Tras cuatro años, el dolor de cabeza en Buenos Aires no cesa

El retorno de mineros informales a la denominada “ciudad de plástico”, en la zona ubicada en Imbabura, es un secreto a voces, pese a que militares y policías desarrollan actividades de control, investigación y vigilancia en este sector desde el 2019.

En octubre del 2022, un informe de inteligencia puso al descubierto el control que intentaba ejercer el grupo delictivo Los Lobos en el sector minero de Buenos Aires, en Urcuquí, Imbabura. Esta organización relacionada con asesinatos, extorsiones, contrabando, narcotráfico y minería busca desde esa fecha controlar la zona, exigiendo bajo amenazas un porcentaje a los mineros irregulares que llegan a ese sector. En el documento de inteligencia, alias ‘Folleco’ constaba como líder de este grupo armado, que ronda este territorio enclavado en la montaña brindando aparentemente seguridad a cambio de dinero; mientras que alias ‘Chino’ fue identificado como el lugarteniente de la banda.

Una operación desarrollada el 27 de octubre del 2022 en la parte posterior de la montaña, sobre 500 hectáreas, descubrió campamentos con presencia de hombres armados, equipos, químicos, dinamita y nuevas rutas que conectan este apartado e inaccesible paraje con El Verde y Alpala. Junto a las vetas, los militares hallaron extensos cables metálicos instalados sobre cinco kilómetros en los que adaptaban los mineros poleas para movilizar las sacas con minerales extraídos en la zona, que luego eran sacados de ese sitio y transportados al interior del país, burlando los controles en Tababela (Mascarilla), en el límite entre Carchi e Imbabura. Ese día fueron capturadas en flagrancia ocho personas con armas, pero más tarde obtuvieron la libertad.

A pesar de las restricciones, continúan arribando mineros desde diferentes ciudades del sur del país. Son descubiertos y desalojados, pero luego regresan para continuar con estas labores al margen de la ley. La reactivación de la minería ilegal genera preocupación en la población por la presencia nuevamente de armados que intentan retomar el control de este lugar, por lo que el Ejército, el 1 de junio del 2023, realizó un operativo contra actividades de minería ilegal realizado en Mina Vieja. Identificó y destruyó un campamento gigante donde funcionaba una planta de procesamiento artesanal de material mineralizado, cinco campamentos improvisados, cinco lagunas de sedimentación y 12 pozos georreferenciados. Además se inmovilizaron 7 000 bultos con este tipo de materiales, un molino industrial, 1 300 galones de químicos utilizados para el procesamiento, siete generadores de energía y siete poleas que conectan Mina Vieja con los sectores de El Olivo y El Verde.

Los militares que fueron parte del operativo explicaron que un molino industrial que fue aprehendido tenía una capacidad de producción semanal de seis toneladas, con ingresos aproximados de entre USD 50.000 y 60.000 semanales. Toda la infraestructura funcionaba sobre un área de 100 metros cuadrados.

Personal militar del Grupo de Caballería Mecanizado N.º 36 Yaguachi, de Ibarra, en el momento de ingresar al sector, evidenció la presencia de cuatro individuos, quienes al percatarse de la acción huyeron y alertaron a quienes estaban en el campamento mayor. Tras el operativo desarrollado, existe la presunción de que Los Lobos estarían nuevamente operando en la zona. Los pobladores de Buenos Aires han preferido mantenerse herméticos para evitar posibles retaliaciones.

El 2 de junio del 2023 ingresaron en la madrugada aproximadamente 400 hombres que pertenecen a siete equipos de combate, efectivos de la Policía Judicial de Imbabura y representantes de otras instituciones afines a los sectores de Mina Vieja, El Verde, Alpala, El Olivo y otros, donde hay minería ilegal. Diego Vega, comandante del Grupo de Caballería Yaguachi, de Ibarra, quien lidera este contingente, indicó que, de acuerdo a la ley de tenencia y porte de armas, se desarrollaron los controles correspondientes durante varios días en las inmediaciones de Buenos Aires.

Antecedentes

Los pobladores de Buenos Aires aún recuerdan el 4 de julio del 2019, cuando 2 500 efectivos, entre policías y militares, y 20 fiscales ingresaron a la montaña para desalojar a más de 5 000 personas que se dedicaban ilegalmente a esta actividad.

En aquella ocasión, las investigaciones pusieron al descubierto la estela de violencia y terror que reinaba en ese lugar, donde organizaciones delictivas integradas por exmilicianos de las FARC y del ELN, un grupo guerrillero de Colombia, y ciudadanos colombianos, venezolanos y ecuatorianos se disputaban el control a sangre y fuego.

Hasta esa fecha, este sitio se volvió impenetrable para las fuerzas del orden. Cuentan que los grupos armados cobraban vacunas y regalías a los mineros asentados en la montaña, donde fueron instaladas piscinas, maquinaria pesada y un sistema moderno de poleas que movilizaba por aire el material extraído.

Testimonios recabados a mineros durante los procesos judiciales develaron la existencia de cadáveres enterrados en este territorio, producto de los crueles ajusticiamientos, al estilo del conflicto armado que vive Colombia, y por los enfrentamientos de bandas que pugnaban por dominar ese lugar. Allí, en ese alejado sitio, a pesar de no contar con fluido eléctrico, funcionaban discotecas, prostíbulos, tiendas, billares, entre otros, en una suerte de pequeña ciudad satélite enclavada en la montaña. Vecinos de esta parte de Imbabura denuncian que en otros sitios de la montaña se extrae material aurífero y a través de nuevas rutas movilizan los cargamentos hacia el sur del territorio nacional.