Criterios Sociales y Medioambientales dentro de la Licitación Pública Introducción La economía capitalista crece en función del consumo, y un sistema internacional de precios que no respeta las tazas de renovación de los ecosistemas ni tampoco una distribución equitativa de los recursos. Al hablar de un emprendimiento social, es preciso considerar las dificultades que significan la inclusión del mismo dentro de una economía focalizada en la rentabilidad económica y la maximización de dividendos. Esto se debe a que las finalidades de los mismos corresponden a desarrollos sustentables con objetivos sociales, los cuales implican un mayor tiempo de retorno de las inversiones y de evolución. Ahora bien resulta evidente la necesidad de desarrollar una nueva cultura de consumo consciente, fundada en la equidad y en un pensamiento sistémico más que en la simple búsqueda del menor costo, la comodidad y el lujo. La misma sería capaz de permitir la persistencia de los emprendimientos sociales desacelerando el deterioro del entorno ecológico y la marginalidad social. En este sentido una manera de comenzar a desarrollar y fomentar esta cultura puede ser por medio del principal comprador de bienes, locador de obras y servicios que hay en el país, el Estado. El consumo estatal representa un 4% del PBI (78.488,3 millones de $), y la inversión directa un 1% (19.397,8 millones de pesos) según el presupuesto previsto para el año 20121. Luego, se podrían incorporar nuevos instrumentos y metodologías que permitan generar un cambio de variables y criterios dentro del sistema de licitación pública. De esta manera el estado cumpliría el rol de fomentar un consumo crítico, dando el ejemplo a la sociedad. En el campo ecológico, la Unión Europea es precursora en este concepto. En julio de 2008, la Comisión Europea presentó el plan de acción sobre consumo y producción sostenibles y una política industrial sostenible. Dentro del mismo, uno de los objetivos consiste en racionalizar el gasto público. Esto apunta a que los países miembros incorporen en los procedimientos de licitación pública aspectos medioambientales, pueden ahorrar energía, agua y recursos, reducir la generación de residuos y la contaminación y, al mismo tiempo, conseguir la mayor rentabilidad de los fondos en sus contratos. Este concepto de contratación pública ecológica contribuye entonces a la promoción de productos nuevos, al desarrollo de tecnologías más ecológicas y a la innovación. Luego, desde la óptica de la economía social se podría evaluar si en nuestro país es posible la aplicación de una política similar. Incorporando en la licitación pública criterios de evaluación medioambientales, como también criterios de Responsabilidad Social que beneficien la inserción de las Empresas Sociales. Desarrollo del análisis 11.
Ministerio de Economía de la Nación, Presupuesto 2012.
Para comenzar el análisis vemos que la legislación nacional de licitación de nuestro país en el REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL (Decreto 1023/2001), en función a los criterios de selección, expresa lo siguiente: "Art. 15. — CRITERIO DE SELECCION. La adjudicación deberá realizarse en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio estandarizado o de uso común cuyas características técnicas puedan ser inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, como oferta más conveniente, la de menor precio. En materia de preferencias se estará a lo que disponga la normativa vigente en cada caso." A partir de lo anterior se puede ver que la licitación pública de nuestro país tiene sustento en la búsqueda de la eficiencia en función de los costos, y no de la eficiencia en función de la sustentabilidad que busca la economía social. Es posible que dentro de cada licitación en particular puedan llegar a existir criterios que permitan un desarrollo sustentable. Pero en relación a lo planteado anteriormente, en la búsqueda de un cambio global, sería necesario disminuir las ambigüedades y marcar una Política Nacional. La misma definiría que la selección debería basarse en un análisis más amplio, al incorporar criterios medioambientales y de Responsabilidad Social más que el costo. Ahora bien, implementar una política que busque este cambio en las licitaciones públicas, más allá del marco legal, implica la formación de nuevos sistemas para la evaluación de los postulantes y el consiguiente control de las empresas contratadas. Estos sistemas, a su vez, deberán ser capaces de permitir el cumplimiento de los principios de igualdad de tratamiento y transparencia expresados en el decreto En fin, es precisa la incorporación de un plan de acción creado por personal capacitado y una definición de factores que permitan medir el desempeño de las empresas en estos ámbitos.
Criterios Medioambientales: La aplicación de estos criterios es más sencilla ya que hoy en día existen muchos indicadores que permiten evaluar el desempeño ecológico como la huella ecológica, huella de carbono y agua virtual. Luego, se deberían desarrollar sistemas de puntuación y ponderación en función de estas variables. A su vez, se incorporarían mecanismos de evaluación en función de la política de tratamiento de residuos. Como también el reconocimiento en función de la introducción de cualquier innovación que permitan un uso más eficiente de los recursos.
Criterios Sociales-Responsabilidad Social: La aplicación de criterios en cuanto a las responsabilidad social es más compleja. Debido a que los modos en que la Responsabilidad social se aplica en las diferentes empresas varía, por lo que una cuantificación numérica y objetiva para comparar a los postulantes se dificulta. En primer instancia se debe reconocer el motivo de esta inclusión de criterios, que es dar a las Empresas Sociales, Cooperativas, empresas con "holdings sociales" etc. un entorno en el cual puedan competir frente a empresas con fines puramente económicos. De esta manera, se implementarán mecanismos de evaluación que den una puntuación elevada a las siguientes situaciones: -Empresas con una alta inversión en Responsabilidad Social que fomenten la inclusión social. -Empresas que incorporen en su cadena de valor o en sus proveedores alguna Empresa Social. -Empresas que sostengan un "holding Social". -Cooperativas. -Empresas Sociales. Se podría considerar como Empresa Social aquella que cumpla los principios básicos de la Empresa Social presentados por Muhammad Yunus 2: -El objetivo de las empresas será la erradicación de la pobreza, ó uno o más problemas (tales como educación, salud, acceso a la tecnología, y medioambiente) que amenacen a la gente y a la sociedad. No la maximización de dividendos. - Sostenibilidad económica y financiera. - Los inversionistas reciben de vuelta solamente la cantidad invertida. Ningún dividendo por encima del capital invertido será entregado. - Cuando la cantidad invertida es devuelta, las ganancias de la compañía permanecerán en la misma para expansión y mejoras. -Conciencia ambiental. -Los empleados reciben salarios competitivos con mejores condiciones laborales. …Hacerlo con entusiasmo. 2
Fundación Argentina de las Empresas Sociales (www.empresassociales.org).
En definitiva, es esencial para el desarrollo de estos mecanismos de evaluación un análisis objetivo del impacto social generado por las empresas postulantes.
Barreras a la Aplicación de estos criterios: -Costo de los bienes o servicios adquiridos: Como se mencionó en un principio, las Empresas Sociales tienen tiempos de retorno de inversión más lentos lo cual encarece el producto en primera instancia. Esto podría ser criticado en función del uso que el Estado hace de su recaudación. Pero para poder ver el beneficio de esta situación, es necesario tener una mirada a largo plazo y evaluar los ahorros futuros. Los servicios y productos que tuvieron un elevado puntaje en concepto de sustentabilidad ambiental serán más eficientes en materia de energía y utilización de recursos, por lo que disminuirán sus costos. Los emprendimientos con mayor puntaje en responsabilidad, una vez cubierta la inversión mejoraran su productividad al reinvertir todas sus ganancias en mejoras y expansión. De todos modos, el fomento de las Empresas Sociales, implicaría una disminución paulatina de los gastos de asistencia social hacia los grupos marginales. -Necesidad de aplicar un análisis sistemático global: Existe una complejidad para poder establecer criterios generales que puedan aplicarse en licitaciones desarrolladas en distintas partes del país y para diferentes tipos de productos y servicios. -Falta de personal capacitado: Al tratarse de campos de la economía relativamente nuevos sería necesaria la implementación de un exhaustivo plan de capacitación. Lugo se impediría que estas implementaciones generen trabas burocráticas y pérdidas de tiempo. -Falta de apoyo por parte de las autoridades: Sería elemental para la realización de esta política integradora el apoyo y la concientización de todos los niveles de responsabilidad pertinentes. Se debería marcar una visión clara de los objetivos que se busca alcanzar.
Conclusiones Por medio del análisis previo se presentó la posibilidad de realizar modificaciones en los mecanismos de Licitación Pública, incorporando nuevos criterios ecológicos y
sociales. Estos cambios permitirían fomentar la inclusión de las Empresas Sociales dentro de un entorno adverso a sus principios, como lo es la sociedad de consumo capitalista. Esta herramienta legislativa podría tener éxito en cuanto sea acompañada por un exhaustivo plan de concientización y capacitación. De todos modos, para que la inversión en este plan se justifique, es necesario tomarla como parte de una planificación más amplia de impulso a la Economía Social, que entre sus aplicaciones implique esfuerzos educativos, en todos los niveles y ámbitos académicos. De esta forma germinarían futuros emprendedores sociales que hagan uso de los cambios propuestos. Finalmente se podría decir que esta propuesta busca una concepción diferente de asistencia social en la cual el Estado utiliza como intermediario el Emprendimiento Social, fomentando así la cultura del trabajo.
Bibliografía
http://empresassociales.org/concepto.html http://www.uape.org.ar/documentos/legnac/docs/decre893.pdf http://www.uape.org.ar/documentos/legnac/docs/regi.pdf http://www.agn.gov.ar/licitaciones/Reglamento%20de%20Contrataciones.pdf http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/brochure_scp/kg006508ES_2.pdf http://www.losandes.com.ar/notas/2010/8/1/economia-505867.asp http://sispalc.cepal.org/Sispalv2/Documentos/Gasto_publico.pdf