‘Fue una década perdida’

De no haber mediado un Mandato Minero, las cosas habrían sido mejores. Lo que provocó fue un retraso de todas las operaciones, desde el 2008 hasta que las empresas empezaron a hacer actividades, con la ampliación de la frontera de exploracion minera. Fue una década perdida. Así lo analiza Jorge Barreno, ingeniero minero y consultor independiente. “Desde mi perspectiva, hay que analizar dos diferentes periodos. El primero, el de la creación de la nueva Ley de Minería en el 2009 que contempló un marco tributario bastante agresivo. Hubo mucha incertidumbre para realizar las inversiones. La actividad minera sufrió un freno, por la inseguridad jurídica de esa Ley. El segundo, a partir del 2016, una vez que el Gobiernos entendió que el tema impositivo era demasiado alto y se hicieron algunas reformas, como eliminar el Wind-fall Tax. Con esos cambios se dio mayor amplitud para la operación, se abió el catastro minero y se anunciaron nuevas inversiones. Desgraciadamente, en la parte operativa, la apertura fue frenada por la falta de infraestructura, tanto física como de personal para atender el otorgamiento de los permisos para facilitar las inversiones comprometidas. Esa parte fue ua falla muy grande. Y eso fue un nudo para un nuevo escenario de expansión, que hasta ahora lo vivimos. Otro de los peores errores fue eliminar el Ministerio de Minería. Volver a crearlo sería un buen objetivo para un nuevo Gobierno para construir una institucionalidad fuerte en la minería”.

Pero si existe un efecto nocivo del Mandato para la industria ese es el de la fuerza que cobraron los grupos antimineros, que a lo largo del tiempo han desarrollado otro tipo de estrategias más allá de impedir la actividad. “Se pasó al escenario más peligroso que es impugnar la actividad a través de las consultas populares, en las cortes. En eso han tenido respaldo, porque, lamentablemente, las cortes están abiertas a apoyar esas ideas. Por ejemplo, la Corte Constitucional, sin tener un marco de referencia, introdujo el concepto de que es necesaria una ley orgánica de consulta previa, lo cual no ha sido resuelto por el Estado: ¿Cuál es el ámbito de la territorialidad para la aplicación de la Ley. Sin eso no se puede avanzar, se puede hacer la Ley pero dónde se aplica. Se habla de un territorio ecuatoriano multiétnico y plutinacional, pero quien define donde se define la Consulta previa. Sin esa dirección no se puede avanzar. El sector minero está frenado. Y otro elemento sustancial que ha frenado los procesos de socialización es el paso de consulta ciudadana y de desarrollo a la consulta ambiental, este es un concepto que no exite en la legislación, sino que construido por la gente que se opone a la actividad. Esto ha llevado a una gran confusión. La consulta previa sí habla de un proceso de participación, de acuerdo con la comundiades. Pero el proceso ambiental, es el Estado quien debe definir el tema, es su potestad. Pero al trazar las dos líneas paralelas han logrado aplicarlo para la consulta ambiental que es un derecho de objeción o negación de los proyectos.

David Larenas, actual gerente de Relaciones Gubernamentales e Institucionales Sudamérica de Newcrest, también sufrió de primera mano los entretelones del Mandato Minero. Recuerda que entonces trabajaba para Aurelian. “Habíamos escuchado que la Asamblea Constituyente trabajaba en un borrador de Mandato Minera, enfocado en regularizar y reordenar el sector, básicamente porque se había dado especulación en el otorgamiento de concesiones. No entendíamos exactamente cuáles eran los alcances. El documento final que salió de esa Asamblea no fue socializado con la industria, sino que simplemente un día Alberto Acosta Espinosa lo presentó, la Asamblea lo escuchó, lo votó y ahí nos enteramos de los verdaderos alcances, que fueron muy negativos, que casi fue una sentencia de muerte al sector minero, porque paralizó toda actividad exploratoria, toda intención de desarrollo de proyectos mineros. Hubo consecuencias principalmente internacionales, la imagen del país se vino abajo como un destino de inversión minera, muchas empresas dejaron el país y Ecuador pasó básicamente a formar parte de una lista negra de jurisdicciones altamente riesgosas para la minería”.

Larenas explica que después el gobierno de ese entonces entendió que las consecuencias fueron negativas. “Lo que marcó un antes y un después del Mandato Minero fue la decisión política del Régimen de Rafael Correa, él personalmente, en foros públicos, el alocuciones públicas, manifestaba la importancia de contar con una industria minera responsable, altamente regulada. Todos estamos a favor de que esta debe ser una industria altamente regulada en lo ambiental, en lo social, en lo económico. A partir de ahí empezó un poco a recobrar el rumbo, se abrió el Ministerio de Minería, se reabrió el catastro minero, el país empezó a dar la cara en foros internacionales, en conferencias mineras a escal mundial, a conversar con inversionistas, a darles tranquilidad, certeza, y producto de eso es que el día de hoy contamos con dos operaciones mineras a gran escala, cuyos beneficios son reales y muy positivos para la economía, especialmente la provincial de Zamora Chinchipe, para la generación de empleo”.

Lamentablemente, el impacto fue tan profundo que, cuenta, hasta ahora en foros internacionales, a veces, la gente pregunta cuándo vendrá el próximo Mandato Minero en Ecuador. “Son errores que el país no puede volver a cometer, tiene que sacudirse de ese negativo y lamentable estigma que hasta el día de hoy arrastra. ¿Y cómo alcanzarlo?, generando condiciones propicias, Necesitamos un gobierno fuerte que respalde a la industria minera, que cumpla lo que ofrece respecto a respetar las inversiones, a reabrir el catastro minero, para promover una actividad de exploración muy dinámica, muy fluida, y que, finalmente, permita descubrir los yacimientos del futuro, que son tan necesarios para suplir la alta demanda de la transición energética los próximos años”.