Jueves 18 de febrero de 2016
Equidad de género FRANCO MARTÍNEZ MONT
Nadando contracorriente: la lucha de las mujeres organizadas.
Cuando uno reflexiona sobre la democracia en Guatemala, a priori se da cuenta que estamos muy lejos de consolidar las ideas liberales clásicas (elecciones legales y legítimas, igualdad ante la ley, libre mercado, división de poderes, laicidad plena del Estado y protección de derechos colectivos), puesto que la mala encarnación de la democracia “representativa”, en la práctica tiene manifestaciones conservadoras en las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Dicha democracia electoral –con vacíos fuertes de legitimidad–, está supeditada a la gobernanza corporativa, a las dinámicas del
neoliberalismo y a las lógicas del capitalismo global, donde sigue siendo una asignatura pendiente que el Estado garantice la libertad e igualdad en el ejercicio de los derechos políticos, económicos y socioculturales de las mujeres. Las mujeres son un sujeto sociopolítico histórico, adaptativo en el tiempoespacio y que hoy continúa con su reconfiguración filosófica, política y organizativa para incidir en la vida nacional a través de diversas actoras (Seprem, Foro Nacional de la Mujer, La Cuerda, Moloj, Fundación Sobrevivientes, Gremial de Mujeres Empresarias, entre otras), pero al igual que cualquier grupo social también tienen desafíos para fortalecer su identidad y estrategia política, ante un sistema patriarcal y autoritario. En el plano político, para las elecciones 2015, según ONU Mujeres, 21 diputadas y diez alcaldesas fueron electas –391 mujeres en Corporaciones Municipales–, aún falta ver la incorporación de mujeres en cargos de alto nivel en el Ejecutivo –continúa el pimponeo de desaciertos de Jimmy Morales para nombrar funcionarios capaces, idóneos y honrados–, mientras que en el Organismo Judicial la balanza es desfavorable (cinco de 13 magistrados son mujeres), y aun cuando el papel de Thelma Aldana en el MP y de las tres magistradas de la CC es esperanzador, es insuficiente, falta mucho por lograr la ansiada paridad en cargos políticos/públicos (la reforma a la LEPP no debe aprobarse con criterios de inequidad, dado el aporte histórico de las mujeres al desarrollo nacional). Finalmente, la democracia de calle también exige el reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio social, por su contribución a la estructura económica (35.9 por ciento de las mujeres conforman la PEA) por el valor, resistencia y dignidad de las mujeres del caso Sepur Zarco, y por su beligerancia al frente de los movimientos sociales, cuya consigna es igualdad de oportunidades y no más violencia. framont@gmail.com FUENTE: Columna de opinión publicada en la página 15 del diario elPeriódico.