Viernes 29 de enero de 2016
Familias del Polochic con Medidas Cautelares en Peligro de ser Nuevamente Desalojadas Las familias Q’eqchís de las 14 comunidades organizadas en el Comité de Unidad Campesina –CUC-que fuimos desalojadas violentamente en el Valle del Polochic en el año 2011 denunciamos y alertamos que pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para que el Estado guatemalteco nos garantizara la alimentación, seguridad, albergue y salud, estamos a punto de ser desalojadas de nuevo, a petición del ingenio Chabil Utzaj, precisamente porque el Estado guatemalteco no ha cumplido con las medidas dictadas por el ente internacional. Queremos recordar que el señor Otto Pérez Molina cuando fungía como presidente de nuestro país se comprometió con la Marcha Indígena Campesina y Popular, en marzo de 2012, a entregar tierra a las 800 familias antes de que terminara su gestión. Para el cumplimiento de ese compromiso fue delegado la institucionalidad agraria del Estado siendo estas el Fondo Nacional de Tierras –Fontierras- y la Secretaria de Asuntos Agrarios –SAA-. Otto Pérez también se comprometió a dar cumplimiento a las Medidas Cautelares dictadas, en junio del 2011, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 800 familias desalojadas violentamente en el Polochic, delegando para ello a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos –Copredeh-, Secretaría de Asuntos Agrarios y Fontierras. No obstante, un año después de aquel compromiso, se conoció que el dinero designado para la compra de tierras para las 800 familias supuestamente se había perdido al momento de intervenir el Fondo Nacional Para la Paz –Fonapaz-, para su posterior liquidación. En ese marco, meses después la Secretaría de Asuntos Agrarios informó que del dinero perdido en Fonapaz para adjudicar tierra a las familias desalojadas, se habían recuperado 27 millones, no obstante, Pérez Molina, los directivos del Fontierras y la SAA desviaron 14 millones de quetzales para responder a otros compromisos, incumpliendo hasta la fecha con la adjudicación de tierra a la totalidad de las familias desalojadas violentamente. Hasta la fecha solamente han accesado a la tierra 140 familias y existe una extensión de tierra en negociación en donde se asentarían 82 más, sumando con ellas 222 familias beneficiadas, a pesar de que más de 107 mil firmas recogidas en 55 países pidieron al gobierno entregar tierras a las restantes familias desalojadas. En el año 2013, la Oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer una investigación donde concluyen que “…El actual procedimiento que se sigue en materia de desalojos violenta sistemáticamente los derechos humanos a una defensa adecuada, a la presunción de inocencia, el derecho a la vivienda y, en ocasiones, también el derecho a la alimentación” y agregan que “comprometen la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en su deber de abstenerse y evitar los desalojos forzados”. Asimismo estableció que el Estado guatemalteco no ha cumplido con las Medidas Cautelares y urgió a que el gobierno a “Implementar debidamente las medidas cautelares de la Comisión Interamericana tomando como base las peticiones concretas ya formuladas por los beneficiarios en relación a la asistencia humanitaria, su seguridad personal y las condiciones de salud, alimentación y vivienda”. Lamentablemente esta petición y mandato no fue tomado en cuenta lo que ha agravado las condiciones de vida de las familias desalojadas, al grado que una evaluación nutricional de las familias desalojadas realizada por OXFAM, en junio del 2015, arrojó resultados dramáticos: 6 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica; la desnutrición aguda es el doble de la reportada por poblaciones similares en el departamento de Alta Verapaz y el 77% de las familias consumen una dieta inadecuada e insuficiente. Por el incumplimiento del Estado de Guatemala y ante la necesidad de tener alimentos para sobrevivir, las familias bajo Medidas Cautelares han regresado a las tierras de donde fueron desalojadas con violencia en el año 2011. Las familias campesinas que habitan en la comunidad Paraná y Tinajas iniciaron negociaciones con
el ingenio azucarero Chabil Utzaj, propiedad de la familia Pellas de Nicaragua, el Fontierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios para la compra de esas tierras; inclusive la empresa Chabil Utzaj presentó al Fondo de Tierras cartas de oferta por las fincas Paraná y Tinajas. Sin embargo, la misma empresa solicitó al Ministerio Público de Santa Catalina La Tinta que promoviera una orden de desalojo ante las instancias correspondientes. Siendo así que el 16 de noviembre de 2015 el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz ordenó desalojar las comunidades Bella Flor, Paraná y Tinajas. Estos desalojos se llevarían a cabo el 28 de enero del presente año, desalojo que se logró detener pero ahora nuevamente amenazan a las familias del Polochic con realizarlo en fechas próximas. Inclusive la Policía Nacional Civil de la Comisaría 51 de Alta Verapaz, realizó un análisis de riesgo en el Valle del Polochic, en donde criminaliza a las familias que gozan de Medidas Cautelares y las acusa falsamente de estar armadas y listas para enfrentarse con las fuerzas de seguridad del Estado, inclusive se inventaron que los campesino y campesinas han atentado contra la subestación de la PNC en Panzós, pero nada de eso es cierto. Aclaramos que las amenazas de desalojo por el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad del Estado son una doble violación a los Derechos Humanos de las familias que se encuentran bajo Medidas Cautelares. Ante esta situación demandamos: 1. Que el Estado de Guatemala cumpla con las Medidas Cautelares dictadas por la CIDH en favor de las familias en mención. 2. Que el Organismo Ejecutivo del Estado de Guatemala, presidido por el Sr. Jimmy Morales cumplan con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la misma línea que el Comité DESC y el Relator de Vivienda, y suspenda todo desalojos hasta que sea adoptada una legislación que impida los desalojos forzados. 3. Que el Sr. Jimmy Morales, en su calidad del Jefe del Estado de Guatemala, asuma y cumpla el compromiso de adjudicar tierra y brindar un reasentamiento digno que cumpla con el compromiso de entregar tierra a las 578 familias restantes que fueron desalojadas violentamente en el Valle del Polochic. 4. Al Fontierras y a la Secretaría de Asuntos Agrarios exigimos que se agilice la compra de las fincas Pancus, Paraná y Tinajas. También exigimos a estas instituciones que recuperen los 14 millones de quetzales que desviaron, cuyo objetivo era atender el caso especial del Polochic. 5. Hacemos responsable al Estado de los posibles desalojos y violaciones a los Derechos Humanos en las comunidades donde habitan las familias beneficiadas de Medidas Cautelares. 6. A las organizaciones hermanas indígenas, campesinas y defensoras de los Derechos Humanos a nivel nacional e internacional hacemos un llamado a mantener la atención sobre el Polochic y solidarizarse con las comunidades Q´eqchi que están siendo objeto de criminalización y amenazadas con desalojarlas. Comité de Unidad Campesina –CUCy Asamblea Social y Popular Guatemala 28 de enero de 2016 Comunicado de prensa dado a conocer hoy en conferencia de prensa.
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