Libro elecciones 2012 (2012oct20 con isbn publicado) by Miguel González Madrid

Elecciones

2012

Evaluación e Implicaciones Políticas

Víctor Alarcón Olguín Pablo Javier Becerra Chávez Enrique Cuna Pérez Gustavo E. Emmerich Alberto Escamilla Cadena Miguel González Madrid

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Unidad Iztapalapa Área de Investigación sobre Procesos Políticos Cuerpo Académico Ciudadanía, Cultura e Instituciones Políticas Cuerpo Académico Procesos Políticos y Electorales Coordinación de Extensión Universitaria

Elecciones 2012 Evaluaci贸n e implicaciones pol铆ticas

Elecciones 2012 Evaluación e implicaciones políticas Víctor Alarcón Olguín Pablo Javier Becerra Chávez Enrique Cuna Pérez Gustavo E. Emmerich Alberto Escamilla Cadena Miguel González Madrid

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD IZTAPALAPA División de Ciencias Sociales y Humanidades Departamento de Sociología

Rector General Dr. Enrique Fernández Fassnacht Secretario General Mtra. Iris Santacruz Fabila UNIDAD IZTAPALAPA Rector Dr. Javier Velázquez Moctezuma Secretario de Unidad Dr. Óscar Comas Rodríguez Coordinación de Extensión Universitaria Dra. Milagros Huerta Coria Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Dr. Octavio Nateras Domínguez Jefe del Departamento de Sociología Dr. Enrique Cuna Pérez Comité Asesor Gustavo E. Emmerich, Pablo Javier Becerra Chávez y Víctor Alarcón Olguín Producción editorial y cuidado de la edición Gustavo E. Emmerich, Miguel González Madrid y Pablo Javier Becerra Chávez

CONTENIDO Pág.

Presentación

I.- Marco jurídico

II.- Partidos y candidatos en la disputa presidencial

III.- Los debates entre candidatos presidenciales: Personalidades y agendas

IV.- Gasto, acceso y crítica a los medios electrónicos

V.- La renovación de poderes federales y los comicios locales

VI.- Impugnaciones y conflicto poselectoral

113

VII.- Y después de julio, ¿tiene sentido “otra” reforma electoral?

131

Conclusiones

151

Presentación

l presente volumen ofrece una visión de conjunto acerca de las elecciones de 2012 y sus implicaciones políticas ulteriores. Estudia sus etapas y dimensiones más significativas, con miras a sopesar las bondades y limitaciones de la reforma política y constitucional de 2007-2008, de las cuales se tuvo ya una anticipación parcial durante las elecciones de diputados federales de 2009. Dos preguntas guían el análisis: ¿Por qué nuevamente, como hace seis años, tenemos un resultado que arrojó dudas sobre la legalidad y legitimidad de dichos comicios entre la ciudadanía, los partidos y los candidatos? Y, ¿será necesaria una nueva reforma electoral a efecto de corregir los errores, restaurar la confianza entre los actores y garantizar futuras contienda sobre bases democráticas? Los investigadores de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana1 que participan en este estudio abordan las interrogantes anteriores y reconocen la existencia de obstáculos que impiden tener procesos electorales plenamente aceptados por todos sus participantes. ¿Son suficientes estas inconsistencias para impedir hablar de un carácter democrático, libre y auténtico de las elecciones, como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Buena parte de la literatura sobre las elecciones mexicanas postula que sus bases legales y sus procedimientos administrativos y jurisdiccionales han avanzado de manera significativa (Woldenberg, 2012). Empero, otra parte argumenta que persisten inconsistencias, simulaciones y giros erráticos como manifestación expresa de la continuidad de un régimen de “autoritarismo electoral” (Schedler, 2006). Pese a esta discrepancia, puede hablarse de la presencia de un modelo electoral que cuenta con autoridades e instituciones bien establecidas (IFE, TEPJF y FEPADE), con funciones y 1

A través del Área de Investigación sobre “Procesos Políticos” y los cuerpos académicos “Ciudadanía, cultura e instituciones políticas” y “Procesos Políticos y Electorales”, pertenecientes todos ellos al Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa.

responsabilidades claras para velar por la eficacia administrativa, jurisdiccional y penal del proceso electoral mexicano. Dicho modelo posee un alto componente de ciudadanización, palpable sobre todo en el desarrollo de la jornada de votación dentro de las mesas directivas de casillas, donde ciudadanos comunes reciben, contabilizan y vigilan los votos emitidos. Además, servidores profesionales de carrera dan soporte al propósito de que los procesos electorales se encuentren libres de la intervención del gobierno, así como de impedir la intervención ilegal de grupos de presión (como sindicatos, empresarios, medios de comunicación, iglesias, etc.). Tenemos un modelo de participación ciudadana bastante loable, pero que también ha derivado en un impresionante entramado de códigos, leyes y reglamentos que hace cada vez más difícil su acceso, comprensión y ejercicio, no sólo para el ciudadano común, sino incluso para los propios partidos políticos. Tal modelo es resultado de una ininterrumpida línea de reformas y adecuaciones político-electorales desde hace casi cuatro décadas, con el ánimo de responder a las exigencias de tener un régimen de gobierno democrático y un sistema electoral confiable. A partir de la reforma política de 1977 se facilitó la formación de nuevos partidos políticos y se adoptó un sistema mixto de representación para elegir al Poder Legislativo (primero en la Cámara Baja y posteriormente en el Senado), con el ánimo de incorporar a un espectro de fuerzas políticas cada vez más amplio no sólo en cantidad, sino en variedad y representatividad ideológica. Paralelamente, se fue autonomizando la instancia organizativa de las elecciones, no sólo en el plano federal, sino también en las entidades federativas. Se procuró, además, equidad entre los partidos y candidatos en competencia, y se reguló a los medios de comunicación masiva con miras a que no influyesen indebidamente en pro de unos u otros. Se otorgaron garantías a los ciudadanos para la libre emisión de sus sufragios y un papel protagónico en el proceso electoral. Como consecuencia de estas reformas, los votos comenzaron efectivamente a contar y se dio una “transición a hurtadillas” a la democracia (Whitehead, 2011). México ha tenido así un lento y duro aprendizaje (todavía incompleto) respecto a la implantación de prácticas democráticas irrefutables y aceptadas en sus procesos electorales. Se han dado avances sustanciales, expresados sobre todo en las reformas electorales en 1996 y 2007-2008, que en su momento abrieron grandes expectativas.

Los impactos más significativos han sido la quiebra del monopolio hegemónico y sin alternancia del PRI en el poder, lo que evidenció con la creciente pluralidad partidaria en las gubernaturas y los gobiernos municipales, así como en la carencia de mayorías legislativas absolutas en ambas cámaras desde 1997. Su signo más puntual fue la derrota del PRI en el año 2000 y su relevo por el PAN, mismo que sale de la presidencia después de dos sexenios, todo ello a través de las propias elecciones. Esto hace ver que el funcionamiento de las instituciones electorales ha cumplido formal y puntualmente con su papel, dando expresión a la voluntad ciudadana por medio del sufragio, y desahogando quejas, denuncias, inconformidades e impugnaciones presentadas por los actores respecto a prácticas ilícitas diversas. Las últimas dos elecciones presidenciales mexicanas estuvieron empañadas por el desconocimiento de los resultados por parte del candidato de la coalición de izquierdas. En 2012, a diferencia del 2006, cuando acciones de resistencia civil post-electoral se acercaron a un inquietante escenario de ingobernabilidad, no se presentaron signos de una beligerancia amplia. El candidato de la izquierda, aunque “desconociendo” al ganador de la contienda, anunció al mismo tiempo que se mantendría en la vía pacífica e incluso tomó la decisión de formar un nuevo partido. Esto no omite el hecho de que dentro de las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 y 2012 se pudieron identificar áreas problemáticas dentro de las diversas etapas del proceso electoral, mismas que se ven alimentadas por las percepciones abiertas por los propios actores políticos. Parece inevitable discutir una nueva reforma electoral para corregir tales problemas, de la misma manera que la presunción de ilegalidad e inequidad en las elecciones del año 2006 dio pauta a los cambios generados en 2007-2008. Además, en virtud de la reforma constitucional de agosto de 2012, será necesario regular las bases y figuras incorporadas en la Carta Magna, con la consecuente reforma de ordenamientos jurídicos secundarios, a efecto de que se apliquen en el año 2015, en elecciones federales, como por ejemplo en lo relativo a candidaturas independientes. También las entidades federativas tendrán que actualizar sus legislaciones conforme a la Constitución Política federal, en el plazo de un año siguiente a la fecha de publicación del decreto de reforma respectivo.2 2

Al respecto, véase el artículo tercero del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012, el cual mandata que “Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones

Este volumen inicia con una revisión del marco legal de la competencia, seguido de un análisis de las precampañas y campañas electorales. A continuación aborda los debates sostenidos por los contendientes a la presidencia, como síntesis de sus respectivas agendas políticas. Estudia luego el papel de los medios de comunicación –particularmente los televisados– en el proceso electoral. Analiza más adelante los resultados generales de las elecciones de 2012 –incluyendo las locales– y sus implicaciones para la redistribución del poder político en México. Examina posteriormente la etapa jurisdiccional de impugnaciones a los comicios y la calificación de las elecciones por parte del TEPJF. Finalmente, se plantean los escenarios de reforma electoral que comienzan a esbozarse, y que seguramente serán materializados en el marco de la LXII Legislatura. Como se verá a lo largo de las siguientes páginas, México posee un sistema electoral complejo, para muchos innecesariamente costoso, e incluso sobre-regulado. Pero a la vez es un modelo que ha tratado de configurar un esquema cada vez más preciso y puntual en sus respectivas etapas de desarrollo, y cuyas discrepancias obligan también a una reflexión sobre la calidad no sólo de los procesos, sino también de las capacidades y habilidades mostradas por los actores políticos para estar a la altura de dichas exigencias. La democracia en México debe dar pasos más firmes en materia electoral, si es que pretendemos erradicar la percepción –y la realidad– de niveles importantes de inequidad de las reglas aplicables, de ilegalidad en la que suelen incurrir los actores políticos o de presunción de fraude en zonas específicas del país. En esa perspectiva, el interés de los autores se centra en el lado de la ciudadanía, en la convicción de que ésta debe tener garantías plenas para el ejercicio libre de sus derechos de expresión, asociación y ejercicio del voto, desterrando así toda amenaza de coacción o coerción. Estamos ante un camino arduo de aprendizaje de experiencias acumuladas, así como de un persistente ajuste institucional; e indudablemente, acotar a los actores políticos dentro de los marcos de la democracia, no es una tarea sencilla, sobre todo cuando, por el contrario, se mantienen prácticas de clientelismo y corporativismo que deberían ser atacadas y castigadas con mayor severidad.

necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor”.

La obra que aquí se ofrece continúa la pauta de estudios anteriores elaborados en la Universidad Autónoma Metropolitana, que evalúan el desempeño de las instituciones y los procesos políticos en México. Entre ellos, el volumen La Reforma Política 2010 (Becerra Chávez y otros, 2010) y el informe sobre Situación de la Democracia en México (Emmerich, 2009). El análisis de los comicios de 2012 invita a seguir avanzando en el camino hacia la democracia electoral plena, así como a prevenir sobre los riesgos de comenzar a dar vueltas en círculo o estar tentados por la restauración del antiguo régimen autoritario y el presidencialismo faraónico. México ha podido acumular un acervo institucional y ciudadano que nos orienta a pensar de manera optimista en la conquista de una democracia electoral y partidista de calidad. Pero, al mismo tiempo, es un llamado a ser más vigilantes y demandantes de que esto así suceda. Iztapalapa, México, D.F., octubre de 2012.

Referencias Becerra Chávez, Pablo Javier y otros (2010), La reforma política 2010, UAMIztapalapa, México, 95 pp. Emmerich, Gustavo Ernesto (coord.), Situación de la democracia en México, UAM, México, 135 pp. Schedler, Andreas (2006), “The Logic of Electoral Authoritarianism”, en Andreas Schedler (ed.), Electoral Authoritarianism. The Dynamics of Unfree Competition. Boulder, Lynne Rienner Publishers, pp.1-23. Whitehead, Lawrence (2011), “El sistema presidencial mexicano en perspectiva comparada”, en Revista Latinoamericana de Política Comparada, Quito, V.5 (julio), pp.11-28. Woldenberg, José (2012), La transición democrática en México, El Colegio de México, México, 150 pp.

CAPÍTULO

Marco jurídico Introducción

as instituciones electorales federales en México pueden ser definidas en términos de normas y procedimientos aplicables en un orden previsiblemente democrático-constitucional, además de una estructura de órganos investidos de autoridad administrativa o jurisdiccional que tienen a su cargo la organización, el funcionamiento y el mantenimiento del sistema electoral para la renovación periódica de los órganos de poder del Estado, conforme a preceptos, valores, principios, procedimientos y reglas establecidos en la Constitución Política federal y en dispositivos de configuración legal, principalmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), de aplicación administrativa, y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), de aplicación jurisdiccional.3

Douglas C. North define a las instituciones del siguiente modo: “Las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Incluyen restricciones informales, como las sanciones, los tabúes, las costumbres, las tradiciones, y los «códigos de conducta», como así también reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad)” (North, 1991). El papel de las instituciones, dice North, consiste en proporcionar orden a una colectividad y reducir el umbral de incertidumbre en el marco del intercambio social cooperativo (North, 1991:13). De este modo, el concepto de institución o instituciones designa un tipo de procedimientos, mecanismos, instancias y normas aplicables a un orden público (político, jurídico, económico o social), necesario para su regulación, funcionamiento y mantenimiento con estabilidad y posibilidad de cambio ajustado a necesidades colectivas, y en el cual, por tanto, está erradicada toda pretensión de imposición de algún orden privado o personal. En esta línea de conceptos, Ronald L. Jeppe dice que “La institución representa un orden o patrón social que ha alcanzado cierto estado o propiedad; la institucionalización indica el proceso para alcanzarlo” (Jeppe, 1999: 195).

Desde la Constitución de Cádiz de 1812, el proceso de construcción de instituciones electorales en México ha sido continuo y diverso, conforme a la influencia de doctrinas liberales y –más tarde– democráticas. En 1946 se inició una nueva época en este rubro cuando se confirió a un organismo centralizado del Estado (la Comisión Federal de Vigilancia Electoral) la función electoral, la cual habría de depositarse a partir de 1990 en un organismo constitucionalmente autónomo e integrado por consejeros magistrados designados por la Cámara de Diputados, a propuesta del presidente de la República; en 1994 se introdujo la figura “consejeros ciudadanos” y su designación corrió a cargo de dicha Cámara, pero a propuesta de los grupos parlamentarios; en 1996 inició la consolidación de la llamada “ciudadanización” del Consejo General del IFE. Del mismo modo, a partir de 1987 inició una etapa de construcción de tribunales electorales: se instauró un Tribunal de lo Contencioso Electoral (de carácter administrativo), luego un Tribunal Federal Electoral (de carácter jurisdiccional, en 1990) y enseguida un Tribunal Electoral como parte del poder judicial de la federación (en 1996, de plena jurisdicción, ya que sus resoluciones tienen carácter definitivo y no pueden ser recurridas ante otro tribunal). Desde 1934, en ningún caso ha habido elecciones presidenciales extraordinarias; y la renovación de las cámaras del Congreso de la Unión no ha sido interrumpida desde 1917. Además, desde 1928, la renovación de la presidencia de la República ocurre cada seis años a través de elecciones populares.4 Desde 1934, la renovación de la Cámara de Senadores ocurre cada seis años, y la de la Cámara de Diputados, cada tres años5. Desde 1917 se elige al presidente de la República y a los integrantes de ambas Cámaras por voto directo y secreto (Orozco Henríquez, 1998: 1032-1039; y Morales Moreno, 2011: 99-100).6 El sistema bicameral ha 4

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Presidencia de la República se renovaría cada cuatro años; la Cámara de Diputados, en su totalidad, cada dos años (artículo 51); la de Senadores, por mitad cada dos años, con un periodo de cuatro años para el ejercicio del cargo (artículo 58). Véase al respecto Ferrer Muñoz, 2004. 5 Véase al respecto Centro de Documentación, Información y Análisis – Servicios de Investigación y Análisis, 2010. 6 Francisco I. Madero fue ungido presidente de la República mexicana el 6 de diciembre de 1911, enseguida de las elecciones extraordinarias primarias del 1 de octubre del mismo año y secundarias del 15 del mismo mes y año. La Ley Electoral del 19 de diciembre de 1911, expedida por el presidente Francisco I. Madero, que sustituyó a la del 18 de diciembre de 1901 (y sus reformas de 1902 y 1904, cuando Porfirio Díaz amplió el periodo de gobierno presidencial de cuatro a seis años y restauró la vicepresidencia), introdujo por primera vez en México el principio de secrecía del voto desde las elecciones primarias, pero fue sustituido otra vez por el principio

subsistido en México desde 1824, con excepción del periodo de 1857-1874, cuando fue suprimida la Cámara de Senadores. El número de senadores establecido por la Constitución Política federal de 1917 fue de dos por entidad federativa, por el principio de mayoría relativa en cada una de ellas, dando un total de 64, y no varió hasta 1994. En 1988 se introdujo una reforma por la cual se eligieron 32 senadores por mayoría relativa para un periodo de tres años y otros 32 por el mismo principio para un periodo de seis años, con la finalidad de adoptar un sistema de renovación escalonada de la Cámara de Senadores cada tres años. Este sistema continuó con otras reformas en la década de 1990, hasta que en 2000 se estableció el sistema de elección –que subsiste a la fecha– cada seis años de 64 senadores por el principio de mayoría relativa, 32 por el principio de primera minoría (los segundos lugares en cada entidad federativa) y 32 por el principio de representación proporcional en el país como única circunscripción electoral (Véase cuadro I.1). Ahora bien, durante largo tiempo, desde la Constitución de Cádiz de 1812, persistió un sistema de elección de diputados basado en cantidades absolutas predeterminadas de “almas”, expresión que pronto fue sustituida por la de “habitantes”. Tal sistema persistió en el artículo 52 de la Constitución Política federal de 1917, y el número de diputados electos variaba periódicamente porque variaba el número de habitantes en el país. Además de diputados por cada cierta cantidad de población, cantidad que fue cambiando en sucesivas reformas constitucionales, la reforma electoral de 1963 introdujo la figura de “diputados de partido”, otorgados a los partidos políticos que hubieren logrado un rango determinado de votación. Este sistema subsistió hasta 1979, cuando, gracias a la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles, de “voto público” con la ley electoral expedida en 1916 por Venustiano Carranza (Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente), ya que los electores debían firmar la boleta electoral. La ley maderista conservó la elección indirecta en primer grado para las elecciones de diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y fue con la reforma electoral del 22 de mayo de 1912 cuando se introdujo la elección directa sólo de diputados y senadores. Ambos principios fueron recogidos por el Constituyente de 1917 como parte esencial del sistema electoral mexicano, para las elecciones de diputados, senadores y presidente de la República, y subsisten a la fecha. El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, en su artículo 18°, adoptó la elección directa de “diputados, senadores, Presidente de la República y ministros de la Suprema Corte de Justicia”, pero nunca hubo aplicación alguna de dicha disposición. Entre otras fuentes sobre este tema, véase Chuayffet Chemor, 1992: Nota 8 de pie de página.

en 1977, se estableció un sistema de elección mixta de diputados: 300 por el principio de mayoría relativa y 100 por el de representación proporcional. En 1987 se efectuó otra reforma constitucional por la cual se estableció que el número de diputados de representación proporcional se elevaría a 200. Ambas cantidades subsisten a la fecha, para dar un total de 500 diputados. Cuadro I.1. Senadores por periodo y principio de elección, 1988–2012 Principio de elección Mayoría Relativa Mayoría Relativa Primera Minoría Primera Minoría Representación Proporcional Representación Proporcional Total

Periodo 6 años

1988 32

3 años

1991 32

3 años 6 años 6 años

Senadurías en juego 1994 1997 2000 64 64

3 años

2006 64

2012 64

32 32

128

32* 64

Fuente: Elaborado por Miguel González Madrid con base en estadísticas del IFE y el TEPJF. * En 1997 se renovó una cuarta parte de la Cámara de Senadores por el principio de representación proporcional y para un periodo de tres años, en lugar del principio de mayoría relativa y un periodo de seis años, como había sido para ese mismo tercio en 1991.

Por lo demás, es evidente que durante casi un siglo, salvo las incidencias del episodio de 1928-347 y las reformas en la década de 1990, que afectaron la composición de la Cámara de Senadores, en México las elecciones presidenciales y legislativas han transcurrido sin cambio alguno en su periodicidad constitucional.

Las incidencias del periodo 1928-1934, conocido como el del “maximato”, se resumen en lo siguiente: a) Álvaro Obregón, siendo ex presidente de la República, logra la reforma del artículo 83 constitucional en términos de que “El Presidente entrará a ejercer su encargo el primero de diciembre; durará en él seis años y nunca podrá ser reelecto para el periodo inmediato” (Diario Oficial de la Federación de 24 de enero de 1928), lo cual legitimó la reelección pasando por lo menos un periodo; b) Álvaro Obregón gana la elección presidencial del 1 de julio de 1928, pero es asesinado el 17 de ese mismo mes; c) el Congreso de la Unión nombra presidente interino a Emilio Portes Gil, para el periodo 1928-1930; d) el 17 de noviembre de 1929 se realiza la elección extraordinaria de presidente de la República, la única de esa naturaleza después de 1917, de la que resulta ganador Pascual Ortiz Rubio para el periodo de 1930 a 1934; e) éste solicita su separación del cargo el 2 de septiembre de 1932, y el Congreso de la Unión nombra presidente sustituto a Abelardo L. Rodríguez para concluir el periodo del 4 de septiembre de 1932 hasta el 30 de noviembre de 1934.

Las elecciones federales La preparación, organización, desarrollo, calificación y validación de las elecciones federales en México, se rigen conforme a las bases y los principios en materia electoral contenidos en diversos artículos de la Constitución, así como –desde 1990– por el COFIPE y –desde 1996 – la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Además, el Instituto Federal Electoral (IFE) y las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de las entidades federativas tienen la obligación de aplicar la jurisprudencia electoral emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A partir de 1989, un año después de la polémica elección presidencial ganada por Carlos Salinas de Gortari,8 las reformas constitucionales y legales en materia electoral ya no fueron impulsadas sólo por el Partido Revolucionario Institucional, sino que requirieron de la concurrencia de otras fuerzas políticas, y han incorporado bases, reglas, figuras y procedimientos nuevos con la intención de subsanar la ineficacia de las normas aplicadas en elecciones previas o bien para reducir el margen de ventaja que mantenía el otrora partido hegemónico con relación a la distribución de la representación política nacional y al control de la organización electoral.

Las elecciones locales Las elecciones para renovar los órganos de poder de las entidades federativas y los municipios se rigen por leyes electorales propias, tanto para su organización como para la impartición de justicia electoral, pero éstas deben estar conformes a la Constitución Política federal; de no ser así, las normas aplicables pueden ser impugnadas por la vía de la acción 8

La elección de Carlos Salinas de Gortari se considera “polémica” debido a la falta de certeza en el resultado electoral el día de la elección (el miércoles 6 de julio de 1988), a su vez consecuencia de la declaración del Secretario de Gobernación, quien fungía como Presidente de la Comisión Federal Electoral, de que “el sistema se cayó”, que fue coloquialmente entendida también como “el sistema se calló”, y que fue tomada como la principal evidencia de un fraude electoral, además de que “casi la mitad de las actas de casilla (24 mil 643, que representaban 45%) no aparecieron. Sólo apuntamos un botón de muestra de la tomografía del fraude: en el universo de actas disponibles, el otro 55% (29 mil 999 casillas), encontramos mil 434 casillas “zapato” en las que la votación para el PRI fue de 100% de los votos, por lo cual, si no todas eran fraudulentas, sí fueron muy sospechosas y sumaron 402 mil 293 votos, es decir, 8% de la votación total” (Aziz Nassif, 2009).

de inconstitucionalidad, durante los treinta días siguientes a la fecha de su publicación, de acuerdo con el artículo 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La organización de las elecciones locales corresponde a organismos locales cuya integración es responsabilidad de la legislatura de cada entidad federativa. Si así lo considera necesario, y puesto que es parte de una de sus facultades derivadas de la reforma electoral de 2007, la autoridad electoral administrativa de cada entidad federativa puede solicitar al IFE –sin injerencia de otra autoridad– la organización de las elecciones locales. Además, cabe mencionar dos tipos de aplicación de normas federales ordinarias a procesos electorales de las entidades federativas: a) el sistema federal de justicia electoral previsto en la LGSMIME es aplicable también a las elecciones locales por la vía del Juicio de Revisión Constitucional Electoral (JRC) y del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano (JDC) que pueden promover los partidos políticos y los ciudadanos, respectivamente; y b) de acuerdo con el Apartado B de la fracción III del artículo 41 de la CPEUM, se confiere al IFE la facultad de administrar “los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate”.

La reforma electoral de 2007-08 Para las elecciones de diputados federales en 2009 y 2012, así como para las elecciones de presidente de la República y senadores en 2012, se aplicaron las reformas electorales publicadas en 2007 y 2008. En Anexo I se indican los principales temas o disposiciones de esas reformas. Por cuanto a otros temas relativos a la organización y el desarrollo de las elecciones, las disposiciones aplicables provienen de la reforma electoral constitucional de 1996 (véase DOF de 22 de agosto de 1996) y legal (véase DOF de 31 de octubre y 22 de noviembre de 1996), que se mantienen en el contenido del nuevo COFIPE.9 Los temas relevantes se ordenan en las siguientes secciones de este capítulo. 9

Así llamado desde 2008 debido a las numerosas reformas incorporadas en su contenido, que implicaron la inclusión de nuevas reglas y procedimientos electorales, la ampliación de la cantidad de artículos (de 300 a 394 y la adición de un libro relativo a los regímenes administrativos sancionadores. Por cierto, la reforma del COFIPE en 1996 había derogado un libro séptimo relativo a medios de impugnación y a faltas y sanciones administrativas, pues en ese mismo año se creó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia

Las consecuencias y limitaciones de la aplicación de la reforma electoral en las elecciones federales de 2009 no fueron suficientemente percibidas, específicamente por cuanto a diversos aspectos concernientes al periodo de campañas electorales: exceso de gastos, actos anticipados, propaganda negativa, origen ilícito del financiamiento privado, acceso a medios de comunicación, difusión de los debates entre candidatos, uso de materiales propagandísticos diversos y causales de nulidad de una elección. En 2012, los claroscuros de las campañas electorales de los candidatos al cargo de presidente de la República, las reiteradas quejas ante el IFE y las inéditas manifestaciones en contra de la llamada “inequidad” –y por la “democratización”– de los medios de comunicación, permiten advertir que esos aspectos deberán ser revisados por cuanto constituyen el meollo del conflicto derivado de la elección presidencial de ese año.

El derecho de réplica El artículo 233 párrafo 3 del COFIPE establece lo siguiente: “Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6° de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables”. Del mismo modo, el artículo décimo transitorio del decreto de reforma del COFIPE, publicado en el DOF de 14 de enero de 2008, establece que “a más tardar el 30 de abril de 2008, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley reglamentaria”. No obstante, durante el proceso electoral federal 2011-12 no existió regulación alguna sobre el derecho de réplica, aunque el Consejo General del IFE pretendió emitir normas reglamentarias al respecto que la Constitución y el COFIPE no le autorizaban.

La propaganda gubernamental Electoral. El COFIPE resultante de la reforma de 1996 se integró con sólo 272 artículos. Con el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación de 30 de junio de 2005, que configuró las reglas y los procedimientos relativos al derecho de voto de los mexicanos residentes en el extranjero, se adicionó un libro sexto con los artículos 273 al 300.

En 2009 ya se había manifestado la controversia sobre la interferencia de la difusión de propaganda gubernamental en el proceso electoral federal. Sin embargo, en el decreto publicado en el DOF de 14 de enero de 2008 no hay artículo transitorio alguno que pudiera autorizar la creación de una ley reglamentaria sobre propaganda gubernamental y las restricciones al respecto. Sobre este tema tampoco hubo regulación alguna aplicable al proceso electoral federal 2011-2012. En junio de 2009, la Sala Superior del TEPJF aprobó y declaró la jurisprudencia 11/2009 de rubro “Propaganda gubernamental. Límites a su difusión en el proceso electoral”, que determina la restricción a la difusión de propaganda gubernamental desde el inicio de las precampañas electorales. El 22 de septiembre de 2010 dicha autoridad aprobó la interrupción de dicha jurisprudencia con base en el criterio creado en el análisis del expediente SUP-JRC-210/2010, correlacionado con la legislación electoral del Estado de Hidalgo, de modo que la restricción se ajustó sólo “desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral” (TEPJF, 2010).10

El proceso electoral y sus etapas Todo proceso electoral consta de distintas y sucesivas etapas y actos previstos legalmente y de los que son responsables quienes están conferidos de facultades expresas para su realización o en él participan o coadyuvan como actores portadores de derechos o están legitimados jurídicamente o procesalmente, a saber: las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; los partidos políticos; los aspirantes, precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular; las, agrupaciones políticas nacionales; los ciudadanos; los observadores electorales nacionales; los notarios públicos; los concesionarios y permisionarios de radio o televisión; las “autoridades o los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión, de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público”. También pueden observar el proceso electoral, en calidad de “visitantes 10

Además, véase el caso de la propaganda gubernamental con motivo de los juegos panamericanos realizados en 2011 en el Estado de Jalisco, como excepción a la prohibición, a través del Recurso de Apelación con expediente SUP-RAP-474/2011. También, el Acuerdo CG75/2012 del Consejo General del IFE, de fecha 8 de febrero de 2012. Un estudio de la cuestión de la difusión de propaganda electoral durante las campañas electorales, es el de Villa Berger, 2012.

extranjeros”, en los términos del artículo 118 párrafo 2 del COFIPE, 11aquellos ciudadanos de otros países que hubieren recibido invitación expresa de la autoridad electoral administrativa o han sido acreditados con esa calidad por esta autoridad.12 Conforme al artículo 341 párrafo 1 del COFIPE, todos esos actores “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código”, y pueden ser sancionados en los términos previstos en el séptimo libro del Código invocado o, en su caso, por el Código Penal Federal (artículos 401 a 413), tratándose de delitos electorales. Conforme a lo anterior, la participación, coadyuvancia o incidencia de los diversos actores se puede dar durante cualquiera de las etapas de preparación, desarrollo de la jornada electoral, cómputo de resultados y calificación y validación de las elecciones, sea mediante actos permisibles por la ley o, incluso, actos contrarios a la ley. De acuerdo con el artículo 210, párrafo 1, del COFIPE, “el proceso electoral ordinario se inicia en octubre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, la conclusión será una vez que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno”, y comprende diversas etapas. El Consejo General del IFE declaró formalmente iniciado el proceso electoral federal 2011-12 el 7 de octubre de 2011.

Etapas del proceso electoral a) Preparación de la elección. Legalmente “se inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto celebre durante la primera semana de octubre del año previo al en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada 11

Artículo 118 párrafo 2 del COFIPE: “El Consejo General, en ocasión de la celebración de los procesos electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a conocer las modalidades de su desarrollo en cualquiera de sus etapas”. 12 El número de visitantes extranjeros presentes en la jornada electoral del 1 de julio de 2012, fue de 510 personas, según Informe Final de la Misión de Expertos Electorales (EU Election Expert Mission Mexico, 2012: 4).

electoral”. Esta etapa inició el 7 de octubre de 2011 y concluyó el 30 de junio de 2012. b) Jornada electoral. Legalmente “se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio y concluye con la clausura de casilla”. Esta etapa se compone de los siguientes actos: instalación de la casilla, votación y recepción de votos, cierre de casillas, escrutinio y cómputo de votos, clausura de casilla y remisión del expediente electoral al consejo distrital. En la elección 2012 esta etapa comprendió el domingo 1 de julio de 2012, a partir de las 8 horas y hasta el cierre y clausura de casillas instaladas, lo que en algunos casos ocurrió cerca o incluso –en el menor número de casos– pasada la medianoche de ese día, debido al minucioso y aun repetitivo escrutinio y cómputo de votos emitidos. c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Legalmente “se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales [integrados en los paquetes electorales] a los Consejos Distritales y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los Consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el Tribunal Electoral”. La entrega de paquetes electorales a los consejos distritales inició la noche del 1 de julio y avanzó durante la madrugada del día siguiente. El cómputo de votos, conforme a las actas de escrutinio y cómputo de casillas, inició el miércoles 4 de julio. d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. Legalmente “se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo”. Junto con la etapa que concierne a la jornada electoral, se desarrolla en un plazo bastante corto, aunque indeterminado. Para el proceso electoral 2011-2012 requirió sólo de dos días (30 y 31 de agosto). Por otra parte, con relación a la etapa más extensa que concierne a la preparación de la elección, suele haber una serie de actos previos relativos, por ejemplo, a: la redistritación electoral o la determinación de una nueva geografía electoral, el registro de nuevos partidos políticos o de agrupaciones políticas. Otros actos más suelen iniciarse previamente a la etapa de preparación y continuar durante ésta, por ejemplo: la

aprobación de algunos reglamentos y lineamientos para la mejor aplicación de la ley (siempre que ello esté expresamente facultado), el reclutamiento de funcionarios (por vía del servicio profesional electoral) que realizarán trabajos de capacitación y apoyo a las áreas centrales y locales del IFE, la actualización del catálogo general de electores, del padrón electoral y de las listas nominales; la actualización de credenciales para votar y la expedición de nuevas credenciales para ciudadanos de nueva incorporación al padrón electoral. Otros actos más son exclusivos de dicha etapa: la insaculación y selección de ciudadanos que serán funcionarios de mesas directivas de casilla, la realización de procesos internos de los partidos para seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular (que pueden implicar actos de precampaña electoral), el registro de candidatos a dichos cargos electivos, los debates entre candidatos, el registro de coaliciones entre partidos, la integración de las mesas directivas de casilla y de los consejos locales y distritales, el registro de representantes de partidos ante éstos consejos y mesas directivas de casilla, el registro de observadores electorales y la acreditación de visitantes extranjeros, la elaboración de materiales y documentación electoral (que incluye las boletas electorales), la aplicación de encuestas electorales y la realización de campañas electorales. (Véase al respecto Centro de Capacitación Judicial Electoral, 2011).

Procesos internos y precampañas electorales El concepto de “precampañas electorales” está ligado estrechamente a los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular, los cuales, a su vez, tienen una función similar a la de “elecciones primarias” que se llevan a cabo en otros países. Por cuanto a la legislación en materia de “precampañas electorales”, fueron pioneros, en ese orden, los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, San Luis Potosí, México, el Distrito Federal, Jalisco, Guerrero, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala (véase Valdez Zepeda et al, 2009), entre los años de 1999 y 2004. En la legislación electoral federal se incorporó la materia en 2007, pero se considera todavía insuficientemente regulada. En el proceso federal de 2008-09 se tuvo la primera experiencia de selección de candidatos a diputados federales en procesos internos de los partidos, que admitió formalmente actos de precampaña electoral.

Según el artículo 212 del COFIPE, la precampaña electoral es un “conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido”, que comprende variados actos (reuniones públicas, asambleas, marchas) y permite el uso de propaganda (escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones…) que pueden difundir los precandidatos a fin de dar a conocer sus propuestas entre los militantes y simpatizantes dentro del proceso interno, sin alusión alguna a otros partidos. La siguiente tabla muestra los periodos de inicio de precampañas y campañas electorales, así como su duración, por tipo de elección federal, de acuerdo con disposiciones del COFIPE: Cuadro I.2. Plazos de los procesos internos, precampañas y campañas electorales conforme al COFIPE, por tipo de elección Presidente

Senadores

Diputados

Plazo que tienen los partidos para determinar su procedimiento de selección de candidatos en los términos de sus estatutos: fechas de inicio, métodos, duración de fases, órganos responsables, fechas de celebración de asambleas electorales o jornada comicial interna (artículo 211, párrafo 2) Fecha de posible inicio de precampañas en elecciones concurrentes de presidente, senadores y diputados

30 días antes del inicio del proceso electoral federal

Tercera semana de diciembre del año previo a la jornada electoral (art. 211, inciso a)

Condición legal para el inicio de precampañas

Al día siguiente de que se apruebe el registro interno de precandidatos 60 días (art. 211, inciso a)

Tercera semana de diciembre del año previo a la jornada electoral (art. 211, inciso a) o cuarta semana de enero del año de la jornada electoral , tratándose de elecciones intermedias (art. 211, inciso b) Al día siguiente de que se apruebe el registro interno de precandidatos 60 días (art. 211, inciso a) o 40 días si se trata de elecciones intermedias (art. 211, inciso b)

Fecha de posible terminación de precampañas o máxima duración Fuente: Elaboración propia.

Campañas electorales Las campañas electorales para Presidente de la República, senadores y diputados, pueden iniciar al día siguiente al de la sesión del órgano respectivo del IFE que apruebe el registro de candidaturas a cargos de elección popular y deben concluir tres días antes de la jornada electoral (art. 237, párrafo 3), con una duración máxima de 90 días. Conforme al mismo dispositivo jurídico invocado (en su inciso 2), en elecciones intermedias de diputados las campañas tendrán una duración máxima de 60 días. El calendario del proceso electoral 2011-12 estableció como fechas comunes de inicio y de cierre de las campañas electorales, para la elección de presidente, senadores y diputados federales, las siguientes: 30 de marzo y 27 de julio del año de la jornada electoral, respectivamente.

Encuestas electorales Las encuestas electorales comenzaron a ser reguladas en la legislación federal a partir de 1996, en el artículo 190 del COFIPE reformado ese mismo año. Las disposiciones ahí contenidas pasaron al artículo 237 en sus párrafos 5, 6 y 7 de este Código reformado por decreto publicado en el DOF de 14 de enero de 2008 (Álvarez López, 2009: 17). Pero los primeros estudios de opinión pública por encuesta electoral fueron realizados en México con motivo de la elección presidencial de 1988.13 Las encuestas electorales pueden ser realizadas u ordenadas por sujetos diversos, incluyendo al presidente consejero del Consejo General del IFE. En efecto, el artículo 119 párrafo 1, inciso l) del COFIPE establece como una de las atribuciones del presidente consejero la de “ordenar la realización de encuestas nacionales basadas en actas de escrutinio y 13

Al respecto, en Mejía (2012) se lee que “las encuestas electorales cobraron importancia en el estudio de la política en ese entonces cuando la revista Este País y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) impulsaron la investigación cuantitativa”. Enseguida, “en la década de los 90 aparecieron las agencias encuestadoras pioneras en el país: el Centro de Estudios de Opinión Pública, Opinión Profesional, MORI de México, Gabinete de Estudios de Opinión, el periódico El Nacional y el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara”. A su vez, Murilo Kuschick relata ampliamente la historia de las encuestas en México, incluyendo las de corte electoral (Kuschick, 2002).

cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral”, cuyos resultados deberá difundir obligatoriamente “después de las veintidós horas del día de la jornada electoral”. Ambas cosas “previa aprobación del Consejo General”. Así, el IFE dio a conocer, a las 11: 45 hrs del día de la jornada electoral, el resultado del llamado “Conteo Rápido” de tendencias de la elección presidencial. Por cuanto a las encuestas y estudios de opinión que pueden llevar a cabo otros sujetos, el artículo 237, párrafos 5, 6 y 7, establece lo siguiente: 5. Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio. En todo caso, la difusión de los resultados de cualquier encuesta o sondeo de opinión estará sujeta a lo dispuesto en el párrafo siguiente. 6. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos, quedando sujetos quienes lo hicieren, a las penas aplicables a aquellos que incurran en alguno de los tipos previstos y sancionados en el artículo 403 del Código Penal Federal. 7. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales de carácter científico, que para tal efecto emita el Consejo General, previa consulta con los profesionales del ramo o las organizaciones en que se agrupen.

En el proceso electoral federal 2011-2012 se aplicó un gran número de encuestas sobre preferencias electorales e intención del voto. Además, se aplicaron diversas encuestas de salida el día de la jornada electoral. 14 14

Véase la compilación de resultados de esas diversas encuestas en la entrada “Elecciones federales en México de 2012” de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_en_M%C3%A9xico_de_2012) y, en el sitio de adnpolitico.com, el registro histórico de todas las encuestas electorales aplicadas en el

Debates electorales La figura de “debates electorales” no tiene base constitucional alguna, pero su regulación está establecida en el artículo 70 del COFIPE, y contempla solamente a los candidatos a presidente de la República. Conforme a dicho dispositivo jurídico, en sus párrafos 1, 2 y 3, sólo habrá dos debates que “serán transmitidos en vivo por las estaciones de radio y canales de televisión de permisionarios públicos, incluyendo las de señal restringida”, el primero en alguna fecha durante la primera semana de mayo y, el segundo, a más tardar en la segunda semana de junio del año de la elección.

Jornada electoral La jornada electoral se inició a las 8 de la mañana del domingo 1 de julio de 2012 y concluyó con el cierre de casillas, al término del escrutinio y cómputo de los votos emitidos. Además del ejercicio del derecho a votar, se desarrollaron otros actos que complementaron la vigilancia de la jornada electoral: la observación electoral (artículo 5, párrafos 4 y 5, COFIPE); la vigilancia a cargo de los representantes de los partidos de los diversos actos realizados dentro de las casillas; la aplicación de “encuestas por muestreo” (o, como se les conoce extralegalmente, “encuestas de salida” o “exit poll”) –fuera de las casillas– por diversas empresas encuestadoras para dar a conocer “las tendencias de las votaciones” (artículo 237, párrafo 7, COFIPE) y, desde luego, el escrutinio y cómputo de los votos como acto culminante.

Escrutinio y cómputo de los votos El escrutinio y cómputo de los votos inicia una vez cerrada la votación en casilla y se realiza conforme a los artículos 273 a 283 del COFIPE. Una vez trasladados los paquetes electorales de las casillas a los consejos distritales (artículo 285 del COFIPE), para su recepción, depósito y salvaguarda por éstos (artículo 290 del COFIPE), el miércoles siguiente al día de la elección se efectúa el cómputo distrital de votos conforme a las actas de casilla y, con base en ello, los consejos distritales pueden otorgar periodo de 11 de marzo de 2011 al 27 de junio de (http://www.adnpolitico.com/encuestas?gclid=CKqokaDC7rACFTFZTAodV3fxtw).

2012

las constancias de mayoría a los ganadores de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa. Asimismo, el presidente de cada consejo distrital procederá a “remitir, una vez cumplido el plazo para la interposición del medio de impugnación respectivo al Tribunal Electoral, el expediente del cómputo distrital que contenga las actas originales y cualquier otra documentación de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De la documentación contenida en el expediente de cómputo distrital enviará copia certificada al secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Cuando se interponga el medio de impugnación correspondiente se enviará copia del mismo” (artículo 301, párrafo 1, inciso b del COFIPE). Los consejos distritales pueden llevar a cabo el recuento de votos –para los tres tipos de elección– en los consejos distritales de acuerdo con las hipótesis previstas en el COFIPE (artículos 295, 296, 297 y 298, además 293 y 294). A su vez, el TEPJF puede ordenar el recuento de votos que faltare, si así lo considera debidamente justificado, y, consecuentemente, de no haberse efectuado correcciones en el recuento de votos en la instancia distrital y se hubiere acreditado alguna causal de nulidad en por lo menos veinte por ciento de las casillas en el distrito, dicha autoridad jurisdiccional puede declarar la nulidad de la elección correspondiente (artículos 76, 77 y 77 bis). Los consejos locales –uno por entidad federativa– se encargan de los cómputos de resultados de los distritos por cada entidad federativa, para la elección de senadores por ambos principios, y de la declaración de validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, así como de los cómputos de resultados para la elección de diputados por el principios de representación proporcional, que son la base para la asignación de diputaciones plurinominales por cada una de las cinco circunscripciones (artículo 303 a 310 del COFIPE). Del mismo modo, los presidentes de los consejos locales tienen atribución para “expedir la Constancia de Mayoría y Validez de la elección a las fórmulas de candidatos a senadores que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la Constancia de Asignación a la fórmula de primera minoría conforme al cómputo y declaración de validez del Consejo Local, e informar al Consejo General” (artículo 143, párrafo 1 inciso f). Es atribución del Consejo General del IFE “efectuar el cómputo total de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el cómputo total de la elección de todas las listas de diputados

electos según el principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la elección de senadores y diputados por este principio, determinar la asignación de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias respectivas, en los términos de este Código, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección” (artículo 118, párrafo1, inciso q). Con base en ello, el Consejo General del IFE lleva a cabo la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional, 40 por circunscripción plurinominal, a los partidos que hubieren obtenido por lo menos 2 por ciento de la votación total emitida, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección (artículos 12 al 18, además 311 y 312 del COFIPE). Del mismo modo, el Consejo General tiene atribución para “informar a las Cámaras de Senadores y Diputados sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de senadores y diputados electos por el principio de representación proporcional, respectivamente, así como de los medios de impugnación interpuestos” (artículo invocado inciso r). El Consejo General del IFE es informado por su Secretario de los informes de las elecciones realizadas enviados, a su vez, por los consejos distritales y los consejos locales (artículo 120, párrafo 1, inciso n) del COFIPE, en correlación con el 143, párrafo 1, inciso d) de este mismo Código).

Validación de la elección presidencial Conforme a la fracción II del párrafo cuarto del artículo 99 de la CPEUM, corresponde a la Sala Superior del TEJF realizar “el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos”. Jurídicamente el proceso electoral federal concluye con la resolución del último medio de impugnación promovido ante el TEPJF y –cuando concurre la elección presidencial– con la formulación de las declaraciones de validez de la elección presidencial y la de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos. Así, de acuerdo con la resolución recaída al último medio de impugnación analizado por dicho tribunal, en el expediente SUP-JIN-359/2012, promovido por la coalición “Movimiento Progresista”, con relación a la elección

presidencial, el proceso electoral federal 2011-2012 concluyó el 31 de agosto de este último año, como consta en expediente de esa fecha relativo a “Cómputo final, calificación jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos” (TEPJF, 2012b).

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Ordenamientos jurídicos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (con última reforma publicada en el DOF de 25 de junio de 2012). Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (con última reforma publicada en el DOF de 14 de enero de 2008). Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral (con última reforma publicada en el DOF de 1 de julio de 2008). Código Penal Federal (con última reforma publicada en el DOF de 14 de junio de 2012). Especialmente Titulo Vigesimocuarto, Delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos, Capítulo Único, artículos 401 a 413.

Jurisprudencia TEPJF (2010), SUP-AG-45/2010 “Interrupción de Jurisprudencia”, México, Sesión Privada de veintidós de septiembre de dos mil diez. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://www.iedf.org.mx/secciones/asociaciones/jurisprudencia-tesis-y-recursosde-apelacion/01SUP-AG-45-2010.pdf y http://www.jurisprudenciaelectoral.org/sites/default/files/SUP-AG-45-2010.pdf

TEPJF (2012), Compilación 1997-2012. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, TEPJF, México, volumen 1 (Jurisprudencia, 686 pp.), volumen 2, tomo I (Tesis, 580 pp.) y volumen 2, tomo II (Tesis, 564 pp.).

Sentencias TEPJF (2012a), Juicio de Inconformidad con expediente SUP-JIN-359/2012, de 30 de agosto de 2012. Parte actora: Coalición Movimiento Progresista. Tercero interesado: Coalición Compromiso por México. Autoridad responsable: Consejo General del IFE. México. Acceso en línea: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/SUP-JIN-359-2012.pdf TEPJF (2012b), Cómputo final, calificación jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, México, 31 de agosto de 2012. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/computo_final_calificacion_jurisdiccional.pdf

Anexo I. Principales disposiciones incorporadas en las reformas legales y constitucionales publicadas en 2007 y 2008, aplicables al proceso electoral federal de 2011-12

Disposiciones

Derecho de réplica (no existe regulación y la disposición constitucional no establece si se trata de un derecho de personas o ciudadanos; tampoco establece que la réplica se efectuará con relación a información difundida por los medios de comunicación).

Se prohíbe el uso de imagen, voz, nombre y símbolos personales de servidores públicos en propaganda gubernamental (no existe regulación) Se introduce la figura de precampaña electoral.

Correlación entre ordenamientos jurídicos reformados y fecha última de publicación del decreto de reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) CPEUM COFIPE* LGSMIME 13-nov-2007 14-ene-2008 01-jul-2008 Integrado por siete libros (se adicionó el séptimo libro: artículos 340 a 394) Art. 6°, párrafo segundo. En este 233 párrafo 3 (Este dispositivo dispositivo constitucional se establece que “Los partidos establece que “el derecho de políticos, los precandidatos y réplica será ejercido en los candidatos podrán ejercer el términos dispuestos por la ley”. derecho de réplica que establece Nada más. el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades”). Art. 134 párrafo penúltimo.

Art. 41, fracción III, Apartado A, y fracción IV

27 párrafo 1 c) IV; 38 párrafo 1 o); 42 párrafo 2 j); 49 párrafo 7; 54 párrafo 2; 55 párrafo 1; 56 párrafos 1 y 2; 57 párrafos 1 a 4; 64 párrafo 1; 65 párrafos 1 y 3; 71 párrafo 1; 76 párrafo 8; 81

Derecho de afiliación a un partido político, de manera individual, sin intervención de organizaciones gremiales. Nueva fórmula para calcular el financiamiento público de los partidos (número de ciudadanos en el padrón electoral por 65% del salario mínimo general). Nuevo modelo de acceso de los partidos a televisión y radio, en tiempos de precampaña y campaña electoral, y fuera de ellos. Prohibición a los partidos y a terceros para contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Tampoco, “los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Tampoco podrán contratar los

Arts. 41, fracción I, y 116, fracción IV, inciso e) Art. 41, fracción II, inciso a)

Art. 41, fracción III, párrafo primero, Apartado A, incisos a),b), c), d), e), f) y especialmente g) Arts. 41 , fracción III, párrafos segundo y tercero; y 116, fracción IV, inciso e)

párrafo 1 d); 83 párrafo 1 c) I, II y III, e) III y d); 84 párrafo 1 a); 99 párrafo 1; 118 párrafo 1 m); 136 párrafo 1 c); 211 párrafos 2 a), b), c) y 3; 212 párrafos 1, 2 y 3; 213 párrafo 1; 214 párrafos 1, 2, 3 y 4; 215 párrafo 1; 216 párrafo 1, 2 y 5; 217 párrafos 1 y 2; 233 párrafo 1; 342 párrafo 1 d), e), f), g) y h); 344 párrafo 1, incisos a), c), d) y e); 354 párrafo 1 inciso a) fracción V. Arts. 22 párrafo 2; 28 párrafo 1, inciso a, fracción III; y 351 párrafo 1 inciso b). Art. 78 párrafo 1, inciso a), fracción I. Arts. 48 a 76. Art. 49 párrafos 3 y 4.

dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines electorales”. Se erige al IFE en autoridad única para administrar los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión, para los partidos y fines electorales, en procesos federales y locales, incluidos los de uso por las autoridades electorales locales y el TEPJF. Se reducen los periodos de campaña electoral Se previene un procedimiento de liquidación de un partido político que pierde su registro, así como su impugnación a través del Recurso de Apelación. Se establece que la renovación del Consejo General del IFE se efectuará escalonadamente. Se establece que la renovación de las salas del TEPJF se efectuará de manera escalonada y se reduce de 10 a 9 años el periodo del encargo de los magistrados de la sala superior. Se establece una base constitucional para la homologación de las fechas de la jornada electoral en elecciones locales, salvo en año de elecciones federales. Las salas regionales del TEPJF funcionarán permanentemente y conocerán de todos los medios de impugnación (RAP, JIN, JDC, JRC, JLI), según los tipos de elección, salvo del Recurso de Reconsideración (RAP).

Art. 41, fracción III, Apartados A y B (para procesos electorales locales)

Arts. 49 párrafo 5; 50 párrafo 1; 54 párrafos 1 y 2; 72 párrafo 1 incisos a), e) y f); y 73 párrafo 1.

Art. 41, fracción IV, párrafo segundo Arts. 41 y 116, fracción IV, inciso g)

Art. 237, párrafos 1 y 2 Arts. 32 párrafo 2; 81 párrafo 1, inciso m); y 103

Art. 41, fracción V, párrafo tercero; y Artículo Cuarto transitorio del decreto de reforma publicado en el DOF de 13 de noviembre de 2007 Art. 99 (Véase también la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos 187 párrafo segundo y 192 párrafo segundo) Art. 116, fracción IV, inciso a)

Art. 110 párrafo 6

Art. 99

Art. 43 bis.

Arts. 44, párrafo 1, inciso b); 53, párrafo 1, inciso b); 83, párrafo 1, inciso b); 87, párrafo 1, inciso b); y 94, párrafo

Se otorga al TEPJF la facultad de inaplicación a un caso concreto de normas que sean contrarias a la Constitución, sólo si así se pide en algún medio de impugnación. Las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señale la ley. En la LGMIME se trata de la “conservación de la libertad de decisión política y el derecho a la autoorganización de los partidos políticos”. Se establece que las autoridades electorales locales podrán convenir con el IFE para que éste se haga cargo de la organización del proceso electoral local. Se elimina el procedimiento de “per saltum” – introducido en México vía jurisprudencial– con la finalidad de dar plenitud al principio de definitividad de las etapas de justicia electoral intrapartidaria, salvo casos excepcionales como el de violaciones graves a derechos políticoelectorales. Derecho exclusivo de los partidos a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Se deroga la facultad de la SCJN para practicar de oficio la averiguación de hechos que constituyan alguna violación del voto público. Las legislaturas locales deben fijar también criterios que pongan límites a las erogaciones de los partidos en sus precampañas y campañas

1, inciso b) Arts. 6, párrafo 4; 9, párrafo 1 inciso e); y 10, párrafo 1, inciso f)

Art. 99

Arts. 41, fracción I, párrafo tercero, y 116, fracción IV, inciso f)

Art. 2, párrafo 2

Art. 116, fracción IV, inciso d)

Arts. 3, párrafo 1, inciso b); y 10, párrafo 1, inciso d). Correlacionados ambos con lo establecido en 1996 en el artículo 41, fracción VI, párrafo primero, de la CPEUM. Art. 116, fracción IV, inciso e)

218, párrafo 1 (único)

Art. 97 Art. 116, fracción IV, inciso h)

electorales. La SCJN declara la invalidez total del párrafo 5 del artículo 96 del COFIPE, el cual establece la transferencia de votos entre partidos que se coaligan para alcanzar el porcentaje mínimo para mantener su registro y tener acceso a la asignación de diputaciones de representación proporcional. Un nuevo escrutinio y cómputo –recuento– de boletas contenidas en los paquetes electorales, procederá cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de un punto o menor a un punto porcentual, o en los casos en que aquel no se haya desahogado, sin causa justificada, o no estén previstas las hipótesis respectivas en la ley. La sala superior del TEPJF podrá atraer los juicios que conozcan las salas regionales, además de que podrá enviar a éstas asuntos de competencia central. Las salas regionales y la sala superior del TEPJF sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales expresas en la ley, incluyendo la elección presidencial.

Acción de Inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008. Se expulsa el párrafo 5 del artículo 96 del COFIPE del orden jurídico nacional. Arts. 295 párrafos 2 a 9.

Art. 21 bis

Art. 99

Art. 99, fracción II, párrafo segundo

Arts. 50, inciso a); 52, párrafo 5; 54, párrafo 2; 55, párrafo 2; 56, párrafo 1, inciso h); 57, párrafo 2; 76 a 78.

Fuente: Elaboración propia conforme al contenido de las leyes invocadas. * Puesto que, además de la reforma de diversas disposiciones del COFIPE, el legislador ordinario aprobó la adición conforme a los puntos resolutivos QUINTO y SEXTO de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 3 de octubre de 2008 en el DOF, recaída a la Acción de Inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, promovidas por los partidos políticos Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata y Campesina, y Verde Ecologista de México, respectivamente, en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores y del Presidente de la República: “QUINTO. Se declara la invalidez total de los párrafos 6 del artículo 22 y 5 del artículo 96 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. SEXTO. Se declara la invalidez de las fracciones II y III, inciso d), párrafo 1, del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, únicamente en la porción normativa, contenida en ambas fracciones, que a la letra dice: «con el doble del precio comercial de dicho tiempo»”.

CAPÍTULO

Partidos y candidatos en la disputa presidencial Introducción

uatro candidatos compitieron por la Presidencia de la República: Enrique Peña Nieto, postulado por la coalición Compromiso por México (en adelante, en este capítulo, CxM), integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Josefina Vázquez Mota, postulada por el Partido Acción Nacional (PAN); Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Movimiento Progresista (MP), integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC), y Gabriel Quadri de la Torre, postulado por el Partido Nuevo Alianza15. En 2012 vivimos una novedad introducida por la reforma de 20072008: una campaña electoral presidencial de tres meses, a diferencia de las anteriores que se prolongaban a lo largo de casi medio año, desde enero hasta junio. Otra novedad fue la regulación de los procesos internos de los partidos políticos para designar a sus candidatos a cargos de elección popular, así como las precampañas que, en su caso, pueden realizarse en dichos procesos.

Las precampañas Enrique Peña Nieto se fue perfilando como posible candidato del PRI desde su gubernatura en la entidad más poblada del país, el Estado de México, durante el periodo 2005-2011. Tras perder la presidencia en el año 2000, 15

Indistintamente se utilizan en este libro las siglas PNA y PANAL, lo mismo que la expresión “Nueva Alianza”, para designar al Partido Nueva Alianza.

el PRI había sufrido una segunda derrota en la elección presidencial de 2006, cuando el político tabasqueño Roberto Madrazo, quien había sido gobernador de Tabasco y luego presidente de su partido, quedó en tercer lugar de la votación, 13 puntos porcentuales abajo de los punteros (Felipe Calderón Hinojosa y, enseguida, Andrés Manuel López Obrador). Para el otrora partido hegemónico ahora en la oposición, con miras a la presidencial de 2012 resultaba atractiva la candidatura de un político joven, aparentemente alejado de los sectores tradicionales más desprestigiados del partido. Después de que en julio de 2011 el PRI ganó la renovación de la gubernatura del Estado de México con una votación superior a 60%, ya no quedó duda: Peña Nieto tenía amarrada la candidatura presidencial (sobre Peña Nieto: Rodríguez Reyna, 2011; Cruz y Montiel, 2011; y Rodríguez Castañeda, 2012). En noviembre de 2011 apareció un libro adjudicado a Peña Nieto como su autor, en el que sintetizaba sus principales planteamientos políticos y económicos. Su subtítulo resume con claridad lo que sería la línea central de la campaña del político priista en contraste con lo que a su juicio caracterizaba los dos sexenios panistas: “Un Estado eficaz para una democracia de resultados” (Peña Nieto, 2011). Pero el político mexiquense debía aún salvar un escollo, representado por el senador Manlio Fabio Beltrones, quien tenía varios meses planteando abiertamente su aspiración. Beltrones, parte de una generación con más años en el PRI, había sido subsecretario de gobernación, gobernador de su estado, diputado y senador. En la cámara alta, además, mostró ampliamente sus dotes de negociador y su capacidad de interlocución con todas las fuerzas políticas, gracias a lo cual empujó la Ley para la Reforma del Estado16 y la reforma electoral de 2007-2008 (sobre Beltrones: Granados Chapa, 2011). Aparentemente tenía más proyección nacional que Peña Nieto, pero finalmente el 21 de noviembre de 2011 decidió no participar en el proceso interno de su partido, debido seguramente (aunque no lo planteó abiertamente) al control que Peña Nieto ya tenía sobre las piezas principales del partido (por ejemplo, el presidente del mismo, Humberto Moreira, era muy cercano al político mexiquense), lo que hacía muy difícil la contienda interna.

El Decreto de Ley para la Reforma del Estado se publicó en el Diario Oficial de la Federación de 13 de abril de 2007.

Así, Peña Nieto fue el único precandidato que se inscribió al proceso interno, de tal forma que desarrolló una precampaña muy peculiar, y sobre lo cual no estaba establecida una regulación precisa y eficaz (sobre este tema, Sánchez Navarro, 2012). Así, podía tener reuniones con miembros de su partido e incluso con algunos grupos sociales o instituciones, pero sin pedir directamente el voto a su favor en referencia a la elección constitucional, debido a que era precandidato único y no se encontraba aún en etapa de campaña electoral. De lo contrario incurriría en actos anticipados de campaña y se haría acreedor a las sanciones correspondientes.17 A pesar de que desde el inicio del periodo de precampaña se sabía que Peña Nieto sería el candidato, aún tendría que pasar otra aduana: el coloquialmente conocido como periodo de inter-campaña, del 16 de febrero al 29 de marzo, en el cual se desahogarían las impugnaciones presentadas durante la precampaña y al final de ésta. En total, el virtual candidato debió esperar casi tres meses y medio desde que fue precandidato único hasta el momento en que pudo iniciar su campaña, el 30 de marzo. La forma en que el PRI manejó la designación de su candidato presidencial y la unidad interna que logró mantener a lo largo de todo el proceso, fueron factores que le permitieron a Peña Nieto llegar al inicio de la campaña electoral al frente de todas las encuestas, con niveles de intención del voto entre 40% y 50% (Animal político, Consulta Mitofsky). A pesar de que en noviembre de 2011 el PRI había registrado ante el IFE su coalición con el PVEM y con el PNA, finalmente en febrero de 2012 decidió que dicha coalición se modificara para excluir al último y solamente mantenerla con los ecologistas. Seguramente a Peña Nieto no le convenía una coalición con un partido desprestigiado como el PNA, por su vinculación con el liderazgo vitalicio de Elba Esther Gordillo en el Sindicato 17

Sobre la confusión creada por el hecho de que dos partidos políticos (el PRI y el PRD) tenían un solo precandidato a contender por la candidatura al cargo de presidente de la República, y de que ello podía tener como consecuencia una elección inequitativa, en virtud del largo proceso interno del PAN, Andrés Manuel López Obrador requirió a la autoridad electoral responder a una serie de preguntas ex profeso. Al respecto, véase el “Acuerdo [CG-474/2011] del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se da respuesta a la consulta planteada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, en atención al oficio remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia recaída al Incidente de Aclaración de Oficio en el expediente SUP-JRC-0309/2011”, a través del acceso en línea http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DS/DS.../CGe261211ap1.docx

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Además de que dicha coalición había sido impulsada por Humberto Moreira, quien se vio obligado a renunciar a la presidencia del partido tricolor por el escándalo producido por la gigantesca y al parecer fraudulenta deuda en el Estado que había gobernado, Coahuila. De tal manera, finalmente la candidatura de Peña Nieto fue sostenida por la coalición formada por el PRI y el PVEM. El PAN procesó de manera totalmente distinta la selección de su candidato presidencial, pues desde un principio se sabía que se presentarían varios precandidatos, y de los que se presentaron todos ellos tenían en común una militancia activa de pocos años en ese partido.18 El senador Santiago Creel, ex consejero del IFE y ex secretario de Gobernación en el gabinete de Fox, derrotado por Felipe Calderón en el proceso interno panista de 2006, se presentó nuevamente como uno de los aspirantes a conseguir la candidatura (Benavides Ortiz, 2011). Ernesto Cordero, ex secretario de Desarrollo social y de Hacienda, muy cercano al presidente Calderón (se decía que era su favorito), fue el segundo contendiente (González, 2011). Josefina Vázquez Mota, ex secretaria de Desarrollo social (en el gabinete del presidente Fox) y de Educación Pública (con Calderón) y diputada panista, fue la tercera competidora interna (Osorno, 2011; y De Mauleón, 2012). En medio de la contienda interna panista, los tres precandidatos registrados pudieron llamar a la militancia del PAN a votar por ellos, para lo cual contaron con los tiempos reservados a este partido en radio y televisión para promover sus propuestas y su imagen. Fieles a su tradición de democracia interna, los panistas organizaron un par de debates entre los precandidatos, los cuales se polarizaron entre Cordero y Vázquez Mota. En los últimos días de las precampañas se difundieron noticias acerca de funcionarios públicos de gobiernos panistas que presionaban a sus subordinados para votar a favor de Cordero. El Partido tenía previsto realizar una segunda vuelta si en la

Según una nota de CNN difundida en el sitio web http://porlalibre.mx/13989.html, al día en que el PAN llevó a cabo la elección interna de su candidato a la presidencia de la República, el 5 de febrero de 2012, Santiago Creel Miranda llevaba “11 años y 2 meses como miembro del PAN; Josefina Vázquez Mota, 8 años y 9 meses; y Ernesto Cordero Arroyo, 4 años y 5 meses... En suma, 24 años y 4 meses de militancia panista de los tres presidenciables de este partido; en promedio, 8 años y un mes”. En contraste, cuando Felipe Calderón rindió protesta como candidato del PAN al mismo cargo, el 5 de diciembre de 2005, llevaba “25 años y 11 meses como miembro del Partido Acción Nacional”.

primera ninguno de los precandidatos alcanzaba la mitad más uno de los votos.19 En la primera vuelta realizada el 5 de febrero Josefina Vázquez Mota se impuso con una votación de 54%, frente a 39% de Cordero y 6% de Creel (Reforma, 6 de febrero, 2012), por lo que ya no fue necesaria la segunda vuelta. Postular a una mujer como candidata al principal cargo político del país constituía, sin lugar a dudas, una apuesta arriesgada para el partido en el gobierno. La candidata panista llegó al inicio de la campaña en el segundo lugar de la intención de voto, con alrededor del 30% (Animal Político, Consulta Mitofsky). Parecía confirmarse que la elección sería muy complicada para el partido que tenía apenas dos sexenios en la presidencia. Vázquez Mota publicó un libro en el que planteaba el futuro que ella veía para México, muy diferente al libro de autoayuda para mujeres que había publicado en 1999 (Vázquez Mota, 1999), antes de participar de lleno en política. Así, en noviembre de 2011 vio la luz su libro de entrevistas con personajes de lo más variado, desde el ex futbolista Emilio Butragueño, hasta los políticos españoles de izquierda y derecha Felipe González y José María Aznar, respectivamente. La aportación de Vázquez Mota se reducía al ensayo introductorio en el que tomaba ideas, de uno y otro signo ideológico, para construir “un México para todos” (Vázquez Mota, 2011). En el sector de “las izquierdas” Andrés Manuel López Obrador había desarrollado un incansable activismo desde su derrota en 2006, que lo había perfilado hacia una nueva candidatura de los tres partidos de este flanco del espectro político. Desde su autoproclamación como “presidente legítimo” en noviembre de 2006 hasta octubre de 2011, López Obrador había recorrido varias veces el país y organizado su propia estructura para la elección de 2012, al amparo del Movimiento Regeneración Nacional (Grayson, 2006; Zepeda Patterson, 2011; Lajous, 2012). El Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano (antes 19

En una nota del 17 de noviembre de 2011, CNN resumió el procedimiento utilizado por el PAN para designar a su candidato a la presidencia de la República. Véase la nota en línea, bajo el rubro “El PAN prevé dos votaciones para elegir a su candidato a la presidencia”, con acceso http://mexico.cnn.com/nacional/2011/11/17/el-pan-preve-dos-votaciones-para-elegir-a-sucandidato-a-la-presidencia. Desde luego, la Convocatoria a “participar en el proceso de selección de la candidatura a la presidencia de la República, que postulará el Partido Acción Nacional para el periodo constitucional 2012-2018”, de fecha 17 de noviembre de 2011, se puede consultar en línea con acceso http://www.slideshare.net/accionnacional/convocatoria-para-candidatos-a-lapresidencia-de-la-repblica-2012

Convergencia) ya lo consideraban su virtual candidato mucho antes del inicio formal del proceso electoral. Pero el político tabasqueño aún tenía pendiente concretar la reconciliación con el partido del que aún formaba parte, el PRD, del cual se había alejado al menos desde 2008 cuando su candidato a la presidencia del mismo, Alejandro Encinas, fue derrotado por el candidato de los sectores moderados, 20 Jesús Ortega. Desde octubre de 2011, precisamente al iniciar legalmente el proceso electoral, López Obrador modificó su estrategia y su discurso. De la confrontación sin cuartel contra la “mafia” 21 y los insultos cotidianos al presidente Calderón (“espurio”, “pelele”, etc.), pasó a una estrategia de reconciliación basada en un nuevo proyecto de nación, en el que logró aglutinar a un numeroso grupo de políticos e intelectuales que fueron coautores de su Nuevo Proyecto de Nación. Éstos provenían de la izquierda histórica de formación marxista (Armando Bartra, Arnaldo Córdova y Enrique Semo, por ejemplo) y del PRI (su mentor Enrique González Pedrero e Ignacio Marván, por ejemplo), o eran intelectuales independientes (Lorenzo Meyer, Elena Poniatowska). Hacia finales de 2011 López Obrador aderezaría los planteamientos del nuevo proyecto de nación con la necesidad de construir una “república amorosa” (López Obrador, 2007, 2010, 2011a y 2011b). Pero en su camino apareció un político que había crecido dentro del PRD a la sombra de AMLO, Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de gobierno del Distrito Federal de 2006 a 2012. Formado en el PRI y participante del primer círculo del presidente Salinas de Gortari (1988-1994), Ebrard logró posicionarse seriamente en el PRD gracias a su gestión de gobierno en la ciudad capital y a sus posiciones políticas moderadas (por ejemplo, reconocía al Presidente Calderón) que contrastaban con las posiciones radicales del político tabasqueño (quien nunca aceptó la legitimidad del Presidente) (Páez Varela, 2011; y Varios Autores, 2011). Ambos políticos llegaron al acuerdo, independientemente del PRD, de que la selección del candidato presidencial se llevaría a cabo mediante dos encuestas, previo a 20

Los sectores moderados del PRD son corrientes y personalidades de ese partido que privilegian el diálogo con otros partidos políticos y con el gobierno para avanzar en reformas posibles, a diferencia de las corrientes afines a López Obrador que plantean que no se puede dialogar con el PRI ni con el PAN, que representan ambos lo mismo: la derecha. 21 López Obrador llamó “la mafia” al pequeño grupo que en su opinión gobierna realmente a México: los dirigentes del PAN y el PRI (entre los cuales considera al ex presidente Carlos Salinas de Gortari), así como los empresarios más ricos, entre los cuales se encuentran los dueños de las dos grandes televisoras y los grandes grupos radiofónicos (López Obrador, 2007 y 2010).

las cuales se realizarían uno o dos debates. Supuestamente eso debería ocurrir durante el periodo legal de precampaña, pero no fue así. El 15 de noviembre de 2011, más de un mes antes del inicio de las precampañas, se dieron a conocer los resultados de las encuestas realizadas por una empresa propuesta por López Obrador (Covarrubias y asociados) y otra propuesta por Ebrard (Nodo Estrategias), los cuales favorecieron al político tabasqueño, a pesar de que aún mostraban un elevado nivel de opiniones negativas sobre él. Ebrard acató el resultado y se comprometió a concluir su periodo al frente del gobierno del D. F., con lo cual se garantizó la unidad partidista durante el proceso electoral. López Obrador registró su precandidatura única por los tres partidos de izquierda el 9 de diciembre de 2011 y, al igual que Peña Nieto, debió esperar casi cuatro meses para poder presentarse legalmente como candidato presidencial. En el acto en que rindió protesta como candidato, el 11 de marzo de 2012, el político tabasqueño se definió frente al PAN y al PRI (partidos que según él representan el mismo proyecto) en los siguientes términos, parafraseando a Benito Juárez: “el triunfo de la derecha, de los conservadores, hoy día es moralmente imposible” (La Jornada, 12 de marzo de 2012, p. 6). Algo similar había dicho en 2006 frente al panista Calderón. Al inicio de las campañas, López Obrador se ubicaba en el tercer lugar de las preferencias en todas las encuestas con un 20% en promedio de la intención de voto. El cuarto candidato llegó en el límite del plazo para el registro. Después de que el PRI decidió que no le convenía aliarse con el PNA, los dirigentes de éste invitaron a ser su candidato, sin mediar proceso interno alguno, a Gabriel Quadri de la Torre, académico, ex funcionario público y empresario experto en cuestiones ambientales. Lejos de cualquier probabilidad de ganar, el reto de este candidato era ayudar al partido a mantener el registro.

Las campañas El tema de los dineros se convirtió desde el principio en motivo de quejas, principalmente del MP y el PAN contra el candidato de CxM, hasta convertirse en el núcleo del juicio de inconformidad que la coalición que postuló a López Obrador emprendió contra el triunfo de Peña Nieto. El tope máximo de gastos de campaña para la elección presidencial fue fijado por el Consejo General del IFE en 336.1 millones de pesos. Las

nuevas reglas de asignación del financiamiento público para gastos de campaña, que establecieron que dicho financiamiento sería el 50% del correspondiente a gastos ordinarios permanentes, permitieron llegar a la situación que muestra el cuadro II.1. Cuadro II.1. Financiamiento público a los partidos políticos, 2012. Pesos corrientes. Partido político PAN PRI PRD PT PVEM MC NA Total

Actividades ordinarias 849,568,327.89 1,074,539,708.07 451,490,727.45 236,196,279.70 313,014,202.45 206,120,257.85 230,191,338.17 3,361,120,841.57

Gastos de campaña 424,784,163.94 537,269,854.03 225,745,363.72 118,098,139.85 156,507,101.22 103,060,128.93 115,095,669.09 1,680,560,420.78

% del total a partidos 25.28 31.97 13.43 7.03 9.31 6.13 6.85 100.00

Fuente: Instituto Federal Electoral.

Considerando las dos coaliciones que se formaron en 2012, la proporción del total de financiamiento para gastos de campaña correspondiente a Compromiso por México (PRI y PVEM) fue de 41.28%, en tanto que al Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) correspondió 26.59%, levemente superior al correspondiente al PAN. De acuerdo con la fórmula de financiamiento público a los partidos, establecida en 2007 en el artículo 41 constitucional (especialmente su fracción II, incisos a y b), el PRI resultó mejor beneficiado debido a los resultados superiores que obtuvo en la elección de diputados federales de 2009, en virtud de que cuantos más votos obtiene un partido más posibilidad tiene de incrementar su financiamiento público. Esas tres formaciones (CxM, MP y PAN) estaban en condiciones de alcanzar e incluso rebasar –exclusivamente con su financiamiento público– el tope de gastos de campaña de la elección presidencial (336.1 millones de pesos), cosa que al PNA le resultaba imposible. Durante el primer mes de campaña no hubo mayores sobresaltos. Peña Nieto se mantuvo fiel al guión desarrollado por los estrategas de su equipo: actos masivos en Estados gobernados por su partido y con la asistencia controlada de sus clientelas tradicionales a través de sus organizaciones sectoriales (sindicales, campesinas, de profesionistas, de jóvenes, de mujeres), en tanto realizaba actos discretos en los gobernados por el PAN o el PRD. Peña Nieto mantuvo el énfasis en la firma de compromisos en las

localidades que visitaba, estrategia que había desarrollado en el Estado de México (“te lo firmo y te lo cumplo”), bajo el planteamiento general de lograr un gobierno eficaz que superara los doce años de ineficacia de los gobiernos panistas. Su crítica a éstos, sin embargo, fue mesurada. El candidato del PRI fue el principal blanco de las campañas negativas de 2012, a diferencia de 2006 cuando ese papel le correspondió al candidato de la izquierda. Peña Nieto virtualmente no respondió a las múltiples críticas de Vázquez Mota y López Obrador en su contra, y prefería dejar esa tarea a los dirigentes de su partido. Así ocurrió, por ejemplo, con la respuesta a los spots del PAN acerca de sus compromisos no cumplidos en el gobierno del Estado de México, bajo el slogan de “Peña no cumple” o “Peña miente”. Tampoco contestó en persona a los ataques de López Obrador, quien lo calificaba como “producto chatarra” impuesto por la publicidad de las grandes televisoras. Por decirlo en términos propios del box, Peña Nieto se esforzó por ser el peleador “técnico” frente al rudo López Obrador y frente a una cada vez más ruda Vázquez Mota. Peña Nieto no se mostró interesado en participar en otros debates que los dos previstos por la ley (véase al respecto el capítulo III de este libro): encabezaba las encuestas y no quería riesgos innecesarios, en especial vistos los problemas que había tenido en eventos sin guión previo, como su presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el 3 de diciembre de 2011, donde no pudo mencionar correctamente datos de libros que lo hubiesen influido decisivamente (el único que pudo mencionar correctamente fue La Biblia)22. En contraste con 2006, cuando se había resistido a debatir, López Obrador exigía ahora un debate cada semana, como posible forma de remontar su desventaja en las encuestas. Durante mayo y junio de 2012, numerosos estudiantes universitarios del país –pero, sobre todo, del Distrito Federal– desarrollaron una auténtica campaña negativa aparentemente apartidista contra Peña Nieto, la cual continuó en la etapa posterior a la elección cuando ya confluyó abiertamente con la estrategia de López Obrador. De hecho, el principal planteamiento estudiantil provenía del arsenal discursivo del político tabasqueño: la idea de la imposición de Peña Nieto por Televisa. En una visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, el 11 de mayo, un grupo de estudiantes lo increpó por la represión de 2006 en San Salvador Atenco y virtualmente lo echó a gritos del 22

Al respecto, véase el segmento de vídeo cargado en el sitio web de YouTube con acceso http://www.youtube.com/watch?v=sUMwy7ZolNg

campus universitario. A partir de ese momento surgieron por todo el país estudiantes que enarbolaron abiertamente la bandera anti-Peña Nieto y se esforzaron por sabotear los eventos del candidato. El 19 de mayo se realizó la primera marcha convocada en las redes sociales de internet por estos grupos estudiantiles contra Peña Nieto. De ahí surgió el movimiento #YoSoy132 que se convirtió en una pesadilla para el candidato priísta. La portada de la revista Proceso del 27 de mayo resumió claramente el ambiente de esos días: la fotografía de un Peña Nieto agobiado y la leyenda “Acosado”. Lo contrario ocurría con López Obrador, quien tenía muy buenos recibimientos en varias universidades y el apoyo entre el sector estudiantil parecía crecer. Después del segundo debate, todas las encuestas coincidieron en que la mayor intención de voto aún era favorable a Peña Nieto. Las más optimistas lo ubicaban cerca del 50% y las menos en torno al 40%. Lo que también mostraban esas encuestas era que Vázquez Mota había caído al tercer lugar y López Obrador había ascendido al segundo, lo que se confirmó con los resultados de la jornada electoral (Zuckermann, 2012). La campaña de Josefina Vázquez Mota enfrentó grandes dificultades desde un principio. El estadio semivacío en el que rindió protesta como candidata, el 11 de marzo de 2012, constituyó un mal augurio. A los diez días de haber iniciado su campaña, Vázquez Mota anunció cambios en su estrategia e incorporó a su equipo a personajes cercanos al presidente Calderón. El 10 de abril inició la transmisión de una serie de spots de campaña negativa contra el candidato priísta, con el planteamiento “Peña es un mentiroso. No cumple”. Al mismo tiempo, la candidata endureció el tono para vincular al PRI con un pasado de represión y corrupción, así como para culpar a los gobiernos priístas del crecimiento del narcotráfico (Reforma, 11 de abril, 2012). El PAN también jugó la carta de la campaña negativa (o “de contraste”, como los panistas prefirieron llamarla) contra López Obrador, pero con muy mala fortuna. Un spot dirigido al político tabasqueño incurrió en una manipulación deliberada del audio de un discurso, con la finalidad de hacer creer que AMLO estaba de acuerdo con la lucha armada, lo que desprestigió más al PAN que al rival. A pesar de estos esfuerzos, la panista estancó su posición en las encuestas y comenzó a ser rebasada por AMLO desde finales de mayo. Las tendencias marcadas por las encuestas de Milenio y GEA-ISA, que en los primeros días de abril la ubicaban en segundo lugar con 30%, mostraban un ligero descenso a mediados del mismo mes a un nivel de 24%, disputando el

segundo lugar con AMLO, y para finales de mayo ya se perfilaba hacia el tercer lugar. La campaña de Vázquez Mota no pudo capitalizar el impacto inicial de ser mujer y de haber sido electa en un proceso interno democrático enfrentando a dos correligionarios. Las razones son múltiples. Seguramente la más fuerte es que la candidata se presentaba como defensora del legado del gobierno panista de Calderón, con todo lo que esto implicaba, como el elemento positivo de la estabilidad económica, pero también el elemento negativo de los malos resultados de la guerra contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, pretendía ser “diferente” y encarnar una nueva política. Esta tensión se evidenció en la propuesta que la candidata planteó en su cierre de campaña: que de ganar nombraría al presidente Calderón al frente de la Procuraduría General de la República para mantener la lucha contra el crimen organizado. Un golpe demoledor para las aspiraciones de Vázquez Mota fue el llamado que el ex presidente Fox hizo el 3 de junio a votar por Peña Nieto, con el argumento de que era “el puntero” en las encuestas y su triunfo era inevitable, a pesar de que unas semanas atrás había brindado su apoyo público a la candidata panista. En ese contexto, el buen desempeño de la candidata en el segundo debate y su asistencia al debate organizado por el movimiento de #YoSoy132, el 19 de junio, no tuvieron mayor impacto en su intención de voto. Para entonces, las encuestas la ubicaban en un claro tercer lugar con un rango entre 22% y 29% (Zuckermann, 2012), como finalmente ocurrió, lo cual era coherente con la baja calificación en la escala de aprobación popular de la gestión del presidente Calderón, que pasó de 58% en febrero a 48% en junio (El Universal, 5 de junio de 2012). López Obrador inició y concluyó su campaña con la misma oración condenatoria, aplicada primero al PRI y al PAN en su conjunto, lo que dio en llamar el “PRI-AN”, y después solamente al candidato del PRI y el PVEM: “El triunfo de Enrique Peña Nieto es moralmente imposible. Sólo hay dos opciones: más de lo mismo o un cambio verdadero. Votar por el PRI y su candidato a la Presidencia de la República es hacerlo por la corrupción” (La Jornada, 27 de junio de 2012, p. 9). Esta oración condensa el sentido de su campaña: él representaba el cambio verdadero, y los demás candidatos la continuidad del “régimen de corrupción y privilegios”.

Parecía, entonces, que AMLO reeditaría la campaña de 2006, lo cual en buena medida fue cierto, pero en su viraje a la “república amorosa” le imprimió algunos cambios importantes. En primer lugar, no buscó la confrontación con el gobierno panista en funciones, como lo hizo en 2006 contra el presidente Fox, porque finalmente el candidato a vencer no era el del partido gobernante, sino más bien el de otro partido opositor. En segundo lugar, buscó incorporar a la campaña a sectores del empresariado descontentos con el gobierno panista, tanto en términos de planteamientos favorables a ellos como en términos de la cesión de algunas candidaturas a sus representantes. En tercer lugar, logró establecer una corriente de simpatía y comunicación con el sector estudiantil anti-Peña, lo que le permitió golpear indirectamente al candidato priísta. Con esto logró aglutinar a un amplio abanico en torno a su candidatura: los sectores moderados y radicales de los tres partidos de izquierda (incluyendo al sector moderado del PRD, al que AMLO acusó durante los años anteriores de estar aliado a Calderón y al PAN), algunos empresarios, los grupos estudiantiles que se presentaban con bandera apartidista, etc. Desde el principio de la campaña, López Obrador y los dirigentes de la coalición Movimiento Progresista acusaron al candidato de la coalición Compromiso por México de incurrir en un gasto excesivo, visible en la presencia muy extendida de diversas modalidades de propaganda fijada en transporte público, carteles, anuncios espectaculares, etc. A partir de ahí se interpusieron varias quejas ante el IFE, las cuales sostenían por ejemplo, que desde el primer mes de la campaña Peña Nieto había rebasado el tope de gastos de campaña. Según la impugnación final de la coalición de izquierda, la campaña de Peña Nieto habría tenido un gasto de casi cuatro mil seiscientos millones de pesos, casi catorce veces el tope máximo establecido (véase SUP-JIN359/2012, p. 226). El corolario de la acusación era que Peña Nieto había comprado una cantidad difícil de precisar de votos (aunque ante los medios AMLO ubicó esa cantidad en cinco millones, suficientes para asegurar que él habría ganado de no producirse esa compra de votos), con lo cual virtualmente “compró la presidencia”. De hecho, el último mes de la campaña AMLO concentró sus planteamientos en la idea de la compra del voto. Insistía ante los ciudadanos en que aceptaran todo lo que los priístas les ofrecieran, pero que el día de la elección votaran por él, porque “a la mera hora… el voto es libre y secreto” (El Universal, 18 de junio de 2012, p. A-4).

La campaña lopezobradorista fue exitosa al reducir las opiniones negativas sobre el político tabasqueño, que al principio eran muy elevadas. Las encuestas registraron el ascenso de AMLO del tercer lugar, por debajo de Vázquez Mota, al segundo, con un rango entre 27% y 34%, y un promedio de 32%, muy cercano a lo que finalmente obtuvo (Zuckermann, 2012). Según López Obrador y sus seguidores, las encuestas indujeron el voto a favor de Peña Nieto y desalentaron el favorable a AMLO; por lo tanto, más que instrumentos científicos de medición de la intención de voto, habrían sido simples instrumentos de propaganda partidaria. Su impugnación llegó a afirmar que las encuestas que mostraban al candidato priísta en primer lugar de la intención de voto, así como los medios que las difundieron (televisión, radio, prensa, internet), fueron pagados por la coalición PRI-PVEM, lo que evidentemente era un exceso imposible de probar. No obstante, todas las encuestas serias publicadas durante la campaña electoral coincidieron en que Peña Nieto iba a la cabeza (ver cuadro II.2). En lo que tuvieron diferencias fue en el margen entre el probable ganador y el segundo lugar. Incluso la encuestadora Covarrubias y Asociados, propuesta por AMLO para realizar la encuesta para definir al candidato de la izquierda en noviembre de 2011, ubicó en su encuesta de junio de 2012 a EPN en primer lugar con 41%, a AMLO en segundo con 30%, y a JVM en tercero con 26% (originalmente publicada en el portal El sendero del Peje, cercano a AMLO, recopilada después en Zuckermann, 2012), cifras todas muy cercanas al resultado final. Una encuesta difundida por un grupo de académicos cercanos a AMLO (La Jornada, 13 de junio de 2012), a pesar de mostrar una distancia de al menos seis puntos porcentuales entre AMLO y EPN (medida por sus puntos medios), fue presentada como un “empate técnico” entre ambos (La Jornada, 13 de junio de 2012, p. 13). Los valores de la intención de voto por AMLO eran 22.8% (punto bajo), 27.3 % (punto medio) y 31.8% (punto alto), mientras que los de EPN eran 30.9%, 33.4% y 35.9%, respectivamente. Sin explicar por qué el intervalo de AMLO era de 9 puntos y el de EPN solamente de 5, los académicos concluían que dado que el punto alto del primero era superior al punto bajo del segundo se estaba ante un “empate técnico”. El propio López Obrador usó las encuestas como propaganda. Durante las últimas semanas de la campaña insistió en que, según “sus propias encuestas”, estaba dos o tres puntos arriba de Peña

Nieto (Milenio, 7 de junio, p. 4; y La Jornada, 20 de junio de 2012, p. 13). Y en su cierre de campaña afirmó: “Nuestra última encuesta, no ésas que son parte de la propaganda, nos registra que estamos arriba” (La Jornada, 28 de junio de 2012, p. 6). Pero dicha encuesta nunca se hizo pública. Cuadro II.2. Últimas encuestas preelectorales Fecha

Entrevistas

16-22 junio 21-24 junio 21-24 junio

1,200 1,500 1,500

21-24 junio 17-19 junio 14-19 junio 22-24 junio 18-23 junio

1,616 1,200 1,000 1,200 1,000

22-24 junio 22-24 junio

1,000 1,200

22-24 junio

2,000

25-27 junio 20-25 junio

1,444 2,000

13 junio (publicación)

3,485

JVM

EPN

AMLO

GQT

MERCAEI Covarrubias De las Heras-UNO TV Reforma Votia IPSOS BGC-Excélsior Parametría-Sol de México Consulta Mitofsky Con EstadísticaFórmula Buendía&LaredoEl Universal GEA-ISA-Milenio Indemerc H.-El Financiero OUE-Berumen*

Encuestadora

27.2 26.0 23.0

38.5 41.0 40.0

31.0 30.0 33.0

3.3 3.0 4.0

24.0 29.1 25.0 25.0 23.6

41.0 37.1 44.0 44.0 43.9

31.0 30.9 29.0 28.0 28.7

4.0 2.9 2.0 3.0 3.8

24.0 25.0

45.0 44.0

29.0 27.0

2.0 4.0

24.4

45.0

27.9

2.7

22.4 22.8

46.9 47.2

28.5 27.1

2.2 2.9

20.7

33.4

27.3

n.d.

Cómputo distrital

25.41

38.21

31.59

2.29

Fuente: Zuckermann, 2012: 23. IFE, cómputo distrital. *Encuesta del Observatorio Universitario Electoral, publicada en La Jornada, 13 de junio de 2012, p. 13. Los datos corresponden a los puntos medios de los intervalos para cada candidato.

La campaña del candidato del PNA, Gabriel Quadri, no recurrió a eventos masivos, sino más bien se concentró en actividades muy discretas, reuniones con pequeños grupos de simpatizantes, presumiendo la austeridad de su campaña a bordo de la “Quadri Combi”. Esta imagen se rompió cuando asistió a un evento con estudiantes y se pudo comprobar que solamente abordaba la austera Combi unos metros antes de llegar al evento. El candidato apostó a lograr un buen desempeño en los debates organizados por el IFE, con diagnósticos certeros de los problemas y propuestas precisas, lo cual pudo concretar gracias a su preparación académica y a su deslinde de los “políticos de siempre” que solamente “pelean y no proponen soluciones”. Las encuestas reflejaron un ascenso del candidato después de cada debate para finalmente ubicarlo en un nivel muy cercano al que finalmente obtuvo en las urnas, de entre 2 y 3% (Zuckermann, 2012).

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CAPÍTULO

III

Los debates entre candidatos presidenciales: Personalidades y Agendas

os debates televisados entre candidatos son por lo general más equitativos y brindan más información al público que las campañas electorales emprendidas por las diversas fuerzas políticas. La efectividad de las campañas depende en mucho de los recursos financieros disponibles, de la habilidad de sus estrategas y publicistas, de su capacidad de organización para realizar visitas domiciliarias y organizar actos públicos, así como del acceso a medios masivos de comunicación y del tratamiento –positivo, negativo o neutro- que éstos den a cada partido y candidato. En cambio, los debates usualmente tienen reglas que otorgan a cada candidato el mismo tiempo en pantalla, similar oportunidad de expresar sus ideas, y posibilidad de interactuar –muy a menudo en forma crítica– con los otros candidatos, en vez de sólo presentarse en ambientes controlados para mostrar su mejor cara y exponer sus propias propuestas sin contrarréplica. Por consiguiente, facilitan que los ciudadanos aquilaten –así sea sumariamente– la personalidad de los candidatos, su capacidad de respuesta a la crítica y su forma de desenvolverse en un ambiente competitivo, de una manera que la publicidad unilateral de los partidos o fuerzas políticas no proporciona. Y, a su vez, permiten a los candidatos dirigirse a audiencias mucho más amplias y receptivas que las que habitualmente alcanzan sus campañas electorales. Como sostiene Atkinson (1984: xiii): La tecnología de difusión electrónica ha obviamente transformado la naturaleza de la comunicación política al permitir a los políticos airear sus puntos de vista frente a audiencias mucho más grandes que antes. Lo que no se ha apreciado tan ampliamente es que estos mismos desarrollos tecnológicos nos permiten también a nosotros, su audiencia, mirar más

cercanamente a los propios políticos y a los modos en que ellos afrontan el asunto de tratar de ganarse nuestros corazones, mentes y votos.

México no es excepción a lo anterior, sino más bien su confirmación. Un 62% de los mexicanos se informa de política mediante la televisión (TV), 17% mediante la radio, y sólo 10% mediante periódicos (Emmerich, 2009: 91). Noticieros y programas de opinión han sido con frecuencia señalados de favorecer a algunos candidatos y deturpar a otros; en 2012, concretamente, de patrocinar la candidatura de EPN y de sabotear la de AMLO. El modelo de propaganda política radiotelevisiva implementado desde la reforma electoral de 2008, basado en la asignación a cada partido político de millones de breves spots –en su gran mayoría de sólo segundos de duración23–, no propicia mensajes que contengan diagnósticos y/o propuestas detalladas y articuladas. La fórmula para asignar spots premia a las fuerzas políticas más votadas en los comicios anteriores24, lo que favorece –aunque por cierto no garantiza– que éstas mismas sigan siendo las más votadas. Además, la decisión de voto de los ciudadanos suele basarse más en la imagen y personalidad de los candidatos –particularmente a la presidencia de la República– que en la confrontación de ideologías y/o programas, en lo que se llama personalización de la política. En palabras de Kaase (1994: 211): Al analizar el proceso político democrático, el liderazgo político es importante. Un elemento del liderazgo es el papel que los políticos desempeñan en moldear las percepciones públicas sobre la política. Una preocupación particular a este respecto es que la televisión, con su énfasis en el individuo, puede a largo plazo despolitizar la política y el propio proceso político a los ojos del ciudadano. Otro aspecto del liderazgo es la medida en que los candidatos a, y ocupantes de, altos cargos políticos influencian las opciones electorales de los votantes (Kaase, 1994: 211).

En consecuencia, los debates televisados y radiofónicos entre candidatos han venido adquiriendo un papel vital en la democracia mexicana. Han sido un espacio de equidad, de confrontación de ideas y personalidades, y 23

El artículo 56, párrafo 4 del COFIPE (2012), dispone: “Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y dos minutos […]”. 24 El artículo 56, párrafo 1 del COFIPE (2012), dispone: “[…] el tiempo en radio y televisión […] asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior”.

de exhibición de algunas cualidades –y defectos- de los candidatos. Las elecciones presidenciales de 1994, 2000 y 2006 fueron precedidas –cada una de ellas– por dos debates que tuvieron impacto significativo en las preferencias ciudadanas, con tendencia favorable a candidatos del PAN: según diversas encuestas y los resultados electorales respectivos, tras el segundo debate de 1994 el candidato de dicho partido saltó del tercer al segundo lugar; en 2000, otro candidato del mismo partido ascendió hasta el primer lugar y ganó la presidencia25; y en 2006, un tercer candidato de ese partido sobrepasó marginalmente al hasta entonces puntero –AMLO– y logró una estrecha victoria en los comicios. Como se señala en el capítulo I, el COFIPE ordena al IFE coordinar la realización de dos debates entre candidatos a la presidencia. En 2012 se llevaron a cabo el 6 de mayo y el 11 de junio. El primero, aunque no fue transmitido por los principales canales 26 de TV, tuvo un rating de 10.4 puntos; o sea que fue sintonizado por 10.4% de los televisores encendidos en el país a esas horas. El segundo, difundido – probablemente debido a fuerte presión social en ese sentido– por los canales principales, alcanzó un rating de 22.6 puntos. (Con tales ratings, los de 2012 tuvieron visibilidad similar a la de los debates de 2006 27). Además, hasta inicios de septiembre de 2012 el primero había sido reproducido 969 mil 004 veces en un portal de internet (YouTube, 2012a), y el segundo 965 mil 939 veces (YouTube, 2012b). Hubo además un tercer debate organizado por #YoSoy132, movimiento estudiantil constituido para repudiar la candidatura de EPN, en que éste declinó participar; por faltar un candidato, no fue considerado para el análisis que sigue. A continuación se analizan los dos debates organizados por el IFE, con miras a desentrañar el tono general de los mismos, cómo se presentaron los candidatos en lo personal ante la ciudadanía, cuál fue su línea discursiva y qué tipo de críticas se endilgaron unos a otros, y sintetizar sus respectivas agendas. Para hacerlo, se emplean técnicas de análisis de contenido y de análisis del discurso. Además, se utilizan una serie de encuestas de opinión pública y un pequeño estudio panel para evaluar el impacto potencial de los debates entre el electorado. 25

Un sucinto recordatorio de los debates de 2000 y 2006 se encuentra en Herrera y Urrutia (2006). 26 Canal 2 o “Canal de las Estrellas” (de Televisa) y Canal 13 (de TV Azteca). 27 Los dos debates entre candidatos presidenciales realizados en 2006 obtuvieron ratings de 12.6 y 21.6 puntos, respectivamente (Milenio, 2012).

Tono general Los debates de 2012 tuvieron un tono fuertemente personalizado, tanto en la enunciación de propuestas por los candidatos y candidata, 28 como en la formulación de críticas a sus contrincantes. En ambos, pero sobre todo en el primero, el debate no lo fue tanto de ideas, como de referencias críticas a hechos del pasado de los candidatos, incluyendo sus vinculaciones personales. Para el análisis de contenido que sigue se excluyeron ciertas palabras que no ofrecen un significado sustantivo. 29 De esa forma, subsisten para análisis esencialmente sustantivos y nombres propios, cuya cuantificación da una idea general de cómo se los utilizó y de cuáles fueron los temas centrales. El nombre propio más utilizado en ambos debates fue México; abundando también las menciones a “nuestro país”. Estos datos deben considerarse en conjunto con el abundante uso del “yo” y el relativamente escaso uso del “nosotros”. Cuando se encuentra que los candidatos reiteran frases como “yo quiero” o “yo propongo”, puede deducirse que están tratando –tal vez subconscientemente– de afirmar su propia voluntad y su papel protagónico; y también que necesiten referirse constantemente a “México” o “nuestro país” como manera de situar espacialmente su discurso. De allí la emisión reiterada de frases como “yo creo que México necesita”, en vez de “nosotros necesitamos” o simplemente “necesitamos”; o “yo propongo para México”, en vez de “nosotros (nuestro partido/coalición) proponemos”. El sintomático uso del “yo” apunta a una fuerte personalización de los debates, reforzada por el hecho de que los nombres más repetidos en los mismos fueron los de los propios candidatos. Parte menor de estas menciones provino de los moderadores al momento de dar la palabra a los diversos participantes; la mayor parte, de unos candidatos al emprender un señalamiento o pregunta críticos a otro u otros.

En aras de la brevedad, en lo que sigue este capítulo se referirá preferentemente a “los candidatos” en género gramatical neutro. 29 Como artículos (él, ellos, una, etc.), pronombres (éstos, aquéllos, etc.), adverbios (cuando, donde, actualmente, siempre, nunca, mucho, poco, etc.), numerosos adjetivos (bueno, malo, fuerte, débil, etc.) y algunos verbos de intención (querer, decir, proponer, sostener, afirmar, insistir, proponer, etc.)

Presentaciones Las palabras y el lenguaje corporal de los candidatos, acorde con lo que sugieren Atkinson y Kaase, apelaron a mirarlos a ellos y ella en lo personal, y no tanto a sus partidos (que casi no fueron evocados) o programas. A continuación se describen sus presentaciones ante la audiencia en orden de votación recibida, mismo orden que se utilizará en lo sucesivo. EPN, con tono de voz reposado y sonrisa recurrente, procuró mostrarse como potencial estadista. No hizo mayor referencia a su trayectoria personal, excepto cuando defendió con ardor su desempeño como gobernador del Estado de México y aseguró haber cumplido los muchos compromisos que había suscrito durante su campaña por la gubernatura. En el primer debate afirmó: “Tengo la experiencia y tengo la energía para realmente darle impulso al cambio que México necesita”. AMLO, con expresión seria y hablar pausado, se presentó como hombre honesto, sensible y sin ataduras, en contacto directo con el pueblo, y determinado a la acción. En el primer debate sostuvo: “conozco todos los municipios de México y he recogido los sentimientos de la gente. Tengo experiencia, sé lo que se necesita llevar a cabo para lograr el renacimiento de nuestro país… Ofrezco mi honestidad, ofrezco mis sentimientos, ofrezco mi corazón”. En el segundo prometió “terminar con la corrupción, que es el cáncer que está destruyendo al país. Tengo autoridad moral para lograrlo, tengo decisión de hacerlo, tengo ganas y no me va a temblar la mano”. JVM, con sonrisa frecuente y mirada vivaz, se presentó como economista, indicando así su preparación, pero también como ama de casa, por ende preocupada por las familias y capaz de entender sus preocupaciones cotidianas. Insistió en ser una candidata “diferente”, realzando su honestidad, su condición femenina, y el haber sido nominada en un proceso de elección interna de su partido. En el primer debate afirmó: “…soy una candidata diferente: diferente porque quiero el México ciudadano y libre, diferente también porque no pertenezco a grupos de poder y privilegios, diferente porque soy honesta y puedo mirarlos a los ojos”. Y en el segundo pidió a cada televidente “que me permitas presentarme como lo que soy: tu mejor opción de estabilidad económica,

tu mejor opción de seguridad para tu familia. Puedo presentarme a ti como lo que soy: una política honesta”. GQT, con facilidad de palabra y aspecto personal desenfadado, quiso distinguirse de los demás candidatos afirmando no ser un político, sino un ciudadano, profesional y empresario con buena formación, y por ende el candidato más capaz: “Yo soy un ciudadano, soy ingeniero civil; tengo Maestría en Economía y estudios de Doctorado; he sido empleado, funcionario público; también he participado en organismos empresariales. Soy empresario”, dijo en el primer debate; y en el segundo: “ha quedado claro quién sería el mejor Presidente de México [...] muchos mexicanos saben que yo soy el mejor candidato”.

Líneas discursivas, críticas y réplicas Cada candidato parece haber afrontado los debates con líneas discursivas bien ensayadas, independientes de los temas que se había acordado debían abordar. Además, se los notó preparados de antemano para replicar a críticas de otros candidatos, con respuestas prontas y a veces mediante la exhibición de elementos para soportar sus dichos (fotografías, gráficas, portadas de periódico y otros). De esta manera, en algunas ocasiones omitieron referirse a los temas previstos, para dedicar ese tiempo a su propia línea discursiva, a formular críticas a sus rivales, o a replicar las de éstos. EPN, cuidando su posición de puntero en las encuestas preelectorales, trató de presentar sus propuestas en forma articulada, recurriendo a menudo a enumeraciones de acciones y políticas a seguir. Argumentó la necesidad de una “presidencia democrática” basada en la aceptación de las diferencias, y señaló que México necesita un “cambio responsable”. En ninguno de los debates inició críticas a sus rivales, pero no dejó en ningún momento de responder a las lanzadas por AMLO y JVM; por ejemplo, mostró una foto de AMLO con René Bejarano.30 En general, se mostró cauto en sus palabras y ofertas. En el primer debate, AMLO señaló que el país vive una “tragedia nacional” y dedicó gran parte de su tiempo a criticar a EPN, el PRI y “los que mandan”, lo que se correspondió con su estrategia de campaña de 30

Importante líder perredista, sorprendido en el pasado recibiendo dólares estadounidenses de un empresario.

presentarse como único rival capaz de derrotar a EPN; sostuvo que tanto el PRI como el PAN “son lo mismo”, y también colocó a GQT en la bolsa de “la derecha”; en la parte final de ese debate, se dedicó a exponer en forma sintética su propuesta de gobierno; en consecuencia, en varias ocasiones no se refirió en específico a los temas previstos. En el segundo debate, su línea discursiva se centró en la presentación de sus propuestas, otra vez sin tomar muy en cuenta los temas previstos, y en evitar las confrontaciones; sólo en este debate se dirigió a JVM, para contestar una crítica de ésta. JVM atacó duramente a EPN en el primer debate, centrándose en su supuesto mal desempeño como gobernador del Estado de México; al igual que AMLO, dejó ver aquí su estrategia de posicionarse como principal rival de EPN. En cambio, en el segundo debate, cuando sus bonos electorales estaban a la baja, atacó también a AMLO y a GQT, posiblemente con miras a subir en las preferencias electorales a expensas de éstos. En particular, JVM sostuvo que EPN y AMLO representaban “dos caras” del PRI, y en el segundo debate criticó fuertemente (en la interpósita persona de Elba Esther Gordillo) a GQT. Tanto tiempo dedicó a la crítica, que su presentación de propuestas pareció quedar corta en ambos debates. GQT fue el único candidato que se centró en los temas previstos, utilizando la mayor parte de su tiempo en propuestas. Criticó in genere a los políticos, “que sólo siembran rencor”, “que no se interesan” por los problemas del país, y comentó brevemente algunas propuestas de AMLO (en un caso, incluso de forma positiva). En el segundo debate replicó a críticas de JVM sobre su asociación con E. E. Gordillo, y formuló preguntas concretas a sus rivales, que sólo le respondieron una (de acuerdo con su propuesta de no criminalizar a mujeres que abortan). Su estrategia pareció basarse más en plantear sus propuestas que incurrir en dimes y diretes.

Agendas Cada candidato procuró articular sus principales propuestas en forma digerible para el gran público, fundando sus respectivas agendas con grados variables de compleción. Vistos el gran número y diversidad de propuestas de cada candidato, así como su carácter frecuentemente repetitivo, en Anexo III se las sintetiza y agrupa en siete rubros de manera que facilita su comparación.

De la inspección del Anexo III se infiere que en varios rubros existen notorias coincidencias entre algunos o todos los candidatos, pero también que dos de éstos se ubican en las antípodas de la política mexicana. Proponiendo un cambio verdadero con redistribución gubernamental en favor de los más pobres, donde destaca el papel del “pueblo”, se encuentra a AMLO. En el lado opuesto se situó GQT, enfatizando el rol de las empresas, los empresarios y la inversión privada para detonar el crecimiento económico, única forma de superar la pobreza. En el centro se situaron EPN y JVM, con notorias convergencias programáticas (que no de personalidad o actitud política). EPN manejó recurrentemente expresiones como “democracia”, “presidencia democrática” y “tolerancia”, particularmente en el segundo debate, posiblemente como forma de desmentir las acusaciones de autoritarismo hechas por sus adversarios en las calles. AMLO mencionó con frecuencia al “pueblo”, en un contexto que implicó que éste no está constituido por todos los habitantes o ciudadanos, sino sólo fundamentalmente por aquéllos de clase trabajadora, y denotando que él mismo es el único candidato que lo representa. JVM utilizó a menudo las expresiones “familia/s”, “libertad” y “paz”, afirmando que ella es garante de una y otra para las primeras. GQT empleó asiduamente palabras como “liberal”, “moderno” y “próspero” para referirse a México, enfatizando que se necesita educación de calidad, reformas estructurales e inversión privada para que tales calificativos se hagan realidad. En sus respectivos cierres al segundo debate, los candidatos manifestaron sus formas de percibir lo que México y sus ciudadanos necesitan o desean, así como resumieron el meollo de sus propuestas. Los cierres contuvieron también su invocación final a que los ciudadanos les concedan su voto, que en tres casos –la excepción fue EPN- incluyó fuertes elementos personalistas dirigidos más al sentimiento que al intelecto de los ciudadanos. A continuación se comentan y extractan tales cierres: EPN se centró en compromisos relativos a reconciliación, seguridad, democracia, economía y educación, sin mencionar a otros candidatos o partidos:  Iniciar un nuevo camino de reconciliación.  Que ganes más por tu trabajo, que tu familia viva en mejores condiciones, en un entorno de mayor seguridad.

 Ajustar la estrategia en materia de seguridad para darle a los mexicanos mejores resultados, porque están demandando eficacia del gobierno.  Gobierno respetuoso de la ley, transparente y eficaz; que los mexicanos puedan apreciar los resultados del México democrático.  Que México crezca al menos tres veces más de lo que hasta ahora ha logrado.  Que los niños, desde preescolar hasta preparatoria, tengan un espacio en la educación; abrir al menos un millón y medio más de espacios para jóvenes que quieran estudiar universidad.  Detener el alza de los precios alimentarios, reducir la tarifa de luz, ofrecer un seguro de vida a las madres jefas de familia, pensión para el retiro a los adultos mayores. AMLO recalcó que sólo hay dos caminos, uno de los cuales puede llevar a México “al despeñadero”, con apelaciones como las siguientes:  Más de lo mismo o un cambio verdadero.  "Más de lo mismo": corrupción, desempleo, injusticias, inseguridad, violencia. Cambio verdadero: terminar con la corrupción, y honestidad para sacar adelante al país.  [Con mi gobierno] Va a haber trabajo, se va a echar a andar la economía para que haya empleos y bienestar.  Si no hay trabajo, pega a todos; si hay violencia, afecta a todos.  Llamo a los pobres, a las clases medias, a los empresarios…  Llamo a los priístas, a los panistas de abajo, a los ciudadanos del PRI y del PAN…  “Vamos a unirnos para terminar con este régimen de corrupción y de privilegios”. JVM descalificó las otras tres opciones, para presentarse a sí misma como la única confiable para las familias, en esquema lógico bastante similar al de AMLO:  Las opciones son: el retorno del PRI, del autoritarismo, de la rendición frente al crimen organizado y del abuso del poder; el retorno del otro rostro del PRI, del candidato Andrés Manuel López Obrador, que es la intolerancia, el rencor, la confrontación, el populismo y las crisis económicas que tanto lastimaron a millones de mexicanos; o la intención de presentarse como ciudadano, pero saber que solamente trabaja para una familia [de E. E. Gordillo].

 Soy tu mejor opción de estabilidad económica y seguridad para tu familia. Soy una política honesta.  Agradezco a las mujeres, porque el triunfo de una de nosotras es el triunfo de todas las demás.  Convoco a las mujeres y a los hombres de la izquierda moderada, a los que sí creen en las leyes, a los que sí creen en los derechos de las minorías, a los que no anticipan fraudes cuando ni siquiera se ha dado el proceso electoral.  Acudo a los priístas que no están del lado de la corrupción, de la complicidad y que sí quieren las reformas, les pido su voto a todos los ciudadanos.  Voy a hacer un gobierno de coalición y también de reconciliación. GQT, a su vez, adoptó similar esquema lógico, en su caso señalando que son cuatro las opciones para México, y utilizó el nosotros incluyente, muy ausente del resto de los debates:  No nos merecemos que los políticos se insulten y se lancen lodo, o que nos prometan cosas, repitan frases trilladas y lugares comunes. No responden a los retos, no saben qué opinar o qué decir con respecto a las necesidades y demandas reales de la población.  Tenemos cuatro opciones. El partido de los dinosaurios, que se ha opuesto a todas las reformas estructurales del país en los últimos años. El partido de los conservadores, de la mediocridad y la ineptitud. El partido del populismo autoritario, voluntarista, de la regresión histórica y de la división y el odio entre los mexicanos.  Está también una cuarta opción, Nueva Alianza, que represento yo, la opción por un México moderno, liberal, próspero y sustentable, el México de las reformas estructurales. Votar por Nueva Alianza es el verdadero voto útil.

Omisiones El análisis de contenido, si es que está situado en espacio y tiempo, debe considerar no sólo lo incluido en el discurso, sino también aquello que está ausente y que probablemente debería estar en él. Por ejemplo, “el presidente” o “el gobierno” actual fueron aludidos contadas veces, y Felipe Calderón en una única ocasión (por JVM); ergo, los debates no se centraron –como sería dable esperar– en la evaluación del gobierno saliente. No hubo referencias específicas a la protección de derechos humanos (salvo la invitación de GQT a considerar el acceso a internet

como tal). Otros asuntos no abordados fueron las iglesias o las religiones. A diferencia de su discurso habitual, AMLO no utilizó el término izquierda (GQT le recordó un par de veces que sus propuestas no parecían de izquierda), y sólo una vez mencionó a la derecha. GQT fue el único que abordó temas espinosos como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, pronunciándose a favor de uno y otro.

Impacto en el electorado, según encuestas Los debates de 2012 contribuyeron en alguna medida a modificar las intenciones de voto. Un estudio tipo panel realizado en el Distrito Federal y la zona oriente del Estado de México antes y después del segundo debate, mostró que este último conllevó a que parte los encuestados indecisos se decantasen por alguno de los candidatos en contienda, aunque casi no alteró las intenciones de voto de quienes ya las tenían definidas.31 Por otro lado, una serie de cuatro encuestas de opinión pública de alcance nacional sugiere que los debates –ambos, en este caso– influyeron en la evolución temporal de las intenciones de voto. El Gráfico III.1 recoge esta serie: la primera encuesta fue levantada poco antes del inicio de las campañas electorales, la segunda inmediatamente antes del primer debate, la tercera luego de éste, y la última –bastante apegada al resultado final de los comicios- después del segundo debate. Gráfico III.1. Evolución de la intención de voto por candidato desde el arranque de las campañas presidenciales hasta su última publicación, según IPSOS-Bimsa

EPN llegó a los debates como puntero y salió de ellos en la misma condición. El sólo hecho de no haberse derrumbado frente a los ataques de 31

Elaborado por alumnos de la asignatura “Métodos cuantitativos para el análisis político II” en la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con muestra = 100, el estudio no pretendió ser representativo; no obstante, sus resultados coinciden con la evolución de las 1 encuestas más amplias. intenciones de voto mostrada por Fuente: ADN Político 2012.

AMLO y JVM en su contra, y el haber al mismo tiempo mostrado que podía formular sus propuestas con coherencia, lo mantuvieron en el primer lugar que le había dado y continuó dando esta serie de encuestas,32 aunque con merma importante en su porcentaje de preferencias. AMLO ha de haber impactado a parte de los votantes, posiblemente con sus alegatos de honestidad y sinceridad y su exposición de un programa favorable al “pueblo”. Luego del primer debate escaló posiciones y alcanzó un expectante segundo lugar. Es posible que JVM haya decepcionado a algunos de sus votantes potenciales. Ya antes del primer debate había comenzado a declinar, quedando luego de ambos bien por debajo de AMLO. Posiblemente algunos electores hayan castigado su énfasis en la crítica hacia sus rivales, así como su falta de claridad en algunas propuestas. GQT, con su facilidad de palabra, su desdén hacia “los políticos”, y sus propuestas concretas, impresionó bien en el primer debate, levantando sus bonos; acusado posteriormente de ser títere de E. E. Gordillo, sus intenciones de voto disminuyeron y ya no pudo levantarlas pese a su buena actuación en el segundo.

Conclusiones Si se tiene en cuenta la gran audiencia de los dos debates de 2012, así como la igualdad de condiciones y de tiempo en pantalla en que debieron desenvolverse los cuatro contrincantes, no cabe duda de que coadyuvaron a informar al electorado sobre las propuestas y sensibilizarlo frente a la personalidad de cada candidato. 33 Pese a ello, el aluvión de críticas y refutaciones mutuas oscureció en parte la discusión de las agendas, y resaltó más bien las personalidades. Volviendo aquí al inicio de este capítulo, los debates cumplieron así con la función informativa señalada por Atkinson, pero también fueron evidencia clara de la influencia de los liderazgos personalizados mencionada por Kaase.

Al igual que casi todas las publicadas; véase capítulo II. En otro aspecto, podría decirse que por esas mismas características de igualdad y amplia difusión, los debates desmienten en parte –pero no totalmente- los alegatos de que la cobertura televisiva del proceso electoral fue esencialmente inequitativa. 33

Por otra parte, los debates no afectaron lo sustancial. Sus principales efectos fueron intercambiar los lugares segundo y tercero entre JVM y AMLO, y darle visibilidad a GQT. Pero en ningún momento alteraron el hecho de que EPN entró y salió de los debates como rival a vencer. Su baja en las intenciones de voto durante esas semanas, es más probable que haya sido debido al antipriísmo enérgico del #YoSoy132 que a su desempeño como debatidor. En suma, los debates de 2012 no tuvieron tanto impacto en las intenciones de voto como los anteriores, especialmente los de 2000 y 2006. Para terminar, cabe señalar que el presente análisis de los debates supone tomar a éstos en serio; es decir, asume que lo proclamado por los candidatos es realmente lo que ellos y sus respectivas fuerzas políticas desearían implementar desde el Ejecutivo federal. Particular importancia cobran las palabras de EPN, por ser ganador de la presidencia de la República. Pero igualmente son relevantes las expresiones de los otros candidatos, que deberían guiar las agendas desde el Congreso y otros niveles de gobierno -como los municipales y estatales bajo su control- de las fuerzas políticas que los apoyaron. Tomar en serio los debates significa, en última instancia, exigencia ciudadana de coherencia entre el decir y el hacer. Sobre todo por parte del ganador, pero también de sus rivales.

Referencias ADNPolítico (2012), “Encuesta de encuestas”, disponible en: http://www.adnpolitico.com/encuestas?gclid=CKqokaDC7rACFTFZTAodV3fxt w, al 7 de septiembre. Atkinson, Max (1984), Our masters’ voices, Methuen, Londres y Nueva York. Kaase, Max (1994), “Is There Personalization in Politics? Candidates and Voting Behavior in Germany”, en International Political Science Review, vol. 15, núm. 3, pp. 211-230, julio. Emmerich, Gustavo Ernesto (coord.) (2009), Situación de la democracia en México, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Milenio (2012), nota disponible en: http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/f91d79fe958aaaaba01a7032 4ecefc9a, al 7 de septiembre.

YouTube (2012a), Video del primer debate entre candidatos presidenciales 2012, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=Rjzr7TfY5Zw&feature=emshare_video_user, al 7 de septiembre. YouTube (2012b), Video del segundo debate entre candidatos presidenciales 2012, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=QdbyBP_Yw_E&feature=emshare_video_user, al 7 de septiembre.

Leyes C贸digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2012, disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/4.htm?s=

Anexo III: Agendas de cada candidato AMLO

EPN

JVM

GQT

TEMAS PROPIOS DE CADA CANDIDATO Cambio verdadero, honestidad, defender al pueblo trabajador

Cambio responsable, México incluyente y sin pobreza. Presidencia democrática

Proteger a las familias. Paz, ley y Opción liberal, moderna. México estabilidad económica. No vuelta al próspero, con reformas estructurales pasado

POLITICA INTERIOR Honestidad

Comisión Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización

Fiscal anticorrupción, ampliar Autonomía a Función Pública y mandato a Auditoría Superior de la Auditoría Superior de la Federación. Federación Revisar Art. 115 constitucional

Eliminar 100 diputados y 32 Quitar diputados plurinominales y senadores. Candidaturas mitad del Senado independientes, consulta popular Democracia de resultados Eliminar fuero a clase política SEGURIDAD Y JUSTICIA

Reelección de presidentes municipales

Mejorar policía federal para retirar ejército de las calles

Mantener fuerzas del orden, ejército y armada donde se necesite. Juicios orales.

No tregua al crimen organizado. Juicios orales

Ejército, marina, policía federal contra crimen organizado. Juicios orales

Mando único

Gendarmería nacional, policías estatales únicas

Policía nacional con disciplina militar

Decuplicar policía federal, crear policía científica; policías estatales con mando único; desaparecer policías municipales

Reforma hacendaria que permita Me haré cargo de las cárceles ante inversión privada en más gobernadores omisos cárceles

Alianzas público-privadas con "empresas especializadas que manejen las prisiones" de baja peligrosidad

Atender causas sociales del delito

La paz, producto de la justicia. Prevención con cobertura de bachillerato y más plazas en educación superior POLITICA ECONOMICA

Política neoliberal no funciona. Austeridad presupuestal. Terminar monopolios, que haya competencia: 6% de crecimiento y 1.2 millones de empleos al año. Que no haya precios exagerados

Triplicar crecimiento económico. Libre mercado con sentido social. Detener alza de precios alimentarios

No aumentar ni crear impuestos, quitar el IETU, eliminar privilegios fiscales, reforma fiscal progresiva

Reformas hacendaria y fiscal progresiva

Competencia con certeza jurídica. Apoyar pequeñas y medianas empresas con créditos y compras gubernamentales. Reducir economía informal. Estabilidad económica, no hipotecar el país ni las familias

Inteligencia en combate al crimen. Política antidrogas con enfoque de salud y prevención

Más empresas, empresarios e inversión privada.

Reforma fiscal

POLITICA EXTERIOR Buenas relaciones con todo el mundo, en particular EUA; tratar con ellos reforma migratoria. Franklin D. Roosevelt como modelo de política de reactivación

Atraer más inversión extranjera. Aprovechar vecindad con EUA para mayor integración y desarrollo. Mayor cooperación con Centroamérica, mayor presencia comercial en Sudamérica, atender oportunidades económicas en Asia-Pacífico

Crear Subsecretaría del Migrante, fortalecer Programa 3x1. Reconstruir relación con EUA, evitar tráfico de armas

POLITICA ENERGETICA Y AMBIENTAL

México potencia emergente, expandir embajadas y consulados, crear Instituto Mexicano Octavio Paz. Aprovechar vecindad con EUA, libre comercio con China. Mejorar relación con Centroamérica y Caribe, prepararse para transición democrática en Cuba.

Limpiar PEMEX de corrupción, construir cinco refinerías, bajar precios de energéticos y electricidad

Reforma energética para bajar precios de electricidad. Energías renovables con inversión privada Orientar subsidios agrícolas a producción y conservación

PEMEX y CFE con inversión No a monopolios de PEMEX y CFE. privada complementaria. Subsidios Inversión privada en energías a energías renovables renovables Orientar subsidios agrícolas a producción y conservación. Adoptar agenda verde

Subsidios de PROCAMPO y PROGRAN inducen destrucción forestal; cambiarlos por pagos por conservación

Cuidar mares y pesca

Crear Agencia Mexicana de Mares y Costas

POLITICA SOCIAL Mejorar calidad de educación, becas, no rechazados en universidades públicas, aumentarles presupuesto todos los años

Triplicar inversión en ciencia y tecnología

Duplicar presupuesto en ciencia y tecnología. Cuenta bancaria a familias para educación. Escuelas de tiempo completo y becas. Evaluación a maestros.

Crear Secretaría de Ciencia y Tecnología. Pasar a ciencia y tecnología presupuesto de subsidio a gasolina. Formar más doctores. Educación de calidad, con evaluación desde maestros a secretarios de educación. Reforma educativa. Crear gabinete educativo.

Internet para todos los estudiantes

Internet en 5° y 6° de primaria, escuelas de jornada completa

Internet gratuito para todos

Internet como derecho humano y social

Rescatar campo con soberanía alimentaria; derecho a la alimentación

Erradicar pobreza alimentaria

Cero pobreza alimentaria. Créditos para pobres

Crecimiento económico para eliminar pobreza. Reforma agraria para la productividad y la sustentabilidad, compactando el minifundio.

No ver a mujeres como criminales en "este asunto especial" Pensiones a adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras. Buenas viviendas. Atención médica a todos con medicamentos gratuitos

No criminalizar a la mujer que aborta

Sistema de seguridad social universal. Vales de medicinas, atención a personas con discapacidad, facilitarles empleos, igualdad y apoyo a las mujeres, más guarderías. Reforma laboral Ampliar Programa Oportunidades, con acceso a la salud, seguro de desempleo temporal, pensión para adultos mayores, seguro de invalidez, seguro de vida para jefas de familia Fuente: Elaboración de Gustavo E. Emmerich.

Vida desde la concepción, pero sin criminalizar a mujeres; más estancias infantiles Que cada quien se atienda (médicamente) donde le convenga. Reforma laboral

Mejorar Programa Oportunidades. Eliminar cuotas obrero-patronales. Seguro de desempleo.

Libertad de matrimonio. Interrupción legal del embarazo Unificar IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Facilidades a discapacitados en movilidad y empleos. Reforma laboral. Crear Secretaría de Ciudades y Vivienda. Reforma laboral

CAPÍTULO

Gasto, acceso y crítica a medios electrónicos Introducción

diferencia de las elecciones federales de 2006, cuando la relación entre partidos, dinero y medios de comunicación provocó una fuerte polémica,34 la elección de 2012 resolvió el tema de inequidad en el acceso de candidatos y partidos a los medios de comunicación electrónica, específicamente en lo que concierne a su tratamiento dentro de los programas noticiosos. Aunque fuertemente impugnado, los datos empíricos señalan que el tema de la inequidad en el tratamiento informativo en la radio y televisión parece solucionado. Desde luego, para la agenda de una próxima reforma político-electoral quedará el tema de una necesaria asignación igualitaria de tiempos en radio y televisión que requieren los partidos y sus candidatos para publicitar sus propuestas e ideas de precampañas y campañas electorales, al contrario de como hasta ahora está diseñado el modelo.35 Y aunque la crítica hacia los medios de comunicación se centró en la aparente construcción e impulso de la candidatura de Enrique Peña Nieto por parte de Televisa y en la excesiva concentración de esos medios en unas cuantos manos, los datos señalan que la reforma 34

Por ejemplo, se puso en evidencia el uso de las campañas negativas, la intervención de terceros en la contratación y difusión de spots, la difusión de la propaganda gubernamental y los sesgos con que se difundió la información noticiosa (TEPJF, 2006). 35 El artículo 41, fracción III, Apartado A, inciso e) de la Constitución Política federal establece que, en virtud de que “Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social”: “e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior”.

electoral 2007-08 pudo garantizar relativamente la pluralidad y el debate en el proceso electoral. Como consecuencia de la reforma electoral de 2007-08, la distribución proporcional del tiempo y la imposibilidad de contratar espacios por terceros cambió la relación comercial de los medios con los partidos políticos. Trasformó la dependencia y subordinación de los poderes institucionales hacia los empresarios de los medios de comunicación, en franca alianza entre intereses políticos y comerciales. El comportamiento de los partidos y los medios de comunicación en la elección mostró que la opacidad con la que partidos políticos y medios electrónicos acordaban los tiempos y precios de la propaganda electoral, ha quedado atrás. Sin embargo, aún quedan resabios del modelo de comunicación anterior que se caracterizaba por pensar a la democracia mexicana como un gran negocio, y a los medios de comunicación como el beneficiario de dicha situación. 36 Las reglas de competencia electoral contenidas en la legislación anterior a 2007, principalmente las creadas a raíz de la reforma electoral de 1996, habían posibilitado la realización de campañas centradas en los medios de comunicación electrónica. Los altos presupuestos públicos destinados a las campañas y la posibilidad de adquirir libremente espacios comerciales en radio y televisión por parte de candidatos, partidos y terceros, habían generado condiciones para que la competencia interpartidista se diera principalmente en dichos medios. De esta forma, las campañas electorales tomaron una dimensión eminentemente mediática: instituciones y personajes políticos estaban obligados a invertir una suma cuantiosa de recursos económicos en la compra de spots publicitarios en radio y televisión, si es que querían ser exitosos. Al adquirir espacios publicitarios, los medios de comunicación hacían una cobertura mediática de sus campañas, la cual aparecía generalmente como noticia o información encubierta; esto es, disfrazaban como noticia la propaganda pagada. Por el contrario, el candidato o partido que no 36

En 2006, ocho de cada diez pesos gastados en las campañas se destinaron a propaganda, y de éstos, siete, fueron a Televisa y TV Azteca, además de 400 millones de pesos en spots de "guerra sucia" pagados irregularmente por terceros. Para la elección de 2012, no se gastó dinero formalmente para adquirir tiempo en radio y televisión, pues se utilizaron los tiempos del Estado administrados por el IFE.

compraba espacios en los medios no tenía posibilidades de cobertura de su campaña, o bien el tratamiento que los medios hacían de sus actividades proselitistas era más bien testimonial. Los datos reseñados en este capítulo señalan que, en términos de acceso a medios en términos proporcionales a la fuerza electoral de los partidos, las cosas han mejorado notablemente. No obstante, aún quedan pendientes con respecto al tratamiento de la información en espacios noticiosos de radio y televisión que en buena medida orientan las preferencias electorales e incluso las simpatías de los ciudadanos con respecto a los temas, institutos y contendientes. La concentración de los medios en pocas manos, por ejemplo, supone que esta relación no se define sólo por la conversión de recursos públicos en ganancias privadas –relación comercial–, sino también por intereses particulares –relación política– que afectan la equidad en la promoción y el tratamiento de la información que el ciudadano obtiene para emitir su voto. El movimiento de origen universitario #YoSoy132 impulsó la crítica hacia los noticiarios televisivos, acusándolos de manipular, ocultar hechos y –mediante cobros millonarios– haber hecho una campaña de seis años continuos a favor del candidato del PRI a la presidencia. Acusaciones que –no obstante no tener otros argumentos de prueba que unas notas de prensa– pusieron en el centro del debate político la relación medios-política e imprimieron una fuerte dosis de incertidumbre al resultado electoral.37

Reforma electoral 2007-08, medios, dinero y partidos La reforma electoral 2007-08 disminuyó en forma significativa el gasto y la duración de las campañas electorales, reguló la propaganda gubernamental y atendió lo que denominó los “dos grandes problemas de la democracia mexicana”: el dinero y el uso y abuso de los medios de comunicación (Poder Ejecutivo Federal, 2007). La reforma acotó la influencia de los propietarios de los medios de comunicación electrónica y de los dueños del dinero, o poderes fácticos, de tal forma que no fueron 37

Las movilizaciones de estudiantes impulsaron un debate en internet que evidenció que la televisión ya no es el único espacio para hacer política, difundir propuestas y comunicar a la gente. Su irrupción en las redes sociales fue muy importante a pesar de que sólo 30% de la población tiene acceso a una conexión dentro o fuera del hogar.

éstos quienes se erigieron como factores determinantes de los resultados electorales (Valdez Zepeda, 2007). Los puntos centrales que modificó la reforma fueron: Reducción de financiamiento a las campañas. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto equivale ahora al cincuenta por ciento del financiamiento anual que corresponde a cada partido político por actividades ordinarias (Gráfico IV.1).

Gráfico IV.1. Financiamiento público destinado a partidos y campañas 2000-2012 Prerrogativas a partidos políticos

Gastos de campaña 4952.9 2,425

5,116.9

6,683.3

2,537

3,359

5,074.5 3,871.1

873

1,680

Fuente: IFE, 2012a.

2000

2003

2006

2009

2012

La reforma evitó que los partidos políticos destinaran recursos públicos – y privados– a las televisoras y las estaciones de radio. La mayor cantidad de estos recursos eran para difundir a los candidatos en los medios electrónicos.38 En 2006, el gasto de los partidos en el proceso electoral fue de mil 595 millones 835 mil 167 pesos; de los cuales 1 mil 196 millones fueron destinados a radio y televisión (gráfico IV.2).

En las elecciones del año 2000 los partidos políticos en conjunto gastaron más de la mitad de sus recursos en la contratación de espacios en medios electrónicos e impresos, cerca de mil 314.4 millones de pesos.

Gráfico IV.2. Destino del gasto reportado por partido o coalición en 2006 (%)

63%

21.59%

televisión 63.56% radio 21.59%

3.83%

prensa 3.83% sala de cine 0.95%

0.39% 10.14% 0.95%

Fuente: IFE, 2006

internet 0.39%

anuncios espectacula 10.14%

Para la elección de 2012 se destinaron a gastos de campaña mil 680 millones 560 mil 420 pesos (véase arriba cuadro II.1). El monto de financiamiento público a campañas se correspondió con los resultados electorales: por ejemplo, la coalición Compromiso por México, que recibió más dinero para campañas, resultó ser la victoriosa; en segundo lugar de financiamiento, el Movimiento Progresista, que también fue segundo en cuanto a votos (Gráfico IV.3).39

Gráfico IV.3. Suma de gastos de campaña por partido o coalición 2012 (millones de pesos)

424

446

693 116

PAN

Movimiento Progresista

Fuente: IFE, 2012a.

Compromiso por México

PANAL

El mismo razonamiento puede aplicarse al financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, que en 2012 –por ley– duplicó exactamente a su financiamiento público para gastos de campañas presidenciales.

Manejo en la distribución y contratación de espacios en radio y televisión. El IFE administró los tiempos correspondientes al Estado en radio y televisión. Trasmitió 44 millones de spots de los candidatos, partidos políticos y autoridades electorales en dos mil 335 emisoras de radio y televisión. Para las precampañas se asignó a los partidos políticos en conjunto un minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. Antes de la reforma 2007-08 la falta de legislación en materia de precampañas provocaba que los procesos electorales fueran inequitativos y poco transparentes; la rendición de cuentas de los diferentes precandidatos postulados por los partidos era laxa y estimulaba que la presencia de los precandidatos en los medios de comunicación estuviera en función de su capacidad de gasto. Para la campaña 2012 se destinaron 163 horas diarias en todos los canales de televisión y 371 horas de radio, lo que representó un total de 534 horas aire en medios electrónicos (anteriormente tenían acceso los partidos políticos a 200 horas diarias en televisión y 250 en radio). Los partidos en conjunto hicieron uso de 15 minutos diarios en cada uno de los 653 canales de televisión y 1 mil 487 estaciones de radio,40 lo cual permitió a cada partido tener más de 385 mil impactos de tres minutos y más de un millón 733 mil mensajes de 60 segundos. Del total de tiempo administrado por el IFE, éste distribuyó entre los partidos políticos el cincuenta por ciento (con la fórmula de 30 por ciento por partes iguales y 70 por ciento según la última votación obtenida por cada partido); el restante cincuenta por ciento lo utilizó para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Prohibición de campañas negativas. Antes de 2012, las campañas habían adquirido un perfil eminentemente negativo en que la mercadotecnia de la calumnia, la difamación y la propaganda negra se impusieron como forma de hacer política, centrando la estrategia ya no en dar razones para votar por los candidatos y partidos propios, sino para no votar por los adversarios. La reforma 2007-08 prohíbe y castiga la difamación, la injuria y en general el uso de la denostación entre candidatos y partidos. 40

El total resulta de la suma de medios (2 mil 140) multiplicada por 15 y dividida entre 60 minutos.

Prohibición a la propaganda gubernamental en tiempos de campaña. Se prohibió la existencia en los medios de comunicación de campañas gubernamentales en tiempos electorales pagadas con el erario público para tratar de crear el clima favorable y el posicionamiento a favor de algún candidato o partido. Recuérdese que se había llegado a tal extremo que eran más los gastos en publicidad gubernamental durante el año electoral que lo gastado propiamente por los candidatos en el mismo tiempo. Ese fue el caso de Vicente Fox, quien de enero a abril de 2006 gastó más de mil quinientos millones de pesos de recursos públicos para publicitar la necesidad de continuar por el mismo camino de gobierno; con ello, contribuyó a generar condiciones favorables para que el candidato de su partido, Felipe Calderón, fuese electo presidente de la República.

Monitoreo de noticieros en radio y televisión, equidad y valoración Con base en los resultados del Monitoreo de Espacios Noticiosos en Radio y Televisión Campaña Electoral para Presidente de la República 2011-2012, que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó por encargo del IFE, se puede concluir que el tratamiento otorgado por los programas noticiosos a los candidatos favoreció a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, los datos también señalan que el tratamiento a los partidos políticos fue equilibrado, independientemente de su importancia política o de la presencia electoral que hubieran tenido.41 Las variables analizadas por la UNAM, del 30 de marzo al 27 de junio de 2012, fueron el tiempo de transmisión, el género periodístico, la valoración de la información, los recursos técnicos utilizados para presentar la información, la ubicación o jerarquización de la información y el reporte de los resultados de las encuestas presentadas.

Se clasificó como información valorada aquella que presentó verbal y explícitamente adjetivos calificativos y/o frases idiomáticas que se utilizaron como adjetivos y fueron mencionadas por el conductor o reportero del noticiario, en cualquier género periodístico a excepción de los géneros de opinión y análisis y debate.

Los resultados de 181 mil 829 piezas de monitoreo para todos los partidos y coaliciones -de las cuales 144,503 corresponden a radio y 37,326 a televisión (gráfico IV.4), muestran que el Partido Acción Nacional ocupó 26.88% del tiempo total de transmisión en ambos medios, el Movimiento Progresista 23.74%, la coalición Compromiso por México 22.26%, y el Partido Nueva Alianza 17.12 % (Gráfico IV.5).

Gráfico IV. 4. Medio de trasmisión % de distribución de noticieros sobre coaliciones y partidos 2012 RADIO

21%

TELEVISION

79% Fuente: IFE/UNAM, 2012.

Gráfico IV.5. Porcentaje cobertura en piezas informativas radio/TV, 2012 PAN MOVIMIENTO PROGRESISTA COMPROMISO POR MEXICO PANAL 26.88%

23.74%

22.26%

17.12%

Fuente: IFE/UNAM, 2012.

En cuanto a los candidatos presidenciales, el tiempo otorgado se distribuyó en términos porcentuales de manera inversa, destacando que el candidato del PRI fue cubierto más que la coalición que lo nominó (Gráfico IV.6). 84

Gráfico IV.6. Porcentaje tiempo en noticieros radio/TV 2012 EPN JVM AMLO 30.64%

26.52%

GQT 26.36%

16.48%

Fuente: IFE/UNAM, 2012.

El tiempo total dedicado a los partidos políticos y las coaliciones en radio y televisión fue de 5 mil 854 horas, de las cuales 5 mil 141 horas fueron en radio (88%) y 712 horas en televisión (12%) (Gráfica IV. 7).

Gráfico IV.7. Porcentaje tiempo destinado a partido y coaliciones en noticiarios 2012 PANAL MOVIMIENTO PROGRESISTA COMPROMISO POR MEXICO

TELEVISIÓN

RADIO

Fuente: IFE/UNAM, 2012.

18.30% 21.62% 23.54% 26.78% 15.69% 22.34% 23.77% 26.89% en número de notas

Por candidato, resalta el mayor espacio informativas para el candidato del PRI, que recibe mejor tratamiento en radio que en TV (gráfico IV. 8).

Gráfico IV.8. Porcentaje de piezas informativas en radio y tv por candidato, 2012 GQ

AMLO 17%

TOTAL 20%

TV 16%

RADIO

Fuente: IFE/UNAM, 2012.

JVM 26% 26%

EPN

30%

25% 25% 27% 26% 26%

30%

Hasta aquí, los datos señalan un tratamiento equilibrado –casi igualitario– en los tiempos dedicados a los tres principales protagonistas del proceso electoral del 2012; atrás parecen haberse quedado las diferencias en cuanto a acceso a medios para los candidatos y partidos. Los principales noticieros de la radio y la televisión del país ofrecieron un tratamiento muy equilibrado a las tres principales fuerzas políticas del país. Fue a partir de 1988 que los medios comenzaron un proceso de apertura a las distintas fuerzas políticas. En la televisión y la radio se abrieron espacios para distintas expresiones y opiniones de la sociedad, y se difundió el punto de vista de las diferentes fuerzas políticas, dando paso a una pluralidad informativa. En 1988, recuerda Raúl Trejo, el Frente Democrático Nacional y su candidato a la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, recibieron solamente 3.94% del espacio en los dos principales noticieros de la televisión; para 1994 el mismo candidato obtuvo 19.3% de la cobertura; y para 2000 aumentó a 22.89%. Con Manuel J. Clouthier como candidato del PAN en 1988, éste recibió 3.48% del espacio en los dos noticiarios de mayor audiencia; en 1994, 16.7%; y, para 2000, 31% (Trejo, 2006). Paralelamente, la cobertura que recibió el PRI y sus candidatos fue apabullante: en 1988, a la campaña priísta los dos noticiarios principales le otorgaron 92% del espacio; en 1994 disminuyó a 32%; en 2000, a 28.12%; y en 2006 se mantuvo en 28.13% (gráfico IV.9). 86

Gráfico IV.9. Tendencia histórica de espacio dedicado en los dos principales noticieros de la televisión mexicana a los partidos y candidatos en procesos electorales

100% 80% 60% 40% 20% 0%

1988

1994

2000

2006

2012

PAN

17%

31%

28%

27%

PRI

92%

32%

28%

22%

PRD

19%

23%

33%

24%

Fuente: Trejo, 2006: 223; e IFE/UNAM, 2012.

El gráfico IV.9 confirma que el tema de la igualdad de trato –en términos de equilibrio más o menos progresivo– en el tiempo total concedido a los candidatos y partidos o coaliciones electorales en espacios noticiosos, está superado. No obstante, subsisten dudas en cuanto al tratamiento de la información al privilegiar con adjetivos y calidad a determinado candidato u organización política. Desde 1994, Miguel Acosta y Sergio Aguayo enumeraron las deficiencias aún visibles en el trabajo de los medios para informar a los electores y persuadir en el sentido del voto: hay un manejo discrecional de la información (desde citar a miembros del gobierno e ignorar a los opositores como una forma de seleccionar la versión de la realidad) y una reiterada cita de la declaración presidencial del día; también hay un manejo de los tiempos y lugares como mecanismo útil para evadir la objetividad, se fragmenta el análisis y se ignora aquellos aspectos que contradicen lo que se quiere probar; del mismo modo, hay una sintomática adjetivación de los reporteros, locutores o los mismos entrevistados; además, hay una presentación de imágenes –unidad básica en televisión– y un manejo de planos con significado e intencionalidad42; 42

El plano general proporciona al espectador la magnitud del acto reseñado, los personajes aparecen de cuerpo entero y con datos que permite apreciar el ambiente del acto político, propicio para mostrar el tamaño de las concentraciones, lo cual tiene efecto político.

por último, se expresan caricaturizaciones y parodias de ciertos actos, discursos e incluso diferencias físicas o de lenguaje de los candidatos (Aguayo y Acosta, 1997: 50). Volviendo a 2012, los datos empíricos provistos por la UNAM en su monitoreo sugieren que, si bien existe un equilibrio en cuanto a tiempo destinado a los partidos y coaliciones, por tratamiento informativo, se presentó un manejo positivo hacia la figura de Enrique Peña Nieto y un mayor número de valoraciones negativas hacia la candidata del PAN. Las piezas informativas con valoración - 3853 - indican un mejor tratamiento hacia el PRI y su candidato (gráfico IV.10). 43

Gráfico IV.10. Piezas informativas analizadas con valoración por partido o coalición, 2012

COMPROMISO POR MEXICO MOVIMIENTO PROGRESISTA PAN

NUEVA ALIANZA 1619 907 948

1320 677

738 490 597

478

655

1064 607

Fuente: IFE/UNAM, 2012.

CON VALORACION

POSITIVA

NEGATIVA

Cuando se compara el tratamiento en valoraciones entre partido y candidato, resulta evidente el favorecimiento hacia Enrique Peña Nieto, pues es el único candidato con más valoraciones positivas que 43

La metodología seguida por la UNAM en cuanto al número de valoraciones positivas y negativas, sugiere que en una misma pieza informativa se presentaron una o más valoraciones, siendo éstas positivas, negativas, positivas y negativas en la misma pieza analizada. De ahí que el número de piezas no corresponda con la suma entre valoraciones positivas y negativas.

negativas. Al mismo tiempo, la mayor cantidad de valoraciones negativas son tanto para el PAN como para su candidata (gráfico IV.11).

Gráfico IV. 11. Piezas informativas analizadas con valoración por candidato, 2012 EPN 1104 891 747 662

JVM

AMLO

1231 974

558 668

477

476

Fuente: IFE/UNAM, 2012. PIEZAS VALORADAS POSITIVAS

480

NEGATIVAS

En radio se analizaron 106 mil 470 piezas (de éstas, sólo 3 mil 552 mostraron valoración) y 29 mil 993 en televisión (301 con valoración). Sin embargo, tanto en radio como en televisión –no obstante el pequeño número de piezas valoradas– se confirma la presencia de visiones positivas para Peña Nieto, no así para Vázquez Mota y López Obrador, quienes recibieron dos valoraciones negativas por cada positiva. No se distinguen diferencias por medio: radio y televisión parecen seguir la misma pauta (gráficos IV.12 y IV.13).

Gráfico IV.12. Valoraciones en informativos radio, 2012 JVM

521 453 606 440

AMLO 1139 891

POSITIVO Fuente: IFE/UNAM, 2012. 89

583

449 516

NEGATIVO

Gráfico IV.13. Valoraciones en informativos TV, 2012 JVM

AMLO

EPN GQ 92 83

62 37

Fuente: IFE/UNAM, 2012. POSITIVO

NEGATIVO

Pluralidad, crítica e impugnación El movimiento #YoSoy132 reconfiguró el debate político con su manifestación en contra del control mediático y su exigencia de transparencia en los monopolios de la información. Este movimiento emergió cuando voceros del PRI descalificaron a estudiantes de la Universidad Iberoamericana que abuchearon a Peña Nieto; en respuesta, 131 estudiantes grabaron un video mostrando sus identificaciones universitarias. El movimiento se expandió rápidamente en las redes sociales de internet, y lanzó una demanda de “democratización de los medios”. Más adelante retomó una idea que giraba en el ambiente desde 2005: la construcción televisiva de la candidatura de Peña Nieto. En el primer debate televisado entre los candidatos presidenciales (véase el capítulo III de este libro), Peña Nieto lanzó una frase que abrió la puerta a una polémica sobre el papel del dinero en la política y en los medios: “Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel, porque durante su gestión como jefe de gobierno destinó más de mil millones de pesos”. Esta idea –el gasto público que disfrazado va hacia las televisoras para promocionar, favorecer y diseñar la candidatura de un político– fue la tesis que el movimiento juvenil desarrolló en las redes sociales y que el Movimiento Progresista utilizó 90

para impugnar la elección, utilizando la frase de Peña Nieto como una evidencia de que él mismo ha utilizado dicha práctica. Con base en “docenas de archivos informáticos”, medios como Proceso, La Jornada y The Guardian describieron un ambicioso proyecto de asesoría y venta de cobertura favorable en la pantalla de Televisa a Enrique Peña Nieto, por un monto de 742 millones de pesos, de los cuales 691 millones correspondían a spots y a la compra de espacios en sus noticiarios, programas de espectáculos y mesas de análisis informativo.44 Las notas informativas suponían que, después de que Enrique Peña Nieto había tomado posesión como Gobernador del Estado de México, se había convenido con Televisa un plan de publicidad en televisión y revistas que incluyó diseño de estrategia de comunicación y propaganda encubierta a través de notas informativas, reportajes, entrevistas, publirreportajes, infomerciales y otros productos mediáticos. El PRD, asumiendo la veracidad de estas notas de prensa, impugnó la elección ante el IFE y posteriormente ante el TEPJF, por considerar que la utilización de recursos públicos para la promoción y el posicionamiento político de Enrique Peña Nieto a través de propaganda y publicidad encubierta, presentada como cobertura noticiosa en Televisa, tenía “el evidente propósito de una inversión a largo plazo de obtener la Presidencia de la República en la elección del año 2012” (IFE, 2012). La resolución en primera instancia del IFE fue sencilla a raíz de la débil argumentación de la impugnación: la contratación de publicidad está amparada en las libertades de trabajo y comercio; el motivo de inconformidad ya había sido materia de estudio y pronunciamiento por el Consejo General del IFE, así como por parte de la Sala Superior del TEPJF. Es válido contratar la difusión de materiales televisivos, a través de los cuales se pueden dar a conocer los informes anuales de labores del titular del poder ejecutivo del Estado de México, así como sus logros, compromisos, infraestructura o programas de gobierno. Por tanto, el IFE declaró “infundado el procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra del C. Enrique Peña Nieto, entonces Gobernador del Estado de México” (IFE, 2012). 44

Dicho plan contemplaba para el primer año de gobierno de Peña Nieto un presupuesto de 691 millones 734 mil pesos en mensajes de televisión, de los cuales 327.4 millones para spots y 364.3 millones para compra de información (Villamil, 2012: 6).

El TEPJF también declaró infundado el Recurso de Apelación 427/2012 interpuesto por la Coalición Movimiento Progresista, para impugnar el acuerdo CG573/2012 del Consejo General del IFE (con expediente remitido aquí en IFE, 2012). Su argumentación –más profunda– reconoce que las pruebas (notas, libros y reportajes) son responsabilidad de los comunicadores. Ergo, la interpretación e investigación personal no pueden convertirse en un hecho público y mucho menos generar prueba plena respecto de lo que en ellos se consigna: “estimar lo contrario y dar valor probatorio pleno a lo que se consigna en este tipo de publicaciones sería tanto como afirmar que cualquier acontecimiento, hecho o suceso que sea difundido a través de este tipo de medios de comunicación tendría que tenerse como cierto”.

Pendientes Es cierto que se ha avanzado en garantizar el acceso a la información pública y la libertad de opinión a través de diversos medios de comunicación, pues el Estado ya no posee la propiedad y el dominio que sobre los medios ejerció durante casi todo el siglo XX. Incluso ha perdido capacidad de influencia y manejo sobre el ejercicio periodístico y su función social de informar, de manera veraz y plural, a la sociedad mexicana. También es verdad que existe un mayor escrutinio sobre los asuntos públicos. Y no se puede negar que se han abierto los canales de opinión tanto a los partidos como a los candidatos y analistas de diversas corrientes de pensamiento que con su juicio orientan y permiten pensar en un ciudadano más informado (Trejo: 2001). No obstante lo anterior, el funcionamiento actual de los medios y el esquema de “encerrar” en cápsulas propagandísticas la información ha provocado que se trivialice el mensaje político; gran parte del discurso presentado se centra en lo negativo de la actuación de los políticos e instituciones; privilegia la imagen sobre las ideas, los personajes sobre los partidos y sus plataformas. Los medios han profundizado la personalización y la imagen del político, más que difundir su propuesta u oferta programática. A su vez, a los partidos les ha interesado proyectar la imagen de los candidatos que, convertidos en celebridades mediáticas, mantienen su presencia en televisión y radio a través del discurso simple, la presentación de sus sentimientos o valores, y, sobre todo, la trivialización de la actividad política reforzando el aspecto afectivo 92

(pasional y emotivo) sobre el cognoscitivo (razón e información) (Trejo: 2004). La movilización estudiantil nos recordó que la omisión informativa sobre actos, declaraciones o actores políticos, es aún notoria. El ocultar o minimizar información no sólo empobrece la calidad del debate y la cultura política, sino también despierta múltiples suspicacias en torno a los intereses privados de los medios con respecto a algunos candidatos e institutos políticos, lo que a su vez produce la reiterada desconfianza en las instituciones políticas y también en los medios electrónicos nacionales. Es difícil, a pesar de la ley electoral, regular el manejo discrecional de la información. Su fiscalización implica consideraciones de carácter cualitativo, pues la evaluación de la calidad de la información que los medios de comunicación presentan abre la discusión entre derecho a la información y libertad de prensa. Mucho falta para considerarlos estimulantes de la discusión pública, canales de organización y expresión de intereses de grupos socialmente significativos de la población, cauces de expresión de puntos de vista divergentes, que con información amplia y detallada informen al ciudadano mexicano. Parte de los escollos más preocupantes para la equidad y el funcionamiento equitativo de la competencia político-electoral radica en la excesiva concentración de medios en pocas manos, lo que les otorga no sólo un relevante poder económico, sino también poder para imponer temas en la agenda pública y crear opinión pública favorable o desfavorable a los actores e instituciones políticas, según criterios mercantiles e ideológicos, e incluso negociar con el aparato estatal convertidos en actor político, pues la pluralidad en fuentes informativas contrapuestas y la apertura a las diversas corrientes de opinión e ideas garantizan a los ciudadanos la posibilidad de ponderar opiniones ideológicas diversas e incluso contrapuestas (Apreza Salgado, 2007: 63). Hacia allá hay que trabajar, sin duda, para trasformar la adopción de formatos y estilos de mensajes de la publicidad comercial (la creación de equipos especialistas en el marketing electoral, en imagen, en relaciones públicas), y construir candidaturas y propuestas de gobierno debidamente informadas, reflexionadas y debatidas a profundidad, antes de que se nos muestre como normal la espectacularización de la política, la personalización de las candidaturas, la difuminación de ideologías, 93

programas o tradiciones partidistas, en fin, la supremacía de la imagen y el empobrecimiento de la cultura política.

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CAPÍTULO

La renovación de poderes federales y los comicios locales Introducción

n la jornada electoral del 1 de julio de 2012 se eligieron un total de 2 mil 127 cargos de elección popular, en el proceso federal y en procesos locales. En el ámbito federal se llevaron a cabo elecciones para renovar la Presidencia de la República, las 500 que componen la Cámara de Diputados y las 128 senadurías de la Cámara alta. En los comicios federales se instalaron 143 mil 435 casillas, de un total programado de 143 mil 43745. El padrón electoral estuvo compuesto de 84 millones 464 mil 713 electores, mientras que la lista nominal constó de 79 millones 454 mil 802. El presupuesto del IFE (incluyendo las prerrogativas a los partidos políticos) fue de 15 mil 296 millones 936 mil 922.38 pesos, lo que representó un incremento moderado respecto de la elección de 2006, cuando había sido de 14 mil 588 millones 709 mil 432.69 pesos (IFE, 2012).46

A las 3 de la tarde de 1 de julio de 2012, Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del IFE, reportó que sólo 2 casillas no se habían instalado, una en Juchitán de Zaragoza y otra en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, además de que también en este Estado se instalaron 7 casillas en donde no se había emitido votación, correspondiendo a cuatro municipios indígenas de la sierra norte del Estado. El cómputo final de la elección presidencial confirma que sólo dos casillas no se instalaron, en el Estado de Oaxaca. (http://computos2012.ife.org.mx/reportes/presidente/distritalPresidenteEF.html). 46 Cifras relevantes del proceso electoral federal 2011-2012

En el ámbito local tuvieron lugar 15 procesos electorales. Se renovaron seis gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Yucatán) y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Hubo elecciones de diputados locales en quince entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal. Elecciones de ayuntamientos hubo en catorce de ellas (San Luis Potosí, Yucatán, Sonora, Jalisco, Tabasco, Nuevo León, Colima, Guerrero, Campeche, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Querétaro y Chiapas), y en el Distrito Federal para renovar jefes delegacionales. En total, fueron electos 6 gobernadores, 1 jefe de gobierno, 579 diputados locales, 876 ayuntamientos, los 16 jefes delegacionales de la capital del país y 20 juntas municipales en Campeche.

La elección de Presidente de la República La noche de la jornada electoral, la candidata del PAN, si bien aceptó el resultado, denunció la inequidad del proceso a favor del PRI. En cambio, López Obrador solicitó la apertura de paquetes electorales y el recuento de algunas casillas. El cómputo de votos en los Consejos Distritales del IFE, conforme a las actas de escrutinio y cómputo de casillas, inició el miércoles 4 de julio. Luego, el IFE llevó a cabo un recuento de votos en 54.8% de las casillas, por lo que se volvieron a contar 78 mil 469 paquetes electorales, lo que equivale a 45 millones 049 mil 356 votos, siendo marginales las variaciones porcentuales que hubo entre el resultado del cómputo distrital respecto del recuento.47 Más adelante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la impugnación global de la elección por parte de la coalición Movimiento Progresista, así como numerosos juicios de inconformidad contra cómputos distritales (véase capítulo VI para detalles). El cuadro V.1 contiene los resultados de la elección presidencial finalmente determinados por el TEPJF. Con más de 50 millones de votos emitidos, la participación ciudadana fue de 63.34%.

Por su parte, a principios de agosto de 2012 la Sala Superior del TEPJF ordenó realizar el recuento de votos de la elección presidencial contenidos en otros 1 mil 109 paquetes electorales de sendas casillas, correspondiendo a 135 distritos electorales (véase la nota periodística en línea, de 3 de agosto de 2012, en http://www.adnpolitico.com/2012/2012/08/03/tepjf-ordena-recuento-de-votos-solo-en1109-casillas).

EPN obtuvo el mayor número de votos, y por tanto la presidencia de la República. A diferencia de hace seis años, cuando la diferencia entre primero y segundo lugar (Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) fue de 0.5%, en esta ocasión hubo una diferencia de 6.62% entre el candidato puntero y el segundo lugar (AMLO). En tercer lugar arribó JVM, más de seis puntos atrás de AMLO. Y en cuarto y lejano lugar quedó GQT, quien apenas logró superar el umbral de 2% necesario para mantener el registro de su partido. Cuadro V.1. Resultados de la elección presidencial en México (2012) Partidos % PAN 25.41 PRI-PVEM 38.21 PRD-PT-MC 31.59 Nueva Alianza 2.29 No registrados 0.04 Nulos 2.47 Total 100.00 Fuente: Elaborado con información del TEPJF, Cómputo final.

Votos 12, 723, 630 19, 158, 592 15, 848, 827 1,146, 085 20, 625 1 ,236, 857 50 ,143, 616

Con estos resultados el PRI vuelve a ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo después de 12 años. Con ello, por apenas segunda ocasión desde 1928, ha tenido lugar una alternancia de partido en la presidencia. Los resultados en elecciones federales y locales de 2009, 2010 y 2011 habían ya venido marcando una tendencia –tanto a nivel federal como local– favorable al PRI, que se confirma ahora al recuperar este partido la presidencia de la República y gobernar en 21 entidades federativas (incluyendo Chiapas, con la coalición PRI-PVEM encabezada por un militante de éste partido). Sin embargo, en la elección federal de 2012, el PRI no logró por sí mismo obtener mayoría parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, pues obtuvo menos de la mitad de diputaciones y de senadores. Aun así, es notoria la recuperación para un partido que había quedado en magro tercer lugar en la elección presidencial de 2006, y que en 2009 pudo iniciar una trayectoria ascendente al ganar un número mayor de diputaciones que los otros partidos, del mismo modo que logró incrementar el número de Estados en su poder en el periodo de 2009-2012.

Las elecciones legislativas

Los cuadros V.2 y V.3 contienen los porcentajes de votación logrados por cada partido en las elecciones de diputados y senadores, respectivamente. Comparando con el cuadro V.1, se observa que tales porcentajes son coherentes con los que obtuvieron en la elección presidencial (en los casos de las coaliciones, sumando los porcentajes obtenidos en las legislativas por sus respectivos partidos integrantes). El cuadro V.2 consigna la integración de la Cámara de Diputados federal para la LXII Legislatura (2012-2015). El partido con mayor representación será el PRI, que con 207 curules tendrá mayoría simple (o relativa). Este es un resultado favorable, pero no tan auspicioso, si se considera que perdió 30 escaños respecto de los que había ganado en 2009. Cuadro V.2. Integración de la Cámara de Diputados 2012-2015 (LXII Legislatura) Partido

Mayoría Representación Total Relativa Proporcional PRI 158 49 207 PAN 52 62 114 PRD 56 44 100 PVEM 19 15 34 PT 8 11 19 MC 7 9 16 NA 0 10 10 Total 300 200 500 Fuente: Elaborado con información del TEPJF, Cómputo final.

% de Votación 31.8 26.9 18.3 6.1 4.6 4.0 4.0 100.0

El Partido Acción Nacional tendrá el segundo grupo parlamentario más numeroso, con 114 escaños, 39 menos que en 2009. El PRD tendrá el tercer grupo parlamentario en tamaño, con 100 diputados, 29 más que tres años antes. El Partido Verde Ecologista de México tendrá 34 legisladores, comparado con 21 en 2009. El Partido del Trabajo pasa de 13 legisladores a 19. Movimiento Ciudadano crece de 6 diputados a 16 diputados. Nueva Alianza tendrá 10 diputados. Si se consideran las alianzas que podrían tener lugar en la LXII Legislatura (2012-2015), una coalición entre PRI, PVEM y Nueva Alianza arrojaría un total de 251 diputados, con la cual alcanzarían mayoría absoluta (mayoría parlamentaria), suficiente para poder modificar la legislación secundaria sin concurso del PAN y/o el PRD. Una alianza entre PRD-PT-MC apenas alcanzaría 135 diputados. Una coalición entre los tres 100

partidos de izquierda y el PAN quedaría apenas por debajo de la mayoría absoluta, con 249 diputados. El cuadro VI.3 informa los resultados de la elección de senadores. Con 52 senadores el PRI será el grupo parlamentario más numeroso, habiendo crecido respecto de sus 33 senadores electos en 2006, cuando fue el segundo grupo en el Senado. Una constante que se ha presentado en las elecciones de los años 2000, 2006 y 2012 ha sido que el presidente en turno ha contado con una mayoría relativa en el Senado, lo cual es un factor para poder iniciar exitosamente ahí algún procedimiento de reforma legal o constitucional, que luego pueda ser trasladado a la Cámara de Diputados como Cámara revisora. El PAN se posicionó en segundo lugar, con 38 asientos, perdiendo 14 respecto de 2006. El PRD logró 22 curules, siete menos que seis años atrás. El PVEM alcanzó 9 escaños, tres más que en la anterior elección de senadores. El PT obtuvo 4 legisladores, dos más que en 2006. El Movimiento Ciudadano cayó de cinco a dos senadores. Nueva Alianza tendrá un senador. Cuadro V.3. Integración de la Cámara de Senadores (2012-2018) (LXII y LXIII Legislaturas) Partidos

Mayoría Representación Total relativa Proporcional PRI 41 11 52 PAN 29 9 38 PRD 16 6 22 PVEM 7 2 9 PT 2 2 4 MC 1 1 2 NA 0 1 1 Total 96 32 128 Fuente: Elaborado con información del IFE, Cómputo distrital.

% de Votación 31.2 26.6 18.5 5.7 4.6 4.0 3.7 100.0

Considerando la posibilidad de coaliciones legislativas, el PRI tiene 52 senadores por lo que necesita 13 votos más para alcanzar la mayoría absoluta (65 senadores de un total de 128). Una alianza suya con el PVEM y Nueva Alianza apenas alcanzaría para sumar 62 votos. Una alianza entre el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, contaría únicamente con 28 senadores. Una alianza entre estos tres y el PAN tendría cómoda mayoría absoluta, con 66 legisladores. 101

En otro aspecto, la LXII Legislatura (2012-2015) será la que tenga el mayor número de mujeres hasta ahora. En la Cámara de Diputados habrá 187 (equivalente al 37.40% del total de 500: 90 por mayoría relativa y 97 por representación proporcional). En el senado habrá 42 mujeres (32.81% del total de 128: 26 por mayoría representativa y 16 por representación proporcional).

Las elecciones de gobernadores y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal De las siete entidades en que hubo elecciones de ejecutivos locales, en cuatro hubo alternancia de partido en el gobierno (Chiapas, Jalisco, Morelos, Tabasco), y en tres los votantes ratificaron al partido que ya ocupaba el ejecutivo (Distrito Federal, Guanajuato, Yucatán, en manos respectivamente del PRD, el PAN y el PRI). En saldos netos, el PAN perdió Jalisco y Morelos; el PRI perdió Tabasco, pero ganó Jalisco; el PRD perdió Chiapas, pero ganó Morelos y Tabasco; y el PVEM ganó Chiapas (en alianza con el PRI y el PANAL). En el Distrito Federal, el PRD en coalición con el PT y el Movimiento Ciudadano presentaron la candidatura a Jefe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien obtuvo el triunfo con 63.5% de la votación. Este porcentaje tan alto de votos no lo había logrado nunca ningún candidato de la izquierda en el D.F. El segundo lugar fue para el PRI quien postuló a Beatriz Elena Paredes Rangel y tuvo 19.7% del total de votos. El tercer lugar fue para Isabel Miranda de Wallace, candidata del PAN, con 13.6% de la votación. Por último, Rosario Guerra Díaz, de Nueva Alianza, apenas alcanzó 1.2%. El Distrito Federal mantiene un sistema de partido predominante; el nivel de competitividad es bajo dada la alta votación obtenida por el PRD en sucesivas elecciones federales y locales, desde 1997, con sólo una excepción parcial en 2000, cuando el PAN –aliado en esa ocasión con el PVEM– ganó las elecciones federales, pero no las locales, en el Distrito Federal. En Chiapas, la coalición PRI-PVEM-PANAL obtuvo el triunfo con el 67.1% con la candidatura de Manuel Velasco Coello, afiliado al PVEM. Desplazó así al PRD del ejecutivo local. El segundo lugar fue para la coalición PRD-PTMC con 17.5%, a través de la candidatura de María Elena Orantes López. El tercer sitio fue para el PAN con 9.0%, con la candidatura de Emmanuel Nivón González. Como consecuencia de estos comicios se conforma un 102

formato de partido dominante a favor del PRI en la entidad, con un bajo nivel de competitividad en esta ocasión, a pesar de la alternancia, pues la distancia entre primero y segundo lugar fue significativamente grande (50 puntos porcentuales). En Guanajuato, el PAN retuvo la gubernatura: su candidato Miguel Márquez Márquez obtuvo 48.3% de la votación, en coalición con el Partido Nueva Alianza. El segundo lugar fue para la coalición PRI-PVEM, que alcanzó 40.9% con la candidatura de Juan Ignacio Torres Landa. El tercer sitio lo ocupó el PRD con 5.0% con su candidato fue Arnulfo Montes de la Vega. Por su parte, el PT ocupó el cuarto lugar con 1.2% de la votación bajo la candidatura de Ernesto Prieto. Por último, el Movimiento Ciudadano tuvo 0.9% y su candidato fue Enrique Eguiarte Alvarado. Cabe decir que la ciudad de León la ganó el PRI después de 24 años con gobiernos del PAN. En Jalisco, el PRI ganó la gubernatura en coalición con el PVEM; su candidato fue Jorge Aristóteles Sandoval, quien obtuvo 38.8% de la votación. El segundo lugar lo ocupó el candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez con 34.1%. Mientras que el PAN, después de 18 años en el gobierno, fue desplazado hasta el tercer lugar con 19.8%, bajo la candidatura de Fernando Guzmán. En Morelos, el PRD alcanzó el triunfo en coalición con el PT y Movimiento Ciudadano; su candidato Luis Graco Ramírez Garrido Abreu obtuvo 43.3% de los votos. El segundo sitio fue para la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza con la candidatura de José Armando Orihuela Trejo, quien tuvo 34.7%. Después de 12 años de gobiernos de Acción Nacional, el tercer lugar fue para el aspirante de ese partido, Adrián Rivera Pérez, quien alcanzó 15.1%. Por último, el candidato del Partido Social Demócrata de Morelos, Julio Yáñez Moreno, tuvo 4.1%. Considerando que los tres principales partidos han gobernado la entidad, se puede considerar que el sistema de partidos de Morelos es multipartidista (PRD-PAN-PRI) y altamente competitivo. En Tabasco triunfó el PRD en coalición con el PT y Movimiento Ciudadano; su candidato, Arturo Núñez Jiménez, obtuvo 51.4% de los votos. El segundo lugar lo ocupó Jesús Alí de la Torre quien encabezó la alianza PRI-PVEM-PANAL con 43.7%. Terminaron así ocho décadas de 103

predominio priísta48. El tercer lugar fue para el PAN con la candidatura de Gerardo Priego (4.8%). El formato de competencia en la entidad se delinea bipartidista (PRD-PRI), perdiendo el PRI uno de los pocos bastiones electorales que le quedaban. En Yucatán, el PRI retuvo la gubernatura al triunfar en coalición con el PVEM y el Partido Social Demócrata de Yucatán, a través de la candidatura de Rolando Rodrigo Zapata Bello, alcanzando 50.5% de la votación. En segundo lugar quedó el candidato del PAN, Joaquín Díaz Mena, con 41.5%. El tercer sitio fue para la coalición formada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, bajo la candidatura de Eric Villanueva, quien obtuvo 5.3% de los votos. Cuadro V.4. Resultados de las elecciones de gobernadores y Jefe de Gobierno, 2012. Porcentajes de votación obtenida. Entidad PRI PAN Chiapas 67.1 9.0 D.F. 19.7 13.6 Guanajuato 40.9 48.3 Jalisco 38.8 19.8 Morelos 34.7 15.1 Tabasco 43.7 4.8 Yucatán 50.5 41.5 Fuente: Elaborado con la información de federativas mencionadas.

PRD 17.5 63.5 5.0

1.2

0.9 34.1

PNA

PSD

1.2

43.3 4.1 51.4 5.3 los institutos electorales de las entidades

De acuerdo con los resultados de las elecciones de gobernador en 2012, el PRI tiene casi dos tercios del total de gobiernos subnacionales en su poder. La pérdida de gubernaturas para el PRI había comenzado en 1989, cuando el PAN ganó la de Baja California, en un país que había sido ampliamente dominado por el otrora partido oficial –hasta entonces– durante seis décadas. En el periodo de 1989 a 2009, el número de entidades federativas gobernadas por el PRI se había reducido de 32 a 17, pero durante los siguientes tres años este partido incrementó ese número a 20 (véase Mapa V.1).

Considerando en este periodo de tiempo, para el Estado de Tabasco, no sólo al PRI, sino también a sus antecesores directos: el Partido Nacional Revolucionario (1929-1938) y el Partido de la Revolución Mexicana (1938-1946).

104

Mapa V.1. Gubernaturas por partido político

(Se consideran los resultados de elecciones locales realizadas el 1 de julio de 2012)

Fuente: Elaboración de Miguel González Madrid con base en datos de los Institutos Electorales locales. Notas: 1) La coalición PRD-PT-Convergencia ganó en 2010 la elección de gobernador de Oaxaca. Se ha preferido identificar la gubernatura con el Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) debido a la filiación partidista del gobernador. 2) Dada la elección en 2012, el siguiente periodo de gobernador en Jalisco inicia en febrero de 2013, pero se ha preferido identificar en este mapa el triunfo del PRI en uno de los Estados anteriormente gobernados por el PAN. 3) El PRD ganó Tabasco en 2012, que se suma al Distrito Federal y los Estados de Morelos y Guerrero en su poder. 4) El PAN conserva en su poder los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato y Puebla. 5) El Estado de Chiapas estará en poder de la coalición PRI-PVEM-PANAL a partir del 8 de diciembre de 2012, pero se identifica aquí en poder del PVEM debido a la filiación del que será nuevo gobernador.

El perfil del votante mexicano en 2012 En los comicios presidenciales el abstencionismo fue de 37.7% de ciudadanos inscritos en lista nominal. Ahora bien, de acuerdo con lo que mostraron los muestreos y sondeos de opinión, en 2012 abundaron los votantes indecisos: el porcentaje promedio de indecisos hasta la semana previa a las elecciones fue de 19% (La Jornada, 25 de junio, 2012). Un 105

porcentaje tan alto como ese hace que el margen de error en las mediciones sobre preferencias o intención del voto se distorsione y, consecuentemente, la distancia entre los resultados de encuestas previas al día de la jornada electoral y el resultado oficial tienda a abrirse. Posiblemente el alto porcentaje de indecisos se vincule con la fluctuación electoral que ya se venía registrando desde la elección federal de 2009. El electorado, que en 2006 se había repartido mayoritariamente entre el PAN y el PRD, se desplazó luego hacia el PRI. Esta tendencia se mantuvo en las elecciones locales de 2010 y 2011, y se confirmó en los comicios de 2012. En este último año, las elecciones locales del Distrito Federal, Guanajuato y Yucatán confirmaron –como ya se dijo– a sus respectivos partidos en el gobierno. En el resto de las entidades se presentaron fluctuaciones en las preferencias del electorado, tanto en la elección de Presidente de la República como en las de gobernadores, por lo general desfavorables para el PAN. La caída de Acción Nacional y el triunfo del PRI en la elección presidencial se explicarían así, en parte, por un voto de castigo hacia el primero, o sea un voto retrospectivo en una fracción de los ciudadanos.49 La encuestadora Consulta Mitofsky publicó datos que permiten inferir la distribución del voto en diversos segmentos sociodemográfico. El cuadro V.5 permite apreciar, por ejemplo, que el candidato que captó mayor proporción de votos masculinos fue Gabriel Quadri, seguido por López Obrador y luego por Peña Nieto, quedando Vázquez Mota en cuarta posición en este rubro. Inversamente, la candidata del PAN tuvo la mayor proporción de votos femeninos. Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto tuvieron poca proporción de votantes jóvenes de 18 a 29 años; Andrés Manuel López Obrador tuvo mayor votación en ese sector de jóvenes; a su vez, dentro de la escasa votación de Gabriel Quadri destacaron los jóvenes. En este contexto, un dato relevante es que en la elección de 2006 votó 49% de la población de entre 18 y 24 años, mientras que esta cifra se elevó a 63% en 2012. En este rango de edad –de acuerdo con la Lista Nominal de Electores– hay un total de 12 millones 604 mil 708 jóvenes, de los 49

El voto retrospectivo es aquel en donde el votante evalúa el desempeño del partido en el gobierno para determinar si lo mantiene en el poder o le otorga su voto a la oposición. Esta decisión del elector se traduce en un “voto de premio o castigo”.

106

cuales se estima que votaron alrededor de 8 millones 23 mil 779 (Consulta Mitofsky, 2012). En lo relacionado con el nivel de escolaridad, no hubo mayores diferencias, salvo en el caso de quienes cuentan con licenciatura o posgrado, entre los cuales Quadri encontró un número apreciable de votos, siempre considerando que su votación fue escasa. Los votantes de Quadri tuvieron también un perfil más urbano que el de sus rivales. Cuadro V.5. Perfil del votante en las elecciones presidenciales de 2012 Perfil

Josefina Vázquez Mota (%)

Sexo Hombre 41.1 Mujer 58.9 Total 100 Edad De 18 a 29 años 29.7 De 30 a 49 años 45.8 50 o más años 24.5 Total 100 Escolaridad Primaria o menos 26.1 Secundaria/Preparatoria 64.1 Universidad/Posgrados 9.4 No sabe / No contestó 0.4 Total 100 Localidad Urbana 76.2 Rural 23.8 Total 100.0 Fuente: Consulta Mitofsky, 2012.

Enrique Peña Nieto (%)

Andrés Manuel López Obrador (%)

Gabriel Quadri de la Torre (%)

49.2 50.8 100

52.5 47.5 100

58.5 41.5 100

28.5 42.3 29.2 100

34.6 40.7 24.7 100

57.1 32.1 10.8 100

29.0 63.7 6.4 0.9 100

24.0 66.6 8.0 1.4 100

6.2 61.7 30.1 2.0 100

76.2 23.8 100.0

80.5 19.5 100.0

87.6 12.4 100.0

Sufragio transnacional: el voto desde el exterior El concepto sufragio transnacional describe el fenómeno de radicar en una nación y votar en otra, que se está extendiendo por el mundo: 115 naciones o territorios ya lo han adoptado (IDEA, 2007). Sufragio es un concepto que se refiere tanto a votar (sufragio activo) como a ser votado (sufragio pasivo) en condiciones establecidas por la ley, y abarca no sólo a quienes efectivamente votan y son votados, sino 107

también a quienes no lo hacen, cuya proporción varía según las circunstancias de cada elección y el sistema de premios y castigos en cada país. Por otra parte, transnacional indica que los miembros de una nación siguen siéndolo, aunque residan en otra; y es precisamente por esta noción de pertenencia que se les otorga el derecho a sufragar en la primera desde la segunda (Emmerich y Peraza, 2011). Desde 2006, los ciudadanos mexicanos que residen fuera de la República tienen derecho a votar desde el extranjero para elegir a su presidente de la República. En la actualidad, en seis entidades federativas se permite que sus conciudadanos residentes en el extranjero puedan emitir su voto por candidatos de elección popular: Desde 2007, los michoacanos residentes en el extranjero pueden elegir a su gobernador; desde 2012 lo permiten el Distrito Federal para elegir al Jefe de Gobierno, el Estado de Chiapas para elegir una fórmula especial de diputados y el Estado de Morelos para votar desde el extranjero en la elección de gobernador. También los Estados de Coahuila y Zacatecas han incorporado reglas sobre este tema: el primero previniendo la posibilidad de adoptar tal sistema de votación, mientras que el segundo, desde 2003, incorporó la figura de “diputado migrante” a efecto de favorecer la representación política de zacatecanos residentes en el extranjero. En realidad son muy pocos los mexicanos residentes en el extranjero que hasta la fecha han hecho uso de su derecho a votar desde su lugar de residencia, y 2012 no fue excepción, pero México y sus entidades federativas parecen transitar progresivamente por una ruta de flexibilización de las condiciones para la emisión del voto de sus conciudadanos (ICPCD, 2012). En ese tenor, en la elección presidencial de 2006, 56 mil 312 mexicanos solicitaron su inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LINERE), de los cuales se recibieron 32 mil 632 votos válidos (IFE, 2006). Para la elección presidencial de 2012, las solicitudes aprobadas alcanzaron a 59 mil 115, y se recibieron 40 mil 714 votos válidos, provenientes de 91 países (IFE, 2012). Casi 25% más que seis años atrás. Pero, aun así, ello representó un grano de arena (0.08%) frente a los 50 millones 323 mil 153 votos emitidos en total, o en relación a los 12.5 millones mexicanos que se estima viven fuera del país, principalmente en

108

EUA (CONAPO, 2012: 14), de los cuales aproximadamente 61.3% están en edad de votar (CONAPO, 2005: 3).50 A su vez, en 2012 los ciudadanos del Distrito Federal pudieron votar desde el extranjero a su Jefe de Gobierno, por vía postal o por internet. De tal modo, 10 mil 782 ciudadanos residentes en 98 países se inscribieron para votar. Se recibieron 7 mil 915 votos, de los cuales 5 mil 276 por la modalidad postal y 2 mil 639 por internet, lo cual representó un 0.17% de la votación total de 4 millones 769 mil 125 (IEDF, 201251); magra participación, pero superior a las registradas en la elección federal y en la de Chiapas. En tanto, en 2012, los chiapanecos residentes en el exterior pudieron participar para elegir una fórmula especial (titular y suplente) de diputados locales. A tal efecto se registraron 1 mil 192 chiapanecos para votar desde el exterior, de los cuales apenas 533 sufragaron. Otra vez, una semilla de mostaza (0.03%) frente a los 2 millones 018 mil 149 sufragios totales emitidos (IEPC, 2012). Esas tres experiencias muestran que los votantes desde el extranjero han sido renuentes a votar por el PRI. Este partido y su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lograron sólo 15.6% de los votos de residentes en el extranjero en la elección presidencial de 2012 (IFE, 2012). En la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el PRI recibió 10.7% y su aliado el PVEM 0.8% de los votos provenientes del extranjero (IEDF, 2012). En Chiapas, ni el PRI ni sus aliados registraron una fórmula especial de diputados, por lo que no recibieron votos (IEPC, 2012). Por otro lado, las votaciones desde el extranjero han mostrado una tendencia favorable al PAN. En la elección presidencial de 2012, el PAN obtuvo 42.2% de los votos de residente en el extranjero, aunque en el total del país se posicionó en el tercer lugar con 25.4%. En la elección de Jefe de 50

Según CONAPO (2012), en 2010 radicaban en EUA 11.9 millones de personas nacidas en México; a falta de información más precisa, el autor ha agregado 600 mil mexicanos más que estima radican en otras naciones para llegar a la cifra de 12.5 millones. A su vez, CONAPO (2005: 3) informa sobre las edades –por tramos– de los residentes en EUA, que fueron extrapoladas para llegar a 61.3% de 18 años y más. 51 Los datos aquí mostrados corresponden al Programa de Resultados Electorales Parciales (PREP).

109

Gobierno del Distrito Federal, el PAN obtuvo 28.7% de los votos desde el extranjero, frente a 13.6% del total de votos emitidos en dicha elección. En Chiapas el PAN y su aliado Por Chiapas ganaron la fórmula especial con 97.2% de los apenas 533 votos emitidos desde el extranjero.52 O sea, el PAN ganó dos de estas elecciones en el extranjero, mientras que en la restante le fue mejor en el exterior que dentro del país. ¿Es posible que los votantes desde el exterior estén reconociendo que fueron el presidente Fox (2000-2006) y el PAN los que promovieron el sufragio extraterritorial? Además, ¿es posible que estén influidos por los valores políticos más liberales y pro-capitalistas predominantes en su país principal de residencia, los Estados Unidos de América? Para un análisis más completo sobre esta cuestión, véase Emmerich: 2012.

Referencias Becerra Chávez, Pablo Javier (2011), “Balance de la elección federal” en Manuel Larrosa y Javier Santiago (coords.), Elecciones y partidos políticos en México 2009, UAM Iztapalapa, México, pp. 23-37. CONAPO (2005), Boletín Migración internacional núm. 20, Consejo Nacional de Población, México. CONAPO (2012), “Dinámica demográfica de México”. Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Dinamica_demografica_de_Mexico_2 000_2010 Consulta Mitofsky (2012), México: 1 de julio 2012, perfil del votante, México, julio de 2012, 16 pp. Fecha de consulta: 20 de agosto de 2012. Acceso en línea: http://consulta.mx/web/images/eleccionesmexicopdf/20120701_Perfil_Votante.pdf

Emmerich, Gustavo Ernesto (2012), “Sufragio transnacional: el voto de los mexicanos desde el extranjero”, ponencia preparada para el Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Nuevo Vallarta, octubre. Emmerich, Gustavo Ernesto y Xiomara Peraza Torres (2011), “Sufragio transnacional. Experiencias latinoamericanas de voto desde el extranjero y de voto de los extranjeros”, en Gustavo Ernesto Emmerich y Ludger Pries (coords.), La transnacionalización. Enfoques teóricos y empíricos, coedición Miguel Ángel Porrúa / UAM, México.

Mismas fuentes del párrafo anterior, señaladas conforme al sistema Harvard.

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ICPCD (2012), Proyecto monitoreo ciudadano con perspectiva binacional de tres fases del proceso electoral: campaña, jornada electoral y validación de la elección, Primer Informe Técnico, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. (ICPCD, A.C.) / PNUD, México, 1 de junio de 2012, 88 pp. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://www.iniciativaciudadana.org.mx/observatorioelectoralbinacional/imag es/1erinformetecnicoobservae.pdf IDEA (2007), Voting from Abroad, IDEA/IFE, colección The International IDEA Handbook, Estocolmo y México, xvi + 278 pp. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://www.idea.int/publications/voting_from_abroad/upload/Voting_from_abroad.pdf

Mirón Lince, Rosa María (2009) “Las elecciones 2009 y los resultados de largo alcance, partidos, electores e instituciones”, en Gustavo López Montiel, Rosa María Mirón Lince y Francisco Reveles (coords.), Los Estados en el 2009. Lucha política y competencia electoral, UNAM/IEEM, México, pp. 435-467. Moreno, Alejandro (2009), La decisión electoral. Votantes, partidos y democracia en México, Miguel Ángel Porrúa, México, 440 pp. Negretto, Gabriel (2010), “La dimensión electoral de la reforma política”, en Gabriel Negreto (ed.), Debatiendo la reforma política. Claves del cambio institucional en México, CIDE, México, pp. 33-81. Valdés Vega, Ma. Eugenia (2007), “Balance general de las elecciones 2006 en México”, en Roberto Gutiérrez, Alberto Escamilla y Luis Reyes (coords.), México, 2006: implicaciones y efectos de la disputa por el poder político, UAM Azcapotzalco, México, pp. 397-451.

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111

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Fuentes periodísticas La Jornada. El Universal. Reforma. Milenio.

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CAPÍTULO

Impugnaciones y conflicto postelectoral Introducción

n materia de impugnaciones, la elección presidencial marcó la tónica de las demás, tanto por la importancia estratégica del cargo presidencial en el sistema político mexicano, como por el antecedente de la competida e impugnada elección de 2006. En consecuencia, la elección de Presidente concentró el mayor número de juicios, en tanto que las de diputados y senadores fueron mínimamente impugnadas, a pesar de que todas se llevaron a cabo el mismo día.

La elección presidencial La Sala Superior recibió en total 378 juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial. La coalición Movimiento Progresista promovió 365 de ellos, de los cuales 364 impugnaron los cómputos distritales y el último, el llamado “recurso madre” identificado con el número de expediente SUP-JIN-359/2012, solicitó la nulidad de la elección presidencial en su conjunto por violación de principios constitucionales. Otros 12 fueron iniciados por ciudadanos y uno más por el PAN. Del total de 378 se desecharon 27 y se sobreseyó uno, por lo que finalmente se resolvieron 349 correspondientes a los cómputos distritales y el referido a la nulidad en su conjunto (TEPJF, 2012b: 5-6). Desde semanas antes de la jornada electoral, los dirigentes de la coalición Movimiento Progresista, los medios e intelectuales cercanos a ella, así como los estudiantes del movimiento #Yo Soy132, habían insistido en la 113

inevitabilidad de un fraude que conduciría a la “imposición” de Peña Nieto, y que se concretaría en una compra masiva de votos posibilitada por un gasto excesivo, así como por la influencia de Televisa y la manipulación de las encuestas. Por ejemplo, la primera plana de La Jornada del 30 de junio de 2012 decía: “Avalancha de quejas por la compra de votos en todo el país”. El mismo periódico publicaba el 1 de julio un reportaje titulado “La votación de hoy, marcada por el uso propagandístico de sondeos”. El 29 de junio este periódico publicaba un reportaje a plana completa (p. 3) titulado “Considera 71% de los mexicanos que puede haber fraude electoral”. En la sesión extraordinaria del Consejo General del IFE del 21 de junio, el senador del PRD Pablo Gómez afirmó: “Va a haber fraude, cuyo tamaño no sabemos. La compra del voto tiene su modalidad más fuerte en la operación tamal. La ley no garantiza el respeto al voto […]” (El Universal, 22 de junio de 2012, p. A-8). La dirección nacional del PRD declaraba: “Ante el fracaso de la guerra sucia en contra de nuestro candidato, ahora realizan intentos desesperados para manipular la voluntad popular” (La Jornada, 26 de junio de 2012, p. 17). Incluso un grupo guerrillero, el Ejército Popular Revolucionario, denunciaba el inminente fraude “para imponer al candidato de la oligarquía” (La Jornada, 30 de junio de 2012, p. 13). Por el contrario, el discurso de López Obrador, previo a la jornada electoral, si bien denunciaba un gigantesco operativo priísta para comprar el voto coordinado por los gobernadores de ese partido, también insistía en que el nivel de organización de su movimiento y los partidos miembros de la coalición hacían imposible un fraude electoral. Así, el 26 de mayo de 2012 declaraba: “En 2006 había mucho apoyo de la gente, ganamos la elección presidencial, pero no teníamos la organización que ahora tenemos; esto es lo que va a marcar la diferencia, ya no va a ser posible el fraude electoral o no se va a permitir el fraude electoral, vamos a tener representantes en todas las casillas” (Proceso, 24 de junio de 2012, p. 37). Menos de una semana antes de la jornada electoral, remataba: “es remota la posibilidad del fraude. A diferencia de 2006 tenemos más organización” (El Universal, 28 de junio de 2012, p. A-6). Incluso llamaba a los ciudadanos a recibir los recursos ofrecidos para comprar su voto, pero que ya en la casilla votaran con la libertad que garantiza el sufragio secreto. Durante los dos meses que transcurrieron entre la jornada electoral (1 de julio) y la resolución final de las impugnaciones por el TEPJF (31 de agosto), López Obrador y los dirigentes de la coalición que lo postuló 114

desarrollaron una estrategia mediática de presentación de las “pruebas” del fraude. Así, supuestas pruebas de la compra de cinco millones de votos desfilaron frente a los medios durante semanas, tales como tarjetas de la cadena de tiendas Soriana, tarjetas de Banca Monex, tarjetas telefónicas con propaganda de Peña Nieto, comprobantes de operaciones bancarias, etc., hasta llegar a la presentación de unos cuantos animales de granja. En esto siguieron el guión aplicado ya por ellos mismos en 2006, con una diferencia notable: ahora no realizaron un plantón a lo largo de media ciudad ni bloquearon la sede del TEPJF (Becerra Chávez, 2008: 1754). De hecho, las movilizaciones y la estrategia de resistencia antes de la sentencia del TEPJF corrieron a cargo de estudiantes y otros sectores (el Sindicato Mexicano de Electricistas, activistas de Atenco y otros), sin convocatoria explícita de AMLO. La coalición que postuló al político tabasqueño impugnó los cómputos distritales de la elección presidencial en 296 distritos, solamente cuatro menos del total en la geografía electoral del país, por medio de 364 juicios de inconformidad, con la pretensión de que se realizaran nuevo escrutinio y cómputo, es decir, que se recontaran 70 mil 341 casillas, así como de que se anularan los votos de otras 33 mil 665. Finalmente, el Tribunal declaró procedente el recuento de 1 mil 125 casillas y resolvió anular la votación recibida en otras 526, lo que modificó marginalmente el cómputo total. De los 296 cómputos distritales impugnados, en 225 el TEPJF realizó modificaciones (TEPJF, 2012b: 131-132). Además, la Sala Superior consideró que no se había actualizado la presencia de alguna de las causales de nulidad de la elección previstas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), que son las siguientes: 1.- Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad de la votación recibida en las casillas, se acrediten en por lo menos 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional y, en su caso, no se hayan corregido durante el recuento de votos. 2.- Cuando en el territorio nacional no se instale 25% o más de las casillas y, por tanto, la votación no hubiere sido recibida. 3.- Cuando el candidato ganador de la elección resulte inelegible (LGSMIME, artículo 77 Bis). 115

Después de la resolución de los juicios de inconformidad dirigidos contra los cómputos distritales de la elección presidencial, el TEPJF llegó a los resultados que muestra el cuadro VI.1. Cuadro VI.1. Cómputo distrital y cómputo final. Elección presidencial 2012. Partido Acción Nacional Cómputo 12,786,647 Distrital %

Coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) 19,226,784

25.41

38.21

Cómputo 12,732,630 final

19,158,592

Coalición Nueva Candidatos Nulos Votación Movimiento Alianza no Total Progresista registrados (PRD-PTMC) 15,896,999 1,150,662 20,907 1,241,154 50,323,153 31.59

2.29

15,848,827 1,146,085

0.04

2.47

100.00

20,625 1,236,857 50,143,616

25.39

38.21

31.61

2.29

0.04

2.47

100.00

Variación

-54,017

-68,192

-48,172

-4,577

-282

-4,297

-179,537

-0.42

-0.35

-0.30

-0.40

-1.35

-0.35

-0.36

Fuente: Elaborado con información del IFE, Cómputo distrital, y el TEPJF, Cómputo final.

Por lo que hace al llamado recurso “madre” (clasificado por la Sala Superior del TEPJF con expediente SUP-JIN-359/2012), el 9 de julio López Obrador confirmó que la coalición que lo postuló impugnaría la elección presidencial en su conjunto, pero que aún no decidía cuál de las “dos vías: nulidad o invalidez” tomarían (La Jornada, 10 de julio de 2012). Finalmente, el juicio de inconformidad se interpuso con la finalidad de solicitar la “nulidad de la elección presidencial”, solicitando la “declaración de no validez de esta elección por violación a los principios constitucionales de elecciones auténticas y sufragio libre”, así como la cancelación del registro de candidato a Enrique Peña Nieto por rebase del tope de gastos de campaña (véase TEPJF, 2012a). Los abogados de la coalición basaron el tema de la “invalidez” de una elección “por violación de principios constitucionales” en algunas sentencias del TEPJF en materia de elecciones locales. 53 Este criterio,

Particularmente la correspondiente al expediente SUP-JRC-165/2008 acerca de la elección de la autoridad municipal de Acapulco, caso en el que la Sala Superior no declaró la invalidez de la elección, así como la ST-JRC-117/2011, por medio de la cual la Sala Toluca declaró la

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que aún no se convierte en tesis de jurisprudencia, parece ser reedición de la “causal abstracta de nulidad”, que condujo a la Sala Superior del TEPJF a la anulación de la elección de gobernador de Tabasco del año 2000, y cuya aplicación exigió la entonces Coalición por el Bien de Todos en 2006 para anular la elección presidencial La figura de “invalidez de la elección presidencial” no está prevista de manera explícita en el ordenamiento jurídico mexicano, ni en la Constitución ni en la Ley de Medios de Impugnación. El artículo 99 constitucional establece con toda claridad la figura de nulidad de una elección, misma que sólo podrá ser declarada por las salas Superior y regionales “por las causales que expresamente se establezcan en las leyes”. El Congreso reformó, desde mediados de 2008, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) para incluir un nuevo artículo, el 77 Bis, en el que detalló tres “causales de nulidad de la elección de Presidente” (Diario Oficial de la Federación, 1 de julio de 2008, p. 17), las cuales ya hemos citado. El propio artículo 99 constitucional establece que es atribución de la Sala Superior del TEPJF resolver las impugnaciones a la elección presidencial, las cuales se llevan a cabo por la vía del juicio de inconformidad, mismo que la LGSMIME desarrolla en dos rutas posibles: a) para impugnar los cómputos distritales por nulidad de la votación en casillas o por error aritmético (lo que fue materia de los 364 juicios ya comentados), y b) para solicitar la nulidad de toda la elección (lo que es materia del recurso “madre”). Como puede verse, la figura prevista es la de nulidad, no la de invalidez. Una vez resueltas las impugnaciones, cuyos resultados pueden ir desde la anulación de algunas casillas o la corrección de errores aritméticos hasta la anulación de toda la elección, el artículo 99 constitucional prevé que la propia Sala Superior realizará el cómputo final de la elección presidencial, de lo cual puede resultar, “en su caso”, la formulación de la declaración de validez. Resulta evidente que si la Sala Superior declara la nulidad de la elección presidencial entonces no formulará la declaración de validez, pero si no encuentra motivos para

invalidez de la elección de las autoridades municipales de Morelia (consultables en el portal electrónico del TEPJF: http://www.te.gob.mx)

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anular entonces sí formulará tal declaración de validez de la elección presidencial. Pero el propio Tribunal ha abierto la posibilidad de declarar la “invalidez” de la elección presidencial, con lo cual en los hechos ha creado una nueva causal de nulidad: “esta Sala Superior considera que la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede declararse inválida o nula por la conculcación de principios constitucionales o valores fundamentales, constitucionalmente previstos”, siempre que se encuentren plenamente acreditadas irregularidades graves, generalizadas o sistemáticas y resulten determinantes para su resultado (TEPJF, 2012a: 64). Por lo tanto, se podría declarar “la invalidez de la elección por ser contraria a los principios de la Ley Fundamental” (TEPJF, 2012b: 112). Pero aun con esta interpretación amplia del Tribunal, con la que le daba la razón a la coalición Movimiento Progresista exclusivamente en cuanto a considerar la posibilidad de declarar la invalidez de la elección presidencial, su resolución final no le concedió la razón en cuanto a que las irregularidades alegadas por ella y las pruebas aportadas efectivamente condujesen a tal resultado. El documento de la coalición Movimiento Progresista (639 páginas más otras 50 de alcance) descansa en el planteamiento de que la elección presidencial puede ser declarada inválida por “la violación sistematizada y generalizada a los principios constitucionales de elecciones libres, auténticas y democráticas” (TEPJF, 2012a: 170), a pesar de que no existan causales específicas para ello en la LGSMIME. La impugnación agrupó dichas violaciones en cinco agravios, pero en su sentencia la Sala Superior los desglosó en ocho.

a) Primer agravio. La adquisición encubierta de tiempo (y también espacio) en radio, televisión y medios impresos, para posicionar a Enrique Peña Nieto y demeritar a sus adversarios políticos, desde 2006 hasta la campaña electoral de 2012. Lo anterior constituyó “una forma de presión a los electores que atentó en contra de la libertad de voto en la elección de Presidente de la República” (TEPJF, 2012a: 182), lo cual le permitió a Peña Nieto obtener la mayoría de votos, en combinación con otras formas ilícitas de presión y coacción sobre el elector. Este agravio se extiende a lo largo de seis años, en buena parte de los cuales Peña Nieto no era candidato, como 118

tampoco López Obrador, Vázquez Mota y Quadri. Durante la mayor parte de ese periodo Peña Nieto fue gobernador del Estado de México (hasta septiembre de 2011) y su promoción en medios, sin lugar a dudas exagerada, presuntamente se llevó a cabo con los recursos de ese gobierno, como antes lo había hecho el propio López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del D. F. (2000-2005). Las pruebas de este agravio son notas del semanario Proceso, el periódico inglés The Guardian y el periódico mexicano La Jornada (TEPJF, 2012a: 214). El Tribunal consideró infundados los reclamos específicos de este primer agravio (TEPJF, 2012a: 120-351) como la adquisición encubierta de tiempos y espacios publicitarios en Televisa durante el periodo 2005-2012, en Radio Fórmula, en los periódicos de la Organización Editorial Mexicana y en la revista Quién. También consideró infundado el reclamo de que el IFE concedió más tiempos en radio y televisión a la coalición integrada por el PRI y el PVEM que a la integrada por el PRD, el PT y MC, debido a que la primera fue una coalición parcial y por tanto le correspondía un tratamiento diferente al de una coalición total. Igual suerte corrió el argumento de que el monitoreo de medios realizado por la UNAM no incluyó el estudio de los programas de opinión, solamente de los noticieros, debido a que tal criterio fue aprobado por el Consejo General del IFE desde enero de 2012 y la coalición nunca lo impugnó.

b) Segundo agravio. La campaña de Peña Nieto habría rebasado el tope máximo de gastos, fijado en 336 millones 112 mil 084 pesos 16 centavos (véase IFE, 2011), lo cual constituyó “una forma de presión a los electores que violó los principios constitucionales de elecciones auténticas, libres y democráticas” (TEPJF, 2012a: 226). Según la impugnación, la campaña de Peña Nieto tuvo un gasto que “haciende” [sic por asciende] a casi cuatro mil seiscientos millones de pesos, casi catorce veces el tope legal, dinero con el cual se llevó a cabo “el ejercicio de violencia mora [sic por moral]”, “presión y coacción sobre los electores para que, mediante la entrega de gratificaciones económicas realizadas de diferentes maneras, emitieran el voto a favor del C. Enrique Peña Nieto”. Por lo tanto, el rebase del tope de gasto se tradujo directamente en compra y coacción del voto, conceptos diferentes pero que la impugnación convierte en sinónimos. A lo largo de ciento ochenta páginas la 119

impugnación lista los conceptos del gasto excesivo: tarjetas Soriana, tarjetas Monex, demanda de José Luis Ponce de Aquino, etc., con repetición de párrafos y datos. El párrafo en el que escriben “haciende” y “violencia mora” se repite varias veces, con los mismos errores, lo que evidencia un descuido en la elaboración de este documento. Las pruebas son notas de La Jornada, Reforma, una fotografía de Peña Nieto con la camiseta del equipo Santos de futbol (que muestra en el pecho propaganda de Soriana), tarjetas de Soriana y videos de todo tipo, entre los cuales destacan los relacionados con el caso Soriana y algunos en los que diversas personas dicen que hubo compra del voto; pero dicha compra nunca se prueba. La Expo-fraude llevó las “pruebas” hasta el extremo: desde artículos promocionales que todos los partidos reparten en campaña (gorras, bolsas, plumas, etc.) hasta ejemplares de animales vivos supuestamente entregados a cambio del voto. Estas pruebas fueron llevadas al Tribunal para reforzar los argumentos del juicio de inconformidad (La Jornada y Reforma, 13 y 15 de agosto de 2012). El Tribunal analizó y declaró infundado este agravio en su sentencia (TEPJF, 2012a: 795-978), lo que le permite llegar a la conclusión de que la parte impugnadora no logró demostrar tal exceso de gastos de campaña del candidato ganador, dejando, sin embargo, a salvo el hecho de que solamente al finalizar la tarea fiscalizadora del IFE se podrá arribar a una conclusión final al respecto y, por supuesto, a las sanciones que pudiesen corresponder. De acuerdo con la parte impugnadora, el gasto excesivo se utilizó en su mayor parte para la compra y coacción del voto. El análisis de las tarjetas Soriana y las de Monex tienen que ver con este tema, pero el Tribunal lo desarrolla por separado. Aquí se dedica a desmontar el planteamiento de los mecanismos de la compra del voto y las pruebas aportadas por los impugnadores (TEPJF, 2012a: 1,119-1,308). La mayor parte de lo que se presenta como pruebas se reduce a algunos testimonios, videos y notas periodísticas sobre casos particulares a los que se pretende dar validez general para todo el país, en tanto que se mencionan aspectos de los que se carece por completo de pruebas, como la existencia de niños que supuestamente vigilaban el cumplimiento de los ciudadanos que vendían su voto (los “halconcitos”), o la existencia de las “casas amigas” donde se coordinaba el operativo, o el acarreo de votantes, etc. Lo mismo ocurre con la presentación de tarjetas telefónicas, objetos utilitarios como los que 120

todos los partidos entregan en campañas (plumas, gorras, bolsas, tortilleros, etc.) y hasta los animales vivos que se presentaron como pruebas de la compra y la coacción del voto, cuya sola presencia no prueba que hayan sido entregados a cambio del voto ciudadano.

c) Tercer agravio. Se refiere a los resultados de la elección presidencial en las casillas, los distritos y la suma nacional del “8 de junio [sic por julio] de 2012 mediante los cuales se declara al C. Enrique peña [sic por Peña] Nieto, como candidato electo a la Presidencia […]” (TEPJF, 2012a: 408). Según la impugnación, el resultado de la elección es un agravio porque el candidato Peña Nieto recibió aportaciones de personas y empresas mercantiles que tienen prohibido hacerlo y esas aportaciones excedieron los límites legales. Aquí de nuevo se citan los casos Monex y Soriana, y se mencionan la aportación financiera del gobierno de Zacatecas, las tarjetas telefónicas con propaganda de Peña Nieto, etc. Todo lo anterior representaría un total de poco más de tres mil millones de pesos de aportaciones ilegales a la campaña de Peña Nieto. El Tribunal consideró por separado al caso Monex en su sentencia (TEPJF, 2012a: 499-650). Respecto al supuesto contrato con una empresa televisora de Estados Unidos de América (Frontera Television Networks), no se pudo demostrar que efectivamente se hubiese realizado un depósito de 56 millones de dólares a favor del PRI en Banca Monex. En cuanto a la distribución de tarjetas Monex a miembros de la estructura del PRI en todo el país, hecho que ese partido reconoció, no se puede probar que dichas tarjetas se hayan utilizado para la compra y la coacción del voto, como argumentaba la parte impugnadora. Además, dado que al momento de resolver la impugnación aún no se contaba con los informes finales de fiscalización del IFE, no se podía concluir que se hubiese excedido por esta vía el tope de gastos de campaña. El punto más controvertido en este tema fue el referente a varias empresas involucradas en el asunto de las tarjetas, como Alkino, única a la que el PRI reconoció haber contratado, sino a otras más que aparentemente son empresas “fantasma” (Inizzio, Efra, Koleos, Tiguan), asunto que seguramente será sancionado por el IFE cuando concluya la etapa de fiscalización. Sin embargo, el Tribunal consideró infundada la afirmación de la coalición impugnadora en el sentido de que se trataría de un caso de “lavado de dinero”. 121

Similares argumentos aplicó el Tribunal al caso de las tarjetas Soriana, las que habrían implicado –de acuerdo con la parte impugnadora– tanto una fuente de financiamiento por parte de una empresa mercantil como un instrumento para la compra del voto. La coalición Movimiento Progresista aportó como pruebas la existencia de 5 mil 711 tarjetas de esa tienda, pero no existieron evidencias de que las mismas se hayan utilizado para comprar votos a favor del candidato ganador. Tampoco se pudo derivar a partir de ese número de tarjetas la existencia de una vasta operación para comprar millones de votos. De la misma forma, no existieron bases para suponer que dicha cadena comercial financió al candidato ganador con poco más de dos mil millones de pesos.

d) Cuarto agravio. “El uso de supuestos estudios de opinión o encuestas como medio de propaganda y presión a los a los [sic] electores a favor de Enrique Peña Nieto y la coalición electoral Compromiso por México” (TEPJF, 2012a: 430). En esta visión, las encuestas formaron parte de “una estrategia deliberada para propagar la cultura de la anomia”, la cual se define como “una cultura de la depresión, que busca provocar la inacción, la parálisis de la gente, que ve casi imposible cerrar la brecha entre el priista y sus contendientes y prefiere no ir a votar o sumarse al puntero, si de todos modos éste va a ganar” (Movimiento Progresista, SUP-JIN-359/2012, p 432). Para la coalición lopezobradorista las encuestas favorecieron a Peña Nieto y seguramente fueron pagadas por la coalición que lo postuló. Con esto se completaba el sombrío panorama que pintaba la impugnación lopezobradorista: los pobres vendieron su voto a favor de Peña Nieto, pero también votaron por ese candidato hipnotizados por las encuestas y la propaganda televisiva. Pero entonces, ¿por qué más del 60% de los electores votaron por otros candidatos presidenciales? No podemos terminar el análisis de este agravio sin mencionar que el propio López Obrador usó las encuestas como propaganda. Durante las últimas semanas de la campaña insistió que, según sus propias encuestas, estaba dos o tres puntos arriba de Peña (Véase, por ejemplo, La Jornada, 20 de junio de 2012, p. 13). La sentencia del Tribunal declara infundados los principales reclamos que componen este agravio (TEPJF, 2012a: 351-499) por las siguientes razones. La encuesta Milenio-GEA-ISA, la más impugnada por su 122

publicación diaria durante toda la campaña, sí entregó al IFE sus criterios metodológicos, al igual que la mayoría de las encuestas serias. La coalición Movimiento Progresista no pudo demostrar que las encuestas que colocaban a Peña Nieto en primer lugar (prácticamente todas, incluida la de la ex encuestadora de cabecera de López Obrador, Covarrubias y Asociados) hubieran sido pagadas por la coalición Compromiso por México, razón por la cual tampoco procedía considerar su costo como parte de los gastos de campaña del candidato ganador. Igual suerte corrió el argumento de que las encuestas manipularon a los electores y los presionaron para votar por Peña Nieto, de la misma manera que el argumento que planteaba que los comentarios periodísticos al respecto, tanto en medios escritos como en radio y televisión, indujeron a los electores a votar en un sentido determinado.

e) Quinto agravio. Los “múltiples y constantes actos de presión y coacción a los electores antes y el día de la jornada electoral”, mediante la compra del voto con recursos excesivos de procedencia dudosa (TEPJF, 2012a: 463), lo cual condujo a que “se violó en forma masiva el secreto del voto” (p. 465), razón suficiente para anular la elección. Se desarrollaron seis vías por las cuales se concretó lo anterior: 1. Compra e inducción de votos en todo el país, ya desarrollada en el segundo agravio. 2. Rebase de tope de gastos de campaña, ya presentado como segundo agravio. 3. Violencia física y presión a los electores, de forma generalizada y en todo el país. 4. Robo de materiales y documentación electoral. 5. Difusión de información falsa, principalmente las encuestas, ya señaladas en el cuarto agravio. 6. Desvío y uso indebido de recursos, principalmente por parte de los gobernadores priistas. Sobre este último tema, el Tribunal Electoral (TEPJF, 2012a: 978-1,119) analizó la cuestión de la reunión de gobernadores priístas realizada en junio en la ciudad de Toluca. De acuerdo con la impugnación y al dicho de López Obrador durante las últimas semanas de junio, en esa reunión se acordaron cuotas de votos por Estado que los gobernadores cumplirían mediante recursos gubernamentales para la compra del voto. Sin embargo, no existe alguna prueba que efectivamente demuestre que tales cosas ocurrieron. Lo mismo ocurre con la información sobre contratos entre gobiernos priistas y la cadena 123

comercial Soriana, porque tuvieron por objeto la compra de despensas y no de tarjetas, además de que también algunos gobiernos no priístas hicieron contratos con Soriana, entre ellos el de Guerrero (cuyo gobernador es del PRD) y el de Sinaloa (fruto de una amplia alianza anti-PRI). Por cierto, el gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ofreció en un acto de campaña reseñado por todos los medios que en su Estado López Obrador ganaría ampliamente: “Guerrero, se lo quiero decir candidato, y que me escuchen allá mis paisanos, tiene que ser la entidad que más votos le dé a López Obrador en todo el país. ¿Estamos de acuerdo sí o no?” (Reforma, 8 de junio de 2012, p. 7 Nacional). Y así fue: Guerrero es una de las ocho entidades en las que ganó López Obrador, pero de ese hecho no se puede deducir la existencia de prácticas fraudulentas o de compra del voto en su favor. En resumen, según el documento de la coalición lopezobradorista “la elección el pasado 1 de julio no se ajusto [sic por ajustó] ni remotamente a los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad consagrados en la fracción V del artículo 41 de la Constitución […]” Y concluye: “Pretender convalidar dicha elección eludiendo la valoración de todos los elementos que la vician de origen, es condenar a México a otro periodo sexenal de atraso y sangre […]” (TEPJF, 2012a: 517-518). López Obrador insistió después de presentar su impugnación que no aceptaría menos que la invalidez de la elección presidencial, porque no podía aceptar el “pantano” y la “inmundicia” del fraude electoral. Pero el Tribunal concluyó que los agravios y las pruebas presentadas por la coalición de izquierda no llegaron a configurar violaciones graves a la Constitución y por tanto no invalidó la elección, sino que, por el contrario, la consideró plenamente válida: “Se llega a la convicción de que la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se ajustó a los principios constitucionales en materia electoral y, por ende, debe considerarse válida” (TEPJF, 2012b: 142-143). En esta lógica el Tribunal considera que se cumplieron a cabalidad los siguientes principios y valores constitucionales en materia electoral:    

Los derechos a votar y a ser votado. El acceso de los ciudadanos a las funciones públicas. La celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas. El sufragio universal, libre, secreto y directo. 124



La libertad de expresión y el acceso a la información.

Además:     

Los partidos contaron de manera equitativa con los recursos necesarios para sus campañas electorales. La organización de la elección estuvo a cargo de un organismo público dotado de autonomía e independencia. Se respetaron los principios rectores de la función estatal electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Prevalecieron los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Se garantizó e hizo efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva en materia electoral, actualizando el principio de definitividad (TEPJF, 2012b: 140-142).

Con base en lo anterior, la Sala Superior del TEPJF concluyó que Enrique Peña Nieto, ganador de la mayoría de votos, “es Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, para el periodo del primero de diciembre del año dos mil doce al treinta de noviembre del año dos mil dieciocho”. El candidato de la coalición Movimiento Progresista rechazó el fallo del Tribunal y se negó a reconocer al triunfador de la elección como Presidente legítimo: “No puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron limpias ni libres ni auténticas. No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes” (La Jornada, 1 de septiembre de 2012, p. 9). Por su parte, los legisladores entrantes del PT y el MC, los más cercanos a López Obrador, amenazaron en la primera sesión plenaria de la legislatura con llevar a juicio político a los consejeros del IFE y a los magistrados del TEPJF (La Jornada, 2 de septiembre de 2012, p. 5).

La elección de diputados y senadores En comparación con los juicios interpuestos en contra de la elección presidencial, los dirigidos contra las elecciones de diputados y senadores fueron pocos y su resolución afectó marginalmente la composición de las dos cámaras del Congreso. En total se presentaron 125

141 juicios de inconformidad, por medio de los cuales se impugnaron los resultados de 94 distritos para la elección de diputados de mayoría relativa y los resultados de la elección de senadores electos por el mismo principio en 18 entidades. La suma de esos distritos y entidades no arroja 141 porque algunos distritos y entidades fueron impugnados por más de un partido, como en el caso de Veracruz, en donde las tres principales fuerzas (Compromiso por México, Movimiento Progresista y PAN) impugnaron la elección de senadores debido al resultado tan cerrado entre ellas (TEPJF, Boletines de prensa, varias fechas). Cuadro VI.2. Juicios de Inconformidad para las elecciones de Diputados y Senadores. Sala Regional Diputados Senadores Total (juicios) (distritos) (entidades) Distrito federal 12 1 20 Guadalajara

Jalapa

Monterrey

Toluca

Total

141

Fuente: TEPJF.

El 5 de agosto de 2012 las salas regionales concluyeron la resolución de los juicios de inconformidad relacionados con las elecciones de diputados y senadores. Solamente en un caso se modificó el ganador de la elección respectiva: el correspondiente al distrito 6 del Estado de México con cabecera en Coacalco, en donde la Sala Regional con sede en Toluca anuló la votación de algunas casillas de la elección de diputado de mayoría, con lo cual el triunfo pasó del candidato de la coalición Movimiento Progresista al del PRI. En los restantes 140 juicios se mantuvo firme el triunfador original (TEPJF, Sala Superior, Boletín de prensa 125/2012, 5 de agosto de 2012). Ante las sentencias recaídas a los juicios de inconformidad, en salas regionales del TEPJF los partidos y las coaliciones interpusieron 57 recursos de reconsideración, los cuales fueron resueltos por la Sala Superior de dicho Tribunal. El 15 de agosto fueron resueltos dichos recursos confirmando las resoluciones de las Salas Regionales, incluyendo la correspondiente al distrito 6 del Estado de México. 126

Un caso interesante, planteado tanto en algunos juicios de inconformidad como en algunos recursos de reconsideración, fue la petición del PRI para que se contaran como válidos muchos votos nulos emitidos en casillas de distritos y entidades donde no iba en coalición con el PVEM, que se habían anulado precisamente porque los ciudadanos creyeron que ambos partidos iban en coalición total (es decir, para todos los cargos de elección) y entonces marcaron los dos emblemas, cuando en realidad la coalición era parcial y, por tanto, no abarcaba todas las diputaciones y las senadurías de mayoría. En todos los casos los magistrados consideraron infundada dicha petición debido a que en esos distritos o entidades no postularon candidatos de coalición, por lo que, al marcar el ciudadano los emblemas correspondientes a ambos partidos, tales votos debían considerarse legalmente nulos (TEPJF, Sala Superior, Boletín de prensa 132/2012, 15 de agosto de 2012). Una comparación general de los votos nulos en las tres elecciones muestra que la confusión que alegaba el PRI era real. En la elección presidencial solamente hubo 1 millón 241 mil 154 votos nulos, que representan 2.47% del total de votos, pero en la de diputados dichas magnitudes pasan a 2 millones 472 mil 614 y 4.96%, respectivamente, y en la de senadores suben hasta 2 millones 855 mil 520 y 5.72%, más del doble de lo correspondiente a la elección presidencial. Sin lugar a dudas muchos ciudadanos que marcaron los emblemas del PRI y el PVEM en la elección presidencial, hicieron lo mismo en las otras dos, aun cuando esos partidos no estuviesen coaligados en las entidades y los distritos afectados. Pero resulta evidente que el Tribunal no podía decidir dar esos votos por buenos y asignarlos al PRI y el PVEM. La lección parece quedar clara para la siguiente elección: más vale hacer coalición total, aunque implique tener menos tiempo de spots en radio y televisión. Al finalizar la resolución de los recursos de reconsideración por el Tribunal y la asignación de legisladores de representación proporcional por el Consejo General del IFE, misma que no fue impugnada, la composición de las cámaras del Congreso de la Unión quedó como se muestra en los cuadros V.2 y V.3.

127

Referencias Becerra Chávez, Pablo Javier (2008), “El proceso electoral federal de 2006”, en Larrosa, Manuel, Víctor Alarcón y Pablo J. Becerra (Coordinadores), Elecciones y partidos políticos en México, 2006. México, Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, pp. 17-54. Coalición Movimiento Progresista (2012), Escrito por el que se solicita remisión de juicio de inconformidad por nulidad de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. México, 12 de julio de 2012. IFE (2011), Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se actualiza el tope máximo de gastos de campaña para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el proceso electoral federal 2011-2012 en cumplimiento al resolutivo segundo del acuerdo identificado con el número CG382/2011, de 16 de diciembre de 2011, México. Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://www.ife.org.mx/docs/IFEv2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2011/diciembre/CGex20111216/CGe161211ap2.pdf TEPJF (2012a), Juicio de Inconformidad con expediente SUP-JIN-359/2012, de 30 de agosto de 2012. Parte actora: Coalición Movimiento Progresista. Tercero interesado: Coalición Compromiso por México. Autoridad responsable: Consejo General del IFE. México. Acceso en línea: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/SUP-JIN-359-2012.pdf TEPJF (2012b), Cómputo final, calificación jurisdiccional de la elección, declaración de validez y de Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, México, 31 de agosto de 2012. Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2012. Acceso en línea: http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/computo_final_calificacion_jurisdiccional.pdf

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior y Salas regionales, Boletines de prensa, varias fechas.

Leyes Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 de julio de 2008.

Periódicos y Revistas El Universal, varias fechas.

128

La Jornada, varias fechas. Proceso, varias fechas. Reforma, varias fechas.

Portales de internet Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci贸n, http://te.gob.mx. Instituto Federal Electoral, http://ife.org.mx.

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130

CAPÍTULO

VII

Y después de julio, ¿tiene sentido “otra” reforma electoral? Introducción

ste capítulo valora el conjunto de escenarios y propuestas de reforma electoral que han surgido como producto del proceso electoral 2011-2012. La polémica sobre la operación eficaz del marco legal y el desempeño de los actores políticos y las autoridades electorales ha desencadenado críticas en torno a omisiones y comportamientos anómalos vinculados con la legislación electoral resultante de la reforma de 2007-2008. Parece inevitable un nuevo proceso de ajustes orientados a corregir las deficiencias observadas en el reciente proceso electoral. Sin embargo, como se verá en estas páginas, las posibilidades de que pueda ser una reforma de alcance significativo parecen ser reducidas. Se revisarán también aquí algunas de las reformas constitucionales en materia política, cuyo decreto se publica en el Diario Oficial de la Federación de 9 de agosto de 2012, y se evaluará la urgente necesidad de adecuar a ellas la legislación electoral. Más adelante, se prestará atención a las iniciativas de reforma electoral presentadas por diversos legisladores en el ámbito de la Comisión Permanente y ante ambas Cámaras del Congreso de la Unión y, en especial, durante el periodo de cierre de la LXI Legislatura y de inicio de la LXII Legislatura.

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La reforma político-constitucional de 2012. Implicaciones en materia electoral ¿Existen condiciones para emprender “otra” reforma electoral? ¿Cuáles serían sus puntos centrales y qué tan eficaz podría ser? De entrada, cabe responder que habrá la obligación de realizar cambios a partir de las reformas recientes en materia política publicadas en el mes de agosto de 2012. En días posteriores a la elección federal y de manera paralela al proceso de cómputo y calificación, se presentaron dos dinámicas que conviene analizar y definir en sus implicaciones de conjunto. En primer término, la reacción de los partidos políticos a las conductas que comenzaron a manifestarse con motivo de la jornada electoral y el proceso de calificación de la misma, la cual comenzó mediante la introducción de una cantidad inusual de iniciativas de ley en el marco de la Comisión Permanente del Congreso. En segundo lugar, la declaratoria y publicación en el Diario Oficial de la Federación (9 de agosto de 2012) del decreto de reformas constitucionales relativas a la llamada “reforma política”, impulsada a partir de la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón hacia finales del año 2009 (Becerra Chávez y otros, 2010). La reforma política necesita de una regulación (lo que se infiere por la naturaleza de los artículos constitucionales modificados) en la legislación secundaria (COFIPE, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y Código Penal Federal), y una normatividad operacional por los órganos responsables de su aplicación concreta, a fin de garantizar la debida operación de dichos ordenamientos. Por sus implicaciones directas en materia electoral se analizarán aquí sólo tres de los temas de la reforma (los artículos referidos corresponden a la Constitución Política federal):54 54

No se analizará la reforma al artículo 122 constitucional que sustituyó a la cláusula de gobernabilidad (existente en la Asamblea Legislativa del DF desde 1990), que se cambió por la cláusula de sobre-representación al 8%, similar al modelo federal y a los modelos que imperan en varias entidades federativas después de 1996. En todo caso, es una disposición que se asemeja con el criterio federal de asignación de escaños ya vigente. Sus efectos quizás puedan corregir las dificultades que ha implicado la asignación de escaños de representación proporcional en dicho órgano prácticamente en todas sus elecciones desde 2000. Para su implementación, la reforma requiere de adecuaciones en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y el Código Electoral del Distrito Federal, que ya fueron promovidas por una iniciativa

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a) El derecho a ser postulado a cargos de elección popular por la vía de las candidaturas independientes (artículo 35, fracción II). En correlación con el derecho a ser votado, la reforma amplía el derecho de los ciudadanos a solicitar “su registro de manera independiente” a los partidos políticos para “poder ser votado para todos los cargos de elección popular”. Sin embargo las disposiciones expresas en el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, aplicable a elecciones en los Estados, y en el artículo 218 del COFIPE, aplicable a elecciones federales, en términos de que los partidos políticos tienen el derecho exclusivo de “solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”, entran en evidente contradicción con aquella nueva disposición constitucional, lo cual deberá ser resuelto, si no por vía jurisdiccional en casos concretos (y, en su caso, a través de la jurisprudencia), sí urgentemente por vía de nuevas reformas constitucionales y legales. Una nueva reforma política abriría una vía de solución a dos temas que han estado señalados en los últimos años. En primer lugar, respecto a la decisión de limitar a los periodos electorales intermedios el derecho a presentar propuestas de registro de nuevos partidos políticos nacionales, incorporada en la reforma 2007-2008. Esta era y es una clara regresión proteccionista respecto a permitir la presencia de “nuevos jugadores” dentro del sistema de partidos y, supuestamente, para favorecer la existencia de partidos fuertes y significativos.55 En segundo lugar, contiende con el problema de los “candidatos no registrados”56, que hasta ahora han aparecido como opciones formales dentro de la boleta electoral, si bien los votos así emitidos sólo tienen una utilidad estadística general y limitada. del PAN a cargo del diputado Agustín Castilla durante la Comisión Permanente de la LXI legislatura (Apéndice VII). 55 En contrapartida, encontramos propuestas de reforma como la del actual diputado Ricardo Monreal Ávila, tendiente a flexibilizar dichos requisitos, a efecto de poder justamente reforzar la preferencia de integración de los mismos. 56 En la elección de 2012 se desecharon las pretensiones de 58 ciudadanos que intentaron registrarse como candidatos al cargo presidencial ante el IFE, quienes –ante la respuesta negativa que obtuvieron– recurrieron al TEPJF, alegando que su registro era procedente en aplicación de los convenios y tratados internacionales de los derechos humanos, a los cuales nuestro sistema judicial está obligado a respetar como producto de las reformas constitucionales en esta materia aprobadas en 2011.

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Por otra parte, los requisitos de elegibilidad de candidatos independientes no deberían variar respecto a los establecidos hasta ahora para los ciudadanos postulados por los partidos políticos. Del mismo modo, los tiempos de selección de los candidatos independientes deberían correr en paralelo con los tiempos exigibles a los partidos políticos. Un sistema que aliente demasiada fragmentación y volatilidad entre los votantes –como podría darse con la presencia de las candidaturas independientes– haría necesario evaluar los beneficios que se desean obtener en términos de gobernabilidad, representación y acuerdos. Como consecuencia, las candidaturas independientes podrían constituir una vía de “escape” para precandidatos que hayan sido derrotados en los procesos internos de precampaña, sólo en el supuesto de que no se llegaren a introducir un tipo de “reglas de contención” a los aspirantes tránsfugas. Además, entre los problemas que seguramente surgirán con la reforma aprobada resalta la siguiente pregunta: ¿los candidatos independientes tendrán el mismo nivel de tratamiento en materia de prerrogativas y recursos? Una respuesta inicial es que las candidaturas independientes deberán poseer tener una estructura básica de financiamiento, que permita su fiscalización previa por parte del IFE para verificar el origen lícito de sus recursos y definir esto como un requisito para autorizar su registro. Esto sería una diferencia respecto a los partidos políticos, cuyo control fiscal y financiero se desarrolla esencialmente a partir de la comprobación de los recursos públicos que les son otorgados. Aunque hay variadas experiencias en este tema en el ámbito local (en los Estados de Yucatán, Sonora y Tlaxcala), la legislación aplicable en otros países (por ejemplo, Chile) puede ayudar también a tener una regulación debidamente diseñada y eficaz en la materia. Por ejemplo, en caso de no tener recursos propios, los candidatos independientes podrían solicitarlos al IFE, a partir de una bolsa común que garantice al menos el costo mínimo de campaña que sea aprobado para la contienda en la que se pretenda participar, pero renunciando entonces de manera expresa a la posibilidad de financiamiento en especie o monetario por otras fuentes. Resulta evidente que los candidatos independientes deberán tener acceso a los espacios de propaganda, análisis y debate conforme a la distribución de tiempos y 134

condiciones que estuviere prevista legalmente y reglamentada operativamente por la propia autoridad electoral. Una acción muy posible entre los partidos y sus legisladores para evitar estos riesgos sería la de sujetar las candidaturas ciudadanas o independientes a una serie de restricciones legales muy claras, o colocarlas dentro de espacios temporales muy reducidos para solventar dichos requisitos, a efecto de desalentar su posible vinculación con respecto a los partidos políticos; o bien señalar expresamente que sólo podrán registrarse por esa vía ciudadanos sin vinculación partidaria alguna durante un determinado plazo previo, o que estén formalmente separados de un partido político antes del inicio del proceso electoral en una plazo previo razonable. La finalidad de este tipo de regulación consistiría en evitar que la propia figura de “candidaturas independientes” se desnaturalice y que, por otro lado, los partidos puedan ser literalmente afectados desde “afuera” por posibles desprendimientos contingentes de aspirantes a cargos de elección popular no favorecidos en procesos internos de estos institutos políticos. El tema implicará un reto directo a las capacidades y el grado de cohesión de los partidos políticos tradicionales. La puesta en marcha de las candidaturas independientes (si el proceso para regularlas debería culminar antes del proceso electoral federal de 2014-2015 y, si en su caso, se aprobasen para el ámbito local a través del artículo 116 constitucional) podría provocar un desalineamiento electoral. Por ende, es posible anticipar el surgimiento de movimientos y agendas con orígenes variados (regionalismos, fundamentalismos étnicos o religiosos, movimientos cívicos con temáticas anti-corrupción, personalismos carismáticos, etc.) en torno a las candidaturas independientes. Así, amparados en otras formas de asociación política – aun circunstancial– los ciudadanos podrían llegar a tener oportunidad de “castigar” a los partidos políticos, en función de la novedad que implicarían dichas candidaturas. Pero eso depende también de otros factores no previsibles en este momento. Esta polémica no es menor, dado que hasta ahora el concepto general de nuestro sistema electoral y partidario se centraba en alentar la presencia de organizaciones permanentes, susceptibles de poder ser fiscalizadas sistemáticamente en lo relativo al origen, operación, aplicación y destino concreto de su financiamiento, y por cuanto a su acceso a medios de 135

comunicación. Es innegable que hasta ahora, desde 1946, en México los partidos políticos –y, entre todos ellos, de manera especial el PRI– llegaron a ocupar un lugar central en las elecciones, y que ello les dio una estructura permanente y unas prerrogativas para poder subsistir en medio de las contiendas electorales, en condiciones favorables que progresivamente también se generalizaron a partir de la reforma político-electoral de 1977.

b) Votar en consultas populares (artículo 35, fracción VIII). Este nuevo derecho podrá ser utilizado por la ciudadanía para pronunciarse en materias de trascendencia –excepto aquellas señaladas en el propio artículo, en su fracción III, numeral 3°–, señaladas en convocatoria aprobada por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República, el 33% de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión57 o al menos 2% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Aunque en su numeral 2° de la fracción VIII del artículo 35 constitucional establece que “Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes”, dicho dispositivo no precisa si la decisión vinculatoria procede con una mayoría relativa, absoluta o calificada, con lo cual se deduce que esto se tendrá que resolver en el marco de la ley secundaria que regule las consultas populares. Este último punto es sustantivo, ya que esto podría abrir alternativas como la posibilidad de expedir una Ley Federal de Participación Ciudadana o, de manera más puntual, una Ley Reglamentaria del Artículo 35 Constitucional en materia de Consulta Popular, a efecto de indicar las facultades y responsabilidades de las autoridades electorales (como ya ocurre en prácticamente todas las leyes locales de participación ciudadana) para organizar este tipo de procesos, que – como lo marca el propio artículo reformado– se deberá desarrollar el 57

No obstante, hay que subrayar lo siguiente: cuando sea el Presidente de la República o las Cámaras del Congreso de la Unión las que convoquen, el mismo artículo 35, fracción VIII, párrafo final del numeral 1°, establece que “la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión”.

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mismo día de la jornada electoral federal. Una tercera opción plausible se remite a la creación de un libro especializado en materia de participación ciudadana dentro del COFIPE. Parece poco probable avanzar hacia la opción de una Ley de Participación Ciudadana, pero es una alternativa. Figuras tales como el referéndum, el plebiscito o la acción ciudadana de revocación de mandato, así como mecanismos administrativos adicionales como el de presupuestos participativos, han sido discutidas por parte de la iniciativa presidencial o y de los propios partidos. Sin embargo, no está claro si los partidos políticos podrán o no pronunciarse de manera expresa en este tipo de ejercicios. La expectativa lógica sería que sí podrían pronunciarse, en la medida que dichas agendas usualmente se vinculan con la representación legislativa y la gestión gubernamental. 58

c) Mecanismo de sustitución presidencial y convocatoria en su caso a elecciones extraordinarias (artículos 84 y 85). La reforma política abarcó un conjunto de disposiciones relativas a clarificar los supuestos y condiciones en que se deben resolver la ausencia temporal o absoluta del titular de la Presidencia de la República. Conviene detenerse en dos situaciones concretas. Una se refiere a precisar el mecanismo aplicable en caso de que la elección no se haya realizado antes de la finalización del periodo constitucional del titular del Ejecutivo saliente, o bien cuando ella se haya declarado inválida. El artículo 84 plantea cómo resolver el problema si la ausencia absoluta de presidente se produjera en los dos primeros años del periodo de gobierno. Si bien el Congreso primero define a un presidente interino, luego debe expedir convocatoria a nuevas elecciones para que las mismas se desarrollen dentro de un plazo de 7 a 9 meses, cuyo ganador deberá rendir protesta a los 7 días de concluido el proceso electoral. Nada se encuentra establecido respecto a los plazos a que deben sujetarse el IFE y el TEPJF en caso de elecciones extraordinarias, el 58

Sin embargo, resulta muy importante indicar el esfuerzo realizado por Jaime Cárdenas (PT), Miguel Ángel García (PRI) y otros legisladores salientes de la LXI legislatura, quienes presentaron en julio y agosto de 2012, ante la Comisión Permanente, sendas iniciativas de ley para regular dichas figuras. Todas estas iniciativas fueron turnadas a las comisiones legislativas correspondientes para iniciar su proceso de dictaminación y eventual aprobación por el pleno, si bien ya en el marco de la legislatura siguiente.

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primero para realizar los cómputos distritales de los resultados de las casillas, y el segundo para resolver sobre las impugnaciones a que diera lugar dicho proceso extraordinario. Lo anterior es grave debido a que ni la Constitución Política en sus artículos 41 y 99, ni el COFIPE, ni la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en específico su artículo 186), hacen alusión a las condiciones o plazos de que podrán disponer una y otra instancias para realizar y calificar dicho tipo de elección. Tampoco señalan cuál es el plazo de notificación al Congreso (en específico la Cámara de Diputados) para que, una vez declarada válida la elección, éste pueda expedir el Bando Solemne del cual habla la Constitución Política en su artículo 74 fracción I. Es significativo que no se haya reparado en este aspecto tan sustancial para dar certidumbre procesal y jurisdiccional a las condiciones en que se deba dar una elección presidencial extraordinaria. 59

¿Hay algo verdaderamente nuevo en materia de propuestas después de la elección 2012? Una primera respuesta a esta interrogante sería esencialmente negativa. En términos generales, podría decirse que muchas de las iniciativas que se han planteado en el ámbito legislativo “reciclan” aspectos que ya fueron desarrolladas por los propios partidos en el marco de la reforma política de 2010-2012.60 No obstante, es importante resaltar el espíritu “punitivo” con que particularmente la coalición de izquierda ha emprendido un conjunto de iniciativas de reforma y/o de acciones. Primero, para someter a juicio político a los integrantes del Consejo General del IFE, como la petición introducida por el diputado Ricardo Monreal Ávila (del Movimiento Ciudadano) bajo el argumento de que éstos no cumplieron 59

Otra problemática asociada con el estatus del Poder Ejecutivo se refiere al periodo entre la declaratoria de validez de la elección y la fecha de inicio del mandato presidencial. Por ejemplo, se puede ubicar en este rubro la iniciativa presentada por del senador saliente del PRI Carlos Jiménez Macías. 60 Al efecto pueden verse la recopilación y comparación de propuestas incluidas en Becerra Chávez y otros (2010), las condensadas en el volumen elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (2010) y las analizadas en Negretto (2010).

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con su cometido de atender y agotar de manera exhaustiva temas como la presunta aplicación del esquema de financiamiento y la compra del voto vía tarjetas de descuento; o haber sido sistemáticamente omisos en contener la presunta campaña de los medios de comunicación y casas encuestadoras a favor del candidato ganador de la contienda, entre los elementos más directos que afectaron a la calificación presidencial.61 Otras propuestas, presentadas por el PRD, intentan ampliar las causales existentes para anular y/o invalidar la elección presidencial, para incluir la contratación de publicidad gubernamental encubierta, los acuerdos clandestinos con medios de comunicación o el lavado de dinero,62 o revalorar elementos como los mecanismos de recuento y anulación parcial o total de votos y/o casillas, amén de clarificar conceptos sustantivos como la validez constitucional (propia de la calificación del proceso en su conjunto) y de nulidad (asociada con la jornada de votación en específico).63 Por otra parte, parece claro que las nuevas iniciativas desean corregir la inconsistencia de no vincular la entrega de los informes finales de gastos de campaña con los tiempos concretos de la calificación electoral. Resulta lógico suponer que un incumplimiento ostensible en este aspecto debería descalificar al candidato que haya rebasado los gastos de campaña, o incluso ser constitutivo de anulación de una elección presidencial o legislativa de su totalidad, igual que ya está establecido en algunas legislaciones locales del país. El PRD también ha presentado iniciativas de reforma del Código Penal Federal que intentan penalizar la desviación de recursos públicos, así como establecer castigos a quienes hagan uso doloso de encuestas 61

Aquí por ejemplo, se pueden rescatar propuestas como las de los diputados salientes Agustín Castilla (PAN) o Jaime Cárdenas (PT) relativas a reforzar el carácter ciudadano de los mecanismos de elección para consejeros y magistrados electorales, respectivamente. De hecho, la actitud punitiva y crítica de la coalición de izquierda se extiende hacia los magistrados del TEPJF, a partir de la propuesta hecha por los senadores perredistas Fidel Demédicis e Isidro Pedraza, respecto a impedirles ser ministros de la Suprema Corte. 62 Destacan en esta materia, por ejemplo, las iniciativas presentadas primero por los diputados salientes del PT, Francisco Amadeo Espinosa Ramos o Jaime Cárdenas Gracia, y las de los diputados del PRD, Martí Batres y Julio César Moreno, éstas ya dentro de la LXII Legislatura 63 Aquí se pueden ubicar propuestas como las de Agustín Castilla (PAN) o las de Ricardo Mejía (MC).

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prelectorales o de salida en el marco de las campañas y precampañas. El PAN coincide con una iniciativa en esta última materia, aunque con un alcance más limitado, por cuanto sólo solicita un mayor papel regulador del IFE en el seguimiento y control técnico de las empresas que produzcan dicho tipo de instrumentos. 64 También pueden rescatarse iniciativas presentadas por el PRD en materia de transparencia (por ejemplo, la presentada por el senador Alejandro Encinas), que plantean la ampliación de obligaciones para que los partidos políticos hagan públicos el estado de sus finanzas o su información más relevante a efecto de verificar el ejercicio de gasto con que dichos partidos desarrollan sus actividades ordinarias y extraordinarias, e incluso convirtiendo las omisiones de reportarlas en causales de pérdida del registro. Resalta así el propósito general de armonizar los tiempos de fiscalización y calificación electoral tendiente a revisar algunos de los supuestos vigentes en el Código Penal Federal, a efecto de tipificar las estructuras de triangulación, desvío e inclusive lavado de dinero dentro de las campañas electorales. En esta misma dimensión de fiscalización y asignación de recursos hay propuestas para reducir los costos de la democracia electoral y aumentar la eficacia operativa del IFE, como lo han propuesto los diputados de la LXI Legislatura Dina Herrera (PRI) o Jaime Cárdenas Gracia (PT). Otros legisladores (de la LVII Legislatura) intentan rescatar temas ya planteados en la iniciativa de reforma política que el presidente Calderón presentó ante el Senado el 15 de diciembre de 2009, como la implementación de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. El diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, coincide así con una iniciativa similar presentada por el PRD vía el diputado Fernando Belaunzarán. En la misma línea, pueden señalarse las propuestas de reelección de munícipes y de introducción del principio general de las candidaturas independientes en el ámbito de los Estados y sus Municipios (hechas por el diputado panista José González Morfin), así como el incremento de 2 a 4% del porcentaje mínimo de votación

En este punto se pueden destacar las iniciativas de los legisladores salientes Julián Guitrón (MC), Jaime Cárdenas Gracia (PT) y la del actual senador del PAN, Roberto Gil Zuarth.

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requerido para conservar del registro partidario (promovida por el diputado albiazul Fernando Rodríguez Doval). También destacan iniciativas de legisladores simpatizantes de las propuestas de Enrique Peña Nieto, en particular la de reducir el número de legisladores federales y regresar a un Congreso integrado esencialmente por legisladores electos por el principio de mayoría65, y también la de regular el derecho de réplica, tema abordado recientemente por el PAN a partir de la propuesta presentada por el senador Javier Corral. En otros aspectos se ha planteado dar seguimiento y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de campaña, como propone el PRI a través de la diputada saliente de la LXI Legislatura, Silvia Fernández Martínez, así como aprobar controles de confianza como requisito para poder aspirar a una candidatura, a propuesta de la diputada saliente de la LXI Legislatura, Lucila del Carmen Gallegos (PAN). Adicionalmente, pueden ubicarse propuestas hechas por el PANAL (por conducto de Jorge Kahwagi) para reducir a 16 años la edad para votar, y la del PRI (a través de Humberto Lepe) para sancionar a quienes no cumplan con la obligación de votar. Otras abordan aspectos más técnicos asociados con la expedición y reposición de la credencial de elector, o la expedición de una cédula nacional de identidad a cargo de la Secretaría de Gobernación. Una última dimensión podría situarse en temas relativos al empoderamiento de los derechos políticos, destacando de entrada iniciativas en materia de reforzamiento del cumplimiento de las cuotas de género a nivel federal y local (por ejemplo, generalizarlas al contexto de las regidurías y diputaciones locales), así como alanzar la paridad plena.66

Como lo establecen las iniciativas presentadas por el legislador saliente de la LVI Legislatura, Miguel Ángel García (PRI), y por los diputados de la LXII Legislatura, Humberto Niño de Rivera (PAN) y Patricia Retamoza (PRI). 66 En estos temas podemos detectar las iniciativas de las legisladoras salientes (de la LXI Legislatura) del PAN, Norma Sánchez Romero y Lucila del Carmen Gallegos Camarena, así como la promovida por la diputada del PVEM, Carla Alicia Padilla Ramos, en la LXII Legislatura.

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En síntesis, de este recuento de temas, pese a su amplitud y variedad, puede rescatarse la percepción de que una posible reforma electoral no tendría los alcances o la voluntad política que permitiera ubicarla como una de alcance integral. Adquiriría, más bien, un alcance correctivo sobre las áreas problemáticas acumuladas tras los comicios de 2009 y 2012.

Una reflexión final Como puede verse, las condiciones para el desarrollo de una nueva reforma electoral serían factibles. Pero el desafío importante a considerar es que los propios legisladores deberían priorizar sus esfuerzos en generar propuestas de conjunto más sistemáticas e integrales, incluso dentro de sus propios grupos, a efecto de abonar en una negociación con sus pares parlamentarios y los sectores de opinión pública interesados, como bien lo han mostrado, por un lado, las empresas televisoras y, por otro, importantes grupos de activistas desde el ámbito de la sociedad civil. Sin duda, esto no será una tarea fácil debido a que nuevamente aparece en el horizonte (hacia fines del año 2013) la renovación de una tercera parte del Consejo General del IFE (que incluye al presidente del mismo, quien por ley podría aspirar a una reelección), lo cual implicará que los tiempos verdaderamente posibles para concretar una reforma tendrían que generarse justo durante el primer año de la LXII Legislatura antes de volver a entrar de lleno en la vorágine electoral. Gran parte del futuro curso de los procesos electorales en México implicará un alto nivel de compromiso, responsabilidad y respeto a las reglas. Mientras persista la tendencia a evadir o romper las reglas pactadas, no habrá legislación alguna que pueda ser capaz de resolver por sí misma el atraso estructural de la cultura y los valores políticos de la población. Ese es quizás el factor más importante que sigue impidiendo erradicar la presencia de la sospecha, el fraude, el clientelismo y otras prácticas que persisten no sólo en el imaginario colectivo, sino en la realidad. Falta un largo camino para lograr en todos los niveles del fenómeno electoral un ejercicio profesional libre de amenazas de partidización, junto con partidos de mayor calidad y un ejercicio de ciudadanía menos expuesto a las vicisitudes del momento. Justamente por esto último es que necesitamos ciudadanos más capaces, auténticamente libres y avezados en el ejercicio de sus derechos políticos. 142

El riesgo es advertir que estamos ante un modelo agotado y que comienza a dar vueltas en derredor suyo. De ahí que “otra” reforma electoral deba verse con cierto nivel de reserva, si alrededor de la misma no existen ni la voluntad política ni las capacidades que impidan que los actores la burlen en la primera oportunidad posible. Como ha señalado Emilio Rabasa Gamboa (2012: 3-4), las reformas electorales en México han oscilado entre las de carácter integral y las de carácter parcial. Esto hace obligado valorar lo que se tuvo como contexto inicial con la reforma 2007-2008 (que sin duda puede verse como una de tipo integral) y lo que podría derivar en una nueva reforma de alcance parcial. El tiempo dirá la última palabra.

Referencias Bibliografía secundaria Becerra Chávez, Pablo y otros (2010), La reforma política 2010, CEDE / UAMIztapalapa, México, 95 pp. Instituto Belisario Domínguez (2010), Reforma Política. Seminario de análisis. Senado de la República / PNUD / CEPNA, México, 326 pp. Negretto, Gabriel (coord.) (2010), Debatiendo la Reforma Política. Claves del cambio institucional en México, CIDE, México, 315 pp. Rabasa Gamboa, Emilio (2012), Las reformas constitucionales en materia político-electoral, IIJ-UNAM / PNUD, México, 94 pp.

Legislación Poder Ejecutivo Federal (2012), “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política”, Diario Oficial de la Federación, SEGOB, México, 9 agosto 2012, primera sección, pp. 2-6.

143

Anexo VII: Iniciativas de reforma en materia electoral Comisión Permanente de la LXI Legislatura y LXII Legislatura Se consultaron los sitios web de las Gacetas Parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación (www.sil.segob.gob.mx). La presente relación abarca todas las iniciativas presentadas en estricto orden cronológico durante los meses de julio a septiembre de 2012.

VIIa. Comisión Permanente de la LXI Legislatura Iniciativa de reforma y materia

Partido / Legislador

Fecha de publicación en Gaceta

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Reglamentaria de los artículos 6 y 134 constitucionales que regula la publicidad del Estado Que reforma los artículos 40 y 41 y adiciona la fracción XXIX-Q al 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y propone la expedición de la Ley que regula el Plebiscito.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 04/07/2012

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 04/07/2012

Que reforma los artículos 40 y 41, adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73, adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 76 y adiciona un párrafo tercero al artículo 135, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para proponer la expedición de la Ley que regula el Referéndum. Que reforma y adiciona los artículos 7 numeral 1, un inciso G; adiciona un inciso U y V recorriéndose el actual para quedar W del numeral 1 del artículo 38; se adiciona un numeral 7 al artículo 41, reforma del inciso O del numeral 2 recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 42, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de rendición de cuentas por parte de los partidos políticos y candidatos respecto a sus promesas de campaña. Que reforma los artículos 40 y 41 y adiciona la fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se expide la Ley de Revocación de Mandato.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 04/07/2012

Diputada Silvia Fernández Martínez (PRI).

Gaceta Parlamentaria: 11/07/2012

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 11/07/2012

Que reforma el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre reajuste de la fecha de inicio del mandato presidencial. Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de introducir cuotas de género en regidurías y diputaciones locales. Que modifica el numeral 6 del artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforma el artículo 403 del Código Penal Federal en materia de regulación de los sondeos de opinión. Que reforma los artículos 149, 295, 297 y 298 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y deroga el párrafo 3 del artículo 21 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en materia de cómputo y recuentos. Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de regulación de los procedimientos para designar a los consejeros electorales del IFE. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la designación de los magistrados del TEPJF. Que adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de difusión de resultados electorales. Que adiciona el artículo 41 y reforma los artículos 59 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de introducción de figuras diversas de participación ciudadana. Que reforma los artículos 52, 53 y 56; y deroga el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de integrantes de las Cámaras del Congreso. Que reforma las fracciones VI y VII y adiciona una fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a introducir el

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Senador Carlos Jiménez Macías (PRI). Diputada Norma Sánchez Romero (PAN).

Gaceta Parlamentaria, 18/07/2012. Gaceta Parlamentaria, 18/07/2012.

Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos

Gaceta Parlamentaria, 25/07/2012

(PT). Diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).

Gaceta Parlamentaria, 25/07/2012.

Diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).

Gaceta Parlamentaria, 25/07/2012.

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 01/08/2012

Senador Julián Guitrón Funtevilla (MC). Senador Miguel Ángel García Granados (PRI).

Gaceta Parlamentaria: 01/08/2012 Gaceta Parlamentaria: 01/08/2012

Senador Miguel Ángel García Granados (PRI).

Gaceta Parlamentaria: 01/08/2012

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN).

Gaceta Parlamentaria: 01/08/2012

control de confianza como requisito para ser legislador. Que reforma el numeral 1 del artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de introducir el principio de paridad de género en la integración de candidaturas.

Diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena (PAN).

Gaceta Parlamentaria: 01/08/2012

Que reforma el artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. En materia de aplicar la reforma constitucional relativa al principio de integración de la ALDF. Que reforman los artículos 105 y 118 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a redefinir las atribuciones del Consejo General del IFE en materia de expedición de acuerdos y reglamentos internos.

Diputado Agustín Castilla Marroquín (PAN).

Gaceta Parlamentaria, 01/08/2012

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 08/08/2012

Que reforma los artículos 345 y 354 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de sancionar a los ciudadanos que no ejerzan su derecho al voto. Que reforma la fracción I del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a disminuir a 16 años la edad para otorgar la ciudadanía. Que reforma los artículos 375 y 377 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a establecer la resolución total de las quejas sobre financiamiento y gastos antes de la declaratoria de validez de comicios. Que reforma los artículos 367 y 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales relativo a establecer la resolución total de las quejas sobre compra y coacción del voto antes de la declaratoria de validez de comicios

Diputado Humberto Lepe Lepe (PRI)

Gaceta Parlamentaria: 08/08/2012

Senador Julián Guitrón Funtevilla (MC). Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 08/08/2012 Gaceta Parlamentaria: 08/08/2012

Diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT).

Gaceta Parlamentaria: 22/08/2012

Que reforma y adiciona el artículo 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a las disposiciones de reposición de la credencial del IFE por mandato del TEPJF. Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se adiciona el artículo 106 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se adiciona el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de reducción de los costos de operación del IFE.

Diputado Jorge Kahwagi Macari (PANAL).

Gaceta Parlamentaria: 22/08/2012

Diputada María Dina Herrera Soto (PRI).

Gaceta Parlamentaria: 22/08/2012

146

VIIb. Cámara de Diputados, LXII Legislatura Iniciativa de reforma y materia

Partido / Legislador

Fecha de publicación en Gaceta

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar la figura de la representación proporcional, así como el fuero constitucional. Que adiciona el artículo 412 Bis al Código Penal Federal, para sancionar la utilización de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales

Diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (PAN).

Gaceta Parlamentaria: 06/09 /2012.

Diputado Julio César Moreno Rivera (PRD).

Gaceta Parlamentaria: 06/09/2012.

Que reforma el artículo 237 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de encuestas y sondeos de opinión.

Diputados Gerardo Villanueva Albarrán y Martí Batres Guadarrama (PRD). Diputada Patricia Elena Retamoza Vega y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja (MC).

Gaceta Parlamentaria: 06/09/2012.

Diputado Ricardo Monreal Ávila (MC).

Gaceta Parlamentaria: 11/09/2012.

Diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN). Diputada Carla Alicia Padilla Ramos (PVEM).

Gaceta Parlamentaria: 13/09/2012. Gaceta Parlamentaria: 18 /09/2012.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar 100 diputados y 32 senadores, ambos de representación proporcional. Que reforma los artículos 77 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y 83, 84 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de nulidad de la elección presidencial. Que reforma los artículos 28, 30 y 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de registro de partidos políticos. Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir la segunda vuelta electoral en la elección presidencial. Que reforma el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género.

147

Gaceta Parlamentaria: 11/09/2012. Gaceta Parlamentaria: 11/98/2012.

Que reforma los artículos 40, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que los estados de la república sean los que señalen las modalidades y límites de la reelección en los ayuntamientos. Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir candidaturas independientes en el ámbito de los estados de la república. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para prohibir la propaganda políticoelectoral encubierta. Que reforma los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a incrementar de 2 a 4% el porcentaje de votación necesario para conservar el registro como partido político nacional. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de proponer la segunda vuelta en la elección presidencial.

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Diputada Julisa Mejía Guardado (PRD). Diputado José González Morfín (PAN).

Gaceta Parlamentaria: 11/09/ 2012. Gaceta Parlamentaria: 18 /09/ 2012

Diputado José González Morfín (PAN).

Gaceta Parlamentaria: 18 /09/ 2012.

Diputado Julio César Moreno Rivera (PRD).

Gaceta Parlamentaria: 18/09/2012

Diputado José Francisco Coronato Rodríguez (MC). Diputados Ricardo Mejía Berdeja y Nelly del Carmen Vargas (MC). Diputado Fernando Rodríguez Doval (PAN).

Gaceta Parlamentaria: 20/09/2012. Gaceta Parlamentaria: 25/09/2012.

Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD).

Gaceta Parlamentaria: 20/09/ 2012

Gaceta Parlamentaria: 25 /09/2012.

VIIc. Cámara de Senadores, LXII Legislatura Iniciativa de reforma y materia

Partido / Legislador

Fecha de publicación en Gaceta

Que adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de las obligaciones atribuibles a los partidos políticos en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas via el IFAI. Que expide la Ley Federal para ejercer la Réplica en los Medios de Comunicación y deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD).

Gaceta Parlamentaria del Senado: 06/09 /2012.

Senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel (PAN). Suscrita por el senador Roberto Gil Zuarth (PAN).

Gaceta Parlamentaria del Senado: 11 de septiembre de 2012.

Senadores Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez (PRD). Senador Arturo Zamora Martínez (PRI).

Gaceta Parlamentaria del Senado: 18 /09/2012.

Que reforma los artículos 237 y 345 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 403 del Código Penal Federal en materia de regulación y difusión de encuestas. Que reforma los artículos 95, fracción VI y 99 párrafo doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prohibir que los magistrados del TEPJF pueden ser electos como miembros de la SCJN. Que reforma y deroga el inciso d) del numeral 1 del artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de regular los contenidos de información personal dentro de la credencial de elector.

149

Gaceta Parlamentaria del Senado: 11/09/2012.

Gaceta Parlamentaria del Senado: 27/09/2012.

Conclusiones

n las páginas que anteceden los autores han procurado brindar una visión integral de las elecciones de 2012. En siete capítulos han evaluado diversas etapas y aspectos del proceso electoral de 2011-2012, y también han incluido en su análisis referencias de las elecciones locales que se realizaron el mismo 1 de julio de 2012, así como una prospectiva grosso modo de los cambios que pueden venir o que requiere el país en el futuro inmediato. El capítulo I reseñó el marco jurídico resultante de la reforma electoral de 2007-2008. Entre otras cosas, la reforma confirió al Instituto Federal Electoral un conjunto de nuevas atribuciones. El IFE asigna ahora las pautas de spots para los partidos políticos y además monitorea su cumplimiento. Resuelve en primera instancia múltiples quejas de los partidos políticos, tanto relacionadas con los spots como con otros temas del proceso electoral: financiamiento, gasto y virtualmente todo lo que esté alineado al derecho de los partidos y candidatos. Afortunadamente, la Cámara de Diputados nombró a los tres consejeros electorales faltantes (un año después de que debió hacerlo), pero aun así la carga de demandas y presiones de los partidos y coaliciones hacia el IFE fue formidable. El TEPJF también vio incrementadas sus atribuciones con la reforma de 2007-2008; por ejemplo, las salas regionales se convirtieron en permanentes y la cantidad de medios de impugnación que debieron resolver en un breve tiempo aumentó exponencialmente, debido a que las elecciones locales se concentraron en la misma fecha de la federal. En lo fundamental el Tribunal cumplió con su atribución de ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, no sólo en el ámbito federal sino también en el local. El capítulo II historió las precampañas y campañas. Es positivo el modelo de establecer con claridad estas dos etapas del proceso electoral, pero también es cierto que algunos partidos se adaptaron a esta nueva regla mediante la simulación: llegaron a acuerdos sobre 151

candidaturas presidenciales antes del inicio de las precampañas y utilizaron el tiempo de éstas como un virtual anticipo de las campañas. Otro elemento básico de la reforma fue la mengua del financiamiento público para gastos de campaña y la consiguiente disminución de los topes de gastos. Sin embargo, en este punto el problema es que los tiempos de la fiscalización previstos en el COFIPE están muy desfasados de la conclusión de las campañas. De hecho, una queja de la coalición Movimiento Progresista fue que el candidato ganador incurrió en un exceso de gastos, pero la fiscalización de los gastos de campaña respectivos concluirá apenas varios meses después de que el Presidente electo tome posesión del cargo. Sin lugar a dudas, éste será un tema relevante en la agenda de una futura reforma política. El capítulo III evaluó el nuevo modelo de comunicación política. Centrado en un gran número de spots en radio y televisión con cargo a las prerrogativas de ley, aunado a la prohibición de expresiones denigratorias o calumniosas en la propaganda de los partidos, permitió que no se llegara a la escalada de ataques y de gastos exorbitantes en medios que habían caracterizado a las campañas de 2006. La aplicación del modelo en dos elecciones consecutivas (2009 y 2012) ha permitido evaluar sus virtudes y sus defectos. Entre las primeras está el hecho de que los partidos ya no gastan en comprar tiempo en radio y televisión, mientras que entre los segundos se encuentra la excesiva “spotización”, es decir la segmentación del mensaje de los partidos en pequeños espacios de medio minuto, los cuales al ser repetidos durante días o semanas llegan a convertirse en una especie de “ruido ambiental” que ya no tiene significado para el ciudadano. A partir de esta evaluación ya han surgido propuestas en el sentido de hacer ajustes a este modelo de comunicación política, con la finalidad de privilegiar los debates y programas más amplios para difundir las propuestas de partidos y candidatos. El capítulo IV analizó los debates entre candidatos presidenciales. Éstos pudieron presentar sus propuestas y tuvieron la oportunidad de criticar a sus oponentes ante los ciudadanos. Lamentablemente, los partidos políticos se esforzaron en proteger a sus candidatos y negociaron formatos poco ágiles y complicados para debatir. Eso hizo que en los debates hubiera más monólogos que intercambio profundo de ideas. También fue notoria la resistencia de las televisoras a transmitir el debate en sus canales de mayor cobertura, con lo cual evidentemente trataron de 152

minimizarlos. En este tema también son necesarios algunos cambios, entre los cuales podría estar el establecer la obligatoriedad de al menos un debate mensual en la campaña presidencial, lo que sumaría tres en la campaña, así como la obligatoriedad para televisoras y radiodifusoras de transmitirlos en sus canales de mayor cobertura. El capítulo V se centró en los resultados de los comicios. El proceso electoral condujo a una nueva alternancia en el poder: el PAN, que ocupó la Presidencia de la República durante doce años, fue arrojado al tercer lugar de la votación y debió aceptar el regreso al poder del partido al que se opuso durante más de medio siglo, el PRI. El candidato triunfador, sin embargo, compartirá una característica con los gobiernos del periodo 1997-2012: la condición de gobierno sin mayoría absoluta en el Congreso, lo que obliga a su agenda a pasar la aduana de los acuerdos y la formación de consensos con otras fuerzas políticas. El capítulo VI ponderó las impugnaciones al proceso electoral. En términos del número de juicios de inconformidad, la de 2012 ha sido la elección presidencial más impugnada en la historia de México. El candidato ubicado en segundo lugar exigió su anulación, y la coalición de izquierda Movimiento Progresista planteó que la misma estuvo plagada de irregularidades que abarcaban desde el papel de los medios que durante los seis años previos habrían construido una candidatura desde la nada, el gasto excesivo del candidato ganador, la manipulación de los ciudadanos por las encuestas, la compra y la coacción del voto en todo el país que habrían logrado que los pobres le dieran el triunfo a Peña Nieto, etc. Todo ello, en su opinión, hacía obligado anular o invalidar la elección presidencial, por supuesta violación de principios constitucionales como el de elecciones “libres y auténticas”. En cambio, las elecciones de diputados y senadores fueron mínimamente impugnadas. Finalmente el Tribunal resolvió todos los casos. Sus sentencias, por supuesto, son discutibles y están a disposición de todos los ciudadanos interesados. Se puede o no estar de acuerdo con ellas, pero finalmente deben ser acatadas por todos los actores políticos. El capítulo VII y último contiene un ejercicio prospectivo sobre las reformas electorales que seguramente sobrevendrán a las recientes elecciones, como forma de superar limitaciones y elementos dudosos o conflictivos del marco legal vigente. Esta prospectiva sugiere que la reforma por venir será, muy probablemente, de tipo parcial, y no integral. Y 153

también apunta que la misma no será solución de fondo, a menos que los actores políticos se comprometan realmente a respetar las reglas que se acuerden. ..... En casi cualquier país democrático, los procesos electorales son ocasión para el encono entre los candidatos, partidos y visiones ideológicas contendientes. Usualmente, el grueso de la ciudadanía observa el escenario donde las críticas mutuas y las visiones divergentes se airean, y luego toma la decisión individual de por quién o por qué causa votar. Luego, los ganadores asumen sus cargos, a menudo en un clima de optimismo esperanzado; los perdedores reconocen que el voto ciudadano no los favoreció, y ofrecen unas veces su apoyo y otras su crítica constructiva. De la confrontación preelectoral, a menudo se pasa a la conciliación postelectoral, con miras a la paz y prosperidad de la nación y de su gente. Pues eso es por lo general lo que los ciudadanos quieren: vivir y trabajar en calma y armonía, con líderes que sepan impulsar acuerdos y futuro. Esto se acaba de ver en Venezuela, que celebró elecciones presidenciales el 7 de octubre de 2012. Aún en un país social y políticamente tan polarizado como la patria de Bolívar, la misma noche de las elecciones el candidato perdedor –Henrique Capriles– reconoció dignamente el triunfo de Hugo Chávez; y este último tuvo “amena” conversación telefónica con su oponente, a quien invitó a la unidad nacional. Lamentablemente, esta altura de miras no ha sido frecuente en los procesos electorales mexicanos, desde la Independencia misma. En muchas ocasiones, las elecciones presidenciales no han sido otra cosa que una legitimación o convalidación de situaciones preexistentes. En otras más, han sido elementos de división y confrontación. Contadas han sido aquéllas que han resuelto conflictos y permitido avanzar en concordia hacia el futuro. No es de extrañar, entonces, que parte de la población mantenga una cultura de desconfianza hacia instituciones electorales, partidos políticos, líderes y candidatos. Sobre esta cultura se montaron las denuncias de fraude de la coalición Movimiento Progresista y su candidato. En 2006 López Obrador había exigido un recuento de los votos depositados en todas casillas del país (“voto por voto, casilla por casilla), ante lo cual la reforma de 2007-2008 detalló nuevas causales que permitieron en 2012 realizar el recuento más 154

amplio de la historia electoral mexicana. En este último año, López Obrador retomó inicialmente tal demanda del recuento total. Luego, vista la distancia que lo separaba del candidato ganador y que ésta no fue alterada por el amplio recuento llevado a cabo en los consejos distritales, concentró su denuncia de fraude en un supuesto operativo para la compra y la coacción del voto en todo el país, aderezado por el papel de las encuestas, la propaganda televisiva, el lavado de dinero, etc. Como señaló su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, el problema no estaba en el “conteo”, sino en el “compreo”. Los autores de este libro no pueden afirmar a ciencia cierta si en 2012 hubo o no fraude electoral, desde que todo fraude se basa en el engaño y el encubrimiento. Lo que sí saben es que existe una multiplicidad de candados en todas las etapas de los procesos electorales, que éstos son supervigilados por partidos políticos, organizaciones de diverso tipo y simples individuos nacionales y extranjeros, y que son ciudadanos comunes y corrientes quienes reciben y cuentan los votos. También conocen a los mexicanos y su comportamiento político, y por ese conocimiento se les hace difícil admitir que cinco millones de ellos (¡uno de cada diez votantes!) hayan vendido sus sufragios, o que muchos hayan votado supinamente bajo influencia de la televisión, las encuestas, o el peinado de algún candidato. Consolidar la democracia implica construir ciudadanía: confiar en los electores; confiar en su capacidad de informarse, de decidir y depositar libremente su voto, y de contar los sufragios de sus vecinos. ..... El proceso electoral de 2012 ha dejado varias lecciones. Para el PAN será obligado hacer un balance crítico no solamente de su desempeño en la campaña, sino sobre todo de sus doce años en el poder. Más que buscar errores en la campaña electoral, el PAN debe evaluar su gestión de gobierno para entender su derrota. Para la izquierda y su dos veces candidato seguramente será difícil realizar un balance autocrítico de las razones de su derrota porque, para empezar, ni siquiera reconocen que lo que vivieron fue una derrota. No obstante, el nivel de conflictividad en la controversia postelectoral ahora fue notablemente menor al de hace seis años. López Obrador ya no llamó a movilizaciones para presionar las decisiones del 155

TEPJF. Al darse la sentencia final del TEPJF, desconoció el resultado oficial. Tal “desconocimiento” es lícito como parte de la libertad de expresión, pero no pasa de ser un mero recurso retórico. Mientras la izquierda siga anclada en la idea de que no gana la Presidencia porque hay una conjura en su contra, le resultará imposible entender que ese objetivo no sólo implica un fuerte liderazgo carismático, sino también un partido capaz de entender la complejidad del país y sus votantes. Tal vez por ello López Obrador llamó a la potencial transformación de su Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en partido, con lo cual traza su camino hacia la elección del año 2018. Para el PRI, la lección es que los ciudadanos ya entienden a cabalidad el valor de su voto y que de la misma forma que pueden darle la mayoría a un partido también se la pueden quitar. Los ciudadanos le retiraron la confianza al PRI en 2000, y en 2012 menos de 40% (en lista nominal) se la vuelve a otorgar. El PRI no puede entender la mayoría relativa de su candidato Peña Nieto como un cheque en blanco. Su proporción de diputados y de senadores, en ambos casos por debajo de la mayoría absoluta, le demostrará que la necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas para la toma decisiones llegó para quedarse. Para los legisladores, la lección es que sería mejor avanzar hacia una reforma electoral integral y con visos de definitividad, en vez de continuar con una estrategia reformista que, bien mirada, podría ser llamada gradualista, pero desde otro punto de vista podría ser definida como parches que se aplican luego de que se rompieron los fondillos. Y para los ciudadanos –fundamentales en toda ecuación democrática– la enseñanza es que el voto vale y debe hacerse valer. La unidad y la convivencia tranquila con los compatriotas son más importantes que las disputas políticas. La decisión de la mayoría debe ser respetada. La mayoría debe a su vez respetar a las minorías. Una y otras, o sea todos, deben siempre procurar encontrar un mínimo común denominador hacia el futuro. Se dice fácil todo esto, ¡pero ha sido tan difícil para México entenderlo!

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Este libro se terminó de elaborar en el mes de octubre de 2012. El cuidado de la primera edición estuvo a cargo de Gustavo E. Emmerich, Miguel González Madrid y Pablo Javier Becerra Chávez. La edición consta de 500 ejemplares. El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores. Se prohíbe su venta impresa o electrónica. Diseño Gráfico: L.C.G. Emma Romano C. y Vagabundo Publicidad.

Elecciones 2012

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漏 D.R. Universidad Aut贸noma Metropolitana, Iztapalapa, 2012 ISBN: 978-607-477-810-6

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