La Constitución de la Ciudad de México y la Ciudad democrática

La Constitución de la Ciudad de México y la ciudadanía democrática (Veinte notas) El régimen priista ha expropiado la reforma política de la Ciudad de México Juan Pablo Jardón

“... Al llegar a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recebirle, tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general alegría y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la ínsula Barataria”.

Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, II, capítulo XLV,

“De cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar”.

Uno: El debilitamiento de la unidad de la izquierda gobernante de la urbe, luego del proceso que se fermentó durante un largo periodo desde el interior del PRD y dio origen a Morena y a las más recientes escisiones, catalizado en buena medida por las diferencias de intereses y posiciones en torno al modo de gobernar la Ciudad de México, además de los eventos acontecidos en otros estados y municipios del país, es la desastrosa culminación del ciclo unitario que inició a partir de que el Partido Comunista Mexicano tomó la iniciativa de poner a disposición del conjunto de grupos que conformaban la izquierda de finales de los años setenta todos sus recursos, experiencia, militancia, registro electoral e infraestructura, con la intención de construir un potente partido democrático y revolucionario de masas, que rompiera con la dinámica marginal y el ciclo perpetuo de represión; fueron muchos los éxitos, los avances democráticos al lado de sindicalistas, colonos, estudiantes, campesinos, feministas, minorías sexuales, etc., proliferaron entonces las batallas ganadas contra un régimen hermético, autoritario e intocable; sin embargo, luego de que existieran el PSUM y el PMS, hasta llegar al PRD, como resultado de la tolerancia en función de la necesidad de ampliar los cauces democráticos, los descalabros políticos son innegables y la fractura definitiva.

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La ruptura ha creado una dilatada brecha por la que marchan impunemente, a paso triunfal, las fuerzas que presionan para implantar los intereses de la casta oligárquica y la élite política, las que se han apoderado del núcleo del Estado y, ahora que la capacidad de iniciativa les pertenece sin que exista el contrapeso suficiente para atajar esa brutal arremetida contra los pobladores de la Ciudad de México, se benefician de la coyuntura para extender su hegemonía e intentar plantarse de forma definitiva sobre una ciudadanía que los ha reprobado insistentemente, armados con su apego por el lucro, la mentira y el despotismo, para inocular su insidia en la redacción de una Constitución que integrará a la población de la Ciudad de México a la estrategia neoliberal, expresada en los objetivos de las reformas estructurales del peñismo y la aceleración de la infiltración de los intereses del gran capital en el gobierno de la Ciudad.

El desmoronamiento de la unidad de la izquierda ha significado la mejor oportunidad para el avance de la derecha política y la oligarquía, derrumbe que ha ocurrido en el peor momento de las crisis y frente a la más agresiva infiltración de los poderes fácticos y el imperialismo en el Estado; luego de éste revés la correlación de fuerzas favorece la aplicación profunda de la alternativa burguesa para prolongar su supremacía, representada políticamente por el brazo electoral del régimen, el PRI, ocasión de la que se han colgado el gobierno mancerista y el PRD para cohabitar tangencialmente en la administración del control hegemónico de la Ciudad de México y aprovechar las circunstancias para mantenerse como partido gobernante; en los hechos, esa actitud impide el desarrollo y ascenso de las fuerzas democráticas, despreciando el bagaje aportado por las izquierdas con los que se había pertrechado el movimiento social; la ruptura de la izquierda se ha convertido así en encrucijada para el movimiento social y la ciudadanía democrática; por un lado la opción del régimen se dirige hacia el proyecto neoliberal burgués en marcha ascendente, con una propuesta que abarca algunas de las demandas históricas democráticas mixturadas con las de la derecha autoritaria y, por el otro, la coyuntura es propicia para que se genere la oposición y resistencia democrático-popular que reconstruya el movimiento por la profunda y plena democratización del conjunto de las relaciones sociales en la Ciudad, con un programa de largo aliento, clasista e integrado al proyecto de país.

Por ahora, el panorama es desolador: los conflictos previos entre partidos, organizaciones y personalidades de la izquierda, los agravios y rencillas, la competencia por la clientela y el voto, la rivalidad por los espacios en la administración pública, por los beneficios de los programas sociales y las gestiones que les permiten mantener una base social cautiva, etc., impedirán la generación de una amplia alianza de fuerzas capaz de amortiguar el impacto de las reformas estructurales; la reforma política de 2

la Ciudad de México pasará sobre de ellos con su demoledora carga de contenido antidemocrático.

Al igual que en el aspecto electoral, la ciudadanía se verá dividida; la forma en que está predispuesta la situación obligará a que las organizaciones ocurran al alineamiento con una u otra fuerza para hacerse visibles y poder postular sus propuestas; la confrontación entre ciudadanos enfilados en facciones diferentes promovidas por el interés, degradará la calidad democrática del proceso en su conjunto y, al final, serán un factor de deslegitimación del Constituyente.

Es necesario acotar que, en su momento, el impulso de la unidad orgánica de la izquierda mexicana fue una política correcta y acertada, que sirvió a las masas para lograr mejores condiciones democráticas, posiciones de avanzada en la lucha de clases; tras del abandono del espíritu solidario, cooperativo, respetuoso y plural que la motivó, y la adopción de los postulados y prácticas antidemocráticas, asimiladas del régimen priista y potenciadas por la concertación con sus propios vicios oportunistas y pragmáticos justificados en la ideología que se excusa en el acomodo político y la tendencia a aprovechar con fines prácticos las posibilidades existentes y las circunstancias, negando el pensamiento crítico, la acción democrática y la experiencia histórica, su resultado ha derivado en el fracaso.

En esas condiciones es que se juegan los destinos de la población del principal bastión de la izquierda.

Dos: Las luchas sociales que durante muchas décadas han servido para demostrar el repudio de los ciudadanos de la capital de la República al PRI, para acceder a mejores condiciones de vida y ascender al ejercicio de formas cada vez más participativas y dignas para relacionarse con el Estado, se ha constituido históricamente como un solo e inseparable proceso democrático que, luego de expropiarlo a las masas mediante la distorsión del proyecto político de la izquierda, ha sido capitalizado por el ala que resultó victoriosa en la contienda por la dirección nacional del PRD y por el grupo político de Mancera, que se hizo de la administración política del Distrito Federal siendo un agente ajeno a esas batallas, a sus principios y objetivos democráticos, los que han sido marginados de la agenda del gobierno de la Ciudad para ser sustituidos por un proyecto político que se contrapone con el signo de izquierda del que presume Mancera.

Ante el riesgo de perder el gobierno de la Ciudad, los perredistas y, particularmente la administración mancerista, han desatado una tenaz campaña para lograr la mayoría en la Asamblea Constituyente, apoyados en la maquinaria clientelar y la activación de programas sociales, en el engranaje gobierno-partido-organización social propio de una elección de 3

Estado, pese a que ya no cuentan con la anuencia ciudadana mayoritaria y, por el contrario, acumulan un rimero de agravios traducidos en desilusión social, debacle electoral y, lo más relevante, después de los episodios que los han avergonzado y escindido, han influido determinantemente en la separación de las masas de la acción política, condiciones que se han combinado con los instrumentos de recreación de la hegemonía burguesa como elementos de sustracción de la subjetividad popular, de una más perniciosa enajenación social, que le han servido al régimen político para ahondar la anomia y promover la desmovilización de los trabajadores, pueblos y comunidades, tanto las que se manifiestan en oposición a las políticas aplicadas por el gobierno local, en defensa de sus derechos democráticos y de la Ciudad, como las que se expresan públicamente en el centro vital de la federación, para demostrar el descontento social y desacuerdo con la línea entreguista, despótica, artera, falaz y marrullera que caracteriza al neoliberalismo mexicano peñista.

El mecanismo que conducirá a la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, surgido de la negociación entre el PRI, PAN y PRD dentro del marco de los acuerdos del Pacto por México, no da margen para que la actuación ciudadana pudiese influir en la profundización de los derechos democráticos y las libertades políticas; los términos en los que ha quedado estipulado el futuro de las relaciones del Estado con la ciudadanía –entidad federativa y no estado libre y soberano, autonomía en vez de soberanía, Asamblea Constituyente y no Congreso, imposición del 40% de los asambleístas y no elección directa del 100%, demarcaciones en vez de municipios libres, la permanencia de las vitales funciones del estado de educación y salud en manos del gobierno federal, etc.- representan menos que el mínimo de las demandas históricas de los actores sociales y, considerando que todas las variables políticas han sido acotadas y se han previsto las posibles interferencias en el proceso, es claro que el Constituyente no podrá arrojar un resultado favorable para fomentar y ejercer la plena ciudadanía democrática sino que, por el contrario, con ésta modificación de la superestructura jurídica se busca asentar una institucionalidad estatal acorde con los fundamentos del neoliberalismo, propulsor de la intervención del gran capital en las funciones del Estado y limitante del desarrollo democrático.

Educación y salud siguen en poder del gobierno federal por varios motivos, unos puramente estratégicos, como que son sustento fundamental para la hegemonía y para el régimen es indispensable mantener el rígido control sobre sus trabajadores, y otros particularmente alarmantes: de la primera se están aplicando apenas los primeros pasos de la reforma a nivel federal, con la aplicación forzosa de los exámenes de la evaluación educativa, destinados a desmantelar la resistencia magisterial, que en la Ciudad de México posee un potencial extraordinario por el 4

número y nivel político de sus miembros; además, el régimen ha cobrado conciencia del valor anímico y el peso político de una ciudadanía culta e instruida; un tercer factor lo constituye la tendencia a la privatización de los servicios educativos que permanecen bajo la responsabilidad del Estado, el vulgar negocio de la concesión a los particulares y la renuncia a ofrecer una educación de calidad, laica, gratuita y obligatoria, además de que el manejo presupuestal para educación está constituido por una bolsa jugosa para la administración federal, al igual que el de salud. En cuanto a éste tema, la reforma que viene en esa materia será desastrosa para todo el sistema de prevención, atención y tratamiento de las enfermedades con la fusión de las entidades de salud pública; en la Ciudad de México se concentra la mayor parte de los servicios especializados y de tercer nivel, el personal mejor capacitado del país y los equipos más sofisticados ¿Cómo pensar en dejarlos en manos del gobierno local?

La forma en que se han dado todas las reformas estructurales, el Pacto por México y ahora la imposición del 40% del Constituyente, demuestran que, luego del reacomodo de fuerzas que ha significado el retorno del PRI a la presidencia de la República, los miembros de la élite política y económica asociada de manera dependiente al capital financiero trasnacional, no quieren dejar cabos sueltos, que están cometiendo el crimen perfecto al modificar, con toda impunidad, la relación de la ciudadanía con el Estado para que, al entregar a los monopolios capitalistas, lícitos y delincuenciales, los recursos naturales de la nación, el control financiero y las facultades del Estado, sea prácticamente imposible para la sociedad organizarse nuevamente para reivindicar sus derechos. En términos de estrategia política, han llegado por todo y no cederán hasta alcanzarlo.

Tres: Con frecuencia abstraemos el debate y el análisis de lo local, lo electoral y el que concierne a sectores sociales específicos, en éste caso el relacionado a la reforma política de la Ciudad de México y al proceso de imposición-elección de los miembros de la Asamblea Constituyente que sucederá el próximo 5 de junio, del contexto general, alejándonos de lo que sucede en el conglomerado de las relaciones y contradicciones del resto del país y del mundo que, dada la asimilación del conjunto de actividades sociales al acelerado metabolismo global con el que el capitalismo ha logrado imponerse sobre las economías subalternas para digerir la ganancia, resulta complicado definir en su monstruosa dimensión, lo que nos da como resultado una visión parcial, temática, ingenuamente relativista, encajonada en la elucubración de lo inmediato, asumiendo el examen desde los parámetros que el Estado ha implantado como límites de la realidad, lo que interrumpe nuestra visión del todo y de largo plazo, arrojándonos al juego del pragmatismo bajo la lógica del poder, lo cual nos lleva, en el mejor de los casos, a realizar la acción política sin rebasar las reglas imperantes, involucrando al movimiento social y la acción política en 5

un servicio para la reproducción del régimen y, sin procurarlo, colocando trabas al desarrollo de una ciudadanía activa capaz de ofrecer resistencia a los actos de la casta económica dominante y de la élite gobernante, un movimiento incapacitado para construir poder popular, de manejarse de forma autónoma, auto-determinada, de generar los organismos precursores de la solidaridad y la cooperación comunitaria y sus órganos de educación política práctica, despojados del economicismo, el clientelismo y el corporativismo –es decir, del priismo como fenómeno cultural, instrumento de mediación y control hegemónico-, con el objeto de configurar el sujeto social indispensable para impulsar los cambios democráticos.

De ese modo nos distraemos, olvidamos o relegamos los objetivos estratégicos propios, confundimos de adversario al ubicarlo en el alcance de nuestra propia mirada, adoptamos sus opiniones y posturas, nos atenemos a sus ritmos y calendarios y nos liamos en consignas que, pese a la honestidad con la que las proclamamos, resultan vanas e ineficaces frente a la situación real. Pretendemos analizar la realidad en reuniones que recurren a la trampa de la “lluvia de ideas” sin inicio ni fin claros y acabamos con un chaparrón de alegatos dispersos; al ver lo mínimo nos extraviamos en la inmensidad, tal y como si la situación se particularizara a tal grado que las fuerzas que actúan en favor y en contra de la hegemonía, es decir la recreación de los mecanismos de dominación y las resistencias que se le oponen desde las luchas por la supervivencia, la identidad y la transformación social, se presentasen como hechos aislados, difusos e intangibles; como si en su seno se condensaran y entretejieran en un abigarramiento churrigueresco los elementos de una aberrante modernidad capitalista incomprensible, ineludible e invencible.

Cuatro: Uno de los vicios adquiridos por la izquierda, luego de la dispersión de los marxistas y del abandono del método, ha sido el del culto por lo inmediato; uno de los detonantes del pragmatismo es la lógica de la dinámica empresarial moderna, que impera también en la política, que exige resultados urgentes y de fácil asimilación; las ideas a las que obliga la competencia en el “mercado” electoral, bajo la necesidad de generar discursos para el rápido consumo, ha empobrecido la propuesta, la “oferta política”; acudimos a la política como a una tienda de comida rápida, fast food, a servirnos de contenidos filosóficos y argumentos procesados, edulcorados, light, apenas con la oportunidad de desempacarlos de su colorida envoltura y meterlos al robotizado cuerpo como quien abastece la maquinaria de combustible, sin el gozo al paladar por la degustación y la sobremesa colectiva: todo es para hoy y desechable, los principios, las alianzas, los objetivos; mañana serán otros y los consumidos ayer ya fueron evacuados y los depreciados saldos fueron reciclados o repudiados.

La maduración de los procesos sociales, la aventura de la lucha de clases, 6

las batallas de quienes nos precedieron, se ocultan en la vorágine de lo actual, engañándonos con la negación de la historia, el ocultamiento de la experiencia acumulada, que es despreciada como se desdeñan la teoría y su estudio. Atestiguamos una izquierda perredista de atajos, recovecos y regateos, fast left, ligera e insípida, ingrávida, digerible; una mercadería al gusto de todos y de nadie que se expende al por mayor.

No podría ser de otro modo: es necesario el olvido, la desmemoria que arrase con los fantasmas del desastre, con el peso de los errores, la constancia de la repetición de las prácticas corruptas y añejas consignas del priismo; del 27 de septiembre de 2014 en Iguala y la ausencia de nuestros 43 de Ayotzinapa; de Ebrard luego de su fallida administración que agudizó la crisis política en la Ciudad; de las reyertas entre las fracciones internas –“corrientes” se denominan a sí mismas para disimular con una dosis de pudor su verticalismo clientelar-, que se constituyeron en verdaderos partidos internos federados en el PRD del D.F. y nacional y pelearon por la repartición de las tajadas presupuestales, las curules y los puestos en la administración hasta destazarse, destruyendo también las aspiraciones de miles de luchadores sociales que colocaron en los cimientos de ese partido todo su caudal político; el manejo patrimonialista, familiar, dinástico, de los gobiernos delegacionales; la conclusión de la disputa por la dirección nacional con la escisión de Morena; las renuncias de Cuauhtémoc Cárdenas y de Alejandro Encinas, seguidas por el vaciamiento de las filas; la derrota electoral del 2015, etc., todo convoca a la amnesia revestida con despensas y tarjetas de redistribución asistencialista de la renta social, a la vuelta de página.

Cinco: Las consecuencias para la lucha ideológica y la acción libertaria son graves. En la primera no existen interlocutores organizados como un intelectual colectivo con la suficiencia para actualizar las propuestas políticas y llevarlas a la práctica; quienes lo intentan son menospreciados desde la encumbrada soberbia de los pragmáticos y posibilistas del PRD y la arbitraria actuación de la reacción disfrazada de tonos negroamarillentos comandada por Mancera íntimamente aliada al peñismo, que ha convocado a una supuesta consulta de sugerencias mediante el recurso ridículo de un buzón; por otro lado, Morena no ha logrado asimilarse a la historia de la izquierda y recoger su bagaje para responsabilizarse de la lucha democrática practicando la democracia en todas sus relaciones políticas y ligándose al movimiento social real sin pretender absorberlo, para que el ejercicio electoral y sus representaciones parlamentarias actúen efectivamente como su caja de resonancia, apoyándose en éste permanentemente y sometiéndose a su escrutinio crítico; cierra el cerco de la sordera la marginalidad purista de los mínimos dogmáticos pulverizados en grupos estériles que desprecian las luchas democráticas y esperan que, algún día, la revolución remedie todos los males del capitalismo; toda esa 7

izquierda está, en la práctica, unificada por su arrogancia en contra de la ciudadanía inerme. En la actividad cotidiana, la representación frente a las masas y los trabajadores, son más notorias las ausencias y el abandono que la presencia de propuestas para ofrecer una alternativa democrática y popular para resolver el complejo de crisis que se ceba sobre la población de la Ciudad de México.

Existe, en otro sector de la izquierda, particularmente en Morena, una visión extravagante de la correlación de fuerzas, del tamaño y potencia de su propia organización y del de las fuerzas democráticas frente al Estado autoritario que está imponiendo la reforma política de la Ciudad a modo y, por ende, un falseamiento de las tareas, que aún no consideran que, como paso fundamental, es necesario acordar una agenda común que nos permita sumar y acrecentar las fuerzas, pensar en aportar los elementos de cada cual en el diseño de una táctica que, aprovechando la coyuntura del debate por la Ciudad, reimpulse las luchas democráticas rebasando las acciones meramente electorales, que sirva para generar un movimiento plural de repudio a la imposición y abra las puertas para que éste sea el inicio y no la conclusión de una auténtica reforma política en favor de la vida, la habitabilidad y la dignidad ciudadana en México.

Una de las tareas primordiales será la de la recuperación de la ética política, de la práctica de la verdad en el que hacer común y cotidiano. El comportamiento político del régimen priista ha sido del todo deshonesto: la constante del gobierno de Peña Nieto han sido la mentira, el falseamiento de la realidad que pretende ocultar, sin éxito, su incapacidad para gobernar y resolver la angustiosa situación social, la podredumbre del régimen, su invalidez política e ilegitimidad de sus actos; todos los resultados le son adversos, su descrédito y el de su gabinete son mayúsculos. Se ha enlistado en esa caterva de embusteros Miguel Ángel Mancera, que nos ha querido engañar constantemente, desde que acudió como representante de los poderes fácticos, de los grandes empresarios de la construcción, de las inmobiliarias y las grandes cadenas comerciales a las que tanto favoreció Marcelo Ebrard, oculto en el ropaje de un perredismo escindido, incapaz de presentar un candidato propio, un cuadro ciudadano surgido de sus fragmentadas filas.

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Seis: Él, Mancera, travestido de promotor inmobiliario y de negocios de las constructoras, como el Corredor Cultural Chapultepec, los parquímetros, los establecimientos en los bajo puentes del Circuito Interior, de las ZODEs, de Autotraffic con sus “foto-multas”, el “rescate” del Frontón México con recursos públicos y en contra de los intereses de los trabajadores que se declararon en justa huelga hace más de dos décadas, y de la rueda de la fortuna en los terrenos del Bosque de Chapultepec, entre otros, acciones que se han acompañado con la expulsión y persecución indiscriminada de los vendedores de la vía pública, de los franeleros “viene-viene”, del desplazamiento de los hijos de la crisis, los irremediables lúmpenes y adictos desatendidos de las zonas remodeladas como quien barre la basura bajo la alfombra, él, Miguel Ángel Mancera, no representa las necesidades populares sino las de los consorcios privados, no puede personificar las demandas ciudadanas ni entender el significado del concepto de ciudadanía como una construcción social que no puede surgir desde el poder, sino del ejercicio cotidiano de las fuerzas sociales urbanas en la edificación de la casa común, de la restitución del tejido social desde la participación social activa y democrática; su conducta política en la Jefatura de Gobierno lo ha definido como un intermediario del capital opuesto a los reclamos populares, que ha defraudado a la historia y a los electores y, además, como un vulgar testaferro del PRI y del capital, un funcionario antidemocrático y falaz producto histórico de la aguda crisis política de la izquierda y del país.

Como muestra basta el proyecto presentado por Salomón Chertorivski Woldemberg, Secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Miguel Ángel Mancera, para la utilización de la zona del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, luego de que concluya la construcción del nuevo campo en los terrenos de Texcoco, que está encaminado a la edificación de una enorme puerta de acceso al gran capital trasnacional. Arguye que sacará de la pobreza a miles de capitalinos al generar fuentes de empleo, en tanto que la construcción de viviendas de interés social a cargo del INVI está prácticamente detenida por la falta de suelo accesible en precio, capital para la construcción e incapacidad para la recuperación de los créditos otorgados previamente, en buena medida debido a la agudización de la crisis económica, lo que ha paralizado a muchas de las organizaciones del Movimiento Urbano Popular, también en crisis y pulverizado en más de un millar de grupos en la Ciudad, la mayoría desmovilizados; La contradicción entre el apoyo con recursos públicos para la generación de infraestructura urbana que sirve al gran capital y la suspensión de la inversión en infraestructura destinada al consumo popular y aseguramiento de la movilidad social, se traduce como la negación de un derecho fundamental para miles de ciudadanos; es decir, se quiere 9

convertir a la Ciudad en una fuente de ganancia extraordinaria, haciendo que su suelo se integre como reserva de capital y su población como fuerza de trabajo barata y convirtiendo las relaciones sociales en mecanismos de realización de las mercancías, en tanto que se reduce la dotación de los satisfactores sociales permanentes a cargo del Estado, limitándose a la derrama de recursos en forma asistencialista para mantener los flujos económicos en el mínimo necesario, para impedir que el descontento rebase los límites de la hegemonía consensada e incentivar el consumo interno dentro de las fronteras virtuales de su interés políticoelectoral.

Progreso y desarrollo no son sinónimo de tecnología e inversión; el boato de las grandes obras faraónicas a cargo de la iniciativa privada no significa el mejoramiento de las condiciones de vida para la ciudadanía; tampoco se mejora la redistribución del ingreso con la entrega de concesiones a diestra y siniestra, por el contrario, se agudizan las condiciones de explotación y se encarece la vida en la Ciudad e incrementa la presión financiera sobre el suelo al aumentar la especulación; las tecnologías al servicio del capital solo son parte pasiva de ese capital, que se instrumentaliza para generar la plusvalía solo cuando intervienen los trabajadores para crear valor o participan desempeñando su papel de masas compradoras aptas para la realización mercantil, que no pueden provenir de otro lado que de los ciudadanos atrapados en las redes de consumo; esa cualidad de la Ciudad de México, que representa un mercado de más de 22 millones de habitantes de todo el Valle y las zonas conurbadas, el más grande de América y con el mayor flujo económico del país, que concentra amplios sectores sociales de ingresos superiores a los del resto de los estados, es el botín que se oculta tras de los proyectos de Mancera y que, seguramente, irán representados por sus 6 Asambleístas nominados al Constituyente, en asociación con otros impulsores del “libre mercado”, para que la Constitución considere que el “progreso” y “el desarrollo” queden a buen resguardo del capital financiero trasnacional, que es, a fin de cuentas, el punto de destino de toda la actividad especulativa y mercantil, para que los honorables ladrones, rentistas y usureros, sigan cogobernando.

Siete: Así como los mecanismos clientelares y corporativos de las organizaciones sociales típicas del priismo, y ahora del PRD, corresponden un tipo particular de institucionalidad gubernamental, es decir, a una perversión de la relación política entre la ciudadanía y el Estado específica del capitalismo mexicano, como producto de su desarrollo histórico, que prohíja líderes venales y hace que a través de ellos se filtre la inconformidad social, mientras coopta, desoye o persigue a los liderazgos democráticos, del mismo modo la relación corrupta del gobierno capitalino con la oligarquía, particularmente la inmobiliaria, del mercado de la 10

construcción y de los servicios, ha creado un lazo de dependencia política y económica mutua, que fortalece a los empresarios hasta constituirlos en un dispositivo indispensable para la maquinaria del poder y la reconfiguración cotidiana de la hegemonía; la actividad de ese poder de facto es, simultáneamente, causa y efecto de las modificaciones en el esquema político.

Ya colocados por el reformismo neoliberal como actores del juego entre las fuerzas que acuden a la participación dentro del Estado para obtener la ganancia, los poderes fácticos han desplazado al gobierno de las tareas regulatorias del Estado y ahora invade las tareas de la dotación de satisfactores, como la vivienda, el transporte público, el comercio de los insumos básicos o la dotación de vialidades, para apuntalar sus intereses sobre la relación con la ciudadanía, que es una vinculación enajenada, de poder y subordinación, de mando y obediencia, mediada por las instituciones y las leyes, en las que la ciudadanía se fragmenta según sus necesidades, demandas, posición económica o política, etc.; de éste modo que cambios en la normatividad jurídica representan la actualización del papel de las clases sociales en una sociedad determinada, descrito constitucionalmente según la perspectiva de la clase dominante y la situación de la correlación de fuerzas que en ese momento se manifiestan en la acción política. A una ciudadanía activa y organizada ha correspondido una legislación progresista que arranca posiciones a la derecha conservadora, en tanto que a una pasiva y dispersa, subsumida a la percepción burguesa y tradicional de la realidad, se le imponen leyes autoritarias, excluyentes, sectarias, racistas, machistas, etc.

En la misma lógica que adoptó el gobierno federal desde los años 80’s, que argumenta que la mejor opción para hacer eficientes de las empresas del Estado es su desprendimiento de la administración pública para ser entregadas al capital privado, por ser incosteables luego de haberlas quebrado, exprimido y saqueado con su corrupción, el gobierno de Mancera ha decidido continuar y extender la privatización de la función pública iniciada por Ebrard, cediendo una parte del mando de la Ciudad a los intereses de inmobiliarias, constructoras y empresas de realización mercantil y de servicios; la rápida intromisión del capital en el gobierno exige ahora la pronta readecuación normativa que garantice su permanencia inobjetable, para lo cual la democracia es un estorbo, puesto que la ciudadanía se convierte en un conjunto de consumidores individuales y el Estado en un proveedor de servicios concesionados. Para lograr que la infiltración empresarial y de los poderes fácticos sea aceptada por la ciudadanía, es indispensable que la justificación del gobierno oculte los verdaderos intereses de sus promotores, recurriendo al encubrimiento con falacias y a la anulación de los opositores.

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De ese modo, la ausencia de la ética política en los gobiernos federal y local es la constante. La ética se convierte así en una demanda política, en el centro del combate a los poderes fácticos corruptos y corruptores; en exigencia a los partidos, candidatos y militantes para que abandonen prácticas engañosas, para que renuncien a la política despensera que replica al priismo y anula la democracia, dañando la consciencia social.

Cualquier proyecto alternativo de Nación y de Ciudad requiere de la reivindicación de la ética, de la transparencia más allá del discurso y de la acción de frente a las masas, de la insistencia de la política como instrumento de generación de los consensos, despojándola de las deformaciones priistas tradicionales como la conspiración y la transa; la ética implica la reivindicación del ejercicio político ciudadano como alternativa cultural frente al uso de la imposición y de la fuerza; sin el componente básico de la ética política en plenitud la democracia y la ciudadanía democrática no serán.

Ocho: Será necesario, imprescindible, reestructurar nuestros conceptos y formas de organización, depurarnos del economicismo que ha derivado en clientelismo, reformismo y oportunismo de muchos líderes y ha corrompido a amplios sectores de las masas, que están dispuestas a la participación solo a cambio de beneficios inmediatos y tangibles, repitiendo de manera burda al priismo y reforzando las cadenas de dominación ideológica capitalista; el economicismo es la forma de pelear contra el poder para obtener beneficios sin cuestionar su naturaleza sino valiéndose de ella y perpetuándola. Más claramente: la gestión social a la que ha apelado una parte de la izquierda social durante los últimos años, que ahora forma parte de los partidos políticos del mismo signo, por sí misma, no es una tarea revolucionaria ni democrática, de hecho es una función burguesa mediatizadora de la lucha de clases, y solo podrá ayudar a superar las peores contradicciones del régimen cuando se funde sobre bases democráticas, ejerza la democracia y luche por la democracia; cuando coadyuve políticamente, como contingente de clase contra la clase en el poder, a la destrucción del anciano régimen burgués, lo que no sucederá como efecto del discurso radical y altisonante sino de la acción concreta, en la cual perderá su carácter economicista para remontar el de la lucha por la transformación de la sociedad.

A la ampliación de la presencia política autoritaria de los empresarios, grupos de poder y los agentes del capitalismo delincuencial en las altas esferas de los poderes públicos corresponderemos con una respuesta popular ampliando la presencia de las organizaciones sociales y políticas democráticas en la acción permanente, profundizando la unidad y fortaleciendo la pluralidad de expresiones; en ese sentido es en que la democracia debe manifestarse con más amplitud, con tolerancia hacia las diferencias entre las organizaciones sin abandonar la lucha ideológica, 12

estableciendo los puntos centrales de un programa democrático popular para resolver las crisis en curso y avanzar en la construcción de la ciudadanía democrática, de la entidad colectiva que pueda imponerse en el terreno político sobre el puñado de mercaderes de las demandas sociales.

La batalla ideológica es un componente importante de toda ésta confrontación; hasta ahora los argumentos de los gobiernos de Peña y de Mancera han sido pobres, puesto que carecen de los fundamentos para sostener un debate por la Ciudad y por el país; la batalla ideológica debe darse como una lucha contra-hegemónica, no solo contra los miembros y personeros de la casta oligárquica y la élite política sino, fundamentalmente, en el terreno de la lucha de masas, para desgarrar el velo que el poder ha impuesto sobre la consciencia social al haberla expropiado para su causa.

Nueve: Estarán sobre representadas en la Asamblea Constituyente las demandas actuales y tradicionales de la derecha política exigiendo la represión contra las manifestaciones sociales, las marchas, plantones y mítines, las expresiones en los muros con pintas y carteles, contra la presencia de brigadas repartidoras de volantes, las concentraciones en los accesos de los centros de trabajo, etc.. Están en riesgo los derechos democráticos de organización, publicación y manifestación; el gobierno de la Ciudad se ha adelantado ejerciendo prácticas que los limitan; la inmensa mayoría de las exteriorizaciones de descontento y repudio suceden en contra del gobierno federal, que prevé el incremento de esas demostraciones en función de la imposición de más reformas estructurales y la aplicación profunda de las ya existentes. La normalización de la represión y su centralización en las leyes de varios estados de la República y en la Ley de Seguridad Nacional es la constante: mando único sobre soberanía municipal, “ley bala” en Puebla, apertura a la intervención de las fuerzas armadas y la policía federal en asuntos políticos, etc., que en combinación con la criminalización de los movimientos sociales, la judicialización de la política y la inveterada corrupción de los mecanismos institucionales de justicia y policiacos, buscarán su afianzamiento en la Constitución de la Ciudad de México.

La apertura a la sobrerrepresentación del 40% de asambleístas constituyentes también es una inmejorable entrada para procurar la presencia de los promotores del activismo reaccionario, una concesión a la derecha más retrógrada para que, al legitimar la existencia de la Ciudad de México como entidad, legitime de paso la gestión de Peña y difiera sus escaramuzas con las otras fuerzas al interior del Estado; desaparecidos desde hace mucho los últimos vestigios del discurso del nacionalismo revolucionario ramplón que daba pretexto al régimen autoritario y diluida 13

la regulación del Estado sobre las actividades financieras, la derecha empresarial ligada a la crema y nata del conservadurismo activó, desde principios de la década de los 80’s, una afanosa campaña por la conquista ideológica de la sociedad, que también ha logrado un considerable avance de las posiciones clericalistas y tradicionalistas dentro del gobierno federal y del PRI, apoyadas por el gran capital, el PAN y la alta jerarquía eclesiástica, modificando, en la práctica, la institucionalidad laica para implantar posturas patriarcales, homofóbicas, supremacistas, racistas, etc., muchas de ellas ya materializadas en la institucionalidad del Estado y que, de prosperar en el Constituyente de la Ciudad de México, ponen en grave riesgo las reformas a las leyes locales logradas en materia de igualdad y equidad de género, el derecho a la libre determinación de las mujeres sobre su propio cuerpo, la capacidad de interrumpir legalmente el embarazo hasta antes de la doceava semana de gestación de manera gratuita y asistida por las instituciones de salud, el matrimonio igualitario, la adopción de menores para las parejas del mismo sexo, la promoción de las relaciones de pareja libres de violencia, la penalización del acoso sexual y otros avances logrados por sectores de la ciudadanía que han apelado la defensa de sus derechos democráticos y combatido por ellos durante generaciones.

Aunque se cumpliese el compromiso de Mancera y no se abrogaran las reformas ya logradas desde el ascenso de la izquierda al gobierno, en 1997, es evidente que los miembros de las fracciones de la derecha priista, verde, panalista y panista de la Asamblea Constituyente, además de los derechistas agazapados en el PRD pugnarán, utilizando todos los medios a su alcance, por colocar un valladar al mayor desarrollo, agrandamiento y perfeccionamiento de estos derechos.

Diez: Habrá temas en el debate constitucionalista que marcarán la línea divisoria entre las concepciones e intereses de los diversos partidos; las diferencias de las principales fuerzas del Constituyente, del PRI con el PRD serán evidentes en el debate de los derechos ya conquistados por la ciudadanía y que el PRD intentará preservar y reivindicar como si fuesen producto de su propio esfuerzo, como también serán manifiestos la negociación parlamentaria bajo la mesa y el intercambio de posiciones en otros ámbitos, utilizando como moneda de cambio la Constitución de la Ciudad de México para situarse favorablemente dentro del esquema electoral del 2018, tal como lo hicieron garantizando que el destacado actor del Pacto por México, Silvano Aureoles, accediera a la gubernatura de Michoacán para ofrecer una salida de continuidad al régimen, luego de la profunda crisis política que provocó la corrupción priista asociada al capital delincuencial de “La Familia” y los “Caballeros Templarios” y del levantamiento popular armado de las autodefensas, hoy tan severamente castigado por el gobierno.

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La mayor diferencia en el seno del Constituyente será la de Morena contra la coalición de facto que armarán los demás partidos representados en el constituyente; el ascenso de ese partido en la Ciudad significa el fracaso de todos los demás, del clientelismo electoral, herramienta insuficiente para revertir la participación ciudadana auto-determinada en el proceso electoral, es una crítica a la corrupción y mendacidad de los gobiernos del PRI y del PRD. La crisis política de la Ciudad y de los partidos políticos los ha arrojado a un pozo sin salida, situación que les demandan hacer causa común para impedir que a partir del 2018 los alcaldes de las demarcaciones, la diputación local y el próximo gobernante comiencen a desanudar el entuerto jurídico de la nueva Constitución, a continuar la lucha por la ampliación de los derechos democráticos para la ciudad de México y a echar abajo los compromisos ya pactados con los inversionistas y con el gobierno federal.

La lógica de la derecha, a la que se ha sumado el PRD, ya no es la de ganar, sino la de hacer que el otro pierda. La única fuerza política que contará con presencia en los debates, que puede apoyar sus propuestas en la movilización social y ciudadana es Morena, ahora fortalecida por su presencia en los gobiernos de cinco delegaciones y la mayor fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa del D.F., además de que, si es que está dispuesta a establecerlas en un plano de pluralidad y respeto, es la única que puede hacer alianzas con las organizaciones democráticas y populares, lo que solo podría ser neutralizado por la evidente sordera de los asambleístas constituyentes para desgastar al movimiento ciudadano y evitar que capitalizara para sí los beneficios políticos del Constituyente. De entrada, las facultades de las futuras demarcaciones, que es donde Morena ha adquirido más fuerza y puede potencializar su actuación, ha sido acotada al nivel que ahora mantienen las delegaciones, reforzando el centralismo en previsión de que Morena mantenga el ritmo de sus victorias.

El activismo de los diputados, dirigentes y miembros del PRD se ha acelerado, con despensas y gestiones, al tiempo que el gobierno de Mancera y de los delegados políticos de ese partido, han incrementado notoriamente el volumen de obras, entrega de recursos, operativos de seguridad, etc., para capturar la voluntad electoral; los resultados de la elección del 4 de junio para nominar a los 60 miembros elegibles del Constituyente serán determinantes para la elección del 2018. La batalla por la sucesión en el gobierno de la Ciudad se ha adelantado, combinada con la elección de 12 gobernadores éste año, además de la de ayuntamientos y diputados locales en Baja California Sur, de su desenlace dependerá el futuro de los partidos y del país. El PRI ya ha insertado su cuña en el Constituyente; el PRD no puede darse el lujo de volver a perder en este proceso.

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Once: Indudablemente la reforma ha sido concebida para evitar que Morena, el partido con el mayor porcentaje de votos en la Ciudad, pueda aspirar a incidir en la nueva Constitución; el derecho de veto para alguna propuesta de contenidos se lograría solo si el 33% de los asambleístas emitiera su voto en ese sentido y, para lograr el rango de ley, se requerirá del 66 % de los congresistas, 40% de los cuales, como sabemos, será definido sin la intervención de los ciudadanos: 6% por Peña, 6% por Mancera, 14 por la Cámara de diputados según la proporción de las fracciones parlamentarias y 14 por el senado, con la misma lógica –Morena, que no ha participado en ninguna elección federal general, carece de senadores-; si el porcentaje de la votación del 2015 se repitiera en las elecciones de junio, Morena obtendría 14 de las 100 curules y automáticamente quedará como minoría testimonial. A pesar de que la campaña les pudiese ayudar, llegar al 66% es imposible y tocar el 33% es prácticamente igual de inviable; tal y como está diseñada la distribución de los asambleístas, por el sistema de listas, es aún más inalcanzable su propósito.

El golpe antidemocrático dirigido contra el partido obradorista repercute con ondas expansivas en toda la ciudadanía; no ha habido modo de evadirlo. Sin embargo Morena se ve obligado a participar en el proceso, en primer lugar, porque es un órgano electoral, que se nutre de los votos y, en segundo, porque es un paso importante para posicionarse como primera fuerza de forma definitiva en la Ciudad de México para el 2018 y, desde ahí, comenzar a reformular la Constitución de la Ciudad, a pesar de los candados habidos y por haber, los que tienen que ser desmontados desde la lucha nacional. Hay que añadir que, de ser necesaria una convocatoria a la movilización ciudadana para detener el impacto de la arremetida neoliberal, será indispensable contar con las fuerzas de ese partido y que éste participe sin ánimos de acaballar a las demás expresiones democráticas, una necesidad que ha resultado incómoda para muchas organizaciones sociales que descalifican, por diversos motivos, al partido de López Obrador, que también tendrá que afinar la actitud de su dirección y de su militancia, profundizar la educación política seria, para que ésta acepte la pluralidad y la unidad de acción como requisito para constituirse como una verdadera organización democrática y representativa con perspectiva nacional.

En éste proceso es posible, para las organizaciones, grupos y corrientes democráticas, reconstruirse positivamente; es también una oportunidad dorada para redefinir las prioridades de la lucha y establecer tácticas efectivas que devuelvan al movimiento social, incluido en sindicalismo independiente, el Movimiento Urbano Popular, el estudiantil, el obradorismo, etc., el protagonismo en la lucha de clases. La desmovilización de las expresiones ciudadanas discordantes contra el 16

régimen priista, su debilitamiento, pulverización y antagonismo interno, han sido el paso previo para aplicar las reformas en todos los temas; véanse los casos del magisterio y el movimiento contra la reforma energética, que de antemano fueron denostados, reprimidos e infiltrados.

Esa anulación política de los posibles rivales en la contienda por la imposición de la reforma política de la Ciudad de México ha sido operada, en gran medida, desde las direcciones del PRD y del gobierno capitalino, depurando paulatinamente sus filas y obstaculizando la gestión social. La movilización por una legislación democrática y en contra de una imposición retardataria es una herramienta política de agitación y organización social que no se agota con la promulgación.

Doce: Es, por decirlo suavemente, absurdo pensar que la reforma política de la Ciudad de México, que está incluida como objetivo en el planteamiento estratégico neoliberal conocido como Pacto por México, es un fenómeno aislado del resto de las reformas estructurales impulsadas por el priismo y del plan general del capital para perpetuar y ampliar su control político; lo peor de todo es que ninguna de las reformas impuestas por Peña Nieto ha resultado en avances democráticos, por el contrario, todas ellas han desembocado, además de su estrepitoso fracaso, en la agudización de las contradicciones de clase, en la expropiación de los derechos democráticos, en protestas sociales acalladas a golpes por la policía. El producto primario de las modificaciones constitucionales de Peña es la represión.

No es exagerado afirmar que los efectos sociales de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México serán peores que la devastación material de los sismos de septiembre de 1985 si es que el proyecto continúa por el derrotero seguido por Mancera haciendo de comparsa de Peña Nieto. El desplazamiento de amplios contingentes de residentes de las zonas afectadas por las constructoras, como efecto de la gentrificación, el encarecimiento del suelo y de los pagos del predial y los servicios, la implantación de un modelo urbano basado en la realización de las mercancías y no en la creación del valor, la predominancia del valor de cambio sobre el valor de uso, la financiarización de la vida económica, etc., ampliarán la brecha social y, es previsible, ahondarán la crisis económica al establecer amplios polos sociales de bajos ingresos conjugados con otros de alto consumo más proclives a la especulación mercantil que a la satisfacción de la demanda popular, para los cuales no existe, en la Ciudad, el mercado suficientemente amplio, haciendo de lado la atención de la subsistencia de los sectores mayoritarios, la clase obrera y los estratos intermedios de la sociedad, ya agotados, depauperados y proletarizados por las sucesivas crisis económicas.

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De ahí que tengamos que reorientar nuestro debate hacia el de la integración de éste tema en el de la resistencia general en contra del universo estratégico del régimen, asumiendo que la resistencia local será insuficiente para revertir o incidir de algún modo en la reconfiguración del capital que está forzando a un mayor protagonismo de los gobiernos en su beneficio ante la aceleración de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, incrementada ahora no solo por la mecanización industrial sino por la deformación en la composición orgánica del capital mediante el crédito y la especulación, que busca la compensación en el aumento de la tasa de explotación y la succión del plusvalor. El factor común de las reformas estructurales, la educativa, laboral, energética, de telecomunicaciones, etc., así como lo que podemos esperar de la de la Ciudad de México, ha sido el entreguismo del Estado a los grandes monopolios, el despojo de los derechos de propiedad de los campesinos pobres, la negación de los derechos laborales, la supresión de las garantías básicas en amplios territorios entregados a la administración de las mineras y petroleras, etc.

Trece: No existe ninguna garantía de parte de los promotores de la reforma de que ese despotismo no sea aplicado en la Ciudad de México luego de la aprobación constitucional; de que, si una constructora requiere de los terrenos de cualquier colonia para edificar cualquier infraestructura, sus habitantes no sean desplazados; de que existan los mecanismos legales, que han sido mutilados en las otras enmiendas, para obligar al Estado a retroceder y proteger a los ciudadanos de la voracidad de los capitalistas. La lucha de los pobladores de las colonias y pueblos de los Pedregales de Coyoacán, Santo Domingo, Santa Úrsula, Ruiz Cortines, Ajusco y otros más, contra el proyecto de Ciudad Futura, con sus torres de 37 pisos, áreas exclusivas, alto consumo de agua e incremento en la demanda de servicios en lo que fuese la Planta de Asfalto, es una de las múltiples respuestas sociales de resistencia contra el neoliberalismo de Mancera, quien ha recurrido al oscuro formato de establecer asociaciones público-privadas –que en el nombre carga la contradicción-, usando a la promotora de inversiones creada por Ebrard, la ProCDMX, para permitir que los bienes al servicio y propiedad de toda la ciudadanía sean explotados por grupos empresariales privilegiados, en éste caso el de Simón Levy, a cambio de una mínima renta que no se asemeja al costo real que tendrían que pagar si el acuerdo fuese privado-privado.

Esa postura implica la asociación de las luchas locales y las nacionales, la formulación de una agenda común con todos los actores de las resistencias y el surgimiento de otras, el acuerdo de trascender de lo gremial y limitado territorialmente a lo político en un movimiento plural, que sea capaz de superar los calendarios y estrategias electorales para prolongarse en el movimiento constante, que pueda asimilar metódica y 18

autocríticamente las derrotas y victorias como experiencia de la que brote un nuevo aprendizaje, que privilegie las coincidencias y defina al enemigo común, que refuerce los diversos frentes de batalla, que actúe simultáneamente y en varios niveles de organización, etc. Esto no es nuevo, el llamado de alerta surgió desde la campaña electoral de Peña; sin embargo la distancia de las reformas estructurales de la cotidianidad de los ciudadanos de la capital del país y la apariencia de que ésta era una ínsula de progreso y tolerancia ajena a los vaivenes y caprichos del peor neoliberalismo, habían servido para posponer la resistencia.

Catorce: El grupo que conforma la Comisión Redactora de la Constitución de la Ciudad de México, integrado por 28 notables, no emitirá una propuesta vinculante ni obligatoria para ninguna de las partes; no será ésta la base de la discusión sino solo un guion que puede o no ser considerado para darle forma a la nueva Constitución, que en buena medida ya está pactada; en todo caso será únicamente una opinión surgida de su experiencia y subjetividad acerca de un contenido ideal. Tampoco las propuestas ciudadanas, excepto si son retomadas por alguno de los partidos políticos, asambleístas independientes o por Mancera, tendrán mayor peso. Será únicamente la propuesta del Jefe de Gobierno la que será tomada como sustento y la participación de los preclaros e insignes redactores será un argumento de legitimación del producto de la negociación que, según se aprecia, derivará en la consolidación del neoliberalismo de corte priista.

Sin embargo, la puntualización de las demandas ciudadanas y los derechos democráticos que deberán ser incluidos como elementos irrenunciables dentro del articulado constitucional es una tarea necesaria que debe ser cumplimentada por la mayor parte de los actores políticos democráticos de la sociedad que sea posible, que no puede ser delegada a ningún partido político, por más coincidencias que pudiese haber con alguno de ellos, puesto que la transversalidad de la actividad electoral y la necesidad de convertir a los ciudadanos activos en no más que electores cautivos ha limitado las expresiones ciudadanas autónomas hasta reducirlas, descalificando cualquier postura que rebase los límites de su membresía, lo que ha empobrecido la calidad de la vida política ciudadana; también será necesario precisar las objeciones a los postulados que legalicen la intervención del capital en la operación del gobierno, denunciar los acuerdos a oscuras y la intervención de los poderes fácticos.

De la claridad de su presentación, de la correcta exposición de motivos y descripción de los mecanismos institucionales responsables de la aplicación de la ley suprema de la Ciudad, surgirán las consignas de la movilización social en defensa de la Ciudad de México. Ésta será la base para elaborar el programa político que congregue en su entorno a una 19

amplia red de fuerzas sociales democráticas, que pueda prolongar la batalla más allá de los límites fijados por el pacto entre las principales fuerzas políticas y capitalizar éste golpe de mano contra la ciudadanía convirtiéndolo en un punto de referencia que dé continuidad a las luchas por la defensa y ampliación de los derechos y la extensión de la democracia hacia todos los aspectos de la existencia social.

Quince: La ciudadanía es una relación política, de los habitantes organizados de un territorio con el Estado. La modificación de una obedece al cambio del otro; la ciudadanía en un Estado autoritario está limitada por obligaciones y derechos desequilibrados, en los que la calidad de la vida democrática es ínfima, prácticamente inexistente, apenas sujeta a limitadas formas de elección esporádica de representantes populares y administradores públicos de entre las listas de los partidos registrados y la participación en las determinaciones relevantes es, de tan indirecta, irreconocible; sus términos son variables cualitativas; en un estado asolado por la presencia de los poderes fácticos del capitalismo delincuencial que ejerce las principales funciones gubernamentales y por gobiernos corruptos y arbitrarios, la ciudadanía se ve reducida a la mera supervivencia, incapacitada para ejercer las formas mínimas de organización social y regular algunas de las funciones de la vida comunitaria. Ya Aristóteles, en el siglo IV A.C., declaraba: “... a menudo se

discute sobre el ciudadano y en efecto no todos están de acuerdo en quién es ciudadano. El que es ciudadano en una democracia con frecuencia no es ciudadano en una oligarquía”.

Aun en condiciones adversas se dan formas de resistencia social que construyen ciudadanía democrática, como la organización de las policías comunitarias, pero esos fenómenos suceden en los casos en los que el tejido social se sostienen en la identidad y solidaridad de los pueblos, en el conocimiento personal y colaboración cotidiana, en tradiciones y estructuras sociales inexistentes en el ámbito urbano, en el que la convivencia está sujeta a las condiciones impuestas por el mercado, como en los condominios y unidades habitacionales que configuran una aglomeración pero no una colectividad; o las de la competencia, como el abordaje del transporte público, que al ser insuficiente lanza a los iguales pero desconocidos a la disputa del servicio y del espacio; peor sucede en la cuestión de la competencia por el empleo y la movilidad social o el de las organizaciones del comercio en vía pública, temas en los que el capitalismo urbano ha dividido a la ciudadanía, a las masas que comparten las mismas demandas y padecen idénticas necesidades, en bandos irreconciliables.

Dieciséis: La construcción de la ciudadanía democrática no sucede como una lucha que se abandere con sus propios valores, ni que recurra a alguna 20

forma de organización específica con el objetivo de estructurar una línea política ciudadana que reivindique a los sujetos, individuales o colectivos, como interlocutores válidos frente al Estado; tal como ha sucedido con la lucha feminista, de los pueblos originarios o de los solicitantes de vivienda, está configurada por una serie de batallas aparentemente inconexas pero que coinciden, todas ellas, en la reclamación de los derechos democráticos y las libertades políticas de quienes las libran.

El caso de las feministas es, quizá, el más ejemplar y emblemático: el protagonismo en las luchas por la dotación de vivienda digna para sus familias y los servicios para las colonias populares, en los sindicatos, por la igualdad y equidad de género, por un salario igual para un trabajo igual, por el derecho al ejercicio de su sexualidad, al placer, a la libertad de determinar sobre su propio cuerpo, por la paridad en la representación política, por derechos específicos como el de la interrupción legal del embarazo, etc., las ha hecho visibles como sujetos de derecho, con particularidades y diferencias que deben ser reconocidas por la Ley y las instituciones del Estado y por la sociedad, rompiendo con el paternalismo y supremacismo masculino tradicionalista y antidemocrático.

Similarmente la ciudadanía democrática se construye ejerciéndose en la solidaridad y la autodeterminación; los pueblos campesinos en su lucha por la tierra, por créditos e insumos, hacen ciudadanía con su movilización y ésta se torna democrática cuando los objetivos parten del consenso y no del interés particular del líder o del Estado y los beneficios se distribuyen equitativamente y sin mediación, ni pago de cuotas ni compromisos forzados de votos para ningún partido. El sistema de mediación de las demandas sociales bajo la intercesión del PRI, extendida como práctica hasta los gobiernos del PRD y del PAN, obtura la participación ciudadana, corrompe la vida política e impide la reproducción y florecimiento de la democracia participativa y consciente, debilitando al componente de la hegemonía basado en el consenso, que se logra entonces a través del engaño, la compra de votos, o la fuerza.

La formación de una ciudadanía activa y democrática y el tema del Constituyente están ligados profundamente: en tanto más democrática resulte la Constitución, la participación de la sociedad organizada, de la ciudadanía, será más directa y los instrumentos institucionales funcionarán como aparatos sociales de redistribución del ingreso, de consulta popular, de perfeccionamiento de la habitabilidad y del auténtico desarrollo social, etc., por lo tanto la relación con el Estado, la ciudadanía, madura y acrecienta su cultura política para expresarla en mejoras a la vida, la sustentabilidad y el futuro; pero mal comienza la tarea el gobierno cercenando el 40% de los asambleístas para prolongar el centralismo; 21

chantajeando con una única propuesta que, de no haberse aceptado por el PRD, le habría significado el fracaso de toda su aportación al proyecto de reforma del Estado; “lo tomas o lo dejas” fue la oferta del peñismo a un debilitado PRD, ansioso y confiado de mantener su plaza fuerte, la Ciudad de México.

Pero, a diferencia de lo que los patrones de la hegemonía pretenden y fuera de su cálculo, está subyacente la ciudadanía democrática en las masas de la Ciudad de México, larvada en las pequeñas y grandes resistencias cotidianas, en la civilidad y solidaridad, en la indignación contra el despotismo, en millones de actores sociales que han salido alguna vez en su vida a demostrar su inconformidad y exigir el respeto por sus derechos democráticos, a darle la mano a los vecinos damnificados por los desastres naturales, perseguidos por los desastres económicos o acosados por los desastres políticos; es una semilla que ha florecido y dado frutos en múltiples oportunidades. Ahora en reposo, el reflujo del movimiento social y la enajenación de la iniciativa la han llevado al relajamiento; pero si en algo hay que confiar es en que un chispazo certero la despertará para volverla a las calles con su grito, pero ésta vez, más experimentada. Habrá que ponernos al día, urgentemente, para que esto suceda más pronto y más fuerte.

Diecisiete : En la Ciudad de México ya existen segmentos de una ciudadanía que, cuando menos, es más avanzada, en términos de participación y democracia, que la del resto del país; el voto de castigo contra el PRI, desde 1988, ha sido una crítica constante de la corrupción del régimen federal y de su herramienta de acción electoral; la cultura de la población se basa en la memoria histórica de las luchas por la conquista del espacio vital, de la vivienda, los servicios, el agua, la energía, la vida misma; el grano cultural e ideológico sembrado por los comunistas, los movimientos obreros y estudiantiles, los brazos solidarios de 1985, todavía fructifica en la consciencia de millones; cada barrio, comunidad, unidad habitacional, colonia y pueblo contiene experiencias de resistencia, de movimiento popular que, aunque en muchos casos mediatizado por los partidos y liderazgos clientelares, abarca una amalgama de conocimientos, de saberes sociales, que configuran los cimientos de una cultura democrática y de una ideología escindida del priismo.

El paso de esa simiente hacia estructuras ciudadanas autónomas requiere de un profundo trabajo político orientado hacia la ampliación de los derechos democráticos y el respeto de las libertades políticas. La formación de ciudadanía activa implica la formación de la organización ciudadana, de estructurar la vida de la sociedad civil sin malabarismos electorales ni intermediarios entre las necesidades de las masas y el Estado. Es aun pobre la participación en la elección vecinal y el 22

presupuesto participativo, pero, en latencia, está ese espíritu ciudadano insumiso que ha llenado plazas y avenidas, que ha impedido que el PRI vuelva al centro neurálgico de la administración política.

Ante una reforma política imparable y el aplazamiento indefinido de la satisfacción de las demandas democráticas es en esa ciudadanía que debemos fundirnos, combatir el basismo y el vanguardismo con acciones concretas que refuercen a cada uno de los sectores sociales en lucha. Sirve más al objetivo electoral de un partido democrático, a la lucha por el futuro de la Ciudad y a las organizaciones arrinconadas en la defensiva, una ciudadanía organizada que un puñado de agotados organismos clientelares; más los liderazgos populares colectivos que el caudillo que acarrea a las masas condicionando los beneficios de la gestión y exige cuotas y prerrogativas.

Dieciocho: El determinismo que pregona que serán 100 años los que tendrá vigencia la Constitución se equivoca. Es lamentable haberlo escuchado de Morena como argumento propagandístico. La historia de la lucha de clases por la Ciudad es de larga data, pero nada permanece estático, lo sólido se desvanece en el aire; quien lo anuncia con ese pesimismo no ha entendido la historia. Es cierto que temporalmente hay un reflujo de las luchas sociales y que la burguesía ha logrado hacerse de la vanguardia de la sociedad en todos los términos; pero se derrotan anticipadamente y asumen las ideas del enemigo los que aseguran que los cambios sociales serán a largo plazo, si así fuese comenzaríamos a pelear dentro de 99 años y sería fácil la victoria de nuestros sucesores. No. Es ésta la coyuntura propicia para agitar, organizar y actuar; el día de hoy es nuestra responsabilidad y está dispuesto para tomarles el pie a los partidos cuando nos den la mano, haciendo que incluyan en su programa las demandas específicas de las masas, los trabajadores, los ciudadanos, etc., y que queden al desnudo la falacia y el oportunismo cuando se nieguen a ir más allá de la simple cosecha de votos; es la oportunidad para empezar a revertir la correlación de fuerzas y de modificar el proyecto nacional imperante, para que impulsemos una alternativa democrática y popular para resolver las crisis en curso; para arrancar con la expulsión del poder a los suplantadores camuflados de demócratas y construir ciudadanía.

Cambiar las condiciones cambiando nosotros mismos y cambiar nosotros para cambiar las condiciones es un principio dialéctico básico; la materialidad concreta, la realidad tangible y mesurable exige del análisis pero, sobre todo, de la acción organizada en un flujo superior en fuerza y opuesto en dirección al de la antidemocracia y la brutalidad inhumana del régimen; esto nos conduce a tener que reinventarnos en éste trance y en cada uno de los cambios de la existencia, no anquilosarnos en verdades absolutas, dogmas estrechos y veneraciones memorables; 23

propongámonos redescubrir el valor de la democracia y de la lucha por la democratización del conjunto de las relaciones sociales como una construcción política indispensable para la definición de los sujetos sociales que protagonizarán transformaciones más radicales de la sociedad.

Estamos obligados a actualizar el contenido de las demandas populares desde la perspectiva de la izquierda, arrebatarlas de la alienación economicista y del control ideológico burgués para revalorizar y visibilizar los derechos democráticos y las libertades políticas como paradigma central de la lucha en defensa de las masas y los trabajadores de la Ciudad de México y del país; es nuestro deber advertir de los riesgos del retroceso que anuncia la imposición, denunciar a los promotores del despotismo, oponerlos en las urnas, en la tribuna y en la votación; pero también a ir más allá, a ejercer la subjetividad, a poner en marcha la imaginación y exigir lo imposible, demandar que la totalidad de los derechos democráticos se cumplan en la totalidad de la ciudadanía, reclamar y luchar por lo que aún aroma a Utopía, en las calles, plazas y colonias; en las escuelas y universidades, aulas y cubículos; mercados y tianguis; para hacernos parte indispensable de la vida cotidiana, convirtiendo cada espacio en un frente, una trinchera y a cada uno en un militante por la lucha democrática.

Diecinueve: Los procesos históricos de cambio, las transformaciones en la estructura económica, requieren la readecuación de la estructura jurídicopolítica para actualizar el funcionamiento de los aparatos del Estado a las nuevas condiciones, es decir, para modular las relaciones del Estado con la sociedad con el objetivo de perpetuar y optimizar la marcha del núcleo económico de la sociedad. De ese modo es que los grandes movimientos sociales han producido las constituciones como síntesis del proyecto político de las fuerzas políticas victoriosas en la pugna por la hegemonía; no han sido las constituciones, las innovaciones súper-estructurales de la normatividad rebasada por la realidad de las nuevas relaciones de producción las que han generado los movimientos transformadores como una alternativa al sistema disfuncional y una solución a las crisis política y económica.

Así fue cuando se promulgaron las leyes de Reforma y la Carta Magna liberal de 1857; igualmente con la del 5 de febrero de 1917, como expresiones del proyecto por el que lucharon las fuerzas políticas armadas ganadoras de la contienda, no para legitimar una condición ya existente sino para arrojarla al basurero de la historia y orientar el rumbo por el que las relaciones sociales y de la ciudadanía con el Estado deberían haber prosperado, según la subjetividad de sus redactores que, a la vez, representaba a la de las masas participantes en el conflicto, pero también la situación y dinámica de las clases sociales, las relaciones de explotación 24

y las de la posición del país ante las demás naciones y el imperialismo, aspiraciones que pueden encontrarse en la definición de las facultades de cada uno de los poderes, las garantías irrenunciables de los ciudadanos y sus obligaciones, los derechos básicos y universales –educación, salud, trabajo, salario, propiedad, etc.-, etc., como un ideal, no como un hecho y, al final, como un programa político para reconfigurar la hegemonía.

Pero los ánimos reformistas parten ahora del otro extremo, de la derecha antidemocrática que no se basa en la simpatía y el sacrificio de las masas sino en contra de ellas, por lo que su actuación política no es abierta sino soterrada, conspirativa, adicta a la intriga y la confabulación. Más que reformas son contrarreformas lo que han promovido; no surgen ahora de las trincheras las aclamaciones por el triunfo de las ideas convertidas en norma máxima sino de las gerencias y consejos de dirección, de los monopolios trasnacionales y los sectores reaccionarios. Estas modificaciones no corresponden al proyecto de nación democrática y generosa por el que combatieron los ejércitos campesinos hace una centuria, sino al de la privatización de los recursos públicos, la entrega de los recursos naturales, a la devastación cultural, la depredación social mediante la succión de la plusvalía, la rapiña del patrimonio de los pueblos, la ruptura del tejido social y la reasignación de funciones al Estado para colocarlo como garante de la ganancia y freno de las demandas populares.

Las reformas estructurales y su necesario instrumento parlamentario, el Pacto por México, son la encarnación jurídica de la victoria de la oligarquía sobre las demás clases sociales, del imperialismo sobre la soberanía nacional, es la imposición del priismo –como fenómeno político particular del desarrollo histórico mexicano- como proyecto político nacional de largo plazo. Reforma no es sinónimo de progreso, sino simple readecuación de las normas a los intereses del grupo hegemónico; las que se han denominado por el gobierno peñista como estructurales representan el proyecto neoliberal oligárquico y pro-monopolista y se dan justo cuando el capitalismo mundial transita por la peor crisis de su existencia, cuando la multipolaridad aparece como un reto contra el imperialismo estadounidense y se estrechan los grilletes en torno a la economía nacional, absorbiendo al país en el polo .

Veinte: Centralismo y presidencialismo han sido los ejes inamovibles del modelo priista, replicado ahora en la propuesta de Constitución de la Ciudad de México; es el ejecutivo el que, en última instancia, determina el qué, quién y cómo de cada una de las situaciones políticas determinantes, del uso del presupuesto y de la aplicación del proyecto de quienes lo han establecido en el mando; es un poder que se erige sobre los demás, que determina al judicial y doblega al legislativo, que pasa sobre estados y

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municipios, que controla el 80% del presupuesto público; que fue la base del despotismo de todos los que han ocupado el cargo.

La lucha por la construcción de una ciudadanía democrática es también la de la batalla por el equilibrio de poderes, de su ciudadanización, de la ampliación de las facultades de los ciudadanos en la gestión, supervisión y sanción de los servidores públicos y representantes populares; de la creación y fortalecimiento de organismos de la sociedad civil, de asociaciones autónomas de ciudadanos que trabajen sobre las particularidades de su entorno en los diversos ámbitos, con capacidad y reconocimiento para ejercer las tareas de gestión en sus áreas de actividad –territorial, ambiental, de la sustentabilidad, de género, etc.-, aportando en la construcción del poder popular, de la comunidad, de la resistencia, de la consciencia social y trabajen por la reconfiguración de un proyecto democrático y popular para la Ciudad de México, con el sustento político de los ciudadanos –las masas de trabajadores, de la clase obrera, de los sectores agredidos y depauperados por las crisis- y apoyados en la movilización social y en la educación política fundada en la democracia.

20 de marzo de 2016

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