Lunes 15 de febrero de 2016 INICIATIVA SE HA DISCUTIDO POR SIETE AÑOS
Adrián Zapata: Congreso no debe estancar ley de desarrollo rural, por la presión del sector empresarial La iniciativa número 4084, ley de desarrollo rural, a la que se opone el sector empresarial, especialmente el vinculado al Agro, no debe quedarse estancada en el Congreso, ya que ésta busca beneficiar y sacar de la pobreza al 80 por ciento de los guatemaltecos pobres y excluidos, según afirma Adrián Zapata, ex comisionado presidencial para el desarrollo rural integral. POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt
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apata, en entrevista con la La Hora, resaltó la importancia de que la iniciativa de ley que nació en 2002, en una reunión en Washington, donde un grupo consultivo integrado por países y organismos internacionales que apoyan el proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz, concluyeron que los aspectos socioeconómicos y agrarios, son los más atrasados desde la firma de los acuerdos en 1996. El proyecto 4084, busca sacar de la pobreza al 42.1 por ciento de guatemaltecos que viven en las áreas urbanas y el 76.1 por ciento en lo rural, según Zapata, quien en 2012 tuvo a su cargo la elaboración de una arquitectura básica para un modelo de desarrollo rural como comisionado presidencial de desarrollo rural integral.
¿Cuál es el contenido de la iniciativa de la ley de desarrollo rural? Este se resume en cinco elementos. El primero define que desarrollo rural es el desarrollo humano de quienes habitan en territorios rurales. Es decir, que para saber si en el área rural hay desarrollo, la respuesta no se encontrará en la cantidad de carreteras construidas, fincas, ni en la riqueza que hay. Lo fundamental es el desarrollo humano. El segundo, es el Estado, porque es quien tiene la responsabilidad de enfrentar la falta de desarrollo rural. La política y la iniciativa de ley de desarrollo rural establecen que hay que enfrentar la problemática de pobreza y exclusión social de manera multi e intersectorial, lo que significa que el Estado debe responder con educación, salud, trabajo, seguridad alimentaria, política económica y social. Lo tercero que establece la iniciativa de ley, es el enfoque territorial, es decir, que tiene que partir de las condiciones concretas que existen en los territorios porque no todos son iguales y cada quien tiene su realidad territorial. El cuarto, por su parte, dice que los pobres y excluidos son los sujetos priorizados; y, el quinto, define la política, es decir, la que le da el papel de promotor al Estado. Entonces, si es una iniciativa de ley que beneficia a los pobres y excluidos, que en Guatemala son mayoría ¿por qué cree que se ha estancado? Le comento. En el Ejecutivo un grupo de empresarios, especialmente los vinculados al agro, trataron de evitarla interponiendo una acción en contra de la política que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar. Sin embargo, este mismo grupo sigue en resistencia aglutinándose con los demás empresarios. Su principal oposición es que dentro de las políticas les da terror la política agraria que incluye el artículo diez donde se habla de democratizar el régimen de tenencia de la tierra. La preocupación que tienen es que ese artículo abra la puerta para burlar la propiedad privada en el agro, pero los empresarios no leen el numeral completo, porque al final de ese texto dice: en el marco constitucional, legal, de los acuerdos, convenios y suscritos vigentes. La palabra democratizar es la que da pavor, pero esta quiere decir: promover que los campesinos tengan acceso a la tierra, en otras palabras, impulsar una política agraria que ayude a la mayor cantidad de campesinos que necesiten tierra. Entonces, no se trata de una reforma agraria, sino de una orientación para procurar que los campesinos que necesiten tierra
accedan a ella. Los empresarios reducen el tema de la política de desarrollo rural al tema de la política agraria y esta es solo una de las políticas de desarrollo rural y el mandato de democratizar la tierra, y repito, ahí dice claramente que se tiene que ejecutar en absoluto respeto al marco legal vigente.
¿Cómo se pretender democratizar la tierra? Lo que la política y la ley dicen muy claramente es que eso debe hacerse en el marco constitucional y legal vigente, es decir, en el marco de lo que establece la Constitución, las leyes y los convenios internacionales firmados por Guatemala. Y que además, debe desincentivarse la concentración de la tierra en pocas manos. Eso dice la Ley. Yo no sé por qué hacen tan complejo el tema de entender qué quiere decir democratizar, si democratizar es que más campesinos que lo necesiten tengan acceso a la tierra. Los temores de los sectores empresariales no tienen razón de ser y no tienen razón de ser porque la ley claramente dice que esa democratización debe hacerse respetando el marco constitucional y legal vigente, y éste, sin duda, protege la propiedad privada. Hay que buscar mecanismos a través de los cuales los campesinos accedan a la tierra, pero no violando las leyes del país que protegen la propiedad privada. ¿Hay alguna propuesta de algún mecanismo mediante el cual se garantice el acceso a la tierra sin afectar la propiedad privada? Actualmente la Secretaría de Asuntos Agrarios está impulsando una política agraria, y esa política agraria se basa en las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra, que es un documento de la FAO -Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-. Esa es la guía que tiene la secretaría de asuntos agrarios. Este modelo consiste en que por mecanismos de mercado y por mecanismos complementarios al mercado, o sea, que a través de créditos, solución de conflictos y otras prestaciones se logre que los campesinos puedan tener acceso a la tierra, pero créditos adecuados a las condiciones socioeconómicas de los campesinos. O sea, no se rebasan los mecanismos de mercado como los mecanismos principales. ¿De dónde provendrían las tierras para los campesinos que la necesiten? Hay diferentes iniciativas, en el Fondo de Tierras por ejemplo, donde se ha logrado comprar tierras a los empresarios y a los finqueros, a los terratenientes. Ahí también podría haber mecanismos que desincentiven la concentración de la tierra, porque por ejemplo, la tierra que no está siendo productiva, que no está siendo utilizada correctamente podría ser gravada. ¿Cómo hacer para que a los terratenientes, a los grandes propietarios de tierra no les sea productivo mantener tierras ociosas? Para eso hay que buscar mecanismos. Uno de los mecanismos es el tema tributario. No tiene sentido que alguien concentre tierra, habiendo tanta gente que lo necesita, si esas tierras están siendo improductivas. Ahí habría un mecanismo fiscal que podría ayudar a facilitar el acceso de los campesinos a la tierra. No me refiero a la tenencia productiva de la tierra, sino a la improductiva. Otro mecanismo puede ser el tema de ordenamiento territorial, o sea, cuando usted hace un plan de ordenamiento territorial de una ciudad, dice, bueno, ésta tierra va a ser para residencia, ésta para comercio, ésta para fábricas. En el área residencial no hay fábricas. Acá estoy hablando de un ordenamiento territorial urbano, pero también es necesario a nivel nacional que el Estado garantice que haya tierras para poder producir comida, porque si no ¿de dónde se come? Entonces, un ordenamiento territorial también podría definir que haya áreas que estén dedicadas a la producción de alimentos. Recuerde que aproximadamente el 70 por ciento de los alimentos que consumimos viene de la agricultura familiar. O sea, en el ordenamiento de la tierra habrá una parte del territorio que se pueda utilizar para productos agrícolas para la exportación, como caña de azúcar, palma africana, pero también para comer. Ya le voy diciendo el mecanismo tributario, el mecanismo de ordenamiento territorial, el mecanismo de créditos, o sea, la política pública tendría que tener toda la iniciativa y la creatividad para buscar estos mecanismos de acceso a la tierra, pero lo que debe hacerse es mandar la ley a que se busquen esos mecanismos. ¿Cree que el temor del sector empresarial ha llevado a que la iniciativa de ley de desarrollo rural no haya sido incluida dentro de la agenda legislativa? La razón, y hay que decirla explícitamente, es que los sectores empresariales se han resistido a que la iniciativa se conozca en el Pleno. Hay otras razones complementarias a las cuales se oponen, entre ellas, la visión que los empresarios tienen para el desarrollo del país, el cual será el producto del crecimiento de la economía y lo absolutizan. Ellos creen que si crece la economía eso significará un derrame, el cual beneficiará a todo el mundo, y como dice el anuncio: si crecemos todos, comemos todos, pero eso no es así, porque el crecimiento de la economía tiende a repartirse siguiendo el mismo patrón de concentración de la riqueza. De acuerdo con la Encovi, del 2006 al 2015, la pobreza creció sustancialmente y ¿qué pasó con la economía? Esta también fue creciendo sustancialmente en un promedio de tres por ciento anual, es decir, que en los últimos 15 años, la economía creció casi el cincuenta por ciento y la pobreza aumentó. Entonces, no es cierto que el crecimiento económico traiga superación de la pobreza porque la riqueza que se produce se va a concentrar en la gente que ya tiene plata, entonces, ellos se niegan a que el Estado defina un sujeto priorizado porque esa definición significa que los recursos se tienen que ir para ese sujeto porque ellos consideran que la preocupación del Estado debe ser el crecimiento de la economía. Un empresario me decía a mí: es que mirá, si el Estado invierte en los pobres eso es como echar una palangana de agua en una pila, porque los pobres no están en capacidad de producir riqueza. Hay que invertir en los que tienen capacidad de producir riqueza porque eso va a subir la economía y eso beneficiará a todos. Ellos, con esa visión de crecimiento económico absolutizado, no entienden la necesidad de priorizar por parte del Estado a los pobres y excluidos. ¿Y cree que, ante los altos índices de pobreza y exclusión en Guatemala, la actual legislatura, con el apoyo del Gobierno de Jimmy Morales, esté dispuesta a aprobar y ejecutar la ley de desarrollo rural? Eso habría que preguntárselo al Gobierno. Pero yo pensaría que si el Gobierno de Jimmy Morales tiene interés de
enfrentar la situación dramática del país, especialmente la rural, lo debe de hacer. Esta política debe profundizarse, reforzarse y superar las debilidades. Entre estas últimas, el clientelismo y la corrupción, ya que estas debilidades sustanciales no han permitido que la política avance suficientemente. Por eso, la sugerencia para este Gobierno, es que tome la política, que supere las debilidades y profundice el plan. Me preocupa de sobremanera que el Gobierno no le de la relevancia al tema y que se centre en un planteamiento de desarrollo genérico. Que no entienda la importancia de darle predominancia al desarrollo. Me preocupa que se hable de desarrollo sin que le dé el peso que le corresponde. Si Jimmy Morales ha hablado del Katún 2032 es porque tiene conocimiento que éste contempla la prioridad de la política de desarrollo rural. Debo decir que, en ningún país del mundo se han logrado desarrollar, sin antes haber resuelto la problemática agraria rural. El Katún reconoce que la política de desarrollo rural es indispensable para los pobres y excluidos.
¿Cree que el presidente Morales conoce lo que refiere el Katún acerca de la política de desarrollo rural, tomando en cuenta que ha hecho referencia a ese proyecto? Esa es mi preocupación. El Presidente ha hablado mucho de ser competitivos y estoy de acuerdo, pero repito: mi preocupación es que Jimmy Morales no asuma la relevancia que tiene el tema de desarrollo rural para Guatemala. En un país donde la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza y exclusión, y donde la mitad de los niños padecen de desnutrición, no se puede ser competitivos. ¿Por qué rumbo se dirigirá Guatemala si no se aprueba esta iniciativa de ley teniendo en cuenta los altos índices de pobreza y exclusión? Si hubiera otra propuesta, yo estaría tranquilo, pero no lo hay. Esta política se ha discutido durante siete años, entonces tiene la virtud de que está construida a través de un largo proceso participativo. El plan ya está elaborado y es la opción para enfrentar la problemática rural, pero si al presidente Morales no está de acuerdo, nos gustaría conocer su propuesta. Lo primero que habría que saber es si Morales está dispuesto a asumir la propuesta de desarrollo rural. No la puede ignorar ante los altos índices de pobreza y exclusión. ¿Podría el sector empresarial presionar al presidente Jimmy Morales para que deje de lado la política de desarrollo rural? Ellos, los empresarios vinculados al agro, son el corazón de la resistencia, pero lamentablemente el sector empresarial en su conjunto es el que hace eco y hacen ver la angustia de sus agremiados. Yo he escuchado las declaraciones del presidente del CACIF -Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras- Jorge Briz, donde se oponen a la ley, o sea que, no es un tema de un solo sector. Ellos abiertamente se resisten. Sin embargo, para la clase política rebasar eso será un reto. Los diputados se atrevieron a pasar la iniciativa de ley en segundo debate, pero si después de eso se dejan presionar por el sector empresarial, lo que van a demostrar es que no son autónomos y que se subordinan a los poderes facticos de este país. El sector empresarial tiene la capacidad de veto sobre las políticas públicas y de doblegar la capacidad de los diputados y presionarlos, y estos lo permiten, pero lo que no se han dado cuenta es que esto es un problema para la democracia y desarrollo del país, igual que la corrupción. El mensaje fundamental para los diputados es que: no se subordinen a la presión empresarial que una vez más pretenderá evitar que se apruebe la ley. El argumento de que la ley de desarrollo rural se debe discutir más, quedó de lado, porque si discusión no son los siete años donde se ha hablado del tema, entonces, no sé qué será discusión y participación. La iniciativa de ley debe aprobarse de urgencia, con modificaciones en dos temas centrales, los cuales se pueden hacer a través de enmiendas de curul que se deben hacer en su redacción final. La primera, es la invasión de competencias que corresponden al Conadur –Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural-, porque este es el encargado de coordinar la política de desarrollo rural, según lo dicen sus atribuciones constitucionales. La segunda, porque invade competencias de la Junta Monetaria -JM- en relación a la responsabilidad que esta tiene al formular políticas económicas. Estas extralimitaciones son fácilmente corregibles. Repito, estas deben aprobarse porque si bajo cualquier argumento se prolonga más esto sería incoherente con la situación del país y de todo el proceso. ¿Para la aprobación de la iniciativa de desarrollo rural, es necesario que los diputados dejen de lado los intereses de sus financistas y legislen a favor de los campesinos? Además de los financistas, los diputados deben de dejarse presionar por el poder que tiene el sector empresarial porque el político reciente el temor de este grupo y lo que hace es subordinarse, algunos porque han sido financiados y otros porque se allanan del temor empresarial. Los diputados deben atreverse a hacer independientes. La política debe ser autónoma de los poderes fácticos. Se deben atrever a legislar a favor de los pobres y excluidos, que son mayoría en Guatemala. En la iniciativa 4084 se habla de dos modelos de desarrollo que según algunos expertos son incompatibles: la economía campesina y el desarrollo empresarial, ¿Qué puntos tienen en común estos dos aspectos, y como se implementan en la política de desarrollo? La economía campesina y el desarrollo empresarial son complementarios si se abandonan los esquemas y paradigmas que no dejan ver la posibilidad de que se integren. Hay que pensar en todos los pobres excluidos que viven en las áreas rurales y pensar en el capital humano que hay en ellos y que por falta de oportunidades prevalecen en la ignorancia y el atraso. Como el sector empresarial tiene esa visión del desarrollo, lo que plantean es llevar inversiones privadas para el desarrollo rural, porque esa inversión generará empleo y las personas tendrán acceso a éstas y saldrán de la pobreza. Y yo digo, está bien, hay que llevar empleo, pero hay que tener cuidado con que inversión porque si esta se implementa sobre la base de los salarios diferenciados, no. Lo que se debe hacer es llevar inversión de la buena, en donde se respete los derechos laborales, se respete el ambiente y se paguen impuestos.
Sin embargo, en este aspecto hay que ser realistas y darse cuenta que esto solo beneficiará a un pequeño sector y el otro se quedará excluido. Entonces, aquí nace lo de la micro y pequeña empresa que propone el presidente Jimmy Morales y está bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la muerte de las Mypes –micro, pequeña y mediana empresa- en Centro América llega al 92 por ciento. Pero hagámoslo, porque aquí se cubrirá la otra parte a la que no se puede llegar con el empleo. El resto de la gente, hace economía campesina, que tiene como columna vertebral la agricultura familiar, pero que además de esto realiza comercio, artesanía, entre otros. Hay que tomar en cuenta que el 70 por ciento del comercio viene de esta agricultura. Entonces, en lugar de discutir si lo más conveniente es atraer inversión, fomentar el emprendimiento rural, o bien, como lo dicen los campesinos, apoyar la economía rural, lo que hay que hacer es implementar las tres cosas, con la ayuda del Estado en su rol de papel productor. El Estado debe priorizar a los pobres y excluidos. Pedirles a los empresarios que no sean egoístas es pedirle al cura o pastor que los confese, pero al Estado sí se le debe exigir.
El “acceso a la tierra” es un tema sensible para el sector empresarial, ¿qué tratamiento debiera dársele? La tierra no es el camino del desarrollo porque ningún país en el mundo se ha desarrollado sobre la base agraria y agrícola, pero ninguno se ha desarrollado sin resolver la problemática. Nos hablan de Taiwán, de Corea y demás. Pero lo que no nos cuentan es que en el origen del desarrollo se modificó y hubo reformas agrarias. Lo que nos muestran ahora es el plato diciendo: miren lo que han logrado, pero en la raíz de eso hubo una reestructuración en el tema agrario. En el caso de Guatemala se intentó en 1944 y eso se vino al piso. El tiempo ha cambiado y el mundo es otro al de aquella época. Yo no creo que la reforma agraria sea el camino para desarrollar el país, porque la tierra no es el camino, pero no hay camino sin tierra, o sea hay que afectar la estructura de tenencia de la tierra para que haya desarrollo. No basta resolver la problemática agraria para que haya desarrollo. Esta ya no se resolverá mediante una reforma agriaría y fiscalizadora, porque ya no hay condiciones y no corresponde con la realidad contemporánea y del mundo. Sin embargo, hay otros instrumentos para ello, como la iniciativa 4084. ¿La iniciativa propone la creación de un Ministerio de Desarrollo Rural, por qué no se utiliza uno ya existente, como el de Agricultura? Si decimos que la política de desarrollo rural es multisectorial ¿Quién va a ejecutar las políticas, las acciones intervenciones dirigidas al territorio rural? Esta tendrá que coordinar diferentes políticas sectoriales y de diferentes ministerios. Lo que se necesita es un órgano que coordine, que articule. El órgano se necesita en el Gabinete de Desarrollo Rural. Se necesita una instancia que promueva la articulación. Lo que se pretende hacer es que este ministerio deberá ser alguien que tenga un nivel adecuado, como un ministro que promueva la coordinación que se promueva el Gabinete. Estoy de acuerdo que con lo limitado que están los recursos públicos puede hacerse una reingeniería del Maga para convertirlo en un Ministerio de Desarrollo Rural y de Agricultura donde se le ampliarán sus atribuciones, donde no solo tuviera competencias de la agricultura, sino también las de la coordinación. Esto es posible porque aunque el desarrollo rural es multisectorial en gran medida tiene que ver con el campo. Entonces podría hacer una modificación al Maga para ampliarle sus atribuciones en la política agraria y de promover la coordinación y la articulación. Esta sería una salida ante los escases de recursos. ¿Cuánto debiera ser el presupuesto para este Ministerio? Muchos hablan que lo que se asignaría sería el cinco por ciento del Producto Interno Bruto-PIB-, sin embargo, el presupuesto sería mínimo porque su función únicamente será la de coordinación y promoción de la articulación de los territorios. Más importante de fijar el monto se debe tener claro que la función no será ejecutar porque es aquí donde está el problema, sino que le toca impulsar la coordinación y la coherencia.
FUENTE: Entrevista publicada en las páginas 6 y 7 del diario La Hora.