5

Hijo

1.5

Tío

1.5

Hermano

0.7

Nieto

0.7

Ex yerno

0.7

conviviente de la sobrina de la víctima

0.7

Sub-total

17.8

Amigo

2.9

Vecino

2.2

Compañero de trabajo

0.7

Persona que conoció en una fiesta

0.7

Sub-total

6.7

Cliente

3.7

Sub-total

3.7

Desconocido que atacó sexualmente a la víctima

2.2

117

135

100

TOTAL

Tipo de feminicidio

Fuente: Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público

Para la lucha feminista una cosa era abrir el camino para derribar los prejuicios y las normas que dificultan que las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones a los cargos del Estado a los que normalmente llegan los hombres, y otra muy distinta que la entrada de estas nuevas dirigentes significase, de por sí, la incorporación de políticas con dimensión de género. Es decir, “no basta con ser mujeres”. Que hoy el Perú tenga vicepresidenta, ministras, jefas de instituciones públicas, congresistas, juezas, fiscales, presidenta regional, alcaldesas y regidoras, es un logro; pero de ningún modo es suficiente para alcanzar los objetivos trazados. También habría que decir que en cuatro años del segundo gobierno aprista, algunas mujeres han asumido las posiciones más extremas del neoliberalismo económico y han tomado algunas de las determinaciones más autoritarias contra los movimientos sociales, como son los casos de Mercedes Aráoz al frente de las negociaciones de

los acuerdos comerciales y Mercedes Cabanillas con la represión a los nativos en el conflicto de Bagua. Entre las muchas promesas electorales del presidente Alan García estaba la conformación de un “gabinete paritario” (50%-50%), a la manera de España y Chile. Aproximándose a ese ofrecimiento, el primer equipo de gobierno incluyó a seis mujeres sobre 16 miembros; no se cumplió la promesa, pero era el gabinete con más ministras en la historia peruana. Sin embargo, con cada renovación ministerial, ahora solo quedan tres. Casi hemos vuelto a la normalidad con una distribución del poder concentrada claramente en los hombres. De otra parte, nadie puede decir que el poder político haya estado realmente interesado en las “políticas de igualdad democratizadoras”. El balance que puede hacerse de la participación de mujeres en el segundo gobierno de García es que ellas pueden administrar igual o mejor, pero que un programa de reivindicaciones de los derechos de la mujer aún no ha ocupado su sitio en el gobierno.

Lejana equidad

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: Yanina Patricio

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

La revolución de la participación política de las mujeres es un fenómeno en desarrollo y muy incompleto. Podría decirse algo más grave: es una reforma que puede estancarse y fragilizarse, aun cuando ya no sea posible imaginar un desmontaje explícito de las más importantes normas. En el año 2006, por ejemplo, se llegó a una situación excepcional en la representación ante el Congreso con un 28,3% de mujeres parlamentarias, que colocó al país en el puesto once a nivel mundial4, según un ránking sobre el grado de apertura de los legislativos. Pero unos meses después, en las elecciones de presidentes regionales, ninguna mujer alcanzó una presidencia5 y apenas un 1,5% de las alcaldías provinciales fueron ocupadas por mujeres. A 54 años de la primera votación de mujeres y de la elección democrática de las primeras parlamentarias; a 31 años de la aprobación del voto para los analfabetos en la Asamblea Constituyente de 1979, lo cual tuvo extraordinaria importancia para extender el derecho de voto a las campesinas; a 13 años de la ley de cuotas en las listas electorales, es indudable que la relación entre las mujeres y la política no es la misma de épocas pasadas. Hoy tenemos mayor responsabilidad en garantizar que no haya un retroceso, no decaiga el ánimo ante las dificultades y se ejerza una mejor vigilancia de las mujeres en posiciones de poder. Las conquistas sociales son, ante todo, fruto de acciones colectivas, de movimientos organizados y de plataformas elaboradas en procesos democráticos. No son, como hoy se entiende, representaciones individuales. Porque cuando se dice que se actúa en nombre todos, normalmente se hace sin representar a nadie.

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• Foto: Charlie Jara / Oxfam

Participación política Si hay un fenómeno importante en el Perú de los últimos 30 años es la emergencia de las mujeres organizadas sobre el terreno de la política y la lucha social. Las mujeres de los movimientos han debido aprender por la experiencia que sus demandas tendrían sentido si se plantean políticamente y si se enlazan con reformas en las normas y decisiones del poder. Pasa eso con las organizaciones de supervivencia, que movilizan a muchísimas mujeres de las zonas más pobres, agrupadas en los Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares y otros; y que han sostenido incontables batallas para defender y ampliar los recursos que asigna el Estado a los programas de alimentación. Nadie podría negar el carácter altamente político de este movimiento, lo que

IDEA Internacional, IDEA 2009. Presencia Femenina en los parlamentos a nivel mundial. La actual presidenta de Lambayeque es el reemplazo del vacante Yehude Simon.

Hoy, las mujeres de los programas sociales urbanos vienen empeñándose en aumentar su capacidad de incidencia política sobre los municipios, los gobiernos regionales, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Las movilizaciones han sido un factor de presión que ha abierto importantes espacios de diálogo, pero las mujeres suelen quedar fuera a la hora de las decisiones finales sobre el reparto del Presupuesto Público. Pero el fortalecimiento político de las mujeres no solo ocurre en las urbes. Las mujeres campesinas también han mostrado, ya en dos elecciones (2001 y 2006), que tienen los votos regionales para elegir representantes propias en el Congreso nacional. En el 2001 se eligió por primera vez a una dirigente campesina puneña, Paulina Arpasi, presidenta colegiada de la Confederación Campesina del Perú. Su

El saldo de sangre de este conflicto ha sido sumamente grave y doloroso, y en medio de la persecución y el exilio de los dirigentes, han emergido mujeres indígenas demostrando su liderazgo. Como otros movimientos, los indígenas han aprendido la lección de que no pueden vivir de espaldas al poder político y que para cambiarlo hay que ganar poder propio.

determinó que diversos partidos, como el fujimorismo y el Apra, intervinieran para dividir a las lideresas de los programas sociales mediante dirigencias paralelas que debilitan su capacidad de acción.

Otro caso, con sus propias peculiaridades, es el de las parlamentarias cocaleras, provenientes de un sector social que sufre una dura y constante represión, y cuya existencia es reflejo de la incapacidad del Estado de ofrecer alternativas. De otra parte, los últimos años han hecho extraordinariamente visible al movimiento indígena de la selva y sus mujeres, enfrentando la penetración implacable del capital depredador sobre sus tierras y sus entornos naturales. El llamado “Baguazo” ha simbolizado el enfrentamiento social más importante de la década en el que chocaron el modelo neoliberal, la ambición sobre los territorios comunales, la madera, el petróleo y los recursos del subsuelo, con la historia de los pueblos originarios que han forjado una forma de vida en armonía con la naturaleza.

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sola presencia era toda una novedad. En 2006 fueron elegidas dos dirigentes del movimiento campesino del Cusco, Hilaria Supa y María Sumire. El momento simbólico de inclusión pluricultural de este proceso se dio cuando ambas entraron al hemiciclo del Congreso vestidas con sus atuendos campesinos. El desafío, sin embargo, es mucho más profundo. La exigencia fundamental de estas representantes es la de ser tomadas en cuenta en las decisiones del poder sobre sus territorios y su entorno natural. El Perú está ganando enormemente en democracia al abrirse simultáneamente al mundo rural y a las mujeres que lo representan.

Demanda de una, demanda de todas

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En medio de la lucha por acabar con la dictadura, el fraude y la manipulación, al final de la década de los 90 y al llegar al decisivo año 2000, mujeres de distintas organizaciones se unieron apuntando a la transición, hacia la democracia, y se plantearon cómo podían unir sus demandas particulares. Así nació la idea de la Plataforma de las Mujeres de las organizaciones sociales, convergencia de muchas plataformas con propuestas diversas para armar un solo espíritu de lucha por el cambio.

Si se piensa en el movimiento peruano de mujeres se verá que en su interior están las trabajadoras de las fábricas y de la multitud de pequeños establecimientos de producción, comercio y servicios, las trabajadoras del hogar y las llamadas informales que se ganan la vida como pueden; las madres de los barrios populares que pelean contra la crisis y que ahora aspiran a una vida mejor; las integrantes de los comités de amas de casa mineras que habitan en los campamentos y que tienen su propio plan de exigencias ante las grandes empresas; las jornaleras de la agroindustria costera, las campesinas

serranas, las mujeres nativas, las cocaleras que forman el mundo de lo rural. Pero al lado de todas ellas están también las mujeres afectadas por la guerra interna, las discapacitadas, las jubiladas y en general las mujeres mayores, las lesbianas que ejercen su derecho a la libertad sexual, etc. ¿Cómo expresar a todas ellas? ¿Cómo recoger todo lo que tienen por decir? La Plataforma Nacional es una respuesta; es la posibilidad de que todas nos sintamos parte del gran movimiento de las mujeres peruanas como un instrumento de lucha y un mecanismo de identidad e incidencia. Con la experiencia de la Plataforma Nacional de Mujeres se alcanzó posteriormente un nuevo hito, que es el de haber podido integrar la perspectiva regional en la agenda de género. A través de una intensa movilización, sesiones de capacitación, encuentros territoriales y sectoriales, y talleres de trabajo, fuimos dando forma a un proyecto audaz: lograr que lo femenino se exprese a nivel regional y local. Más aun, muchas consejeras regionales, regidoras y autoridades municipales han empezado a comprarse la idea y están buscando la renovación y enriquecimiento de las plataformas con la visión de que una perspectiva de género en la política peruana partirá del interior del país y desde sus expresiones regionales y locales.

J “El número de hogares dirigidos por mujeres se incrementa en 3,9% cada año, mientras que el de hogares encabezados por hombres crece en 2%. Actualmente el 28,5% de los hogares peruanos tiene jefatura femenina, pero la tendencia es creciente”. J “La revolución de la participación política de las mujeres es un fenómeno en desarrollo y muy incompleto. En 2006 se llegó a una situación excepcional con un 28,3% de mujeres parlamentarias, pero meses después ninguna mujer alcanzó una presidencia regional y apenas un 1,5% de las alcaldías provinciales fueron ocupadas por mujeres”.

Derechos políticos y civiles. Por mayor poder para las mujeres, el Estado debe: 1. Obligarse a cumplir los principios de equidad y debida diligencia (atención, sanción y protección). Hacer respetar el derecho a la igualdad y no discriminación, contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Estado, la Constitución Política, la Ley de Igualdad de Oportunidades, el Código Penal y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Las leyes deben modificarse para incorporar la prohibición, la sanción y prevención de todo acto discriminatorio.

3. Implementar y financiar el Plan de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres 2007 – 2012, que contempla la ampliación en cobertura y calidad de los Centros de Emergencia Mujer (hoy insuficientes) y la creación de las casas de refugio en cumplimiento de las leyes 26260 y 26763 (Ley de protección frente a la violencia familiar y su modificación). 4. Cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Anular las modificaciones de la Ley 28592 y restituir el derecho de los familiares de las víctimas a programas integrales de reparación. Asegurar la participación de las víctimas de la violencia política con voz y voto en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y el Consejo de Reparaciones que debe garantizar programas de reparaciones individuales y colectivas, con enfoques, metodologías y presupuesto público adecuado para las víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. • Foto: Evan Abramson / Oxfam

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El Perú está ingresando a su calendario electoral. Este es un tiempo posible de cambios y de discusión abierta sobre lo que debería hacerse; y las mujeres tenemos un papel que jugar. Si los años anteriores hemos abierto espacios, esta es la ocasión de consolidarlos y darles contenido. Hay una agenda de innumerables retos, surgida de la experiencia y de la lucha de las mujeres, de sus debates democráticos. Todo esto se traduce en la siguiente plataforma:

listas. Por esta misma razón, no debe eliminarse el voto preferencial.

La perspectiva femenina es democrática, inclusiva, reconciliadora con la naturaleza, pacifista, solidaria y comunitaria, protectora del agua y del territorio y de otros recursos naturales valiosos que no deben mercantilizarse ni privatizarse. Aportar estas y otras dimensiones al debate puede transformarnos a todos. Hablamos de una sociedad posible donde haya lugar para todas las personas: un nuevo momento constituyente.

2. Garantizar el derecho a la participación política de las mujeres. La ley de cuotas de mujeres en las listas electorales debe mejorarse incorporando la obligación de la alternancia, y evitar así que la “cuota femenina” quede al final de las

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J “Que hoy el Perú tenga vicepresidenta, ministras, jefas de instituciones públicas, congresistas, juezas, fiscales, presidenta regional, alcaldesas y regidoras es un logro; pero de ningún modo es suficiente para alcanzar los objetivos trazados”. J “El momento simbólico de inclusión pluricultural de este proceso se dio cuando Hilaria Supa y María Sumire entraron al hemiciclo del Congreso vestidas con sus atuendos campesinos”.

Adecuar la legislación penal peruana al Estatuto de la Corte Penal Internacional que se encarga de juzgar los casos de genocidio y violaciones graves de derechos humanos. 5. Derogar, por inconstitucionales, los decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo documenten los casos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo los casos de violencia sexual. Derechos económicos, sociales y culturales. Por calidad de vida para todas (y todos) el Estado debe: • Modificar el sistema estadístico de manera que se incorporen las variables de género, familiares, étnicas, culturales, de orientación sexual, y podamos conocernos con mayor precisión. • Garantizar el derecho al trabajo y a condiciones laborales dignas, a través de la promulgación de una nueva Ley General del Trabajo, que promueva el empleo y lo proteja contra el despido arbitrario, mejore las remuneraciones y elimine los contratos sin derechos. Aprobar el proyecto de ley que reconoce el trabajo no remunerado que actualmente realizan las mujeres para los programas de apoyo alimentario y supervivencia.

• Dotar servicios básicos y sociales de calidad para toda la población, acceso a agua potable, electricidad, redes de comunicaciones, educación gratuita y sistema único de seguro de salud para todas las peruanas y peruanos. También ampliar la cobertura de cunas, guarderías, wawahuasis, así como de albergues para mujeres maltratadas o abandonadas, casas de refugio, centros de emergencia mujer y de atención para los niños, adultos mayores y personas en situación especial, en particular aquellos que sufren alguna discapacidad. • Garantizar los derechos pensionarios y el control de las AFP; la derogatoria de la Ley 28389, que congela los beneficios de la cédula viva. Respetar las convenciones y la Ley 28164 sobre las personas con discapacidad, el Convenio 183 y el Protocolo del Pacto de Derechos Económicos Sociales, las Recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el cumplimiento de las leyes 27803 y 29059 sobre la no reincorporación de trabajadores despedidos y despedidas. • Garantizar los derechos sexuales y reproductivos, facilitar el acceso a métodos de planificación familiar y protección contra enfermedades de

• Promover un currículo escolar con perspectiva intercultural y de género, que visibilice el aporte y la historia de las mujeres, los grupos étnicos andinos y amazónicos, y otros como los afrodescendientes que han sido invisibles. Derechos ambientales y de desarrollo. Por el progreso del Perú y de sus mujeres, el Estado debe: • Proteger y promover la producción nacional, especialmente la comunera, agropecuaria y de la micro y pequeña empresa, y su acceso al mercado interno. Garantizar los derechos de propiedad intelectual de las comunidades indígenas, amazónicas y afroperuanas. Incorporar a estas poblaciones en las decisiones sobre la explotación de recursos naturales en sus territorios mediante la realización de consultas.

• Frenar la concesión indiscriminada de denuncios mineros y autorizaciones de explotación, exigir el pago de regalías mineras para la reparación del ecosistema y el sostenimiento económico, con criterio redistributivo, y formular políticas sostenibles de protección y promoción del medio ambiente y recursos naturales. • Respetar y hacer respetar los derechos legales y consuetudinarios de las comunidades y pueblos indígenas. El reto que estamos asumiendo es el de una nación y una sociedad que aspiran claramente a un profundo cambio social y a una democracia con justicia de género. Sabemos que se deberá hacer un extraordinario acopio de inteligencia, voluntad y energía para que estos anhelos no vuelvan a contraponerse como ha ocurrido tantas veces en el pasado. Dependerá de las organizaciones, sus dirigentes y sus mujeres poner todo el esfuerzo y entrega.

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transmisión sexual (ETS), incluyendo los AOE (Anticonceptivo Oral de Emergencia) y la despenalización del aborto.

• Foto: Sebastián Castañeda

Construyendo desde la DIVERSIDAD El aporte de los pueblos indígenas al desarrollo del país • Foto: Chris Hufstader / Oxfam

Las sociedades indígenas de los Andes y la Amazonía han realizado importantes aportes mediante la domesticación de centenares de especies de flora y fauna de los que hoy se beneficia el mundo entero. Pese a ello se les quiere despojar de los territorios que han desarrollado y protegido de manera colectiva durante décadas. El Perú enfrenta el desafío de valorar este legado como un aporte a la construcción de un país intercultural.

A l ber to Ch ir if

Ahora coexisten las dos diversidades, pero los empeños desde el poder están dirigidos a desbaratar ambas. La biológica es destruida por una visión de corto plazo que prioriza la explotación minera que genera recursos que se quedan con las empresas y no pocas veces en los bolsillos de los gestores nacionales de las concesiones, y que no se ven reflejados en mejoras de la educación y la salud de la gente, en el crecimiento del empleo, en el desarrollo de normas de convivencia y en la creación de condiciones de gobernabilidad internas. Al mismo tiempo se intenta destruir la diversidad sociocultural, es decir, la energía creadora y organizativa de la población porque la defensa que hacen los pueblos indígenas del hábitat donde se encuentran los recursos ambicionados por el poder, los convierte en un lastre

Lamentablemente esta mirada volcada sobre los pueblos indígenas no ha sido consecuencia de un reconocimiento sobre su valor y aportes que, aunque tardío, hubiera sido de gran importancia para la formación de un país auténticamente democrático, en el que todas sus voces y todas sus sangres puedan concurrir a la construcción de una unidad fundada en la diversidad, que a fin de cuenta, en lo biológico y socio-cultural, es una característica central del Perú. Nos preciamos ahora de nuestro arte culinario, pero no es siempre claro el hecho de que éste no sería posible sin estas dos diversidades, que además se combinan y alimentan recíprocamente.

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os pueblos indígenas en el Perú han tenido una presencia inusitada en la escena política nacional durante los últimos años que se ha visto ampliamente reflejada en la prensa. ¿Por qué un sector social históricamente olvidado en el Perú, a veces incluso negado (“no hay indígenas”, “todos somos peruanos”, por allí algunos añadiendo eso de inga y mandinga de lo que todos tenemos, con voz que a veces parece sonar a orgullo, pero que diluye tanto los conceptos que termina negando a los ingas y mandingas concretos), ha aparecido de pronto como protagonista principal?

para las empresas y el gobierno. Además del amedrentamiento, estos actores se valen de su poder corruptor, comprando adhesiones y creando organizaciones que avalen sus “políticas de desarrollo” (así las llaman ahora) e intereses. Si bien hasta el momento se ha analizado en detalle la contaminación ambiental causada por las empresas mineras y por la negligencia del Estado, aún no se ha hecho lo mismo con la contaminación moral que generan. Es una tarea todavía pendiente.

Hubiera sido importante que esta mirada insistente sobre los indígenas fuese consecuencia del reconocimiento de la inteligencia de sus pueblos, algunos ya desaparecidos, que han desarrollado modelos de adaptación a condiciones geográficas y medioambientales difíciles para conseguir lo mejor de ellas en beneficio de la sociedad. Cultivar el desierto, aprovechar las laderas de los cerros mediante el sistema de andenes • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

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Aportes a la humanidad

o aprovechar las tierras de la altiplanicie puneña con el sistema de waru waru1 son logros de la inteligencia de sociedades que convirtieron en aliado lo que de otra manera es un ambiente hostil. Muchos se referirán a estas técnicas como rezagos del pasado, aun cuando en la moderna China se siguen construyendo andenes para cultivar laderas de cerros. Prestigiosos arqueólogos señalan que las antiguas civilizaciones indígenas asentadas en la costa cultivaban más tierras que hoy. El Dr. Walter Alva Alva, por ejemplo, ha sostenido en varias conferencias que los moches cultivaron extensiones hasta tres veces mayores que las actuales y con mayor conocimiento del medio (ver Cáceres 2001). ¿Qué ha aportado la llamada “modernidad” para superar las técnicas de la antigüedad, hoy calificadas de obsoletas, para hacer producir zonas agrestes y de difícil topografía? La lacónica respuesta es: nada. Simplemente esos espacios se encuentran abandonados y, lo que es una grave consecuencia, la gente a la que se le destruyó su sistema productivo y su relación con su medio social, tampoco ha recibido ningún aporte de la modernidad que le haya permitido reemplazar su sistema ancestral de producción por otro que le signifique un estado de bienestar por lo menos similar al que tenía. En el Perú, una concepción obtusa sobre el progreso ha hecho que el poder y eficacia de los instrumentos tecnológicos no se analicen en función de la finalidad que éstos deben lograr, sino que se los venere por pertenecer a una “modernidad” considerada a priori como superior. En este sentido, en las condiciones de ciertas zonas agrícolas de los Andes, de terrenos

Camellones levantados en zonas inundables para cultivar en su parte más elevada. El agua circundante eleva la temperatura de los cultivos y mitiga las heladas. Estudios realizados han determinado que la temperatura de los cultivos en estos camellones es de 1-2 grados respecto a los de las pampas.

Importante hubiera sido que la actual atención sobre los pueblos indígenas se centrara en sus descubrimientos y su legado al país y al mundo, como la domesticación de la papa, de la cual, señalan los especialistas, existen más de 3.000 variedades que no son fruto del acaso, de la “naturalidad” del medio, sino de la inteligencia y perseverancia de sociedades que las trabajaron y lograron. Pero la papa es sólo una de las cerca de 200 especies de flora y al menos cinco de fauna que hemos recibido como herencia del mundo indígena, no sólo de las sociedades “complejas”, como las andinas y costeñas, con desarrollo urbano, especialistas y estructuras estatales, sino también de las “simples”, como las amazónicas. Éstas también domesticaron una amplia variedad de cultivos, la yuca entre los principales, de la cual existen numerosas especies y variedades. El etnobotánico estadounidense Brent Berlin se refiere precisamente al conocimiento sobre las plantas de los awajún y a la

sistematización de éste para hacerlo transmisible y benéfico a la sociedad. Califica de “notable” el conocimiento de este pueblo para establecer pares de plantas, una cultivada y su correlato silvestre, “…pues requiere de una astuta y verdadera observación botánica que en el mundo occidental solamente es posible obtenerla con un entrenamiento formal” (Berlin 1979: 18). El asombro que nos causan notables conocimientos de estas sociedades “simples” se refuerza con otros conocimientos, sencillos en su aplicación pero muy complejos en su descubrimiento, porque no se ha llegado a ellos como consecuencia del azar, sino del seguimiento de caminos del saber que aún están por dilucidar. Es el caso de la llamada “yuca brava” o “yuca amarga” (Manihot utilissima), mortalmente venenosa en estado natural, dado su alto contenido de ácido prúsico o cianhídrico, pero que procesada en el Perú por los boras, huitotos, ocainas y secoyas (y otras sociedades indígenas de otras latitudes), se convierte en apta para el consumo, con ventajas comparativas frente a la llamada “yuca dulce” (la no venenosa), por su mayor contenido de almidón y constituir un producto almacenable. Es la inteligencia de esas sociedades lo que ha hecho que opuestos tan marcados, como veneno y alimento, como muerte y

escarpados y de pequeña extensión, es absurdo descalificar el uso de bueyes para arar la tierra e incluso de la chaquitaclla calificándolos como medios que pertenecen a un pasado remoto. Deberían, en cambio, ser considerados como los más modernos permitidos para ese ambiente.

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• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

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vida, sean superadas para el logro de un producto al servicio de la sociedad.

Como éstos podríamos mencionar muchos otros conocimientos notables, como el caso del curare, usado por los pueblos indígenas exclusivamente para la caza, elaborado a partir de plantas de los géneros Strychnos y Chondrodendrom, que mata por relajamiento muscular y por tanto no contamina la carne del animal. Lo asombroso es cómo se ha llegado a encontrar las plantas necesarias para ser combinadas con la finalidad de producir un veneno de este tipo, que ha sido utilizado como anestésico por la moderna cirugía, en un medio en el que existen unas 750.000 plantas superiores (las que tienen flores) y alrededor de 1.4 millón si consideramos también las otras. (Ver Narby 1997: 154.)

Las luchas de los pueblos indígenas Importante hubiera sido que la presencia de los pueblos indígenas en la prensa sirviera

para destacar éxitos y logros modernos para ellos y para el país. Por ejemplo, que se hubiera destacado el papel jugado por los ashánincas en la pacificación de la selva central durante la década de 1990. Que se rindiese homenaje a quienes, después del secuestro y desaparición del presidente de la federación asháninca del río Pichis, don Alejandro Calderón, en 1989, a manos del MRTA que justificó su acción con el argumento de un ajuste de cuentas por la supuesta responsabilidad de este líder en la captura y entrega a la policía, 24 años antes, de Máximo Velando, comandante de una columna guerrillera, combatieron este movimiento en dicha cuenca y luego a SL en la zona de Satipo y los ríos Ene y Tambo. Igualmente hubiera sido importante que las noticias de la prensa destacaran el valioso aporte de los achuares del río Corrientes para la conservación y buen uso del patrimonio natural de la Nación y la recuperación de su salud y condiciones de bienestar. En 2006, luego de arduas protestas, ellos consiguieron la reinyección al subsuelo de las “aguas de formación” • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

y con los remanentes de la subversión. En el caso de los achuares, el ministro de Energía y Minas otorgó los créditos de la reinyección a quienes se habían opuesto tenazmente a esta medida. Alegaba el gobierno que el problema no existía y que los indígenas estaban manipulados por fuerzas externas. En una entrevista periodística, luego de calificar a la reinyección como “un paso trascendental en la preservación y la protección del medio ambiente [que] marca un hito en el manejo ambiental hidrocarburífero del Perú”, el ministro Pedro Sánchez afirmó que ésta “es el resultado del esfuerzo conjunto entre la empresa privada y el Estado” (La Región, 28/0/2009, versión digital). Los achuares, que lucharon arduamente en 2006 por lograr esta meta, incluso a riesgo de ser reprimidos violentamente, fueron una vez más expropiados, ya no de los recursos de su hábitat, sino también de un mérito como éste que, como dijimos, redunda en beneficio de la conservación del patrimonio natural del país.

producidas por la extracción de petróleo2. Bueno hubiera sido que sucedieran ambas cosas. Sin embargo, el resultado, en un caso, y el manejo de la información, en el otro, han seguido caminos torvos, difíciles de predecir para quien hubiera mirado los sucesos con mente sana. En el caso de los ashánincas desplazados de sus tierras jamás se ha escuchado una palabra de reconocimiento del Estado a su valerosa participación en el proceso de recuperación de cautivos y pacificación de la zona. Peor incluso, las tierras tituladas que las comunidades de la cuenca del Ene debieron abandonar por las condiciones de violencia impuestas, fueron luego destinadas por el Estado para desarrollar un programa de reasentamiento (PAR), pero no con los propios dueños de ellas, los ashánincas, sino con colonos traídos de fuera. Al mismo tiempo, en la zona de Satipo y Pangoa la titulación de comunidades fue paralizada para dar paso a concesiones forestales de empresas que ahora hacen “acuerdos de protección” con grupos de narcotraficantes

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J “La mirada sobre los pueblos indígenas no ha sido consecuencia de un reconocimiento oficial sobre su valor y aportes. Aunque tardío, esto hubiera sido de gran importancia para la formación de un país auténticamente democrático”. J “Nos preciamos de nuestro arte culinario, pero no siempre reconocemos que esto no sería posible sin la diversidad en lo biológico y socio-cultural, que se combinan y alimentan recíprocamente”.

El pueblo achuar sufre la contaminación ambiental en sus territorios desde la década de 1970, cuando la empresa estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) comenzó a explotar petróleo. A partir de 1996, la compañía de capitales argentinos PlusPetrol Norte opera en las cuencas altas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, y desde 2000 ha extendido su área de intervención. Este pueblo está ubicado en la región de Loreto, en el nordeste del país, y cuenta con 31 comunidades que agrupan a 8.000 habitantes, de los cuales entre 3.000 y 4.000 son víctimas directas de la explotación petrolera, según la organización no gubernamental Racimos de Ungurahui.

La “ley de tierras” Nº 265053 inauguró en 1995 una nueva modalidad de agresión contra los pueblos indígenas. Si hasta ese momento los esfuerzos del Estado habían estado dirigidos a debilitar las garantías que la Constitución reconocía a las tierras de las comunidades indígenas4 (el carácter inembargable e inalienable de ellas fue eliminado de la Constitución de 1993, que sólo mantuvo el de imprescriptible), desde entonces buscó, sin miramiento alguno, la definitiva cancelación de la comunidad misma, con la lógica de que eliminando el sujeto prescriben sus derechos. El objetivo de esa ley era cambiar la condición jurídica de las comunidades, convirtiéndolas en sociedades de personas. Producido el cambio, la ley alienta medidas para que ellas fraccionen, alquilen, hipotequen y vendan sus tierras. Este proceso estuvo orientado inicialmente a la parcelación y venta de las tierras de comunidades costeñas, en especial, de las de Piura, donde se redujo al mínimo los requisitos para el cambio de personería jurídica (apenas el voto favorable del 50% de los asistentes a la asamblea comunal). Los resultados para las empresas fueron inmejorables, ya que lograron por poco dinero concentrar tierras fértiles y con infraestructura de riego. Desde entonces, para el Estado quedó pendiente la ejecución de una faena similar en las regiones andina y amazónica.

Ésta fue anunciada por el actual gobierno mediante los artículos que el presidente Alan García encabezó con el refrán español del “perro del hortelano”, adjetivo en el que él englobó a comuneros de todo el país e incluso a colonos (a pesar de que la mayoría de ellos habían sido asentados en la región amazónica por programas oficiales), que teniendo tierras, según él, no las hacen producir ni permiten que otros lo hagan. Como el cambio de personería jurídica ya había sido establecido en la ley de 1995, los decretos aprobados por este gobierno en 2007 y 2008 para la supuesta implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos5 se orientaron a potenciar los efectos de esa medida y ampliarlos. En este sentido plantearon la reducción del quórum de dos tercios a la mitad para disolver comunidades o acordar su parcelación; el reconocimiento de derechos a invasores con cuatro años de antigüedad; y la posibilidad de crear distintas figuras jurídicas dentro de la comunidad, lo que tenía por objetivo quebrantar la unidad social interna. Estas normas violaban la autonomía comunal y atropellaban la garantía de imprescriptibilidad de su propiedad, ambos derechos reconocidos por la Constitución (ver Art. 89º). Los decretos pasaban igualmente por encima del derecho de consulta previa, libre e informada para la suscripción de contratos petroleros y mineros en lotes ubicados en territorios comunales; y declaraban de

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La agresión (i)legal contra los indígenas

“Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas” promulgada el 17 de julio de 1995. 4 Aunque la legislación peruana reconoce a las comunidades campesinas y nativas como sujetos de derecho, la ratificación del Perú del Convenio 169 de la OIT recupera el concepto de indígena y además proyecta sus derechos al sujeto “pueblo”. 5 El Ejecutivo promulgó un centenar de decretos legislativos debido a las facultades legislativas que le otorgó el Parlamento para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por lo menos diez de los decretos afectaban los derechos de las comunidades indígenas y tampoco fueron consultados previamente. 3

• Foto: Sebastián Castañeda

Naciones Unidas, entre los principales documentos, pero también pasaban por encima de otras leyes nacionales y de acuerdos internacionales. Lo extraño e incluso patológico de los procesos impulsado desde 1995 y 2007 por los presidentes Alberto Fujimori y Alan García en contra de los pueblos indígenas, es que fueron puestos en marcha luego de que el Estado reconociera los dos documentos internacionales más importantes sobre los derechos indígenas: el Convenio 169 ratificado en 1993 y vigente desde el año siguiente; y la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sancionada por la asamblea general de la ONU, en 2007. La aprobación de este último instrumento sólo fue posible luego de un arduo trabajo de un año liderado por el embajador peruano ante la ONU para lograr la adhesión de países que se oponían a ella. ¿Patología, cinismo, ignorancia? Tal vez un poco de todo, porque es amplio el récord de incumplimiento de compromisos de Perú, que ha suscrito casi todos los tratados internacionales.

propiedad pública todas las tierras eriazas no tituladas, aunque ellas estuviesen poseídas y fuesen pretendidas por comunidades indígenas u otros pobladores locales. De esta manera, los decretos transgredían derechos considerados en la Constitución, en las leyes de comunidades nativas y campesinas, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Declaración de

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J “Cultivar el desierto, aprovechar las laderas de los cerros mediante el sistema de andenes o aprovechar las tierras de la altiplanicie puneña son logros de la inteligencia de sociedades indígenas que convirtieron en aliado a un ambiente hostil”. J “Lo extraño y patológico de los procesos impulsados por los presidentes Fujimori y García en contra de los pueblos indígenas, es que fueron puestos en marcha luego de que el Estado reconociera los dos documentos internacionales más importantes sobre sus derechos”.

En todo este proceso la violencia ha sido generada por el Estado que ha pisoteado derechos adquiridos por las comunidades y los pueblos indígenas. Su arrogancia lo ha llevado además a pensar que la población no reaccionaría ante la imposición de decisiones como lo hacían los patrones

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de otros tiempos, sin considerar que las condiciones han cambiado y que la población, aunque el Estado no haya difundido sus derechos reconocidos por ley ni menos incluso la haya capacitado para su ejercicio, ha aprendido a defenderlos. De allí su afán de recurrir a débiles argumentos, como el de la manipulación externa. El comportamiento del Estado ha sido tramposo al intentar la aprobación de decretos anteriormente rechazados cambiándoles de números y nombres. El mejor ejemplo de esto deriva de la lectura del discurso de la Dra. Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, ante el Congreso el 19 de enero de 2010: “Cabe mencionar, al respecto, que el Proyecto de Ley N° 1992– 2007–PR, que había sido cuestionado por las organizaciones indígenas y desaprobado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Medio Ambiente y Ecología, contenía el mismo texto que el Decreto Legislativo N° 1015”. (Negritas del original.) La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por este organismo contra varios de los decretos ratifica lo dicho. Los sucesos de Bagua en junio de 2009 representan la cúspide de la violencia del Estado y de su ignorancia acerca de la realidad. Con esto no pretendemos liberar de responsabilidades a los indígenas por las muertes en la denominada “Curva del Diablo” y la Estación 6 de PetroPerú. No obstante, consideramos que fue el Estado el que generó las condiciones de violencia al poner la mecha y la pólvora y activar los

detonantes. Un documentado artículo de Ricardo Uceda en la revista Poder sobre la responsabilidad de altos funcionarios en el conflicto6 evidencia que las autoridades no asumieron su compromiso a pesar de haber sido responsables de impulsar las políticas generadoras de las protestas y de haber estado a cargo de las instituciones que reprimieron a los manifestantes. Estos altos funcionarios evadieron sus obligaciones, carecieron de coraje para enfrentar las consecuencias de su acción y mintieron tratando de justificarse políticamente al afirmar, por ejemplo, que “la derogatoria de la ley forestal7 pondría en riesgo el TLC con Estados Unidos”.

Aportes para recordar El intento de destruir a las comunidades no puede ser sino calificado como un propósito perverso en beneficio del mayor lucro de los amigos del poder; y el pretexto de que la privatización de las tierras tiene por finalidad sacar a la gente de la pobreza, no es más que una desaforada mentira. Por cierto, sería igualmente engañoso señalar que ellas son centros de prosperidad y riqueza. Sí sostenemos, en cambio, que constituyen organizaciones sociales fundamentales para el manejo de recursos que no pueden ser gestionados de manera individual, como los bosques, la fauna y los cuerpos de agua, de tanta importancia en la economía de las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En efecto, las aguas juegan un papel fundamental para la reproducción de la flora y de la fauna, la reposición de nutrientes de los suelos,

Artículo “Los imperdonables” publicado en la edición 360 de la revista Poder, el 15 de febrero de 2010. http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3620&pag=4#ixzz0h9nyWEdx 7 En el paquete de los cien decretos para implementar el TLC con Estados Unidos, se aprobó el D.L 1090 que modificaba la ley forestal, daba en propiedad territorio de comunidades y ponía en riesgo el 60% de los bosques primarios de la Amazonía. El decreto fue derogado luego de las protestas de Bagua en junio de 2009. En la actualidad se elabora una nueva ley forestal. 6

No creo que un gobierno como el actual escuche recomendaciones, y no por prejuicio, sino por lo que ha demostrado después de la violencia de junio de 2009, con el informe de Bagua parcializado8, con nuevos contratos inconsultos a empresas mineras y petroleras y con proyectos de leyes que continúan en la línea del desprecio a los derechos indígenas, como el que pretende normar el desplazamiento de la población asentada en zonas de “proyectos de interés nacional” para facilitar la inversión privada. No obstante, son tan buenas y concretas las recomendaciones con las que la Defensora del Pueblo terminó su discurso ante el Congreso, en enero pasado, que vale la pena recordarlas: respetar el derecho de consulta reconocido por el Convenio 169 y la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, consolidar dentro del Estado un espacio de institucionalidad que vele por los derechos indígenas, desarrollar el diálogo intercultural y trabajar para construir un Estado inclusivo y sin discriminación a

En un momento histórico en que temas como el calentamiento global y los callejones sin salida del actual modelo de desarrollo han ganado tanta presencia en la escena mundial, ha llegado el momento de mirar con seriedad el legado de las sociedades indígenas, para aprender las lecciones que permitan reorientar el presente y el futuro.

Referencias Berlin, Brent 1979 “Bases empíricas de la Cosmología Aguaruna”. En Chirif, Alberto (ed.). Sociedad y Ecología. CIPA. Lima. Cáceres, Pedro 2001 Los saqueadores de tumbas. http://www.elmundo.es/ especiales/2001/06/sociedad/rutaquetzal/ cronica8julio.html Narby, Jeremy 1997 La Serpiente Cósmica. El ADN y los orígenes del saber. Takiwasi – Racimos de Ungurahui. Lima.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

El uso de suelos marginales, despreciados por el gran capital pero valiosos para economías de pequeña escala, es otro de los aportes de las comunidades. Y lo es también su potencial organizativo para complementar, aunque con frecuencia para reemplazar, servicios que el Estado no da o lo hace de manera insuficiente, como la atención a la salud, a través de promotores que cumplen destacada labor y casi siempre ad-honorem.

los pueblos indígenas. Son tareas de largo aliento para construir un país que respete la riqueza de su diversidad y apueste por las fortalezas de su gente.

y en el control de plagas y malas hierbas, además del transporte y el turismo.

El Ejecutivo conformó una comisión investigadora sobre los sucesos de Bagua con la participación de representantes del gobierno y los indígenas. Como resultado, se dio a conocer, en enero de 2010, un informe que según los nativos no recoge sus versiones de manera equilibrada ya que los responsabiliza de los hechos de violencia y exculpa a las fuerzas represivas.

• Foto: Sebastián Castañeda

Cada vez más LEJOS del Sur El Perú juega su propio partido de apertura comercial de espaldas a la integración con sus vecinos de la región

El país ha encontrado en los Tratados de Libre Comercio (TLC) su mejor fórmula para relacionarse con el mundo globalizado, dejando de lado las dimensiones sociales, políticas y culturales. En su apuesta ya ha firmado seis acuerdos comerciales, de los cuales solo uno lo vincula con un país de la región y el resto con países desarrollados y la emergente China en condiciones asimétricas. El Perú se aleja cada vez más de la integración con América del Sur. ¿Es posible revertir esta tendencia?

Pero como el paradigma de globalización se ha impuesto al de regionalismo en este esquema de integración que ejecutan nuestras autoridades y funcionarios públicos, la búsqueda de mercados ha sido dirigida, en su mayoría, a economías desarrolladas o consideradas grandes. Por ejemplo, el Perú ha firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, Canadá, Singapur, Tailandia, Chile y China. De seis países, solo uno pertenece a la región. Asimismo, las negociaciones del acuerdo de comercio con la Unión Europea ya culminaron y se desarrollan otras con Japón y Corea, sin contar que está en proyecto un TLC con los países del Foro Económico Asia Pacífico y con la India. Al dar ventajas arancelarias a países extra regionales, el Perú ha puesto grandes obstáculos para el entendimiento de un área comercial común entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Estos espacios de integración regional podrían dar una base importante, no solo de integración comercial, sino financiera, social y laboral a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el mecanismo supranacional más reciente de integración que hay en la región, y que en su primera etapa se caracteriza por ser un foro político.

ace años que en el Perú la política de integración se ha concentrado en su dimensión comercial. En la práctica se ha abierto mercados para la exportación mediante tratados bilaterales, que además protegen inversiones y abren una serie de sectores adicionales de la economía peruana (como los servicios financieros y no financieros1).

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Ca r lo s Be doy a

Mayor control de las variables económicas en el sentido de no depender en gran medida de la expansión o reducción de los mercados foráneos (demanda externa) como motor del desarrollo.

La integración meramente comercial por la que apuesta el Perú, el rol que juega en América del Sur y el impacto que genera en la población, deben ser vistos en un contexto de crisis global. Varios países de la Unión Europea tienen altos déficits externos e internos (Grecia, Portugal, España, Italia e Irlanda), mientras que Estados Unidos presenta problemas de empleo, deuda pública en niveles casi insostenibles, tasas de interés casi en cero y un déficit fiscal que casi alcanza 12 puntos de su producto bruto.

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Por su parte, Asia y varios países de América Latina (que de acuerdo al economista Óscar Ugarteche han tenido más bien una desaceleración que una crisis) deben

lidiar con la apreciación de sus monedas frente al dólar, que en muchos casos tiene un componente especulativo y conlleva a problemas de competitividad. Y esto, a pesar de que estos países han optado por centrarse en su mercado interno y no apostar todo a la demanda externa, lo cual resulta positivo porque permite mayor control de las variables económicas2. En este escenario, el Perú no solo no ha revisado su esquema de integración comercial, sino que sigue promoviendo la suscripción de TLC. Y todo eso, a pesar de que la crisis global en 2008 y principios de 2009 nos mostró las vulnerabilidades y la fragilidad de depender de la demanda de los mercados internacionales.

Enfoque de la política económica peruana y su relación con el libre comercio Podemos afirmar que en el Perú la política económica se ha reducido a mantener equilibrios fiscales, incluso generando superávits primarios los últimos años (la excepción a la tendencia ha sido 2009 producto de la crisis global) para pagar puntualmente la deuda pública3; la suscripción de TLC y la promoción de inversiones, especialmente en industrias extractivas. En el caso del Perú, a diferencia de otros países de América Latina, no hay una apuesta por la manufactura y mucho menos por la promoción del mercado interno, que pasa necesariamente por una mejora en los ingresos y que no se ha visto en el país. En el Perú los salarios públicos y privados representan más o menos un tercio –en términos reales– de lo que eran en 1973, como lo ha recordado el analista Humberto Campodónico. El salario mínimo alcanza los 189 dólares mensuales, mientras que en Chile llega a 307 dólares, en Argentina a 390, y en Brasil a 286. Solo estamos por encima de Bolivia, donde la remuneración mínima alcanza 92 dólares, pero hay sistemas de protección social para los adultos mayores y otros grupos vulnerables.

Al tener una economía de base primario exportadora, nuestros principales productos como el cobre, el zinc, el plomo, entre otros, no requieren de preferencias arancelarias para seguir entrando con facilidad a China, EEUU y la Unión Europea. Por eso una de las principales ideas fuerza para firmar los TLC ha sido que nuestros productos no tradicionales como los agroindustriales de exportación, textiles o artesanías puedan ganar mercados y con ello generar empleo. En síntesis una apuesta total por la demanda externa como motor del desarrollo.

Es importante precisar que cuando hablamos aquí de niveles de pobreza, nos referimos a la pobreza monetaria, es decir, aquella que se mide estimando el valor en dinero de una canasta mínima de bienes y servicios. Más adelante explicaremos en detalle en qué consiste esta metodología y sus limitaciones. 3 Para citar un ejemplo: en 2007 hemos pagado casi 22 mil millones de soles en deuda pública. Dato que puede ser corroborado en el Marco Macroeconómico Multianual más reciente. 2

Julio Gamero, ex viceministro de Trabajo, ha señalado que a un año del TLC con EEUU tenemos la cifra más baja de convenios colectivos, a pesar de que el Perú se comprometió a promover los derechos fundamentales en el trabajo, donde la libertad sindical atada a la negociación colectiva ocupa un lugar primordial. En el sector agro exportador, uno de los más beneficiados con el Tratado y que abarca más de mil empresas, apenas cuenta con cinco sindicatos4. Las negociaciones colectivas han decrecido considerablemente, de 434 en 2007 a 233

Queda claro entonces que el TLC con EEUU por sí mismo no ha garantizado un avance en derechos fundamentales en el Perú, a pesar de los compromisos contraídos. Esto evidencia falta de voluntad política y que para pasar del empleo precario al trabajo decente no basta un acuerdo comercial. Sobre el TLC con China, el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias y varias asociaciones de confeccionistas de Gamarra han advertido de la actitud irresponsable del gobierno por haber reconocido a China como economía de mercado para firmar a cambio el Tratado, renunciando a mecanismos efectivos de protección de los sectores manufactureros nacionales. Hay prendas de vestir chinas que entran hasta en diez centavos de dólar, con arancel y todo. Esto, que al parecer se reduce a un caso de subvaluación, forma parte de la política pública china. Mientras nuestra política se centra solo en abrir mercados, la política china apunta a conseguir recursos naturales para respaldar su crecimiento económico. Nos mira como una despensa y ha conseguido muchos beneficios en el trato a sus inversionistas, concentrados especialmente en minería, como se observa con los proyectos Toromocho en Junín con la empresa Chinalco y Río Blanco en la sierra de Piura con la estatal Zijin. Sin embargo, las inversiones peruanas en el

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

A un año de la entrada en vigencia del TLC con EEUU la pregunta es si estamos vendiendo más que antes, y si es que se ha generado más empleo. Este es, sin duda, un argumento controvertido porque muchos dirán que no podemos medir aún en esos términos, ya que este último año ha sido de crisis mundial y que además se trata de un proceso muy complejo que requiere más tiempo. Pero por lo menos debemos reconocer que la sola firma de un TLC con cualquier país del mundo no garantiza mayores exportaciones ni mayor empleo. Hay otros factores a tomar en cuenta, como la estabilidad económica mundial y la capacidad de los exportadores peruanos de sobrepasar las barreras no arancelarias (certificaciones fitosanitarias o de otra índole, acceso a tecnología, infraestructura adecuada, cadenas de frío, transporte, calificación laboral, etc.) que entran a tallar especialmente cuando no hay paridad entre las economías contratantes en un acuerdo comercial. Sin duda, hay una diferencia sustancial entre un proceso de integración y la suscripción de un TLC.

en 2009, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. El PBI per cápita creció 143% respecto de 2000, pero las remuneraciones casi no variaron en ese mismo periodo. Las inspecciones de salud y seguridad en el trabajo se han reducido y el trabajo infantil en el país se encuentra entre los primeros lugares de la región.

Con un TLC no basta

La actividad agroindustrial es intensiva en mano de obra y el requisito formal para constituir un sindicato es que la empresa tenga 20 trabajadores como mínimo.

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sector minero chino no son permitidas. Es decir, estamos entregando nuestro sector manufacturero (concentrado en medianas y perqueñas empresas, Mypes) a cambio de inversión en minería, lo que solo nos reduce a seguir siendo una economía primario exportadora. Pero la imagen de una gran oportunidad económica que proyecta la firma de un TLC en la opinión pública, parece pesar mucho más que la capacidad real de aprovechamiento por parte de nuestros productores y más aun que los efectos negativos que pueda tener para la industria local. Incluso pesa más que lo que estamos dispuestos a ceder a cambio de la aparente apertura de puertas de los grandes mercados mundiales para el Perú. En conclusión, el Perú prioriza la asociación con países de mayor desarrollo vía TLC que incluyen aspectos de intercambio comercial y protección de inversiones. El primer año de vigencia del TLC con Estados Unidos coincide con el inicio de una crisis en ese país que reduce las expectativas sobre las que se basó este acuerdo. Pero lo más importante es que estos tratados que está firmando el Perú con países extra regionales constituyen marcos legales sumamente rígidos que lo apartan de lo que es un proceso de integración y que hacen difícil, por ejemplo, que el Mercosur tenga un área de comercio con nuestro país (incluso en el marco de la CAN), pues nuestros aranceles ahora son más bajos que el arancel común de este bloque.

Integración y libre comercio Según el investigador Eduardo Gudynas, la integración como vínculo entre naciones se debe entender como un proceso de negociación continua que cada vez permite incorporar dimensiones, corregir defectos

y explorar nuevas áreas de asociación. Por el contrario, los TLC son estáticos; el pacto al que se llega es la meta final y a partir de allí se crea un marco de referencia de largo plazo. Si bien el proceso de integración pone énfasis en el comercio de bienes y servicios y promueve la constitución de área de libre comercio, su mecanismo más eficaz no es un TLC sino la supranacionalidad. En la agenda comercial de un proceso de integración, • Foto: Alexis Huaccho el área de libre comercio es solo un paso que abre terreno para más compromisos de orden político, financieros y económicos. En ese sentido, en el Perú la supranacionalidad y la integración comercial están divorciadas, pues mientras participamos de la Comunidad Andina de Naciones, somos socios del Mercosur y miembros de la UNASUR; también firmamos una serie de TLC sin tomar en cuenta nuestra área natural de integración como país andino. Actualmente, siete países de Sudamérica están construyendo una nueva arquitectura financiera regional. Brasil, Venezuela, • Foto: Sebastián Castañeda

de Desarrollo (Banco del Sur), una unidad de cuentas para el intercambio comercial a fin de protegerse de las distorsiones del dólar, y un fondo de estabilización Mientras estos países monetaria5. desarrollan una estrategia de defensa para enfrentar la mundialización de la economía (regionalización defensiva)6, el Perú tiene como eje de su política el enfoque de globalización económica. Esta es la gran diferencia que nos aleja de la integración regional.

Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay han mostrado por escrito la voluntad política de construir un Banco

El Mercosur depende del entendimiento político y económico entre Brasil y Argentina. Cabe mencionar que estos dos países tuvieron la iniciativa hace algunos años de realizar su intercambio

J “Al dar ventajas arancelarias a países extra regionales, el Perú ha puesto grandes obstáculos para el entendimiento de un área comercial común entre la CAN y el Mercosur”. J “En la agenda comercial de un proceso de integración, el área de libre comercio es solo un paso que abre terreno para más compromisos de orden político, financieros y económicos. En ese sentido, en el Perú la supranacionalidad y la integración comercial están divorciadas”. J “La integración meramente comercial por la que apuesta el Perú, el rol que juega en América del Sur y el impacto que genera en la población, deben ser vistos en un contexto de crisis global”.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Los sub bloques regionales

El Banco del Sur, además de contar con acta fundacional, cuenta con el convenio constitutivo y solo falta ser aprobado por los congresos nacionales de los países miembros. Sin embargo, la dinámica de la crisis y el respaldo del G20 a las instituciones financieras multilaterales existentes para financiar las salidas a la crisis, ha hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) se fortalezcan y recapitalicen. Un ejemplo de regionalización defensiva es la creación del Mercosur.

comercial usando un sistema de pagos en moneda local7 en lugar del dólar, lo que fue uno de los antecedentes regionales para la creación del SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional) como mecanismo (aún inicial) para el intercambio comercial en el bloque del ALBA, integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

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Ni Argentina ni Brasil han podido prescindir del mercado del otro, a pesar de que la afinidad entre sus gobiernos ha sido variable. El tercero en la mesa no ha sido

Por su parte, los países andinos también han experimentado problemas, pero con la diferencia que las negociaciones del TLC con Estados Unidos constituyen la destrucción de la comunidad creada a fines de los 60 y que tuvo instantes en los que pareció tener un rol en el desarrollo común. Hubo cambios en la normativa comunitaria para adecuar el TLC suscrito por Perú con EEUU (en el caso de propiedad

J “El TLC con EEUU por sí mismo no ha garantizado un avance en derechos fundamentales en el Perú, a pesar de los compromisos contraídos. Esto evidencia falta de voluntad política y que para pasar del empleo precario al trabajo decente no basta un acuerdo comercial”. J “A un año del TLC con EEUU tenemos la cifra más baja de convenios colectivos, a pesar de que el Perú se comprometió a promover los derechos fundamentales en el trabajo, donde la libertad sindical atada a la negociación colectiva ocupa un lugar primordial”.

ni Uruguay ni Paraguay, economías más pequeñas y por tanto socios menores del Mercosur, sino Venezuela, que se alejó de la Comunidad Andina al ver a Colombia y Perú iniciar una carrera de negociaciones de TLC a principios de la década, y que por su importancia política y económica es otro socio grande de Argentina y Brasil. Claro que esta alianza inicial, que mostraba un potencial muy grande, ha perdido vuelo, especialmente por las coyunturas electorales que se avecinan en estos tres

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países, sobre todo en Argentina. Pese a ello el Mercosur sigue siendo un mecanismo fuerte de integración.

intelectual). Pero si esto ya era bastante, el TLC propuesto por Europa para toda la CAN ha traído más desacuerdos y solo dos de los cuatro países miembros están dispuestos a firmarlo, lo que confirma que la CAN ha perdido toda capacidad para su relación con el mundo, a pesar de ser un espacio físico, social y económico más o menos homogéneo. Es que es en la CAN donde se expresan de manera más dramática las visiones

Aún por completar su proceso de incorporación plena al Mercosur. El sistema de pagos en moneda local es uno de los mecanismos que pueden ser considerados como precursores en un nueva arquitectura financiera y comercial regional, y consiste en que las operaciones comerciales de bienes y servicios entre Brasil y Argentina son pagadas o cobradas en reales y pesos respectivamente. Para ello, se realiza una compensación derivada de las tasas de referencia de los bancos centrales argentino y brasileño, lo que da una tasa de cambio para las operaciones comerciales.

La integración en América Latina El surgimiento de iniciativas como ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), SELA (Sistema económico Latinoamericano y del Caribe), CAN (Comunidad Andina de Naciones), el Mercado Común del Sur (Mercosur), Mercado Común de Centroamérica y otras, expresan una preocupación en América Latina por la integración regional en el largo plazo. Y si en un inicio la integración logró relevancia, decayó después con los cambios políticos y la crisis de la deuda a inicios de los ochenta. Igualmente, estos esfuerzos fueron amenazados por la propuesta de EEUU del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en la década del 90, aunque de ese mismo período se firmó el acuerdo para formar el Mercosur, que bien se puede entender como un bloque de dos, de Argentina y Brasil, para tener una mayor capacidad de negociación con Estados Unidos. En 2000, la integración volvió al discurso oficial, como negación del hegemonismo del Norte y como expresión del surgimiento de las corrientes bolivarianas y latinoamericanistas que han estado en el centro de los acontecimientos en los últimos años. Ha surgido el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) que ya tiene avances en intercambio comercial, además de las áreas de cooperación y política entre sus miembros. Pero sin duda, el final de esta década, muestra resistencias y presiones de división. La perspectiva bajo esta lógica no es buena. Tal vez si el proceso fuera más social y menos político en el sentido de confrontaciones ideológicas, la integración volvería a ser un imperativo del desarrollo y la convivencia de los pueblos. De otra manera va a ser nada más que el terreno de una pelea que se va a dirimir de acuerdo a los procesos electorales de los siguientes años.

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La idea con la que se firmó el Acuerdo de Cartagena (origen de la CAN) fue que

ante la desventaja que tenían los países andinos por el tamaño de sus mercados y el nivel de consumo, era necesario reducir sus fronteras comerciales y generar mercados más amplios entre ellos, pasando de la competitividad nacional a la regional, pero con elementos políticos, sociales y culturales adicionales. Por ello el sistema de integración andino cuenta con el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la CAN, la Secretaría General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, un consejo consultivo empresarial y otro laboral, la Corporación Andina de Fomento, un fondo de reservas, entre otros órganos de institucionalidad comunitaria.

en disputa sobre el desarrollo. Mientras Uruguay, Venezuela8, Brasil, Argentina y Paraguay tienen gobiernos de centro izquierda e izquierda, que pese a sus diferencias en los esquemas económicos y sociales, tienen una mirada más o menos común de lo que significa tener un Mercosur en el mundo global; en la CAN, Perú y Colombia van por un lado totalmente opuesto que Ecuador y Bolivia, no por gusto estos últimos han acudido a los países del Mercosur para formar una integración financiera en el marco de una arquitectura regional.

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En su momento fundacional, todos los integrantes apostaban por la industrialización. Desde entonces hasta la fecha cambió esta perspectiva, pasando por los años noventa en que todos abrazaban el orden neoliberal hasta la actualidad, en que solo Bolivia y Ecuador muestran una perspectiva desarrollista e industrializadora.

• Foto: David Stubbs / Oxfam

La lógica de complementariedad de actividades, la reducción de la dependencia (negociación equitativa con el capital extranjero), el apoyo a la agricultura junto a la idea de buscar una región unida frente a Estados Unidos, y a nivel subregional de equilibrar las relaciones con Brasil y Argentina, han sido desplazados por una CAN en la que dos de sus cuatro miembros están detrás de conseguir privilegios exclusivos de las potencias globales. Mientras la CAN siga en esta tendencia y no haya perspectiva de acuerdo entre sus integrantes, todo indica que el organismo seguirá muriendo. El Perú juega un rol clave en esa muerte.

Los mega proyectos: IIRSA y la hidroeléctrica de Inambari La iniciativa de integración en infraestructura regional sudamericana (IIRSA) ha sido impulsada fuertemente por Brasil, incluso financiada por ese país a través de capitales colocados en la Corporación Andina de Fomento (CAF), y supone mecanismos multimodales de comunicación entre la costa del Atlántico y el Pacífico. Esto constituye en sí un proceso de integración física; sin embargo, las vías que están en construcción y comunican Brasil y Perú no se complementan con planes de desarrollo

regional, macro regional o nacional del lado peruano. Entonces surge la pregunta: ¿para qué queremos IIRSA? Para el Perú, esto se ha reducido nuevamente a una imagen de asociación con un grande como Brasil, en lugar de, por ejemplo, articular este proyecto a una visión de desarrollo del sur del país. De igual modo, no se puede determinar los impactos negativos que puede ocasionar. En este punto nos encontramos con otro elemento de la política de integración peruana, la falta de debate público, es decir una ausencia de la dimensión de información y participación de todo proceso de integración. Igualmente pasa con el proyecto de la hidroeléctrica Inambari, la que sería la más grande del Perú en cuanto a producción energética, pero que ocasionaría grandes impactos sociales (desplazamiento de población), ambientales y la energía producida sería vendida en gran proporción

¿A qué integración nos integramos?

Bibliografía

A la luz de lo expuesto, se puede concluir que el Perú no tiene una política de integración basada en el regionalismo y sus apuestas de integración priorizan la inserción en el mercado global antes que en América del Sur. Esto sin duda traerá costos no solo económicos, sino políticos al bloquear el proceso de construcción de Unasur y pasar del foro político a un espacio económico y comercial para enfrentar los retos de la crisis global y ambiental. Del mismo modo, constatamos que el componente comercial es nuestra forma de relacionarnos con el mundo. De las dimensiones sociales, políticas, participativas, productivas, de movilidad de factores, de seguridad y política exterior, el Perú hace cuerda separada y las soslaya frente a la dimensión de libre comercio. Así, podemos afirmar que el país no se integra a ninguna integración regional. No mira a América del Sur y restringe su relación con el mundo a la firma de TLC. Esto tiene un doble efecto: al mismo tiempo que abona

ACOSTA, Oscar 2005 “La articulación de bloques –mundialización y globalización–. En: Revista Argentina de Ciencias Sociales, Volumen IX. Buenos Aires: Ediciones de la Universidad. Pp. 47-58 GAMERO, Julio 2010 Entrevista realizada el jueves 4 de marzo. GUDYNAS, Eduardo 2005 “Dos caminos distintos: tratados de libre comercio y procesos de integración”. En: TLC, Más que un Tratado de Libre Comercio. Quito: FLACSO. Pp. 41-61 LEON, Irene 2006 FSA: la otra América en debate. Quito: Artes Gráficas. UGARTECHE GALARZA, Oscar 2009 “La Integración en América Latina”. En: Crisis Global y la Regionalización: una visión desde América Latina. Lima: Editorial Roel. Pp. 83-85.

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en la división de la región, expone a los actores nacionales a relaciones asimétricas con economías mucho más competitivas. Lo que deberíamos evaluar es si en 2011 hay alguna posibilidad de revertir esta tendencia.

a Brasil, con quien asumiríamos una deuda por el financiamiento de la construcción. El pueblo de San Gabán en Puno y muchas poblaciones del sur han entrado ya en conflicto con el Estado por este proyecto.

WIENER, Raúl 2010 Entrevista realizada el martes 2 de marzo.

â&#x20AC;˘ Foto: Foto: David Stubbs / Oxfam

Industrias EXTRACTIVAS a la fuerza Las concesiones mineras y petroleras se expanden, los derechos de las poblaciones se recortan

Cinco de los 15 casos por los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares para proteger los derechos de peruanos en años recientes, se originan en conflictos con empresas mineras. En algunos de ellos se ha puesto en evidencia las conexiones entre fuerzas de seguridad privada y la policía nacional. Las comunidades campesinas y nativas viven hoy una fase de resistencia, pero es urgente que articulen sus demandas en un nivel nacional.

Por otro lado, el crecimiento de las actividades de hidrocarburos es más reciente aunque igual de explosivo, sobre todo en la Amazonía peruana: como se puede apreciar en el mapa, casi un 80% de la Amazonía está ocupado por lotes de hidrocarburos. Por lo tanto, la disputa por el control de recursos escasos como las tierras agrícolas o los recursos hídricos es una de las causas de los conflictos entre las empresas extractivas y las comunidades campesinas y nativas. El crecimiento de la actividad minera y de hidrocarburos ha estado acompañado por un aumento importante de la conflictividad social en el Perú. Según los informes regulares que emite la Defensoría del Pueblo, alrededor de la mitad de conflictos sociales que se producen en el Perú tienen su origen en problemas ambientales y dentro de ellos la mayoría son conflictos mineros y de hidrocarburos: el reporte de enero de 2010 publicado por la Defensoría muestra que el 76% de los conflictos socioambientales está relacionado con la actividad minera y de hidrocarburos1. Son varios los elementos relacionados con el crecimiento acelerado de las industrias extractivas y el aumento de conflictos sociales. A continuación detallamos algunos2.

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s conocido que en los últimos años se ha producido una expansión sin precedentes del área geográfica dedicada a actividades mineras y de hidrocarburos en el Perú. A inicios de la década del 90 las concesiones mineras ocupaban apenas 2 millones trescientas mil hectáreas, y en la actualidad ya superan los 19 millones 500 mil hectáreas (ver gráfico y mapas).

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J o s é De E c hav e

Reporte 71 de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo. Enero 2010. Sobre estos puntos ver Minería y Conflictos Sociales. IEP, CIPCA, CBC, CIES. Febrero, 2009.

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Evolución de los derechos mineros a nivel nacional (en miles de hectáreas) (1999 - 2009)

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Mapa de concesiones mineras en el Perú

Se ha creado un marco legal que ha brindado condiciones extremadamente favorables a las empresas extractivas. La Ley General de Minería3 y la ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional4 y la propia Constitución Política de 1993, terminaron de consolidar el escenario normativo que le dio garantías

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y estabilidad jurídica y tributaria a las empresas extractivas. Al mismo tiempo, los derechos mineros se liberalizaron y las empresas públicas se privatizaron. Mientras que la minería y los hidrocarburos aumentaban en importancia y eran priorizadas como actividades estratégicas en el Perú, los derechos de las poblaciones rurales, sobre todo de comunidades campesinas e indígenas, eran claramente

Nuevo modelo…

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Mapa del lotes de hidrocarburos en la Amazonía peruana

Promulgada el 4 de junio de1992. Promulgada el 20 de agosto de 1993.

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afectados. Las modificaciones en la Ley de Tierras, la imposición del proceso de servidumbre minera5 y los reglamentos aprobados, buscaron favorecer a las inversiones y afectaron abiertamente a las comunidades: para las comunidades campesinas e indígenas, el mecanismo de la servidumbre minera es, en la práctica, una suerte de expropiación disfrazada. En cuanto a las normas ambientales el marco fue siempre débil, caracterizado por la ausencia de un enfoque transectorial, la falta de institucionalidad y recursos para liderar la gestión ambiental, las insuficientes normas referidas a los límites máximos permisibles de contaminación, los pasivos ambientales irresueltos y por supuesto la ausencia de adecuados mecanismos de participación ciudadana. Todos estos aspectos todavía no han sido

resueltos, pese a la creación del Ministerio del Ambiente6 que no tiene competencias en dos puntos centrales: la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el tema del agua. Los escasos mecanismos de participación ciudadana y consulta han sido también un tema de conflicto. Los mecanismos existentes, leyes y reglamentos, siguen siendo sumamente restringidos y han terminado por configurar una caricatura de participación ciudadana que presenta las siguientes limitaciones7: (1) no existen mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información en las fases de entrega de concesiones ni antes de iniciar la etapa de exploración; (2) las poblaciones solo son convocadas cuando se va a aprobar el EIA, es decir antes de entrar a la fase de explotación y cuando casi todo

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• Foto: Alexis Huaccho

La Ley Nº 26570 modificó el artículo 7 de la Ley de Tierras, referido a la utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras. Mediante esta modificación, y en el caso que las negociaciones directas entre una comunidad campesina y una empresa minera fracasasen, se iniciaría un procedimiento de servidumbre por el cual el propietario sería indemnizado en efectivo por el titular minero, luego del trabajo de los Peritos de la Dirección General de Minería. 6 El Ministerio del Ambiente fue creado mediante Decreto Legislativo 1013, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 7 Estos temas son desarrollados en: Minería y Conflictos Sociales. IEP, CIPCA, CBS y CIES. 5

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Pese a la existencia de un marco legal muy favorable a las inversiones en minería e hidrocarburos, en los últimos años hubo intentos de profundizarlo. Eso pasó con casi un centenar de decretos legislativos presentado por el Ejecutivo al Congreso el 28 de junio de 2008, en el marco de las facultades legislativas que se le otorgó para la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Dentro del paquete de decretos había varios vinculados al tema de las comunidades, entre los que destacan los decretos legislativos Nº 1064, Nº 1015 (publicado el 20 de mayo del 2008) y Nº 1073.

Un mes más tarde, el Decreto Legislativo Nº 1073 buscó modificar en parte el D.Leg. 1015 ante la avalancha de críticas: se estableció que para disponer de las tierras comunales debía contarse con no menos del 50% de los votos de los “comuneros posesionarios con más de un año”. Para las organizaciones indígenas y campesinas y para la propia Defensoría del Pueblo este decreto vulneraba los siguientes derechos: a la identidad cultural, al derecho fundamental de las comunidades a participar en las decisiones estatales que las afectan y al derecho a ser consultadas.

El Decreto Legislativo Nº 1064 buscó anular el artículo 7º de la Ley de Tierras (Nº 26505), que señalaba la obligatoriedad por parte del titular minero de contar con un acuerdo previo con el propietario de la tierra. En el caso de las comunidades campesinas y nativas, tal acuerdo debe ser refrendado por las dos terceras partes de la Asamblea Comunal.

Todo el paquete de decretos generó un fuerte rechazo y una amplia movilización de comunidades indígenas en el país, que presionaron para lograr la derogatoria de los decretos, pero lamentablemente esto recién fue posible casi un año después, luego de protestas que tuvieron saldos trágicos8.

El Decreto Legislativo Nº 1015, promulgado en mayo de 2008, modificaba el procedimiento para que los miembros de las comunidades campesinas y nativas decidan la venta, arrendamiento o cualquier acto de disposición sobre sus tierras en la sierra y la selva. Para ello se reducía la votación requerida de dos

En este escenario de fuerte convulsión social fue notoria la falta de voluntad política para facilitar espacios de participación y consulta de las comunidades indígenas y nativas. El Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por el Perú nada menos que el año 1993, nunca fue puesto en práctica.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

…Y nuevos intentos

tercios a solo la mitad de los asistentes a la asamblea. Para las comunidades esta norma puso en riesgo sus tierras, pues se flexibilizaba el procedimiento para enajenar sus territorios, todo ello con el objetivo de promover las inversiones. Estas consideraciones motivaron una acción de inconstitucionalidad que presentó la Defensoría del Pueblo.

aparece decidido y (3) tampoco existe la obligación de que la autoridad de Energía y Minas considere los aportes formulados en las audiencias públicas.

Los decretos 1064 y 1090 fueron derogados por el Congreso de la República el 18 de junio del 2009, trece días después de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua. Los decretos legislativos 1015 y 1073 fueron derogados también por el Congreso el 22 de agosto del 2009.

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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J “Las poblaciones solo son convocadas cuando se va a aprobar el estudio de impacto ambiental, es decir cuando casi todo parece decidido”. J “De las 15 medidas cautelares emitidas por la CIDH a favor de peruanos en riesgo, siete se relacionan con derechos económicos, sociales y culturales; y de estas, cinco están vinculadas a conflictos mineros”. J “Hay 368 comuneros denunciados y con procesos judiciales abiertos. Solo en el caso Río Blanco, 104 se encuentran procesados por la marcha al campamento de la empresa en 2005”.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, luego de analizar el caso peruano, instó al gobierno a avanzar inmediatamente en el diseño de mecanismos de consulta de los pueblos indígenas. Uno de los ejemplos citados por la comisión fue precisamente el de los decretos mencionados. En un último informe de la misma Comisión de Expertos de la OIT de marzo de 2010, se ha solicitado formalmente al gobierno peruano que suspenda las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales que afecten a los pueblos indígenas. La OIT señala que la suspensión se debe dar hasta que se garantice “la participación y consulta de las personas afectadas a través de sus instituciones representativas en un clima de total respeto y confianza”. Finalmente, el 19 de mayo de 2010, el Congreso de la República del Perú aprobó la Ley del Derecho a Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, cabe señalar que hasta el momento la ley no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo.

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Derechos humanos Lo antes descrito ayuda a comprender por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido recibiendo de manera creciente denuncias y solicitudes de medidas cautelares por casos de violación de derechos humanos vinculados a conflictos socioambientales en zonas de influencia de industrias extractivas en el Perú. De las aproximadamente 15 medidas cautelares emitidas por la CIDH en los últimos años, a favor de ciudadanos peruanos en riesgo, siete se relacionan directamente con temas de derechos económicos, sociales y culturales; y de estas, cinco están vinculadas a conflictos socioambientales mineros: dos a favor de dirigentes de la Comunidad Campesina San Mateo de Huanchor; una a favor de un dirigente del Frente de Defensa del Pueblo de Tambogrande; otra a favor de la ciudad de La Oroya por los problemas de contaminación del complejo metalúrgico. También hay un caso en el que la CIDH ha dictado una medida cautelar preventiva para proteger al padre Marco Arana y Mirtha Vásquez, ambos de la institución GRUFIDES, que durante años han sido hostilizados, perseguidos y amenazados de

Esta audiencia se realizó el 27 de marzo de 2010 en la ciudad de Washington.

El clima se ha ido enrareciendo en los últimos años como consecuencia de decisiones tomadas por las autoridades peruanas. Por ejemplo, el 22 de julio de 2007 se publicó en el diario oficial El Peruano una lista de decretos legislativos10 que elevaron las penas aplicables a los disturbios producidos en el contexto de manifestaciones públicas. Estas medidas han buscado “sobrecriminalizar” las protestas, bajo el supuesto que de esta manera los conflictos disminuirán o desaparecerán.

Además, la situación en varias regiones se ha vuelto sumamente tensa y peligrosa para las poblaciones locales. Lo que sucede en Cajamarca y Piura, en el norte del país, evidencia que la lista de dirigentes asesinados, agredidos, perseguidos y hostigados, se acrecienta día a día. Así vemos casos como los de Edmundo Becerra Cotrina e Isidro Llanos, líderes ambientalistas asesinados en un escenario de protestas y oposición a la expansión minera en Cajamarca, o el de Godofredo García Baca, líder de la lucha del pueblo de Tambogrande, asesinado en 2001; también los casos de Melanio García y Reemberto Herrera Racho, que murieron en una movilización hacia el campamento de Minera Majaz (hoy Río Blanco Cooper S.A.); y los de 28 campesinos torturados en el campamento de la misma compañía. Por supuesto, en esta relación también están • Foto: Sebastián Castañeda

Los conflictos vinculados a industrias extractivas no solamente no han disminuido, sino que siguen aumentado en número y también en intensidad, como lo demuestran los informes de la Defensoría del Pueblo. Lo que sí han logrado estas políticas es que la cifra de comuneros y dirigentes perseguidos y denunciados aumente: según la base de datos de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en la actualidad (Conacami),

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Las medidas cautelares de la CIDH son un indicador del incremento de casos en el Perú que afectan derechos fundamentales de poblaciones por la presencia de la minería y los hidrocarburos. Al mismo tiempo, desnudan el comportamiento del Estado peruano, que no protege los derechos de poblaciones enteras e incluso no reacciona a las recomendaciones de la CIDH: en el caso de La Oroya, por ejemplo, se ha tenido que solicitar una nueva audiencia a la Comisión para discutir la inadecuada implementación de las medidas cautelares por parte del gobierno peruano9.

hay 368 comuneros denunciados y con procesos judiciales abiertos. Solo en el caso Río Blanco, 104 de ellos se encuentran procesados por la marcha al campamento de la empresa en 2005.

muerte por aparatos de seguridad privados en la región Cajamarca.

Decretos Legislativos Nº 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991 y 992, publicados en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el 22 de julio de 2007

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J “Se ha abierto un proceso penal contra ocho policías, quienes habrían participado en las torturas de 28 comuneros, pero las víctimas han solicitado que la investigación incluya al personal de seguridad de la compañía”. J “Por el lado de las comunidades es notorio un menor dinamismo. Los espacios de articulación nacional vienen siendo cubiertos por frentes de defensa, rondas, federaciones, mesas y otros”.

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los cuatro trabajadores de la empresa, muertos el 1 de noviembre de 2009, luego de una incursión violenta al centro de operaciones de la compañía, hechos que todavía no han sido del todo esclarecidos. La situación alrededor del proyecto Río Blanco también muestra las conexiones que se establecen entre fuerzas de seguridad privada y la policía nacional. Luego de una marcha al campamento , en julio de 2005, los comuneros fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y tratos inhumanos de parte de la policía nacional y miembros de la empresa de seguridad privada FORZA, contratada por la empresa minera. Actualmente, se ha abierto un proceso penal contra ocho policías, quienes habrían participado en las torturas de los 28 comuneros, pero las víctimas han solicitado que la investigación incluya al personal de seguridad de la compañía.

La agenda pendiente En los últimos años diversos actores han venido desarrollando un conjunto de iniciativas en el campo de la autorregulación. Por ejemplo, las empresas agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía sacaron adelante un Código de Conducta, que se convirtió en instrumento de autorregulación que ha

permitido expulsar a empresas como Doe Run y Minera Casapalca por sus pésimas prácticas sociales y ambientales. Por otro lado, desde el Estado se han impulsado algunas iniciativas en los últimos años que han reflejado al mismo tiempo avances y retrocesos. Una nueva Ley General del Ambiente, presentada en 2004, finalmente fue aprobada con varios recortes, como la no aceptación de los estándares ambientales de la Organización Mundial de la Salud y la necesidad de crear una verdadera autoridad ambiental autónoma, terminó con la creación de un Ministerio del Ambiente con algunas facultades recortadas. Sin embargo, todos estos procesos impulsados no han producido los cambios esperados. El despegue de una nueva generación de iniciativas de reformas sigue siendo una tarea pendiente mientras los conflictos crecen y evolucionan en un escenario en el que aparecen nuevos temas y desafíos. Una hipótesis sobre los resultados limitados de estos procesos es que se sigue postergando el abordaje de los temas de fondo relacionados con las causas de los conflictos. ¿Cuáles son algunos de estos aspectos? ¿Qué es lo que no funciona y qué cambios urgentes se necesitan?

El fortalecimiento de la gestión pública vinculada a las industrias extractivas es uno de los aspectos determinantes para la construcción de una real gobernabilidad democrática. La reforma de la gestión

Sin embargo, en el último año y medio se ha ido en la dirección opuesta. El paquete de decretos legislativos mencionados iba a contracorriente de los cambios que se buscan, vulnerando la autonomía de las comunidades campesinas e indígenas y el derecho a la consulta ciudadana. La lucha de las comunidades amazónicas y el trágico episodio de Bagua lograron detener momentáneamente estos decretos; sin embargo, la amenaza persiste y se continúan respaldando proyectos cuestionados por las comunidades. En un contexto como el descrito, no es difícil prever que se seguirán presentando escenarios complejos -como ocurre en la provincia de Islay en Arequipa en torno al proyecto minero Tía María o en el territorio de los Awajún Huampis con las actividades de exploración en la Cordillera del Cóndor- y que será necesario enrumbar y transformar estos conflictos por canales democráticos e • Foto: Caretas

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

No debemos olvidar que la evolución reciente de las actividades extractivas y la de los propios conflictos, muestran serios problemas de gobernabilidad. El desafío, por lo tanto, es cómo se construyen espacios que permitan generar prácticas democráticas; con una institucionalidad adecuada que incluya de manera equitativa a todos los actores y que tenga una real capacidad para responder a las demandas que se presentan en los diferentes conflictos.

pública debe partir de un diagnóstico integral: una nueva institucionalidad, que genere mecanismos confiables para tramitar demandas de las poblaciones y de las propias autoridades locales, será de suma utilidad para abordar los conflictos y mejorar las relaciones entre los diversos grupos de interés en las zonas de influencia de las industrias extractivas.

El diagnóstico apunta, en parte, a una necesaria reforma institucional del Estado; al desarrollo de nuevos instrumentos de gestión para los temas sociales y ambientales, a la mejora sustantiva de los procesos de participación ciudadana, a la necesidad de implementar los más altos estándares ambientales, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, al ordenamiento territorial y la gestión transparente de los beneficios económicos que generan las industrias extractivas. Todos estos temas aparecen como aspectos claves en la agenda.

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institucionales. Por ello se debe insistir en retomar los principales puntos pendientes de la agenda de derechos vinculada con la presencia de las industrias extractivas. En este escenario cabe preguntarse si los procesos de articulación surgidos en todos estos años, de las comunidades y sus aliados, que han trabajado por la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas, están adecuadamente preparados para enfrentar los nuevos retos. Hoy en día los conflictos generan escenarios y retos distintos a los de hace un década. Si bien las organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos de las comunidades presentan experiencias y logros importantes -como el trabajo realizado en Tambogrande, Quilish en Cajamarca, RíoBlanco, las luchas de Bagua y las comunidades Achuar en el río Corrientes de la Amazonía peruana-, hay algunas evidencias que muestran que las articulaciones no terminan de consolidarse. Por el lado de las comunidades es notorio un menor dinamismo. Los espacios de articulación nacional vienen siendo cubiertos en algunas regiones por actores locales: frente de defensa, rondas, federaciones y mesas. Estas organizaciones logran responder al conflicto que las afecta directamente, con demandas precisas y una agenda en espacios locales y hasta regionales; sin embargo, tienen dificultades para visualizar una mayor escala nacional. En el actual contexto, se necesita ampliar alianzas, construir puentes con otros espacios que hoy en día deberían constituirse en aliados importantes, como el sector académico, algunos organismos como la propia Defensoría del Pueblo, instituciones regionales, organismos internacionales, redes, entre otros. Para las organizaciones de las comunidades y las redes de organismos no gubernamentales, los principales logros han estado en el dominio de la resistencia y la defensa de derechos. Han mostrado una

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capacidad de respuesta y cuestionamiento de las reglas de juego, pero por el momento presentan dificultades para entrar a un debate de fondo de carácter más programático. En una situación como la descrita será necesario hacer incidencia con instrumentos más efectivos y estrategias renovadas. Si no hay iniciativas de articulación que tengan la capacidad de enrumbar estos conflictos por canales democráticos y pacíficos y que al mismo tiempo levanten una agenda de políticas públicas, seguiremos teniendo solo movimientos aislados y resultados parciales. Estos movimientos podrán tener una cierta efectividad para responder a sus conflictos locales, temas y casos específicos, pero no podrán articular la agenda nacional vinculada a la defensa de derechos de las comunidades indígenas afectadas por las industrias extractivas. El reto parece ser pasar a otros niveles, más aun en un contexto electoral como el que se desarrollará en el país en los próximos meses en el nivel local, regional y nacional. Una pista es la del debate programático, que cuestione con eficacia las reglas de juego y las estrategias que pretenden mantenerlas. Que al mismo tiempo levante propuestas alternativas, capaces no solo de agrupar a

• Foto: Caretas

los de siempre, sino que convoque nuevos aliados. Por lo tanto, el objetivo no debería ser solamente recuperar los niveles de articulación perdidos, sino desarrollar nuevas estrategias que respondan de manera efectiva a los nuevos escenarios. Articular los componentes de una gobernabilidad democrática con la agenda de derechos; promover que estos

componentes se retroalimenten y se identifique nuevos puntos de equilibrio económicos, sociales, culturales y ambientales, es una tarea central para las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por las industrias extractivas.

Con esta decisión popular, que se incorporó en la nueva Ley de Hidrocarburos 3058 (mayo de 2005) y en el Decreto Supremo de Nacionalización de 2006, se volteó la página a 9 años de regulación del sector en términos leoninos para los intereses públicos, y excesivamente ventajosos para las empresas petroleras. En dichos años, el reparto de beneficios era favorable a las empresas petroleras en una relación de 8 a 2. Las empresas internacionales afectadas amenazaron con irse del país, pero ello no ocurrió. En mayo de 2007 entraron en vigencia 43 nuevos contratos de operación que suscribió el Estado boliviano con 12 empresas petroleras (entre ellas Repsol YPF, Petrobras, British Gas, Total). Los nuevos contratos se adecuaron a la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y al Decreto de Nacionalización. Con la creación de un impuesto a la producción de hidrocarburos de 32%, participaciones variables para YPFB, y el 18% de regalías que se mantuvo del régimen petrolero anterior, la participación del Estado boliviano en la torta de beneficios pasó a aproximadamente el 70% del negocio. Como fruto de los nuevos términos legales, y de una extraordinaria bonanza de los precios del petróleo en los últimos años, la renta hidrocarburífera del Estado boliviano ha subido de 567 millones de dólares en 2004 a 2.125 millones de dólares en 2008. Si bien esta renta ha contribuido a robustecer la política social del gobierno, queda como desafío el uso de estos recursos como motor para la generación de alternativas de desarrollo post-extractivistas, de base ancha, y armónicas con los derechos humanos y los derechos de la madre tierra. Asimismo, es necesario profundizar la transparencia y control social en la gestión y uso de la renta hidrocarburífera.

En julio de 2004, a través del referéndum de la política de hidrocarburos, el pueblo boliviano votó mayoritariamente para que el Estado recupere la propiedad sobre los hidrocarburos en boca de pozo, fortalezca a la desmantelada empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), y tenga una renta de los hidrocarburos del 50% sobre el valor de la producción.

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Renta hidrocarburífera y desafíos de gestión en Bolivia

Ariel Pérez Castellón Responsable del Programa de Industrias Extractivas de Oxfam Internacional – Bolivia.

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“Bien Vivir” para REDISTRIBUIR el poder Los pueblos indígenas y su propuesta alternativa en tiempos de dominación global

• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

A un ritmo cada vez más acelerado, el poder se concentra en pocas manos con la privatización de espacios públicos, de procesos productivos y del propio Estado. La naturaleza se depreda y a la par crece la resistencia social no solo como reclamo para salir de la pobreza sino por una cuestión de sobrevivencia en todos sus ámbitos. El “Bien Vivir” que defienden los pueblos indígenas de América Latina surge como una alternativa para contrapesar este patrón de poder.

A ní bal Qu ija n o

“Desarrollo” fue, sobre todo en el debate latinoamericano, el término clave de un discurso político asociado a un elusivo proyecto de desconcentración y redistribución del control del capital industrial, en la nueva geografía que

Aunque también se usa los términos “Vivir Bien” y “Buen Vivir”, “Bien vivir” es el más antiguo y el más usual en la zona norte sudamericana con poblaciones indígenas. Fue usado por primera vez por Guaman Poma de Ayala. “Buen vivir” es más común en el Altiplano peruanoboliviano. 2 El patrón de poder establecido con “América” produjo una nueva identidad histórica que ahora se llama “Europa Occidental”. Esto es, la Colonialidad del Poder se “eurocentró”. En ese nuevo contexto, fue producida la llamada “racionalidad moderna” o “modernidad”. Por eso, esta perspectiva no podría ser adecuadamente entendida por separado de la Colonialidad y del Eurocentramiento del Poder. Al respecto, hoy existe un debate mundial a partir, ante todo, de mis textos: “Colonialidad y Modernidad/Racionalidad”, publicado en PERU INDIGENA, Vol.13, No. 29, Lima 1992; “Americanity as a Concept or the Americas in the Modern World-System” en co-autoría con Immanuel Wallerstein y publicado en International Social Science Journal, No. 134, Nov. 1992, UNESCO/BLACKWEL, pp. 549-557, Paris, Francia. “América Latina en la Economía Mundial”, debatido en la reunión mundial de UNESCO en octubre de 1992, y publicado en PROBLEMAS DEL DESARROLLO, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, vol. XXIV, No. 95, octubre-diciembre 1993, México. Y “Colonialidad del Poder y Eurocentrismo en América Latina”, en Edgardo Lander, comp. Colonialidad del Saber, Eurocentrismo y Ciencias Sociales, UNESCO-CLACSO 2000, pp. 201ss. 1

La paradoja eurocéntrica

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

o que aquí propongo es abrir una cuestión crucial de nuestro crucial período histórico: El denominado Bien Vivir1, para ser una realización histórica efectiva, tiene que ser visto como un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción democráticas de una sociedad democrática, un modo distinto de existencia social, con su propio y específico horizonte histórico de sentido, radicalmente alternativo, a la Colonialidad Global del Poder (entendida como las relaciones de poder en el mundo) y a la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada2. Aunque estos últimos términos dan cuenta hoy de relaciones que aún son mundialmente hegemónicas, a la vez enfrentan la más profunda y raigal crisis desde su constitución hace poco más de quinientos años. Dicho de otra forma: hoy el Bien Vivir solo puede tener sentido como una existencia social alternativa, como una Des/Colonialidad o redistribución del poder.

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se configuraba en el capitalismo colonialmoderno, al término de la Segunda Guerra Mundial.

en su conjunto y a escala global, en un prolongado período de auge y de cambios decisivos que aquí es útil resumir.

En un primer momento, tal discurso fue virtualmente oficial. Sin embargo, pronto dio lugar a complejas y contradictorias cuestiones que produjeron una intensa discusión, con eco mundial, que se fue desplegando en estrecha relación con los conflictivos y violentos movimientos de la sociedad. Esto llevó a procesos inconducentes o a cambios relativamente importantes, pero inacabados, en la distribución de poder.

Lo primero es que el capital industrial comenzó a vincularse estructuralmente con lo que entonces fue denominado como “revolución científico-tecnológica”. Esa relación implicaba, de una parte, la reducción de las necesidades de fuerza de trabajo viva e individual y, en consecuencia, del empleo asalariado. De otro parte, la ampliación del margen de acumulación especulativa como tendencia estructural y no solamente cíclica. Así se fue configurando un nuevo capital industrial/ financiero, que pronto tuvo, relativamente, una rápida expansión mundial.

De modo breve, se podría decir que en América Latina el cambio principal de ese período fue la remoción del “estado oligárquico” y de algunas de sus instancias en la existencia social de la población de estos países. Pero ni la dependencia histórico-estructural en la Colonialidad Global de Poder, ni los modos de explotación y de dominación inherentes a este patrón de poder, fueron erradicados o alterados suficientemente como para dar lugar a la producción y gestión democrática del Estado, ni de los recursos de producción, ni de la distribución y apropiación del producto. En otros términos, esos cambios no llevaron al “desarrollo”.

• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

El fantasma del Estado-Nación En América Latina, el debate sobre la hegemonía del Eurocentrismo3 llevaba a plantearse el “desarrollo” en relación al Estado/Nación. Pero bajo la Colonialidad Global del Poder, esa perspectiva era históricamente inconducente, precisamente cuando este patrón de poder ingresaba,

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Segundo, surgió un proceso de tecnocratización / instrumentalización de la subjetividad, del imaginario, de todo el horizonte de sentido histórico específico de la Colonial/Modernidad/Eurocentrada, un cambio profundo, radical, de las perspectivas y de las promesas iniciales de la llamada “racionalidad moderna” (o “modernidad”). Por eso mismo, ésta era,

Entendido como un modo de producir y de controlar el imaginario social, la memoria y el conocimiento.

El tercer punto es el desarrollo y la expansión del nuevo capital industrial-financiero, junto con la derrota de los grupos nazi/fascistas de la burguesía mundial, en la disputa por la hegemonía del capitalismo durante la Segunda Guerra Mundial, que facilitaron la desintegración del colonialismo europeo en Asia y África. Al mismo tiempo dieron lugar a la prosperidad de las burguesías, de las capas medias, inclusive de sectores importantes de los trabajadores explotados, de los países euro/americanos. Como cuarto aspecto aparece la consolidación del despotismo burocrático (rebautizado de “socialismo realmente existente”) y su rápida expansión dentro y fuera de Europa, que ocurrió dentro de ese mismo cauce histórico. Dicho modo de dominación fue afectado, de manera cada vez más profunda, por esa corriente tecnocrática e instrumental de la “racionalidad” colonial/moderna.

Lo último que hay que considerar es que en ese contexto, la hegemonía de esa versión de la “modernidad” operaba como el más poderoso mecanismo de dominación de la subjetividad, tanto por parte de la burguesía mundial como de la despótica burocracia del llamado “campo socialista”. Sería más difícil explicar de otro modo la exitosa alianza de ambos modos de dominación para derrotar (sea en París, Nueva York, Berlín, Roma, Jakarta, Tlatelolco, o en Shanghai y Praga) a los movimientos, juveniles sobre todo, que entre fines de los 60s y comienzos de los 70s del siglo XX luchaban, minoritariamente pero en todo el mundo. Entonces ya no lo hacían solamente contra la explotación del trabajo y contra el colonialismo y el imperialismo, contra las guerras colonial-imperiales (en ese período, Vietnam era el caso emblemático), sino también contra la ética social del productivismo y del consumismo; contra el pragmático autoritarismo burgués y burocrático; contra la dominación de “raza” y de “género”; contra la represión de las formas no convencionales de sexualidad; contra el reduccionismo tecnocrático de la racionalidad instrumental y por una nueva

en ese nuevo carácter, tanto más atractiva y persuasiva cuanto más paradójica y ambivalente, históricamente imposible en definitiva.

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• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

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tesitura estética/ética/política. Pugnando, en consecuencia, por un horizonte de sentido histórico radicalmente distinto que el implicado en la Colonialidad/Modernidad/ Eurocentrada. No obstante esa derrota, la simiente de un horizonte histórico nuevo pudo sobrevivir entre la nueva heterogeneidad histórico/ estructural del imaginario mundial, y germina ahora como uno de los signos mayores de la propuesta del Bien Vivir.

El desarrollo de aquellas nuevas tendencias históricas del capital industrial-financiero llevó a ese prolongado período de auge y de cambios a culminar con la explosión de una crisis raigal en la Colonialidad Global del Poder, en su conjunto y elementos fundantes, desde la segunda mitad de 1973.

Lo primero consiste, básicamente, en la imposición definitiva del nuevo capital financiero en el control del capitalismo colonial/ moderno. En un sentido preciso, se trata de la imposición mundial de la “desocupación estructural”, plenamente tramada con la “financiarización estructural”. Lo segundo es la imposición de esa definida trama sobre todos los países y la población humana, que ocurrió en sus inicios, precisamente en América Latina, con la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, y después por la política • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

Con esa crisis, el mundo ha ingresado en un nuevo período histórico, cuyos procesos específicos tienen profundidad, magnitud e implicaciones equivalentes, aunque con un casi inverso signo, a los del período que denominamos como “Revolución Industrial -Burguesa”. Los términos “neoliberalismo”, “globalización” y “postmodernidad” (que aquí no podrían ser discutidos detenidamente)4 presentan

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Un nuevo período histórico

con razonable eficacia (no obstante todas sus ambivalencias y complejidades) el carácter y las tendencias mayores del nuevo período.

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Mi contribución al debate de esas cuestiones, principalmente en: Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina. Ed. SOCIEDAD Y POLITICA, Lima 1988; “Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia”, originalmente en TENDENCIAS BASICAS DE NUESTRA ERA. Instituto de Estudios Internacionales Pedro Gual., 2001. Caracas, Venezuela. Una versión revisada, en SAN MARCOS, No. 25, Julio 2006, revista de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú; “Entre la Guerra Santa y la Cruzada”, originalmente en AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO, No. 341, octubre 2001. Quito, Ecuador; “El Trabajo al Final del Siglo XX”, originalmente en PENSÉE SOCIALE CRITIQUE POUR LE XXI SIÉCLE, Melanges en l´honneur de Samir Amin. Forum du Tiers- Monde, L´Harmattan 2003, pp.131-149, Paris, France; y “Paradojas de la Colonialidad/ Modernidad/Eurocentrada”, en HUESO HÚMERO, No. 53, abril 2009, pp. 30-59. Lima, Perú.

China, y después Vietnam, optaron por ser miembros del nuevo “capitalismo realmente existente”, industrial-financiero y globalizado, bajo un despotismo burocrático reconfigurado como socio de las mayores corporaciones financieras globales y del Bloque Imperial Global5.

de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Inglaterra y en Estados Unidos, respectivamente, con el respaldo o la sumisión de todos los demás países. Esa imposición produjo la dispersión social de los trabajadores explotados y la desintegración de sus principales instituciones sociales y políticas (sindicatos, sobre todo); la derrota y desintegración del llamado “campo socialista”, y de virtualmente todos los regímenes, movimientos y organizaciones políticas con los que estaba vinculado.

• Foto: Percy Ramírez / Oxfam

Estamos, pues, inmersos en un proceso de completa reconfiguración del patrón de poder que ahora es reconocible como la Colonialidad Global del Poder. Se trata, en primer término, de la aceleración y la profundización de una tendencia de reconcentración del control del poder. Eso implica la reprivatización de los espacios públicos, del Estado en primer término; la reprivatización del control del trabajo, de los recursos de producción y de la producción/distribución; la polarización social extrema y creciente de la población mundial; la exacerbación de la “explotación de la naturaleza”; la hiperfetichización del mercado junto con la mercantización de la subjetividad y de la experiencia de vida de los individuos. También la consecuente intensificación del control de la subjetividad, por medio del “fundamentalismo” de todas las religiones e ideologías dominantes y de la manipulación y control de los recursos tecnológicos de comunicación y de transporte, para empujarla hacia la dispersión individualista de quienes no resisten, o no son capaces de resistir, a la tecnocratización/instrumentalización de la colonialidad/modernidad.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

En fin, “postmodernidad” se denomina a la imposición definitiva de la tecnocratización/ instrumentalización de la “racionalidad moderna”. Esto es, de la Colonialidad/ Modernidad/Eurocentrada.

Sobre el concepto de Bloque Imperial Global, remito a “Colonialidad del Poder, Globalización y Democracia”, ya citado. 6 Un debate más detenido puede ser encontrado en “Colonialidad del Poder y Clasificación Social”, originalmente en FESTSCHRIFT FOR IMMANUEL WALLERSTEIN. En Journal of World- Systems Research, vol. VI, No. 2, Fall/Winter 2000, pp.342-388. Special Issue. Giovanni Arrighi and Walter L. Goldfrank, eds. Colorado, USA. 5

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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J “Hoy el ‘Bien Vivir’ solo puede tener sentido como una existencia social alternativa, como una Des/Colonialidad o desconcentración del Poder”. J “Hay una aceleración y profundización de una tendencia de reconcentración del control del poder. Eso implica la reprivatización de los espacios públicos y del Estado”. J “El capitalismo colonial-global practica una conducta cada vez más feroz y depredadora, que pone en riesgo la sobrevivencia de la especie entera en el planeta”.

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La explotación de la naturaleza Aunque de manera apenas alusiva, no sería pertinente dejar de señalar que uno de los elementos fundantes de la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada es el nuevo y radical dualismo cartesiano, que separa la “razón” y la “naturaleza”6. De allí, una de las ideas más características del eurocentrismo, en cualquiera de sus vertientes: la “explotación de la naturaleza” como algo que no requiere justificación alguna y que se expresa cabalmente en la ética productivista engendrada junto con la “revolución industrial”. No es en absoluto difícil percibir la inherente presencia de la idea de “raza” como parte de la “naturaleza”, como explicación y justificación de la explotación de las “razas inferiores”. Es al amparo de esa mistificación metafísica de las relaciones humanas con el resto del universo, que los grupos dominantes del Homo Sapiens en la Colonialidad Global del Poder, en especial desde la “revolución industrial”, han llevado a la especie a imponer su hegemonía para explotar las demás especies animales y una conducta predatoria sobre otros elementos existentes en este planeta. Y, sobre esa base, el capitalismo colonialglobal practica una conducta cada vez más

feroz y depredadora, que termina poniendo en riesgo no solamente la sobrevivencia de la especie entera en el planeta, sino la continuidad y la reproducción de las condiciones de vida, de toda vida, en la Tierra. Bajo su imposición, hoy estamos matándonos entre nosotros y destruyendo nuestro común hogar. Desde esta perspectiva, el llamado “calentamiento global” o “crisis climática”, lejos de ser un fenómeno “natural”, que ocurre en algo que llamamos “naturaleza” y separado de nosotros como miembros de la especie animal Homo Sapiens, es el resultado de aquella desorientación global de la especie sobre la Tierra, impuesta por las tendencias predatorias del nuevo capitalismo industrial-financiero. Esto es una de las expresiones centrales de la crisis raigal de la Colonialidad Global del Poder.

La nueva resistencia global Desde fines del siglo XX, una proporción creciente de las víctimas de dicho patrón de poder ha comenzado a resistir a esas tendencias en el mundo. Los dominadores, los “funcionarios del capital”, sea como dueños de las grandes corporaciones financieras o como gobernantes de regí-

De ese modo, la defensa de la vida humana y las condiciones de vida en el planeta se van constituyendo en el sentido nuevo de las luchas de resistencia de la inmensa mayoría de la población mundial. Y sin subvertir y desintegrar la Colonialidad Global del Poder y su Capitalismo Colonial/Global, hoy en su más predatorio período, esas luchas no podrían avanzar hacia la producción de un sentido histórico alternativo al de la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada.

Es en este contexto histórico donde hay que ubicar, necesariamente, todo debate y elaboración acerca de la propuesta del Bien Vivir. Por consiguiente, se trata, ante todo, de admitirla como una cuestión abierta, no solamente en la discusión, sino en la práctica social cotidiana de las poblaciones que decidan urdir y habitar históricamente en esa nueva existencia social posible. Para desarrollarse y consolidarse, la Des/Colonialidad del poder implicaría prácticas sociales configuradas por: a) la igualdad social de individuos heterogéneos y diversos, contra la “desigualizante” clasificación e identificación racial, sexual y social de la población mundial; b) por consiguiente, las diferencias, ni las identidades, no serían más la fuente o el argumento de la desigualdad social de los individuos; c) las agrupaciones y/o identidades serían el producto de las decisiones libres y autónomas de individuos libres y autónomos; d) la reciprocidad entre grupos y/o individuos socialmente iguales, en la organización del trabajo y en la distribución de los productos; e) la redistribución igualitaria de los recursos y productos, tangibles e intangibles, del mundo, entre la población mundial; f) la tendencia de asociación comunal de la población mundial, en escala local, regional, o globalmente, como el modo de producción y gestión directas de la autoridad colectiva y, en ese preciso sentido, como el más eficaz mecanismo de distribución y

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Tal exacerbación de la conflictividad, de los fundamentalismos, de la violencia, aparejada a la creciente y extrema polarización social de la población del mundo, va llevando a la resistencia misma a configurar una nueva expresión de conflicto. La resistencia tiende a desarrollarse como un nuevo sentido de la existencia social, de la vida misma, precisamente porque la vasta población implicada percibe, con intensidad creciente, que lo que está en juego ahora no es solo su pobreza, como su sempiterna experiencia, sino, precisamente, su propia sobrevivencia. Tal descubrimiento entraña, necesariamente, que no se puede defender la vida humana en la Tierra sin defender, al mismo tiempo, en el mismo movimiento, las condiciones de la vida misma.

Ese nuevo horizonte, la defensa de las condiciones de su propia vida y de las demás en este planeta, ya está planteado en las luchas y prácticas sociales alternativas. En consecuencia, en contra de toda forma de dominación-explotación en la existencia social. Es decir, una Des/Colonialidad del Poder como punto de partida, y la producción y reproducción democráticas de la existencia social como eje continuo de orientación de las prácticas sociales.

menes despótico-burocráticos, responden con violentas represiones, ahora no solo dentro de las fronteras convencionales de sus propios países, sino también fuera de ellas. Así, desarrollan una tendencia a la recolonización global, usando los más sofisticados recursos tecnológicos que acaban con la vida de personas, de manera rápida y con menos costo como lo hace Estados Unidos en Irak o Afganistán. Dadas esas condiciones, en la crisis de la Colonialidad Global del Poder y, en especial, de la Colonialidad/ Modernidad/Eurocentrada, la exacerbación de la conflictividad y de la violencia se ha establecido como una tendencia estructural globalizada.

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redistribución de derechos, obligaciones, responsabilidades, recursos, productos, entre los grupos y sus individuos, en cada ámbito de la existencia social, sexo, trabajo, subjetividad, autoridad colectiva y corresponsabilidad en las relaciones con los demás seres vivos y otras entidades del planeta o del universo entero.

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Los indígenas del “Sur global” y el “Bien Vivir” No es por accidente histórico que el debate sobre la Colonialidad del Poder y sobre la Colonialidad/Modernidad/Eurocentrada, haya sido producido, en primer término, desde América Latina. Así como no lo es que la propuesta del Bien Vivir provenga, en primer término, del nuevo movimiento de los “indígenas” latinoamericanos. América Latina es el mundo constituido en las “Indias Accidentales” (irónica referencia a la divulgada idea de “Indias Occidentales”)7. Por eso, es el espacio original y el tiempo inaugural de un nuevo mundo histórico y de un nuevo patrón de poder. Y, así mismo, es el lugar de la primera “indigenización” de los sobrevivientes del genocidio colonizador, la primera población del mundo sometida a la “racialización” de su nueva identidad y de su lugar dominado en el nuevo esquema de poder. América Latina y la población “indígena” ocupan, pues, un lugar basal, fundante, en la constitución y en la historia de la Colonialidad del Poder. De allí su actual lugar y papel en

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la subversión epistémica/teórica/histórica/ estética/ética y política de este patrón de poder en crisis, implicada en las propuestas de la Colonialidad Global del Poder y del Bien Vivir8 como una existencia social alternativa. Empero, si bien América, y en particular América Latina, fue la primera nueva identidad histórica de la Colonialidad del Poder y sus poblaciones colonizadas los primeros “indígenas” del mundo, desde el siglo XVIII el resto del territorio del planeta fue conquistado por Europa Occidental y sus respectivas poblaciones, la inmensa mayoría de la población mundial, fueron colonizadas, racializadas y, en consecuencia, “indigenizadas”. Su actual emergencia no consiste, pues, en otro “movimiento social” más. Se trata de todo un movimiento de la sociedad cuyo desarrollo podría llevar a otra existencia social, liberada de dominación, explotación y violencia: a la Descolonidad Global del Poder. El debate de estos temas ha mostrado a plena luz que la relación social de dominación y explotación fundada en torno a la idea de “raza” es un producto de la historia del poder y de ninguna cartesiana “naturaleza”. Pero también hace patente la extrema heterogeneidad histórica de esa población “indigenizada”, en su previa historia, por las experiencias durante casi medio millar de años y que ahora produce el nuevo movimiento de la sociedad por la Des/Colonialidad del Poder. No tendría sentido esperar que esa heterogénea población, que compone la inmensa mayoría de la población

Robert Finley: Las Indias Accidentales. Ed. Barataria, 2003. España. Bien Vivir es, probablemente, la formulación más antigua en la resistencia “indígena” contra la Colonialidad del Poder. Fue, notablemente, acuñada en el Virreinato del Perú, por nada menos que Guaman Poma de Ayala, aproximadamente en 1615, en su Nueva coronica y buen gobierno. Carolina Ortiz Fernández es la primera en haber llamado la atención sobre ese histórico hecho: “Felipe Guaman Poma de Ayala, Clorinda Matto, Trinidad Henríquez y la teoría crítica. Sus legados a la teoría social contemporánea”, en YUYAYKUSUN, Nro. 2, Universidad Ricardo Palma, diciembre 2009.

J “La exacerbación de la conflictividad y de la violencia se ha establecido como una tendencia estructural globalizada”. J “La defensa de la vida humana y las condiciones de vida en el planeta se van constituyendo en el sentido nuevo de las luchas de resistencia de la mayoría de la población mundial”.

Sin embargo, las poblaciones “indigenizadas” bajo la dominación colonial, primero en “América” bajo Iberia, y más tarde en todo el mundo bajo “Europa Occidental”, no solo han compartido en común, universalmente, las perversas formas de dominación y explotación. Aunque suene paradójico, también en la resistencia estos pueblos han compartido comunes aspiraciones históricas contra la dominación, la explotación y la dis-

Por todo eso, en la “indigenidad” histórica de las poblaciones víctimas de la Colonialidad Global del Poder no se alienta solamente la herencia del pasado, sino todo el aprendizaje de la resistencia histórica de tan largo plazo. Estamos, por eso, caminando en la emergencia de una identidad histórica nueva, histórico/ estructuralmente heterogénea como todas las demás, cuyo desarrollo podría producir la nueva existencia social liberada de dominación, explotación y violencia que es el corazón mismo de la demanda del Foro Social Mundial: Otro Mundo es Posible. En otros términos, el nuevo horizonte de sentido histórico emerge con toda su heterogeneidad histórico/estructural. En esa perspectiva, la propuesta del Bien Vivir es, necesariamente, una cuestión abierta9 que requiere ser continuamente indagada, debatida y practicada.

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De hecho, todas esas poblaciones, sin excepción, provienen de experiencias históricas de poder, distintas entre sí y distintas respecto de la Colonialidad del Poder, aunque no necesariamente respecto a la colonización. El poder parece haber sido, en toda la historia conocida, no solamente un fenómeno de las existencias sociales de larga duración, sino, más aun, la principal motivación de la conducta colectiva de la especie.

criminación y que se resumen en la igualdad social de individuos heterogéneos, la libertad de pensamiento y de expresión, la redistribución igualitaria de recursos, así como su control en los diversos ámbitos centrales de la existencia social.

del mundo, haya producido o cobijado un imaginario histórico homogéneo, universal, como alternativa a la Colonialidad Global del Poder. Eso no podría ser concebible inclusive tomando en cuenta exclusivamente a América Latina, o a América en su conjunto.

Acerca de eso, por ejemplo, las recientes entrevistas a dirigentes aimaras en Bolivia, hechas y difundidas por Katu Arconada. La revista América Latina en Movimiento, de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), ha dedicado el No. 452, febrero del 2010, íntegramente a este debate, bajo el título general de “Recuperar el sentido de la vida”. Respecto de las prácticas sociales mismas, hay un importante movimiento de investigación específica. Ver Vivir Bien Frente al Desarrollo. Procesos de planeación participativa en Medellin. Esperanza Gómez et al., Facultad. de Ciencias Sociales, Universidad de Medellín, Colombia, 2010.

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• Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

Rumba MALA, tremenda resaca Cambio climático: de Copenhague a Cancún

La Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas de Copenhague (Dinamarca) no concluyó con el acuerdo esperado debido a la falta de liderazgo de los países industrializados en fijar metas y plazos específicos en la reducción de sus emisiones contaminantes que producen el calentamiento global. Mientras se postergan las decisiones, crece la amenaza contra los países en vías de desarrollo ante los cambios del clima. América Latina tendría que llegar a consensos mínimos en la próxima reunión en Cancún, México. Está en juego la vida de millones de personas.

o peor de una mala fiesta no es la resaca sino el no haberse divertido. Sin embargo, la mala rumba protagonizada en la Conferencia de Copenhague1 produjo una resaca especialmente larga y dura. Representantes de gobiernos, activistas de la sociedad civil o empresarios que buscaban oportunidades en una nueva economía de energía limpia, y todos los que hemos seguido el proceso de las negociaciones sobre cambio climático de la ONU en los últimos años, apenas estamos saliendo de una prolongada y profunda meditación sobre el significado del colapso evitado en la capital danesa y los pasos a seguir.

Las explicaciones del resultado en Copenhague son tan variadas como las posiciones que frustraron el acuerdo justo, ambicioso y vinculante que tanto necesitamos. Para algunos, no se logró un mejor acuerdo debido al mal manejo del proceso en manos de la presidencia danesa de la Conferencia, que había convocado a una serie de reuniones con representantes de países seleccionados según el criterio de los daneses y no de acuerdo con la representación de las regiones y grupos reconocidos por la ONU. Un borrador del acuerdo final elaborado por los daneses salió a luz pública en la primera semana de la Conferencia y fue debidamente rechazado por muchos países al considerarlo ilegítimo. Al parecer, esta experiencia paralizó a la presidencia danesa que no quiso repetir el error, y por lo tanto, no había elaborado un acuerdo final cuando llegaron los jefes de Estado. Éstos, ante la sorpresa, tuvieron una serie de reuniones pero de manera desordenada durante las últimas horas de la Conferencia

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A nt onio Hill

Brasil, China, India y Sudáfrica (el grupo BASIC) negociaron con EEUU el Acuerdo de Copenhague a última hora y fuera de los grupos de trabajo establecidos en las negociaciones de Naciones Unidas, proponiendo 12 puntos sin metas cuantificadas de reducción de emisiones y un plazo tan genérico que se reduce a la expresión “tan pronto sea posible”. Lo único concreto fue que los países industrializados se comprometieron a aportar US$30 millardos entre 2010 y 2012 y a movilizar US$100 millardos anuales a 2020 para contrarrestar el cambio climático y sus efectos en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, aún no está claro si los recursos prometidos serán ‘nuevos y adicionales’ (como especifica la Convención y el Plan de Acción de Bali), ni cómo serán manejados y canalizados estos fondos para asegurar que los países industrializados cumplen sus compromisos y que los recursos responden a las necesidades de los países más afectados.

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para tratar de sacar “algo” que justificara su participación. En efecto, fue evidente la falta de transparencia y claridad acerca de las reuniones y los textos elaborados en paralelo con la reunión oficial. Esto tiene que mejorarse en Cancún.

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Para otros, las limitaciones fueron la sobrecarga de temas complejos y decisiones a tomar, así como la presencia insólita de tantos representantes de tan alto nivel, incluyendo la participación de más de 120 jefes de Estado en los últimos tres días. Había casi una docena de negociaciones paralelas, y el reto de tejer un solo acuerdo de todos estos procesos fue enorme. La participación de tantos presidentes y otros representantes de alto nivel, a pesar de que elevó el perfil de la cumbre, recortó el tiempo disponible para las negociaciones y también ejerció presión sobre los delegados para conseguir un acuerdo aunque el resultado no fuera satisfactorio. Tampoco faltaron los que culparon a las reglas de procedimiento, que establecen que cualquier acuerdo requiere consenso entre todos los países, sin importar su tamaño o peso político-económico. Otra explicación, especialmente popular entre los países con más poder y responsabilidad, ha sido que “la culpa fue de China”. Esta excusa cogió fuerza cuando China se negó a aceptar metas globales de reducciones de emisiones para los años 2020 y 2050 (que le afectarían directamente así como a los demás países en vías de desarrollo, y no solo a los países industrializados) en las últimas horas de la Conferencia, y se acrecentó mucho más cuando quedó claro que también se oponía a un acuerdo que volviera sus compromisos legalmente vinculantes bajo el marco de derechos internacionales. Mientras que todas estas razones pueden explicar una parte del resultado, ninguna explica la parálisis política que marcó

el resultado global de Copenhague –y ésta tampoco se explica con todas estas razones sumadas–. Un mejor manejo por los anfitriones daneses hubiera ayudado, aunque los resultados de otras conferencias superaron las fallas de liderazgo –recordemos que en 2007, la conferencia de Bali terminó bien a pesar de que la presidencia de Indonesia manejaba consultas paralelas a la plenaria final–. El número de temas que se manejan en las negociaciones sí se ha multiplicado en comparación con tiempos anteriores; sin embargo, la agenda siempre ha sido compleja y todos tuvimos muy claro cuáles eran los tres temas claves a los que se habían reducido las negociaciones en el ámbito político antes de Copenhague: financiación, temas de medición, notificación y verificación (o MRV, sus siglas en inglés) de reducciones logrados por los países en vías de desarrollo; y acuerdo acerca de la naturaleza legal y la arquitectura del pacto a firmarse. La presencia de tantos ministros, jefes de Estado y otros funcionarios de alto nivel fue un reto logístico más que nada, y reflejó el • Foto: Percy Ramírez

que no hubo suficiente tiempo para las negociaciones, vale la pena recordar que en el caso de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, las negociaciones concluyeron en menos de los dos años disponibles entre Bali y Copenhague. Por último, culpar a China por el resultado de Copenhague no es más que buscar un chivo expiatorio; cualquier análisis objetivo demuestra claramente que la preocupación de China y los demás países en vías de desarrollo por la equidad en el balance de recortes de emisiones y contribuciones financieras es más que razonable. Como lo expresó el secretario ejecutivo de la Convención en su última conferencia de prensa en Copenhague: “Los países en vías de desarrollo están más cerca de lo que exige la ciencia que el mundo industrializado”2. Mientras los países industrializados mantienen la ambición de evitar un alza del promedio de temperatura global de más de dos grados

peso político que había alcanzado el tema, cosa que debe de considerarse dentro de los éxitos de la conferencia más que causa de fracaso. Mientras que el debate acerca de procedimientos en las negociaciones de cambio climático lleva en curso más de una década, hay que recordar que tanto la Convención Marco (de 1992) como el Protocolo de Kyoto (de 1997) –así como muchos otros tratados en el marco de derecho internacional– se han acordado con las reglas de consenso actuales. Las preocupaciones de países como Bolivia y Tuvalu sobre la falta de ambición y peso legal en el Acuerdo de Copenhague fueron legítimos, pues sumados representan una amenaza grave para todos los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. El consenso en la elaboración de tratados de derecho internacional es importante precisamente porque evita que cualquier país, sin importar cuán pequeño sea, tenga que ser forzado a aceptar un acuerdo que vaya en contra de sus intereses. Frente a las quejas de

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• Foto: Percy Ramírez

http://cop15.meta-fusion.com/kongresse/cop15/templ/play.php?id_kongresssession=2759&theme=unfccc Esta evaluación se basa en compromisos de las economías emergentes (inscritos en el Apéndice 2 del Acuerdo de Copenhague) equivalentes a una reducción significativa (de 28%) por debajo de la tendencia actual de crecimiento de emisiones en estos países. Este nivel de compromiso se acerca al nivel más alto de lo que ha demandado la Unión Europea (15-30%), y se contrasta con compromisos de los países industrializados que llegan solo a una reducción de 12-18% entre 1990-2020 –menos de la mitad de la reducción de 40% que se requiere para asegurar una buena posibilidad de mantener el alza en la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados–. 2

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• Foto: Sebastián Castañeda

centígrados, la carga que llevan los países en vías de desarrollo es lo que queda cuando se restan los compromisos de los países ricos de un presupuesto global de carbono. Y de momento, los compromisos de los países ricos aún son insuficientes, y por lo tanto cualquier llamado a aumentar los recortes en emisiones en China u otros países en vías de desarrollo se vuelve una demanda injusta. Dentro de este contexto, la posición de China en Copenhague era de esperarse. Es más, las organizaciones de la sociedad civil llevamos más de dos años advirtiendo que ese sería el resultado si los países industrializados no llegaban a comprometerse con su justa parte. La razón fundamental por el resultado tan débil que salió de Copenhague es más simple y más incómodo que todas las anteriores: el gobierno de EEUU no está dispuesto a comprometerse con lo que le

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corresponde según los análisis científicos para mantener un clima estable y seguro para todos y según la perspectiva de sus pares en las negociaciones, especialmente los países más vulnerables. Dentro del grupo de países industrializados3 EEUU sobresale por la brecha entre su oferta de recortes de emisiones y lo que le corresponde. Como grupo, los países industrializados tendrían que recortar sus emisiones más de 40% entre 1990 y 2020, lo que implica reducciones de los principales emisores que varían entre 20% (Rusia) y 56% (Japón), según un análisis de la justa parte de cada país4. Si bien ninguno de los países industrializados importantes llegó a Copenhague con ofertas suficientes (la UE estaba dispuesta a comprometerse con recortes de 20-30% y Japón de 25%), la oferta de EEUU era de tan solo 4%, casi diez veces menos de su justa parte. Aunque es sencillo entender por qué los

Los 42 países citados en el Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático de la ONU. Basado en análisis de Oxfam publicado en “Esfuerzo Compartido: La cooperación global es clave para lograr en Copenhague un acuerdo justo y seguro sobre el clima”. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ bp128_Hang_Together_Separately_sp_22_06_09.pdf

El desafío de transformar a la opinión pública y la voluntad política en EEUU forma parte integral de una serie de condiciones políticas necesarias para volver a pensar que un nuevo tratado pueda ser acordado dentro del marco del derecho internacional. Pero ello no es suficiente ya que, además, se requiere el cumplimiento de otras condiciones importantes entre todos los países: 1) la necesidad que el tratado sea legalmente vinculante, 2) las cuotas que corresponden a cada país dentro de un presupuesto global de carbón y de financiamiento para apoyar a las acciones necesarias en los países en vías de desarrollo. Es especialmente importante que China y EEUU –como contaminadores mayores y actores de mayor peso en el ámbito geopolítico– tengan un entendimiento mutuo, y consistente con estas condiciones.

Resolver todo lo anterior es imprescindible para lograr un acuerdo eficaz y duradero, independiente del cronograma de reuniones previstas para 2010. Si resulta imposible resolver estos puntos antes de la reunión de Cancún, está claro que los retos quedarán pendientes para la siguiente conferencia, a finales del 2011 en Sudáfrica. Así lo afirmó el grupo de las grandes economías emergentes –Brasil, China, India y Sudáfrica (BASIC)– en una reunión en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en abril del 2010 en la que, por primera vez desde Copenhague, un grupo importante de países en la negociación se atrevió a imponer de nuevo una fecha límite para las negociaciones5. Mientras tanto, hay otros retos que se tendrán que extraer de la gran masa de asuntos pendientes que resultaron de Copenhague, para convertirlos en metas superables antes que finalice la conferencia de Cancún a finales de

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Retos superables, retos pendientes

Lograr esto supone que los países en vías de desarrollo (los integrantes del grupo de negociación llamado G77 y China) modifiquen sus posiciones: en vez de reclamar sus derechos a cuotas de contaminación (como algunos vienen haciendo) deben demandar derechos para que su desarrollo sea protegido. De esta forma, se pondría en práctica el acuerdo logrado en Bali que condiciona acciones de mitigación a la disponibilidad de incentivos financieros). Esto supone también que un grupo núcleo en las negociaciones –con suficiente peso para hacerlo– esté dispuesto a avanzar con un nuevo acuerdo entre un número menor de países si entre todos los países miembros de la Convención Marco es imposible lograrlo.

norteamericanos no quieren comprometerse o por qué siguen interpretando las acciones necesarias como amenazas al desarrollo económico y bienestar, en vez de verlas como soluciones para lograr estos fines, es incómodo aceptar que el bienestar de siete mil millones de personas alrededor del mundo depende de las actitudes y decisiones de unos cuantos senadores en Washington. No cabe duda de que los retos internos para lograr un mayor compromiso en el Congreso estadounidense siguen siendo grandes, y es crucial enfrentarlos para alcanzar un acuerdo global que sea justo, ambicioso y vinculante.

“Brasil, China, India y Sudáfrica no esperarán a EEUU ‘por tiempo indefinido’”: http://www.abc.es/20100426/ sociedad/canal-natural/econoticias/brasil-china-india-sudafrica-201004261104.html

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2010. Es indispensable concretar logros tangibles como resultado del proceso de negociaciones, para restaurar la confianza entre las partes así como la confianza del público en el proceso mismo. En este sentido, hay ejemplos en varias áreas de las negociaciones en las cuales se podría avanzar, entre ellos cómo reducir las tasas de deforestación en zonas tropicales, facilitar acceso a tecnologías apropiadas para energías renovables y adaptación a los impactos del cambio climático, y concretar mecanismos y fuentes de financiación para realizar los compromisos del Acuerdo de Copenhague. Quizás el más importante y urgente de los retos a superar en 2010 es el tema de financiamiento, ya que existen compromisos claros, hay procesos específicos en curso, y subsiste un alto potencial para desencadenar otras actividades convergentes.

J “La razón fundamental por el resultado tan débil que salió de Copenhague es simple e incómodo: EEUU no está dispuesto a comprometerse con lo que le corresponde según los análisis científicos para mantener un clima estable y seguro para todos”. J “Sería necesario que un grupo núcleo en las negociaciones esté dispuesto a avanzar con un nuevo acuerdo entre un número menor de países si entre los miembros de la Convención Marco es imposible lograrlo”. J “Es indispensable concretar logros tangibles como resultado del proceso de negociaciones, para restaurar la confianza entre las partes y recuperar así la confianza del público en el proceso mismo”.

En este sentido, hay tres resultados tangibles y factibles que podemos esperar en la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático en Cancún (29 noviembre - 10 diciembre): Como primer punto, se espera un informe positivo sobre la entrega de la “financiación de arranque rápido” (‘fast start finance’, en

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inglés) prometida en Copenhague para el 2010 (US$10 mil millones). Lo segundo es acuerdo para desarrollar un paquete de fuentes innovadoras de financiación, capaces de generar hasta US$200 mil millones cada año en el 2020, y que pueda empezar a funcionar desde el 2013. Lo último es el establecimiento formal de un fondo nuevo (que podría ser el Fondo Verde de Copenhague para el Clima) que sirva como canal central para financiar a los países en vías de desarrollo, en temas relacionados con el cambio climático, y que cumpla con sus necesidades en cuanto a flujos de financiación predecibles, asequibles y adicionales a los compromisos existentes de entregar un 0.7% de los ingresos brutos nacionales para la cooperación internacional para combatir la pobreza mundial. En la sesión de negociaciones de junio 2010, la falta de transparencia y claridad en cuanto a los aportes de financiación de arranque rápido de los países industrializados quedó en evidencia. Además de conseguir mejoras en este punto, la tarea para Cancún será de acordar un esquema para la medición, notificación y verificación de los compromisos financieros de los países ricos. Las contribuciones de

La sesión de negociaciones de junio 2010 también incluyó un tono alentador en las discusiones sobre el nuevo fondo a establecerse en Cancún. Fuera de • Foto: Roberto Guerrero / Oxfam

América Latina: ¿protagonista u obstáculo? ¿Qué papel jugaron los gobiernos de América Latina en el proceso que condujo a Copenhague, y cuáles son las implicancias del resultado? Al igual que en otros temas del ámbito internacional, los gobiernos de la región no actuaron como bloque unido. Esto contrasta con los países africanos, por ejemplo, que han logrado avances importantes en la elaboración de una posición conjunta en los últimos años, y cuyo efecto fue notable en Copenhague y en sesiones anteriores de negociación. Mientras que varios países latinoamericanos han aportado contribuciones importantes en el ámbito técnico de las negociaciones –Argentina, Brasil y Colombia han prestado representantes para liderar algunos grupos de negociación importantes en el proceso, por ejemplo–, los aportes en el ámbito político en el camino hacia Copenhague fueron esporádicos, con una falta de respaldo y continuidad diplomática que no era proporcional al reto de consolidar un tratado legal de tamaña envergadura. Un ejemplo: en abril de 2009, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú se sumaron a una posición compartida con la alianza de pequeños países isleños (AOSIS) y

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En febrero de 2010, el secretario general de la ONU Ban Ki Moon estableció un grupo de alto nivel para tratar el segundo de estos temas –el paquete de fuentes financieros para alcanzar los US$200 millardos anuales necesarios antes del 2020–. El grupo –que cuenta con representantes de Brasil y México, además del presidente de Guyana– entregará sus recomendaciones en un informe final en octubre de 2010, y a los negociadores en Cancún les quedará solo avalar una de las opciones presentadas y acordar pasos a seguir para ponerla en marcha antes de 2013. Todos los países de la región latinoamericana deberían ayudar a asegurar que las recomendaciones del grupo encuentren una audiencia receptiva en Cancún para que puedan formar parte de los retos superados en este año.

negociaciones constructivas alrededor de las funciones de un ‘consejo de financiación’, también se vio un cambio importante en la posición de EEUU acerca del papel de las instituciones relacionadas con la arquitectura institucional para el nuevo fondo (como el Banco Mundial). Esto abre camino para que el establecimiento formal del fondo –una de las metas centrales para México como anfitrión de la conferencia de Cancún– sea factible.

Alemania y España al Fondo de Adaptación –como parte de su aporte de financiación de arranque rápido– han levantado los ánimos de muchos países vulnerables ya que consideran que es un canal adecuado para sus necesidades en el campo de adaptación.

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varios países africanos, que demandaban reducciones en las emisiones de los países industrializados de 45% entre 1990 y 2020. Pero más allá de sumarse a la posición, faltó una estrategia política y diplomática para que este grupo pudiese presionar a EEUU y demás países industrializados. En la mayoría de casos, los líderes políticos de estos estados no estaban al tanto del tema hasta poco antes de subirse al avión rumbo a Copenhague.

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Las iniciativas individuales de algunos países de la región tienen su lógica y son importantes, sin duda. Brasil juega un papel clave con las demás grandes economías emergentes (BASIC, que incluye también a China, India y Sudáfrica) en el ámbito político internacional, y también es un actor importante en las negociaciones sobre el tema de deforestación evitada. México lleva una responsabilidad importantísima como presidente de la próxima conferencia de la ONU en Cancún, y se ha convertido también en un actor de peso en las negociaciones sobre los mecanismos de financiación. Bolivia ha lanzado una iniciativa importante que reunió a pueblos y movimientos sociales en Cochabamba en abril de 2010, y que extendió los parámetros de las negociaciones intergubernamentales hacia un extremo que es a la vez realista (desde un punto de vista científico) e irrealista (desde la perspectiva política de los países ricos). Pero sin esfuerzos compartidos y concertados es difícil ver cómo estas iniciativas podrán resultar en palancas de presión eficaz frente a EEUU, la Unión Europea, Japón y los demás países industrializados, que seguirán adelante con la estrategia milenaria de “dividir y conquistar”. Mientras quedan algunos países con los que puedan comercializar créditos de carbono, ¿por qué preocuparse por los que se oponen? Mientras algunos países acepten dinero a cambio de dejar

de lado su oposición a unas metas de reducciones de emisiones irrisorias, ¿por qué ofrecer más? La oposición al Acuerdo de Copenhague por parte de Bolivia, Venezuela y otros países fue importante porque dejó claro que el fracaso político de Copenhague no se podía remediar con unas promesas vagas sin importancia legal. También fue eficaz por afectar el récord oficial de la conferencia. Pero la gran pregunta es si impedir un acuerdo malo pueda ayudar a conseguir un acuerdo bueno. Fuera de introducir barreras y obstáculos a un consenso débil e inadecuado, ¿qué podrían hacer los países de la región para fomentar un consenso amplio sobre un acuerdo justo, ambicioso y vinculante? Si bien los países de la región varían mucho en sus perfiles de emisiones y en sus políticas internas y externas relacionadas con el desafío del cambio climático, todos comparten un reto tremendo: están expuestos a unas amenazas climáticas que se agravarán en los años que vienen –pase lo que pase en Cancún o años posteriores–. Los países con menos fuerza económica sufrirán aun más si no logran emprender acciones para contrarrestar los peores impactos. Por ejemplo, en Guyana cerca del 90% de la población vive en el cinturón costero que se encuentra a 1,4 metros bajo el nivel del mar, y muchos otros países del Caribe también están expuestos al alza del nivel del mar previsto para este siglo. Países centroamericanos y andinos estarán expuestos a más sequías e inundaciones como resultado de la variabilidad de lluvias y el retroceso glaciar. Sin recursos para invertir en diques, embalses y otras infraestructuras que ayuden a resistir estos cambios, estos países corren grandes riesgos que afectarán sobre todo a sus poblaciones menos favorecidas: pueblos indígenas y afro-descendientes, mujeres, niños y ciudadanos de tercera edad, en particular aquellas que habitan zonas

Hay muchas razones para pensar que los países de la región latinoamericana jamás se unirán como los africanos. Los factores históricos, ideológicos y políticos están en contra de ello. Pero frente a los desafíos del cambio climático, todos los países del continente tienen un interés en asegurar la disponibilidad de recursos financieros nuevos y adicionales, para evitar los peores impactos y atacar las causas del cambio climático en la región. No hace falta que todos los países de la región resuelven todas sus diferencias para que formen un bloque con peso frente a los retos superables de aquí a Cancún. No todos necesitan rechazar el capitalismo como el presidente Morales para apoyar un informe interino sobre los compromisos de los países ricos a finales de 2010. No hace falta que los países del ALBA (Bolivia,

Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) acepten el capitalismo para que apoyen un solo fondo, controlado por los países del Sur, para dirigir los recursos a donde más hacen falta. Y no es indispensable que los del Caribe o Brasil hablen el castellano para que presionen a los países del Norte con el fin de acordar medidas para proporcionar los fondos necesarios para cumplir con su responsabilidad. Lo que sí hace falta es concretar posiciones consensuadas mínimas, y elevar la importancia que nuestros países dan al cambio climático en sus agendas externas y diplomáticas mientras siguen las negociaciones intergubernamentales. Mantenemos la expectativa que los países latinoamericanos puedan consolidar un bloque solidario frente a las negociaciones, antes que los impactos desastrosos del cambio climático les obliguen a hacerlo.

rurales. Pero no solo son los países más pobres los que deben preocuparse. Según estimaciones de la CEPAL, México podría perder entre un 6 y 30% de su PBI debido a los impactos del cambio climático. Como muchos otros países, Argentina y Chile tendrán que enfrentar una disminución en sus capacidades hidroeléctricas, y Brasil podría ver gran parte del Amazonas convertido en sabana.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

J “Sin esfuerzos compartidos y concertados, es difícil una presión eficaz frente a EEUU, la Unión Europea, Japón y los demás países industrializados, que seguirán adelante con la estrategia milenaria de “dividir y conquistar”. J “Si bien los países de América Latina varían mucho en sus perfiles de emisiones y sus políticas internas y externas relacionadas con el desafío del cambio climático, todos comparten un reto tremendo: están expuestos a amenazas climáticas que van a agravarse”. J“No todos tienen que rechazar el capitalismo como el presidente Morales para apoyar un informe interino sobre los compromisos de los países ricos a finales de 2010. No hace falta que los países del ALBA acepten el capitalismo para dirigir los recursos a donde más hacen falta”.

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Oxfam en el MUNDO Catorce organizaciones que trabajan para encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia â&#x20AC;˘ Foto: Jim Holmes / Oxfam

xfam, una confederación internacional de 14 organizaciones, fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes. Su objetivo es trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha internacional por reducir la pobreza y la injusticia.

Además de convertirse en la organización mundial líder en ayuda humanitaria de emergencias, proporcionando apoyo inmediato a las personas afectadas por catástrofes naturales o conflictos, Oxfam pone en marcha programas de desarrollo a largo plazo en comunidades vulnerables. También forma parte de un movimiento global por el cambio, haciendo campañas para poner fin a las reglas injustas de comercio, pedir mejores servicios sanitarios y educativos, o combatir el cambio climático. Todo esto se realiza junto a tres mil organizaciones locales en más de cien países, buscando influir en quienes tienen capacidad de decisión para que realicen los cambios necesarios en las políticas y prácticas que contribuyen a la perpetuación de la pobreza y la injusticia. Oxfam busca incrementar el entendimiento y reconocimiento público de que la justicia económica y social es crucial para el desarrollo sostenible. Trabaja para ser una fuerza global de campañas, que promueve los valores de una ciudadanía global, a la vez que busca movilizar a la opinión pública para que la igualdad entre las personas tenga la misma prioridad que el crecimiento económico de las naciones. Las catorce organizaciones que forman parte de Oxfam tienen sus sedes en Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Quebec. El secretariado de Oxfam tiene su sede en Oxford, Reino Unido, y desde allí coordina las oficinas de incidencia política de Washington DC, Nueva York, Bruselas y Ginebra.

Actualmente, Oxfam está compuesta por 14 organizaciones que comparten los mismos principios éticos y trabajan sumando esfuerzos para conseguir el máximo impacto para lograr su misión: encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia en el mundo. Dado que muchas de la causas de la pobreza son de carácter global, los miembros de Oxfam confían en que pueden lograr un mayor impacto mediante su esfuerzo colectivo.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

El nombre ‘Oxfam’ proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en Gran Bretaña en 1942. Este grupo de ciudadanos trabajó en campañas para que los barcos del bloque aliado llevaran provisiones de comida a las mujeres y niños de Grecia, país ocupado por el bloque enemigo durante la Segunda Guerra Mundial.

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Oxfam en el Perú

• Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

urante el 2009 trabajaron en el Perú Oxfam América (Estados Unidos), Oxfam Novib (Holanda), Oxfam Gran Bretaña, e Intermón Oxfam (España), las cuales armonizan sus programas desde finales del 2000. Sus áreas de interés prioritarias son agricultura y recursos naturales, industrias extractivas, derechos laborales, pueblos indígenas, gestión de riesgos y ayuda humanitaria. Estos programas son puestos en marcha en sociedad con una amplia red de contrapartes, socios y aliados del país, tanto de la sociedad civil como del Estado.

En Ayuda Humanitaria y Gestión de Riesgos se trabaja para que la población afectada por desastres pueda recibir la protección y la asistencia necesarias con el propósito de que se garanticen sus derechos humanos. Más allá de esto, se busca que las poblaciones vulnerables y que viven en condiciones de pobreza reduzcan los riesgos que las rodean y se mitiguen aquellos problemas que el cambio climático ya empezó a ocasionar. En situaciones de emergencia causadas por desastres naturales, se asegura que las personas accedan a agua limpia y segura, así como a condiciones sanitarias que permitan que no se les sumen otros problemas de salud. El programa de Pueblos Indígenas busca promover los derechos de estos sectores de la población, históricamente excluidos y con los más altos índices de pobreza. Para lograrlo, apoya el fortalecimiento de sus propias organizaciones y sus capacidades de liderazgo y diálogo. El Programa Trabajo Digno y Ciudadanía busca consolidar un mercado de trabajo en condiciones dignas, donde las personas puedan acceder a un sueldo justo, mejores oportunidades de empleo, vacaciones pagadas, descanso, protección social, seguridad en el trabajo, derecho a la sindicalización y negociaciones colectivas. Para lograrlo, Oxfam trabaja con organizaciones aliadas en el ámbito local y nacional para que trabajadores de las zonas empobrecidas del Perú ejerzan un trabajo con derechos efectivos a través de cambios en las políticas públicas y prácticas privadas.

El programa de Agricultura y Recursos Naturales busca cambios en las políticas a favor de los pequeños productores y sus comunidades, promoviendo la defensa de los derechos al agua, la tierra y biodiversidad, la sostenibilidad de cadenas productivas y el acceso a mercados, los derechos laborales de las mujeres en el sector de la agroexportación y modelos de desarrollo alternativos e incluyentes.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

El programa de Industrias Extractivas busca que la actividad minera e hidrocarburífera se desarrolle respetando los derechos de las comunidades y creando desarrollo. Para ello, trabaja con poblaciones afectadas por estas industrias, con las compañías para que éstas operen con responsabilidad social, y con diversas instancias del Estado para que asuman su rol regulador en la materia.

Con relación al cambio climático, la preocupación central de Oxfam es la Justicia Climática: los sectores más afectados son los que menos responsabilidad tienen en su generación. En

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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

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el caso del Perú, estas son principalmente las comunidades rurales. Oxfam y sus aliados han buscado generar mayor conciencia sobre el hecho de que este no es un problema que se dará en el futuro, sino que se está viviendo ya y es necesario que los gobiernos actúen para mitigarlo y • Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

para implementar medidas de adaptación. Estos programas son el resultado del consenso sobre estrategias y acciones conjuntas entre los afiliados de Oxfam en el Perú. La elección de los temas prioritarios responde a un análisis conjunto de país, así como de los aportes que podemos hacer considerando nuestra misión y competencias. En ese sentido, las siguientes páginas describen nuestras diversas líneas de trabajo. Al igual que a nivel mundial, Oxfam busca en el Perú incrementar el entendimiento y reconocimiento público de que la justicia económica y social son cruciales para el desarrollo sostenible y, en esa medida, quiere contribuir a la disminución de las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales, como un mecanismo seguro para la superación duradera de la pobreza y el sufrimiento.

Foto: Maribel Sรกnchez / Oxfam

AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES

La palanca para reducir la pobreza rural • Foto: Elva Abad / Oxfam

a razón más importante para que los gobiernos inviertan en agricultura familiar campesina es que al hacerlo se puede revertir la pobreza. El 75% de las personas pobres que subsisten con un dólar al día trabajan y viven en zonas rurales, y las proyecciones indican que más del 65% seguirá en esta situación hasta 20251.

En el Perú, las políticas agrarias no reconocen el valor estratégico de los pequeños productores, a pesar de ser actores claves del sector productivo del país. No solo

X. Diao, S. Fan. S. Kanyarukiga and B. Yu (2007) Agricultural Growth and Investment Options for Poverty Reduction in Rwanda. IFPRI Discussion Paper 00689. International Food Policy Research Institute. Washington, D.C.

DATOS t De cada cuatro puestos de trabajo en el Perú, uno pertenece a la pequeña agricultura, la principal fuente de empleo con el 36% de la población económicamente activa (PEA), según el Ministerio de Trabajo.

porque tienen a su cargo el uso y manejo de recursos naturales (tierra y agua principalmente), y son los guardianes de la biodiversidad, sino porque son la base de la seguridad alimentaria ya que producen 7 de cada 10 toneladas de alimentos que consumimos los peruanos. Pero paradójicamente, ellos son los más afectados por la pobreza extrema. Más de 7 millones de personas en la sierra rural y selva amazónica que dependen de la agricultura para su subsistencia, viven en situación cada vez más precaria por las amenazas del cambio climático, la crisis alimentaria y financiera, y por la falta de inversión en el sector. En 2009, la incidencia de la pobreza en la costa rural llegó a 40,6%, en la selva rural a 57,4% y en la sierra rural a 65,6%2. Ante este escenario, Oxfam con sus aliados implementan acciones para gestionar sosteniblemente el uso y manejo de

recursos naturales (principalmente tierra, agua y biodiversidad) en comunidades campesinas, especialmente de la sierra. La finalidad es conservar su base productiva para mejorar su acceso a alimentos y a mercados locales que permita elevar sus niveles de nutrición e incrementar sus ingresos para mejorar su calidad de vida.

Concursos comunales En algunas comunidades campesinas de Ayacucho y Huancavelica, se han logrado implementar estrategias novedosas y participativas como los concursos intercomunales e interfamiliares sobre el manejo sostenible de recursos naturales y seguridad alimentaria, que promueven el liderazgo de las mujeres.

t La pequeña agricultura representaría el 92,1% del total de unidades agropecuarias del país. Las 1,5 millones de unidades agrícolas poseen aproximadamente 5,3 millones de hectáreas, el 38% de la superficie total.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t La PEA rural sigue siendo importante aunque presenta una tendencia decreciente. Para 2006 se registraron 2,8 millones de personas, de acuerdo con un estudio de Augusto Cavass y Mesclier.

Asimismo, Oxfam apoya estudios para analizar las distintas áreas del desarrollo

INEI. “Informe Técnico: Evolución de la Pobreza al 2009”. Lima Mayo 2010.

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rural que permita a las organizaciones tener elementos para la reflexión de sus problemas y puedan identificar alternativas sustentables. También se promueven espacios de diálogo y concertación con el Estado (en sus distintos niveles) con la finalidad que las organizaciones puedan negociar sus intereses y lograr políticas que generen el desarrollo de una de sus principales actividades: la agricultura. “Promovemos que la sociedad civil organizada participe en la toma de decisiones del gobierno local a través del presupuesto participativo. Apoyamos y gestionamos pasantías a nivel nacional e internacional para que los productores puedan ver otras experiencias y las repliquen en sus comunidades”, asegura Herbert Luna Fernández, alcalde de Sangarará de la provincia de Acomayo (Cusco).

Líderes para el cambio Oxfam fortalece las capacidades de la población promoviendo talleres de formación de líderes a fin de que puedan organizarse y participar en la vida política de sus comunidades. Se ha logrado empoderar a las organizaciones para que ellas puedan decir “somos protagonistas de los cambios importantes que se están dando en el país”. El trabajo se centra especialmente con mujeres campesinas que son las más afectadas por la pobreza e inequidad, apoyando la constitución y fortalecimiento de asociaciones de productoras de cuyes y hortalizas en algunos distritos de Ayacucho, así como la realización de talleres de capacitación a lideresas y pasantías que les permitan abrir nuevos horizontes para ejercer y defender sus derechos. La sociedad peruana no valora el trabajo del productor campesino y amazónico. Casi siempre son percibidos como un sector

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que no aporta al desarrollo del país, y no se considera que sus productos permiten que el Perú tenga una oferta diversa y sean la base del boom gastronómico nacional. Oxfam apoya acciones que permitan que la sociedad peruana valore el rol de los campesinos y su contribución al desarrollo económico, facilitando que sean más visibles a la opinión pública, sobre todo por su aporte a la gastronomía peruana y a la alimentación de todos los peruanos. En ese escenario, Oxfam y la Sociedad Peruana de Gastronomía ha promovido el desarrollo de una alianza entre campesinos y cocineros con la finalidad de mostrar a la opinión pública y la sociedad peruana el trabajo sostenido de los agricultores campesinos e indígenas por conservar la biodiversidad y por ende la variada cocina peruana; su aporte es hoy reconocido por este importante sector. No será posible reducir la pobreza sin renovar el compromiso público para apostar por el desarrollo de la agricultura familiar campesina e invertir más, y con mayor inteligencia, en investigación y desarrollo agrícola, así como en los sectores de apoyo: educación, infraestructuras, salud y medio ambiente.

• Foto: Elva Abad / Oxfam

Informe financiero: agricultura y recursos naturales1 Área geográfica

Monto US$2

Fe y Alegría

Formación de recursos productivos con futuro. Fortalecimiento de la educación técnica de los alumnos de la red de colegios Fe y Alegría.

A nivel nacional (17 departamentos)

US$ 83.784

Asociación Arariwa

Desarrollo rural integral para la inclusión social y la equidad de género. Trabajo con fruticultores y gobiernos locales.

Cusco (Acomayo, Canas, Urubamba y Calca)

US$ 93.836

Ccaijo -Centro de Capacitación Agro Industrial Juan Jesús Obrero

Desarrollo rural integral para la inclusión social y la equidad de género. Fortalecimiento de los productores de ganado vacuno y cuyes, y de los regantes. Fortalecimiento de organizaciones locales e incidencia con gobiernos locales.

Cusco (Provincia de Quispicanchi), Junín y Huancavelica

US$ 104.224

Fovida -Fomento de la Vida

Fortalecimiento de las organizaciones locales e incidencia con gobiernos locales para el desarrollo rural, inclusión social y equidad de género. Dinamización de las economías territoriales y acceso a mercado de pequeños productores.

Lima sur, Junín (Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca), Cusco y Huancavelica (Tayacaja)

US$ 312.580

Redes

Desarrollo rural integral para la inclusión social y la equidad de género. Fortalecimiento de la cadena de Turismo Rural, de las organizaciones locales, e incidencia con gobiernos locales para el desarrollo rural.

Junin (Jauja, Concepción, Huancayo y Chupaca), Cusco, Huancavelica

US$ 103.754

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

La información económica que presentamos a continuación agrupa los aportes que Intermón Oxfam, Oxfam América, Oxfam Gran Bretaña y Oxfam Novib, miembros de la confederación Oxfam, hicieron durante su ejecución anual 2009-2010 en Perú. 2 La información financiera que se presenta es referencial. Para la libra esterlina se ha usado un cálculo de 1.6040 dólares por libra, y de 1.38 dólares por euro. 1

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Proyecto

Área geográfica

Monto US$

Tadepa -Taller de Promoción Andina

Participación democrática para el desarrollo local. Fortalecimiento de los productores de palta. Trabajo con regantes. Fortalecimiento de organizaciones locales e incidencia con gobiernos locales para el desarrollo de la cadena.

Luricocha – Ayacucho (Huanta)

US$ 34.871

Cedap -Centro de Desarrollo Agropecuario

Gestión y ejercicio de derechos para el desarrollo rural. Fortalecimiento de la cadena de cuyes y hortalizas. Trabajo de incidencia con gobiernos locales.

Ayacucho, provincia de Chuschi y Paras

Cotash - Cooperativa de Servicios Múltiples Tallán Chusis Ltda.

Fortalecimiento de la capacidad de gestión organizacional de la Cooperativa de Servicios Múltiples “Tallan Chusis” Ltda.

Piura

Femucarinap -Federación Nacional de Mujeres Campesinas Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú

Apoyo a Talleres de Planificación e Incidencia 2009. Fortalecimiento institucional de la organización.

Nacional

US$ 2.820

RAAA - Red de Acción en Agricultura Alternativa

Fortalecimiento de la sociedad civil para la vigilancia ciudadana de los impactos ambientales y sociales del nuevo marco normativo de promoción de inversiones en sector agrario a partir del TLC.

Nacional

US$ 15.000

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Contraparte

CEDEP -Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación

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Capacitación e incidencia para políticas públicas transparentes y desarrollo económico local. Acceso a mercados de pequeños productores y manejo sostenible de recursos naturales.

Nacional y en regiones específicas (Ica y Ancash)

US$ 86.450

US$ 10.000

US$ 125.580

ConveagroConvención Nacional del Agro SEPIA - Seminario Permanente de Investigación Agraria

Consolidar y ampliar incidencia política y representatividad institucional del agro peruano. Promover debate por un desarrollo sostenible e influyente en el Perú rural.

SER - Servicios Educativos Rurales e Instituto de Montaña

Diagnóstico y elaboración de propuesta para la gestión de recursos forestales en Carmen de la Frontera

Área geográfica

Monto US$

Nacional

US$ 73.115

Piura

US$ 34.672

TOTAL

US$ 1.104.666

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

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INDUSTRIAS EXTRACTI VAS

Buscando crecimiento con derechos Foto: David Stubbs / Oxfam

o se puede negar la importancia de la minería y la extracción de hidrocarburos en la economía peruana. Según el Ministerio de Energía y Minas, la minería representó el 63% de las exportaciones durante 2009. El crecimiento económico que ha vivido el Perú en las últimas décadas está claramente vinculado con las industrias extractivas. Esto ha ido de la mano con una penetración también cada vez mayor en las zonas rurales del país. Hasta 2009, el 14% del territorio nacional, aproximadamente 18 millones de hectáreas, fue entregado en concesión a exploraciones mineras. Algo similar sucede con los hidrocarburos: más del 70% de la Amazonía ya estaba cubierta con proyectos de exploración y explotación en 2008. Esta inserción en los territorios y en las vidas de las comunidades rurales, mayoritariamente indígenas, no ha sido fácil. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de los 260 conflictos sociales registrados a enero del 2010, el 47% (121 casos) fueron socio-ambientales, de los cuales el 64% (77 casos) estuvieron vinculados con la actividad minera y el 12% (15 casos) con la de hidrocarburos.

DATOS t En la provincia cusqueña de Chumbivilcas existen 710 petitorios mineros, lo que representa en promedio el 95% del territorio, según las autoridades de la zona.

Importante aporte económico, por un lado, crecientes conflictos sociales por el otro. Las industrias extractivas representan una oportunidad de desarrollo que requiere ser ajustada. Oxfam y sus aliados piensan que para ello se necesita asegurar el respeto a los derechos de las comunidades cercanas a estas actividades; fortalecer las instancias estatales que las regulan y vigilan; definir políticas de ordenamiento territorial; asegurar que los beneficios que se logren lleguen también a las comunidades; y lograr que esta oportunidad sirva para generar otro tipo de crecimiento económico para el país que no gire prioritariamente alrededor de la extracción de los recursos naturales.

Más y mejor participación ciudadana

ciudadana en la minería del Perú, que fue aprovechada para promover el diálogo entre diversos sectores sobre este tema. La investigación encontró que la falta de canales formales a través de los cuales las comunidades locales puedan expresar sus opiniones y preocupaciones abonaban de manera directa en los conflictos sociales. Otro hallazgo significativo fue que los diversos sectores involucrados (empresas, gobierno, organizaciones sociales y de la sociedad civil) reconocían la participación como un derecho. Sin embargo, el significado concreto que se le da al término “participación” varía. Mientras que para unos se limita a dar y recibir información, para otros se vincula con la licencia social, o con el consentimiento previo.

t En los cinco últimos años, las principales mineras obtuvieron ganancias que bordean los US$20 mil millones, pero apenas el 22% de las multas impuestas a estas compañías por infracciones ambientales y de seguridad fueron pagadas.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t El Perú es el sexto productor de oro del mundo y el primero en Latinoamérica. También ocupa el primer lugar en producción de plata a nivel mundial, según el informe Gold Survey 2009.

• Foto: David Stubbs / Oxfam

Oxfam tiene la convicción de que para lograr que los derechos de las poblaciones sean respetados y promovidos, se necesita escuchar a la ciudadanía. Por ello, encargó una investigación sobre la participación

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• Foto: Caretas

ambos. Un tema al que será necesario seguir prestándole atención en el futuro.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

De otro lado, los conflictos sociales han puesto sobre el tapete una pregunta crucial: ¿puede haber explotación minera o de hidrocarburos en cualquier lugar? ¿O hay zonas en las que esto no es posible por razones ambientales, culturales, sociales o económicas?

Otra traba fundamental es la falta de confianza. “Una de las recomendaciones para todos los sectores es construir credibilidad, sobre todo a través de mecanismos de transparencia y vigilancia”, señala Gerardo Castillo, uno de los autores del estudio. “Que haya sistemas de monitoreo, de resolución de disputas y quejas”, remarca, indicando que para ello es necesario que tanto el Estado como las comunidades cuenten con más recursos.

La seguridad ¿de quién? Frente a las acusaciones que señalaban que la empresa minera Yanacocha estaba impulsando acciones que violaban los derechos de las organizaciones de la sociedad civil, Oxfam dialogó con la compañía estadounidense Newmont, accionista mayoritaria de Yanacocha, para que se realizara una investigación independiente sobre sus medidas de seguridad. El informe, elaborado por Gino Costa, reveló que hay un límite confuso entre las fuerzas de seguridad privadas y las públicas, al punto que estas últimas trabajan defendiendo intereses privados. Frente a eso, Costa da recomendaciones para establecer mejor los límites entre

148

Durante 2009 el gobierno regional de Cajamarca desarrolló una propuesta de Ordenamiento Territorial y Zonificación Económica Ecológica. Grufides cumplió un rol técnico en este proceso. “Impulsamos la zonificación territorial porque creemos que es un instrumento para el manejo de conflictos”, señala Mirtha Vásquez, directora de Grufides. “En Cajamarca gran parte del territorio está destinado a la actividad minera. Actualmente hay conflictos por el uso que se le debe dar a la tierra, pues hay casos en que se concesionan zonas ecológicamente vulnerables”, asegura. Con esta herramienta los gobiernos locales pueden tomar decisiones técnicas y con criterios más claros sobre las actividades económicas, y sobre la inversión que se puede promover en cada territorio. A nivel de la Amazonía, el colectivo Acción Ciudadana Camisea diseñó una propuesta de Evaluación Ambiental Estratégica. Este mecanismo consiste en un diagnóstico ambiental que permite identificar vulnerabilidades, potencialidades, riesgos, y los vínculos ambientales que hay en cada área geográfica para determinar las actividades económicas que sean adecuadas. Se espera que con iniciativas de este tipo se pueda ir configurando políticas que den un marco que ayude a tomar decisiones positivas y reduzcan los conflictos.

Informe financiero: industrias extractivas

Propuestas para la defensa de los recursos naturales y un desarrollo sostenible e inclusive Fedepaz - Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz

Cooperacción Acción Solidaria para el Desarrollo

Fortalecimiento institucional de la Red Muqui para su participación en el debate programático de la agenda sobre minería, ambiente, comunidades y desarrollo La minería y los derechos de las comunidades: de las experiencias locales al debate programático

Área geográfica

Nacional

Piura y Cusco

Majaz y Las Bambas, casos emblemáticos para el cambio de la política minera Piura y Abancay y ambiental

Monto US$

US$ 100.500

US$ 60.000

US$ 136.000

US$ 145.000

Conacami -Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería

Desarrollando capacidades organizativas y de incidencia

Ancash, Piura, Huancavelica, Pasco, Cusco, Apurímac y Lima

US$ 23.780

DAR - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales y Acción Ciudadana Camisea

Incidencia para fortalecer el debate en torno a la política de hidrocarburos y la construcción de la nueva matriz energética desde la experiencia del proyecto

Nacional

US$ 40.000

Grufides -Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible

Gobernabilidad y Gestión de Riesgos para el Desarrollo Sostenible en el Contexto de Actividades Mineras

Cajamarca

US$ 59.000

Labor – La Oroya

Impulsar cambios favorables para la solución de la problemática de salud ambiental de La Oroya

Junín

US$ 7.000

Asociación Guarango Cine y Video

Documental sobre casos de hostigamiento a líderes ambientales en Piura

Nacional

US$ 5.000

Cepes - Centro Peruano de Estudios Sociales

Seminario regional sobre la crisis internacional y las industrias extractivas en América Latina

Nacional

US$ 7.000

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

149

Contraparte

Proyecto

Área geográfica

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Fortalecimiento Institucional de Comaru - Consejo Comaru frente Machiguenga del Rio al incremento de Cusco Urubamba las actividades hidrocarburíferas en el Urubamba

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Racimos de Ungurahui

Elaboración de demanda por daños personales y ambientales ocasionados por la empresa Occidental Petroleum Corp-OXY

Loreto

Labor

Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental y participación civil

Nacional y en regiones de Ilo, Arequipa y Moquegua

TOTAL

Monto US$

US$ 30.000

US$ 10.000

US$ 234.600

US$ 857.880

INTEGRACIÓN REG I O N A L Y C O M E R C I O

Acuerdos justos y vigilancia social • Foto: Thomas Müller / SPDA

xfam busca generar condiciones para lograr que los procesos de integración regional y los acuerdos comerciales con diferentes países se negocien en condiciones de equidad y favorezcan a las poblaciones más excluidas. Por ello, desde su programa de Integración Regional y Comercio, Oxfam contribuye a la construcción de una integración sudamericana que prioriza la reducción de asimetrías, el fortalecimiento del rol regulador de los gobiernos y promueve la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los espacios de debate y la formulación de propuestas. En ese marco, en 2009 se ha trabajado con la Red Globalización con Equidad (RedGE) en acciones de vigilancia e incidencia sobre la negociación e implementación de acuerdos comerciales con Estados Unidos (EEUU) y con la Unión Europea (UE), procurando generar marcos de negociación que no vulneren derechos básicos de la población, como el derecho a la salud pública. En ese sentido, la campaña sobre propiedad intelectual y acceso a medicamentos, realizada por RedGE y otras organizaciones durante las negociaciones con la UE, obligó a los representantes europeos a retirar su propuesta

DATOS t Perú ha firmado acuerdos comerciales con EE UU, China, Singapur y Canadá. Tiene además un protocolo con Tailandia, y un Acuerdo de Libre Comercio con Chile. t También está negociando acuerdos con México, Corea, Japón y la Unión Europea. No existe un balance del impacto social ni ambiental de estos acuerdos.

inicial. Ellos pedían mayores protecciones en materia de derechos de propiedad intelectual —incluso más allá de lo que Perú aceptó en el TLC con EEUU—, lo que hubiera limitado aun más el acceso de la población a medicamentos baratos. Hay que destacar, también, el cercano trabajo con las organizaciones de Colombia, para defender una posición coordinada durante las distintas etapas de negociación con la UE. De otro lado, RedGE realizó los primeros estudios sobre los impactos del TLC con EEUU al cumplirse el primer año de su entrada en vigencia. “Hemos hecho un seguimiento de la implementación del acuerdo, así como estudios de impacto en diferentes temas como estándares laborales, agricultura y medicamentos, y los hallazgos son preocupantes”, dice Alejandra Alayza, de RedGE. De acuerdo con la especialista, uno de los estudios realizados con Acción Internacional para la Salud (AIS) revela que la exoneración arancelaria a los medicamentos que provienen de Estados Unidos no se ha reflejado en la rebaja del precio de los

productos. Entre febrero de 2009 y abril de 2010, el gobierno peruano ha dejado de recibir más de 308 mil dólares por las exoneraciones en 35 productos importados por las compañías farmacéuticas, y todavía está pendiente un reembolso de 203 mil 823 dólares a estas empresas, lo que hace un total de más de medio millón de dólares. En el caso del sector agrario, Alayza señala que sigue pendiente la tarea de atender a los pequeños productores agrarios con una agenda interna que permita compensar a los afectados con el acuerdo comercial y atender viejas demandas como el acceso al crédito, la promoción de la asociatividad, el acceso a la tecnología y el apoyo a la comercialización.

Megaproyectos regionales y su impacto en el Perú

t UNASUR tiene entre sus temas prioritarios la integración física, energética, las telecomunicaciones, la inclusión social y el diálogo político entre los países. Además está creando el Banco del Sur, iniciativa que el Perú no ha firmado.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue constituida en mayo de 2008. Esta iniciativa de integración incluye a todos los países de América del Sur.

El monitoreo de grandes proyectos de infraestructura y energía en América del 153

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Sur, que tienen por objetivo la conexión de los mercados pero que generan un gran impacto en los medios de vida y en el entorno ambiental de las comunidades locales del país, ha sido una línea de trabajo importante para Oxfam durante el año que pasó. En ese sentido, el seguimiento a la Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en la que el Perú participa en los ejes Andino, Amazónico, Perú-BrasilBolivia e Interoceánico Central, ha sido un aspecto clave para buscar minimizar los impactos de este megaproyecto.

154

Con ese propósito, Oxfam ha apoyado a la organización Fórum Solidaridad Perú para incidir en la orientación de las inversiones que se desarrollan en el marco de IIRSA, y buscar que los gobiernos y quienes toman decisiones regionales incluyan en sus agendas de desarrollo las propuestas de las organizaciones sociales locales. Así, se ha trabajado con el gobierno regional de San Martín y se tiene previsto iniciar relaciones con otros gobiernos regionales y organizaciones locales. “Se ha contribuido a involucrar a organizaciones del nororiente • Foto: Gilvan Barreto

peruano en la problemática de la ejecución del megaproyecto IIRSA y otros proyectos”, señala Rómulo Torres del Fórum Solidaridad Perú. Torres añade que este trabajo se ha hecho a través de la conformación de la Red Tucuy Ricuy, integrada por ONGs, organizaciones y movimientos sociales, que aparte de alentar el debate sobre el tema, realiza seguimientos a los más importantes proyectos. Con el apoyo de Oxfam, Fórum Solidaridad Perú se ha acercado a grupos de Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil que trabajan el mismo tema. Este hecho ha permitido comprender mejor la magnitud de los impactos de los megaproyectos de energía e infraestructura en América del Sur y empezar a diseñar acciones conjuntas de incidencia. Al respecto, estas articulaciones están contribuyendo a colocar en el debate público la necesidad de contar con un ordenamiento territorial sustentable, garantizar el derecho a la consulta, regular la inversión y plantear otras formas de integración regional.

Informe financiero: integración regional y comercio Área geográfica

Monto US$

Fórum Solidaridad Perú

Fortalecimiento de redes para el monitoreo de la inversión en infraestructura

Nacional

US$ 30.300

Red GE –Red por una Globalización con Equidad

Seguimiento a las negociaciones y formulación de propuestas frente a los tratados comerciales

Nacional

US$ 62.000

Aidesep - Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana

Apoyo para su participación en las Mesas de Diálogo

Nacional

US$ 4.000

TOTAL

US$ 96.300

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

155

TRABAJO DIGN O Y CI UDADANÍ A

El desafío de reducir las brechas • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

pesar de que en el Perú cada vez son más las mujeres que se incorporan al mercado laboral, la brecha salarial respecto a los hombres se mantiene desigual. Según el último censo, las mujeres en el país ganan en promedio 65,6% por debajo del ingreso de los hombres, lo que significa que una peruana obtiene 65,60 nuevos soles por cada 100 nuevos soles que recibe un peruano1. Por otro lado, el 80% de la población se dedica a actividades económicas de baja productividad (micro empresa urbana y rural, comercio, artesanía, agricultura familiar, trabajo doméstico, entre otros), muchas de las cuales tienen alta participación femenina, y son sectores donde no existen políticas efectivas ni recursos para incluir social y económicamente a los ciudadanos y ciudadanas. En otros rubros dinámicos como el de la agroexportación y confecciones, las mujeres se ven obligadas a aceptar menores salarios y mayores jornadas de trabajo, sin derechos laborales (seguridad social).

Mujer y empleo, buscando la igualdad. Lima: FloraTristán, 2009.

DATOS t La tasa anual de incremento de los hogares dirigidos por mujeres llega a crecer 3,9% al año, mientras que los encabezados por los hombres aumentan a razón de 2% anual.

Las leyes de la inequidad Coincidentemente, donde la mano de obra femenina es muy intensiva se han normado subestándares laborales que recortan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Esto se puede observar en el trabajo doméstico, en la Ley de Promoción Agraria, la ley MYPE (de la micro y pequeña empresa), la Ley de Promoción de Exportaciones No Tradicionales, entre otras normas que profundizan aun más la inequidad entre hombres y mujeres. Alrededor de 85% de mujeres que trabajan (3 millones aproximadamente) se ven perjudicadas por esta situación. Por ello Oxfam busca promover cambios en una de las causas de la pobreza y la desigualdad: la vulneración de derechos al trabajo digno, y lo hace a través de tres niveles de intervención. A nivel local, promueve que la micro y pequeña empresa (MYPE) sea generadora de empleo digno a

través de la aplicación de buenas prácticas, el incremento de su productividad, la asociatividad y aporte al desarrollo local o territorial. A nivel nacional, fortalece gremios y plataformas para que exijan y propongan cambios en las políticas públicas y prácticas del sector privado. Y a nivel internacional, visibiliza y difunde en países receptores de exportación, campañas a favor de los derechos laborales promovidos desde el Perú. Aunque hay avances a nivel normativo en materia de equidad de género e igualdad de oportunidades, sigue siendo irrelevante la distribución del presupuesto para llevarlas a cabo. De otro lado, se ha reducido el presupuesto de los programas sociales (complementación alimentaria), lo cual afecta directamente a las mujeres de escasos recursos, y además se maneja un reducido presupuesto para promover a ese amplio sector de la economía llamada informal, constituida por microempresas que albergan la mayor cantidad de mano de obra femenina y autoempleados.

t El 42,3% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, y el 57,7% de la población aún está desprotegida, según los Censos de Población y Vivienda del 2007.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t La Población Económicamente Activa (PEA) femenina, refleja que el 50.5% trabaja en el sector servicios (incluye empleo doméstico); 35.2% en comercio (incluye comercio minorista); sólo 13.2% en el sector industrial y apenas 1.1% en los sectores extractivo y construcción.

157

son hoy un importante interlocutor frente al Poder Legislativo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Producción.

Otro hecho que demuestra el insuficiente interés del gobierno por incorporar el enfoque de género tiene que ver con la invisibilidad del aporte de la mujer peruana en el desarrollo del país. Oxfam considera que solo cuantificando el trabajo no remunerado de las mujeres, e incorporando estas cifras en las cuentas nacionales, se podrá dimensionar su aporte.

Hemos contribuido también —con nuestros socios y aliados— a través de estudios e informativos para que el Foromype mejore su análisis y genere propuestas frente a los acuerdos de asociación (Ronda de Negociaciones del Acuerdo Comercial CAN y Unión Europea).

Oxfam colabora con organizaciones de mujeres vinculadas a los programas sociales del Estado (CONAMOVIDI2, Vaso de Leche, FEMOCCPAALM3), con organizaciones de mujeres productoras (microempresas) y trabajadoras asalariadas a nivel local y nacional. “Con nuestro trabajo aportamos a la economía del país, subsidiando la lucha contra la pobreza y defendiendo el presupuesto del programa de comedores. Para mí, sigue siendo un desafío lograr el reconocimiento del trabajo no remunerado de miles de mujeres”, sostiene Relinda Sosa, presidenta de CONAMOVIDI. Oxfam también trabaja con la plataforma Foromype4, compuesta por gremios de empresarios y empresarias de microempresas de varias regiones del país, y que

Asimismo, Oxfam continúa su apoyo a la Alianza por los Derechos Laborales de las y los trabajadores del Sector Agroindustria (ADLA), que está compuesta por sindicatos de trabajadores en varias regiones del país y organizaciones no gubernamentales especializadas en temas laborales. María Inga, secretaria general de la Seccional Regional de trabajadores de agroindustria de Ica, afirma que pertenecer a un sindicato les ha traído mayores ventajas porque pueden presionar de manera más eficaz y hacer valer sus derechos. “Es un reto pertenecer a una organización sindical. Me interesa ser dirigente, madre y esposa, y animo a más mujeres y hombres a que se involucren en la lucha. Tenemos que hacernos respetar, exigir que mejoren las malas condiciones laborales y alcanzar un mejor nivel de vida para nuestras familias y nuestros hijos”, señala.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Un aporte no reconocido

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, organización nacional de base que representa a las mujeres organizadas que luchan por la seguridad alimentaria, la salud y los derechos económicos de las mujeres. 3 Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores Populares Autogestionarios y Afines de Lima Metropolitana. 4 Foro de la Micro y Pequeña Empresa. Es una plataforma de elaboración de propuestas e incidencia en políticas públicas que promuevan un amplio sector de la economía y sociedad peruana. 2

158

Información financiera: trabajo digno y ciudadanía Área geográfica

CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo

Sensibilizar, capacitar y asesorar a sectores del Estado, empresas grandes, medianas y mypes, gremios de mypes y ONG en la formulación y puesta en marcha de políticas y programas de buenas prácticas empresariales que mejoren los derechos humanos en el trabajo.

Lima (San Juan de Lurigancho, La Victoria y Lima Norte)

US$ 229.888

DESCO -Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo

Garantizar empleos de calidad para los pequeños productores, empresarios y trabajadores, varones y mujeres, de dos eslabones de la cadena productiva de la madera (comercialización y producción).

Lima (Villa El Salvador y Villa María del Triunfo)

US$ 234.701

ADEC-ATC Asociación Laboral para el Desarrollo/ FOVIDA- Fomento de la Vida

Mujeres y hombres de Lima Metropolitana ejercen su derecho a un trabajo digno contribuyendo a superar sus niveles de pobreza.

Lima (Lurín, Villa El Salvador, Ate Vitarte y Lurigancho)

US$ 322.657

CONAMOVIDIConfederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integra.

Fortalecer a la organización Nacional nacional de mujeres en su institucionalidad democrática, y su rol de representatividad de la organización social de base a nivel local, regional y nacional, para la contribuir a la definición de políticas públicas.

US$ 95.839

Asociación Aurora Vivar/ CONAMOVIDIConfederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral/FOROMYPEForo de la Micro y Pequeña Empresa del Perú/ RedGE- Red Peruana por una Globalización con Equidad/CEPESCentro Peruano de Estudios Peruanos

Fortalecer la intervención del programa Trabajo Digno y Ciudadanía para la generación de más y mejores empleos dignos y sostenibles.

US$ 36.368

Nacional.

Monto US$

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

TOTAL

US$ 919.453

159

PUEBLOS INDÍGENAS E INTERCULTURALIDAD

Las voces que deben ser escuchadas • Foto: Flor Ruiz / Oxfam

e acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, aproximadamente el 45%1 de la población peruana es indígena: andina o amazónica. Su aporte, actual y potencial, al desarrollo del país en términos de cultura, conocimientos ancestrales, mantenimiento de la biodiversidad nativa (silvestre y domesticada) y la economía agraria (su producción es la base principal de los mercados nacionales de alimentos) es enorme.

Banco Interamericano de Desarrollo: Estrategia para el desarrollo indígena (2006).

La consulta previa Durante 2009 se ha contribuido a implementar mecanismos de consentimiento previo, libre e informado; se ha vigilado de forma permanente el cumplimiento de las leyes y convenios internacionales; y se ha apoyado el análisis y discusión de temas legislativos de interés para las poblaciones indígenas.

DATOS t En 1993, el Estado peruano ratificó el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, y en 2007 Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. t En los Andes, los pueblos indígenas más importantes son los quechuas y los aimaras; mientras que en la Amazonía son los asháninkas, los aguarunas, los quechuas de Lamas y los shipibos. t Según el Censo Nacional de Población de 2007, el 13,2% de la población manifestó haber aprendido quechua como lengua materna, lo que equivale a 3 millones 845 mil 160 peruanos.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

En la búsqueda de un mundo con equidad, Oxfam viene trabajando para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas, principalmente los derechos a la tierra, territorio y acceso a los recursos naturales. Para ello, Oxfam ha trabajado de la mano con organizaciones indígenas nacionales como la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y ONG

nacionales aliadas de los indígenas como la Asociación Paz y Esperanza, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Mesa de Interculturalidad. La premisa principal tras las acciones tomadas es que los pueblos indígenas tienen el derecho a participar, ser escuchados y decidir sobre el uso de los recursos naturales, para lo cual es necesario fortalecer capacidades, liderazgos y espacios de diálogo que les permita una mayor incidencia política a nivel nacional e internacional.

A pesar de ello, históricamente se ha legislado de espaldas a los pueblos indígenas, sin tomar en cuenta su opinión en la toma de decisiones que los afectan directamente. Esta situación se ha agravado en años recientes, con gobiernos que han aplicado con mucha fuerza el modelo económico extractivo-exportador, vulnerando en el camino los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, y multiplicando con ello los conflictos sociales en torno a la explotación de los recursos naturales.

t En la Amazonía peruana existen 1.497 comunidades nativas inscritas, de las cuales 1.232 han logrado titular sus tierras, según el Instituto del Bien Común y Aidesep.

161

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

N 162

“Ha sido muy importante colocar en la agenda política el tema de la consulta previa”, dice Roger Mendoza, director de la Asociación Paz y Esperanza. El trabajo ha sido arduo. Entre los principales logros, Mendoza resalta el impacto del Informe alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que lideró la institución que representa y que fue desarrollado junto a las principales organizaciones indígenas del Perú. El informe se entregó a la Comisión de Expertos de la OIT, que recomendó la suspensión de toda actividad de exploración y explotación en territorios indígenas en el país, si estas actividades no habían sido consultadas y consentidas previamente por las comunidades locales. Al mismo tiempo, se impulsó la participación de delegaciones indígenas en importantes espacios de debate nacional e internacional, como el Foro Permanente de las Naciones Unidas, el Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas, el Seguimiento a las Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático, entre otros. “Se ha conseguido una mayor visibilidad de los pueblos indígenas frente a • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

los diversos actores sociales. Ya no pueden soslayarse sus demandas ni hacerse una propuesta de país sin considerar su agenda”, opina Mario Palacios, presidente de Conacami.

El movimiento andino y amazónico Otro tema de relevancia ha sido la construcción de puentes entre líderes andinos y amazónicos, generando espacios de diálogo para la conformación de un colectivo nacional más amplio y sólido. En opinión de la lideresa indígena Teresita Antazu, ambas vertientes del movimiento indígena nacional, a pesar de vivir en realidades muy diferentes, enfrentan retos similares, por lo que trabajar juntos y de manera integrada tiene un potencial enorme. En ese espíritu, se han celebrado tres talleres de trabajo conjunto en el norte, sur y centro del país. El enfoque de género también ha sido parte importante de la agenda indígena de 2009. En particular, Conacami y Aidesep han promovido el desarrollo y el fortalecimiento del liderazgo femenino, alentando su participación e integrando sus demandas. Por ejemplo, se creó la Escuela de Formación Política para mujeres andinas y amazónicas, en donde pudieron reunirse en torno a una agenda común y discutir los temas que más les afectan, como violencia, derechos y su posición menos privilegiada respecto a los recursos, entre otros. El principal objetivo de esta línea de trabajo fue diseñar una política de género que integre efectivamente a todas las mujeres indígenas y que pueda ser alternativa a una política de género nacional que, consideran, no las protege sino que las excluye.

Información financiera: pueblos indígenas Área geográfica

Monto US$

Aidesep – Asociación interétnica de desarrollo de la selva peruana

Visibilizar la voz y agenda de las mujeres indígenas andinas y amazónicas del Perú

Nacional

US$ 43.800

Fortalecimiento del sistema de comunicaciones

Nacional

US$ 6.000

AIDESP – FORMABIAP Programa de formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana

Educación bilingüe, formación de capacidades e incidencia para políticas educativas inter-culturales basadas en derechos, atención especial a mujeres.

Región Amazónica

Labor

Participación en el VIII Foro Permanente – Nueva Nacional York

US$ 7.700

Conacami – Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería

Participación en la IV Cumbre Continental de Pueblos Indigenas

US$ 7.500

Aprodeh – Asociación pro Derechos Humanos

Campaña por el Día Internacional de Los Pueblos Indígenas

Nacional

Promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas

Apurímac-Ayacucho

US$ 49.000

FSP – Fórum Solidaridad Perú

Promoción del diálogo intercultural para avanzar en la formulación de políticas públicas inclusivas

Nacional

US$25.000

CAOI – Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas

Desarrollo de estrategias del Buen Vivir y agenda de la CAOI y aliados

Nacional/Internacional

US$48.600

Servindi – Servicios en Comunicación Intercultural

Difusion y Campaña sobre Declaracion de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indigenas SERVINDI

Nacional

US$18.000

Paz y Esperanza

Promoción de los derechos territoriales de los pueblos indígenas

Nacional

US$ 108.500

TOTAL:

US$ 454.100

Nacional

US$ 138.000

US$ 2.000

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

163

ENFOQUE DE GÉNERO

Mujeres que ganan espacio • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

l 22,7% de los hogares peruanos son liderados por una mujer, tasa que se eleva a 25,9% en zonas urbanas, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES Continua 2004 . En contraste con su importancia como sustento del hogar, las mujeres enfrentan las consecuencias sociales de la inequidad de género, entre ellas la falta de oportunidades o situaciones de violencia. Un estudio del Centro Flora Tristán1 señala que el 48,4% de mujeres de Lima metropolitana entre 15 y 49 años alguna vez ha sido violentada físicamente por su pareja. Oxfam trabaja para revertir esta situación impulsando una justicia de género que establezca criterios de equidad y respeto hacia sus derechos. En esa línea, los proyectos que desarrolla en el país tienen un claro enfoque de género que promueve las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, viene apoyando el trabajo de organizaciones, como el del Centro Flora Tristán, que desarrolla diversos proyectos articulados con otras

Cifras del estudio Violencia física y sexual contra las mujeres. Centro Flora Tristán, UPCH, OMS, 2002.

DATOS t En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recogió 538 testimonios de casos de violación sexual durante el conflicto armado que vivió el país. Del total, 527 de ellos tenían como víctimas a mujeres.

organizaciones nacionales de mujeres y en coordinación con representantes del Congreso, especialmente con la Mesa de Mujeres Parlamentarias. En 2009 Flora Tristán siguió trabajando de cerca con los gobiernos regionales y locales, bajo un enfoque de género. “Se ha fomentado el debate y la aprobación de planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Villa El Salvador y Cusco. Asimismo, se puso énfasis en el tema de la violencia contra las mujeres, el VIH-Sida, los derechos sexuales y reproductivos, la participación ciudadana, entre otros temas”, señala Gaby Cevasco, del centro Flora Tristán. Los frutos palpables de este trabajo han sido lograr que los gobiernos regionales y locales aprueben medidas para fortalecerla igualdad de oportunidades. Así, el Gobierno Regional de Junín aprobó el Proyecto de Defensa de los Derechos de

las Usuarias de Servicios de Salud, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP); en Huancavelica, otra ordenanza incorpora la cuota de mujeres en la elección del Consejo de Coordinación Local; en Ayacucho, se prohíbe toda forma de discriminación y se incorpora la igualdad de oportunidades como misión a cumplirse; en Yauyos (Lima) se fomenta la formalización de las organizaciones de mujeres, entre otras medidas.

Defensoras y autoridades El trabajo con las mujeres indígenas amazónicas para fomentar espacios de participación ha sido también relevante, destacándose la creación de una nueva oficina de Defensoría Comunal en Imacita (distrito de Chiriaco - Bagua), a cargo de la Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañon-(FEMAAM). Como este grupo de

t La Población Económicamente Activa asciende a 10.637.880, de los cuales 3.760.714 (35,35%) son mujeres y 6.877.166 son hombres (64,65%), según el censo de población y vivienda de 2007. El 71,89% (4.472.695) de la Población Económicamente Inactiva (PEI) femenina se dedica al cuidado del hogar, generando un valor que se encuentra invisibilizado.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t A nivel nacional, 15,5% de las mujeres son analfabetas, y de los varones solo un 5,1%. El índice de deserción en el nivel secundario, sobre todo en zonas rurales, es mayor en mujeres que en varones. Solo 39% de las mujeres acaba el nivel secundario frente a 59% de los varones.

165

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

• Foto: David Stubbs

166

mujeres se encuentra reconocido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), se pueden firmar acuerdos sobre pensiones de alimentos, tenencia y reconocimiento de hijos e hijas bajo las leyes nacionales. En Cubantia, San Ramón de Pangoa, Santavancori y Shimavenso, en Satipo (Junín), las mujeres pudieron presentar sus propuestas a sus respectivas autoridades, las mismas que se comprometieron a realizar asambleas con los comuneros y comuneras para dar a conocer el reglamento interno de las comunidades e iniciar el diálogo y propuestas de cambios en los aspectos que afecten los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y en igualdad de oportunidades. También se ha trabajado con la organización Calandria para revertir las brechas de género, impulsando, entre otros temas, la paridad en la participación política, buscando contribuir en las mujeres que son autoridades en la mejora de su desempeño en la gestión pública y su posicionamiento como interlocutoras en el espacio político. En este tema el fortalecimiento de sus organizaciones para impulsar la inclusión de sus demandas sociales y propuestas

en los planes de desarrollo y presupuestos participativos ha sido clave. A nivel nacional, por ejemplo, la Red Nacional de Mujeres Autoridades de gobiernos locales y regionales (RENAMA) tiene una dinámica de gestión descentralizada, reuniones periódicas de junta directiva, aporta iniciativas en el campo de las políticas de género y buen gobierno y es reconocida por entidades como el MINDES, el Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras. Calandria ha promovido desde diferentes espacios la difusión de información y debate sobre el tema de género. De esta forma, en Amazonas, por ejemplo, unos 4.000 pobladores (2.100 mujeres y 1.900 hombres) pueden informarse, expresarse y debatir sobre el problema de la violencia contra la mujer, recibir orientación respecto a los servicios públicos de atención y la manera de atender los factores de riesgo. Asimismo, gracias a tres programas radiales dedicados a la promoción y debate sobre los derechos de las mujeres, en Lima Norte, Piura y Lambayeque se ha informado y sensibilizado a 38.602 oyentes.

Información financiera: género

Flora Tristán

TOTAL

Políticas públicas (locales, regionales nacionales) inclusivas, participación ciudadana especialmente de mujeres y jóvenes. Democratización de comunicación pública y de los medios Incidencia en políticas respetando derechos de las mujeres, apoyando acceso de mujeres a recursos financieros, productivos y sociales, desarrollo de capacidades en organizaciones y movimientos para integración de perspectiva de género

Área geográfica

Monto US$

Nacional, y en regiones (Lima, San Martín, Cusco, Arequipa, Huancavelica)

US$ 151.800

Nacional y regiones específicas (Piura, San Martín, Cusco, Junín, Ayacucho, Huancavelica)

US$ 276.000

US$ 427.800

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Calandria

Proyecto

Contraparte

167

CAMBIO CLIMÁTICO

La batalla local contra una amenaza global

Foto: Jason Mcdonald / Oxfam

l Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, fenómeno que se evidencia dramáticamente en múltiples formas: deglaciación, pérdida de fuentes de agua, incremento de plagas o enfermedades como el dengue. Hay cifras sorprendentes: se calcula que en las últimas tres décadas el 22% de los glaciares peruanos se ha perdido, un gran problema si se tiene en cuenta que son grandes reservorios que, al acabar la estación de lluvias, nutren a los ríos que llevan agua a los campos y las ciudades.

Banco Interamericano de Desarrollo: Estrategia para el desarrollo indígena (2006).

DATOS t Aunque el Perú solo es responsable del 0,4% de las emisiones de dióxido de carbono, está situado entre los países más vulnerables al cambio climático de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), y con el Tyndall Centre. t El Ministerio del Ambiente ha calculado que se requiere por lo menos entre 190 y 454 millones de dólares anuales hasta 2030 para implementar proyectos de adaptación, y para mitigación entre 431 y 453 millones de dólares anuales.

De todas las regiones ecogeográficas del país, la que sufre los impactos más duros es la puna, zona de vastos pastizales altoandinos que se extiende por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar y cuya población se cuenta entre las más pobres. En la puna, con un clima natural que plantea ya de por sí un reto a la ocupación humana, el cambio climático se manifiesta en temperaturas aun más extremas, patrones erráticos de lluvias y heladas extemporáneas y más intensas. Como consecuencia, las pérdidas de cultivos y de ganado se multiplican y la vida de los habitantes se ha vuelto más dura de lo que ya era. “Están apareciendo nuevas enfermedades en personas y animales y se está incrementando la escasez de pastos naturales, lo cual afecta nuestros ingresos”, dice Alejandro Ninaquispe, poblador de la

Comunidad Campesina de Oquebamba, del distrito de Coporaque (Cusco). Ninaquispe, dedicado a la crianza de ganado vacuno, asegura que las heladas, granizadas, vientos remolinos y sequías perjudican mucho más que en el pasado. Otro problema, añade, es la falta de agua, no solamente para los cultivos y siembras sino para el propio consumo familiar En este difícil escenario Oxfam cree en la fortaleza y capacidad de adaptación a las inclemencias del tiempo que las comunidades campesinas, con sus conocimientos ancestrales, han demostrado durante siglos, aunque el rápido avance del cambio climático exige hoy respuestas más rápidas.

t Según la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), Estados Unidos emite 20,6% de los gases de efecto invernadero, China el 14,7% y la Unión Europea el 14%.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t El Banco Central de Reserva estima que el daño causado por el cambio climático en el Perú ascendería a 855 mil millones de dólares, entre 2009 y 2050.

En las alturas En 2009 Oxfam continuó trabajando en las comunidades campesinas ubicadas a más

169

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

de 3.800 msnm. Por sus características físico-ambientales la principal actividad económica en estas zonas es la pecuaria (especialmente ganado ovino, vacuno y alpacuno). Para mitigar las consecuencias del cambio climático en el ganado altoandino, se implementaron acciones como la recuperación de bofedales, siembra y ensilado de forrajes , construcción de cobertizos, promoción de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) y un mejor aprovechamiento del recurso hídrico mediante reservorios y riego por aspersión. Reforzar capacidades en líderes locales es un componente vital para agilizar las respuestas de adaptación al cambio climático. Por eso Oxfam ha apoyado al Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Moccic) para generar y reforzar redes de conocimiento de modo que las experiencias más viables y efectivas de adaptación se compartan y refuercen. A la par se han generado nuevos espacios de debate y participación ciudadana sobre el cambio climático, colocando este tema en un lugar prioritario en las agendas locales y de escala nacional mediante audiencias regionales (y una en la capital) que cubrieron la tercera parte de los departamentos del país y que permitieron dar voz a los afectados de las zonas rurales. Mocicc también elaboró propuestas que fueron recogidas por las autoridades nacionales y realizó diversas acciones

• Foto: Gilvan Barreto / Oxfam

170

creativas para movilizar a la población como el trabajo con celebridades peruanas. “Se ha conseguido que el debate sobre cambio climático tenga un rostro humano y que los propios afectados sean quienes expliquen a la sociedad cómo viven este fenómeno”, explica Rocío Valdeavallano, del Moccic. Buscando contribuir con las campañas de concientización de la población mundial, en 2009 se propició la visita de una semana al Cusco de la modelo y fotógrafa danesa Helena Christensen. Las imágenes captadas por ella se expusieron en Nueva York, Washington, Londres y Copenhague, donde coincidió con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en diciembre de 2009. “El impacto del cambio climático es extremadamente severo en las zonas que visitamos. Los campesinos con los que hablamos ya llevaban unas vidas muy duras y ahora se ven forzados a adaptarse a los salvajes efectos del clima”, dijo Christensen. En el marco de la conferencia de Copenhague (Dinamarca), Oxfam organizó una audiencia global con la participación del líder campesino Cayetano Huanca, quien en representación de los indígenas latinoamericanos instó a los países industrializados a que asuman sus responsabilidades sobre el medioambiente: “Nuestros glaciares se están descongelando y nuestros bofedales y manantiales están disminuyendo. El agua dulce viene de los glaciares y cuando tenemos menos agua tenemos menos cosecha, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria de nuestros hijos”, declaró Huanca en la capital danesa. Su urgente pedido fue que los países industrializados, principales responsables del calentamiento global, se comprometieran a reducir sus emisiones en un 40% al 2020. Una meta urgente y necesaria.

Información financiera: cambio climático Área geográfica

Monto US$

Asociación Proyección

Qémikuspa (vivir mejor): Medidas de adaptación al cambio climático para protección y mejora de los medios de vida de comunidades altoandinas alpaqueras

Cusco

US$ 179.223

Atusparia

Construyendo consensos para la estrategia de adaptación al cambio climático en la cuenca del Santa, Áncash

Ancash

US$ 20.500

Asociación Guarango Cine y Video

Producción audiovisual de las audiencias públicas sobre impactos del cambio climático en el Perú

Nacional

US$ 3.440

Remurpe – Red de Municipalidades Rurales del Perú

Municipalidades rurales por la reducción de riesgos y la adaptabilidad al cambio climático

Piura/Cusco

Forum Solidaridad Perú

Consolidación del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)

Nacional

TOTAL

US$ 82.458

US$ 156.797

US$ 442.418

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

171

AYUDA HUMAN I TARI A

Manos de mujer levantan Pisco • Foto: Foto: Evan Abramson / Oxfam

tres años del terremoto que golpeó Pisco, aún puede verse la destrucción. Gran parte de la población damnificada continúa viviendo en casas de esteras y de otros materiales precarios, expuesta a condiciones de inseguridad y afectación de la salud de los pobladores. De acuerdo con las autoridades regionales de Ica y la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, se ha avanzado apenas en un 30% del proceso de reconstrucción, pero lo que no han podido derrotar ni el terremoto ni la ineficiencia del FORSUR son las ganas de los lugareños por salir adelante. En ese escenario, y continuando con su programa de rehabilitación tras el terremoto de agosto del 2007, durante 2009 Oxfam trabajó con la Federación de Mujeres de Ica en proyectos con enfoque de género cuyo objetivo fue fortalecer las capacidades en actividades productivas de grupos de mujeres de la provincia de Pisco, específicamente de los distritos de San Clemente, Independencia y Humay. Mediante la producción de cuyes, las beneficiarias del programa complementan el rubro tradicional de ingresos familiares proveniente de labores agrícolas vinculadas principalmente con el cultivo de maíz, algodón y frutales, productos que en los últimos dos años reportan una caída de precios generada por la apertura comercial.

DATOS t La población expuesta a amenaza sísmica alta en el Perú es de 18,7 millones de personas, el 69% del total del país. t El 67% de las carreteras del país, entre las que figura la Panamericana, se encuentra en amenaza sísmica alta. Esta es la misma situación del puerto del Callao y el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Los cuyes del progreso Tras el sismo se detectó que la crianza de cuyes podría ser una buena oportunidad para que las mujeres recuperasen sus medios de vida, diversificando sus ingresos familiares. Antes del desastre, esta actividad se venía desarrollando de manera doméstica y sin asistencia técnica, con una débil organización empresarial y limitadas habilidades en la comercialización del producto. Todo esto no contribuía a romper el círculo de pobreza y, por tanto, se decidió trabajar en la capacitación para la gestión, organización, negociación y en el aprovechamiento de canales de comercialización.

de Mujeres de Ica. Ella vislumbra perspectivas alentadoras en este negocio, no solo para las productoras beneficiarias, sino también para potenciales nuevos productores. Este optimismo se basa en el futuro funcionamiento de un centro de acopio y beneficio de cuyes, hoy en proceso de construcción. Nora Quispe ha pasado de criar cuyes para el consumo familiar a ser la dueña de • Foto: Alexis Huaccho

t Para responder a una emergencia, las agencias humanitarias se guían del Manual Esfera que establece que, después de un desastre, debe garantizarse el acceso a agua segura en términos sanitarios, y en cantidades suficientes (15 litros de agua por persona). Las letrinas deben servir como máximo para 20 personas, y clasificarse por sexo.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t Los tsunamis, asociados a los terremotos, son también una amenaza para toda la costa del Perú, por encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico. Entre 1970 y 2007 el país fue afectado por tsunamis de origen local al menos en cinco ocasiones.

“Actualmente hay unas 240 familias beneficiarias que poseen una población de 5.000 cuyes mejorados de la raza Perú y líneas Inti y Andina, que generaron 240 jornales adicionales durante el año 2009”, señala Aleida Chacaltana, de la Federación

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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

550 ejemplares en su propia casa. Cada cuy lo vende a S/.12.00. “Antes mi esposo salía todo el día a trabajar y casi no nos veíamos. Ahora ambos nos apoyamos en este negocio y nuestra vida familiar es mejor, estamos más unidos”, declara. Para ella los cuyes son “como un banco”, su garantía para solicitar un préstamo. Gracias a los cuyes pudo levantar una pared que cayó por el terremoto y ha participado exitosamente en concursos gastronómicos, presentando platos que tienen al cuy como estrella.

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Cadenas de entusiasmo y solidaridad Pero los logros van más allá de lo económico y tienen que ver, también, con la autoestima. Rosalía Simón Paredes, pobladora del sector Bernales, en el distrito de Humay, Pisco, dice que su vida ha dado un vuelco radical desde que empezó con la crianza de cuyes con fines comerciales. “Más allá de poder apoyar a mi familia con un ingreso adicional, me siento mejor como mujer, mucho más segura”, afirma, orgullosa.

Aleida Chacaltana recuerda que después del terremoto la moral de los pobladores, especialmente de las mujeres, andaba por los suelos. Hoy la realidad es otra. “Se sienten diferentes, se valoran, cuentan con niveles de confianza y seguridad, testimonian que experimentan cambios positivos, se sienten importantes, se plantean metas, proyectos de vida, han adquirido confianza para hablar en público, manifiestan lo que sienten”, explica. La organización de las mujeres es importante, además, porque genera cadenas de solidaridad entre ellas y alienta la formulación de propuestas de desarrollo. A medida que van tomando conciencia de sus derechos y de su ciudadanía, van exigiendo mejoras colectivas y aportan a los cambios en sus comunidades. Prueba de ello es que organizadas consiguieron que dos municipios emitieran ordenanzas que apoyan sus iniciativas y que la municipalidad de San Clemente cediera a su organización un terreno de mil metros cuadrados para construir su centro de acopio de cuyes.

Foto: Evan Abramson / Oxfam

FMI-Federación de Mujeres de ica

Proyecto Potenciando la comercialización con mujeres productoras de cuyes afectadas por el terremoto de 3 distritos de la provincia de Pisco-Ica

Área geográfica

Monto US$

Ica

US$ 13.232

Contraparte

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Informe financiero: Ayuda humanitaria

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GESTIÓN DE RIESGOS

Para prevenir los desastres • Foto: Percy Ramírez / Oxfam

n escenario mundial plagado de desastres causados por fenómenos naturales obliga a las sociedades a prepararse y a aprender a enfrentar los riesgos. El conocimiento tradicional y la comunicación son elementos claves para soportar de mejor forma los embates de la naturaleza y mitigar sus impactos.

En el Perú, las amenazas que ocasionan desastres están más relacionadas con inundaciones y deslizamientos causados por lluvias intensas, heladas, sequías y terremotos. La población más vulnerable son las comunidades pobres situadas en las riberas de los ríos o en las laderas de espacios rurales, y las familias localizadas en zonas de ladera o en quebradas en la periferia urbana, cuyas viviendas se han construido de manera informal. Oxfam busca optimizar la gestión de riesgos en diversos lugares vulnerables, promoviendo un grupo de proyectos que refuerce el trabajo en redes de apoyo, así como también las capacidades de funcionarios de organizaciones públicas y privadas, a escala nacional y local.

DATOS t Son cuatro los desastres de mayor envergadura que afectan al Perú: terremotos, inundaciones, huaicos y sequías. Otros fenómenos son las heladas, maremotos, incendios forestales, deslizamientos, aluviones y el friaje, según el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES).

t Los registros de daños a partir del siglo XX indican que el Perú presenta, en promedio, un terremoto cada cinco años.

Una de las iniciativas desplegadas en 2009 tuvo como principal objetivo fortalecer las redes de organizaciones que vienen trabajando –con un enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático– en el planeamiento del desarrollo de sus comunidades, así como la institucionalización de sistemas de alerta temprana. Esta iniciativa se extendió hacia las regiones del nororiente (Piura, Lambayeque, Cajamarca y San Martín), zona central (Áncash y Huancavelica-Ica), además de Tumbes.

Con las autoridades y los pobladores Dalia Carbonel, del programa de prevención de desastres y gobernabilidad local de Soluciones Prácticas - ITDG, sostiene que se trabaja con autoridades pues se hace incidencia política en la gestión de riesgos, logrando que las instituciones de desarrollo

incorporen dicho enfoque en sus acciones. En esa línea, se ha trabajado en el norte del país con mucha fuerza de la mano de la ONG Ceproda Minga en la cuenca de los ríos Motupe - La Leche, considerada altamente vulnerable a inundaciones. En la parte media y baja, ubicada en el ecosistema de bosques secos, se reciben lluvias intensas cuando se produce el fenómeno El Niño, lo que significa una influencia positiva en la regeneración del bosque algarrobal y en el mejoramiento de los suelos. Sin embargo, las lluvias intensas e inundaciones causan pérdidas económicas considerables a las familias rurales pobres del lugar. Esta situación de vulnerabilidad ha ido aumentando en los últimos años. Actualmente se calcula que existen cerca de 8 mil familias vulnerables ubicadas en el área de inundación.

t 47% de la población está expuesta con amenaza alta a deslizamientos, debido principalmente a la creciente ocupación de laderas y valles y a la deforestación.

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

t El sur andino es la zona más propensa a las sequías, especialmente en Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa y Apurímac. Algunas veces se han extendido hasta Ayacucho y Huancavelica. Se estiman 4 millones de personas afectadas, principalmente las que viven por encima de los 3.500 msnm (1,5 millones).

Por ello, se ha incidido en el desarrollo de las capacidades locales para reducir

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Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

el riesgo de desastres y fortalecer la institucionalidad del nuevo sistema comunal de alerta temprana, implementado por las propias comunidades en coordinación con Defensa Civil.

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Nelson Manayay Purihuaman tiene 37 años y es el secretario técnico de Defensa Civil del distrito de Incahuasi (Lambayeque), ubicado en la parte alta de la cuenca de los ríos Motupe - La Leche, zona altamente vulnerable a los deslizamientos, lluvias intensas, derrumbes, huaicos, heladas y olas de frío. Él fue capacitado en un curso sobre Especialización en Gestión del Riesgo para el Desarrollo Local y dice que los conocimientos adquiridos le han permitido organizar nueve Comités Comunitarios de Defensa Civil y elaborar cuatro estimaciones de riesgo para la presentación de proyectos de emergencia por El Niño. “Ahora no me siento aislado”, asegura. Y añade que se comunica y coordina frecuentemente con los secretarios técnicos de la parte media y baja de la cuenca, algo que no sucedía antes. De hecho, existe un compromiso mayor de los gobiernos locales con el sistema comunitario de alerta temprana, y la población vulnerable de la cuenca de los ríos Motupe - La Leche ha incrementado su conciencia y está mejor preparada.

De las señales de alerta a la ordenanza regional Otra experiencia que muestra la importancia de la organización de las poblaciones para manejar el riesgo es la de Juan Juárez Solís, brigadista del Comité Comunitario de Defensa Civil del caserío Tres Puentes ‘A’, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe (Lambayeque). Cuando en marzo el río La Leche aumentó su caudal hasta en cuatro oportunidades en el Sector I –considerado

el más vulnerable–, su distrito ya estaba preparado: “Activamos la señal de alarma con las sirenas de nuestros megáfonos y de la radio comunitaria, movilizamos a todos los pobladores y en minutos logramos evacuar a familias y algunos de sus bienes a un albergue temporal del caserío”, señala. Juárez refiere que en el pasado cada uno salvaba sus vidas y sus cosas como podía. “Ahora la población reconoce las señales de alerta y conoce las rutas de evacuación gracias a nuestro mapa de peligros. Siempre hay algún miembro del comité comunitario que está alerta para responder inmediatamente y activar la alerta de evacuación”, sostiene. Uno de los frutos más importantes del trabajo de gestión de riesgos en 2009 ha sido la publicación de una ordenanza regional en Lambayeque sobre el Sistema Comunitario de Alerta Temprana. “Este proceso ha posibilitado formular la propuesta de Ordenanza Regional del Sistema Comunitario de Alerta Temprana en el departamento para replicar la experiencia piloto de la cuenca de los ríos Motupe - La Leche en todas las cuencas del departamento, destinando recursos públicos para ese objetivo”, dice Rosa Rivero, jefa del proyecto Ceproda Minga. La experiencia demuestra que sí es posible desarrollar y replicar sistemas de alerta a bajo costo basados, principalmente, en la eficiente organización de la población más vulnerable.

Foto: Percy Ramírez / Oxfam

Informe financiero: gestión de riesgos Área geográfica

Monto US$

CEPRODA Minga – Centro de Promoción y Desarrollo Andino

Fortalecimiento de capacidades para institucionalización del Sistema de Alerta Temprana - SIAT La Leche

Lambayeque

US$33.000

Asociación Proyección

ANTAPACHA (tierra de cobre), reducción de riesgos frente a olas de frío. Sistema de Alerta Temprana, adaptación de pastos, manejo de agua y cobertizos para ganado.

Cusco, Espinar

US$24.000

Grufides- Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible

Fortalecimiento de redes institucionales para la gestión de riesgos en el Perú.

Cajamarca

US$10.000

Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ica, San Martín, Ancash, Huancavelica

US$30.000

Fortalecimiento de Soluciones Prácticas redes institucionales ITDG para la gestión de riesgos en el Perú

Cipca – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado TOTAL

Fortalecimiento de capacidades para la gestión de riesgos en distritos de la mancomunidad del corredor andino central

Piura/Lambayeque

US$103.043

US$200.043

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Proyecto

Contraparte

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Informe financiero: pequeña empresa y comercialización Área geográfica

Monto US$

Promoción de la oferta de microseguros, y servicios financieros fiables, desarrollo de indicadores sociales de servicios financieros

Nacional

MEDA

Desarrollo e implementación de sistemas de gestión para organizaciones de pequeños productores y su acceso a mercados

Nacional / Piura

US$ 93,840

Ecológica

Apoyo a pequeños productores para la comercialización de sus productos en supermercados

Lima

US$ 55,200

TOTAL

US$ 336,720

US$ 485,760

Informe financiero: democracia y gobernabilidad Contraparte

Proyecto

Área geográfica

Monto US$

Atusparia

Capacitación e incidencia para de políticas públicas transparentes y instancias democráticas y desarrollo económica local.

Chimbote

US$ 62.100

IDL

Democracia y gobernabilidad: seguimiento crítico a recomendaciones de la Comisión de la Verdad, del sistema judicial, defensa legal, capacitación sobre DDHH (entre otros, jueces de paz).

Nacional

US$ 69.000

TOTAL

180

Proyecto

Copeme – Consorcio de Organizaciones Privadas de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Contraparte

US$ 131.100

Aportes financieros de Oxfam en el Perú 2009 - 2010

US$ 13.232

Cambio climático

US$ 442.418

Democracia y gobernabilidad

US$ 131.100

Género

US$ 427.800

Gestión de riesgos

US$ 200.043

Industrias extractivas

US$ 857.880

Integración regional y comercio

US$ 96.300

Pequeña empresa y comercialización

US$ 485.760

Pueblos indígenas e interculturalidad

US$ 454.100

Trabajo digno y ciudadanía

US$ 919.453

APORTE TOTAL DE OXFAM

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú

Ayuda humanitaria

US$ 1.104.666

Agricultura y recursos naturales

US$ 5.132.752

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