Sobre la denuncia de siete casos de desapariciones forzadas ocurridas entre enero y junio de 1981, el CELS elaboró un informe que presentó a la División de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como testimonio de la continuidad en los métodos utilizados por la dictadura militar. En dicho informe se menciona la participación de la Policía Federal durante las detenciones y, en algunos casos, se denuncia a las comisarías como primer lugar de detención ilegal; la implementación de torturas a las que fueron sometidas las víctimas; los detalles de la detención; las gestiones realizadas en cada caso; la descripción y denuncia de los lugares donde estuvieron en calidad de detenidos-desaparecidos las personas liberadas con posterioridad; y la situación de las personas que continúan detenidas o fueron asesinadas.