Hacia la Construcción de la Patria Grande, José Luis Alonso Vargas

Hacia la Construcción de la Patria Grande

José Luis Alonso Vargas

I. El diario estadounidense The Washington Post publicó un informe que indica que no hubo fraude en las elecciones de octubre Bolivia. «El periódico The Washington Post publicó las conclusiones de una investigación, que señala que no hubo fraude en las elecciones de octubre en Bolivia, es una evidencia más del monumental robo que (Carlos) Mesa, (Jeanine) Áñez, (Luis) Camacho y (Luis) Almagro, hicieron a todos los bolivianos», publicó el expresidente Evo Morales en la red social Twitter.

El artículo hace referencia a una investigación del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts de EEUU, que considera «altamente probable» que el expresidente Morales sobrepasara la diferencia del 10% de los sufragios que necesitaba sobre el segundo candidato más votado para evitar una segunda vuelta de los comicios. «No parece haber una diferencia estadísticamente significativa en el margen antes y después de la suspensión de la votación preliminar», afirma la nota firmada por John Curiel y Jack R. Williams.

La investigación de Williams y Curiel concluye que "no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar», tras la suspensión del conteo y señala además que «las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo a Morales después del alto [en el conteo] y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos; con todo, el análisis estadístico y las conclusiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) parecerían profundamente defectuosos».

Las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019 llevaron a que la oposición en Bolivia se movilizara en contra de Evo Morales, quien renunció por presión de las fuerzas armadas. Pese a lo afirmado por la OEA en su último informe, que contribuyó a las sospechas de fraude, el organismo «no cita

ninguna investigación previa» que demuestre las denuncias que formula, afirmó el WP.

La investigación, en cambio, no encuentra «ninguna evidencia de ninguna de estas anomalías», según mostró una figura estadística publicada por el periódico. «Encontramos una correlación de 0.946 entre el margen de Morales entre los resultados antes y después del corte en los distritos contabilizados antes y después del corte», señala el informe. Esto sugiere «que no hubo irregularidades significativas», sentenció el estudio. En respuesta a este informe, el gobierno de México dijo que pedirá a la OEA que «un tercero» compare el estudio del organismo sobre Bolivia y el del Instituto Tecnológico de Massachusetts. «Nuestra misión ante la OEA pedirá formalmente que un tercero realice una comparación de ambos estudios y dilucide las discrepancias entre ellos», dijo el portavoz de la cancillería.

«En relación al artículo de Jack R. Williams y John Curiel, del MIT Election Data and Science Lab, se trata de un análisis de dos especialistas de gran prestigio y que no podemos considerar tengan un interés político», indicó la cancillería mexicana.

II. El domingo 1 de marzo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ofreció su primer

discurso en el Congreso, donde dio a conocer los ejes que marcarán su agenda política anual. Remarcó los enormes retos que afronta su administración para este año 2020 y explicó que la lucha contra el hambre y la pobreza será una prioridad.

Anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto, junto con una iniciativa para dar asistencia por dos años a aquellas mujeres de bajos recursos que decidan dar a luz.

Se pronunció a favor de endurecer las políticas de seguridad para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico de manera efectiva. El mandatario sostuvo que para revertir el desastroso estado de la economía, «trazamos un programa integral y sustentable», y en cuanto a los temas políticos, afirmó que se ocuparán, antes que nada, de los que han sido olvidados.

III. El Congreso de Guatemala aprobó reformas al Código Penal para tratar a las pandillas como «grupos delictivos organizados» y no como «terroristas», como prometió el presidente Alejandro Giammattei en su discurso de toma de posesión. «La iniciativa propone tipificar como terrorismo el accionar de las pandillas. En el dictamen se sugiere una reforma al Artículo 2, en el cual definen a las pandillas como grupos delictivos organizados u organización criminal», publicó el Legislativo en su cuenta de la red social Twitter.

IV. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció, la manipulación de pruebas en su contra por parte de la Fiscalía, en el marco de las investigaciones del llamado «Caso Sobornos». El líder del Movimiento Revolución Ciudadana señaló en su cuenta en la red social Twitter que las pruebas en su contra, que supuestamente se habían obtenido de la computadora de Laura Terán, en realidad fueron hackeadas y adulteradas.

Correa resaltó que este fraude fue puesto en evidencia a través de una prueba pericial practicada al ordenador por la empresa colombiana Adalid, cuyos resultados fueron presentados a las autoridades judiciales ecuatorianas.

Esta pericia demostraría, no sólo la ilegalidad en la obtención de las pruebas, sino su adulteración para favorecer deliberadamente una condena contra Correa.

V. A partir de este miércoles, Chile emprenderá una nueva etapa política, con el inicio de la campaña electoral para el plebiscito que tendrá lugar el próximo 26 de abril y en el que se decidirá si se redacta una nueva Constitución que sustituya a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet o si se reforma la misma.

Un 69% de los chilenos votaría por la opción aprobatoria, mientras que un 14,5% se inclinaría por el rechazo, según la última encuesta Pulso Ciudadano de la empresa Activa Research.

Hasta el jueves 23 de abril las organizaciones sociales y fuerzas políticas podrán realizar propaganda electoral. Las movilizaciones activas en las calles también están permitidas.

El gobierno chileno y la oposición acordaron la realización del sufragio tras los reclamos populares durante las manifestaciones que vivió el país a finales de 2019.

En la convocatoria para el referendo, el presidente del país suramericano, Sebastián

Foto: CNN Chile.

Piñera, explicó desde el Palacio de La Moneda que “no es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas”.

Las exigencias de los manifestantes fueron muy claras y puntuales. Los chilenos protestaron contra el modelo neoliberal que impulsó la Constitución de 1980.

La salud, es otro de los servicios con los que no cuenta la mayoría de la población. La privatización de este sector mantiene unos costos muy altos.

Por su parte, la privatización de la educación universitaria deja a miles de jóvenes fuera del sistema académico cada año.

La penalización del aborto y el sistema privado de pensiones son también deudas sociales que la dictadura de Pinochet dejó a la población. El proceso refrendario, además, someterá a votación bajo qué mecanismo se reformará parcialmente o se redactará totalmente la Carta Magna chilena.

Entre las opciones, se encuentran la convención constitucional o convención mixta. En la convención constituyente, se plantea que los redactores de la propuesta constitucional serán electos por los ciudadanos.

En contraste, la convención mixta la conforman, en partes iguales, los actuales miembros del Congreso Nacional. Esta última ha causado polémica entre la población ya que continúa una fuerte crisis de legitimidad y confianza en los organismos estadales. Según la profesora de la Universidad de Concepción, abogada Paz Gallardo Olivos, “la legitimidad de la Carta Fundamental pasa principalmente por este aspecto, sólo reconociendo la diversidad de los individuos y grupos que componen un colectivo mayor es que podemos observar y construir una sociedad de derechos, dejando atrás aquella marcada por los privilegios”.