jueves 13 de Noviembre de 2014
Desarrollo rural, un nuevo modelo JUAN JOSÉ MICHEO FUENTES
El movimiento cooperativo en Guatemala es un sector productivo muy importante que genera el diez por ciento dela producción nacional.
Las condiciones de vida en el campo en la región centroamericana son deplorables; en el caso de Guatemala aún más, nuestro sector agrícola absorbe la mitad de la fuerza laboral y solo contribuye en un 11 por ciento al producto interno bruto (PIB) de la nación; lo cual denota el bajo nivel de productividad del sector. Según el estudio Evaluación de la pobreza en Guatemala del Banco Mundial, publicado en 2011 informaba que la mitad de la población guatemalteca es pobre y el 15 por ciento vive en condiciones de pobreza extrema. En los municipios rurales que abarcan el 48 por ciento del territorio nacional, ocho de cada diez personas son pobres; estamos hablando de nada más y nada menos de la bicoca de seis millones de guatemaltecos en el campo que se encuentran marginados y excluidos de los beneficios del progreso. Con semejantes cifras, cualquier Gobierno responsable debiera atender esa problemática, pero no haciendo más de lo mismo, porque las políticas practicadas hasta la fecha han sido infructuosas, erróneas o insuficientes. Tardíamente, casi hasta al tercer año de Gobierno, la actual administración ha publicitado su política agraria. La cual insiste en la entrega de tierras dando
donaciones y subsidios a un costo fiscal estimado de Q1 mil millones. El conjunto de políticas que se impulsa descansa en cuatro ejes: acceso a la tierra, obtención de títulos de propiedad, ordenamiento para disputas y desarrollo de programas de subsidios, créditos y seguros agrícolas que darían rentabilidad a los cultivos. En cuanto al acceso a la tierra proponen la constitución de un Fondo que servirá para la adquisición de tierras que serán entregadas a campesinos o en alquiler. En vez de ello lo que propongo es la creación de un Fondo con capital semilla que opere bajo la figura del arrendamiento con opción de compra, a plazos de diez años con dos años de gracia, tiempo suficiente para el repago con el producto de las cosechas. De esa manera el Fondo restituye sus recursos para continuar entregando tierra a otras personas, volviéndolo autosostenible el programa en el tiempo, sin cargo al presupuesto nacional. La entrega de las tierras preferentemente debiera hacerse a grupos de campesinos que se asociarían en organizaciones mutualistas que obtendrían la tierra y se les proveería de asesoría agronómica, créditos, seguros agrícolas y utilización de sistemas de comercialización que eviten el paso de los productos por los intermediarios. El movimiento cooperativo en Guatemala es un sector productivo muy importante que genera el diez por ciento de la producción nacional; según cifras oficiales cuenta con 1 millón 400 mil miembros, de los cuales medio millón son mujeres, que han hecho propio el principio de esfuerzo propio y ayuda mutua. Otra muestra de la relevancia del sector es la Asociación de Cooperativas Federadas de Ahorro y Préstamo (Micoope) que mueve activos financieros que la sitúan como el sexto banco del sistema nacional. Los resultados son por demás elocuentes. Utilizar esos esquemas asociativos facilitaría que pequeños productores puedan integrarse a cadenas productivas complejas que vendan sus alimentos y materias primas al mercado interno o de exportación. Otro elemento fundamental de la política agraria sería el diseño de un nuevo modelo público-privado de financiamiento donde participe la banca multilateral en calidad de asesoría –Banco Mundial, BID o BCIE–, el sector cooperativo, órganos del Estado, grupos asociativos de agricultores y banca privada. Este nuevo sistema crediticio agropecuario facilitaría financiamientos en condiciones muy favorables a los productores utilizando garantías basadas en grupos solidarios o propiedades arrendadas. Otorgando también líneas de crédito de banca de segundo piso a través de intermediarios no bancarios, con especialización en microfinanzas rurales. El progreso rural demanda un nuevo enfoque con esquemas innovadores que impulsen el desarrollo del sector agropecuario a través de figuras como la del arrendamiento con opción de compra que sustituiría a las donaciones, creación de grupos asociativos y una banca de fomento moderna que apoye a la pequeña y mediana empresa y la economía campesina. Cambios institucionales como los antes sugeridos generarían efectos multiplicadores en la economía ampliando el mercado interno por la mayor capacidad de compra de los agricultores, saliendo beneficiados la economía formal, los campesinos y los trabajadores rurales; con lo cual se abatiría la exclusión, marginalidad y conflictividad social que hoy existe en el campo, producto de la pasividad, desinterés y falta de visión de los Gobiernos de turno, desde hace muchas décadas.