Tras 15 años, las consecuencias del Mandato Minero están presentes

La decisión de la Asamblea Constituyente de Montecristi, del 2008, creó un entorno desfavorable para el desarrollo de la industria minera ecuatoriana. Una acción que privó al Ecuador de contar hoy con un sector que podría aportar con muchísimos más recursos e inversiones de lo alcanzado. Sin duda, una dura lección para que el nuevo Presidente de la República y Asambleístas no vuelvan a repetirla.

La tarde del 18 de abril del 2008 fue aprobado el llamado “Mandato Minero”. En el pleno de la Asamblea Nacional, la decisión fue viabilizada por 95 asambleístas; solo uno votó en contra y se registraron 25 abstenciones. En ese momento, el cuerpo legal quedó definido por 12 artículos y cuatro dispociciones finales, que, entre otras cosas, dejó sin efecto todas las concesiones mineras que no hayan realizado inversiones, que tengan obligaciones pendientes con el Estado, o que estén en áreas protegidas. Desde ese instante, se extendieron 180 días de plazo para elaborar una nueva Ley Minera.

Han pasado 15 años desde esa aprobación y la minería ha recorrido un sinuoso camino para abrirse espacio dentro de la actividad económica del país. Y aunque al final de esa aprobación, se eliminó un artículo que daba la potestad a las comunidades de consentir la explotación de recursos naturales, ese objetivo ha acompañado la actividad minera, incluso convirtiéndose como pretexto de acciones violentas de grupos antimineros que exigen tener la última palabra sobre recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos. De hecho, hace 15 años mismo, muchos actores políticos y sociales señalaban -y señalan- que en las concesiones mineras debe primar el interés nacional y no el de determinado sector. No obstante, en el documento se garantizaba que las comunidades debían ser consultadas previamente, aunque no sería determinante.

El analista Walter Spurrier, en una de sus columnas de opinión para Diario El Universo, explicó claramente las implicaciones del mandato minero y lo que significó hacia futuro.

“El Mandato Minero 1.0 data de 2008, y fue tajante: No más minería. Ecuador renunció a aprovechar la riqueza del subsuelo. El Mandato 1.0 duró 7 años. Con la caída del precio del petróleo, el expresidente Rafael Correa creó el Ministerio de Minas y se abrió a la inversión privada. La apertura duró 2 años. Desde 2017, con el exmandatario Lenin Moreno, campeó la incertidumbre. Los funcionarios del sector minero siguieron promocionando al país, pero se eliminó el Ministerio de Minas, el Ministerio del Ambiente congeló la entrega de licencias ambientales y se cerró el catastro minero. En la actual administración, Guillermo Lasso dictó el Decreto 151, en el que expidió su política minera con el mismo corte del Decreto 95 sobre política petrolera. Funcionarios públicos, empresas mineras y público en general se enteraron de primera mano de lo que pretendía lograr en sus cuatro años, y cómo. Fijó plazos para que los funcionarios cumplieran con objetivos específicos. Más claridad, imposible. Un eje fue el fiel respeto a ley, y a su aplicación. Cero tolerancia a la minería ilegal. Total respeto a los compromisos contractuales: el Gobierno de Lasso no incurriría en actos que llevaran a las mineras a interponer recursos de arbitraje. Como mineros ilegales obstaculizaban el ingreso de trabajadores a la mina de la australiana Hankcock en el sector de Buenos Aires, se le brindó resguardo policial”.

Pero una cosa ha sido en los papeles y otra en los hechos. A la todavía muy compleja situación en Buenos Aires, donde los grupos ilegales van y vuelven, como en el juego del gato y el ratón, se han sumado una serie de otros ataques a instalaciones formales y de minería responsable, así como la invasión de espacios donde la actividad ilícita destruye la naturaleza y es foco de otras actividades al margen de la ley. Solo por citar dos ejemplos: la mina Río Blanco en Azuay, destruida por activistas, y cuyo cierre ordenó la Corte Superior del Azuay. Y el de Llurimagua, en que Codelco reclama que Enami no cumple con sus compromisos.

Antes de que la muerte cruzada se interpusiera en el camino de esa nueva luz para la minería, Spurrier pronosticaba un escenario mejor: “Las mineras deberán cumplir cabalmente con el proceso de consulta previa. Les está prohibida la actividad minera en zonas frágiles, y respetarán la legislación ambiental. Pero si se encuadran dentro de estas reglas, el Ministerio del Ambiente está obligado a pronunciarse sobre los estudios de impacto ambiental y a no refundir más las solicitudes en una gaveta. Se reabrirá el catastro minero, con lo que las empresas mineras que deseen buscar metales en el país puedan hacerlo. Las mineras deberán prepararse a tratar con un Presidente (Lasso) que si bien es favorable a la inversión privada, y quien removerá obstáculos al avance de sus proyectos, también será exigente en que las contratistas cumplan con los compromisos adquiridos. Es dando y dando. Es de esperar que se reúna con ellas periódicamente para informarse del avance de sus trabajos y urgirles acelerar trabajos. Porque la apertura se da porque el país necesita que se concrete la inversión y cosechar el fruto, en la forma de exportaciones e ingresos fiscales. El Mandato 1.0 de la Asamblea Constituyente cerró las puertas a la minería legal. El Mandato 2.0 las reabre, penetra un haz de luz y se puede ver hasta el horizonte”.

Todo esto quedó, nuevamente, en los papeles. En la práctica, las consecuencias fueron desastrosas. Así lo ve el asesor minero Santiago Cordovez en retrospectiva. Él vivió de cerca todo el escenario alrededor del establecimiento del Mandato Minero. “El antecedente grande tiene un nombre y apellido: Alberto Acosta Espinosa. Entró como Ministro de Energía y Minas, en el gobierno de Rafael Correa Delgado, estuvo seis meses, renunció y se dedicó a la campaña para la Asamblea Constituyente. Al terminar su gestión como Ministro, de despedida, en el Auditorio del Ministerio, hizo el lanzamiento del “ABC de la Minería del Ecuador”, un libro en el que acababa a todos los procesos mineros ecuatorianos. Ese fue el antecedente del Mandato”.

Y continùa con su reseña: Luego, se instala la Asamblea Constituyente, y sacan este asunto de los mandatos constituyentes, cosa que, entre paréntesis, no estaba establecida en general para la ciudadanía. Acosta Espinosa, lo hizo a través de una comisión ad hoc. Ese Mandato Minero salió en abril del 2008 y con eso terminó todas las solicitudes que estaban pendientes de trámite y también archivó una serie de concesiones mineras que en total sumaban, aproximadamente entre unas y otras, unas 4.000. “Lógicamente fue un tremendo golpe para la industria minera, aunque tampoco se puede negar que eso detuvo algo la especulación. Como producto del Mandato Minero salió la Ley de Minería, un subproducto bastante malo, un parto de los montes, al que lo han parchado en el transcurso de los años, alejado de la coherencia para atraer inversiones, con un montón de falencias. Despuén, en el 2016, el Ministro de Minería de ese tiempo convocó a una serie de subastas que tuvieron bastante éxito. Sin embargo, faltó. Si bien el Ecuador quedó bien calificado internacionalmente como un país muy prometedor para las inversiones en exploración de minería, después llegaron todos los problemas por no tener en orden el esquema de las consultas previas, las consultas ambientales. Un sinnúmero de tropiezos para que se generen nuevos proyectos. Ya ha pasado siete años de esas subastas y no ha habido ningún descubrimiento, ninguna cosa nueva, que ya no se haya conocido antes”.

Por otro lado, habría una correlación de lo que sucede ahora con las consultas y el Mandato Minero. Según Cordovez, en la Constitución de Monticristi incluyeron todas las consultas del mundo, la pre-legislativa, la popular, la que van a hacer ahora en Quito por el tema del noroccidente, la previa informada, la ambiental. “Los antimineros se toparon con las famosas acciones de protección y entraron con los jueces multicompetentes constitucionales a definir cosas de las que no tenían ni el menor conocimiento, como producto de la Constitución. El verdadero daño al sistema jurídico actual está en las acciones de protección contra las compañías mineras, bajo el argumento de que no han cumplido la consulta previa, la consulta ambiental, que ellos no han sabido, etc. Hoy tenemos cualquier cantidad de proyectos suspendidos en el Ecuador, que básicamente se deben a estas acciones de protección, algunas han llegado a última instancia a la Corte Constitucional, que ha avalado y ha fallado en contra de operaciones mineras”.