Chile Proyectos 2021

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Gremios y C铆as Mineras cuestionan Cartera de Inversi贸n 2013-2021

Pronunciamiento del Consejo Minero de Chile Miner铆a de Chile y las pr贸ximas Elecciones


CHILE:

CHILE:

Gremios y Mineras cuestionan Cartera de Inversión 2013-2021 El pasado 8 de agosto, el Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) divulgaron la nueva Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2013-2021, por un valor de más de US$ 112.556 millones. Esta cifra de inversiones y la cartera de proyectos ha sido cuestionada por gremios y empresarios mineros de Chile. Acusan que la cifra alienta falsas expectativas dado que por lo menos un 30% no se materializará en esas fechas por diversos factores. Por Cristián Rivas y América Rodríguez Desde Codelco comentan que su más reciente inversión, la mina Ministro Hales - que ya presenta un avance de 95% en sus obras-, estuvo en la cartera de proyectos de la minera estatal durante más de una década antes de que comenzara su construcción. Este tiempo podría sonar muy extenso para quienes no conocen a fondo el sector minero, sin embargo está completamente en línea con lo que plantean los ejecutivos de la industria cada vez que hablan de sus inversiones futuras. Los ejecutivos mineros dicen que se trata de decisiones de largo plazo, que requieren muchos años de maduración y desarrollo, porque contemplan múltiples etapas: exploración, elaboración de perfiles, prefactibilidad y factibilidad, la aprobación del capital necesario, y, finalmente, la construcción. 
 Por eso fue que no cayeron nada bien en la industria minera los cálculos que divulgaron a comienzos de agosto el Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) respecto a la inversión en el sector para el período 2013-2021, elevando el monto desde los

US$ 104.000 millones que proyectaron en junio de 2012, hasta los US$ 112.500 millones, previsto en agosto pasado. MALESTAR EN GREMIO MINERO Hacia el interior de los gremios y las empresas mineras se habló durante varios días del malestar que provocaron estos cálculos, que tienden a mostrar, a juicio de varios ejecutivos, una pujanza sectorial que no es tal, porque deja a fojas cero la realidad inversora que han querido mostrar públicamente desde hace por lo menos un año, con dificultades en el suministro de agua y energía, mayores costos, déficit de profesionales y técnicos, entre otros, que en conjunto hacen difícil que varias iniciativas se desarrollen. De hecho, la mayoría plantea que aunque una parte importante de los proyectos efectivamente se desarrollará según sus calendarios, hay por lo menos un tercio de ellos en los que aún no se tiene claridad.

 “En tiempos de mayor incertidumbre, lo que cobra extrema relevancia en el corto y mediano plazo no es la valorización del catastro de proyectos de un país o de una empresa, sino su viabilidad de ser materializados. Los proyectos mencionados por Cochilco existen, pero no es seguro el plazo en que van a ser ejecutados”, describen desde Codelco. 
NUMEROS MAS, NUMEROS MENOS Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) también realizaron una revisión del catastro de inversión que manejan internamente. En el período 2013-2022 - un año más que el informe estatal-, el gremio determinó una carpeta de US$ 115.000 millones. Sin embargo, su gerente de Estudios, Álvaro Merino, cuenta que de

dicho monto, US$ 42.000 millones, es decir un 37%, se encuentra en proceso de revisión “y no hay plena certeza que dichos proyectos se concreten antes del año 2022”. 
 El ejecutivo de Sonami dice que estos procesos de revisión se explican por condiciones de mercado, necesidades de financiamiento, mejorar estudios de factibilidad y procesos, asegurar el abastecimiento de agua, contar con personal capacitado que permita desarrollar los proyectos y disponer de suministro eléctrico a precios razonables y, en algunos casos, por decisiones de los tribunales de justicia.

 PROBLEMAS DE ENERGIA “En materia de energía, por ejemplo, es preciso señalar que los proyectos de inversión en las regiones de Atacama y Coquimbo demandarán alrededor de 1.500 MW adicionales. No obstante, no hay seguridad de contar con este suministro, por cuanto dos importantes generadoras, como Central Castilla (2.100 MW) y Punta Alcalde (740 MW) se encuentran paralizadas por decisión de los tribunales de justicia, y es muy poco probable que la energía que estas generadoras iban a inyectar al Sistema Interconectado Central (SIC) esté disponible antes del año 2018, por cuanto la construcción de proyectos de esta naturaleza demanda a lo menos tres a cuatro años”, explica Alvaro Merino, gerenete de estudios de Sonami. 
El proyecto binacional Pascua- Lama, de Barrick, contempla una inversión total de US$ 9.500 millones, pero se encuentra detenido por una orden judicial.

 Números más, números menos, el se-


El Ministro de Minería, Hernán de Sominihac con el destacado ejecutivo minero Ing. Diegop Hernández, vicepdte de Sonami.

nior consultant de Commodities Research Unit (CRU), Erik Heimlich, dice que lo que está sobre la mesa es una suerte de “interpretaciones”. “A menos que los proyectos sean cancelados por las empresas, permanecen indefinidamente en el portafolio. Las cancelaciones son poco comunes, es más común que los proyectos se suspendan, a veces por años, se posterguen, se pongan a la venta, se rediseñen, o se les entreguen menos recursos. De ahí que una cifra global no sea capaz de captar estos movimientos. Eso es justamente lo que ha ocurrido en Chile. Diferentes factores han llevado a la revisión de los proyectos, incluyendo factores locales del país y otros globales que afectan a toda la industria minera”, sostiene Erik Heimlich. 
 En esa misma línea, y junto con apoyar la idea de que “la probabilidad de que varios proyectos se desarrollen en los plazos originalmente previstos ha disminuido un poco recientemente”, dice que entre las explicaciones hay varios factores, además de los ya mencionados. Como el impacto del precio del cobre, que ha venido cayendo durante el año en torno a un 7% versus 2012, así como también el de los subproductos como el molibdeno -que supera caídas promedio en torno al 20% anual-; a lo que se suman cambios estratégicos en las empresas o cambios en las prioridades debido a fusiones y adquisiciones, como lo sucedido con Glencore Xstrata, que ha dado muestras de dejar en stand by varias iniciativas en carpeta para privilegiar la rentabilidad de los activos en marcha. 
Asimismo, dice que el Capex, o inversión inicial requerida por los proyectos, no ha dado muestras

Chile: Inversión en proyectos minerosentre años 2013-2021 (en mills US$)

de cambiar su tendencia creciente. 
De hecho, un reconocido ejecutivo minero plantea que la cifra divulgada por el gobierno es mayor al catastro del año pasado, porque el costo de los proyectos aumentó, no porque haya más iniciativas. “Este aumento es una mala noticia, pues hacer lo mismo o incluso menos es ahora más caro, lo que demuestra la pérdida de competitividad del país”, advierte. Describió que muchas iniciativas reconocidas, como Ministro Hales, Sierra Gorda y Caserones, anunciaron sucesivos aumentos de costos. 
 LAS DIFICULTADES DE CODELCO 
La cuprífera estatal Codelco es vista en la industria como una de las empresas que podrían enfrentar más dificultades a la hora de materializar sus inversiones de mediano plazo, dado su menor margen de acción para acceder a financiamiento. 
 Codelco tiene en carpeta lo que denomina “proyectos estructurales”, una cartera con cinco iniciativas, que forman parte de un plan global de inversión por

US$ 27.000 millones al 2020 y que le permitirá mantener el liderazgo mundial en la producción de cobre. De los cinco proyectos, tres están en construcción con distintos avances: Ministro Hales, Nuevo Nivel Mina El Teniente y Chuquicamata Subterránea, que se encuentra en etapa de obras tempranas; y los otros dos se encuentran en evaluación ambiental: Expansión Andina 244 y RT Sulfuros. El directorio de Codelco no ha tomado la decisión de inversión sobre estos dos últimos proyectos, puesto que no cuentan aún con sus autorizaciones ambientales, ni tampoco se ha aprobado la inversión definitiva de Chuquicamata Subterránea.

“La falta de una política de reinversión de utilidades de mediano plazo es una dificultad adicional para el plan de inversiones, la que se suma a dificultades comunes y compartidas con otras compañías mineras que operan en Chile”, dijeron desde Codelco, y agregaron que “dadas las condiciones actuales de financiamiento, Codelco está estudiando su cartera de inversiones para priorizar aquellas que son más urgentes e imprescindibles”.


Socios del Consejo Minero de Chile Ejecutan cartera por US$ 30 mil mlls.

Las empresas socias del Consejo Minero ejecutan cartera de proyectos por US$ 30.000 millones, en tanto que los proyectos en evaluación alcanzan un monto similar, según catastro de inversiones de la entidad. Estas cifras difieren con el monto de inversiones por más de US$ 112 mil milloones reveladas por el Ministerio de Minería de Chile para el período 2013.2021. Según el Consejo Minero, dada la importancia de la actividad minera para Chile y la relevancia de sus empresas socias en esta industria, iniciaron la publicación del catastro de inversiones de los mayores productores de cobre, oro, plata y molibdeno del país.

 Según la medición, los socios del Consejo Minero cuentan con una cartera de proyectos mineros “en ejecución” por prácticamente US$ 30.000 millones. 
“Este valor es significativo, pero ciertamente muy menor comparado con las interpretaciones que se han hecho de otros catastros cuando se ha sumado, equívocamente a nuestro juicio, proyectos en muy distinto estado de avance. En nuestra opinión- dice el Consejo Minero - los proyectos “en ejecución” que alcanzan estos US$ 30.000 millones son los que deben considerarse con alto nivel de certeza para efectos de realizar los análisis pertinentes”, señaló Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Mi-

nero. CARTERA DE PROYECTOS “Además, nuestras empresas socias tienen una cartera de proyectos “en evaluación” por otros US$ 30.000 millones. Este grupo de proyectos, que aún no cuenta con decisión de inversión, representa una oportunidad de mayor aporte al desarrollo del país, en caso que superemos desafíos de competitividad, y que las condiciones de mercado y las decisiones de política pública permitan su materialización”, agregó Villarino.

 El catastro del Consejo Minero incluye proyectos o grupos de proyectos informados por su empresas socias y que son de conocimiento público.

Son proyectos o grupos de proyectos de montos superiores a US$ 90 millones, estrictamente mineros o asociados a proyectos mineros, tales como plantas desaladoras. No se definió una fecha tope de puesta en marcha de los proyectos como criterio de inclusión en la cartera. Es decir, incluye todos los proyectos en estados “en ejecución” y “en evaluación” informados por las empresas al Consejo Minero.

 El resultado es que hay proyectos “en ejecución” con fecha de puesta en marcha hasta el año 2018. Como regla general las empresas no informan el año de puesta en marcha de sus proyectos “en evaluación”, precisamente porque están expuestos a un mayor grado de incertidumbre. Excepcionalmente algunas em-

presas han decidido poner una fecha estimada.

 Expresamente el Consejo Minero no suma los montos totales de inversión de los proyectos “en ejecución” con los de los proyectos “en evaluación”, porque el distinto nivel de certeza de los dos tipos de proyectos los hace no sumables.

Siendo ambos válidos, metodológicamente existen diferencias entre el catastro del Consejo Minero y el de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Por una parte, el de Cochilco incluye información de toda la minería; no sólo de las empresas del Consejo Minero.

Además, si bien ambos catastros usan la misma definición de proyectos “en ejecución”, el estado “en evaluación” del Conseejo Minero considera proyectos ya ingresados al SEIA, mientras en el caso de Cochilco su categoría “de factibilidad” alude a proyectos que han “iniciado los estudios de evaluación ambiental”, lo que implica que no necesariamente han ingresado al SEIA. Por otra parte, Cochilco considera una categoría adicional de proyectos en fase de prefactibilidad.

“Consideramos necesario disponer de una cartera agregada que distinga en forma clara entre los distintos estados de avance de los proyectos. Con esto buscamos entregar información que refleja en forma más precisa la car. tera de proyectos de nuestras empresas socias”, señaló Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.


JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO ANALIZA SITUACION

Problemas y Desafíos de Minería de Chile Frente al próximo Proceso Electoral

La carencia de propuestas programáticas para la minería en las dos principales candidaturas a La Moneda nos llevó a preguntarle al presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, su opinión sobre el minuto que vive la minería y los principales desafíos que enfrenta para su desarrollo. 
Y nos sorprendió al responder que si bien hay una lista de variables que han restado competitividad al sector, le preocupa que los roles de los distintos poderes del Estado están virando hacia un lugar donde comienzan a comprometer el desarrollo económico en general. Ésta es una situación que, cree, el próximo gobierno deberá enfrentar e intentar resolver.

INCERTIDUMBRE PARA INVERSION 
-¿A qué se debería la falta de propuestas mineras en los programas de las campañas presidenciales? 
- No quiero especular sobre cuáles son las razones de ese aparente descuido. Sin embargo, la verdad es que muchos de los problemas de la minería son problemas del país, que requieren atención. Se refieren a desafíos energéticos,

de soluciones para el acceso a agua, de capacitación y mejora de productividad de los trabajadores, de tramitación de proyectos, del desarrollo de iniciativas que se encuentran con obstáculos relacionados a la falta de vías adecuadas para solucionar las demandas de las comunidades, con la judicialización de determinados permisos, con soluciones judiciales erráticas, y un cierto activismo judicial que lleva a que exista incertidumbre para desarrollar inversiones. 
-Todos estos factores afectan la cartera sectorial de inversión minera... -No cabe duda que hay un cambio de escenario y lo venimos diciendo desde hace dos años. Más de un 30% de los proyectos que están en cartera no se construirán en las fechas inicialmente previstas, por distintas razones. La primera es el incremento de costos. Pese a que las empresas han hecho un esfuerzo por acotarlos, hay algunos que se escapan a su control, como la energía y el agua. Un segundo elemento es el incierto escenario internacional, con China creciendo más lento, y Europa que se ha demorado en salir de su recesión, al igual que Estados Unidos. 
 El tercero es que en Chile los movi-

mientos sociales y las demandas de las comunidades han cambiado radicalmente. Hoy no existen mecanismos claros para solucionar los conflictos y estamos en una situación de incertidumbre. Hoy las empresas analizan con más profundidad si vale la pena pasar varios años haciendo estudios y obteniendo aprobaciones, para que al final con un recurso judicial tramitado en 30 días se paralice un proyecto. EL MURO DE LA CORTE SUPREMA 
-¿Cree que el hecho de que las aprobaciones ambientales sean rechazadas en los tribunales nos pone en frente de una crisis de institucionalidad? 
 - No es lógico que prácticamente todos los proyectos hidro y termoeléctricos aprobados en el último tiempo hayan sido mal hechos por las empresas, ni es lógico que toda la cadena de instituciones públicas que intervienen en la aprobación de proyectos no haya sido capaz de aprobarlos correctamente. No es lógico que sistemáticamente la Corte Suprema acoja los recursos con que se impugnan. El sentido común dice que algo en la institucionalidad no está funcionando. 
-¿Y qué es lo que no funciona?
 - En Chile se ha dado en los últimos


Los empresarios mineros saben perfectamente que tienen que asumir un cambio en las reglas del juego para desarrollar su actividad, pero también la sociedad debe entender que los causantes de los problemas del país no son los empresarios.

años una nueva y moderna institucionalidad que ha creado los tribunales ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente, introdujo modificaciones a la Ley de Bases Generales, y se está trabajando en la regulación del Convenio 169. Es decir, los poderes Ejecutivo y el Legislativo han hecho un esfuerzo por solucionar los problemas surgidos para el desarrollo de proyectos de inversión. Sin embargo, se encuentran con una especie de muro de contención en la Corte Suprema. Hoy nos encontramos con algunas resoluciones que obedecen a una especie de activismo judicial, donde los jueces están resolviendo más en base a convic-ciones personales que a aquello que señala expresamente la ley.

 “Hoy nos encontramos con algunas resoluciones que obedecen a una especie de activismo judicial, donde los jueces están resolviendo más en base a convicciones personales, que a aquello que señala expresamente la ley”, dice Villarino. 
-¿Estas decisiones son las que habrían llevado al escenario energético y minero de proyectos paralizados? 
- En eso quiero ser muy enfático: creo que es uno de los elementos, no es el único que produce la crisis actual. 
-Pero es un elemento importante… 
-Es un elemento importantísimo. Espero que el Poder Judicial esté consciente de los problemas institucionales que esto puede acarrear en el mediano plazo. El análisis que se hace de resoluciones judiciales vinculadas con materias ambientales es realmente sorprendente. En ciertos casos, algunos jueces están adoptando acuerdos más vinculados a creencias personales que a la legislación vigente. Eso es bastante evidente. HAY ALGO QUE NO FUNCIONA, QUE NO TIENE SENTIDO 
-Puede ser que los jueces piensen que otros poderes del Estado no están cumpliendo sus roles... 
-No sé lo que puedan pensar los jueces, pero ellos no están llamados a legislar, sino que a administrar justicia. Y la administración de la justicia se realiza de acuerdo a la legislación vigente, que es la que aprueba un Congreso democráticamente elegido. Cuando los poderes del Estado no cumplen los roles para los cuales existen, se produce lo que se denomina una crisis institucional. Ahora, hay que reafirmar que se trata sólo de algunos jueces. No quiero disparar a la bandada.

 -¿El Ejecutivo y los parlamentarios también habrían sido laxos en cumplir la legislación, por ejemplo, como pasó con el caso Barrancones? - Lamentablemente, Barrancones es un ejemplo donde el Poder Ejecutivo incurrió en un error importante. Uno pue-de decir que en ese caso se aprobaron todas las tramitaciones ambientales de acuerdo a la legislación vigente, y finalmente el

proyecto se dejó sin efecto por una vía que no corresponde. En el caso de otra serie de proyectos de generación eléctrica y mineros, se han aprobado a través de todas las etapas que prevé la legislación y se han dejado sin efecto por vías que tampoco están destinadas a ese efecto. Adicionalmente, los tribunales han hecho un poco la vista gorda a la instrumentalización de ciertos actores para sacar beneficios de determinados proyectos de una manera muy evidente. El caso de Castilla es un ejemplo. Cómo es posible que si las partes se hubiesen puesto de acuerdo en determinadas prestaciones sociales el proyecto fuera ambientalmente aprobable, y que al no existir acuerdo en esas prestaciones el proyecto terminara siendo inviable desde el punto de vista ambiental. Hay algo que no funciona, que no tiene sentido, y eso es lo que estamos tratando de hacer ver.

 - En Libertad y Desarrollo se está lanzando un libro que habla precisamente del activismo judicial… 
 - Lo que ese libro está señalando es que existen pruebas contundentes, concretas, en un análisis serio a través de declaraciones explícitas de determinados ministros de la corte, de que en aquellos casos en que la legislación pareciera no acoger algunas demandas sociales, los tribunales se sienten llamados a acogerlas y resolver conforme a ellas. Eso es extremadamente riesgoso. Así como hoy se acogen tesis ambientalistas que alegran a un sector de la ciudadanía, mañana puede ocurrir lo contrario, y ya no estarán tan contentos. CRISIS EN OFERTA ENERGETICA 
-¿Cómo ve el escenario futuro? 
-Estos cambios son lentos y sus efectos se producen a largo plazo, por lo tanto, es probable que no veamos un corte de suministro en el corto plazo y que sólo se sufran los altos costos, pero en el largo plazo podemos tener una crisis en la oferta energética. Una cosa importante es hacer ver a los distintos actores sociales -empresarios, el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, las organizaciones sociales y ONGs que es relevante pensar a Chile en el largo plazo, al 2020, 2030 ó 2040, porque ahora muchas de las decisiones y la discusión se hacen pensando en periodos políticos de cuatro años, y no con mirada de largo plazo, propia de países políticamente maduros. Mientras se discuten cambios institucionales para acoger una nueva realidad, el país no se puede paralizar. 
-¿Y qué pueden hacer los empresarios? - 
No obstante las críticas que uno pueda tener a determinadas actuaciones del Poder Judicial, debo decir que el mundo empresarial jamás ha insinuado que no tiene que someterse a sus resoluciones. El mundo empresarial sabe que los fallos se deben acatar y cumplir, y es lo que ha estado haciendo. En otro orden de cosas, los empresarios y quienes los representamos debemos ser proactivos, más humildes y generosos.

 CHILE CON NUEVO ESCENARIO 
-¿Cree que en el actual escenario se han desdibujado un poco los roles? 
-Chile pasa por un periodo de redefinición de roles, de adaptación a un nuevo escenario, y así como los chilenos hemos sido tremendamente creativos para incorporarnos a un mundo globalizado, generosos para solucionar problemas políticos, y solidarios en momentos de catástrofes, hoy tenemos que poner esas mismas cualidades al servicio de este escenario. Los empresarios saben perfectamente que tienen que asumir un cambio en las reglas del juego para desarrollar su actividad, pero también la sociedad debe entender que los causantes de los problemas del


Zona de operaciones del proyecto binacional Pascua-Lama. país no son los empresarios. En eso se ha cometido una injusticia dramática. Los empresarios generan riqueza, puestos de trabajo, pagan impuestos, permiten que se desarrollen las políticas sociales, y entre ellos la minería es un actor principal. En el mundo empresarial hemos sido bastante timoratos y acomplejados en mostrar lo que se hace por el país, sin dejar de lado que hay empresarios que han actuado de manera reprochable y tienen que ser debidamente sancionados de acuerdo a la legislación vigente. 
 EL CASO DE PASCUA LAMA -Cree que casos como Pascua-Lama contribuyan a esa mirada... 
-Me parece que Barrick ha tomado las medidas correctas. Hizo un cambio en la estructura de administración del proyecto, reconoció cuáles fueron sus errores, decidió pagar las multas sin apelar y está tomando todas las medidas tendientes a subsanar las objeciones. No obstante, no sin cierto dolor, en el Consejo Minero hemos dicho públicamente que parte del trabajo se hizo mal. 
 -¿Existe temor a que al interior de la coalición política que hoy se ve más proclive a ganar las elecciones exista este sentimiento antiempresa? 
 -No. Me parece que la candidata de la Nueva Mayoría (Michelle Bachelet), que ya gobernó una vez, conoce perfectamente cuál es el rol que juega el mundo empresarial, y creo que la mayoría de los partidos y adherentes de esa coalición se dan cuenta que el desarrollo de la actividad empresarial es uno de los pilares más importantes para el desarrollo del país En busca de la semilla de la regionalización 
“Chile cambió” es el comentario que lanza Joaquín Villarino al señalar que los empresarios deben desechar el antiguo molde. “Nos tenemos que hacer cargo de eso. Hay una responsabilidad del sector empresarial:

En el caso del proyecto Pascua-Lama, una parte del trabajo se hizo mal... entender en qué clave nos están hablando, tener una actitud de escucha, de mayor humildad, y saber generar un espacio de diálogo y conversación constructivo, que permita desarrollar los proyectos de manera sustentable. Las comunidades no piden sólo recursos; los problemas no se solucionan con una lógica transaccional. Se requiere que todos quienes intervienen o se ven afectados positiva y negativamente por los proyectos estén dispuestos a sentarse en una mesa a conversar y trabajar en el largo plazo. 
El país tiene que hacerse cargo de esta transición hacia un modelo distinto, pero se requiere altura de miras y madurez, porque el país no se puede paralizar. No nos podemos quedar mirando cómo pasa el tren del desarrollo. MIRADA DE LARGO PLAZO 
-¿Chile necesita un acuerdo nacional?
 -Creo más bien en los acuerdos a nivel local, territorial. Esa asociación no pasa por una ley general, pasa por una preocupación caso a caso, en que imperen algunos criterios, que son el de respeto, inclusión, mirada de largo plazo, participación, transparencia, confianza, mecanismos de gestión de conflictos, entre otros, en cada proyecto, cada comunidad afectada, cada región. Creo que con esto se siembra una semilla muy importante para fortalecer la idea de la regionalización. ¿Cómo las industrias en general, incluido el sector minero, se suman y potencian los esfuerzos de desarrollo de las regiones en las que operan? Las comunidades tienen que poner lo suyo también. 
-En esa línea, como industria en la minería, son partidarios de la Ley Tokman...
 - Esa iniciativa plantea que un porcentaje de la inversión en generación eléctrica se destine a las regiones donde se desarrollen las centrales, descontándose después de impuestos. Apunta a los recursos, y no al involucra-

miento o trabajo conjunto con la comunidad. La experiencia internacional muestra algunos fracasos con la aplicación de legislaciones similares, como el caso peruano, donde se han propiciado municipios con muchísimos recursos acumulados, sin que exista capacidad para administrarlos bien.Pensar que el problema se solucionará sólo con el aporte de recursos significa volver a la lógica transaccional que las comunidades rechazan. 
-Sin embargo, las regiones no reciben casi nada de los recursos...
 -Ojalá el Estado redirigiera a las regiones una parte del impuesto que recauda por actividades que se desarrollan en ellas. La minería es partidaria de eso, sin por ello desconocer que Chile es un país integrado y que se requiere cierto equilibrio. Sólo agregamos que el respaldo social que se necesita para el desarrollo de proyectos, y para su operación en el tiempo, no se va a lograr sólo con recursos. Aunque queda camino por recorrer, la gran minería viene hace un tiempo avanzando en la línea del involucramiento regional y local. 
-Las movilizaciones por la educación han puesto el tema de nacionalizar el cobre en la mirada de las candidaturas. 
-No hay que hacerle el quite a discutir la nacionalización si fuera realmente un tema sobre la mesa. Tenemos los argumentos para sostener que es una mala idea. El mejor ejemplo son los problemas de capitalización de Codelco. Si el Estado de Chile tiene problemas para capitalizar a Codelco, que representa un tercio de la producción del país, cómo financiaría toda la inversión que demanda la industria minera. Y, por otro lado, de dónde se obtendrían los recursos para pagar por esas firmas. El modelo que combina una empresa estatal potente, como Codelco, más inversión privada nacional y extranjera, ha permitido a Chile ser la potencia minera que es actualmente.


SOFOFA y gremios Empresariales advierten indefinición de candidatos a crisis energética El seminario “Visión económica y empresarial 2013-2014”, realizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo, en el Hotel W, fue el escenario escogido por el presidente de ese gremio, Hermann Von Mühlenbrock, para plantear que la principal incertidumbre del empresariado chileno, y de la industria en particular, no es el escenario de desaceleración interna ni las turbulencias externas, sino las propuestas políticas que se están debatiendo a menos de 40 días de que se efectúe la elección presidencial en Chile, el próximo 17 de noviembre. El máximo dirigente empresarial chileno planteó su preocupación por el hecho de que los cambios tributarios e institucionales se hayan convertido en el eje de la campaña política de Chile. “Creemos que el principal riesgo que enfrenta la economía chilena no es la incipiente desaceleración marginal, sino el giro que han ido tomando las propuestas políticas en este año electoral”, aseveró Von Mühlenbrock. En ese sentido, el presidente de SOFOFA, el máximo gremio empresarial de Chile detalló que las propuestas que generan mayor ruido a nivel empresarial son “los cambios profundos al sistema tributario, la incursión del Estado en actividades empresariales, las indefiniciones en materia energética y eventualmente modificaciones a la institucionalidad, como una asamblea constituyente”. Al respecto, manifestó su inquietud por los anuncios. “Nos preocupa que estas iniciativas se materialicen, socaven los pilares de la economía e hipotequen nuestras posibilidades de convertirnos en un país desarrollado, lo que traería bienestar y prosperidad a nuestros habitantes”, explicó la autoridad empresarial.


ES IMPORTANTE DEFINIR TEMA DE INSUFICIENCIA ELECTRICA Además de esto, añadió que hasta el momento la información que se tiene sobre las propuestas es bastante vaga y poco precisa, por lo que hizo un llamado a que se detallen y se le dé mayor claridad a la gente. “Creo que es bueno e importante ya definir temas como la insuficiencia eléctrica”. Precisamente el tema energético ha sido una de las principales peticiones del empresariado, dado que la actual administración tampoco se ha embarcado en un esfuerzo para la búsqueda de alternativas de diversificación de la matriz energética y que los privados además se han topado con trabas en el desarrollo de varios proyectos por la vía judicial. ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y REFORMA TRIBUTARIA Con todo, Von Mühlenbrock, presidente de la SOFOSA aseguró que ya hay evidencia de que las propuestas presidenciales pueden generar problemas de inestabilidad, principalmente, el caso de una asamblea constituyente. “Países de la región que han transitado por este camino, que enfatiza el rol del Estado por sobre el emprendimiento, por sobre la iniciativa privada, no han conseguido estabilidad social y además han dañado seriamente su estabilidad económica y política”, planteó. Respecto a la reforma tributaria, en tanto, el líder empresarial aseguró que no tienen “ningún problema en discutir reformas tributarias, si hay que pagar mayores impuestos para tener una educación excelente. A eso nadie se puede negar. Pero este cambio en las tributaciones debe cuidar un valor fundamental que es crecer, y para crecer se requiere de inversiones. Por lo tanto, hay que ser tremendamente cuidadosos para no desmantelar un sistema tributario que ha sido exitoso”, concluyó. Cabe mencionar que la candidatura presidencial de Michelle Bachelet planteó como uno de sus ejes de reforma tributaria la eliminación gradual del Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y la instauración de un sistema de depreciación instantánea, lo que a juicio de muchos privados generaría un cambio en las reglas del juego bajo las que funciona actualmente el mercado. Al respecto, Alfonso Swett, segundo vicepresidente de SOFOFA reafirmó los dichos de Von Muhlenbrock y planteó que los temas políticos, tributarios y que tienen que ver con cambios institucionales se han convertido hace un tiempo en “la principal preocupación del empresariado”. ANTERIORES ADVERTENCIAS DEL SECTOR PRIVADO DE CHILE Pero este emplazamiento privado no ha sido el primero que realiza un gremio por el entorno político. Ya la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) habían planteado sus reparos por el tono que ha ido adquiriendo el discurso de las candidaturas, sobre todo considerando el favoritismo que muestra en las encuestas la abanderada de la Nueva Mayoría, quien ha sido la más clara al momento de señalar que su plan de gobierno contempla imperativamente una reforma educacional y una reforma tributaria, medidas que incluso fueron reafirmadas el lunes cuando la candidata planteó las 50 prioridades que tendría su eventual mandato en los primeros 100 días de gobierno. De ahí que las entidades empresariales estén en alerta. Es más, hace casi dos meses la cúpula de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), conversó con la candidata. En la ocasión, la candidata presidencial Michelle Bachelet, ex directora de ONU Mujeres, insistió en que “necesitamos una reforma tributaria para aumentar los ingresos del Estado, una reforma tributaria bien diseñada y con aplicación paulatina no es contradictorio con el crecimiento económico”.En la reunión, la CPC puso énfasis en que “si llega a determinarse un aumento de impuestos, éstos tengan ojalá el menor impacto en el crecimiento” y además realizaron una férrea defensa del FUT (Fondo de Utilidad Tributaria), el que calificaron como “un buen instrumento que ha permitido el ahorro de las empresas y que, por lo tanto, su eventual eliminación debe evaluarse”.


Codelco coloca bonos por 950 millones de dólares a 30 años en mercado internacional El pasado jueves 12 de octubre, en Nueva York, Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 30 años plazo. “Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros. Además, incorpora los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación”, señaló Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco. Para el plazo de 30 años, la emisión fue por 950 millones de dólares, con un cupón de 5.625% y un rendimiento de 5.775%. Estas condiciones son atractivas para emisiones a 30 años en los mercados internacionales en dólares y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa. La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente. Esta es la treceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación Chilena del Cobre.


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