Lunes 21 de marzo de 2016
María del Carmen Aceña macena@clen.org,gt
Investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
Prevenir la conflictividad
LAS ÁREAS DE CONFLICTO COINCIDEN CON LOS LUGARES DE MAYOR POBREZA DEL PAís Y QUE CONCENTRAN RECURSOS NATURALES. El año pasado fue un período complejo. Sin embargo, aprendimos a escucharnos unos a otros y trabajar por el bien común. Posiblemente este fue el espíritu de los que participamos en el proyecto Resiliencia y Construcción de Paz: Marcos de Análisis para la Resiliencia en Guatemala, convocado por lnterpeace y que contemplaba cuatro fases: la exploratoria, la consulta, la implementación y el seguimiento. También incluía una encuesta que fue revisad a por un grupo de expertos norteamericanos relacionado con la universidad de Harvard. Participé con varios ciudadanos y líderes pertenecientes a organizaciones de distintas ideas en la fase de implementación, utilizando una metodología llamada lnvestigación-Acción Participativa (lAP) como parte del grupo nacional que trató el tema de la conflictividad socio ambiental y agraria.
En la encuesta, el 39 por ciento de los entrevistados comentó no experimentar conflictos, acotando que los conflictos más comunes son relacionados con la actividad criminal (24 por ciento), la ausencia de recursos o servicios básicos tales como agua, electricidad, sanea miento y salud (18 por ciento), conflictos sociales entre vecinos (14 por ciento) y conflictos relacionados con la venta de aguardiente y el acceso a cantinas (13 por ciento). La en cuesta valoró los 12 meses anteriores y de los entrevistados, una tercera parte comentó haber experimentado algún conflicto, siendo los más comunes: acceso a agua (22 por ciento), sembrados y agricultura (16 por ciento), acceso a tierra (6 por ciento) y explotación de recursos naturales (4 por ciento). Luego de un proceso de discusión y aprendizaje, el grupo decidió trabajar un a propuesta para prevenir la conflictividad a futuro y que le sea útil al nuevo Gobierno. Esta contempla una instancia de carácter nacional y multisectorial, que busque fortalecer la cultura de paz y el desarrollo nacional tomando en cuenta las organizaciones actuales para lograr por ejemplo conciliar intereses, promover acciones de prevención de conflictividad, generar confianza, y crear condiciones para la prevención, atención, gestión y resolución de conflictos de alto impacto.
“SE PRESENTÓ UNA PROPUESTA PARA PREVENIR LA CONFLICTIVIDAD A FUTURO Y QUE LE SEA ÚTIL AL NUEVO GOBIERO”.
Para efectos de este proyecto, la conflictividad socio ambiental se entiende por conjunto de conflictos, que a lo largo del tiempo se han agudizado producto de la disputa de intereses por acceso, distribución y uso de recursos naturales que requieren las personas, comunidades y sociedad para vivir de forma plena.
El estudio presenta que el año pasado se registraron 1,429 conflictos agrarios, adicionalmente entre 2008 y 2014 los conflictos en el sector energético aumentaron de forma significativa al igual que los relacionados con las industrias extractivas en producción (5). Aunque los últimos son pocos, se seña la que los casos escalaron de una conflictividad media a un estado de conflictividad alta. Las áreas de conflicto coinciden con los lugares de mayor pobreza del país y que concentran recursos naturales.
Se le ha entregado la propuesta al Gobierno y se está conforman do un equipo de trabajo para su desempeño. Poner en práctica esta oferta daría certeza, por un lado, a los inversionistas de los nuevos proyectos y por el otro, la comunidad tendría acceso a mayor información, conocimiento, impacto y beneficios del mismo. Así mismo comprometería al Organismo Ejecutivo, a los Consejos de Desarrollo y a la municipalidad del territorio a atender demandas auténticas de servicios públicos, para que las comunidad es alcancen el desarrollo y vivan con dignidad.
FUENTE: Columna de opinión públicada en la página 30 de la edición No. 146 de la Revista ContraPoder 18/03/2016