‘Le metieron un puñal a la industria

Fue subsecretario de Minas en la Región Azuay-Morona Santiago y Viceministro de Minas. Hoy, Federico Auquilla es docente universitario y asesor en temas mineros. Y desde ese espacio regresa a ver hacia atrás y no entiende el por qué del Mandato Minero, no. había justificación. “Hubo gente que aprovechó la Asamblea Constituyente de Montecristi para aprobar un Mandato que fue un puñal que le metieron a la industria minera y que las consecuencias las estamos pagando ahora. Esta gente llegó como opositora, disfrazada de asambleísta, y aprovechó ese poder. Hay una anécdota llamativa. El primer Ministro de Energia y Minas fue Albero Acosta Espinosa, que enfrentó la posible explotación del Yasuní y que le provocó los primeros distanciamientos con el entonces presidente Rafael Correa. Cuando estuvo en el cargo siguió dando concesiones mineras, porque el catastro estaba abierto, le demostré. Aún así, cuando llegó a Montecrisiti apoyó el Mandato y ahora vivimos las consecuencias”.

A lo largo de estos años, ha habido posiciones respecto a que el Mandato Minero no fue aplicado como debía hacerse y que la actividad minera continuó operando sin ningún problema. Al respecto, Auquilla es muy tajante en decir que eso es falso. “A mi me tocó ser Viceministro de Minas y Subsecretario de Minas y puedo decir con total seguridad que sí aplicamos el Mandato y dimos de baja muchísimas concesiones, más del 50% que tenían título minero. Quien diga lo contrario, vive en otro planeta”.

Lamenta que los efectos hayan sido tan catastróficos. “No ha habido un desenvolvimiento normal de la actividad. Los inversionistas se han asustado por la inseguridad jurídica. El tema de las consultas siempre fue un as bajo la manga de los grupos antimineros. Ya se dio una en Girón, aunque el Consejo Nacional lo dio de baja. También se dio otra en Cuenca, que mantiente en problemas a los proyctos Loma larga y Rio Blanco. Son pésimos precedentes que dejan mal parado al sector minero. Tener ahora un título minero no garantiza que se pueda trabajar. Recordar el Mandato Minero a quienes hemos estado de cerca en la actividad nos deja un sabor amargo, porque desde ahí en adelante hemos venido de tumbo en tumbo, Tenemos proyectos suspendidos, consultas politizadas, proyectos invadidos. Y nadie ve la parte positiva de Mirador, de Fruta del Norte. Hay que hacer un análisis mucho mas profundo de la minería antes y después del Mandato Minero”.

Santiago Yépez es un activo actor dentro de la minería ecuatoriana. Como Vicepresidente del proyecto Lucky Minerals y como abogado de empresas mineras en sus inicios por el sector, fue testigo de primera fila de lo ocurrido durante la aprobación del Mandato Minero. Para él, todos los efectos han sido negativos. “Tras este tiempo, nos queda la enseñanza de que no es tan fácil, en un ámbito de inversión privada internacional, vulnerar derechos y atentar contra la seguridad jurídica. Todo lo que estamos viviendo ahora es producto de una Constitución (Montecristi) extremadamente garantista, donde parecería, incluso, extender mayores derechos a la naturaleza que al ser humano, que debe nutrirse y explotar de una manera racional los recursos limitados de la naturaleza. Esto ha sido la base de todos los problemas que tenemos ahora en materia de aplicación de derechos colectivos sobre la naturaleza y ha generado una inestabilidad jurídica para inversiones que quieren venir al pais”.

En el 2008, Yépez llevaba un par de años haciendo temas de minería, como abogado de empresas mineras y tenia mucho contacto con la Camara, principalmente con personajes como César Anibal Espinosa, Santiago Cordovez y Leonardo Elizalde. Ellos conocían desde el principio sobre la postura radical del entonces gobierno de Rafael Correa en contra de la industria extractiva. Habían dos proyectos avanzados en exploracion asi como varias concesiones en fases importantes. La principal preocupación llegaba porque el sector minero estaba arrancando, el petrolero era consolidado y del cual se recibía una fuente importante de fondos. “La postura presentada por Alberto Acosta Espinosa y su grupo dentro de la Constituyente generó una preocupación grave, entendiendo que la obligación de la Constituyente era emitir una nueva Constitución de la República, más no emitir normas paralelas que regularan ciertos criterios. Sin embargo, se las emitieron bajo el nombre de Mandatos Constituyentes, dentro de esos el Minero que preveía varias causales de caducidad de concesiones mineras, sin que mediara un legítimo derecho a la defensa y sin compensación económica alguna. Obviamente, esto generó una paralización de las inversiones y la credibilidad del país, al haberse cadudado el 85% de las concesiones vigentes a la fecha, cayó abruptamente. La Cámara de Minería de ese entonces generó varias reuniones de muy alto nivel para aplacar, de alguna forma, lo que fue el efecto que hasta ahora se siente del Mandato. Las repercusiones han sido la falta de un claro marco normativo para la minería y una permanente vulneración de derechos adquiridos por compañías extranjeras que desarrollan sus actividades. El Mandato no generó nada positivo, porque incluso la nueva Ley de

Minería que se emitió en 2009 y sus reglamentos fueron criticados por la falta de oportunidad y de coherencia respecto a lo que es la industria minera mundial. Antes de eso, se mantenía una Ley de Minería elaborada con el Banco Mundial muy bien hecha, con una base normativa sólida, que hasta sirvió de base para la elaboración de normativa en otros paises”.

Para el consultor minero y excountry Manager del proyecto Río Blanco, el Mandato Minero, Hernán Moreno, el Mandato Minero impidió el desarrollo potencial que tenía el Ecuador. En una escala del 1 al 10, el país se encuentra en un 3, pero sin el Mandato, estaría en un 6 o 7. “Se impusieron bastantes regulaciones y eso detuvo el avance de los proyectos. En los últimos años no hemos avanzado nada. Esos son los efectos. Sin el mandato estaríamos mejor. En el caso de Río Blanco, el proyecto era manejado en ese momento por una compañía canadiense, había estado 20 años en el país, había invertido USD 140 millones. Y tuvo que salir. Hoy, el proyecto está sin poder desarrollarse, con una situación legal y social adversa. Si hubiese habido un Mandato Minero regulado, modulado hacia dónde ir, tendríamos ahora mejores efectos. Pero se lo enfocó directo a sepultar la actividad minera e incrementar un ambiente hostil”.

Explica que la Asamblea Constituyente fue, de alguna forma, motivada por gente que tenía una consigna antiminera. Sumado a que el Gobierno como tal tenía el plan de tomar el control de los recursos naturales, con base en la Constitución. “Fue un momento bastante crítico, especialmente para proyectos en avance como era Río Blanco, con reservas probadas, con financia- miento por USD 90 millones. Esa inversión se fue para Perú. Después vino la negociación del contrato de explotación que no se pudo dar y se tuvo que vender el proyecto. A raíz de todo este frenazo, se generó mucha informalidad, invasiones y procesos que toman años, como sacar una licencia ambiental. Quizás, por decirlo de cierta manera, lo positivo que salió de todo esto fue que las empresas que estaban en desarrollo juntaron fuerzas. Nos unimos para hacer educación en el tema minero, para dar a conocer a la gente cómo es el manejo responsable. Hicimos mucho material didactico, visitas a grandes proyectos, que ayudó a tener una mejor visión”.