Boyas con púas en Río Bravo son una ofensa para México: Ken Salazar

El embajador aprovechó para confirmar la demanda contra el gobierno de Texas por violar la Ley de ríos de 1899, poner en riesgo a los migrantes y de dañar el medioambiente

Dalia Quintana

Autoridades estadunidenses entre las que destaca el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconocieron como ofensiva la colocación del cerco de boyas con púas en el Río Bravo instaladas por el gobierno de Texas. De visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, Salazar, acompañado de el subsecretario de Estado de Administración y Recursos, Richard Verma, confirmó que se presentó una denuncia contra el gobernador de Texas, Greg Abbot, y dijo que esperan ganar el caso. “Lo hayamos ofensivo y por eso el Departamento de Justicia ya estamos en las cortes porque nos parece que lo que hizo el gobernador de Texas es ilegal”, declaró Salazar. Los funcionarios fueron acompañados de la gobernadora de esta entidad, María Eugenia Campos Galván; donde confirmaron la demanda contra Abbot por violar la Ley de ríos de 1899, poner en riesgo a los migrantes y de dañar el medioambiente.

“Tenemos grandes esperanzas de que nosotros estamos del lado de la ley y de que está mal. Tengo optimismo de que vamos a ganar el caso”, dijo Salazar.

A principios de julio, el gobernador republicano Greg Abbot ordenó colocar una barrera acuática de alrededor de 300 kilómetros para detener la migración de personas, las boyas se instalaron cerca de la ciudad de Eagle Pass, Texas con frontera en Piedras Negras, Coahuila. En la conferencia de prensa la gobernadora de Chihuahua dijo que habían ratificado la cooperación y la colaboración entre México y Estados Unidos e indicó que comparten intereses. Funcionarios consulares indicaron que, previo al tema de las boyas, el subsecretario Richard Verma tuvo el interés de visitar Ciudad Juárez y El Paso para conocer la problemática que se registra, sin precisar sobre cuál tema.

Migrantes buscan hablar con Ken Salazar

Mientras se desarrollaba la conferencia en las instalaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) en el exterior varias personas migrantes aguardaban con la esperanza de poder acercarse al embajador. Muchos buscaban ayuda ya que están varados en Ciudad Juárez sin la posibilidad de emigrar legalmente a Estados Unidos debido a problemas con la aplicación CBP ONE para acceder a solicitar asilo político. M

Congreso de El Salvador aprueba juicios masivos para pandilleros

La disposición conducirá a que unos 900 reos enfrenten un mismo proceso penal

Dalia Quintana

El Congreso de El Salvador dispuso este miércoles que los presuntos pandilleros detenidos sean juzgados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de unos 900 reos enfrenten un mismo juicio. La norma aprobada ordena el “sometimiento de [varios] imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”, desde marzo de 2022, dice el decreto aprobado. “No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por clica [célula] lo que presenta este decreto transitorio”, señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. El vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que “con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal”.

“Eso facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes pandilleros”, dijo el legislador oficialista.

Además, la Fiscalía podrá “utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula o que operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo”, añadió. Esta “disposición transitoria” fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de 84 en total. La norma, que nació de una iniciativa de Bukele, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación. El diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí, criticó la nueva norma al considerar que “solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción”, que suman casi 72 mil. M