Domingo 20 de diciembre de 2015
Los conflictos sociales aumentaron este año Sociedad
Las principales tensiones son por asuntos agrarios y actividades como la minería · Nery R. Villatoro Robledo Siglo.21
Este año el número de conflictos se ha incrementado. Solo los casos que atiende la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), por ejemplo, han aumentado de 1,366 en enero a 1,443 en octubre, es decir, 77 casos más (5,64%). Asimismo, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) ha atendido un total de 257 alertas y ha realizado 499 seguimientos. Otros llegaron a momentos de crisis, como el de la empresa minera Pronico y comunidades de El Estor. En las últimas dos décadas, Guatemala ha sido escenario de una explosión de conflictos sociales de diferente naturaleza, y por diferentes causas. Se dice que ha aumentado la conflictividad. Sin embargo, especialistas en la materia e instituciones como la SAA, distinguen entre conflictividad y conflictos. La SAA, en su Política Agraria, señala que conflictividad es el conjunto de causas, generalmente de orden estructural, en las que los conflictos tienen asidero. Una de las causas de los conflictos agrarios es la estructura de tenencia de la tierra. Desde esa perspectiva, para esta institución las disputas son solo manifestaciones específicas y concretas de la conflictividad. En Guatemala se ha indagado sobre las razones que determinan que sea un “pozo sin fondo” de conflictos. Simona Yagenova, académica de FLACSO-Guatemala, afirma que “la conflictividad en el país se debe a la intensificación de las tensiones estructurales que se han profundizado y ampliado, y que no se resuelven en el marco político actual y del modelo de acumulación” de riqueza. Añade que “los conflictos son secuelas de este modelo de acumulación por despojo, caracterizado, entre otros, por el extractivismo. Las enormes tensiones que se observan derivan de actividades económicas como la minería, la explotación petrolera y los monocultivos, principalmente de palma africana y caña de azúcar”. Desde su perspectiva, las pugnas tienen causas profundas relacionadas con el modelo económico actual, más concentrador de la riqueza. Fredman Pacay, secretario de Asuntos Agrarios interino, y Norman Martínez, subsecretario de Resolución de Conflictos de la SAA, coinciden con Yagenova cuando, refiriéndose a los conflictos agrarios, afirman que tienen “causas estructurales”, de fondo, entre las que mencionan: la concentración de la tierra, cuyo coeficiente de Gini es 0.84, titulaciones anómalas, titulaciones supletorias sobre ejidos municipales y fincas nacionales, falta de certeza
jurídica sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra, que no haya coincidencia entre el registro y el catastro. A esto se suma, en la última década, la reconcentración de la tierra para monocultivos. Ambos afirman que la expansión de los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, tienen incidencia en los conflictos, particularmente en los relativos a la tierra. Para Martínez, “la expansión de los monocultivos en ocasiones ocurre en tierras adjudicadas por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA)” antes de 1997, cuya propiedad aún no ha sido regularizada, lo cual facilita que sean adquiridas por productores de monocultivos. Organizaciones campesinas y líderes comunitarios, en ocasiones, han denunciado que se ven forzados a vender las tierras. En opinión de Martínez, esa expansión provoca una “disputa por el territorio” entre grandes productores, por un lado, y comunidades indígenas y campesinos, por otro. DIFERENTES TIPOS DE CONFLICTOS De lo expresado por Yagenova, Pacay y Martínez, se deduce que los conflictos sociales corresponden a diversos tipos, entre los que se encuentran los socioambientales y los agrarios; a estos últimos, la SAA los clasifica en las tipologías de disputa de derechos, ocupaciones, límites territoriales y regularización. Entre los socio-ambientales están los conflictos por extracción minera, extracción petrolera, construcción de hidroeléctricas, generación y distribución de energía eléctrica, megaproyectos, entre otros. La Copredeh, que también desarrolla procesos de atención, de acuerdo con su subdirector ejecutivo, Antonio Montúfar, divide los conflictos en tipologías según su origen: recursos naturales, conflictividad agraria, servicios de energía eléctrica, políticas públicas, seguridad democrática, derechos cívicos y políticos y pueblos indígenas.
Debido a sus causas y a su alto impacto social y político, en los últimos años han cobrado relevancia los conflictos socioambientales, especialmente por minería y construcción de hidroeléctricas, y de los agrarios, las ocupaciones de tierras. Respecto a los últimos, Martínez asegura que se producen en parte por los procesos burocráticos de adjudicación de tierras y por el colonato que aún subsiste en ciertas regiones del país, como el valle del Polochic. De acuerdo con el censo nacional agropecuario de 2003, unas cinco mil familias poseían tierras bajo el régimen de colonato. Un ejemplo de los conflictos por ocupaciones de tierras se produjo justamente en el Polochic. En marzo de 2011, unas 769 familias agrupadas en 14 comunidades fueron desalojadas por ocupar tierras supuestamente propiedad de una empresa dedicada al cultivo de caña. En su informe de observación Los desalojos en el valle del Polochic, de marzo 2013, OACNUDH se refiere a la imposibilidad de acceso a tierras por los campesinos y a la dinámica de concentración de la tierra en esa zona como causas de ese conflicto. En su estudio Plantaciones agroindustriales, dominación y despojo indígena-campesino en la Guatemala del siglo XXI, el IDEAR/CONGCOOP, establece que del 2000 al 2010 la extensión de tierras con cultivo de palma africana pasó de 20 mil manzanas a más de 140 mil (600% de aumento). CÓMO RESOLVERLOS Fredman Pacay afirma que en el marco de la implementación de la Política Agraria (aprobada en octubre 2014), la SAA trabaja en una serie de propuestas a través de las cuales se busca “atender los problemas estructurales relacionados con los conflictos de tierras”, porque “es necesario resolverlos de fondo”. Entre estas menciona que estudian conjuntamente con Fontierras la viabilidad de que las tierras en extinción de dominio se destinen al programa de acceso; trabajan una propuesta de fiscalía agraria; una de impuesto territorial mediante reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI); han avanzado en una propuesta de código agrario, y elaboraron una propuesta de ley
de regularización. Para la atención de los conflictos agrarios específicos, según Martínez, la SAA impulsa mesas de diálogo mediante los métodos alternos de resolución de conflictos (MARC) para no judicializarlos. Sin embargo, afirma, estos métodos tienen limitaciones: carecen de sustento legal, los acuerdos son por voluntad de las partes implicadas y, por tanto, su cumplimiento depende de su voluntad. Desde los primeros meses de la administración del presidente Álvaro Colom, hasta noviembre de este año, existió el Sistema Nacional de Diálogo (en el gobierno de Otto Pérez fue una Comisión Presidencial de Diálogo integrada por siete instituciones) como mecanismo de coordinación interinstitucional para la atención de los conflictos. No obstante, su personal fue despedido sin explicación y se desconoce si será sustituido por otra entidad. Martínez asegura que los conflictos socioambientales que atendía el SND seguramente se canalizarán a la SAA o a Copredeh. Pero, pese a procesos y mecanismos de diálogo, los conflictos aumentan. Entre enero y octubre ingresaron 494 nuevos conflictos a la SAA y fueron resueltos y concluidos 389. Según Yagenova,“hay muchas razones para ese incremento. Primero, ha habido un retroceso en el proceso de democratización (…), [hay un] blindaje del Estado para defender el modelo de acumulación y los intereses de las élites (...). “En segundo lugar, hay una ciudadanía que exige resolver problemas que le afectan pero no encuentra respuestas desde el Estado”, agrega. Yagenova afirma que “los conflictos no tienen visos de resolverse. Con las reglas del juego actuales, con las élites que han blindado al Estado para defender sus intereses y con los operadores políticos que hay. Quizá algunos, pero no las causas que los provocan”. “En el marco del modelo actual… no pueden resolverse, entre otras razones porque los mecanismos del Estado para atenderlos y resolverlos no funcionan”, sentencia. Para ello, dice, se necesita una profunda reforma del Estado.
FUENTE: Nota publicada en la página 2 y 3 del diario Siglo 21.