Distinguidos señores y señoras convocantes y participantes al II Foro por la Paz en Colombia. Nuestro abrazo y saludo solidario para tod@s quienes han podido asistir al Foro, pero también a quienes de alguna manera participamos desde la distancia y pendientes de las conclusiones al hacernos sentir protagonistas de este gran trabajo colectivo. Merece mención importante al esfuerzo del proceso integrador del continente, liderados por los nuevos gobiernos democráticos que hacen parte de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y la UNASUR (Unión de Naciones del Sur); quienes desde octubre de 2014 definieron que Montevideo sea la sede para la realización de este Foro; al presidente Tabaré Vásquez y al ex-presidente José Mujica, quien recibió la consideración internacional por su interés en dar su aporte por buscar una solución al conflicto armado en Colombia. A las fuerzas sociales y políticas que han hecho posible darle continuidad al proceso democrático y transformador en Uruguay. A la Presidencia del Senado de la República, la Cámara de Representantes y de la Intendencia de Montevideo que ha sido declarada “Capital de la Paz de América Latina”. El apoyo de la Universidad de la República -UDELAR-, con las locaciones donde se llevarán a cabo los talleres y actividades centrales. A las embajadas de Venezuela, Cuba, Chile y Bolivia que contribuyeron en la realización del Foro. A todos los parlamentarios de los diferentes países del continente latinoamericano. En especial a los lideres de las organizaciones sociales y políticas de los diferentes países que nos acompañan. Nosotros militantes del Movimiento Nacional de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo, integrantes del Movimiento Nacional Carcelario de Colombia –MNC-, queremos contribuir en la búsqueda de la solución política y de una pedagogía para la paz con justicia social de nuestro país. La situación de las cárceles de cualquier país del mundo, es el reflejo de la sociedad en su conjunto; ahí se plasma la intensa lucha de clases que vive el país. En Colombia hay 155 cárceles adscritas al INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia) que hace parte del Ministerio de Justicia. Quizá es de los pocos países donde existen más cárceles que Universidades. Los últimos informes de finales de enero 31 de 2015 es de 118.658 internos (109.798 hombres y 8.960 mujeres), la capacidad de las 155 cárceles es solo de 76.000 personas; por lo tanto, el promedio de hacinamiento es del 53%; según informe oficial del INPEC. Existen más de 45.000 personas hacinadas en las cárceles. En prisión domiciliaria hay 22.780 personas. De los reclusos, 13 de cada 100 que recuperan la libertad, regresan a las cárceles; de ahí que 15.000 de ellos, son reincidentes. Solo 12.000 presos trabajan con empresas privadas. Las tres comidas de un preso cuestan $7.960 (menos que un almuerzo ejecutivo), y la sociedad gasta en un preso $1.200.000 mensual. Hay 108 niños menores de 3 años en las cárceles junto a sus madres. Cada mes están ingresando a las cárceles entre 3.000 y 3.500 nuevos presos, según el INPEC, una cifra elevada si se tiene en cuenta que solo salen –en ese mismo periodo– entre 300 y 350, es decir el diez por ciento. La situación es tan grave que el gobierno y algunos funcionarios del INPEC, creen que para hacerle frente se necesitaría construir, cada mes, una cárcel nueva. En Colombia hay 2.132 presos extranjeros de 65 países por narcotráfico y tráfico de armas. Fueron extraditados a otros países de 1977 a 31 de enero de 2015: 2.060 personas. Actualmente hay 18.351 nacionales que están detenidos en el exterior en 53 países. El total de presos en el país y exterior, con los presos en detención domiciliaria es de 159.799 personas. No existe formación ni resocialización en las cárceles; las instituciones actúan sobre una escuela que tiene como objetivo aislar, silenciar y hacer sufrir al preso. Su escuela está cimentada bajo la copia norteamericana de la justicia acusatoria, bajo el preconcepto de que delinquir es violar las normas establecidas por el legislativo, mediante las cuales se proscriben algunas conductas que atentan sobre todo contra la propiedad privada, como el hurto, el contrabando, la extorción; dejando como legales, o por lo menos no penalizables, la generación de la miseria, de la pobreza, la falta de educación, la
ausencia de atención en salud, la no prestación de servicios públicos, todos estos responsabilidad del Estado a cuyos representantes no se les juzga ni se les castiga por estos hechos, así tengan peores consecuencias que las conductas consideradas delictivas. No hemos logrado aún crear y acompañar los instrumentos jurídicos para sancionar a los “Estados fallidos”, corruptos e impunes. Debería ser ahora la Comisión Interamericana de DH el tribunal supranacional que lo haga. ¿Es el colapso de la sociedad o sus gobernantes?, es como si miráramos el contexto de nuestra realidad y reuniéramos a los 5.8 millones de desplazados de manera forzosa por el conflicto social y armado, modalidad en la que el país es campeón mundial, para concluir, que en Colombia, o no hay territorio para los pobres o no tenemos el derecho a una patria digna y soberana; asociado al consumo de drogas ilícitas o la corrupción e impunidad de los gobernantes. Junto con la perdida de la soberanía alimentaria, llegando al extremo de prohibirle a nuestros campesinos el uso de sus propias semillas, para proteger al modelo exógeno de los TLC. Todos estos son signos de la degradación de nuestra sociedad, que se refleja en el sistema carcelario, con el que se pretende “solucionar” todos los males generados por la responsabilidad del Estado; a pesar de que la principal responsabilidad es de quienes están al frente del Estado; nuestro llamado es a que las soluciones las busquemos entre tod@s. El MNC en estos dos últimos años ha realizado 7 jornadas nacionales pacíficas en la búsqueda de soluciones en torno a la instalación de una Mesa de concertación con su plataforma y metodología, para contribuir a la superación de la crisis de la justicia y el sistema penitenciario. Mediante la lucha carcelaria hemos logrado visibilizar las degradantes condiciones en que se encuentran los presos, por falta de garantías jurídicas, procesales, el hacinamiento, la falta de la atención de salud básica, educación, trabajo, para la resocialización; las instalaciones no cumplen las normas estipuladas y recomendadas por Naciones Unidas; comenzando por las celdas, sin iluminación natural, ni la ventilación adecuada. El estado colombiano se ha constituido sobre una dinámica permanente de guerra, por eso consideramos que es un “Estado fallido”, puesto que jamás han podido gobernar sin el uso de la violencia. El ordenamiento jurídico colombiano ha tenido como principio el de reprimir a los opositores, sean estos armados o no. La concepción del Estado punitivo ha hecho que el incremento de las cárceles busque la demanda de más presos y más penas; al colmo de tender que en el país tuviera hoy condenas de hasta 118 años, que podrían considerarse penas de cadena perpetua, que por la vía de los hechos viola la Constitución. Mediante nuestra organización y lucha hemos logrado una articulación e interlocución con las organizaciones sociales, políticas, universidades, organizaciones defensoras de los DH, iglesias del país, gobiernos amigos, sus embajadas; han hecho posible que nuestra voz salga de las mazmorras y rejas, para juntarse en la lucha por la solución política y la paz con equidad. Nuestra lucha al interior y hacia fuera de las cárceles es esencialmente política; desde este escenario hemos logrado acuerdos de participación e interlocución en las luchas sociales, reivindicativas; pero nuestro trabajo está encaminado a hacer análisis de nuestra realidad de manera crítica, al modelo neoliberal impuesto, un Estado oligárquico y mafioso, mediante la injerencia norteamericana bajo un Plan militar genocida, al que llamaron en su inicio Plan Colombia, La guerra colombiana está ciertamente enmaridada con el avance del capital internacional, sobre todo del capital extractivo. Sin embargo, es también una guerra punitiva que se expresa por la ley y como la ley, que se despliega judicialmente y que se piensa como una criminología bélica. El gran poder de los monopolios comunicacionales se han constituido en las fábricas de la noticia y la manipulación de la opinión, son máquinas de guerra que están en la cotidianidad de la población no solo para el control social, sino su sometimiento al “orden”.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación, robo de celulares, atracos callejeros, lucha intrafamiliar, micro-tráfico, de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los otros animales. Colombia es un país de regiones y ciudades, nuestra lucha está encaminada por ordenar su territorio para su propia gobernabilidad. Consideramos que son los pueblos los que hacen su historia, mediante su lucha y organización; con su empoderamiento en su territorio como sujeto político, desde donde se legisla y mandata para su autogestión y autonomía, de esa manera es que las comunidades continúan ordenando su territorio, para construir su gobernabilidad propia, dentro de los procesos de participación comunitaria, de manera directa, dialogante, incluyente; luchando por resolver sus propias necesidades, desde sus formas asociativas y cooperativas de su trabajo, que permita romper con la imposición del mercado y las reglas de dinero; quiere decir, construir su propio sistema de valores e intercambios. Igual la educación está diseñada y encaminada a resolver sus necesidades concretas de garantizar el bien común, por encima de la individualidad. Esta cruenta lucha política y organizativa es por el Buen vivir en paz en su territorio, de manera sostenible y sustentable, en defensa de la naturaleza. Son procesos locales, regionales que han ido entretejiendo coordinaciones y confluencias nacionales de grandes organizaciones sociales y políticas, en medio de un conflicto social y armado de mas de 60 años, en donde las formas de lucha han primado su capacidad de resistencia, para trascender y fortalecer las propuestas y plataformas de lucha que nos vincule a tod@s como un proyecto de nuevo país, donde el trabajo fundamental es parar la guerra, construir la paz con inversión social; se necesita un gran trabajo de unidad de tod@s para hacer posible un gobierno democrático, que permita transitar hacia la paz, teniendo en cuenta a las mayorías de a píe, de la calle; a los que se les ha negado su voz y derechos como razón histórica; que rompa la exclusión política e imposición oligárquica y mafiosa, como élite impuesta por la fuerza de las armas. Insistimos y estamos de acuerdo en que la paz no significa únicamente el silenciamiento de los fusiles, sino principalmente el conjunto de transformaciones sociales, políticas y económicas que hagan de Colombia un país más incluyente, equitativo, y democrático, para lo cual se hace necesaria la participación activa de toda la sociedad en la elaboración de las nuevas políticas que busquen las salidas que corrijan las causas que dieron origen y siguen sosteniendo el conflicto. Los hechos ocurridos en los dos últimos meses es el momento más crítico, que ponen en cuestionamiento y el posible fracaso del proceso de paz desarrollado desde el gobierno y es urgente el acompañamiento de la sociedad y la comunidad internacional. Felicitamos la persistencia en las mesas de diálogo de las insurgencias con el gobierno, a pesar de las intenciones de éste de pretender el sometimiento o la derrota de aquellas, y la participación protagónica de la sociedad; de la misma manera el acompañamiento de la comunidad internacional, en especial de nuestro continente. Consideramos fundamental el acompañamiento del Ex–presidente José Mujica en la búsqueda de la paz, tanto desde la dinamización de las mesas con las insurgencias y la participación de la sociedad en la Mesa Social para la Paz. Consideramos que es necesaria la exigencia del cese al fuego bilateral y la paz sea el logro del esfuerzo de tod@s quienes continuamos soñando por un país y un continente digno, soberano, unido y libre. Muchas gracias, MOVIMIENTO NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS CAMILO TORRES RESTREPO MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO Cárcel de Bellavista, Bello, Medellín(Antioquia) Colombia. Mayo 30 de 2015