Lunes 7 de diciembre de 2015 SEÑALAN QUE FALTAN PRUEBAS Y ARGUMENTOS
CC ampara a comunidades q’echi’s en disputa por tierras En una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), el pleno de magistrados con excepción de Roberto Molina Barreto, decidió amparar a ocho comunidades indígenas ancestrales q’echi’s de la Sierra Santa Cruz, Izabal, tras una disputa de tierras con el Registrador General de la Propiedad de la zona central.
Según la resolución de la CC, los caseríos Quixcan, la Llorona, Jalauté, Zapotal, las Quebradas, Santa María la Llorona, Chipunit y Raxruhá, ubicados en la Sierra Santa Cruz, Izabal, podrán seguir el trámite de registro de tierras que iniciaron en 1976 en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, actualmente el Fondo de Tierras, ya En un boletín, la CC agregó que las partes interesadas en el que las tres fincas que reclamaban regresaron al sostenimiento de las inscripciones se limitaron a objetar la procedencia del amparo, sin aportar argumentos o pruebas que dominio del Estado. permitieran establecer la legitimidad de los registros ni desvirtuaron La decisión de los magistrados Gloria Porras, las pruebas en las cuales las comunidades fundamentaron su Mauro Chacón, Héctor Hugo Pérez y María de petición. los Ángeles Araujo, se dio luego que las pruebas probatorias aportadas determinaron que las ANTECEDENTES inscripciones registradas por el Registrador De acuerdo con el Comité de Unidad Campesina (CUC), las ocho General de la Propiedad de la zona central comunidades indígenas ancestrales q’echi’s se vieron afectadas tras fueran realizadas de “forma anómala” a favor la usurpación de 246 caballerías de tierra en la Sierra Santa Cruz, de particulares, de acuerdo con documentación Izabal, por personas particulares y sociedades anónimas con el consentimiento de funcionarios públicos. provista por la CC a medios de comunicación. Según la CC, el instrumento público en el cual se basó el Registrador carece de “validez”, pues este no fue autorizado por el notario que supuestamente lo avaló, como tampoco en la fecha en que se consignó; añadido que existe “grave incertidumbre” sobre la existencia de quien apareció como vendedor.
Ese hecho, según el blog oficial del CUC, afecta la vida de más de 20 comunidades; unas 600 familias que habitan en la Sierra Santa Cruz en donde se posicionaron desde 1976, tras ser víctimas del conflicto armado interno que afectó la parte norte de Alta Verapaz. Al cierre de esta edición no había un pronunciamiento del Registro de la Propiedad. FUENTE: Nota publicada en la página 2 del diario La Hora.