Contralinea 653 by Miguel Minero

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 5 al 11 de agosto de 2019

Año 18 • Número 653 • $30

CONTENIDO

PORTADA

EL CORREDOR TRANSÍSTMICO, HOSTILIDAD A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Una de las cartas más poderosas en el Proyecto de Nación que pretende jugar Andrés Manuel López Obrador pone en alerta a los grupos indígenas que conforman el Corredor Transístmico, intelectuales y defensores de derechos humanos

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN –año 18, número 653, del 5 al 11 de agosto de 2019– es una publicación semanal editada por Editorial Libertad y Expresión, SA de CV; Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, Ciudad de México; teléfonos: 55 54 91 93 y 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea. com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1206164804 00-102. Número de certiﬁcado de licitud de título: 12264, y de contenido: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Editorial Libertad y Expresión, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549192. Este número se terminó de imprimir el 2 de agosto de 2019. Distribuida por la Unión de Voceadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reﬂejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Editorial Libertad y Expresión, SA de CV.

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OPINIÓN 6

OFICIO DE PAPEL DESPIDEN A SECRETARIO GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA Miguel Badillo

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ZONA CERO NADIE PARA LA MATANZA DE ACTIVISTAS Zósimo Camacho AGENDA DE LA CORRUPCIÓN EL CASO DEL JET QUE EL BANXICO COMPRÓ A BOMBARDIER EN 2014 Y AÚN NO VUELA Nancy Flores

CONTRAPODER EL PEÑISMO FUE UN RÉGIMEN DE RATOS Y MÁS CORRUPCIÓN Álvaro Cepeda Neri ARTÍCULOS

CONFLICTO EN LA UACM: LA UNIVERSIDAD COMO BOTÍN POLÍTICO Claudio Albertani

LA AGRICULTURA MUNDIAL EN UN DECENIO Silvia Martínez/Prensa Latina

CONTENIDO

DIRECTOR Miguel Badillo oﬁciodepapel@yahoo.com.mx COORDINADORES INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB Nancy Flores nancy@contralinea.com.mx EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho zosimo@contralinea.com.mx CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez esoemi@contralinea.com.mx DISEÑO Miguel Minero mimiga@contralinea.com.mx PUBLICIDAD Martha Moreno mmoreno@contralinea.com.mx DEFENSOR DEL PERIODISTA

Álvaro Cepeda Neri cepedaneri@prodigy.net.mx DEFENSOR DEL LECTOR Jorge Melendez Preciado jamelendez@prodigy.net.mx EDITORIALISTAS Fabio Barbosa fabiobarbosacano@gmail.com Miguel Concha Malo educacion@derechoshumanos.org.mx Martín Esparza garrasleo6@yahoo.com.mx Roberto Galindo galeondelsur@hotmail.com Samuel Lara Villa WEB Hugo Sadh

INVESTIGACIÓN

PORTADA El corredor transístmico, hostilidad a los pueblos indígenas Érika Ramírez, enviada

SOCIEDAD CNI: la rebeldía indígena alcanza 24 estados Źosimo Camacho

SOCIEDAD Corredor industrial Tlaxcala-Puebla: los niños del cáncer Franco, enviada

ILUSTRADOR David Manrique manrique@contralinea.com.mx

ANÁLISIS

INTERNACIONAL La Liga Antiterrorista del Sur y la geopolítica de la Triple Frontera Silvina

Imagen de portada: ERIKA RAMÍREZ

Romano, Tamara Lajtman y Aníbal García Fernández/Celag 62

INTERNACIONAL Argentina: ¿De qué se ríen los gobernantes? Jorge Luis Ubertalli Ombrelli/ Telesur

MISCELÁNEO

EX LIBRIS Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto Álvaro Cepeda Neri

REDACCIÓN 5554-9194 PUBLICIDAD 5554-9191 VENTA DE LIBROS 5554-9192 Ignacio Aldama 74-8, colonia Del Carmen, delegación Coyoacán, CP 04100, México, DF

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OPINIÓN OFICIO DE PAPEL

DESPIDEN A SECRETARIO GENERAL

DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA MIGUEL BADILLO

l asumir su responsabilidad como nuevo titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el primer nombramiento que hizo el general Audomaro Martínez Zapata fue el del secretario general del principal órgano de seguridad nacional y, en consecuencia, el segundo hombre al mando en la estructura operativa del CNI, el abogado José Ángel Ávila Pérez, un burócrata sin mayor mérito que haber sido secretario de gobierno del Distrito Federal en administraciones perredistas, cuando Marcelo Ebrard ocupó la jefatura de gobierno en la capital del país. Sin embargo, desde los primeros días de su nombramiento, el perredista Ávila Pérez mostró inexperiencia y desconocimiento sobre asuntos de seguridad nacional del país y, lo peor de todo, para cubrir sus limitaciones buscó alianzas con el viejo equipo de coordinadores del desacreditado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el cual heredó al CNI una estructura de 3 mil 600 agentes y personal administrativo. Ello molestó al propio general Audomaro y a gente de Palacio Nacional, en donde aún se evalúa quién continuará en ese equipo. No sólo se necesita experiencia, sino también honestidad y confianza, algo que se perdió en los 30 años de existencia de dicho Centro. En la evaluación que se hizo sobre Ávila Pérez, se concluyó que para el cargo de secretario general del CNI se requiere a un experto en las áreas de inteligencia y seguridad nacional, para que ayude al general Audomaro a cambiar las viejas prácticas de espionaje y vulneración de los derechos humanos a las que estaba habituado el Cisen, y establecer acciones reales que resguarden la seguridad de 120 millones de mexicanos y se protejan territorio, mar

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y aire como parte de la soberanía e independencia de la nación. Por eso sólo fueron 7 meses y 20 días los que el general Audomaro sostuvo a Ávila Pérez al frente de la Secretaría General del CNI y a partir de este lunes 22 de julio ya no ocupará la oficina alterna a la Dirección General. El mensaje del director general del Centro es claro: todos aquellos mandos superiores e intermedios que pretendieron aliarse con Avila Pérez como una medida de protección para seguir en sus cargos, serán revaluados y tendrán que pasar por las pruebas de control de confianza (polígrafo), pues es de todos conocido que desde allí salía información de inteligencia y espionaje para venderla al mejor postor. Lo cual ahora no sólo está prohibido, sino que a quien se descubra en estas prácticas perversas e ilegales será denunciado y procesado penalmente. Un primer expediente que ya se investiga es el de exfuncionarios y algunos activos que andan vendiendo a empresarios y gobiernos estatales el sistema de espionaje Pegasus que había adquirido el Cisen. Todo hace parecer que de esto pronto habrá noticias. Con la salida de Ávila Pérez se presenta el segundo cambio importante en ese cuerpo de seguridad nacional. El primero, como se informó oportunamente en esta columna, fue el del longevo contralor Jesús Meza Zapata, como se informó en esta columna, quien se mantuvo en el cargo más de 21 años y vio pasar las administraciones de cuatro presidentes de la República y 10 directores generales del Cisen, hasta que él presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su cese por ser uno de los encubridores de todas las prácticas sucias que se cometieron en los gobiernos del PRI y del PAN.

OFICIO DE PAPEL

En las más de 2 décadas que Meza Zapata ocupó la Contraloría Interna, ese centro de investigación vivió sus peores años desde que fue fundado el 13 de febrero de 1989, tanto por los abusos cometidos desde sus oficinas como por las violaciones constantes a los derechos humanos (incluido aquí el espionaje político), sin descontar el despilfarro de recursos públicos, los elevados salarios de hasta 250 mil pesos mensuales para el grupo directivo de 40 funcionarios, la opacidad en el gasto, el tráfico y venta de expedientes, la venta de equipos de espionaje a gobiernos estatales y empresas privadas, así como la persecución y acoso a luchadores sociales, periodistas, empresarios, líderes sindicales y políticos de todas las corrientes. La renuncia se Ávila Pérez es importante porque en gobiernos panistas y priístas se mantuvo al frente de este órgano de seguridad nacional a políticos y burócratas incapaces y corruptos, lo que trajo consecuencias graves que hasta ahora sigue enfrentando la sociedad por la inseguridad y la violencia generalizada ante el crecimiento desbordado del crimen organizado y la corrupción. Sabemos que Ávila ha sido removido hacia áreas de reclusorios, algo en lo que ya había estado involucrado cuando fue secretario general de gobierno en la capital.

Más renuncias intempestivas Las recientes renuncias de miembros del primer equipo se gobierno de Andrés Manuel López Obrador por lo menos han sido atropelladas e intempestivas, pero sobre todo con un propósito golpista y de buscar desprestigiar al jefe del Ejecutivo. Entre ellas se debe contar la del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el director general del IMSS, Germán Martínez, quienes prematuramente renunciaron a sus tareas porque no soportaron la presión o porque tenían planeado hacerlo al servir a otros intereses diversos. Para los que ya habían trabajado con López Obrador era conocido que hablaba en serio cuando prometió romper las viejas estructuras de gobernar y crear una nueva conciencia en el servicio público en beneficio de la población. “Es un gabinete que se propone tareas titánicas en todos los ámbitos nacionales”, por lo que las car-

OPINIÓN

tas de renuncia que presentaron por lo menos los dos ex funcionarios fueron inusuales por su crítica, como si hablar de un jefe que nunca conocieron y que nunca los escuchó. Acaso no habían anticipado las presiones y problemáticas que debían enfrentar ante tales responsabilidades para las que recibieron invitación presidencial, entre otras razones porque su experiencia al frente de una secretaría de Estado, como es el caso de Germán Martínez, se reduce a menos de un año en la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno del panista Felipe Calderón. En el caso de Urzúa, el presidente le había confiado La finanzas públicas del país, pero él prefirió renunciar por incapacidad para enfrentar los retos. Todo esos elementos confirman la incapacidad de ambos funcionarios que nunca tuvieron claro que estaban en un gabinete presidencial distinto, que entraña negociaciones, convencimientos y operación a partir de equipos afines; no basta con ser elegidos, pues eso solo es el comienzo del rocoso escalamiento a las oficinas de decisiones nacionales. Las quejas de Urzúa y Martínez no caben en personas con experiencia y trayectoria en el servicio público, porque dejan las instituciones en medio de procesos de planeación y puesta en marcha de programas tan importantes como son los de salud y las finanzas públicas, por ello no caben esas actitudes sabiendo las fragilidades iniciales a las que se enfrenta cualquier gobierno que empieza. Las dos renuncias parten además de una ingratitud no solo hacia el presidente, sino con la sociedad toda que puso en ellos su confianza en ellos. Pero en este contexto no todo es negativo, estas renuncias dieron espacio para que entraran dos lanzadores de buen brazo a la contienda, como diría López Obrador: Arturo Herrera a Hacienda y Zoé Robledo al IMSS, funcionarios que deben mostrar carácter, conocimiento técnico y sensibilidad social y política para sus nuevos encargos en bien del país. Otra incorporación es el arribo de Juan Pablo Newman como director general de la Afore Siglo XXI (IMSS-Banorte), que cuenta con experiencia y reconocimiento de los mercados financieros locales e internacionales. A parte de tratarse de nombramientos en momentos difíciles para el país, los tres tienen perfiles adecuados: Arturo es economista, Zoé es politólogo y Juan Pablo es matemático, esperemos que ellos den buenos resultados.

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OPINIÓN ZONA CERO

NADIE PARA LA MATANZA DE ACTIVISTAS ZÓSIMO CAMACHO

n estas páginas hemos dado cuenta del su comunidad 20 de Junio por la defensa de sus recrudecimiento de la violencia contra tierras que les disputa la familia Orantes. La oractivistas: luchadores sociales, defenso- ganización acusa a los grupos paramilitares cores de derechos humanos, ambientales, del te- nocidos como Los Coyotes y Los Chemas. Aquel martes 18, Mario Moreno López, de rritorio. Hace algunas semanas documentamos cómo este inicio de sexenio ha sido el peor para 64 años de edad, salió de su casa a las 6:00 de la el Congreso Nacional Indígena con un saldo de mañana a trabajar en su milpa. Compañeros de 12 de sus integrantes asesinados y decenas de parcelas contiguas se despidieron de él las 12:00 comunidades sitiadas por grupos armados. Des- horas. Mario se quedó trabajando con una bomba de fumigación. No llegó a la asamblea de la afortunadamente no es el único caso. Dentro del amplio y plural movimiento so- comunidad. Tampoco regresó a su casa. Una cial, también nos preocupa lo que ocurre con comisión de seis compañeros salió a buscarlo. Alrededor de las 21:45 horas fue encontrael Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). De hecho, desde hace años esta organi- do el cuerpo sin vida de Mario. Tenía la ropa manchada de sangre y zación viene sufriendo una herida detrás de la el asesinato y la desaGrupos armados ilegales atacan imcabeza. parición de varios de La comunidad dio sus integrantes. Todos punemente a las comunidades. Cuando los agravios cometidos éstas responden organizadamente, vie- parte al Ministerio Público de manera inmecontra ellos antes del ne entonces la represión del Estado diata para que hiciera inicio de este sexenio acto de presencia y lepermanecen en la impunidad. Baste por ahora recordar tres casos: vantara el cuerpo. Bajo el argumento de que se el de Héctor Santiz López y el menor de edad trata de “una zona peligrosa”, la autoridad dijo Humberto Morales Santiz, ejecutados extraju- que acudiría hasta el día siguiente. El 18 de julio fue detenido desaparecido Jadicialmente el 29 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, respectivamente, por el vier González Díaz. Luego de la presión de sus grupo paramilitar Los Petules; y el de Fidencio familiares y la organización, fue presentado por Gómez Santiz, desaparecido desde el 5 de mar- las autoridades 27 horas después con huellas de tortura. Permanece preso bajo acusaciones de zo de 2017. Sin embargo, en los últimos meses –particu- robo de motocicleta y portación ilegal de arma. larmente los 2 más recientes– la violencia con- El FNLS dice que las autoridades fabricaron tra el FNLS se ha recrudecido. El 18 de junio estos supuestos delitos para intentar ocultar las pasado fue ejecutado extrajudicialmente Mario violaciones a los derechos humanos cometidas Moreno López, en el municipio Venustiano Ca- contra Javier. Ese mismo 18, integrantes de la comunidad rranza, Chiapas. El activista luchaba junto con

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OPINIÓN

JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO

ZONA CERO

protestaban por la detención de Javier cuando fueron atacados a balazos. Resultaron heridos Domingo Gómez Santiz y Juan Calixto Gómez Sánchez. Hasta el momento, Juan Calixto se encuentra en situación grave en el hospital de Ocosingo. También ese día el gobierno de Chiapas desalojó dos puntos de información que el FNLS tenía en la región. Para los pasados 20, 21 y 22, policías estatales y municipales incursionaron a las comunidades de FNLS sin otro motivo que inhibir la organización y la protesta. Y para el 23 se establecieron Bases de Operaciones Mixtas –con fuerzas estatales y federales, de manera destacada el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional– en las entradas de estas comunidades. El embate contra los pueblos simpatizantes del FNLS es prácticamente la misma que han denunciado otras organizaciones: grupos arma-

dos ilegales les atacan en primera instancia; y cuando las comunidades responden organizadamente, viene la represión estatal. Los pueblos padecen primero la violencia y la impunidad de los perpetradores. Y luego, el desprecio, la burla y la agresión de quienes deberían procurar e impartir justicia. No se trata sólo de que cesen estas hostilidades. También de que se castigue a los autores materiales e intelectuales de estas agresiones. De destacarse el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional en estos pueblos. Una sola represión materializará los temores y las advertencias sobre la creación de la propia Guardia y la modificación a las leyes que faculta a las Fuerzas Armadas Mexicanas para intervenir en asuntos de seguridad pública. Una sola represión y caerá todo el discurso de que, en la “cuarta transformación”, primero son los pobres.

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OPINIÓN AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

EL CASO DEL JET QUE EL BANXICO COMPRÓ A BOMBARDIER

Y AÚN NO VUELA NANCY FLORES

ncargado de proveer billetes y monedas a trasladaba los valores en sus dos aviones Dash8-202, la economía del país, el Banco de México adquiridos en 1999. Pero regresemos al caso del Bombardier: el 8 de (Banxico) cuenta con un sistema propio de distribución basado en una flotilla de 19 camiones noviembre de 2013, la Dirección de Seguridad del blindados y dos aeronaves, cuya característica es Banxico solicitó al área de Recursos Materiales inioperar discretamente para evitar robos de grandes ciar el procedimiento de compra. Adicionalmente, el 12 de febrero de 2014 emitió un Dictamen de excepción proporciones. Contrario a lo que pasó con el resto de las institu- para la adquisición de una aeronave, en el que estableció ciones federales que poseían aviones y helicópteros, “la necesidad de contar con el equipo de vuelo adeque han sido obligadas a rematarlos por el tema de cuado para llevar a cabo la función de traslado aéreo la austeridad que impulsa el presidente Andrés Ma- de moneda nacional”, con los aspectos relativos a su nuel López Obrador, el Banxico no se deshará de sus protección. Luego de hacer un estudio de mercado para vehículos aéreos ni terrestres, por la naturaleza de su comparar precios y beneficios de los proveedores función. Hasta aquí, todo bien. potenciales, la Dirección Lo que no está nada de Recursos Materiales bien es lo que ha pasaEl jet Bombardier CRJ 700 NextGen autorizó adjudicar dido con la adquisición de un jet Bombardier CRJ costó más de 60 millones de dólares rectamente a la empresa 700 NextGen (con costo y llegó a México con 1 año y medio de Bombardier, Inc, por un importe de 38 millones superior a los 60 millo- retraso. No ha iniciado operaciones 194 mil dólares por el nes de dólares) que llegó jet y 22 millones 885 mil con 1 año y medio de re110 dólares por trabajos de remodelación. traso. Resulta que aunque su adquisición se pactó en El contrato PAB DM-001-2014 se firmó el 24 de marzo de 2014 directamente con la trasnacional canadiense y la fecha de entrega se estableció en junio marzo de ese año, por un monto total de 61 millones de 2016, éste arribó a México hasta mayo de 2018 79 mil 110 dólares. Y en éste, Bombardier se comy, por si esto no fuera ya bastante, en enero de 2019 prometió a entregar el jet modificado para el periodo de junio-diciembre de 2016. aún no podía iniciar operaciones. Lo que ocurrió después fue un cúmulo de anoLa historia de esta tortuosa compra inició en 2013: el 28 de octubre de ese año, su Junta de Go- malías que derivó en atrasos por 1 año y medio en bierno autorizó su adquisición derivada de la necesi- la entrega de la aeronave con la que el Banxico pladad de sustituir parte de la flota de aeronaves con las neaba reemplazar su vieja flota: ésta llegó a México que ese instituto ejecuta las actividades relacionadas hasta mayo de 2018. Pero hasta ahora el avión es con la distribución de remesas. Y es que el Banxico inservible.

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AGENDA DE LA CORRUPCIÓN

En ese lapso, el banco central firmó una serie de convenios modificatorios con la trasnacional para aplazar la entrega, sin identificar causas imputables a alguna de las partes. No obstante, por estos retrasos, Bombardier accedió a “pagar” una compensación equivalente a 1 millón 139 mil 255 dólares que fueron descontados al monto final de la compra. Ello se acordó exactamente 1 año después de la fecha de entrega: el 31 de julio de 2017, el Banxico y Bombardier firmaron la orden de cambio 5, en la cual se comprometía como fecha fatal enero de 2018; de fallar, se aplicaría la compensación. Y falló. El banco central también obtuvo una compensación de 100 mil dólares que se generó como nota de crédito, cuyo objetivo será utilizarla en el mantenimiento del CRJ-700 NextGen en este 2019. Por todo ello, la Unidad de Auditoría del Banco determinó que en esta compra se incumplieron algunas bases del contrato, como por ejemplo el apartado 1.1.1 Pagos y aceptación de la aeronave y su trabajo de modificación, por la “falta de disponibilidad temporal de la aeronave debido a la implementación de mejoras de seguridad a los trabajos de modificación”. También se incumplió el apartado 1.2.1 Recepción y operación de la aeronave, por las “fallas en la inspección de los bienes y etiquetas de la aeronave”, y “falta de evidencia y fallas en la gestión y vigencia de trámites realizados con las autoridades”. El punto 1.2.2 Custodia de la aeronave, por “fallas en la custodia de los bienes que se emplean para las configuraciones de la aeronave”; y el apartado 1.2.3 Aseguramiento de la aeronave, por “errores en la definición de las coberturas en el aseguramiento de la aeronave”. La auditoría interna GAOC-05/18 indica que “el avión se encontraría imposibilitado a realizar operaciones de vuelo hasta que se demuestre la integración” de mejoras establecidas por la autoridad canadiense en el Certificado Tipo Suplementario, con fecha de implementación a partir del mes de enero de 2019. No obstante, la Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores justificó la recepción de la aeronave al argumentar que, en el momento de la entrega, el jet modificado “no sólo cumplía con las dispo-

OPINIÓN

Banxico. Auditoría interna

siciones aeronáuticas, sino que cumplía con todo lo establecido en el contrato por lo que no existía sustento legal para no recibirlo, mismos que fueron validados en México por la autoridad aeronáutica mexicana (Dirección General de Aeronáutica Civil), para su puesta en operación en México”. No obstante, la Unidad de Auditoría señala en su informe final, fechado el 3 de diciembre de 2018: “la situación descrita anteriormente propició que actualmente el Banco de México no se encuentre en posibilidad de utilizar la aeronave para llevar a cabo distribución de remesas”. Así las cosas en el banco central, a 6 años de que su Junta de Gobierno determinó urgente renovar la flotilla aérea.

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OPINIÓN CONTRAPODER

EL PEÑISMO FUE UN RÉGIMEN DE RATOS Y MÁS CORRUPCIÓN ÁLVARO CEPEDA NERI

uando menos para este columnista, está por verse si el lopezobradorismo es más que una ideología cristiana; una especie, simultáneamente, de un terremoto político y un tsunami económico-social, de lo que todavía es muy temprano: un sexenio y 1 año de su victoria electoral, festejados con un “bailongo” en el Zócalo de la Ciudad de México, también llamada Plaza de la Constitución, con el discurso interminable de su físicamente incansable dirigente. Quien califica lo de gobernar como menos que una teoría-práctica políticas, únicamente ejerciendo la honradez, no mentir y no traicionar al pueblo, mientras ataca en todos los frentes abiertos para solucionar los problemas del desastre que le dejó el peñismo; ése que ha terminado por ser la culminación del priísmo (desde Alemán en 1946). Y que es el podrido régimen que Morena ha sustituido por el despliegue presidencial del tres veces candidato presidencial, hasta que con abrumadora votación y desbordada legitimidad conquistó el cargo que ahora ostenta el inquilino del Palacio Nacional. Así que no hay duda. De 1946 al 2018, fueron 73 años en los que los ladrones en los cargos fueron de menos a más; y en esa misma medida también de menos a más corrupción. Así que para donde se rasca un poquito aparecen raterías, cadáveres en fosas clandestinas, testigos torturados para inculparse; presos políticos inocentes. Fue una “dictadura perfecta” cuestionada por la prensa (muy a pesar de los desprecios de López Obrador para con ese trabajo); pero, claro, a muchos de sus integrantes los sobornaban para que minimizaran los hechos y sus consecuencias; re-

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flejadas éstas en la mitad de la población en una pobreza que raya en la miseria. Y este pueblo resistiendo al recuerdo de la Revolución de 19101917, glorificando a Zapata, Villa y Madero, para alimentar la esperanza nacional de una reivindicación. El peñismo fue la culminación de esa podredumbre económica, descrédito de la política y abandono de los reclamos sociales. Eso debe reconocerse, para tratar de explicarnos, aunque no para justificar y menos sin crítica el actual régimen que, si bien, pues, está queriendo poner en blanco y negro esa herencia, no podemos ni debemos pasar por alto la violencia sangrienta que sufrimos los mexicanos. Ha habido renuncias, deserciones y autocríticas (éstas si bien suavecitas y con temor), del régimen lopezobradorista. Los apóstoles del actual presidencialismo no han pescado rateros y apenas se asoma el combate a la corrupción. El terremoto del tabasqueño causa derrumbes. Y lo que tiene de huracán, devasta antiguos privilegios, al costo, verbigracia, de falta de medicinas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en perjuicio dolorosamente lamentable de millones de mexicanos, que así pagan los platos rotos de ese voraz peñismo que dejó un país atrapado en 1 mil y una raterías. Han transcurrido 180 días del lopezobradorismo y su presencia personal mañana, tarde y noche, con el manejo de su peculiar oratoria para defender a tirios y troyanos de los reclamos populares. Y el único expresidente que está en capilla por el plazo de 1 año para someterlo a juicio político es Peña, quien ya libró un semestre. Pero aún hay tiempo.

OPINIÓN ARTÍCULO

CONFLICTO EN LA UACM LA UNIVERSIDAD COMO BOTÍN POLÍTICO CLAUDIO ALBERTANI, RESPONSABLE DEL CENTRO VLADY DE LA UACM; POLITÓLOGO E HISTORIADOR; DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS

Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar, y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido sólo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega... George Orwell

n la entrega anterior señalé que el nuevo conflicto que vive la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), a partir del intento de defenestrar al rector, doctor Galdino Morán López, tiene que ver con el grupo de poder que controla el Consejo Universitario. Afirmé que dicho grupo ha inventado una narrativa absolutamente falsa según la cual la administración pasada, encabezada por el doctor Hugo Aboites (2014-2018) habría cometido una estafa millonaria en daño de la universidad. Al terminar su mandato en mayo de 2018, Aboites habría impuesto a Morán mediante un fraude electoral, fraguado con la complicidad de los consejeros estudiantes de la Quinta Legislatura (2017-2019). En esta segunda entrega, antes de desmontar dichas acusaciones, me propongo hacer un poco de historia.

Manipulando movimientos universitarios Los lectores recordarán, sin duda, la larga huelga estudiantil de 2012 que desembocó en la destitución de la entonces rectora, doctora Esther Orozco (2010-2013). Participé de manera decidi-

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da en dicho movimiento e, incluso, escribí un libro para explicar sus motivos: Pienso luego estorbo, que fue editado por la editorial Juan Pablos Editores y cuenta con dos ediciones. No es éste el momento de volver sobre aquellos años turbulentos, pero vale la pena preguntarse por qué la UACM está sujeta a tantos conflictos. Hay, desde mi punto de vista, tres razones. La primera tiene que ver con lo que algunos nombran “capitalismo académico”, es decir, la invasión de criterios mercantiles en el ámbito de la educación en general y de la educación superior en particular, fenómeno estudiado, entre muchos otros, por Pablo González Casanova aquí en México y Pierre Bourdieu en Francia. Una universidad comparativamente nueva (se fundó en 2001) que en lugar de la competencia y la venta de servicios educativos privilegia la inclusión de sectores sociales tradicionalmente excluidos, elimina el examen de admisión y sitúa en el centro de su quehacer la cooperación y la ayuda mutua, está sujeta a toda clase de estigmas, calumnias y, por supuesto, conflictos. La segunda razón es más circunstancial: los repetidos intentos del gobierno de la Ciudad de violar la autonomía universitaria e interferir en nuestros asuntos internos. En 2012 fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard; ahora es el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con Claudia Sheinbaum. En aquel tiempo, de lo que se trataba era de trasformar a nuestra universidad en un complemento de la recién creada Escuela de Administración Pública del Distrito Federal (que a

ARTÍCULO

su vez era una copia de la École Nationale d’Administration, think tank francés que produce presidentes de la república al por mayor). Confieso que no me queda claro el propósito del gobierno actual: ¿quitarnos la autonomía para hacerse cargo directamente del gobierno universitario? ¿Convertir a la UACM en una sucursal de la Rosario Castellanos? Lo que sí sé es que el mismo grupo que pretende defenestrar a Morán celebra reuniones periódicas con funcionarios del Gobierno de la Ciudad y con la propia Sheinbaum, ya que hay testigos al respecto y, por lo menos, una foto que las documentan. La tercera razón tiene que ver con la historia de un grupo de profesoras y profesores –omitiré sus nombres, pero en la UACM todo el mundo sabe quiénes son– que participaron en las luchas de 2010-2013 contra la doctora Orozco, no tanto para defender la educación pública, sino, primero, para controlar el movimiento y, luego, encauzarlo hacia sus propios fines. Conocidos como “los moderados”, algunos de dichos profesores habían desempeñado un papel que muchos consideran nefasto en el Consejo General de Huelga (CGH, 1999-2000) de la UNAM, en el cual participaron en calidad de estudiantes.

OPINIÓN

En 2012, ya como profesores en la UACM, disputaron al entonces Consejo Estudiantil de Lucha (CEL) la dirección del movimiento, controlando el llamado Foro Académico y presentándose ante el entonces Gobierno del Distrito Federal como los únicos interlocutores que podían resolver el conflicto. La victoria de la huelga –dicho sea de paso– se debió, en parte, a la brillantez de la dirección estudiantil que sorteó, uno a uno, los escollos que se le presentaron, en parte al cuerpo académico y de trabajadores administrativos que sostuvo al movimiento y, por último, a los errores que cometió la propia Orozco y que a la postre la perdieron, asuntos que trato en la segunda edición de mi libro. A continuación, los moderados (así les seguiré llamando, a pesar de que en la UACM se les conoce con otros motes) se incrustaron en los puestos estratégicos de la administración interina del doctor Enrique Dussel (marzo de 2013-mayo de 2014) y pusieron manos a la obra. Se dedicaron, en primer lugar, a dividir el movimiento estudiantil y a torpedear los proyectos que no auspiciaban ellos mismos, como la ludoteca del plantel San Lorenzo Tezonco, que suprimieron a pesar de que respondía a las necesidades de las estudiantes madres solteras.

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Aún así, aglutinaron a más académicos (entre xual sin contar con pruebas fidedignas al respecto. los cuales figuran tránsfugas del orozquismo, como Además de manchar la trayectoria de este acadéelprofesor Homero Galán, que ahora es uno de mico controversial, aunque ciertamente respetado los académicos que presentan el expediente con- y querido en muchos ámbitos, el tribunal que Fetra Morán López), trabajadores administrativos y derico Anaya (actualmente consultor jurídico de la estudiantes. La mayoría no tenía nada que ver con Mesa Directiva del Senado de la República) armó el CGH de la UNAM ni con el propio movimien- para el caso, sentó un pésimo precedente en la histo uacemita de 2010-2012, pero coincidían con la toria de nuestra universidad: excluir a los adversaidiosincrasia del grupo: el oportunismo y el apetito rios políticos mediante acusaciones falsas y juicios sumarios. de poder. Así que luego de posicionarse como grupo triunfador, los moderados recompensaron a sus in- ¿Moderados? ¡Qué va! Sectarios condicionales. Uno de ellos fue el profesor Mario Viveros –posteriormente nombrado Coordinador Hacia principios de 2014, el objetivo de los de Comunicación de la UACM– a quien le fue moderados era evidente: garantizar, a la hora del asignado por un mecanismo del todo irregular, ba- relevo, las condiciones para seguir controlando los sado en un oficio del entonces abogado General, principales órganos de gobierno. Eran mayoría en Federico Anaya (sin pasar por Consejo Universita- el Tercer Consejo Universitario (2012-2015), pero rio la desaparición ni creación de áreas), el equipo codiciaban la administración. Le apostaron al docaudiovisual que pertenecía al Centro de Investiga- tor Hugo Aboites, quien resultó designado rector ción y Producción de el 8 de mayo con los vola Imagen (CIPI) para tos de ellos. Habría que Desde la Coordinación de Servicios el proyecto de maesañadir que algunos de tría formulado por Estudiantiles premiaron con viajes al los consejeros que lo elila cineasta Alejandra extranjero a estudiantes que les eran gieron son los mismos Sánchez Orozco (hija aﬁnes. Se volvieron incondicionales que luego lo acusaron de la exrectora Esther de crímenes imaginaOrozco) y creando, de rios y en la actualidad manera igualmente irregular, el Laboratorio de integran la Sexta Legislatura del CU (2019-2021), Medios Audiovisuales (Lama). desde la cual se alistan para destituir al doctor MoAl mismo tiempo, desde la Coordinación de rán López. El dato es relevante porque, como deServicios Estudiantiles, premiaron con viajes al tallaré a continuación, su idilio con Aboites fue de extranjero a los estudiantes que les eran afines, cu- corta duración. yos líderes, con el tiempo, se convirtieron en una ¿Por qué? Porque Aboites no se mostró lo sufuerza incondicional. Cabe señalar que el entonces ficientemente condescendiente como para satisfatitular de dicha Coordinación, Samuel Cielo, es cer sus inagotables pretensiones. Esto a pesar de ahora uno de los académicos que presentan el ex- que, al principio de su administración, aceptó no pediente contra Morán. Se podrían abordar otros revertir el despido ilegal de González Ruiz, cosa asuntos, como el de las profesoras que tenían doble que hubiera podido hacer fácilmente en calidad de tiempo, pero sería tedioso. representante legal de la universidad desistiéndose Lo que no puedo dejar de mencionar es el de la acusación en su contra. Les concedió, asimistribunal especial y extrauniversitario que arma- mo, puestos estratégicos que mantuvieron cuando ron contra el profesor Enrique González Ruiz, a menos durante la primera mitad de su gestión, tala sazón coordinador del Posgrado en Derechos les como la Secretaría General, la Coordinación Humanos de la UACM, a quien despidieron de de Servicios Estudiantiles y la Coordinación de manera irregular el 30 de abril de 2013 –pocos Obras. Por otra parte, mantuvo, durante un largo días antes de que terminara la administración del período, piezas claves que venían de la administradoctor Enrique Dussel– acusándolo de acoso se- ción anterior, ya que no presentó las ternas para

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remplazar al Abogado General Federico Anaya ni al Coordinador de Comunicación, Gabriel Medina Carrasco. No está por demás recordar que los 4 años de la rectoría de Aboites fueron de crecimiento, relativa estabilidad y consolidación institucional. Se recuperó la matrícula que había bajado drásticamente por la huelga de 2012, se reglamentó, por primera vez, el ingreso de los estudiantes, se abrieron tres nuevas licenciaturas y se duplicó el número de titulados. Se incrementó el patrimonio universitario con el plantel en La Magdalena Contreras y se hicieron gestiones para no perder el terreno de Milpa Alta que en años anteriores había sido donado a la UACM. Se compraron, además, un terreno para ampliar el plantel Centro Histórico y un inmueble para ser acondicionado como nueva sede administrativa, lo cual permitirá ahorrar el dinero que se gasta por concepto de renta. Otro aspecto importante es que no hubo conflictos relevantes, a pesar de reiterados intentos de provocarlos, por ejemplo, interrumpiendo las sesiones del CU o, incluso, impidiendo que se celebraran. Es verdad que, echando mano a múltiples artimañas, los moderados lograron impedir la oferta de licenciaturas en el plantel de La Magdalena Contreras, venganza mezquina que repercute principalmente en contra de la población de esa demarcación que fue la que exigió la presencia allí de nuestra Universidad. Hubo un par de conatos de huelga, promovidos por el entonces secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UACM (SUTUACM) y actual consejero del Sexto CU, Javier Gutiérrez Marmolejo para desestabilizar a la administración, lo cual es una práctica bien conocida en la historia de las universidades autónomas. Un evidente desplante fue el intento de incorporar a la UACM las carreras de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, ubicada en Guerrero, en la que participaban algunos de nuestros académicos moderados. La Unisur es una institución que brinda educación superior sin reconocimiento oficial, cuyas carreras fueron diseñadas para cubrir las necesidades de la población local, tales como “Gestión ambiental comunitaria” o “Gobierno y administración de municipios y territorio”. Sin embargo, dado que la UACM no im-

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parte dichas carreras, incorporar a esta institución hubiera puesto en peligro nuestro propio registro ante la SEP, ya que, aunque autónoma, ninguna universidad puede homologar carreras que no imparte, menos aún en otro estado. He aquí, en síntesis, el recorrido de los llamados moderados, el grupo no muy moderado que ha sumido a la UACM en un nuevo conflicto. Numéricamente, sus integrantes son relativamente pocos: el núcleo duro no pasa de cincuenta profesores, cincuenta estudiantes y unos treinta trabajadores administrativos. ¿Qué les une? Muy poco, salvo el rencor patológico contra Aboites que no cumplió con sus expectativas y contra Morán que –según ellos– les robó la rectoría. No es un problema ideológico: los hay simpatizantes de Morena y del PRD, pero también anarquistas, trotskistas, apolíticos y hasta estalinistas. A ese núcleo duro, hay que añadir las bases de apoyo: un número igual de personas que les creen y otros tantos que siguen la corriente sin mucha convicción por el afán de ser políticamente correctos o por el temor de sufrir represalias. El grupo tienen una grave debilidad: no se ponen de acuerdo sobre quién será el o la ungida, en el caso de que logren defenestrar a Morán López. No les respalda, por demás, ningún movimiento ni han logrado movilizaciones comparables, por ejemplo, a las de 2012. Fuera del CU, su fuerza es nula y se funda sobre la apatía de la comunidad universitaria que cuenta con más de 18 mil integrantes los cuales, hartos de tanta grilla, no solamente no participan en los órganos de gobierno, sino tampoco salen a votar. De hecho, en el CU actual, el mismo que, sin contar con el aval de la comunidad, pretende “limpiar” a la UACM de la corrupción, hay consejeros, como el secretario de Organización, Carlos Ernesto Martínez Rodríguez, que cuenta con dos votos o Javier Gutiérrez Marmolejo que obtuvo ocho. Destituir a un rector de una universidad autónoma es cosa seria; hacerlo con esta ausencia de legitimidad es completamente irresponsable. En la tercera y última entrega, abordaré el asunto del supuesto fraude que denuncian en obras, la inconsistencia de las acusaciones contra Aboites y Morán y la legalidad de la designación de este como rector de la UACM por el periodo 2018-22.

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LA AGRICULTURA MUNDIAL EN UN DECENIO SILVIA MARTÍNEZ/PRENSA LATINA

oma, Italia. Un estudio de la Organiza- ciales que reduzcan y redirijan el comercio, con ción de las Naciones Unidas para la Ali- repercusiones para los mercados internacionales mentación y la Agricultura (FAO, por su y nacionales. Preocupa de igual modo a ambas sigla en inglés) y de la Organización para la Coo- entidades la propagación de enfermedades en peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) en- cultivos y animales, como la peste porcina afrifocado en el decenio venidero, prevé un aumento cana; la ascendente resistencia a los antimicrode la producción agrícola mundial y precios simi- bianos, las respuestas normativas a las nuevas técnicas de fitomejoramiento, además de los lares o por debajo a los actuales. Esos buenos augurios, aunque condicionados cada vez más frecuentes fenómenos climáticos a otros factores, están en las Perspectivas agrícolas extremos. En términos de consumo en la próxima déca2019-2028 de la OCDE y la FAO, documento que desde hace 15 años realizan ambos organis- da gran parte de la demanda adicional de alimenmos internacionales y a través del cual ofrecen tos provendrá de regiones con un alto crecimiento una evaluación a futuro sobre los mercados de demográfico, en particular África subsahariana, India, Medio Oriente productos básicos agríy África del Norte. El colas y pesqueros a Las previsiones vaticinan un autexto alerta también escalas nacional, regional y mundial, en esta mento del consumo alimentario mun- ante un estancamiento ocasión con un acápite dial, pero un crecimiento económico del consumo per cápita por la saturación dedicado a América más lento y catástrofes ambientales de la demanda para la Latina y el Caribe. mayor parte de la poLas previsiones vaticinan un “aumento del consumo alimentario blación mundial. En América, por ejemplo, el domundial, pero un crecimiento económico más cumento prevé un aumento relativamente fuerte lento”, acompañadas por conﬂictos y catástrofes de la demanda de carne; por el contrario, en Áfriclimáticas extremas, adversos a los propósitos de ca subsahariana los ingresos bajos continuarán la seguridad alimentaria y la producción agríco- restringiendo el consumo de ese producto. Las limitaciones en la pesca de captura hará la. La innovación tecnológica será determinante en las mejoras productivas incluso con un menor que el crecimiento en la oferta de pescado y mauso de tierras agrícolas a nivel global, perspectivas risco esté sustentado en la acuicultura, cuya proque, dicho de otro modo, estarán sujetas a factores ducción para 2028 se prevé crezca 55 por ciento. adversos y no necesariamente tributarán directa- También en términos generales, los productos mente en mejoras de la seguridad alimentaria en lácteos frescos cubrirán una buena parte de la demanda de proteína en Asia, en particular India y términos globales. También refiere como factor de mayor incer- Pakistán; mientras el consumo per cápita de azútidumbre una escalada de las tensiones comer- car y aceite vegetal experimentará un alza, atri-

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buible a la urbanización y al cambio a favor de alimentos más procesados. En tal sentido, los expertos de la FAO y de la OCDE llaman la atención en cómo la malnutrición, en particular el sobrepeso y obesidad en todas sus formas crecerán en varios países del mundo ante un consumo excesivo de calorías, dietas desequilibradas y menores niveles de actividad física. Ese problema alcanzará dimensiones mayores, con consecuencias preocupantes para las economías y los sistemas de salud, señala el documento y destaca que en muchos países de ingresos bajos y medios, la obesidad y el sobrepeso coexisten con la subalimentación y las deficiencias de micronutrientes, que traduce en la llamada “triple carga” de malnutrición. Por otra parte, la demanda creciente de productos alimentarios de origen animal impulsará al sector ganadero, con una mayor cantidad de áreas dedicadas al cultivo de forraje, como maíz y soya; incluso se prevé que en los próximos 10 años el uso

de cereales para forraje excederá el incremento con destino alimentario. Todo ello hará que las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura en una década, según la propia fuente, crecerán 0.5 por ciento anual, contra el 0.7 registrado durante los dos lustros previos, sobre todo por la ganadería, arrozales y los fertilizantes sintéticos. Para los expertos esa cifra es menor al aumento de la producción agrícola, que crecerá 15 por ciento en el decenio, lo cual indica un descenso en la intensidad de carbono a medida que aumenta la productividad.

América Latina y el Caribe Como región “rica en tierra y agua” califica el informe a América Latina y el Caribe, la cual, señala, representa el 14 y el 23 por ciento, respectivamente, de la producción y las exportaciones mundiales de productos básicos agrícolas y pesqueros.

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En esa parte del mundo la FAO y la OCDE tividades que van desde pequeñas explotaciones prevén un aumento de 22 por ciento en los cul- de subsistencia hasta grandes compañías multinativos y 16 por ciento en la ganadería, niveles de cionales”. En tanto, a juicio de Gurría, los agriproducción que superarán en 7 y 2 por ciento, cultores de hoy “son importantes custodios del respectivamente, la media mundial en el decenio. entorno natural y se han convertido en productoPara 2028, vaticinan, la región está llamada a ge- res de energía renovable”. El primero, a través de una videoconferennerar más del 25 por ciento de las exportaciones agrícolas y pesqueras globales; subrayan la impor- cia durante la presentación del documento en la tancia de la apertura comercial a nivel mundial y sede de la FAO en esta capital, dedicó especial advierten que el aumento sostenible de la produc- atención en su intervención a América Latina tividad agrícola requerirá inversiones estratégicas y el Caribe. Dijo que la “agricultura ha sido un sector importante en esa parte del mundo y que beneficien el medio ambiente. El informe reconoce, asimismo, que las fuertes una fuente importante de ingresos por exporoportunidades de crecimiento en cultivos de frutas taciones”, tendencia que agregó, el documento y hortalizas de alto valor, brindan oportunidades prevé continúe en el futuro y la “región refuerce a los pequeños agricultores, pero las políticas de- su papel como exportador agrícola”. El experto berán diferenciarse de acuerdo con las disponibili- consideró, además, que la mayor parte del crecidades de recursos y el potencial del mercado. Una miento puede alcanzarse a partir de una mayor mayor presencia femenina en la agricultura en la productividad sin tener que utilizar más recurregión, sostiene, demanda acciones para mejorar sos y más tierras. Según Da Silva, el acceso de las mu“ese crecimiento sosjeres a la educación, Las políticas agrícolas deberán contenible puede suponer créditos y servicios de extensión, en tanto la centrarse en retos como alimentar a un ejemplo positivo seguridad alimentaria una población mundial creciente y re- para todo el mundo”; argumentó que musigue siendo una preo- ducir el impacto medioambiental chos países en esa recupación pues muchas gión pueden “servirnos familias carecen de recomo ejemplos de éxitos”, y añadió que algunos cursos para pagar los alimentos necesarios. Al referirse al estancamiento de la pobreza ex- de ellos están asociados para compartir conocitrema desde 2015 en esa parte del mundo (luego mientos y experiencias. “Es exactamente eso lo de sostenidos avances contra ese ﬂagelo), el in- que deseamos”, que todos los países y todos los forme considera primordial “garantizar el creci- actores sumen sus fuerzas en la lucha contra el miento de los ingresos entre las comunidades más hambre y la malnutrición”, ponderó el directivo. Por su parte, Gurría llamó la atención sobre pobres”, al igual que la evaluación de las políticas para enfrentar el sobrepeso y la obesidad, con la importancia en el próximo decenio de un “covistas a socializar las buenas prácticas con otros mercio abierto, transparente y predecible [...] sobre todo en América Latina”. De manera gepaíses. neral, también válido para esa región, alertó que las políticas agrícolas deberán concentrarse ante Opiniones de expertos retos como alimentar a una población mundial Tanto José Graziano da Silva, director general creciente, asegurar medios de subsistencia a los saliente de la FAO, como el secretario general de agricultores y reducir el impacto medioambiental la OCDE, Ángel Gurría, en el prólogo del infor- del sector. De igual modo valoró que los gobiernos “tieme destacan aspectos esenciales a tener en cuenta nen que invertir más en las gentes, en la investien las proyecciones de la agricultura hoy día. Para Da Silva “la agricultura mundial se ha gación, la innovación, en la sostenibilidad y en la convertido en un sector muy diversificado, con ac- infraestructura”.

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EL CORREDOR TRANSÍSMITCO

HOSTILIDAD A PUEBLOS INDÍGENAS

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Una de las cartas más poderosas del Proyecto de Nación de López Obrador alerta a los indígenas del Corredor Transístmico: ayuuk, zoque, ikoot, binnizá y, entre otros cinco, chontal. Aseguran que están en pie de lucha ÉRIKA RAMÍREZ, ENVIADA

ERIKA RAMÍREZ

uchitán de Zaragoza, Oaxaca.- La parte más estrecha entre Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, ha sido desde antes del porfiriato uno de los territorios más codiciados para la explotación de sus riquezas naturales; así como, de las rutas de comercialización más anheladas por la clase dominante del país. Los pueblos indígenas que habitan en el trazo de este corredor, de 200 kilómetros, permanecen en resistencia ante el posible despojo de sus recursos. Y es que el Corredor Transístmico es una de las obras de infraestructura más importantes para llevar a cabo durante esta administración y ha sido ofrecida al empresariado mexicano. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador será el capital nacional el principal inversor en territorio oaxaqueño, que comprende el Istmo de Tehuantepec. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado el 12 de julio pasado en el Diario Oficial de la Federación, describe: “Se alentará la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera, y se establecerá un marco de certeza jurídica, honestidad,

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transparencia y reglas claras. El concurso de entidades privadas será fundamental en los proyectos regionales del Tren Maya y el Corredor Transístmico, en modalidades de asociación público-privada”. Intelectuales y pobladores han mostrado su preocupación por la imposición de este megaproyecto, en conjunto con el Tren Maya y el Plan Integral Morelos (PIM) —este último cobró la vida de Samir Flores, indígena náhuatl, integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos— pues a través de una carta pública dicen que observan una “creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas que se oponen a proyectos” de esta envergadura. Entre los firmantes de la carta viralizada en Internet se encuentran: Noam Chomsky, Arundhati Roy, Boaventura De Souza Santos, Raúl Zibechi, Yvon Le Bot, Michael Hardt, Oscar Olivera, Hugo Blanco Galdós, entre decenas más, nacionales y extranjeros. Contralínea realizó un recorrido en las comunidades de Juchitán, Salina Cruz, San Mateo del Mar y Álvaro Obregón, donde pobladores indican que contrario a la aprobación de las consultas que ha presumido el mandatario, los habitantes carecen de información y beneficios sociales. Tampoco, comentan, ha habido un protocolo como lo marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que indica que debe haber una consulta libre, previa e informada, ni se ha traducido el proyecto en lengua indígena, importante para este tramo del país, donde un alto porcentaje no habla el español. Según el PND, el 30 y 31 de marzo de este, en “una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), dice en entrevista que el instituto al que representa lleva un proceso previo a la consulta que permitirá llevar a cabo el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Se trata, dice, “no de una consulta sino de un proceso de consulta”. El funcionario argumenta que en este “primer acercamiento” se llevó información a las comunidades de que estaba en curso la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de integrar un Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, mismo que todavía “no existe como tal formalmente, todavía no está elaborado, integrado y menos aprobado”. Aguilar Ortiz expone que con la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, por el Congreso de la Unión, se cuenta con 90 días para integrar los planes de desarrollo específicos y el Corredor Transístmico es uno de ellos. Este “primer acercamiento”, añade, permitió recuperar de las comunidades los “conceptos de desarrollo que ellos quisieran incluir en este programa, los componentes que ellos pudieran solicitar para contemplar en este programa… La consulta no fue para la implementación de algún proyecto específico o algún componente específico sino básicamente para recuperar concepciones de desarrollo de los propios pueblos”. Resultado de estos “acercamientos”, menciona el encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI, se abrieron dos matrices: la primera corresponde a solicitudes de obras requeridas en las comunidades en cada una de las sesiones, misma que se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la asignación de presupuesto. En la idea inicial, expone, “no se contemplaba la atención a obras e infraestructura social, pero eso ha sido un reclamo fuerte de las propias comunidades, de tal manera que ahora se está incluyendo en el Programa este foco de atención”.

El del corredor transístmico, un proyecto que ha pretendido instrumentarse desde principios del siglo pasado, con Porﬁrio Díaz

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Salina Cruz, desarrollo desigual

La segunda matriz, añade el funcionario del INPI, está relacionada con que las comunidades han planteado que el Programa de Desarrollo del Istmo “no debe tener un enfoque individual, no debe impulsar un desarrollo individualista sino de bienestar común. Ellos plantean que se debe de atender con miras a generar un bienestar de la colectividad de cada una de sus comunidades; entonces, bajo esta concepción de desarrollo estamos buscando que se integre el Programa y que sea ese el que se someta a la aprobación del Congreso de la Unión”.

Proyecto de Nación A decir de especialistas, este es uno de los proyectos que ha pretendido instrumentarse desde principios del siglo pasado, por medio de distintas fases; primero, con el desarrollo de las vías ferroviarias. En el llamado periodo neoliberal ha llevado los nombres de “Megaproyecto del Istmo”, con Ernesto Zedillo;

fue incluido en el Programa Integral de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec; con Vicente Fox en el Plan Puebla Panamá; sumado al Plan México 2030 Proyecto de Gran Visión, durante la administración de Felipe Calderón; ya con Enrique Peña Nieto, en las Zonas Económicas Especiales. Con Andrés Manuel López Obrador, y con base en el Proyecto De Nación 2018- 2024 se muestra a este megaproyecto como un “detonante” económico de la región Sur – Sureste del país, pero por diversas razones, “se ha mantenido al margen del progreso que han logrado otras regiones del país”. El diagnóstico de López Obrador indica que en el ordenamiento territorial y urbano en torno a las terminales marítimas de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, había “déficits en infraestructura y, en general, de servicios; incongruencias en el uso de suelo, especulación e invasión de predios, graves problemas de contaminación y afectación al medio ambiente”. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo se expone

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que este Corredor será parte del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que, a decir del documento oficial, tiene como objetivo “impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte”. En este contexto, se pretende modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, “para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”. Promete que en los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados el Programa disminuirá el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Sobre la Renta; además de que ofrecerá: combustible a precios reducidos, construcción de infraestructura urbana y proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico. Se trata de un proyecto “reeditado”, dice Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Bettina Cruz es una de las mujeres destacada por la resistencia y la defensoría del territorio; así como de los derechos humanos, ante la llegada de proyectos eólicos. Su oposición y trabajo comunitario le ha costado el desplazamiento forzado, la desintegración temporal de su familia, atentados contra su vida y amenazas de muerte. La “gravedad” a la que se ha expuesto generó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitara al Estado mexicano la aplicación de la Resolución 1/20181, Medida Cautelar 685-16. 26

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López Obrador. Impulso a un proyecto largamente añorado por el empresariado

Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bettina Cruz arguye su oposición a esta megaobra planteada por el gobierno federal: “es un viejo sueño del capitalismo y de otros momentos históricos que ha pasado el país, para apoderarse de este espacio estratégico para el movimiento de mercancías… donde lleven materia prima para poder transformar y poder exportarlas ya las partes transformadas. También, un muro de contención para migrantes”. En el PND se expone: “Se espera que los programas sociales sectoriales tengan una incidencia concreta en la mejoría de las condiciones de vida en las principales zonas expulsoras de mano de obra y que los proyectos regionales de desarrollo actúen como ‘cortinas’ para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte: el Tren Maya, el Corredor Transístmico y la Zona Libre de la Frontera Norte generarán empleos y condiciones de vida digna para atraer y anclar a quienes huyen de la pobreza”.

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Gilberto López y Rivas, profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también alerta sobre el Proyecto; pues, dice en entrevista, es “lesivo y agresivo para los territorios indígenas”. Se trata, expone López y Rivas de un proyecto del siglo XIX, basado en el Tratado McLane-Ocampo, de la administración de Benito Juárez, “que es el teórico del presidente”. Firmado con “Estados Unidos para conseguir dinero para la guerra de Reforma, en 1859; es tan viejo como eso”, expone. El pacto fue nombrado como de Tratado de Tránsito y Comercio, que tenía en su artículo I: “a Estados Unidos y sus ciudadanos y bienes, en perpetuidad el derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec, de uno a otro mar”. En tanto, el defensor de derechos humanos, Marcelino Nolasco Martínez, coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, AC, critica a la clase política liderada

por el Partido Revolucionario Institucional, por la introducción de la minería y los parques eólicos a este espacio, sin el aval de la población. Pero enfatiza son proyectos a los que da continuidad la izquierda, a través del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los priístas, dice, fueron los que hicieron posible que las empresas extranjeras pudieran acampar en el Istmo, “pero no es extraño que Morena esté impulsando esta avalancha de empresas extranjeras porque la izquierda mexicana soñó allá en la década de 1970, que la única manera de oponerse al PRI, también era hacer una propuesta económica. En ese tiempo, la energía verde en Europa era un boom”. “López Obrador nos rebasó porque no se esperaba todo esto, con el PRI ya sabíamos que nos iban a madrear, pero con López Obrador la gente esperaba un mínimo de consideración”, dice el defensor de derechos humanos en el Istmo. Luis Miguel Cano López, abogado especialista en la defensa de los derechos humanos es enfático en que “primero había que preguntarle a toda la gente que habita la zona si esa es su idea de progreso, de desarrollo y si eso es lo que quiere. En estos megaproyectos debe ser razonable la información llegue a las personas, que cuenten con ayuda de especialistas, de instituciones académicas, científicas, que puedan aportar cosas”. El defensor reitera que la consulta debe llevarse en los puntos por dónde se tenga programado la obra, pues “la gente de las comunidades realmente afectadas va a decir: usted no puede pasar por encima de mis derechos, de los lugares que habito, por encima de mis territorios apelando a que una consulta (a mano alzada) ha dicho que por aquí puede pasar y hacer lo que quiera”.

La pobreza del Istmo En esta región están asentadas las comunidades indígenas binnizá (zapoteco), ayuuk (mixe), zoque, ikoots (huave), chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl, totonaco, afromexicano, conforman el corredor del Istmo de Thehuantepec. Los municipios que lo comprenden: Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en el estado

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DALIRI OROPEZA/CUARTOSCURO

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Gilberto López y Rivas, último de izquierda a dereceha,

de Oaxaca; así como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en Veracruz. Con respecto a los municipios oaxaqueños, indicadores oficiales muestran que conforman una de las regiones más deprimidas del estado y del país. Los índices de marginación y miseria se mantienen, desde hace años, entre los de principal atención a nivel nacional. El Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, indica que en Oaxaca hay cerca de 31 por ciento de la población que vive en situación de pobreza se concentra en 20 municipios, entre los que se encuentran los de esta región. También es una zona con grandes atractivos empresariales, la explotación de la minería, la sal, el viento (a través de los parques eólicos) y hasta la refinación del petróleo ha generado expectativas económicas para los dueños del capital y el Estado, y han prometido una derrama económica a los pueblos 28

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circunvecinos que no se ve reflejada pese al paso de los años. Los resultados de las promesas de bienestar han significado un fraude, el desarrollo y progreso prometidos han sido en beneficio de las cúpulas empresariales y de los grupos políticos que ostentan el poder, mencionan los lugareños. En este corredor están las comunidades como la de indígena binnizá, en Álvaro Obregón, donde sus habitantes carecen de servicios básicos. Incluso, de los programas de la Secretaría del Bienestar y tampoco se les ha dotado de los recursos destinados para la reconstrucción de viviendas, tras el terremoto de hace casi dos años, de 8.2 grados de magnitud, ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

El decreto Ya en el poder, el 14 de junio pasado, el proyecto promovido durante campaña, fue ratificado en el

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Diario Oficial de la Federación, a través del decreto por el que se crea el “organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”. En el documento oficial se asienta que con base en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable”. Además, que el Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, “tiene el objetivo de proveer las condiciones para que la actividad del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales”. López y Rivas enfatiza: “el problema es qué significa la Cuarta Transformación, qué significado tiene en términos de lo que es el capitalismo y sus modalidades. Estamos ante lo que podría ser un tipo de neodesarrollismo, igualmente extractivista, agresivo y violento, pero de carácter nacionalista”. Brenda Pérez, coordinadora del área de Desplazamiento Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), comenta que es importante visualizar que a partir de la proyección de un megaproyecto inicia un periodo de resistencia por parte de algún sector de la población y esta no ha sido un tema de atención prioritaria para el gobierno en los últimos años. Por lo que, añade, es importante generar información que le permita al gobierno tener información de las problemáticas de la zona o regiones para que estas contribuyan a una evaluación adecuada del proyecto y “siempre que se piense en otros términos, correspondientes a una lógica capitalista, no sea sobre los derechos de las personas que puedan ser afectadas”.

Mario Quintero, integrante de la coordinación general de la APIITDTT, comenta que varias organizaciones de la región consideran que este programa desarrollo integral, “no es más que la continuación del saqueo y el despojo neoliberal”. El defensor de derechos humanos enfatiza que las organizaciones de esta región han llevado varias “batallas” legales por la imposición de megaproyectos, como los parques eólicos, bajo la exigencia por la consulta libre, previa e informada, “y de manera irrisoria este nuevo gobierno implementa un modelo de consulta a mano alzada, cuando en la región habitan más de siete pueblos indígenas que conviven social, cultural y económicamente en los pequeños comercios y con productos de la región”. Ante el planteamiento de estas problemáticas, Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del INPI, dice que he escuchado la crítica de que no se está llevando la consulta en lengua indígena, pero “no es cierta, en todas las asambleas consultivas se ha proporcionado la información en su lengua y se ha contemplado la presencia de traductores. Expone que en la reestructuración del INPI, “la mayor parte del personal y de los directivos son gente de las propias comunidades… hemos cuidado con bastante atención estos elementos, desde la propia contratación del personal, en esta nueva visión del presidente de la República, su instrucción fue que el instituto estuviera integrado preferentemente por personas indígenas hablantes de su lengua; desde el propio director [Adelfo Regino Montes]. Con respecto a la conflictividad social que prevalece en la zona, indica: no sólo se tiene que buscar cómo aprovechar la situación estratégica de ubicación de esta región del territorio nacional, “sino que se tiene que pensar en resolver en su integralidad toda la problemática de los pueblos indígenas ubicados en esta zona: eso incluye, el ejercicio de derechos territoriales, del derecho de consulta, el ejercicio de derecho de autonomía y la solución de las conflictividades internas”.

El problema es qué signiﬁca la ‘cuarta transformación’ en términos de lo que es el capitalismo y sus modalidades

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CNI

LA REBELDÍA INDÍGENA ALCANZA 24 ESTADOS 30

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La lucha indígena anticapitalista se extiden por el territorio nacional. La oposicion de izquierda a la “cuarta transformación” suma cientos de comunidades de 179 municipios de 24 estados. El CNI reitera que su lucha es pacíﬁca, aunque sus territorios ya estén en disputa y bajo fuego de paramilitares ZÓSIMO CAMACHO

JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFIN/CUARTOSCURO

uman 89 las naciones, tribus y pueblos indígenas –con cientos de comunidades– adscritas al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y al Congreso Nacional Indígena (CNI). Un documento del propio CNI, Regiones del Concejo Indígena de Gobierno. Distribución preliminar, da cuenta del crecimiento de la organización indígena anticapitalista en los albores del nuevo sexenio. Hoy tiene presencia en 179 municipios de 24 estados de la República Mexicana. Es el movimiento de los pueblos indios más numeroso desde la Revolución. Que haya crecido en los últimos meses y años es natural, a decir de Gilberto López y Rivas, doctor en antropología por la Universidad de Utah (Estados Unidos) y maestro en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Explica que los procesos de despojo contra los pueblos indígenas se han agudizado y las comunidades han tenido que fortalecer sus resistencias apoyándose mutuamente. Argumenta que la lucha

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de los pueblos es profundamente anticapitalista, porque es precisamente el capitalismo el que les está despojando de sus montes, sus aguas, sus minerales. Para ellos, su oposición al sistema es un asunto de supervivencia, asegura. Cristian Chávez González, integrante de la Comisión de Coordinación del CNI, detalla las razones del crecimiento de la organización en los últi-

Las entidades con mayor número de comunidades integrantes del CNI son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla y Yucatán mos meses. Explica que en años previos el Congreso había suspendido sus reuniones porque las comunidades apenas estaban entendiendo qué era lo que estaban enfrentando por primera vez: una extrema violencia ejecutada por grupos armados estatales (corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y Fuerzas Armadas) y no estatales, de manera descatada entre estos últimos, el narcotráfico. “Cambiaron los paradigmas de la lucha, de los perpetradores de las violaciones a derechos humanos, de los saqueos, de los despojos, de las represiones. Al interior de los pueblos que conforman el CNI, y ahora el CIG, estaba ocurriendo una reorganización; se estaban rearticulando ante una nueva situación para la que nadie, ni en lo colectivo ni en lo individual, estaba preparado.” Ahora que han entendido lo que está ocurriendo, los pueblos, tribus y naciones vuelven a reunirse periódicamente para seguir construyendo su organización nacional y acelerar la articulación de respuestas y resistencia. Las incorporaciones de las comunidades al CNI y al CIG no son sólo declaratorias de adscripción. Los pueblos, tribus y naciones indígenas que se suman al CNI y al CIG profundizan sus resistencias, fortalecen sus gobiernos propios y construyen, de acuerdo con el contexto de cada comunidad, estruc32

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turas autonómicas. La confrontación con el Estado mexicano no es uniforme. Según los medios con los que cuenten, hay comunidades que mantienen cooperación con las autoridades formales de los tres niveles de gobierno. Otras han roto cualquier tipo de contacto y mantienen una resistencia total. “Estar en el CNI es para nosotros la manera de conseguir nuestros sueños y reivindicar nuestros derechos de tener nuestra propia manera de gobernarnos y de decidir sobre lo que queremos hacer. Muchas de las comunidades ya tienen sus propias organizaciones desde antes, pero el CNI es nuestra casa grande”, dice el concejal me’phaa del CIG Amador Cortés Robledo, quien también es integrante del Cipo-EZ (Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata), cuyas comunidades de la Montaña baja de Guerrero están bajo asedio de los grupos narcoparamilitares Los Ardillos y Los Rojos (Contralínea 644, 3 de junio de 2019, https://bit.ly/2YjPnhE). Las entidades con mayor número de comunidades integrantes del CNI son Oaxaca, con pueblos de 46 municipios; Chiapas, de 23; Guerrero, 16; Veracruz, 15 y Puebla, 11 municipios. Le siguen Yucatán, nueve; Sonora, ocho, Chihuahua y Estado de México, con comunidades de siete municipios cada una; Jalisco, cinco, y Baja California y la Ciudad de México con cuatro cada una. Completan la lista Campeche, San Luis Potosí y Tabasco, con tres por entidad; Morelos y Sinaloa, dos, y Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo, con comunidades de un municipio por cada estado. Las 89 naciones tribus y pueblos a las que pertenecen estos cientos de comunidades de 179 municipios son: Cucapá, Kumiai, Castellano de Candelaria (Campeche), Maya de Campeche, Chol de Campeche, Tseltal de Campeche, Maya de Campeche, Castellano de la Costa de Chiapas, Tsotsil de la Costa de Chiapas, Chol, Tseltal de la Selva Norte, Mame, Tojolabal, Tseltal de los Altos de Chiapas, Tseltal de la Zona Fronteriza, Tsotsil de los Altos de Chiapas, Tsotsil de la Costa de Chiapas, Tsotsil de la Región Centro de Chiapas y Zoque del Norte de Chiapas. También, Náhuatl de la Ciudad de México, Nahua de Colima, Wixárika de Durango, Chichimeca de Querétaro, Afromexicano, Me’phaa de la Montaña de Guerrero, Náhuatl del Centro de Guerrero, Náhuatl de la Montaña de Guerrero, Ñomnda de

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Congreso Nacional Indígena: 89 tribus, pueblos y naciones en 179 municipios del país

Xochistlahuaca, Ñu Savi de la Costa de Guerrero, Ñu Savi de la Montaña de Guerrero, Náhuatl de Hidalgo, Coca, Náhuatl del Sur de Jalisco, Tepehuano de Jalisco, Wixárika de Jalisco, Matlatzinca, Náhuatl del Centro del Estado de México, Náhuatl del Oriente del Estado de México, Otomí Ñatho, Otomí Ñañhú, Mazahua de Michoacán, Náhuatl de la Costa de Michoacán, Otomí de Michoacán, Purépecha, Náhuatl de Morelos, Náyeri y Wixárika de Nayarit. Finalizan el listado: Chinanteco de la Chinantla Alta, Chinanteco de la Chinantla Baja, Cuicateco, Ikoot, Mazateco, Mixe, Ñu Savi de la Costa Chica Oaxaqueña, Ñu Savi de la Mixteca Alta Oaxaqueña, Ñu Savi de la Mixteca Baja Oaxaqueña, Ñu Savi de la Mixteca Media Oaxaqueña, Triqui de la Re-

gión Baja, Zapoteco de la Sierra Norte, Zapoteco de la Sierra Sur, Zapoteco del Istmo, Zapoteco de Valles Centrales, Zoque de Chimalapas, Náhuatl de la Mixteca Poblana, Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, Náhuatl de los Volcanes, Totonaco de la Sierra Norte de Puebla, Otomí Ñañhú de Querétaro, Maya de Quintana Roo, Castellano de Wirikuta, Nahua de la Huasteca Potosina, Mayo de Sinaloa, Guarijío, Mayo de Sonora, Seri, Tohono Odham, Tribu Yaqui, Chol de Tabasco, Chontal de Tabasco, Zoque de Tabasco, Náhuatl del Norte de Veracruz, Náhuatl del Sur de Veracruz, Náhuatl de Zongolica, Otomí Ñuhú, Popoluca, Sayulteco, Tepehua del Norte de Veracruz, Totonaco de la Costa de Veracruz, Totonaco de la Sierra del Totonacapan y Maya de Yucatán.

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La fortaleza de la organización indígena, a decir de María de Jesús Patricio Martínez, concejala de los pueblos nahuas de Jalisco y vocera del CIG, es que no se integra de personas aisladas. “No se integran personas solamente; son comunidades completas. Deciden su incorporación al CNI después de platicarlo para tomar la decisión.” Acerca de cuáles son los motivos que impulsan a las comunidades a integrarse al CNI, la médica tradicional destaca en particular el despojo y la destrucción del territorio. “Las comunidades son las guardianas de los territorios, que son sagrados, no tienen valor en pesos. Por eso nos juntamos, como hermamos que somos, para resistir y oponernos a los proyectos de muerte que solamente benefician al que tiene dinero, al capital”. Precisamente la labor del María de Jesús es llevar el mensaje y hacer crecer la organzación. “El objetivo ahorita es llegar a todas las comunidades, sobre todo las más lejanas, que no han estado nunca en el Congreso Nacional Indígena. Queremos escucharlas y plantearles lo que es el CNI; decirles que buscamos que se articulen con todas las demás comunidades para apoyarnos entre todos y juntos hacernos fuertes para detener todo este despojo y todo lo que se viene contra nuestros pueblos”. El CNI se constituyó el 12 de octubre de 1996 con los pueblos “que estamos levantados. Andamos en pie de lucha. Venimos decididos a todo, hasta la muerte. Pero no traemos tambores de guerra sino banderas de paz. Queremos hermanarnos con todos los hombres y mujeres que al reconocernos, reconocen su propia raíz”, como reza en la declaratoria de esa fecha. Este primer congreso se realizó en la Ciudad de México como propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a todos los pueblos originarios del país para participar en el Foro Nacional Especial de Derechos y Cultura Indígenas. En representación de los rebeldes zapatistas acudió la comandanta Ramona, quien pronunció al final de su discurso la frase: “¡Nunca más un México sin nosotros!”, que fue adoptado como lema del CNI desde entonces. La organización surgió luego de los diálogos entre el EZLN y el gobierno federal que dieron como resultado los Acuerdos de San Andrés, llamados así por haber sido firmados en San Andrés 34

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Zapatistas, impulsores del Congreso Nacional Indígena desde 1996

Sakamch’en de los Pobres o San Andrés Larráinzar. Dichos acuerdos no fueron cumplidos por el Estado mexicano y, posteriormente, el EZLN señalaría que los haría valer por la vía de los hechos en sus comunidades bases de apoyo. Pueblos indígenas de otras regiones del país se han sumado a esta intención. Los pueblos que conforman el CNI asumen que su autoridad máxima es la asamblea general, donde todas las personas tienen voz y voto; y –aseguran– se rigen por siete principios: 1) servir y no servirse; 2) construir y no destruir; 3) representar y no suplantar; 4) convencer y no vencer; 5) obedecer y no mandar; 6) bajar y no subir, y 7) proponer y no imponer. El Segundo Congreso Nacional Indígena se llevó a cabo en 1998, también en la Ciudad de México. Entre las determinaciones destacó la de impulsar, junto con el EZLN, la Consulta Nacional para el

CARLOS OGAZ/CUARTOSCURO

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Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas “y el fin de la guerra de exterminio”. El objetivo era impulsar la aprobación, por parte del Poder Legislativo federal, de los Acuerdos de San Andrés. En 2001, en Nurío, Michoacán, se realizó el tercer Congreso Nacional Indígena. Fue el último en el que tanto el EZLN como los pueblos indios de otras regiones del país apostaron al diálogo con los tres niveles de gobierno y los tres Poderes para que cumplieran los acuerdos de San Andrés y se reconociera los derechos y la cultura indígenas. El cuarto Congreso Nacional Indígena se realizó en 2006 en San Pedro Atlapulco, Estado de México. El principal resultado fue la adhesión del CNI a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, que ratifica al movimiento como anticapitalista y en el que se señala que los pueblos ejercerán la autonomía de facto.

Finalmente, el quinto Congreso Nacional Indígena se realizó en octubre de 2016 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. De este encuentro resultó la creación de un Concejo Indígena de Gobierno para México –el CIG–, del cual es vocera María de Jesús Patricio Martínez y quien se inscribió como precandidata a la Presidencia de México a nombre del CNI y el EZLN. En los hechos fue un relanzamiento de la organización con dos resultados: el crecimiento de la organzación y una andanada en contra por parte de poderes formales y fácticos como nunca en su historia. Varias de sus comunidades están enfrentándose al crimen organizado. Carlos González, concejal nahua de Jalisco, señala que lo que resisten hoy las comunidades del CNI es “la ocupación, el despojo de los territorios y la destrucción de las culturas, las lenguas y las formas de gobierno”. Señala que es una guerra la que viven los pueblos, con saldos de desplazamientos forzados, despojos de recursos naturales, expropiaciones y contaminación de los territorios, pero también de muertos, desaparecidos y heridos. Sólo desde que inició el presente gobierno, han sido asesinados 12 líderes indígenas adherentes a esta organización, dos más desde la publicación “La ‘guerra’ contra el Congreso Nacional Indígena” (Contralínea 648, 30 de junio de 2019, https://bit. ly/2XfD3i9). “La Tierra está siendo destruida de manera imisericorde. La pervivencia de los pueblos indígenas está ligada a las condiciones de la vida humana del país y del mundo entero.” El abogado especialista en derecho agrario explica que el CNI es el espacio que han construido los pueblos indígenas para articular a nivel nacional las formas de lucha política basadas en la movilización, la organización comunitaria e, incluso, la defensa jurídico-legal de los territorios. Para Carlos González, la actual lucha de los pueblos indígenas rebasa al lopezobradorismo. No es una lucha centrada en su administracion, pues las condiciones de despojo y explotación vienen de tiempo atrás. Se lucha contra un sistema más que contra un gobierno. Es decir, “la tenemos más difícil”. El activista Efrén Cortés Chávez coincide: “No es un probema contra Andrés Manuel, sino contra

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ADOLFO VLADIMIR/CUARTOSCURO

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Mujeres, en lucha por sus derechos al interior del CNI

un sistema [neoliberal] que se implantó en México hace unos 40 años y en el mundo hace unos 60. Y eso lo ha planeado el Ejército Zapatista cuando dice que ha cambiado el caporal pero que el finquero es el mismo. Si el problema fuera sólo López Obrador, sería más fácil. Debemos tener claridad en que Andrés Manuel va a estar 6 años, pero el sistema de producción, de consumo y de explotación actual lleva ya varias décadas”. Luchador social, expreso político y sobreviviente a la masacre de El Charco, Guerrero, Cortés Chávez considera “muy importante” el crecimiento del CNI y “muy válida” la iniciativa de los pueblos indígenas para crear el CIG. “Todas estas iniciativas son una respuesta; son parte de la lucha por la supervivencia, porque el capitalismo destruye todo: destruye la naturaleza y destruye los pueblos”. Por su parte, el antropólogo Gilberto López y Rivas aclara que la actual resistencia de los pueblos indígenas no es ante un gobierno de izquierda. “Es36

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tamos haciendo una resistencia contra un gobierno capitalista neoliberal, que utiliza una retórica de supuesta ‘cuarta transformación’ que no es más que una simulación”. En contrapartida, a decir del antropólogo, “la lucha que están dando el CNI y el EZLN es una lucha legal, legítima y que representa un proyecto de protección a la Madre Tierra, un proyecto de vida, que protege territorios, que lucha contra estas simulaciones de la falsa izquierda, este nuevo gobierno que impone proyectos de despojo”. Advierte que, de nueva cuenta y como en cada sexenio, los zapatistas y los pueblos del CNI, tienen “todo en contra”: los medios masivos de información, los grupos de poder económico-empresarial, los gobiernos estatales y municipales y el gobierno federal “con el manejo de programas asistencialistas” y un nuevo estilo que confunde, porque transforma varios elementos del ejercicio del poder pero que resultan superficiales “mientras que lo de fondo

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señaldos por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). No considerarán legítima ninguna consulta que proponga despojarlos de sus territorios y que atente contra sus culturas e identidades. Por su parte, el investigador adscrito al Centro Morelos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gilberto López y Rivas califica de “crucial” la lucha indígena para la Revolución y la izquierda internacional. “Representan la lucha de toda la humanidad que quiere prevalecer sobre la locura neoliberal. La lucha de los pueblos indígenas es contra un capitalismo de muerte, de destrucción; un capitalismo que acaba con la civilzación humana, como está acabando con los millones de especies de los reinos animal y vegetal. Los pueblos indígenas son la conciencia del mundo.”

JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO

permanece intacto”. Carlos González advierte que las luchas se están agudizando. Previene contra las supuestas consultas que realiza el gobierno federal para legitimar decisiones previamente tomadas. “Eso del ‘derecho a la consulta’ es una pifia, una gran mentira. A los pueblos indígenas no se les debería consulltar sobre los proyectos que les quieren imponer. Lo que se debería hacer es construir una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos donde éstos temgan la libertad de decidir cuàles son sus prioridades de desarrollo y qué proyectos deben realizarse en sus territorios.” Por ello, avisa que las comunidades rechazarán todo tipo de consultas: desde aquellas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin ningún tipo de rigor ni metodología, hasta aquellas que pudieron cumplir con los estándares

“Nunca más un México sin nosotros”, lema del CNI desde su fundación

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Pueblos, tribus y naciones del Concejo Indígena de Gobierno-Congreso Nacional Indígena Estado Baja California

Campeche

Municipio Mexicali Tijuana Playas de Rosarito Ensenada Candelaria Calakmul

Chiapas

Hopelechén Tonalá Palenque Chilón

Chihuahua

Ciudad de México

Colima Durango Guanajuato Guerrero

Hidalgo Jalisco

Estado de México

Michoacán

Morelos Nayarit

Oaxaca

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Tila Escuintla Siltepec Las Margaritas Tumbalá Ocosingo Tenejapa Marqués de Comillas Bochil Pueblo Nuevo Solistahuacan Jitotol Zinacantán Chamula Pantelhó Chenalhó Pjijiapan Mapastepec Ocozocoautla Cintalapa Chapultenango Urique Balleza Batopilas Bocoyna Carichi Guachochi Nonoava La Magdalena Contreras Xochimilco Tlalpan Milpa Alta Comala Mezquital San Luis de la Paz Igualapa Cuajinicuilapa Malinaltepec San Luis Acatlán Tixtla Chilapa de Álvarez Cualác Olinalá Huamuxtitlán Xochistalhuaca Cuatepec Florencio Villarreal Ayutla de los Libres Malinaltepec Metlatónoc San Luis Acatlán Tlapa de Comonfort Huejutla de Reyes Poncitlán Cuautitlán Tuxpan Villa Guerrero Mezquitic Temascaltepec Tenango del Valle Atenco Texcoco Ixtapaluca Lerma Ocoyoacac Carácuaro Aquila Zitácuaro Paracho Nahuatzen Cherán Tepoztlán Temoac Del Nayar Rosamorada Ruiz La Yesca San Juan Bautista Tuxtepec San Felipe Usila Santa María Yolotepec San Juan Bautista Valle Nacional Santiago Jocotepec Ayotzintepec San Juan Petlana

Pueblo, tribu o nación

Región

1 Cucapá 2 Kumiai 3 Castellano de Candelaria 5 Maya de Campeche 4 Chol de Campeche 6 Tseltal de Campeche 5 Maya de Campeche 7 Castellano de la Costa de Chiapas 15 Tsotsil de la Costa de Chiapas 8 Chol 11 Tseltal de la Selva Norte 8 Chol 11 Tseltal de la Selva Norte 8 Chol 9 Mame

Xpujil Costa de Chiapas Selva Norte

10 Tojolabal 11 Tseltal de la Selva Norte 12 Tseltal de los Altos de Chiapas 13 Tseltal Zona Fronteriza 14 Tsotsil de los Altos de Chiapas

Altos de Chiapas Frontera Altos de Chiapas

15 Tsotsil de la Costa de Chiapas

Costa de Chiapas

16 Tsotsil de la Región Centro de Chiapas

Centro de Chiapas

17 Zoque del Norte de Chiapas 18 Rarámuri

Norte de Chiapas Tarahumara

19 Náhuatl del Distrito Federal

Sierra Tarahumara Centro

20 Nahua de Colima 21 Wixárika de Durango 22 Chichimeca de Querétaro 23 Afromexicano

Cerro Grande Huicot o Gran Nayar

24 Me’phaa de la Montaña de Guerrero

Montaña de Guerrero

25 Náhuatl del Centro de Guerrero 26 Náhuatl de la Montaña de Guerrero

Centro de Guerrero Montaña de Guerrero

27 Ñomnda de Xochistlahuaca 28 Ñu Savi de la Costa de Guerrero

Montaña de Guerrero Costa de Guerrero

29 Ñu Savi de la Montaña de Guerrero

Montaña de Guerrero

30 Náhuatl de Hidalgo 31 Coca 32 Náhuatl del Sur de Jalisco

Huasteca Hidalguense Lago de Chapala Sur de Jalisco

33 Tepehuano de Jalisco 34 Wixárika de Jalisco 35 Matlatzinca 36 Náhuatl del Centro del Estado de México 37 Náhuatl del Oriente del Estado de México 38 39 40 41 42 43

Otomí Ñatho Otomí Ñañhú Mazahua de Michoacán Náhuatl de la Costa de Michoacán Otomí de Michoacán Purépecha

Costa de Guerrero

Huicot o Gran Nayar Valle de Toluca Texcoco Lerma Alto Lerma Sierra Costa de Michoacán Oriente Purépecha

44 Náhuatl de Morelos 45 Náyeri 46 Wixárika de Nayarit 46 Wixárika de Nayarit 47 Chinanteco de la Chinantla Alta 48 Chinanteco de la Chinantla Baja

Huicot o Gran Nayar

Chinantla

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Estado

Municipio

Puebla

Querétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora

Tabasco Veracruz

Yucatán

Santa María Jacatepec San Juan Bautista Cuicatlán San Dionisio de Mar San Mateo del Mar San Francisco de Mar Huahuta de Jiménez San Bartolo Yautepec Santiago Pinotepe Nacional Santa María Huazolotitlán Santiago Jamiltepec San Juan Mixtepec Distrito 8 Cosoltepec Santiago Chazumba Magdalena Peñasco Chalcatongo de Hidalgo Matías Romero Jesús Carranza Asunción Cuyotepeji Asunción Nochixtlán Santa María Apazco Sanrtiago Juxtlahuaca Putla Villa de Guerrero Ixtlán de Juárez San Miguel Yotao Capulalpam de Méndez Guelatao de Juárez San Carlos Yautepec San Francisco Ixhuacán Juchitán de Zaragoza Unión Hidalgo Villa de Etla Villa de Zaachila Santa María Coyotepec San Bartolo Coyotepec Ocotlán de Morelos Santa Cruz Mixtepec San José del Progreso San Miguel Chimalapa Santa María Chimalapa Acatzingo Huitziltepec Cuetzalan del Progreso Calpan Juan C Bonilla Nealtican Tochimilco Santa Isabel Cholula Atlixco Olintla Huehuetla Amealco Tolimán Bacalar Catorce Xilitla Axtla de Terrazas El Fuerte Ahome Álamos Navojoa Quiriego Pitiquito Caborca Bacum Guaymas San Ignacio Río Muerto Tenosique Nacajuca Huimanguillo Chicontepec Tantoyuca Pajapan Soteapan Mecayapan Zongolica Texcatepec, Xacualpan Soteapan Mecayapan Hueyapan de Ocampo Mecayapan Sauyula Huayacocotla Papantla Coatzintla Espinal Filomeno Mata Chumatlán Oluta Mérida Sanacaht Peto Maní Dzilam de Bravo Valladolid Ticul Buctzotz Halachó

Pueblo, tribu o nación 49 Cuicateco 50 Ikoot 51 Mazateco 52 Mixe 53 Ñu Savi de la Costa Chica Oaxaqueña 54 Ñu Savi de la Mixteca Alta Oaxaqueña

Región

Istmo Mazateca Istmo

Mixteca

55 Ñu Savi de la Mixteca Baja Oaxaqueña 56 Ñu Savi de la Mixteca Media Oaxaqueña 57 Triqui Baja 58 Zapoteco de la Sierra Norte

59 Zapoteco de la Sierra Sur 60 Zapoteco del Istmo 61 Zapoteco de Valles Centrales

Mixteca Oaxaca

Costa y Sierra Sur de Oaxaca Istmo Oaxaca

62 Zoque de Chimalapas 63 Náhuatl de la Mixteca Poblana

Chimalapas

64 Náhuatl de la Sierra Norte de Puebla 65 Náhuatl de los Volcanes

Mixteca Poblana San Pedro Cholula

66 Totonaco de la Sierra Norte de Puebla 67 Otomí Ñañhú de Querétaro 68 Maya de Wuintana Roo 69 Castellano de Wirikuta 70 Nahua de la Huasteca Potosina 71 Mayo de Sinaloa 72 Guarijío 73 Mayo de Sonora 74 Seri 75 Tohono Odham 76 Tribu Yaqui 77 78 79 80

Chol de Tabasco Contal de Tabasco Zoque de Tabasco Náhuatl del Norte de Veracruz

81 Náhuatl del Sur de Veracruz 82 Náhuatl de Zongolica 83 Otomí Ñuhú 84 Popoluca

85 Sayulteco 86 Tepehua del Norte de Veracruz 87 Totonaco de la Costa de Veracruz 88 Totonaco de la Sierra del Totonacapan

Sierra Norte y Totonacapan Sierra Norte de Puebla Península Altiplano Potosino Huasteca Potosina Mayo-Yaqui Sinaloa Mayo-Yaqui Sonora Norte de Sonora Mayo-Yaqui Sonora

Huasteca Veracruzana Tuxtlas Popoluca-Nahua Centro Huasteca Veracruzana Tuxtas Popouca-Náhuatl

Veracruz Totonacapan

89 Maya de Ycatán Penísnsula

Fuente: elaboración propia con información del documento Regiones del Concejo Indígena de Gobierno. Distribución preliminar, elaborado por el Congreso Nacional Indígena

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CORREDOR INDUSTRIAL TLAXCALA-PUEBLA

LOS NIÑOS DEL CÁNCER

5 de agosto de 2019

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En las comunidades del Atoyac –el tercer río más contaminado del país– , los niños nacen con daños genotóxicos, revela una investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La contaminación industrial, detrás de los altos índices de cáncer infantil LAUREN FRANCO, ENVIADA/SEGUNDA PARTE Y ÚLTIMA

NANCY FLORES

epetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Con ese dinero que trae en el bolsillo, cómprele el juguete que más desea y luego despídase de él. Ésas fueron las palabras más crueles que don Norberto Rojas escuchó de la doctora que recibía a su pequeño en el Instituto Nacional de Pediátrico, pues no todos los niños sobreviven a los estudios y el tratamiento contra el cáncer. La mirada de don Norberto se pierde al recordar los años en los que por poco pierde a su hijo; su voz se quiebra y ya no alcanza a contener las lágrimas al rememorar aquella ardua batalla para arrancarle a la muerte la posibilidad de quedarse con su pequeño. Retoma el aliento y con la fuerza que adquirió durante 15 años expresa: “En octubre del año 2000, uno de mis hijos enfermó con púrpura trombocitopénica idiopática”. Lo que parecía un piquete de araña (puntos rojos en la piel de su antebrazo) era en realidad un tipo de cáncer, descrito por el diccionario del estadunidense Instituto Nacional de Cáncer como una “afección por

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la que el sistema inmunitario destruye las plaquetas (células sanguíneas que forman coágulos de sangre). Cuando el recuento de plaquetas es bajo, aparecen moretones y sangrado con facilidad; estos se presentan como áreas púrpuras en la piel, las membranas mucosas y las capas exteriores de los órganos”. A ratos con las palabras entrecortadas, recuerda los inicios del tratamiento de su pequeño, cuando

El hijo de Norberto, de 5 años de edad, es sometido a una serie de exámenes médicos que no concluye. La afectacción puede ser mortal los juegos fueron reemplazados por las inyecciones y las camas de hospital. “Empezamos con las transfusiones sanguíneas: por cada unidad plaquetaria me pedían dos donadores de sangre. Después le hacen un examen de médula donde determinan que hay sustancias tóxicas que lo estaban afectando y que eso podía llegar a ser mortal”. El hijo de Norberto, de apenas 5 años, fue sometido a una serie interminable de exámenes para determinar qué sustancias tóxicas lo seguían matando, y encuentran presencia elevada de dos metales pesados considerados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias mexicanas: plomo y arsénico. Desde el nacimiento, los residentes de estos lugares están marcados por la desgracia: la doctora Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), descubrió que los menores que están en contacto con el río Atoyac, es decir los que viven en sus inmediaciones, han desarrollado daños genotóxicos. Esto es que las sustancias genotóxicas pueden unirse al ADN de esos menores o afectar indirectamente a las enzimas que replican el ADN, lo que podría derivar en mutaciones y cáncer. Las investigaciones científicas de la doctora 42

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Montero demuestran que la exposición constante a los químicos han hecho que los niños no tengan la capacidad para liberar las toxinas del cuerpo; por ello, indica, los genes de la población mutan aumentando la probabilidad de contraer enfermedades crónicas. Los resultados de la investigación revelan la relación con el daño genotóxico y la aparición de cáncer, enfermedades cardiovasculares y envejecimiento prematuro. Aunado a lo anterior, los estudios de la investigadora adscrita al Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental arrojaron que los niños de Tepetitla presentan un índice de masa corporal promedio inferior en comparación con los de Ixtenco, quienes están en menor contacto con el río. En la comunidad de Villa Alta, que pertenece a Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas. El río Atoyac presenta al menos 25 sustancias nocivas y es un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.

La incidencia de cáncer Los niños del cáncer se multiplican en el corredor industrial ubicado en las inmediaciones del río Atoyac, en la zona fronteriza de Tlaxcala y Puebla. La doctora María Isabel Cadena, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, considera que en el caso del púrpura, la enfermedad puede estar relacionada con las afectaciones del plomo a la sangre, principalmente por la exposición constante de las personas con la contaminación del río. Luego de saber que los niveles de plomo y arsénico en el torrente sanguíneo de su hijo eran excesivos, don Norberto reunió a sus vecinos y entre todos comenzaron un rastreo en los distintos municipios de Tlaxcala en busca de otros niños enfermos de púrpura. “Incluso enviamos una carta a la OMS [Organización Mundial de la Salud] y nos pidieron certificados médicos, expedientes de defunción de 1990 a 2000. En esa labor nos encontramos con 60 casos”.

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De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca la alta incidencia de cáncer infantil es superior a la media nacional. “La hija de un compañero, con tan sólo 8 años de edad, murió de un cáncer que la dejó paralítica y ciega”, recuerda don Norberto. Aquí en las inmediaciones del río Atoyac, uno de los tres afluentes más contaminados de México, no sólo los niños enferman ni el cáncer púrpura trombocitopénica es la única afección que pone en alto riesgo la vida de los pobladores. Malformaciones congénitas, todos los tipos de cáncer, tumores cerebrales, abortos espontáneos son parte de la retahíla de padecimientos que vulneran el derecho a la

salud de estos pueblos. Otro derecho humano que es permanentemente violado es el del ambiente sano: los habitantes de la zona respiran los tóxicos porque el aire es impuro; e ingieren alimentos y bebidas contaminadas porque se riegan con agua envenenada. Peor les va a los que trabajan en las más de 20 mil fábricas asentadas en el corredor, porque los tóxicos entran en contacto directo con su piel y sus pulmones. El púrpura habría enfermado al hijo de Norberto por la exposición indirecta a los tóxicos del río. Por más de 15 años –tiempo que duró su tratamiento hasta que fue dado de alta–, la familia debió trasladar al pequeño de San Mateo Ayecac

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a la Ciudad de México. Su lucha contra el cáncer, sin embargo, aún no acaba: junto con sus vecinos, el hombre encabeza la resistencia a la contaminación industrial y por un Atoyac libre de tóxicos. En esos 15 años aprendió todo lo que pudo sobre las enfermedades y los tratamientos. Sólo así ha podido encarar a las autoridades que se niegan a señalar la relación del deterioro de la salud de los habitantes con las descargas industriales en el río. “Las autoridades, como la Secretaría de Salud, atribuían las enfermedades a la mala alimentación que le damos a nuestros hijos, por esa razón los niños morían, nos culpaban a nosotros. Esa era su respuesta”. Las malformaciones congénitas, el cáncer, insuficiencia renal y púrpura trombocitopénica poco a poco han ido apagando la niñez de los municipios cercanos al río Atoyac, sin que siquiera haya un censo al respecto, y menos aún atención médica. En Tlaxcala y Puebla no hay hospitales de tercer nivel, por lo cual los enfermos tienen que trasladarse a la Ciudad de México o Guadalajara.

Vivir cerca al río Atoyac, riesgo inminente de cáncer La situación de Norberto y su hijo es la realidad de cerca de 3 millones de habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que están permanentemente expuestos a las sustancias químicas que ocasionan las descargas industriales. La población más vulnerable es aquella que vive a menos de 5 kilómetros del río, en donde el índice de cáncer está cinco veces por encima de la media nacional, así lo revela la investigación de Octavio Rosas Landa y Samuel Rosado, economistas de la UNAM. El deterioro ambiental y a la salud no sólo afecta a los habitantes de la cuenca Atoyac-Zahuapan: los investigadores han descubierto que el 70 por ciento de los mexicanos que viven a menos de 7 km de una gran industria enfrentan un alto riesgo de cáncer. En pocas palabras, siete de cada 10 mexicanos tiene una alta probabilidad de contraer la enfermedad por la contaminación industrial. Los investigadores revelan, también, que mientras a nivel nacional hay 6.57 grandes industrias

manufactureras por cada 100 mil habitantes; mientras que en la cuenca Atoyac-Zahuapan hay 8.24 industrias por cada 100 mil habitantes.

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Uno de los ductos de desechos industriales en el río Atoyac

“El 70 por ciento de la población está en riesgo de contraer enfermedades crónicos degenerativas por la presencia de una industria no regulada en el país, porque nadie regula la industria, absolutamente nadie y eso tiene que cambiar porque la industria no va a cumplir a menos que se le obligue a cumplir”, asegura el investigador Octavio Rosas Landa en entrevista con Contralínea. “El problema con Tlaxcala es que ya no son nada más las localidades a 7 kilómetros, porque la mayor parte de las localidades de la cuenca están a menos de 3 kilómetros”, expresa Samuel Rosado. La contaminación del río Atoyac y sus impactos

a la salud es sólo un ejemplo de los muchos que hay en el país, donde el común denominador es la permisividad de las autoridades con las industrias

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Sin embargo, en el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes (RETC) de la Semarnat sólo registran 11 empresas químicas en Tlaxcala y 16 en Puebla. Esas 27 empresas vertieron un cantidad aproximada de 231 kilogramos de compuestos químicos en el que se incluye el plomo y el arsénico, los mismo metales pesados que se encontraron en el cuerpo del hijo de don Norberto. De igual forma, la organización civil resalta que otras sustancias contaminantes presentes en el río son el mercurio, níquel, cianuro y compuestos orgánicos volátiles, como el cloroformo, etilbenceno y cloruro de metileno. “En el río Atoyac hay muchas malformaciones del corazón que coinciden con la presencia de benceno y otros compuestos orgánicos”, señala el economista de la UNAM Samuel Rosado, quien realizó una investigación alrededor de las enfermedades presentes en la cuenca y su relación con la contaminación industrial.

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El supuesto del genocidio

respecto de sus descargas tóxicas. “El problema, aunque es grave en Tlaxcala, es a nivel nacional: siete de cada 10 ríos están contaminados en el país”, señala elm economista Samuel Rosado. En el río Atoyac hay más de 1 mil sustancias tóxicas disueltas, según el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; entre ellas se ha identificado presencia de benceno, una sustancia química que la OMS también ha asociado a enfermedades graves como el cáncer y anemia aplásica. En el estudio que realizó para presentarse por segunda vez al Tribunal Latinoamericano del Agua, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés advierte que de las más de 20 mil fábricas ubicadas en la cuenca, 159 corresponden al sector de la industria química, uno de los más contaminantes.

Para el economista y geógrafo, Octavio Rosas Landa, las autoridades mexicanas están incurriendo en el supuesto de genocidio, establecido en el artículo 6 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): “el Estado incurre en genocidio cuando, a sabiendas, somete a toda la población o a una parte de esa población a condiciones que implican o entrañan su destrucción total o parcial”. Y ésa es la situación en la cuenca, señala el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Desde 1995, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza estudios en la zona que han demostrado el grado de contaminación en el que se encuentra la cuenca. Además, como lo evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los índices de calidad del agua que la autoridad federal realizó de 1999 a 2007 demostraron que el 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de consumo. “Conagua sabe desde hace 24 años la situación de la cuenca; la CNDH emite una recomendación que no se cumple. Las autoridades están entrando en el supuesto del artículo 6 del Estatuto de Roma, porque saben lo que están haciendo, saben que por no actuar la gente está muriendo”.

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Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y coordinadora del movimiento Por un Atoyac con Vida, explica a Contralínea que en 2005 esa misma autoridad hizo un plan de saneamiento; “en 2011 emitió una declaratoria de los ríos donde ya se establecía, con investigación propia de la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales], el nivel de contaminación de la cuenca y pusieron metas de cumplimiento que hasta la fecha no han cumplido”. Lo mismo ocurrió con la recomendación 10/2017 de la CNDH: los gobiernos estatales de Tlaxcala y Puebla, la Conagua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la 46

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Semarnat la aceptaron, pero hasta ahora la han incumplido. En tanto, la situación empeora: en 14 años se han registrado más de 25 mil muertes por enfermedades asociadas a la contaminación industrial, consecuencia de la poca disposición de las autoridades para sanear el río, regular a las industrias y proporcionar a los habitantes un ambiente sano. El grado de contaminación ha superado cualquier expectativa: para que un pez pueda vivir en el río, a 1 litro de agua de esta cuenca se le debe adicionar 500 litros de agua limpia, esto lo demostró el doctor Omar Arellano Aguilar, evaluador de daño ecológico de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

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Mezclilla, el contaminante que las autoridades se niegan a ver A esta cuenca hídrica llegan las descargas de las industrias petroquímica, metalmecánica, alimenticia, farmacéutica y textil. Esta última, según el informe Estudios sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de la CNDH, representa el 24 por ciento de la contaminación del río. En el vertimiento de tóxicos, la industria de la mezclilla juega un papel significativo al teñir de azul la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala. Global Denim –una de las empresas más importantes en este rubro– se ubica en el municipio de San Martín Texmeluca, y al igual que otras industrias, vierte sus desechos en el corredor industrial Quetzalcóatl, perteneciente al río Atoyac. Además de ésta, en la cuenca se asientan otras textileras, como Tavex y SEAO. Tlaxcala y Puebla son las principales productoras de mezclilla a nivel nacional. “Las industrias se ubican en estos estados por su abundancia de agua; paradójicamente, en esos municipios no hay redes de agua potable: las personas se organizan y usan pozos para el suministro del líquido”, expresa en entrevista Paola Velasco Santos, antropóloga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La investigadora asegura que las personas no dimensionan el problema de la escasez del agua; lo que para ellos es evidente es la contaminación que ocasiona la producción de mezclilla. Y es que todo el proceso de fabricación, desde la coloración hasta el desgaste de las prendas, implica un alto grado de impacto ambiental y a la salud. Para dichos procesos se utilizan diversas moléculas químicas, como el cloroformo, eftalatos y fenoles que al entrar en contacto con el agua se transforman en disruptores hormonales. Un disruptor hormonal, explica el doctor Omar Arellano Aguilar, genera procesos de masculinización o feminización de acuerdo con el sexo del animal, lo que altera la reproducción de las especies reduciendo el número de las poblaciones. Asimismo, tiene graves consecuencias en los humanos. Esta sustancia ocasiona un retraso en el

desarrollo hormonal y de los órganos reproductores de las personas, “lo que produce un incremento en la infertilidad en los hombres, y en las mujeres se generan procesos cancerígenos, como el cáncer de cuello uterino”, explica el investigador. Rebeca González Juárez, habitante del municipio de San Rafael, perdió a su hermana Gabina por cáncer: un tumor en la matriz. En enero de

Las personas no dimensionan el problema de la escasez de agua; lo que para ellas es evidente es la contaminación de la producción de mezclilla 2015, narra a este semanario, se empezó a marear. “Ésa fue la primera mala noticia que tuvimos de ella, porque nunca se mareaba”. Gabina acudió al médico por insistencia de doña Rebeca. “Cuando tomaba la medicina se sentía más o menos, y cuando no lo hacía le dolía mucho el estómago al comer”. La mujer explica que de enero a septiembre la atendieron tres doctores y ninguno de ellos le mandó a hacer estudios. Luego, un cuarto médico le explicó que antes de recetarle medicamento era necesario saber qué padecía: “y nos da la mala noticia del cáncer. El doctor ya no se hizo responsable por lo avanzado de la enfermedad”. Por sus creencias y su propia situación económica, Rebeca le hacía “quimioterapias caseras” a Gabina, que consistían en depositar agua con una especie de sales en una tina donde la hermana se sumergía por largo tiempo. Todos los esfuerzos alternativos de Rebeca fueron inútiles frente al cáncer, y Gabina murió.

Los colores del Atoyac En algunas partes, el río se convierte en el vivo reflejo de la mezclilla: sus aguas se transforman en un azul tan intenso y brilloso como antinatural.

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Aquí el problema con la industria textil no sólo radica en la generación de disruptores hormonales, sino también en la falta de normatividad en torno de ella. En México, los tintes y colorantes con los cuales esta tela adquiere sus tonalidades características no se encuentran regulados. Pese a que afectan la fotosíntesis de las especies, “no se consideran tóxicos”, señala el doctor Arellano Aguilar. Los pobladores consultados por Contralínea aseguran que hay días en que el hedor del río es insoportable, principalmente en las madrugadas. “La cabeza duele, la garganta como que te quema, el olor es insoportable. Se cambió ese olor del campo, de maíz por ese otro olor”. Para la comunidad es evidente la transformación del río: perdió sus colores cristalinos, la vegetación y los animales quedaron sumidos en una mezcla de sustancias químicas de las industrias que poco a poco los llevó a la muerte.

Productores locales, pequeños contaminantes La producción industrial de mezclilla no es la única responsable. En la cuenca del Atoyac convergen pequeños productores de ese textil, que además de aportar a la degradación del río, afectan de manera significativa la salud de sus trabajadores: al ser producción local, sus normas se relajan más. Aquí participan incluso los más pequeños, doblando las prendas finales. La fase más contaminante dentro de los talleres es la llamada “lavandería”, en donde se le da el tono desgastado a los pantalones. Para esa técnica se utiliza el permanganato de potasio, sustancia altamente tóxica para quien la manipule, generalmente jóvenes. La antropóloga Paola Velasco Santos explica que sus investigaciones arrojaron que “muchos jóvenes prefieren trabajar en una lavandería a estudiar. Entran a partir de los 16 años por el buen pago que reciben, pero el costo de salud es muy alto. El pago más alto lo recibe quien trabaja preparando el químico, que puede ganar entre 3 mil y 4 mil pesos a la semana”. Muchos se retiran antes de lo esperado, por las graves complicaciones a la salud que la labor les genera. 48

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La investigadora advierte que el problema no sólo se encuentra en el uso de este químico: para reducir costos, las lavanderías utilizan restos de la industria automotriz en lugar de usar madera para encender las calderas, lo que aumenta la toxicidad a la que se exponen las personas. A esto se le suma el problema del polvo del algodón, “que eventualmente provoca problemas respiratorios. Se han detectado algunos cánceres en la nariz”, explica la investigadora. Los desechos de esta actividad están llegando a la cuenca del río Atoyac sin ningún tipo de control. Si las autoridades han sido omisas en regular a las grandes industrias, a estos productores locales no les han brindado ningún tipo de alternativa ambiental, para no renunciar a su fuente de ingresos de la cual han vivido durante más de 70 años. Alejandra Méndez, del Centro Fray Julián Garcés, asegura que a estos productores se les ha culpabilizado más por la contaminación, cuando la mayoría de desechos tóxicos proviene de las grandes industrias. Sin embargo, hace énfasis en la necesidad de que estas comunidades, con apoyo de las autoridades federales y estatales, transiten a un modelo productivo no contaminante sin renunciar a sus empleos. No obstante, no hay manera de saber qué tipo de sustancias contaminantes están generando los talleres y lavanderías locales, debido a que el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes sólo aplica para las grandes industrias. “No se regula a las pequeñas ni medianas industrias”, asegura el doctor Omar Arellano Aguilar.

La moda y las industrias ¿socialmente responsables? En los pequeños talleres se realiza el proceso de corte, lavado y confección de los productos, y el textil lo adquieren con las grandes industrias. “Es ahí, en la compra de la tela donde se encuentran los mayores ingresos”, afirma la doctora Paola Velasco. Mientras las comunidades sobreviven en un trabajo que las está matando poco a poco, las industrias lucran con la comercialización de la mezclilla y la contaminación medioambiental sin ninguna consecuencia.

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Cáncer, condena desde la infancia

La producción local de mezclilla se rige por los patrones de moda que establecen las grandes marcas de ropa. Éstas, a través de su políticas de “moda rápida”, han extendido la tendencia de jeans rotos y desgastados, y es en ese proceso es donde radica el uso de químicos y colorantes contaminantes. Sin embargo, estas marcas tampoco se responsabilizan de la situación. Dentro de esas tendencias del mercado, para las comunidades resulta difícil transitar a modelos de economía ambientalmente responsables. Los trabajadores locales no tienen otra opción que adaptarse a los patrones de la moda, con tal de no quedar fuera de la competencia. “Las marcas y las industrias cuando hacen el outsourcing se deslindan de toda responsabilidad”, asegura la antropóloga.

Sanear el río, las propuestas sólo plasmadas en papel La poca coordinación de las autoridades, estatales y federales, el mal funcionamiento de las 50

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plantas de tratamiento de agua y las normas laxas en materia de descargas tóxicas han dejado la posibilidad de sanear el río Atoyac en la utopía. No obstante, el doctor Omar Arellano Aguilar afirma que es posible sanearlo y en el corto plazo; pero para eso, dice, se necesita voluntad política. “Yo no dudaría que ese cuerpo de agua podría restaurarse y sanearse en menos de 6 años. Eso se lo comenté una vez en una reunión a la entonces secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco [primera titular de la dependencia en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador], pero aún así no vemos claro cuándo nos vamos a sentar a trabajar en ese río, no hay intención”. El investigador critica que en el Plan Nacional de Desarrollo “el medio ambiente no pinta mucho y no sabemos cómo sea el plan hídrico y el plan nacional del sector ambiental. Para restaurar el río faltan gobiernos que de verdad quieran hacerlo”. El doctor en ciencias agrega que existen todos los factores que harían posible sanear la cuenca hídrica del Atoyac, “lo único que falta es que el gobierno asigne los recursos y presione al sector industrial, principalmente a las trasnacionales que deberían aportar en la restauración del río”. Hasta ahora, se sabe que las autoridades de los tres niveles de gobierno han planteado como única solución instalar más plantas de tratamiento de aguas residuales para limpiar los desechos industriales y municipales. Sin embargo, en la recomendación 10/2017, la CNDH aseguró que esas plantas no son suficientes para dar el tratamiento adecuado a la totalidad de las aguas residuales generadas por su mal funcionamiento, inoperatividad y el poco control e inspección. Ello se debe en parte a que más del 80 por ciento de las industrias radicadas en la zona no tienen concesiones de uso industrial. De las 20 mil 400 industrias que se encuentran en la cuenca, sólo 1 mil 500 tienen concesiones de este tipo; las restantes funcionan como si fueran consumidoras domésticas de agua y por ende utilizan los drenajes municipales para deshacerse de sus desechos, explica el economista Octavio Rosas Landa, estudioso de la contaminación industrial y sus implicaciones. Así, los desechos de más de la mitad de las

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en cada municipio. De acuerdo con información oficial de la Semarnat, en 2018 habían más de 40 plantas de tratamiento en la cuenca del Atoyac “fuera de operación”, de las más de 90 plantas registradas en ambas entidades. La defensora de los derechos humanos Alejandra Méndez señala que en el municipio de Nativitas “sólo hay cuatro paredes que cuentan como si fuera una planta de tratamiento”. El coordinador del área de seguimiento de recomendaciones de la Comisión, Rubén Francisco Pérez, asegura que como consecuencia de la recomendación tienen conocimiento de tres plantas que están funcionando adecuadamente en San Martín Texmeluca, Santa Rita Tlahuapan y San Simón Atzizintla.

Las fallas del Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes Conocer qué tipo de sustancias contaminantes están usando las industrias es el primer paso para

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industrias se filtran sin ningún tipo de cuidado al Atoyac: las plantas de tratamiento que sirven están capacitadas únicamente para el tratamiento de residuos domésticos, no para industriales. “El 70 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales no funcionan porque son muy costosas y los municipios no tienen recursos para su mantenimiento. Además, las plantas son inoperables porque les entran contaminantes industriales y no están capacitadas técnicamente para eso”, explica el maestro Octavio Rosas. Por su parte, la coordinadora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez, señala la necesidad de hacer una división entre el drenaje municipal y el industrial: “mientras esa división no ocurra pueden seguir invirtiendo millones de pesos pero el problema va a seguir”. Entrevistados por separado, Méndez y Rosas Landa coinciden que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Puebla se le entregaron 320 millones de pesos y a Tlaxcala, 160 de millones, para la construcción de plantas de tratamiento, sin que haya pasado nada. “Al revisar el proyecto ejecutivo nos dimos cuenta de que las plantas no iban a funcionar porque estaban diseñadas para el tratamiento de aguas domésticas, no industriales. Lo señalamos a la CNDH, pero la Comisión nunca emitió ningún tipo de declaración ni de señalamiento al respecto para que detuviera la entrega de recursos financieros”, expresa el investigador Rosas Landa. En entrevista con Contralínea, el doctor Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CNDH, asegura que el tema de seguimiento de asignación de recursos para las plantas de tratamiento no les corresponde como Comisión. Por ello, asegura, no podían realizar ningún tipo de declaración como lo solicitaba la comunidad afectada. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2016, la CNDH asegura en su recomendación que para 2015 se tenía registro de 28 sitios de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Huejotzingo, San Martín Texmeluca (Puebla), Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Nativitas y Tepetitla de Lardizábal (Tlaxcala), de las cuales 11 eran de carácter público y el resto privado. Para el caso de Tlaxcala, había una planta

Caños de desechos a o largo del afluente

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sanear el río, pero la dificultad radica en la poca información. La Semarnat tiene un mecanismo para conocer anualmente qué emisiones y sustancias transfieren las industrias del país; el Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes, donde se debe informar a las comunidades en qué cantidad y qué sustancias son emitidas al agua, aire y suelo. La lista de sustancias sujetas a reporte por parte de las industrias se encuentran contempladas en la Norma 165-SEMARNAT-2013, que además establece el umbral a partir del cual los establecimientos deberían registrar sus emisiones y transferencias. En la lista se encuentran sólo 200 sustancias. “México debería estar reportando cerca de 600 moléculas”, explica el doctor Omar Arellano. Por un tema económico, agrega, “todavía nos falta incluir 400 en este sistema de reporte”. El investigador señala que hay países como Canadá y Estados Unidos que exigen reportar entre 900 y 1 mil 500 sustancias. Para el evaluador del daño ecológico, frenar

Recipiente que usa Conagua para colectar las muestras

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la contaminación implica un trabajo integral: “de nada serviría ampliar el número de sustancias para reportar si no se cuenta con la capacidad de inspección, que por el momento no existe”. De tal manera que el RETC serviría sólo para conocer el tipo de contaminación, pero no para regular. Y es que, explica, las empresas no están obligadas a reducir sus emisiones porque no hay ningún tipo de medida o de estímulo fiscal para ello. Sergio Sánchez –exsubsecretario de la Gestión Ambiental de la Semarnat y quien participó en la modificación de la norma para incluir más sustancias– asegura a Contralínea que México no se encuentra atrás en el tema y que no se puede comparar con países como Estados Unidos, ya que esté tiene mayores procesos industriales. “Cuando negocié con los sectores industriales la implementación para reportar demasiadas sustancias era difícil, dada la falta de capacidad para poder hacer todas las estimaciones necesarias; las organizaciones civiles querían que fuera un mayor número de sustancias registradas. Por ende, de una manera muy responsable se eligió entre las sustancias que más se utilizan en el país de acuerdo con la naturaleza de los procesos y darle prioridad. Para esa época, hace 10 años, había 104 sustancias y actualmente son 200”. El exfuncionario afirma que lo más importante es que las industrias reporten de manera oportuna con datos fehacientes sus emisiones: “pueden haber 600 sustancias en el RETC pero si no se reporta adecuadamente no tiene caso”. En la realidad el registro enfrenta muchos problemas. Uno de ellos es el que observa el doctor Omar Arellano Aguilar, evaluador de daño ecológico de la Facultad de Ciencias de la UNAM: “el dato que las industrias reportan no es cuantificado, surge directamente de la ecuación que la Semarnat les ha dado para que generen el reporte, entonces es sólo una estimación de lo que se está liberando”. El RETC, dice, debería incluir a las pequeñas y medianas empresas que emiten sustancias contaminantes, así como debería contemplar una serie de moléculas que las empresas deberían reportar y no lo hacen. La página oficial de ese Registro indica que,

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para 2017, el total de emisiones en Puebla y Tlaxcala fue de 93 mil 847 y 31 mil 435 toneladas al año, respectivamente, para las 20 mil 400 industrias que realizan actividades en la cuenca. Esas cifras se encuentran muy por debajo de las reportadas en Tamaulipas y Aguascalientes, donde las emisiones son superiores al millón de toneladas al año. A ello se suma la critica que hace el economista y geógrafo Octavio Rosas: menos del 5 por ciento de las industrias del país están obligadas a informar sus emisiones en el RETC.

AUTORIDADES, SIN COORDINACIÓN PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA

México, paraíso para empresas contaminantes La laxitud en la aplicación de las pocas normas existentes es un atractivo para la industria. “Las empresas trasnacionales vienen a México a seguir su producción porque hay regulaciones muy laxas y llegan sin ningún tipo de compromiso socio ambiental. México es un paraíso para las trasnacionales”, asegura el doctor Omar Arellano Aguilar. En la cuenca del Atoyac se asientan multinacionales como Bayer y Volkswagen, pero también hay empresas nacionales como Petróleos Mexicanos y Global Denim. Muchas de éstas se venden como social y ambientalmente responsables, pero en la realidad no lo son. “Es una falta de ética de las trasnacionales porque en sus países sí cumplen las normas y acá no. Al menos deberían estar aportando al saneamiento del río, porque han contribuido significativamente en su degradación”, señala el investigador Omar Arellano. Por su parte, el economista Octavio Rosas Landa cita al jurista Raimundo Espinosa: en México se violan los derechos cumpliendo la ley. Ello, dice, porque “la ley está diseñada para violentar los derechos individuales y colectivos porque expresamente favorece los intereses privados y trasnacionales; está hecha para proteger las inversiones violentando los derechos”. Todo lo que ocurre en torno al Atoyac “es un círculo vicioso en el que los más pobres son los más afectados siempre”, señala el maestro Rosas Landa.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en la recomendación 10/2107 que hay poca coordinación en las instancias encargadas del cuidado del medio ambiente y la protección del agua. La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés, Alejandra Méndez, señala que la Profepa, la Conagua y la Semarnat actúan cada una por su lado. “Lo que sí encontramos es un trabajo que cada quien hace de manera muy inconexa, cada quien hace el trabajo que le corresponde y no se coordina por ejemplo con el municipio”, expresa el doctor Rubén Pérez, coordinador de seguimiento de recomendaciones de la CNDH. Al respecto, el investigador Octavio Rosas asegura que la recomendación estableció que se debía instaurar un plan de saneamiento en el que participaran también las comunidades; pero, dice, “los afectados nunca fueron convocados y mucho menos las personas de la Coordinadora por una Atoyac con Vida, que fueron quienes presentaron la queja ante la CNDH”. En compañía de investigadores de la UNAM, las comunidades afectadas generaron una propuesta de plan de saneamiento que le fue entregada a las autoridades pero que aún no es tomada en cuenta. En ella se plantea imponer multas más altas a las empresas, y en relación con el tamaño de sus dividendos. “Las sanciones son tan bajas que las empresas continúan contaminado: en los hechos, la norma es un permiso para contaminar”, critica Rosas Landa.

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LA LIGA ANTITERRORISTA DEL SUR Y LA GEOPOLÍTICA DE LA TRIPLE FRONTERA La reedición de la alianza antiterrorista entre un grupo de países de la región con Estados Unidos es un episodio más de su política exterior de alineamiento incondicional y entrega de su soberanía. Argentina, Brasil y Paraguay abren la puerta de América Latina a los estadunidenses

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SILVINA ROMANO, EN CIENCIA POLÍTICA Y POSDOCTORA POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DE LA UNAM/ TAMARA LAJTMAN, MAESTRTA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNAM Y DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIALES EN LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA/ ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ, MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS POR LA UNAM/CELAG

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INTERNACIONAL ANÁLISIS

n la última Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, realizada en Buenos Aires con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos y la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se constituyó una alianza para combatir la “actividad ilícita” en la región y sus vínculos con el terrorismo, que identifica a Irán y a la organización islamista libanesa Hezbolá como principales amenazas. La alianza está integrada por Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, y se irá concretando a través de reuniones semestrales entre las cancillerías que tendrán su primer encuentro en Paraguay antes de finalizar el año [1]. La “nueva” alianza conformada por los tres países conosureños y Estados Unidos aparece como la reedición del Grupo 3+1, lanzado en 2002 para fomentar la mutua colaboración, el intercambio de información y la mejora de la eficiencia en la lucha contra las actividades ilegales y el terrorismo en la zona de la Triple Frontera –emprendimiento que quedó al margen con los gobiernos de Lula Da Silva y Néstor Kirchner. Sin embargo, la actual coyuntura política de sintonía entre Mauricio Macri, Jair Bolsonaro y Mario Abdo proporciona un ambiente favorable para la reedición de la cooperación regional en antiterrorismo supervisada por Estados Unidos. La relevancia de esta liga antiterrorista puede comprenderse en virtud de: 1) el rol (definición) del terrorismo en la agenda de política exterior estadunidense; 2) los lineamientos de seguridad hemisférica asociados a determinados objetivos geopolíticos, intereses comerciales y financieros de Estados Unidos; 3) el giro antiterrorista en las políticas de gobiernos de derecha regional y; 4) el timing de la agenda electoral, tanto en estos países como en Estados Unidos. Este tipo de alianzas permite a Estados Unidos ir consolidando centros de grave-

dad puntuales que le otorgan relaciones privilegiadas con estos gobiernos, no sólo en términos militares y de seguridad (que es lo inmediatamente visible), sino alianzas políticas, comerciales y financieras que, a su vez, garantizan el acceso a recursos estratégicos. Esta es una construcción clave para un escenario de disputa con otras potencias a nivel mundial y en una América Latina que ha sido históricamente considerada un territorio del área de influencia de Estados Unidos, y hasta como parte del mismo.

Terrorismo: el enemigo all inclusive A partir de la implosión de las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, hubo un cambio en el paradigma de seguridad estadunidense, centrado en un nuevo enemigo: el terrorismo global. [2]. Esa doctrina se extendió a nivel mundial, incluido el “Hemisferio Occidental”. En ese entonces, el gobierno de George W Bush declaró una guerra global contra el terrorismo y autorizó la intervención militar directa en Irak. La presencia estadunidense en Oriente Medio con diferentes tipos de guerra (económica, financiera, psicológica, militar de baja intensidad, etcétera) es un hecho desde entonces, y con el gobierno de Donald Trump se exacerba (en medio de un escenario geopolítico en el que Estados Unidos va perdiendo hegemonía frente a China y Rusia). La guerra contra el terrorismo tiene un rol protagónico en la actual gestión de Trump, como pieza clave del “América Primero”, relato amplificado de cara a próximas elecciones en Estados Unidos. El aumento de las tensiones con Irán (la salida del acuerdo antinuclear y el recrudecimiento de las sanciones económicas, así como la aplicación de “sanciones inteligentes” contra el principal mandatario del

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El terrorismo como amenaza a la seguridad es parte de la Doctrina de Seguridad Hemisférica. Este “enemigo” aparece en documentos en 1990

país) se enmarcan en esa línea de política exterior. De hecho, en octubre de 2018, el gobierno de Trump lanzó una “Estrategia Nacional Antiterrorista” (similar a las doctrinas de la era Bush hijo) donde se vuelve a definir al terrorismo como amenaza crucial a la seguridad de Estados Unidos y al “Modo de Vida Americano” [3]. Dicha estrategia plantea la necesidad de trabajar con aliados para combatir “el terrorismo radical islámico” y el “terrorismo iraní”. Se advierte un escenario de “terrorismo crecientemente complejo, con diversos enemigos que utilizan nuevas tecnologías y tácticas para avanzar en sus agendas”. Esta ampliación (al infinito) del enemigo terrorista incluye: otras formas de extremismo violento (diferentes a la “ideología islámica”) –léase, todo aquello que sea definido como acción política violenta o extrema según la Administración Trump; extremismo del derecho animal; extremismo ambientalista; extremismo de la soberanía ciudadana; extremismo militar. A su vez, este enemigo cada vez más complejo y difuso habilita o legitima nuevas formas de

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guerra para aniquilarlo: guerras híbridas y nuevas tecnologías de guerra cibernética para acabar con “el mal”. Como se enuncia aquí, estas nuevas guerras involucran intereses geopolíticos y negocios millonarios que otorgan una dimensión material clara al discurso antiterrorista.

Triple Frontera: espacio geopolítico clave La Triple Frontera es una posición estratégica fundamental en lo que se refiere al acceso a recursos naturales. Es puerta de entrada al Acuífero Guaraní, cercana a los yacimientos de gas bolivianos, a los minerales de la cordillera de los Andes y a la cuenca amazónica. Asimismo, la injerencia estadunidense en esta zona, principalmente a partir del territorio paraguayo, estuvo orientada en las últimas décadas a desactivar cualquier proyecto en la subregión que prescinda de la mediación estadunidense. El terrorismo como amenaza a la seguridad (en la Triple Frontera así como en América Latina) deriva de la Doctrina de Seguridad Hemisférica estadunidense. De hecho, este “enemigo” aparece ya en documentos estratégicos de Estados Unidos desde la década de 1990, a partir de los atentados contra la embajada israelí en Buenos Aires (1992) y a la Asociación Mutual Judía Argentina (AMIA, 1994). En el contexto post Torres Gemelas, se fortalece la hipótesis de que existen células terroristas “dormidas” de origen islámico y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este contexto, Paraguay se ha configurado como epicentro de la militarización estadunidense en el Cono Sur [4]y año tras año se ha registrado una contundente presencia militar estadounidense (directa o vía militares colombianos) en territorio paraguayo. A partir del 2008 se agrega la“amenaza” de un nuevo grupo catalogado como terrorismo interno, el

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Bolsonaro, orgulloso de su

EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), que actuaría en la zona norte del país [5].

Políticas antiterroristas recargadas La Triple Frontera es señalada como zona problemática en los informes anuales sobre terrorismo por país elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que lidera la “reorganización” en la seguridad de esa área como si fuera su propio territorio, y que puede constatarse en los “avances” realizados en conjunto con fuerzas de seguridad de los tres países que comparten la frontera [6]: El gobierno de Argentina estableció una Fuerza de Tarea contra los Estupefacientes en la provincia de Salta, compues-

ta por los cuatro organismos federales de aplicación de la ley y las fuerzas provinciales del país. Como resultado de su éxito se creó un segundo grupo de trabajo enfocado en las provincias del noreste, que cubren el área de la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Se realizó en junio de 2017 una misión de investigación para reunir información sobre actividades financieras y riesgos de financiamiento ilícito en el área de la Triple Frontera. Este fue un proyecto conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las unidades de inteligencia financiera argentina, brasileña y paraguaya, y los bancos centrales de Argentina y Paraguay. En febrero de 2017, Argentina organizó un taller sobre la lucha contra los gru-

“alineamiento” a Estados Unidos

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pos terroristas transnacionales en la zona de la Triple Frontera. La conferencia fue organizada por la Agencia de Inteligencia Federal de Argentina con el patrocinio de los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos e incluyó a fiscales, jueces, investigadores de la ley, funcionarios de inteligencia financiera y funcionarios de inteligencia de la región. El mismo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca las novedades en Argentina, Paraguay y Brasil en cuestiones relacionadas con el terrorismo [7]:

Argentina redefine su estrategia de contraterrorismo con un enfoque en Argentina sus remotas Argentina redefine su estrategia de confronteras norte y traterrorismo con un enfoque en sus remonoreste, área de tas fronteras norte y noreste, que incluyen la Triple Alianza el área de la Triple Frontera.

El gobierno de Argentina propuso cambios en el Código Penal para reformar su marco legal antiterrorista. La legislación propuesta incluiría reformas al sistema penal, un nuevo enfoque para combatir el financiamiento del terrorismo y una modernización de las capacidades de seguridad e inteligencia. El bombardeo de la AMIA de 1994 se mantuvo en las noticias y generó una propuesta por separado para reformar el Código Penal incorporando los juicios en ausencia como un mecanismo para procesar a los fugitivos. En diciembre de 2017, un juez federal argentino emitió órdenes de detención preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exasociados acusados de traición por, supuestamente, encubrir la participación de Irán en el ataque de la AMIA. El Ministerio de Seguridad argentino “mejoró” su capacidad de aplicación de la ley en los puertos de entrada de alto riesgo a lo largo de la frontera norte. Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos

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América Latina, el patio trasero de Esttados Unidos

y el Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS) del Departamento de Estado contribuyeron a estos esfuerzos mediante la donación de kits de inspección de contrabando a los funcionarios de Aduanas de Argentina en los puertos de Posadas, Aguas Blancas y La Quiaca. Oficiales de la Gendarmería Nacional y de Aduanas se unieron a sus homólogos brasileños en un Seminario Internacional de Interdicción de Fronteras patrocinado por CBP y EXBS. A partir del acuerdo de Prevención y Combate a Delitos Graves firmado en 2016 por el Ministerio de Seguridad argentino y los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos, las fuerzas de seguridad federales argentinas

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trabajaron para incorporar datos biométricos en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen transnacional. El Ministerio de Seguridad e Investigaciones de Seguridad Nacional fue coanfitrión del primer Seminario de Investigaciones Financieras Transnacionales del país, al que asistieron 50 participantes de más de una docena de agencias argentinas encargadas de hacer cumplir la ley, seguridad fronteriza y fiscal que participan en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Brasil La Policía Federal, la principal agencia de contraterrorismo de Brasil, trabajó en

estrecha colaboración con Estados Unidos para evaluar y mitigar posibles amenazas terroristas. El Gobierno brasileño continuó apoyando las actividades de contraterrorismo, que incluían asistencia técnica de terceros países para controlar tecnologías sensibles e investigar documentos de viaje fraudulentos. El 4 de mayo de 2017, Brasil aplicó por primera vez la Ley 13.260 contra el terrorismo, sentenciando a ocho ciudadanos brasileños a entre cinco y 15 años de prisión por “promover el ISIS y los actos terroristas” a través de las redes sociales. Las condenas se relacionaron con la Operación Hashtag de 2016, que desmanteló una red pro-ISIS en línea antes de los Juegos Olímpicos. En septiembre de 2017, Brasil organizó un evento de capacitación internacional OEA-CICTE enfocado en prevenir el uso ilegal y terrorista de internet en Sao Paulo.

El gobierno paraguayo sigue aplicando una ley de 2013 que permite el despliegue doméstico de los militares contra cualquier tipo de amenazas

Paraguay El gobierno paraguayo siguió implementando una ley de 2013 que permite el despliegue doméstico de los militares para contrarrestar amenazas internas o externas. La Secretaría de la Policía Nacional de Paraguay (PNP) para la Prevención e Investigación del Terrorismo se encarga oficialmente de las funciones de contraterrorismo, aunque otras unidades y agencias de la PNP, como la Secretaría Antidrogas, también trabajan en estos casos, particularmente cuando se relaciona con el narcotráfico. Las fuerzas militares y los oficiales de policía continuaron operando conjuntamente en San Pedro, Concepción y Amambay contra el EPP, con escaso éxito. Con la ayuda de sus homólogos estadunidenses, los agentes de la ley paraguayos arrestaron a múltiples sospechosos vincula-

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Amigos confundidos

dos con Hezbolá, en el área de Ciudad del Este, que estaban involucrados en actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas, algunos con vínculos en los Estados Unidos.

El timing político: Macri y su alianza con Trump La alianza antitierrorista es, también, tema privilegiado de campaña electoral a favor de la gestión actual del PRO en Argentina, puesto que se conformó un día después del aniversario número 25 del atentado contra la Mutual Judía AMIA, hecho asociado, a su vez, al “asesinato” del fiscal Alberto Nisman a inicios del 2015. Durante la reunión en Buenos Aires, Mike Pompeo destacó que ofrecerán una recompensa de 7 millones de dóla-

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res por “información que pueda ayudar a la identificación y arresto” de Salman Raouf Salman, considerado como uno de los organizadores del ataque contra la Mutual Judía. El atentado a la AMIA está asociado al “asesinato” de Nisman en enero de 2015, caso judicial clave durante la campaña presidencial de ese año, jugando claramente en contra de la continuidad del proyecto kirchnerista [8]. Inmediatamente se asoció este asesinato al acercamiento entre el gobierno de Cristina Kirchner con Irán (aduciendo que la expresidenta intentó deliberadamente encubrir a iraníes implicados en el atentado). En su momento, un reconocido especialista en relaciones exteriores de Argentina afirmó: “No existen evidencias de que Irán haya sido responsable de ninguno de los dos grandes

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atentados terroristas perpetrados en la Argentina. Sin embargo, la prioridad estadunidense e israelí era desprestigiar y aislar al régimen de Teherán. Descubrir la verdad les importaba poco y nada” [9]. Hace un par de semanas el candidato a presidente, Alberto Fernández, tuvo que ir a declarar a Tribunales por esta causa: aunque él no está directamente implicado, en la opinión pública se instala la vinculación CFK-Nisman-Alberto Fernández. Así, una vez más, como reza uno de los periódicos más leídos “la campaña presidencial argentina se disputa también en los tribunales” [10], con el aditivo de la presencia indirecta estadunidense. De este modo, la alianza antiterrorista es parte de la campaña por la Presidencia en Argentina, en la que el oficialismo no tiene reparos en aclarar que las relaciones con Esytados Unidos (¡de Trump!) son cada vez más estrechas: desde un salvataje económico del Fondo Monetario Internacional (donde Estados Unidos es el principal decisor y acreedor) hasta la apertura a empresas estadunidenses (Vaca Muerta así lo demuestra) y los múltiples acuerdos en seguridad [11]. Tal como lo declarara el canciller Jorge Faurie: “Hemos repasado nuestro diálogo como dos países amigos. Argentina ha recibido tremendo apoyo del gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump en tiempos de dificultades financieras” [12].

amenazas planteadas por organismos como la Comisión Trilateral. [3] https://www.whitehouse.gov/wp-content/ uploads/2018/10/NSCT.pdf. [4] https://geopolitica.ws/author/ana-esther-cecena-carlos-motto/. [5] https://www.alainet.org/sites/default/ﬁles/ lajtman_el_epp_como_enemigo_interno_desde_la_prensa_conservadora_y_el_estado.pdf. [6] https://www.state.gov/wp-content/ uploads/2019/04/crt_2017.pdf. [7] https://www.state.gov/wp-content/ uploads/2019/04/crt_2017.pdf. [8] https://www.celag.org/lawfare-o-la-guerra-judicial-en-argentina-y-brasil/. [9] http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/ﬁles/pdf/7_11.pdf. [10] https://elpais.com/internacional/2019/07/10/argentina/1562782266_329574.html. [11] https://www.celag.org/macriland-eeuu-en-la-argentina-de-macri/. [12] https://www.elespectador.com/noticias/ el-mundo/la-alianza-antiterrorista-que-esta-construyendo-eeuu-en-latinoamerica-articulo-871836.

El candidato a presidente, Alberto Fernández tuvo que ir a declarar a tribunales por habérsele relacionado con el proceso contra CFK

Notas

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[1] https://www.efe.com/efe/america/ politica/ee-uu-potencia-alianza-antiterrorista-con-latinoamerica-apuntando-a-iran/20000035-4026645. [2] El terrorismo ya formaba parte de las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos desde finales de la década de 1970 y, particularmente, a partir de la implosión de la Unión Soviética y la definición de las nuevas

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ARGENTINA

¿DE QUÉ SE RÍEN LOS GOBERNANTES? En 2019 diariamente han cerrado sus puertas 43 empresas en Argentina. Sólo en los primeros 4 meses de este año 5 mil 175 productoras de bienes y servicios dejaron de existir. Aún no se cuantifica el número de quienes han perdido sus empleos. La cifra se sumará a la de los 70 mil perdidos el año pasado. Todo mientras el país vuelve a endeudarse y los políticos lo festejan como si no se tratara de una crisis

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JORGE LUIS UBERTALLI OMBRELLI, PERIODISTA, POETA Y ESCRITOR/TELESUR

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esde que asumió Mauricio Macri y sus hunos la Presidencia de la República no creció más el pasto en las praderas argentinas, 2 mil 871 industrias cerraron a partir del 2015, los pedigüeños oficiales lograron contraer, entre privados, buitres y el Fondo Monetario Internacional (FMI), una deuda cercana a los 300 mil millones de dólares que será pagada por nuestros tataranietos En marcha hacia el abismo eleccionario, convocados por el flautista de cuento de la “democracia” para, por y de los ricos y sus bufones, los “candidatos” aparecen en todas las fotografías, afiches, conversaciones, como sonrientes. ¿De que se ríen? Según las reglas del marketing, los targets, los puntos a subir o bajar y toda la repugnante gama de elementos manipuladores de la “opinión pública”, habría que contagiarle alegría y confianza a los electores. Esos que como niños de “yo no sé” caminan una vez cada 4 años hacia los templos del saber –custodiados, por si acaso, por militares y policías– para rendir homenaje al dios hipocresístico de la “voluntad popular”. En este año, y de enero hasta abril, han cerrado diariamente sus puertas 43 empresas, cuyos propietarios no quedarán en pampa y la vía, e invertirán en otros negocios aquí o en otra parte; 5 mil 175 productoras de bienes y servicios dejaron de existir, de las cuales 800 producían mercancías –400 eran manufactureras– y el resto de servicios, comprendidas la de ventas de repuestos para automotores, transportes y almacenamientos. A los 70 mil compañeros echados de sus trabajos el pasado año se le suman y sumarán los de éste. Miles y miles de trabajadores estatales y privados sin empleo, librados a la buena de Dios, al cirujeo, al delito –aunque como cantaba nostro compagno Fabrizio de André, “ahora sabemos que es delito no robar cuando se tiene hambre”– al tráfico menudo de drogas, al suicidio, al buchoneo policial, al sicariato u otras bellezas engen-

dradas por un sistema que reproduce a selectos miserables opulentos, por un lado, y a los millones golpeados por la miseria que ellos fabrican, por otro. Los Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) creados por el macrismo y a los que las empresas recurren para rajar gente sin un mango están a la orden del día. Cada 3 días, según informes de buena mano, se abre un nuevo expediente. La jauja de los explotadores mayores parece contraponerse, según la ley del embudo, a los más pequeños. Desde que asumió Macri, como decíamos, 2 mil 871 industrias cerraron a partir del 2015, los pedigüeños oficiales lograron contraer, entre privados, buitres y el FMI, una deuda cercana a los 300 mil millones de dólares que será pagada, si las cosas marchan por la senda de la institucionalidad capitalista y sus decentes y maduros defensores, por nuestros tataranietos, a los que les espera un mar de males –la tierra quedará para los acreedores– privaciones, humillaciones y miserabilidades, entre ellas las de no tener donde caerse muertos. Capitalistas grandes y chicos se toman las de Villadiego, los verdes vuelan como golondrinas nocturnas hacia el exterior estimuladas por la primavera macrista allende las fronteras, algunos hablan de “crisis” y protestan, otros, como los Grobosojeros, argumentan que los pequeños deben desaparecer, que joder, porque es así y punto. Una inflación del 57 por ciento se pronostica para este año –ya alcanzó al 22 por ciento en lo que va de él– y se espera reducirla con la miseria popular, tal como pretenden explicar los argumentadores de mentiras informativas. Claro… ¿para qué emitir si no hay quien compre?, ¿para qué subir precios si no hay quien consuma? Todo está perfectamente calculado para que el cementerio sea el futuro más cercano, el más transitado de los supermercados humanos. Como los opositores desprecian “la violencia”, los oficialistas la ejercen y hacen

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los nuevos balillas, avanguardisti y gioventú italiana del orden fascista local que ya ha salido del huevo para asfixiar a los que, una vez desilusionados de votos y charlatanes de feria, quieran tomar las riendas del poder en sus manos. Los nuevos fasci di combattimento anunciados por la ministra anuncian los tiempos que vienen…un fecal legislador salteño alabó a los niños policías de su provincia…están calentando los motores del daño físico al pueblo sin escrúpulos. Y por lo tanto la respuesta popular no debe marchitarse en denuncias ni lamentaciones, solo cabe pagarles a los fascistas crudos o sui generis con la misma moneda: organización y armamento obrero y popular. Ya lo dijeron los clásicos revolucionarios marxistas, anarquistas. Ya lo intentó implementar Evita, a quien se la quitó del medio por su valentía e instinto de clase, por su amor a los oprimidos y el odio a los opresores, por –como diría mi vieja– hablar sin tapujos: llamar al pan, pan, y al vino, vino, y agarrar al toro por las astas. Mientras las potencias extranjeras se enseñorean sobre el cuerpo de la tierra que

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Las potencias extranjeras se enseñorean y se asientan las Fuerzas Armadas estadunidenses en América Latina. Nada que celebrar

uso de ella como elemento primo presente y futuro hasta que el país se licúe. “En la historia de la humanidad, el policía ha precedido siempre al profesor”, sostuvo en su momento el duce Benito Mussolini, fundador del fascismo. Su homóloga de morondanga, devenida aquí en ministra de Seguridad, dijo hace unos días que la “Gendarmería es la institución más valorada en nuestro país, la número uno, mucho más valorada que cualquier otra, que la educación pública”. Atosigada por la corrupción del narcotráfico oficial y de todo tipo y la impunidad, al igual que la de todas las bandas de esbirros del “orden público” –a quienes se permite reprimir, encarcelar y asesinar a rebeldes, opositores y jóvenes por el solo hecho de serlo– la “fuerza” se encargará de conducir hacia el parapolicialismo a los efebos que el diario La Nación califica de “ni-ni”. O sea, los marginados de las bondades del capitalismo, que ni pueden acceder a la escuela, empleo, salud y demás etcéteras que hacen a la vida por obra y gracia de los que, hipócrita y cínicamente, los convocan a ser personas de “valores” cargando armamento. Ellos serán

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Macri. Fracaso económico y traición a

nos parió; mientras las bases gringas se preparan para “humanitariamente” intervenir en favor de los opresores y explotadores locales y contribuir al saqueo de la nación; mientras la repugnante comparsa oficial inunda las calles con carteles que provocan arcadas, y los opositores siguen el juego de ahora vos después yo y los dirigentes sindicales de uno y otro color no incentivan ni comparten con sus dirigidos las tomas de fábricas que cierran y sólo les alcanzan a los cesanteados pañuelos para enjugar las lágrimas, el proxeneta declara ilegal en el país a una organización que, en Oriente Medio, lucha para que su país no sea presa del expansionismo de la ultraderecha sionista y de otros aliados arábigos de Estados Unidos; incentiva la intervención imperial a la Venezuela Bolivariana, recoge de la basura regional al detritus cipayo de Estados Unidos, y lo propone como inmigración a tener en cuenta para sostener el oprobio

macrista; auspicia el bloqueo a Cuba, la agresión a Nicaragua, el aislamiento de Bolivia y toda otra actividad que contradiga al aventurerismo, belicismo, hegemonismo y barbarie estadunidense en el mundo y la región. Construir el dique organizado y armado para parar al repugnante tsunami capitalista, que ya ha comenzado y que escala sin encontrar escollo alguno, es tarea aquí y ahora de los bien nacidos. No hay tu tía. Para neutralizar y liquidar a violencia de los de arriba, hay que organizar la de los de abajo. Que los representantes de la repugnancia se rían, están haciendo bien su trabajo. Nosotros no debemos reir ni llorar, solo crispar los puños y los labios y... El odio al opresor y enemigo debe signar nuestros gestos, sin flojeras ni concesiones. Mostrar a los nuestros el camino, caiga quien caiga y cueste lo que cueste.

toda la región

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MISCELÁNEO

EX LIBRIS

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y GUILLERMO PRIETO ÁLVARO CEPEDA NERI

que lo usaron como ejemplo. III. De Prieto debe decirse que fue Constantemente recurro a los un militante del liberalismo político fabulosos diccionarios en tres II. El otro inmenso liberal es Igen todas las luchas desde 1847 hasta tomos del periodista sonorense nacio Manuel Altamirano: novelista Humberto Musacchio López, autor (Clemencia, Navidad en las montañas, Julia); su muerte biológica. Nacido en la capital del país, como periodista se periodista; educador, dedicado a los de varios libros sobre historia de la enfrentó, cara a cara, con el dictador indígenas; uno de ellos nada menos cultura (amigo y compañero de toda Santa Anna para mantener que Ignacio Ramírez, nuestro la vida de Miguel Ángel Granados a toda asta las libertades Voltaire. Prieto y Altamirano, Chapa, 1941-2011), ya que en esas de prensa (incluso para compañeros de Juárez… páginas puede uno obtener bibliograAutor: Guillermo Prieto criticar a Juárez, como hasta que los dos consifías y biografías. Y con ayuda de ellos preciso los datos de Ignacio Manuel deraron ser sus adverTítulo: La patria como oficio. el mismo Altamirano). Creó varios periódicos Altamirano (1834-1893) y Guillermo sarios. Altamirano, gueMemorias de mis tiempos y y revistas. Nos dejó, Prieto (1818-1897); aprovechando rrerense, luchador por crónicas tardías entre otras de sus obras, la celebración del bicentenario del el republicanismo, las Editorial: FCE y Memorias de su Tiempo. nacimiento de Prieto; periodista, esdemocracias: represenPlaneta Juzgó que las reelecciones critor, poeta y patriota cuya arenga tativa y directa; abogado. de Juárez no eran convenientes y valor personal: “¡Los valientes no Fue un duro crítico de los conno obstante la aprobación del Conasesinan!”, hizo que unos soldados de servadores, de los “reaccionarios, que la dictadura militar del santaannismo greso y el amparo constitucional de al fin eran mexicanos”, explicó Juárez. no asesinaran a Benito Juárez el 14 de Nunca dos patriotas como Altamirano 1857, por lo que se afilió a la causa de marzo de 1858. Logrando la permaGonzález Ortega y al despedirse del y Prieto construyeron al Estado monencia del estadista –tal vez el único oaxaqueño éste le dijo: “¡Que te vaya derno de representación electoral y la bien, Guillermo, la patria te agradece en toda nuestra historia– en la condivisión de poderes e imperio de la ley tus servicios!”. El caso es que esos dos ducción estratégica del país para, con constitucional. Es así que el año pasaliberales, intelectuales, políticos, soldalos liberales de entonces, resdo recordamos su fallecimiento taurar la República, crear dos, patriotas y contribuyentes en la físico, pero que perdura por la Constitución de 1857, construcción del Estado democrático su obra; entre las que está Autor: Ignacio Manuel implantar la Reforma y y constitucional, fueron recordados. su genial El Zarco. Altasus leyes, participar en Prieto en un evento organizado por mirano abrió la cultura Altamirano la Gloriosa Revolución la Universidad Nacional Autónoma mexicana a la literatura Título: Obras completas de Ayutla y lograr la de México, donde la profesora e inuniversal, sobre todo. Editorial: Secretaría de separación de las iglesias vestigadora Bertha Hernández ofreParticipó en la derrota Educación Pública y el Estado. Actos en los ció una conferencia, como informa y expulsión del imperio, que Prieto fue factor común Carlos Paul (La Jornada, 11 de febrero contra quien nunca fue para lograr los cimientos que de 2018), con el título: Guillermo Prieto: emperador el tal Maximiliano, aún sostienen a la nación; con todo y periodismo y el poder político, en el coloporque como escribió Gastón García los embates de los Santa Anna reproCantú: “Juárez era presidente” duranquio titulado: “¡Los valientes no asesiducidos en el montón de presidentes nan!”” te esa intervención austríaca-francesa.

5 de agosto de 2019

ISSN: 1665-1626 REVISTA SEMANAL Del 5 al 11 de agosto de 2019

Año 18 • Número 653 • $30