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AGENDA LEGISLATIVA DE MOVIMIENTO CIUDADANO 1
México vive momentos muy difíciles en materia de seguridad, justicia, transparencia rendición de cuentas; los Poderes de la Unión y de las entidades federativas están totalmente hundidos en la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el abandono de sus deberes constitucionales; los tres niveles de gobierno están infiltrados y en muchos casos sometidos por el crimen organizado y los niveles de impunidad alcanzados son absolutamente preocupantes. En este contexto, ahora como antes, Guerrero ha sido y es un estado iniciador y promotor de grandes transformaciones políticas y sociales de México; es un reflejo magnificado de lo que pasa en la República y somos un estado precursor de la inconformidad social y promotor de las transformaciones sociales que requiere y reclama la República. La crisis económica, la fallida estrategia de combate al crimen organizado, la ausencia de una política eficaz para enfrentar el narcotráfico y las reformas regresivas del Pacto por México han sido el combustible que está por incinerar y destruir lo que queda del tejido social. Las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas en Iguala los días 26 y 27 de septiembre, enardecieron a la sociedad nacional e internacional, por la incalificable brutalidad en contra de los jóvenes de Ayotzinapa y los habitantes de dicho municipio que junto con algunos de ellos fueron asesinados, e hizo visible que en México se enfrentan y colisionan, por una parte, una infinidad de sectores y actores sociales que pugnan por la defensa de sus derechos, que aspiran a construir una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos, a edificar una sociedad donde las mujeres y los hombres vivamos con dignidad y libres de violencia, una nación donde imperen la justicia, la equidad y la igualdad social y, por otra parte, gobiernos en todos los niveles que viven una práctica cotidiana de impunidad, de altos índices de corrupción. La incapacidad del Estado en su conjunto para brindar seguridad y justicia se exhibió como nunca antes había sucedido, revestida en un manto de encubrimiento, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
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Como en todo el país, la injusticia, la pobreza y la inseguridad se han acrecentado en Guerrero, como revela el estudio intitulado: “Medición de la Pobreza en México 2014”, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), según el cual nuestro estado ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor índice de pobreza nacional. Así también, en nuestra entidad se encuentra la tercera ciudad más violenta del mundo, como lo da a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Ante tal panorama, Movimiento Ciudadano propone a la ciudadanía promover y garantizar la participación activa de la población en la construcción de la vida democrática y de un país más justo y solidario. Para transformar y darle otro rumbo a Guerrero es primordial que el Congreso del Estado asuma su responsabilidad como representante, ejecutor y garante de la soberanía popular, generando los cambios legales e institucionales que requieren y exigen nuestra sociedad y nuestro estado. El Poder Legislativo de Guerrero debe poner fin a la morosidad, la ineficiencia y el descrédito social. Para ello, es fundamental contar con una agenda de trabajo legislativo que siente las bases para una transformación política de fondo, que modernice nuestro marco constitucional y legal a fin de consolidar instituciones dignas de un estado como Guerrero. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que para lograr esta transformación necesitamos sacudir y reactivar la vida pública y sumar voluntades, por ello planteamos la presente agenda legislativa que recoge las aportaciones y las exigencias más sensibles de la sociedad. El fortalecimiento y el impulso a la participación de la sociedad son una oportunidad para dirimir conflictos específicos por la vía legal y pacífica, para encontrar soluciones comunes y para hacer confluir las voluntades dispersas en una sola acción compartida en beneficio de nuestra sociedad. Las democracias modernas se fortalecen con la libertad de asociación de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, con la libre expresión de pensamiento, programas e idearios, con procesos electorales limpios que garanticen la libre y efectiva selección de quienes habrán de servirles.
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En Movimiento Ciudadano luchamos por construir puentes de comprensión y entendimiento con cada uno de los sectores de la sociedad; Movimiento Ciudadano es un espacio abierto, donde todas y todos los ciudadanos encuentran un sentido de identidad, un instrumento para servir y una manera de contribuir al bien común. El sistema representativo tradicional se ha venido agotando al ser insuficiente para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y ciudadanos; muchos sectores han quedado fuera del derecho a la representación política. Todavía existen fuertes déficits de representación en el caso de las mujeres, los jóvenes y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo, existe un gran distanciamiento entre gobernantes y gobernados; el poder público se ejerce sin un real, efectivo y veraz control ciudadano y la democracia se ha convertido en un mero ejercicio del voto, y no en el sistema de gobierno en el que las decisiones sean tomadas por el pueblo, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural que consagra nuestra Carta Magna. Los procedimientos de control ciudadano con que se cuenta en la actualidad −como el juicio político, el juicio de procedencia y el juicio de amparo− han demostrado su ineficacia para dar por terminado el mandato que el pueblo le ha conferido a los representantes populares que no cumplen con sus obligaciones; a los servidores públicos que incurren en hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos; o simplemente para proteger al ciudadano ante los abusos del poder. Si bien el artículo 39 de la Constitución Política de la República establece claramente –y lo refrenda el artículo 1º de la Constitución del estado− que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y en el artículo 115 se establece que las legislaturas locales “podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros”, la realidad es que a casi cien años de promulgada la Constitución que nos rige, no hay, no existen procedimientos claramente establecidos y efectivos ni para dar por terminado el mandato de funcionarios o representantes populares que incumplen con sus deberes constitucionales, ni para ejercer “el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
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De ahí que sea un imperativo democrático inaplazable el establecer procedimientos efectivos para hacer posible la suspensión o revocación del mandato tanto de los integrantes de los poderes públicos como de los Ayuntamientos y los órganos autónomos del estado. La revocación del mandato, deviene así en un elemento fundamental para fortalecer la democracia, la rendición de cuentas y el control ciudadano sobre el actuar del gobierno y es una figura que se hace necesaria e impostergable y serviría para fortalecer el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, pues se obligaría a los funcionarios públicos a rendir cuentas de manera transparente sobre la eficiencia y eficacia en el desempeño de sus cargos. Es imprescindible que el proceso democrático y el ejercicio del gobierno cumplan con ciertos imperativos éticos, poniendo límites al ejercicio discrecional y los abusos de poder en los cargos públicos, para que las instituciones públicas estén obligadas a ver al ciudadano como actor fundamental de la vida democrática y su razón de ser. Nos pronunciamos a favor de llevar a cabo la reforma integral del marco legal de nuestro estado, como lo mandata la nueva Constitución del Estado, porque estamos convencidos de que con ello se da respuesta a la sentida demanda ciudadana de erradicar y sancionar la continua violación e inobservancia de las leyes, que durante muchos años ha venido favoreciendo a la impunidad imperante en México. Ponemos en el centro de nuestras preocupaciones las necesidades y prioridades de cada uno de los sectores vulnerables de nuestra sociedad, con el firme compromiso de elevar su calidad de vida y garantizar sus derechos sociales. Entendemos como derechos sociales aquellos que el Estado debe reconocer y satisfacer a partir del contexto social, aquellos que surgiendo de las necesidades actuales son el derrotero a través del cual la sociedad acrecienta y logra un desarrollo humano optimo, una calidad de vida digna. Empero debemos considerar que el compromiso del Estado de promover y proteger los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, como salud, vivienda, alimentación, medio ambiente, agua, identidad, cultura, deporte, entre otros igual de importantes, implica también priorizar la asignación de recursos y la aplicación de estrategias que permitan abatir en la mayor proporción y en el menor tiempo posible la desigualdad y la exclusión social.
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Tomando en cuenta que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, el fin primordial del Estado debe ser el logro del bienestar social, refiriéndonos a la salud física y mental, la tranquilidad emocional, el sentido de pertenencia a la comunidad, la vida digna y el derecho a elegir libremente nuestras opciones de vida. Es la serenidad, la libertad de selección y acción. Es una ocupación segura, viable y segura en cuanto a las fuentes de ingreso, y en cuanto a la obtención de alimentos. Ante la situación actual que vive nuestro estado, es menester recuperar y preservar la paz y la concordia social, para lo cual es indispensable reconstruir el tejido social y evitar que los jóvenes continúen sumándose a las filas del crimen organizado mediante el fortalecimiento educativo y laboral a la par de implementar estrategias y acciones para recuperar espacios públicos y fomentar la práctica de las diversas manifestaciones de la cultura, la recreación, el deporte y la sana convivencia, factores todos ellos de cohesión social. En el binomio Gobierno y Sociedad la estabilidad social resulta de la capacidad de ambos para dirimir los conflictos mediante los intereses de cada individuo o grupo. Un régimen tiene estabilidad política cuando su permanencia no se encuentra amenazada por las carencias económicas, por la desigualdad y marginación social ni por los altos índices de inseguridad pública, violencia institucional e impunidad gubernamental. También es harto visible la necesidad de contar con procesos de identificación y conciliación de conflictos entre los objetivos del desarrollo y las limitaciones de la naturaleza; es decir los procesos de ajuste y transformación de los sistemas sociales para la preservación, defensa y mejoramiento de los recursos naturales, a fin de posibilitar su disponibilidad a las futuras generaciones, de eso se trata el desarrollo sustentable. Al mismo tiempo temas tan álgidos como la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la trata de personas, cobran atención especial por lo que estaremos legislando a fin de tipificarlos adecuadamente en el Código Penal del Estado, estableciendo penas equivalentes a la gravedad de dichos delitos, estableciendo la obligatoriedad de la intervención inmediata y oportuna de los órganos encargados de procurar e impartir justicia hasta llegar a las últimas consecuencias.
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Así también en materia de seguridad pública, y debido a la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas municipales, proponemos solucionar este grave problema con el reconocimiento constitucional de casos de excepción en materia de seguridad local y la consecuente aceptación e incorporación de los sistemas de seguridad y justicia comunitaria y ciudadana, que lejos de perjudicar la gobernabilidad del estado y del país, contribuyen a afrontar el gran flagelo que es la delincuencia organizada y el combate a la corrupción y la impunidad. En Movimiento Ciudadano, estamos comprometidos con las y los guerrerenses, por lo que estableceremos los cimientos de un Guerrero libre y democrático en el que todas y todos participemos para lograr la estabilidad y paz social. En consecuencia con lo anterior, la Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la LXI Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, propone a la sociedad guerrerense la siguiente:
AGENDA LEGISLATIVA DE MOVIMIENTO CIUDADANO Sobre los Sucesos de Iguala Dada la trascendencia nacional e internacional que ha adquirido la violación sistemática a los derechos humanos ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 por la desaparición forzada de 43 personas en un evento colectivo, y las nuevas implicaciones que se derivan del “Informe Ayotzinapa, investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, recientemente presentado por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), planteamos la urgente necesidad de reactivar la Comisión Especial para el Seguimiento del Caso Iguala, para que el Congreso del Estado de Guerrero contribuya a esclarecer hasta sus últimas consecuencias estos sucesos y a que la sociedad conozca toda la verdad sobre tan trágicos acontecimientos a fin de combatir la impunidad y coadyuvar a la obtención de justicia, verdad y reparación del daño a las víctimas. Para el efecto propondremos los ordenamientos siguientes:
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I.
Ley por la que se crea la Comisión de la Verdad para la investigación de los asesinatos, la desaparición forzada de 43 normalistas y las violaciones a los derechos humanos durante los sucesos ocurridos a partir del 26 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia, Guerrero, con coadyuvancia de la CNDH y de la CIDH;
II.
Decreto por medio del cual se declara el 26 de septiembre de cada año como día en contra de la desaparición forzada de personas en Guerrero, y se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, para que declare en el estado de Guerrero el día 26 de septiembre de cada año , como día de duelo con motivo de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia, Guerrero;
III.
Acuerdo Parlamentario por el que se nombra la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de la Investigación del Caso Iguala.
Reformas constitucionales pendientes El Honorable Congreso de la Unión ha realizado en los dos años varias reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales por mandato del propio ordenamiento constitucional deben incorporarse a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Movimiento Ciudadano propone que el congreso del Estado agilice la aprobación de las reformas constitucionales federales pendientes y las incorpore a la Constitución Política del Estado; las reformas pendientes son las siguientes: 1. Reforma constitucional federal en materia de transparencia, del 7 de junio de 2014; 2. Reforma constitucional federal en materia del derecho de toda persona a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, del 17 de junio de 2014; 3. Reforma constitucional federal garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones
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de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados y que en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales, del 22 de mayo de 2015. 4. Reforma constitucional federal en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, del 26 de mayo de 2015; 5. Reforma constitucional federal en materia de combate a la corrupción, del 27 de mayo de 2015;
Derechos Humanos Impulsaremos la legislación de un marco jurídico que garantice el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos en nuestro estado; revisando, actualizando y armonizando nuestros ordenamientos en la materia con las disposiciones nacionales más avanzadas y con los tratados internacionales de los que México sea parte. Para este efecto promoveremos, entre otros ordenamientos, los siguientes: I.
Ley Reglamentaria del Artículo 4 de la Constitución Política del Estado en Materia de Derechos Humanos; armonizándola con el Artículo 1º de la Constitución General de la República y los tratados internacionales en la materia, a fin de garantizar y hacer efectivo que todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y defender los derechos humanos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y máxima protección, así como a los de reparación integral del daño, justa indemnización y no repetición de los hechos.
II. Ley Reglamentaria del Artículo 1º de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Derechos Humanos, con similar propósito a la anterior y con fundamento en los artículos 61 fracción II y 65 fracción I de la Constitución Política del Estado, relativos a la atribución del Congreso local de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión y del derecho para iniciar leyes y decretos de que gozamos las y los legisladores guerrerenses. III. Asimismo, nos mantendremos atentos a la buena aplicación y en su caso
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revisaremos actualizaremos y armonizaremos, conforme al nuevo marco constitucional del estado, a la legislación nacional y con apego a estándares internacionales, los siguientes ordenamientos: Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, del 20 de marzo de 2015. Ley Número 439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero, del 28 de enero de 2014. Ley Número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Guerrero, del 26 de agosto de 2011. Ley Número 391 de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero, del 3 de agosto de 2010. Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero Número 569, del 14 de octubre de 2005. Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, del 17 de mayo de 2002. IV. Haremos un conjunto de propuestas legislativas para tipificar y sancionar en el Código Penal del Estado, de manera clara, precisa los delitos de tortura, trata de personas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, así como una ley especializada en delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, armonizando las leyes locales con los nuevos protocolos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio. V. Movimiento Ciudadano no consentirá ni avalará la tipificación de delitos que atenten contra la libertad de expresión de los guerrerenses, impongan límites a las libertades ciudadanas, ni que legitimen la criminalización de la protesta, los movimientos sociales o la violencia por parte del Estado. VI. Estaremos al pendiente de la implementación del procedimiento especial de derechos humanos, previsto en la nueva ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, conforme al cual la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, informa a la comisión legislativa de Derechos Humanos, la no aceptación o el incumplimiento u omisión injustificada de las recomendaciones emitidas por la
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CODEHUM por cualquier servidor público, para actuar en lo procedente. Asimismo, estaremos atentos al buen desempeño y puntual cumplimiento de las competencias y funciones que el Reglamento Interno le confiere a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado.
Justicia y Seguridad Pública Dado el grave déficit que en estas dos materias arrastra el estado de Guerrero, velaremos porque se cumpla totalmente en tiempo y forma con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y oral, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 y propondremos, además, los ordenamientos siguientes: I.
Iniciativa de Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado y los Municipios de Guerrero;
II.
Iniciativa de Ley de Conciliación y Mediación para el Estado y los Municipios de Guerrero;
III.
Iniciativa de Ley de Amnistía General y Plena para el Estado de Guerrero;
IV.
Iniciativa de Ley de Justicia Indígena y comunitaria para el Estado y los Municipios de Guerrero;
V.
Iniciativa de Ley del Registro de Antecedentes Penales en el Estado de Guerrero.
VI.
Asimismo, nos avocaremos a revisar, modernizar, actualizar y armonizar los siguientes ordenamientos, no obstante que algunos son de reciente promulgación, con el objeto de garantizar su apego y congruencia con la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio de 2008, y de brindar a las víctimas u ofendidos garantías plenas de acceso a la justicia y al efectivo derecho al esclarecimiento de los hechos; a la protección del inocente; a que el culpable no quede impune, y a que se reparen los daños causados por el delito:
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Ley Número 694 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero (6 de marzo de 2015)
Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, del 20 de febrero de 2015.
Código Nacional de Procedimientos Penales (5 de marzo de 2014 – 29 de diciembre de 2014)
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499 (01 de agosto de 2014)
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número 500 (01 de agosto de 2014)
Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (16 de febrero de 2007 – 01 de agosto de 2014).
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 129 (24 de mayo del 2000 – 01 de agosto de 2014).
Ley Número 478 de Justicia para Adolescentes del Estado de Guerrero (04 de julio de 2014)
Ley Número 480 de Sujetos Protegidos del Estado de Guerrero (4 de julio de 2014).
Ley Número 481 de Extinción de Dominio para el Estado de Guerrero (04 de julio de 2014)
Ley Número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero (6 de diciembre de 2011 – 29 de febrero de 2012).
Ley Número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero (02 de diciembre de 2011).
En materia de justicia Civil: Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 (2 de marzo de 1993 – 16 de enero de 2015).
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Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364 (26 de marzo de 1993 – 16 de abril de 2013). En materia de justicia administrativa: Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero, Número 215 (9 de marzo de 2004 – 16 de junio de 2009). Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Número 194 (9 de marzo de 2004 – 19 de junio de 2009).
Derechos de las Mujeres La emergencia social que viven las mujeres en gran parte del territorio mexicano, incluido nuestro estado, exige la definición de una agenda estatal de las mujeres que garantice el ejercicio de derechos y que posibilite la incorporación nuestra entidad al avance legislativo y de la política pública progresista, democrática y de izquierda, por lo que impulsaremos la revisión, adecuación y actualización del marco jurídico para eliminar cualquier indicio de desigualdad y discriminación contra las mujeres que subsista en la legislación de nuestro estado. No más desigualdad ni discriminación desde la ley. En consecuencia, Movimiento Ciudadano centrará su labor legislativa en lograr que las leyes en la materia estipulen y garanticen prioritariamente los siguientes derechos de las mujeres: 1) Acceso a la justicia 2) Justicia Económica 3) Derechos humanos de las mujeres 4) Educación y cultura 5) Vida libre de violencia 6) Salud integral de niñas, adolescentes y mujeres
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En Movimiento Ciudadano hemos sido y somos desde nuestra fundación, promotores indeclinables de la igualdad de géneros y de su derecho a una vida digna y libre de violencia y discriminación. Somos firmes convencidos de la necesidad de eliminar totalmente las brechas de desigualdad que todavía subsisten entre las mujeres y los hombres en todos los ámbitos de la vida económica, política, social, cultural y en las relaciones de pareja, las cuales repercuten negativamente sobre la formación de las nuevas generaciones, sobre las niñas, niños y adolescentes y no permiten que la sociedad pueda perseguir libremente y lograr el derecho a la felicidad. En congruencia con nuestras convicciones democráticas e igualitarias, Movimiento Ciudadano combatirá toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. A este efecto y con el propósito de poner un alto a la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la constante agresión al interés superior del menor, así como a la discriminación con motivo de la diversidad de preferencias sexuales, promoveremos las iniciativas siguientes: I.
Revisión y reforma del Código Civil del Estado de Guerrero, para eliminar toda discriminación de género;
II. Reforma al Código Civil del Estado, para que se reconozcan los matrimonios igualitarios. III. También nos proponemos, con la más amplia y permanente intervención de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad lésbico-gay y de toda la sociedad, revisar actualizar y armonizar con la legislación más avanzada en la materia y con la convencionalidad internacional de la que México es parte, las siguientes leyes y ordenamientos:
Ley Especial de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, de próxima publicación;
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Ley Número 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Guerrero (11 de enero de 2013).
Ley Número 494 para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres (28 de diciembre de 2010 – 25 de noviembre de 2011).
Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de Guerrero (8 de febrero de 2008 – 26 de noviembre de 2013).
Ley Número 375 para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero (20 de febrero de 2009).
Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero Número 280 (13 de abril de 1999 – 03 de diciembre de 2010).
Transparencia y Modernización del Poder Legislativo El Congreso del Estado requiere una cirugía mayor en materia de transparencia y acceso a la información y de modernización administrativa y de los procesos legislativos, para mejorar su desempeño y agilizar el acceso de la sociedad al conocimiento de la labor parlamentaria en todas sus facetas, incluyendo los aspectos financieros y presupuestales, incorporando para este efecto las más modernas tecnologías de información y comunicación. I.
II.
Promoveremos la pronta legislación y promulgación de una Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base en la reforma integral de la Constitución Política del Estado, publicadas el 29 de abril de 2014; en las atribuciones y formas de funcionamiento más modernas de los cuerpos legislativos a nivel nacional y en la plena congruencia de la labor legislativa con el actuar en beneficio del pueblo a que están obligados los integrantes de los tres poderes del estado y los tres órdenes de gobierno. También promoveremos que se implementen entre otras las siguientes medidas: Tablero Electrónico para el Registro de las Votaciones Legislativas; Sistema interactivo de trasmisión en tiempo real de las sesiones del Congreso
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a través de señales de televisión, radiofónicas y de internet, tanto dentro del Recinto Parlamentario como abierto a la sociedad; Creación de la Gaceta Parlamentaria electrónica, para que todas las promociones de iniciativas, decretos y acuerdos, órdenes del día, correspondencia, turno de iniciativas, actas de sesión, resumen de sesiones, desempeño de los legisladores, notificaciones a terceros, entre otros, y su proceso legislativo sean del conocimiento en tiempo real tanto de los legisladores como de la sociedad; Transparencia veraz y efectiva de los ingresos y el ejercicio del gasto del Poder Legislativo.
Participación Ciudadana y Buen Gobierno I.
Defenderemos el derecho a disentir, abogaremos por una democracia perfectamente participativa, porque creemos en la fuerza y vitalidad renovadora del empoderamiento ciudadano y en el necesario ejercicio republicano de las formas de democracia directa, ya que aún el actual sistema de democracia representativa y formal requiere de la más amplia participación de la ciudadanía, no sólo en la elección de los representantes a los cargos de elección, sino en todas las decisiones fundamentales sobre los asuntos públicos.
II.
Uno de los derechos inalienables de las y los ciudadanos es poder suspender o revocar el mandato de servidores públicos electos mediante votación directa o indirecta cuando estos incumplan con las obligaciones constitucionales y legales para los que fueron electos, así como exigir una efectiva y veraz rendición de cuentas a sus gobernantes, lo que va más allá de la transparencia, y que más bien es una exigencia de que éstos cumplan con sus obligaciones y responsabilidades en beneficio del pueblo.
III.
Para ello, promoveremos que se legisle y promulgue la ley secundaria en materia de revocación de mandatos, derecho político que se fundamenta en el principio de soberanía popular consagrado en la Constitución General de la República y que está plenamente reconocido por la Constitución Política del Estado, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a
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un gobernador, a un diputado o una diputada local, a un presidente municipal o a cualquier otro miembro de los ayuntamientos, del poder judicial o de los órganos autónomos del estado, que hayan sido electos mediante votación popular directa o indirecta, así como las siguientes iniciativas: IV.
Ley para la Revocación de Mandato para el Estado y los Municipios de Guerrero, reglamentaria de la fracción IX del Artículo 128 de la Constitución Política del Estado;
V.
Ley para la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado y los Municipios de Guerrero;
VI.
Ley de Integración Territorial del Estado de Guerrero, para crear la Región Sierra, como octava región económica-administrativa de la entidad.
Siguiendo esta dinámica, en materia de participación ciudadana y buen gobierno proponemos revisar, modernizar, actualizar y armonizar los siguientes ordenamientos: Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (30 de junio de 2014). Ley Número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, del 4 de julio de 2008. Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero (28 de febrero de 2012 – 21 de mayo de 2013). Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (15 de junio de 2010). Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero (26 de diciembre de 2008 – 25 de agosto de 2015). Todo ello, con el objeto de actualizar y armonizar el contenido de los ordenamientos electorales con las resoluciones tanto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto en materia de procedimientos electorales y candidaturas independientes como en cuanto a la representación política de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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VII.
Revisaremos, actualizaremos y armonizaremos la Ley de Participación Ciudadana del estado, para ponerla en consonancia con lo más avanzado de la legislación nacional en la materia y con los tratados internacionales de los que México sea parte, a fin de simplificar los procedimientos para hacer efectiva y autentica la participación ciudadana, así como los tres instrumentos fundamentales y vitales para la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, como lo son la ley de fiscalización y rendición de cuentas; la de transparencia y acceso a la información pública, y la de planeación que establece y regula el sistema estatal y los municipales de planeación democrática con participación popular.
VIII.
También revisaremos, actualizaremos y armonizaremos la Ley de Participación Ciudadana del estado, para ponerla en consonancia con lo más avanzado de la legislación nacional en la materia y con los tratados internacionales de los que México sea parte, a fin de simplificar los procedimientos para hacer efectiva y autentica la participación ciudadana.
IX.
Así como los tres instrumentos fundamentales y vitales para la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos, como lo son la ley de fiscalización y rendición de cuentas; la de transparencia y acceso a la información pública, y la de planeación que establece y regula el sistema estatal y los municipales de planeación democrática con participación popular.
Fomento y Desarrollo Económico Sociedad y gobierno deben colaborar para mitigar la escasez económica, el desempleo y la polarización social, que propician la violencia, el conflicto social y el enfrentamiento político destructivo, de manera tal que los problemas se mantengan dentro de márgenes de gobernabilidad lo suficientemente amplios como para encontrarles salidas conjuntas y pacíficas. La privilegiada ubicación geográfica de nuestro estado, nos hace poseedores de una inmensa riqueza natural y cultural expresada en la amplia biodiversidad que poseemos y un vasto mosaico cultural y pluriétnico, que en conjunto constituyen nuestras principales y mayores ventajas competitivas y comparativas.
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Para potenciar el mejor aprovechamiento de estas ventajas, de nuestros recursos naturales y de las capacidades productivas de las y los guerrerenses, así como aminorar las vulnerabilidades económicas de Guerrero, proponemos que el Congreso del Estado haga suyas e impulse las siguientes obras y acciones: I.
Promover que se concrete la inversión en infraestructura y desarrollo económico prevista en el Plan Nuevo Guerrero, en cuya presentación el presidente Peña Nieto anunció proyectos tan importantes como el desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas; obras carreteras como la autopista Intercostera que conecte desde Michoacán hasta Chiapas, la autopista Puebla- Tlapa-Marquelia y el camino Filo Mayor en la Sierra de Guerrero; la ampliación de la red de fibra óptica y los puntos de acceso digital gratuitos en escuelas, hospitales, ayuntamientos y en otros sitios públicos; la rehabilitación y construcción de nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Zihuatanejo; destinar recursos para cultivos y especies no asegurados, así como para la inversión en infraestructura y equipamiento del campo; y la promoción de proyectos productivos para desplegar las capacidades y habilidades de los guerrerenses en actividades como el turismo, comercio, agricultura y manufacturas, entre otros.
II.
Consolidar la integración de la Alianza Estratégica para el Desarrollo Sustentable de la Región Pacífico Sur (ADESUR), primer consorcio de investigación y desarrollo tecnológico de Centros CONACyT en el estado de Guerrero, que tiene como eje el desarrollo de proyectos en ciencia, tecnología e innovación social y ambientalmente viables relacionados con la sustentabilidad alimentaria de los estados del Pacífico Sur, particularmente de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; cuya sede se empezó a construir recién el pasado 14 de septiembre en Acapulco.
III. Impulsar proyectos estratégicos de desarrollo regional en el estado de Guerrero, como el de industrialización del Cocotero, para obtener una serie de nuevos productos derivados de este fruto. Para ello es necesario impulsar un fuerte programa de renovación de las plantaciones de coco para incrementar la producción y tener la materia prima suficiente para su manufactura. IV. Apoyar y estimular la agroindustrialización y mejora de calidad, presentación y comercialización de productos tan significativos y de gran potencial para la
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economía estatal como mango, café, mezcal, aguacate, jamaica, limón, plátano, yaca, stevia y jengibre, entre otros. V.
Impulsar en la Región de Tierra Caliente una serie de cultivos alternativos rentables que permitan utilizar mejor la superficie agrícola y aprovechar la capacidad de riego de la región.
VI. Promover en la Montaña y en la Costa Chica del estado cultivos con rentabilidad económica, así como proyectos de reforestación sustentable y restauración de suelos, que propicien la rehabilitación ecológica y potencien la capacidad productiva de estas dos regiones. VII. Darle un fuerte impulso al Parque Industrial del Ocotito, a fin de que se convierta en atractivo para inversionistas nacionales e internacionales. VIII. Impulsar procesos de financiamiento a las distintas empresas del estado de Guerrero, retomando la experiencia de diversas instituciones públicas. Al respecto promoveremos las iniciativas siguientes: I.
Ley de Fomento y Desarrollo Agroindustrial del Estado de Guerrero;
II. Ley de Fomento y Desarrollo del Turismo Social y Comunitario para el Estado y los Municipios de Guerrero. III. Ley que Crea el Consejo de Educación para la Vida y el Trabajo del Estado de Guerrero; con el propósito de promover, concertar y fortalecer la educación permanente para la vida y el trabajo, así como coordinar y armonizar las políticas y actividades de las instituciones públicas relacionadas con la educación no escolarizada y con la capacitación para el trabajo de los jóvenes y adultos en el estado.
Desarrollo Social En materia de política social, nuestras prioridades legislativas se encuentran dirigidas hacia los sectores más vulnerables a fin de que puedan acceder a mejores condiciones de vida, garantizando sus derechos a través de un marco jurídico apropiado e implementando mecanismos que sienten las bases para una paz social duradera, a partir de armonizar la
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legislación nacional con la local de acuerdo al contexto y necesidades la población guerrerense cada reforma ira espoleada con el enfoque de derechos humanos. La atención a los grupos vulnerables y el combate a la pobreza es una de las prioridades fundamentales de Movimiento Ciudadano, en particular lo relacionado con la educación y la salud de la población, lo que consideramos fundamental para el desarrollo social y humano, así como lo relativo a la atención y protección de las personas adultas mayores. Cuánto más participación haya de la sociedad, mejor será la definición de prioridades y el control de su ejecución. Así una nueva política social debe buscar mejorar la equidad, la eficiencia social y la competitividad sistémica. La cultura y la protección del patrimonio cultural, natural y mixto del estado, son vitales para el fortalecimiento del desarrollo social y humano de los guerrerenses, por lo que atendiendo a esta prioridad humana presentaremos la siguiente iniciativa: I.
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural, Natural y Mixto del Estado y los Municipios de Guerrero
II. Asimismo, proponemos actualizar y armonizar la siguiente legislación:
Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero (04 de diciembre de 2012 – 08 de julio de 2014).
Ley Núm. 102, para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero (6 de enero de 2004 – 05 de abril de 2011).
Ley Número 375, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Guerrero. (16 de noviembre de 2004 – 18 de septiembre de 2012).
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A t en t a m e n t e Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre de 2015
La Fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano
Dip. Ricardo Mejía Berdeja
Dip. Magdalena Camacho Díaz
Dip. Silvano Blanco Deaquino
Esta hoja de firmas corresponde a la Agenda legislativa de Movimiento Ciudadano, presentada el 29 de septiembre de 2015.
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