Aborto en Debate. Dilemas y desafíos del Uruguay democrático (2001-2004) by MYSU Publicaciones

Aborto en debate

Dilemas y desafíos del Uruguay democrático Proceso político y social 2001 – 2004

Coordinadoras: Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez

Autores: Jorge Barreiro І Germán Bidegain Ponte І Franco González І Daniel Jones

Constanza Moreira І Silvina Ramos І Mariana Romero І Lucía Selios І Silvina Weller

© 2007, MYSU. La reproducción parcial o total de este libro está permitida siempre y cuando se cite la fuente. Abracinskas, L.; López Gómez, A. (coord.) (2007) El aborto en debate. Dilemas y desafíos del Uruguay democrático. Proceso político y social 2001-2004. MYSU. Montevideo.

Salto 1267 Montevideo, Uruguay. Tel.: (5982) 410 39 81 / 410 46 19 mysu@mysu.org.uy www.mysu.org.uy

Con el apoyo de International Women´s Health Coalition.

Edición: MYSU Edición de texto: María Mutilva Diseño: Einat Wainberg - María Mutilva Impreso en: Prontográfica Depósito legal:

Se terminó de imprimir en Montevideo, octubre de 2007.

ÍNDICE Presentación

Desde la arena feminista hacia la escena política Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez

Contexto político y social del Uruguay de la crisis (2000-2004) Constanza Moreira

El debate parlamentario sobre la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva en Uruguay Daniel Jones

Fundamentos teóricos de los parlamentarios al legislar sobre aborto Germán Bidegain Ponte

La conformación de posturas en el Parlamento Franco González

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La opinión pública, la democracia representativa y el aborto Lucía Selios

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Actores sociales y debate ciudadano en torno a la campaña a favor de la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva Silvana Weller, Mariana Romero y Silvina Ramos

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El aborto en la agenda social: el involucramiento de la ciudadanía a favor del cambio legal Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez

187

La disidencia entre los creyentes Jorge Barreiro

207

Sobre los autores

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Anexo: reseña bibliográfica de la producción sobre aborto 1985-2006 Lic. Bibga. Marianela Falero

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Presentación Esta publicación aborda desde distintos ángulos y enfoques, el proceso sobre la despenalización del aborto que transitó Uruguay durante el período 2001-2004, a través del tratamiento parlamentario y social del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. En ella confluye el interés y compromiso de MYSU por sistematizar, dar visibilidad y registro histórico, a un proceso intenso y profundo de participación social y debate político, que fortaleció la agenda de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el país, más allá de sus resultados legislativos. En ella se conjugan las perspectivas de distintos investigadores, activistas y profesionales que han reflexionado y/o participado en ese proceso. En ella se registran las voces de algunos de sus principales protagonistas: parlamentarios, sindicalistas, feministas, activistas sociales, religiosos y académicos, en un esfuerzo por recuperar sus palabras, sus reflexiones y sus memorias sobre lo vivido. En ella se procura visibilizar el sentido de la acción feminista, sus estrategias y su visión teórica y política acerca de la despenalización del aborto, que ha contribuido a generar una batería argumentativa consistente acerca del derecho a decidir de las mujeres sobre su capacidad reproductiva. Además, las lecciones aprendidas podrán servir como referencia para otros procesos similares en países de la región. Para hacer posible este emprendimiento, se unieron las voluntades de distintas instituciones: International Women´s Health Coalition (IWHC, Estados Unidos), que fue y es un respaldo sostenido a la labor que desarrollan organizaciones que -como MYSU- promueven y defienden los derechos de las mujeres en distintos lugares del mundo; y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES, Argentina), que aportó de manera comprometida y rigurosa una mirada “externa”, sobre algunas dimensiones de este proceso. La publicación se inicia con una síntesis teórico - conceptual de las principales reflexiones, desde una perspectiva género, sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, marco en el cual se inscribe el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, vida sexual y capacidad reproductiva. Este capítulo es desarrollado por Lilián Abracinskas y Alejandra López Gómez.

Constanza Moreira analiza el contexto social, económico y político en el cual se inscribió el debate parlamentario y social sobre la despenalización del aborto. Daniel Jones, German Bidegain y Franco González abordan diversas facetas del debate parlamentario, recuperando las voces de sus protagonistas. Lucía Selios analiza la evolución de la opinión pública registrada en las encuestas disponibles desde 1985 a 2004. Silvina Ramos, Mariana Romero y Silvana Weller colocan el foco en el análisis de las líneas argumentativas que sostienen las posiciones de distintos actores sociales y políticos. Alejandra López Gómez y Lilián Abracinskas abordan el proceso de debate social, analizando la construcción de alianzas y consensos de las organizaciones que abogaron a favor del cambio legal. Finalmente, Jorge Barreiro reflexiona acerca del rol de distintas expresiones religiosas que sostuvieron una postura favorable al proyecto de ley. Un especial agradecimiento para María Mutilva, quien con dedicación y alto profesionalismo realizó la revisión de cada línea incluida en este libro. También a Marianela Falero, quien elaboró un registro sistematizado de publicaciones nacionales sobre aborto, realizadas entre 1985 y 2006, la cual se presenta en el capítulo de anexos. Aborto en debate: dilemas y desafíos del Uruguay democrático pretende mirar la historia reciente de manera implicada y crítica, con la convicción de que en ella se pueden encontrar algunas claves necesarias para la búsqueda de respuestas a una problemática que sigue esperando por ellas. Mujer y Salud en Uruguay

Desde la arena feminista hacia la escena política Lilián Abracinskas Alejandra López Gómez Este artículo tiene como cometido recopilar las principales argumentaciones que desde la arena feminista se han elaborado sobre los distintos aspectos del debate en torno a la despenalización del aborto y la legitimación de los derechos sexuales y reproductivos. Se han seleccionado para su redacción diversos artículos de las autoras escritos a lo largo de estos años, así como bibliografía especializada proveniente, fundamentalmente, de la producción feminista. Incluir la teorización feminista en este libro de análisis y sistematización del debate legislativo y social -que se produjo en Uruguay entre los años 2001 y 2004- sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, tiene como cometido divulgar argumentos que no son, necesariamente, de amplia circulación y difusión. Generalmente, esta producción transita por los circuitos más involucrados e interesados en estas temáticas. Al mismo tiempo, con esta recopilación de fundamentos sobre diversas dimensiones del problema, se contribuye a enriquecer la discusión que aún hoy debe darse en el país para alcanzar los acuerdos que permitan saldar deudas que la democracia uruguaya tiene en relación a estas situaciones.

La arena feminista Uno de los actores responsables de situar en la arena global y en la agenda política los asuntos vinculados a la sexualidad y reproducción, han sido y son las organizaciones feministas y el movimiento de mujeres organizado. Con actividades que van desde la movilización hasta la generación de conocimiento, este movimiento ha desarrollado una capacidad de incidencia que no siempre ha sido visualizada en todas sus dimensiones, ni debidamente valorada en su contribución conceptual. Los análisis desde una mirada feminista y una perspectiva de equidad de género permitieron significar la realidad de las desigualdades entre hombres y mujeres, ubicando en la división sexual del trabajo y la asimétrica valorización de las tareas 11

de producción y reproducción, los pilares fundamentales de la construcción sociocultural y política de la discriminación hacia las mujeres. Los fundamentos y las razones esgrimidas por las organizaciones feministas y de mujeres en el debate sobre aborto y en la conceptualización de los derechos sexuales y derechos reproductivos, en tanto derechos humanos, poco es citada en el discurso de representantes políticos, decisores, comunicadores y generadores de opinión pública. La invisibilidad de la contribución argumentativa, teórica, empírica y pedagógica de la visión feminista, se verifica en la tendencia a desconocer o no reconocer ese aporte en los cambios de posicionamiento que han ido verificándose en diversos actores e instituciones a lo largo del proceso de debate sobre aborto, tanto a escala internacional como regional y nacional. En el caso de Uruguay, muy pocos análisis de la situación política del país se preguntan sobre los factores que influyeron para que el aborto se haya convertido en uno de los temas de agenda política. Las fuerzas que han gobernado desde la redemocratización del país en 1985, así como los distintos partidos políticos, no fueron quienes asumieron la responsabilidad de promover la discusión del tema entre sus filas. Tampoco han desarrollado la capacidad de gestionar la creciente demanda por el cambio legal, que participa del reclamo por libertad, justicia, autonomía y respeto a los derechos humanos. El proceso de recuperación y consolidación del régimen democrático tuvo entre sus principales protagonistas a las mujeres, particularmente a aquellas vinculadas a partidos políticos, organizaciones gremiales y comunitarias. Pero también, a las que se organizaron para denunciar públicamente las diversas formas de opresión y desigualdad que la estructura social generaba por razones de discriminación de género. En todas las esferas de participación, esas mujeres fueron buscando las oportunidades para introducir estos temas y traducirlos en reivindicaciones incluidas en las correspondientes demandas políticas, sindicales y/o sociales. Desde la Concertación Nacional Programática (CONAPRO-1985) hasta estos días, la descriminalización del aborto forma parte del conjunto de reclamos y propuestas que desde la arena feminista y de mujeres organizadas se impulsan para revertir la situación de discriminación específica. A nivel internacional, la capacidad organizativa y de incidencia política de las mujeres nucleadas en distintos grupos, articulaciones y redes logró impactar en el contenido de plataformas y recomendaciones adoptadas por los Estados en las Conferencias y Convenciones del Sistema de Nacionales Unidas. Particularmente, hubo un importante esfuerzo en lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos (Correa, 2000). El eje central de esas luchas emancipadoras ha sido lograr el derecho a poder decidir en condiciones de libertad y autonomía sobre la vida sexual y la capacidad reproductiva, que históricamente han sido fuente de dominación y control de la vida y el cuerpo de las mujeres. 12

Las definiciones de las Conferencias de Población y Desarrollo (ICPD, El Cairo, 1994) y de la Mujer (CMM, Beijing, 1995)1 sobre salud y derechos reproductivos fueron un ámbito fundamental para incidir en las acciones de la articulación regional e internacional de estas organizaciones. La incorporación de estos temas en las agendas de esas dos conferencias -aunque no sin limitaciones en muchos aspectos- fueron excelentes oportunidades y espacios de legitimación para el discurso feminista sobre el aborto, puesto que ya no era posible hablar de salud, derechos reproductivos o mortalidad materna sin abordar el tema. En América Latina el discurso público sobre el aborto inseguro fue instalándose paulatinamente y a ello también contribuyeron las acciones de movilización y denuncia. La generación de evidencias sobre las causas y consecuencias del aborto realizado en condiciones de clandestinidad e inseguridad fueron consignadas, por ejemplo, en las investigaciones regionales desarrolladas por el Alan Guttmacher Institute (1994) y los estudios de caso financiados por la Organización Mundial de la Salud. A esto se sumaron la producción bibliográfica feminista y las estrategias de advocacy. Todos estos fueron instrumentos sustantivos en la visibilización de la problemática y en la construcción de posicionamientos progresivamente más favorables a esta agenda. Al mismo tiempo, los logros en los acuerdos internacionales generaron la reacción de las fuerzas derrotadas en esa arena global. Estas fuerzas reorientaron su influencia hacia los niveles nacionales desarrollando una política obstaculizadora para la implementación de las recomendaciones acordadas en las plataformas de conferencias y convenciones. Por ejemplo, el Congreso norteamericano, dominado por la Administración Bush desde el año 2000, incluyó una cláusula de condicionalidad sobre los recursos de cooperación de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID), con el objetivo de impedir su uso por parte de entidades cuya actividad estuviese vinculada al aborto. Medida que se identifica como ley mordaza o gag rule y que rige hasta la actualidad. 1

En 1994 el aborto inseguro es reconocido como un grave problema de salud pública en el Programa de Acción de la Confe-

rencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo). En 1995, en la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial

sobre la Mujer (Beijing), se reafirman las definiciones de El Cairo y se agrega un párrafo sobre los Derechos Humanos en general. Al Artículo 8.25 de la Conferencia de El Cairo se le incluye una recomendación a los Estados de revisión de sus

legislaciones punitivas. En 1998, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reconoció que la mortalidad materna se vincula al aborto inseguro y recomienda su atención. En 1999, en el proceso de revisión de la Conferencia

de El Cairo (Cairo +5) se recomienda la capacitación de profesionales para atender a las mujeres en casos de aborto legal y los países integrantes de la CEPAL, a su vez, se comprometen a elaborar programas para la salud de las mujeres en el marco de

los derechos sexuales y reproductivos, según lo adoptado en El Cairo y Beijing. En 1995, en el documento de Beijing +5, se señala la necesidad de revisar las leyes que criminalizan las prácticas del aborto inseguro. En los procesos de Cairo y Beijing +

10 se ratificaron los acuerdos y se avanzó en la necesidad de implementar medidas que atendieran las necesidades en derechos sexuales y reproductivos.

Esta medida había sido adoptada en 1984 por la administración Reagan, cuando retiró el apoyo al Fondo de Población de las Naciones Unidas porque en la Conferencia Internacional sobre Población realizada en México no se incluyó mención alguna sobre los impactos negativos de la práctica del aborto. En 1993, el gobierno Clinton abolió la llamada “política americana de México” y, si bien en esa época los republicanos la incluyeron en otras decisiones sobre recursos de cooperación, en el 2000 se adopta como una de las primeras acciones de gobierno en el momento de asunción de la primera administración Bush. Desde entonces, la USAID suprimió los financiamientos que tuvieran como destino la promoción de políticas y servicios de prevención en anticoncepción, sida, salud para adolescentes y atención de aborto, y recolocó recursos para impulsar la política conocida como “del ABC”. Esta política promueve la abstinencia y la fidelidad como medidas para la prevención de infecciones de transmisión sexual y de la sexualidad, concebida como práctica dentro de relaciones matrimoniales heterosexuales, reconocidas como única forma de práctica sexual saludable. Esta política con efectos regresivos en la instalación de garantías para el ejercicio universal de los derechos sexuales y reproductivos, ha ocasionado importantes obstáculos en la atención del aborto inseguro como problema de salud. La influencia de la política internacional estadounidense se combinó con la de Iglesia Católica, su jerarquía eclesiástica y sus grupos más conservadores, para generar importantes retrocesos en las legislaciones de la región relativas al aborto. Por ejemplo, incidieron en las reformas constitucionales de Perú, República Dominicana y Argentina para incorporar la definición de persona desde el momento de la concepción. O, como en el caso de El Salvador y Nicaragua, se intervino para repenalizar el aborto terapéutico impidiendo la práctica aún cuando la vida de la mujer esté en riesgo. Como señala Sonia Correa “…la pauta geopolítica prioritaria de Bush arrastra consigo también una agenda explícita de conservadurismo moral respecto a los temas que nos preocupan y, en especial, en lo que concierne al aborto.[…] la agenda del conservadurismo moral es hoy tan importante para los halcones de Washington como lo es el petróleo y el unilateralismo.” (Correa, 2004)

La situación legal del aborto en la región América Latina, debido al posicionamiento progresista que asumió en el debate internacional del sistema de Naciones Unidas, se volvió blanco de las estrategias de intervención e influencia de los grupos antiaborto y las iglesias conservadoras. Superada la barrera del silencio en el plano global, y ante procesos nacionales cada vez más visibles reclamando el cambio legal del aborto y la atención de las necesidades en salud sexual y reproductiva, estas fuerzas decidieron ejercer su fuerte influencia principalmente sobre los actores ubicados en los lugares de poder y de decisión. 14

La agenda feminista, reflejada en parte en el contenido de los nuevos pactos internacionales, si bien tuvo como consecuencia la reacción de fuerzas contrarias muy poderosas, también generó importantes herramientas de validación para las demandas. María Bethania Ávila (2003) señala que “entender la relación entre sexualidad, reproducción y producción como cuestiones que hacen parte de los planos simbólicos y materiales de las relaciones sociales de explotación y dominación, se convierte hoy en una exigencia analítica que trae la politización de las diferentes dimensiones del conflicto social reveladas precisamente por estos movimientos sociales”. En América Latina y el Caribe, el aborto está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras, Saint Martin, República Dominicana, Chile y Nicaragua. En veintisiete países se mantienen legislaciones restrictivas y es permitido solamente bajo ciertas condiciones que no han sido modificadas en los últimos años. Los países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de las Antillas Francesas y en Guyana Francesa, Guyana y Barbados. Se han producido algunos avances significativos, por ejemplo, en el 2006 en Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó el aborto en tres casos especiales: cuando un embarazo amenaza la vida o la salud de la mujer, en casos de violación, y/o cuando se presenten malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina. En ciudad de México, el 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó por más de dos tercios la modificación legal que reconoce a las mujeres el derecho a decidir la interrupción hasta las doce semanas de gestación. La sexualidad como campo autónomo y disociado de la reproducción va ubicándose en el debate político, explicitando la necesidad de que la reproducción biológica no restrinja el libre ejercicio de la sexualidad. Sexualidad que queda evidenciada como dominio básico y central de la construcción de la subordinación femenina y, consecuentemente, de la construcción de autonomía de las mujeres (Ávila, 2003). Los últimos 40 años en la historia de la humanidad han sido decisivos en la tendencia abolicionista del aborto voluntario como delito. Los argumentos despenalizadores y reguladores de la práctica del aborto son claros y contundentes frente a un fenómeno social absolutamente destacado del mundo contemporáneo: el mayor grado de igualdad social, la justa y progresiva emancipación de la mujer, y la relación interdependiente entre diversos Estados o países. Realidades que han ido fracturando los moldes que definieron al aborto voluntario como delito. La concepción político-democrática vigente que permite postular “derechos humanos fundamentales”, “constitucionalidad”, “igualdad y justicia”, hace que el concepto de abortodelito y su despenalización sea una cuestión política de primera magnitud. En ese marco la voluntad mayoritaria de la ciudadanía debería ser –como lo ha sido en la experiencia mundial- la que determinara el “sí”, el “cuándo” y el “cómo” despenalizar su práctica. ¿Es posible 15

y lógico pensar que una conducta humana, que se produce entre miles o millones de veces en el mundo, en todos los países y en todos los años -de modo repetido- se corresponde con otros tantos miles o millones de delitos? Una conducta tan reiterada en todas las épocas, latitudes y circunstancias, ¿no podría leerse como un signo de aprobación social y por lo tanto necesariamente mejor regulada desde lo legal? (Abracinskas, 2003).

El concepto de aborto-delito El aborto se aparta de los delitos clásicos. El homicidio, el asesinato, el robo, las infracciones contra la propiedad son conductas humanas que, consenso social mediante, se definen como delitos plausibles de sanción penal (Ibáñez García Velazco, 1991). Sin embargo, el aborto voluntario tiene una valoración legal y penal radicalmente diversa según épocas y países, que incluye el condenarlo como delito hasta aceptarlo como acto lícito, en una escala que va desde el crimen-pecado hasta el reconocimiento de su práctica habilitada por causales o por plazos, reconociendo el derecho de la mujer a decidir. Desde 1970 un buen número de países han liberalizado en diverso grado sus leyes sobre aborto, por citar algunos: Austria, Canadá, China, Cuba, Dinamarca, Finlandia, Francia, India, Italia, Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, Reino Unido, Nepal, Sudáfrica, Barbados. Por otro lado, son muy pocos los países cuya normativa considera al aborto como ilegal en cualquier circunstancia. Por la vía del sistema de indicaciones o por el sistema de plazos, un alto porcentaje de países han ido flexibilizando sus legislaciones, habilitando abortos legales por causas específicas (médicas, eugenésicas, jurídicas, sociales y/o médico-sociales, en el 25% de los países) o por petición de la mujer estipulando un plazo que oscila entre las 10 y 28 semanas de gestación (en este régimen vive el 39% de la población mundial). En el 65% de los países, el aborto-delito no es un concepto absoluto sino que admite condiciones para su práctica. El aborto voluntario o consensual como conducta humana tiene un tratamiento legal diverso en la legislación positiva y esta diversidad es radical. Es esta diversidad en su tratamiento legal lo que marca un total contraste con los llamados delitos clásicos. El asesinato, el homicidio y los delitos contra las personas tienen una contemplación y tratamiento homogéneos y cercanos en casi todos los regímenes positivos. El aborto, no. Otra constatación es que los países que registran mejores indicadores en la defensa y respeto de los derechos humanos, han despenalizado total o parcialmente el aborto. En los países en los que continúa arraigado el concepto de aborto-delito, y no se han modificado sus leyes o implementado servicios para su atención (muchos de los países de África, 16

América Latina y algunos de los países islámicos), es en donde se concentran las cifras más altas de muerte materna por abortos practicados en condiciones de riesgo y donde se registra la mayor influencia de las expresiones fundamentalistas de distintas religiones como la católica, musulmana, judía ortodoxa o islámica. Desde el siglo II, la tesis de aborto-delito y la vinculación del aborto-homicidio fue configurada desde del cristianismo influyendo hasta el siglo XVIII en el pensamiento y en las leyes de diversos países, que asimilaron el aborto como homicidio imponiéndole penas máximas (Ibáñez García Velazco, 1991). El Derecho Penal de la Ilustración, desarrollado en el siglo XIX, produce una quiebre sustancial que altera la concepción del aborto en una triple dirección: a) Desaparece la equivalencia del aborto con el homicidio, configurándose como delito autónomo. b) Deja de aplicarse la pena capital para los casos de aborto. c) Se atenúan -de forma general- las penas y aparecen causales que habilitan su práctica. El concepto rígido de aborto-delito como signo ideológico impuesto hasta el siglo XVIII fue sustituido paulatinamente por concepciones jurídicas diversas, tendientes a responder de forma más adecuada a una conducta humana persistente en las más diversas culturas. Es recién en el siglo XX que se registra una creciente y progresiva despenalización total o parcial del aborto voluntario. Y todo parecería indicar que esta tendencia debería consolidarse en el siglo XXI, en la medida que se amplíen y consoliden las bases democráticas de la convivencia humana. El aborto-pecado y su transposición al derecho positivo no ha dado cuenta de la realidad y ha resultado ser ineficaz para transformar su práctica voluntaria, desincentivarla y erradicarla. Sostienen juristas, sociólogos y antropólogos estudiosos del tema que el aborto-delito es el producto de una creación religiosa (con fundamentos que se sostienen en postulados religiosos y no en verificaciones científicas), razón suficiente para no ser tomado como concepto en un Estado confesional y menos aún en Estados no confesionales. Investigaciones en derecho comparado, estimación del número de abortos e indagación de prácticas clandestinas, procesamientos y penas aplicadas, evidencian que la práctica sigue existiendo y que la normativa vigente no se aplica tal como se expresa en el texto de la ley. Por ejemplo: no existe relación alguna entre las leyes que penalizan y los procesamientos que se realizan por el delito de aborto. Aún en países con leyes muy restrictivas, los procesamientos por delito de aborto son muy inferiores a la práctica estimada. Uruguay no escapa a esta constatación. 17

La convivencia democrática de distintos sistemas de valores La diversidad como condición moral de la humanidad es un principio bioético que refleja la multiplicidad de dilemas que deben enfrentar los seres humanos, en diferentes momentos y condiciones de la vida, y sobre los que deben tomar decisiones que implican elecciones morales diversas (Abracinskas, 2001). ”La discordia moral -plantea Debora Diniz- ha sido parte de la vida humana organizada en sociedades. Donde ha habido seres humanos reunidos en sociedades, han existido diferencias que condujeron a conflictos. La novedad para las sociedades libres y defensoras de la democracia es tratar de lidiar con los conflictos morales humanos de la manera menos violenta posible... Quizás el desafío de la modernidad no consista (entonces) en salir a buscar principios norteadores para alcanzar el bien-vivir universal, sino en encontrar las estrategias para contener la intolerancia. Jamás seremos sujetos plenamente tolerantes, este es un principio imposible, lo mejor será convertirnos en sujetos controlados en nuestras intolerancias.” Ése es el desafío de las sociedades que buscan responder a la modernidad, procurando generar condiciones para el desarrollo de vínculos más respetuosos de la pluralidad de ideas e inclusivos de las diferentes identidades culturales y políticas. La inclusión de los sujetos históricamente excluidos del pacto social moderno necesita de la profundización y radicalización de la democracia. Esto implica revisar las condiciones que han generado las desigualdades y desarrollar mecanismos que permitan superar inequidades. Otorgar herramientas (educación, información, servicios, recursos) y garantizar igualdad de condiciones son mejores mecanismos para promover conductas conscientes y responsables que aquellas acciones que intentan condicionar los comportamientos e imponer sistemas de valores de forma hegemónica. Si el poder del conocimiento se distribuyera de forma más equitativa y si se reconociese la capacidad y sabiduría de las personas para tomar decisiones responsables, se avanzaría considerablemente hacia el principio ético de respetar la diversidad de creencias, formas de vida y conductas que se adoptan en el ejercicio de la sexualidad y las opciones reproductivas. Manejar información, sensibilizar, reflexionar y debatir sobre temas de esta naturaleza, permite ir avanzando hacia la constitución de nuevos pactos sociales en el marco de legislaciones armónicas respecto a la evolución de los procesos de transformación política, social y cultural. De acuerdo a Foucault (1977): “La sexualidad no debe entenderse como un supuesto natural que el poder trata de mantener bajo control, ni como un terreno oculto, que el conocimiento trata de develar gradualmente. Sexualidad es el nombre que se da a un concepto histórico.” 18

El estudio de Foucault acerca de la historia de la sexualidad ha sido fundamental para las discusiones actuales sobre el cuerpo y la sexualidad, no sólo para los cientistas sociales y/o historiadores, sino también a nivel del debate político y social que sostienen, entre otros, los activistas defensores/as de los derechos humanos, y en particular de los derechos sexuales y los derechos reproductivos (López- Gómez, 2005). La comprensión compleja sobre la sexualidad se ha enriquecido también con el aporte sustancial que ha realizado el movimiento feminista (en su doble vertiente social y académica), con un acumulado teórico que ha significado un punto de inflexión teórico y epistemológico en el pensamiento científico hegemónico, con la introducción de nuevas categorías analíticas como el concepto de género y su articulación con la sexualidad. El concepto de la sexualidad surge de un complejo proceso de construcción y producción socio-histórico, cultural, subjetivo y político. Producto específico de las relaciones sociales, en tanto implica las diversas maneras en que los sujetos se relacionan como seres sexuados en intercambios que, como todo lo humano, están mediados por acciones y prácticas cargadas de sentido. Incluye tanto sus productos simbólicos como las bases materiales sobre las cuales se sostienen. Este proceso socio-histórico implica reconocer la variabilidad social de las formas, las creencias, las prácticas y los significados a ellas asociados. Pueden ubicarse tres dimensiones en el análisis de la sexualidad, las cuales se articulan de manera compleja: significaciones, prácticas y discursos. La relación íntima entre las tres dimensiones debe, a su vez, contextualizarse en escenarios sociopolíticos e históricos específicos. Pero, al mismo tiempo, la relación entre estas tres dimensiones debe ser analizada como producto de relaciones de poder: de clase, género, raza/etnia, generación, orientación sexual. La perspectiva o enfoque construccionista sobre la sexualidad pretende básicamente argumentar que sólo es posible comprender las actitudes y prácticas sociales en relación con el cuerpo y la sexualidad en su contexto histórico específico, explorando las condiciones (históricamente variables) que generan la importancia atribuida a ésta en un momento particular. Ubica las relaciones de poder (complejamente entramadas) en el eje de la producción de lo que será considerado normal o anormal, permitido o prohibido, aceptable o rechazable. Esta perspectiva, según autores como Vance (1984) y Weeks (1986), se opone al paradigma esencialista desde el que se intentan explicar las propiedades de un todo complejo, en referencia a una supuesta esencia interior e irreductible. Este abordaje considera la sexualidad como inmutable, producto de una esencia humana, cual impulso interior irrefrenable a ser reprimido por la cultura. Por lo tanto, las expresiones de la sexualidad no son producción social, sino que son moldeadas para ser encauzadas hacia una vida social aceptable. 19

Los productores de sentidos, los actores que generan discursos de alta eficacia política y simbólica, juegan un rol central en la producción de la sexualidad. Barrán (1991) aludía en su “Historia de la sensibilidad en el Uruguay” a lo que llamó “agentes represores”. Es decir, aquellas figuras sociales cuya palabra produce efectos notables en la subjetividad de las personas en lo que a la sexualidad y el cuerpo se refiere: maestros, médicos, padres, curas, policías. Más allá de los voceros concretos de determinados discursos, importa subrayar que los mismos son producidos desde diferentes espacios con legitimación social, cuya palabra tiene efectos concretos en los mecanismos de regulación social: medios de comunicación, instituciones educativas, instituciones sanitarias, familias, iglesias, estados. En nuestras sociedades y hasta el momento, parece generar mayor alivio hablar de la salud y la reproducción, que de la sexualidad y el placer. Al respecto, Petchesky (2002) se pregunta: “¿Por qué? ¿Por qué resulta más fácil afirmar la libertad sexual en negativo que en un sentido afirmativo, emancipador? ¿ Se obtiene consenso por el derecho a no sufrir abusos, explotación, violaciones, tráfico, o mutilaciones, pero no así por el derecho a gozar plenamente del propio cuerpo? (...) ¿Existe un contexto social, político y económico más amplio, y también una carga ideológica particular, que hace que ese enfoque afirmativo permanezca distante en este momento histórico? El análisis de la sexualidad y el género implica distinguir las conexiones entre dos sistemas articulados pero diferentes (De Barbieri, 1992). Los mandatos, creencias, sistemas de prohibiciones y regulaciones sobre la sexualidad “esperada” para mujeres y hombres, han generado una posición de desigualdad entre unas y otros.

Derechos sexuales y derechos reproductivos: reconocimiento y legitimación En tanto creación conceptual reciente y en proceso de construcción, los derechos sexuales y reproductivos han alcanzado un estatus político poderoso en potencia (Correa, 2003). El término surge en la década de los 60, cuando la feminista Marge Berer englobó en la nominación derecho reproductivo una serie de reivindicaciones del movimiento de mujeres referidas al acceso a la anticoncepción, al aborto, la salud integral, al placer sexual, al control del cuerpo y al derecho a decidir. Con el postulado feminista “lo personal es político”, se instaló en el debate público aquello que hasta entonces parecía ser sólo asunto de la órbita privada, familiar y doméstica. La visibilidad y reconocimiento social de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales se gesta entonces desde los años sesenta (fundamentalmente), y como acción política de los movimientos sociales (feminista y de la diversidad sexual, en particular). Entrañan un fuerte cuestionamiento al contrato social mo20

derno, al resignificar la dicotomía público – privado, planteando nuevos conflictos para la democracia en la medida que interpelan las estructuras de poder y decisión, y postulan una apertura de lo íntimo y personal a la aplicación de derechos y prerrogativas. En tal sentido, al decir de Correa (2003), deben considerarse como parte del debate más amplio sobre la reconstrucción del contrato social moderno. En tanto parte de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos son interdependientes, integrales e indivisibles de otros derechos (Sen, 1990; Human Rights Watch, 1996; Copelon y Petchesky, 1995). Al decir de Petchesky (2002) “Si no fuera así, ¿cómo puede una persona actuar responsablemente como ciudadana y como miembro de un grupo familiar y de una comunidad si su cuerpo y su sexualidad son definidos y controlados por otros (esposo, parientes, autoridades religiosas o el estado)?” Los derechos sexuales y los derechos reproductivos refieren al poder de cada persona para tomar decisiones informadas y responsables sobre su sexualidad y vida reproductiva. Y a la disponibilidad de recursos para poder llevar a la práctica esas decisiones de manera segura, efectiva y sin discriminaciones (Correa y Petchesky, 1995). Para poder ejercer estos derechos con equidad, debe estar garantizada la libertad de cada persona para poder decidir (dimensión individual de los derechos) y tener condiciones de justicia en el acceso a los recursos que garanticen las decisiones tomadas (dimensión social de los derechos). Si bien el reconocimiento y adopción internacional de los derechos sexuales y reproductivos se remonta a la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Teherán, 1968), a la de Población de 1974 (Bucarest) y 1984 (México), adquiere verdadera legitimidad en la década de 1990, en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995). Los derechos sexuales y los derechos reproductivos contienen dos dimensiones interrelacionadas: un conjunto de principios éticos y una gama de condiciones favorecedoras, sin las que estos derechos no podrían ser ejercidos (Correa, Petchesky, 1995). Estos principios éticos interconectados son: la integridad corporal, la capacidad de ser persona, la igualdad y la diversidad. La integridad corporal como el derecho a la seguridad y control del propio cuerpo es quizás el aspecto que más peso tiene en el concepto de libertad sexual y reproductiva. La capacidad de ser persona refiere a aquellas razones y valores según los cuales las personas toman diferentes decisiones. La autonomía y autodeterminación habilitan a las personas a ejercer sus derechos con libertad. Igualdad refiere al reconocimiento de que todas las personas son portadoras de derechos, independientemente de su condición social, clase, sexo, edad, etnia, religión y nacionalidad. La diversidad alude al compromiso con el principio de que diferentes tipos de expresión sexual son beneficiosos para una sociedad justa y humana. (Abracinskas y López, 2001) 21

Reflexionar colectivamente sobre los desafíos que supone la construcción cotidiana y colectiva de estos derechos, sienta las bases del debate sobre la creación de condiciones para su agenciamiento, su reconocimiento y su legitimación social. Asimismo, contribuye a la gestación de cambios de mentalidad indispensables para generar y/o profundizar valores sociales de respeto a la diversidad, la no discriminación, la integralidad y la autonomía de las personas. Se trata de ampliar y desarrollar vínculos democráticos en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las dimensiones de las relaciones sociales, incluyendo las sexuales.

Condiciones para el ejercicio de derechos Chantal Mouffe plantea que es necesario distinguir entre “lo político”, como dimensión de antagonismo y de hostilidad entre los humanos (antagonismo que puede manifestarse en formas múltiples y surgir a partir de cualquier tipo de relaciones sociales), y “la política” que pretende establecer un orden, organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas porque están atravesadas por lo político. En la política, el adversario no es alguien al que hay que destruir, sino que es un opositor que podría estar en nuestro lugar en el futuro. La lógica de la identidad y la lógica de la diferencia -de acuerdo a Mouffe-, y la tensión entre ellas, hacen que la democracia pluralista sea un régimen particularmente apropiado para la política moderna. Al mismo tiempo que se busca la equivalencia, se preserva la diferencia. Una articulación tan necesaria como conflictiva. La diversidad sería la condición que permitiría abandonar la peligrosa ilusión de reabsorber a las y los otros para crear un mundo unificado y armónico. Permitiría convivir con los/las otros/as desde la conciencia y el reconocimiento de que se comparte una condición común: la ciudadanía. Ciudadanía entendida como compromiso colectivo de participación en la resolución de los asuntos personales y colectivos: desarrollando la capacidad de auto-determinación, al mismo tiempo que se participa de las decisiones que se recrean y renegocian colectivamente, de manera continua. Parece posible vislumbrar un futuro signado por la multiplicación de las diferencias y el surgimiento de nuevos antagonismos. Para algunos pensadores el estallido de conflictos de creencias, valores e identidades es expresión de diferencias que retrasan temporalmente el camino que necesariamente debe conducir a la universalización de la democracia. Es como una desviación -un mal momento- que volverá a ser re-encausada cuando la racionalidad imponga el orden. Para otros, las democracias se encuentran hoy ante un verdadero desafío que sólo podrán afrontar si dejan de engañarse con la posibilidad de un consenso que eliminaría definitivamente la expresión de la diversidad. 22

Es importante que la cultura democrática no oculte el conflicto por la diferencia, sino que lo afronte con respeto, aceptando la diferencia aún dentro de la diversidad y evitando caer en el error de homogeneizar lo diverso. El control del Estado sobre la intimidad, la sexualidad y la reproducción de las personas se ha naturalizado tantas veces y de tan diversas formas, que ha dejado de ser considerado un dilema. Muchas de las reglas que rigen conductas y pretenden ordenar comportamientos en la cotidianidad de las personas han sido definidas por una élite poderosa que ha buscado imponer sus convicciones por fuera del respeto a la convivencia democrática. La construcción de esas reglas no ha sido producto de un acuerdo social y se ha pretendido convertirlas en leyes naturales, como si fueran leyes de la física (Ávila, 2003). “La defensa y la exigencia del acceso a los derechos como prácticas cotidianas debe ser incentivadas y también valorizadas como un medio de transformación cultural, donde las representaciones sociales pasen a incorporar los sentidos de la vida democrática” (Dufau,G. 2003).

El derecho a la vida El derecho a la vida como derecho humano básico tiene un papel preponderante en todas las discusiones sobre el aborto. Las concepciones que defienden el derecho a la vida de los no nacidos, de “los sin voz”, argumentan que tal derecho es impostergable e inviolable aún cuando ponga en riesgo la vida de la madre. Se reflejan en estas posturas conceptos religiosos sobre el alma humana y el rol de madre ineludible en tanto destino divino para las mujeres (Abracinskas, 1993). Desde el campo de la medicina se aceptan, en general, las interrupciones por riesgo de vida de la progenitora, pero existen reparos cuando el aborto se produce por razones de autonomía y calidad de vida de la mujer. El respeto por la vida se consagra mediante leyes y servicios que buscan prevenir la morbilidad y mortalidad de mujeres. Los índices de morbi-mortalidad relacionadas con el embarazo aumentan cuando las mujeres conciben precoz o tardíamente en sus edades reproductivas, cuando sus embarazos son muy frecuentes o no controlados, cuando no existe una buena asistencia anticonceptiva, cuando el aborto es realizado en condiciones de riesgo. Los datos epidemiológicos muestran que el índice de mortalidad infantil aumenta cuando hay un intervalo menor a los 24 meses entre un niño y el otro, o cuando el bebé no fue producto de una concepción y embarazo deseados. Desde el punto de vista científico y evolucionista, Carl Sagan2 planteaba que: “Pese a las numerosas afirmaciones en contra, la vida no comienza en el momento de la concepción; es una cadena ininterrumpida que se remonta a los orígenes de la Tierra, hace 4.600 millones 2

Véase artículo completo en www.mysu.org.uy

de años. Tampoco la vida humana comienza en la concepción, sino que es una cadena ininterrumpida que se remonta a los orígenes de nuestra especie, hace cientos de miles de años. Más allá de toda duda, cada espermatozoide y cada óvulo humano están vivos. Es obvio que no son seres humanos, pero lo mismo podría decirse de un óvulo fecundado.” Cada tiempo histórico registra variaciones sobre niveles de aceptación de la práctica del aborto en relación con la defensa de la vida. “Entre los cazadores-recolectores no hubo prohibiciones contra el aborto, y esto persistió hasta la civilización griega y romana antiguas. Por el contrario, los asirios, más severos, empalaban en estacas a las mujeres que trataban de abortar. Cada religión tiene también sus posicionamientos particulares. El Talmud judío enseña que el feto no es una persona y, en consecuencia, carece de derechos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo (que abundan en prohibiciones en extremo minuciosas con respecto a la indumentaria, dieta y palabras) no aparece una sola mención que prohíba de modo específico el aborto. El único pasaje que menciona algo relevante en ese sentido (Éxodo 21:22) declara que si surge una pelea y una mujer resulta accidentalmente lesionada y aborta, el responsable debe pagar una multa. Ni San Agustín ni Santo Tomás de Aquino consideraban homicidio el aborto en fase temprana (el último basándose en que el embrión no “parece” humano). Esta idea fue adoptada por la iglesia en el Concilio de Vienne (Francia) en 1312 y nunca ha sido repudiada. La primera recopilación de derecho canónico de la Iglesia Católica, vigente durante mucho tiempo (de acuerdo con el notable historiador de las enseñanzas eclesiásticas sobre el aborto, John Connery, S.J.) sostenía que el aborto era homicidio sólo después de que el feto estuviese ya “formado”, aproximadamente hacia el final del primer trimestre. Sin embargo, cuando en el siglo XVII se examinaron los espermatozoides a través de los primeros microscopios, parecían mostrar un ser humano plenamente formado. Se resucitó así la vieja idea del homúnculo, según la cual cada espermatozoide era un minúsculo ser humano plenamente formado, dentro de cuyos testículos había otros innumerables homúnculos, y así ad infinitum. En parte por obra de esta mala interpretación de datos científicos, el aborto, en cualquier momento y por cualquier razón, se convirtió en motivo de excomunión a partir de 1869. Para la mayoría de los católicos resulta sorprendente que la fecha no sea más remota” (Sagan, SR). En la sociedad conviven todas estas concepciones sobre la vida, y todas son respetables y deberían ser protegidas y garantizadas en Estados que buscan promover la convivencia respetuosa y tolerante de la diversidad. En 1973, cuando se legaliza el aborto en los Estados Unidos a través del caso Roe contra Wade, el tribunal de la Suprema Corte de Justicia determinó que el derecho de una mujer a la libertad de reproducción se halla protegido por la garantía constitucional de su intimidad. Ahora bien, ese derecho no es omnímodo. Hay que sopesar la garantía de intimidad de la mujer y el derecho a la vida del feto, y cuando el tribunal consideró la cuestión, otorgó prioridad a la intimidad en el primer trimestre y a la vida del feto en el tercero. La transición no se estableció según las consideraciones de cuándo sucede la “infusión del alma” o en qué 24

momento reviste el feto suficientes rasgos humanos para ser protegido por la legislación contra la interrupción de su proceso vital. El criterio adoptado fue, por el contrario, si el feto podía vivir fuera de la madre. Esto es lo que se denomina “viabilidad”.

El aborto ha existido, existe y existirá Ubicar la problemática del aborto desde una perspectiva integral, abordando soluciones que aúnen medidas de prevención de embarazos no planificados y de promoción de maternidades y paternidades responsables, no podrá implicar nunca que puedan dejarse por fuera la atención de de los abortos voluntarios, dado que no hay medida preventiva que erradique totalmente la generación de embarazos inoportunos. La educación para la sexualidad y las políticas de prevención y acceso universal a métodos anticonceptivos podrán reducir la incidencia, quizás disminuyan la recurrencia, pero siempre podrá presentarse una situación de embarazo que, por distintas razones, necesitará ser interrumpido. No existe el método anticonceptivo ideal, infalible y adaptable a todas las personas. La educación sexual, y su aplicación en todos los niveles de la enseñanza, no ha logrado aún instrumentarse en el sistema y por lo tanto no es de carácter universal. Los contenidos de los programas están en discusión y se constatan resistencias para abordar temas que incluyan la vivencia de la sexualidad como expresión de placer y comunicación entre las personas. Incluso brindar información sobre los diversos métodos anticonceptivos no alcanza el consenso de todas las partes, y la masturbación, la homosexualidad y el aborto son temáticas muy resistidas. La percepción de que “si no se habla no existe” se suma a las resistencias de autoridades y docentes que carecen de la formación requerida para abordar temáticas que los implican en tanto seres sexuados y con concepciones filosóficas-ideológicas diversas. Por lo tanto, la educación sexual, que en muchas oportunidades se plantea como solución a toda propuesta de descriminalizar el aborto, requiere de otra profunda reflexión que la sociedad y todos sus poderes se deben para incorporarla en el sistema educativo del país. Por tanto, utilizar por lo tanto la educación sexual como argumento para eludir un cambio legal en relación al aborto, es un -en el mejor de los casos- error o una excusa para dilatar resoluciones y asumir posicionamientos en torno al tema. Incluso todas las medidas de prevención, orientación y promoción de comportamientos responsables no podrán evitar el olvido, los errores, las dudas y las relaciones violentas que, en un importante porcentaje de casos, son las que determinan embarazos no planeados. El miedo a la esterilidad también puede ser una situación que enfrenta una mujer que nunca ha tenido un hijo y puede suceder que no asuma los cuidados necesarios y quede embarazada. ¿Significa esto que desea ser madre o lo que busca es corroborar, inconscientemente, que tiene intacta su potencialidad reproductiva? Muchas mujeres que ya han pasado por la maternidad y apelan a la fertilidad como antídoto contra los procesos de envejecimiento. 25

El deseo de embarazarse es algo muy difícil de definir. Hay mujeres que quieren embarazarse pero no en cualquier momento o circunstancia. Otras pueden estar indefinidamente abiertas a la posibilidad de embarazarse. Y otras pueden no plantearse siquiera el problema y pensar que sus embarazos tienen que ver con su destino o con una voluntad ajena a la suya. Hay quienes no quieren embarazarse nunca. El embarazo como resultado de una violación suele ser una situación que provoca rechazo inmediato y profundo (Gire, 2000). Se distingue incluso el “embarazo no deseado” del “embarazo no planeado”, ya que un embarazo no planeado puede convertirse en deseado -o cuando menos aceptado- si la mujer decide, por cualquier razón, tener al bebé y conservarlo. También puede suceder que resuelva continuar el embrazo y dar el recién nacido en adopción.

La escena política Las estimaciones sobre la incidencia del aborto voluntario en Uruguay han arrojado cifras muy diversas. En 1933, el Dr. Turenne afirmaba que a principios del siglo XX se practicaban dos abortos cada cien partos, cifra que para 1925 había ascendido a una proporción de cuarenta cada cien. El profesor Hermógenes Álvarez estimaba que en 1934 la cifra había llegado a cincuenta, alcanzando los niveles máximos de trescientos abortos cada cien partos antes del ingreso de los métodos anticonceptivos modernos en el país en la década de los 60. En 1978 el Dr. Emilio Thévenet estimaba que los abortos practicados anualmente oscilaban entre los 100.000 y 150.000 anuales y las mujeres muertas por prácticas abortivas inseguras alcanzaban el centenar (Lamas, 1993). Las últimas investigaciones realizadas han estimado una cifra mínima de 33.000 abortos anuales, frente a un promedio de 47.000 nacimientos (Sanseviero, 2003). Estos cálculos, ya sea que se considere el número de 16.000 abortos anuales o la cifra más actual de 33.000, no hay dudas de que se trata de una práctica con la que la sociedad uruguaya ha convivido y convive. Aún en la menor de las estimaciones, 43 mujeres por día deciden practicarse un aborto y prácticamente la totalidad lo hace en el circuito clandestino. El país necesita tener registros que permitan medir de forma más precisa la práctica del aborto, pero para eso se necesita habilitar servicios que realicen los abortos legalmente, a través de prácticas reguladas y controladas por las autoridades sanitarias competentes. No hay posibilidades de tener exactitud en los registros cuando las prácticas transitan en la clandestinidad. Sería muy importante conocer mejor cuáles son las principales causas que generan embarazos no esperados, cuántos de ellos se debieron a la falta de información, a las dificultades para acceder a medidas de prevención, a fallas de los métodos anticonceptivos o cuántos fueron producto de relaciones violentas. Se necesitaría conocer la magnitud de la situación para poder intervenir sobre la realidad de forma consciente, fundamentada, integral y a través de políticas evaluables (Abracinskas, 2003). 26

La votación negativa del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, en Cámara de Senadores en mayo del 2004, fue una resolución que no contempló la opinión de la mayoría de la ciudadanía, así como tampoco saldó el debate. El Uruguay se debe una legislación que efectivamente refleje los consensos que la sociedad ha construido. El sistema político es quien tiene la responsabilidad de responder a este desafío. Mantener una ley que genera más daños que beneficios no es una ley justa, y si no considera la ética social al mismo tiempo que preserva la ética individual, es una ley que necesariamente debe ser modificada.

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Contexto político y social del Uruguay de la crisis (2000-2004) Constanza Moreira

El contexto político en el que se inicia la administración Batlle El primer lustro del siglo XXI en Uruguay es extraordinario en varios sentidos. Es probable que en algunos años se lo identifique inevitablemente con la crisis que explota en 2002 y las catastróficas consecuencias sociales y económicas que tuvo sobre el país. Pero también se le asociará con el último gobierno de los partidos tradicionales, antes de la victoria de la izquierda y su llegada al gobierno. En primer lugar, es extraordinario porque comienza con el estreno de las nuevas pautas electorales que los uruguayos habían sancionado con la reforma constitucional de 1996. Ésta implicó un cambio en las reglas de juego político con impactos determinantes sobre el comportamiento del electorado y de los partidos políticos. De las características más importantes del sistema electoral uruguayo que fueron alteradas, dos merecen ser mencionadas: la simultaneidad de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y la vinculación a nivel del lema para todas ellas. Al mismo tiempo, dos dispositivos introducidos en la reforma alteraron profundamente la dinámica del sistema político. El primero fue la introducción del balotaje o segunda vuelta, en caso de que ninguno de los partidos obtuviera la mayoría absoluta de los votos, algo que no se había producido nunca desde la transición democrática. El segundo consagró la realización de elecciones internas simultáneas de todos los partidos, con voto secreto y no obligatorio, a los efectos de designar el candidato a la Presidencia, que sólo podría ser uno para cada lema. El primer dispositivo afectó básicamente a la izquierda, mientras que el segundo afectó a los partidos tradicionales. El balotaje tuvo el impacto esperado por los propulsores de la reforma: impidió que el Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) ganara las elecciones en 1999. Dado el crecimiento sistemático de este partido desde inicios de la década del noventa, todo indicaba que en esta elección obtendría un resultado electoral superior al que obtendrían blancos y colorados y que, por consiguiente, con las reglas anteriores la izquierda sería el próximo gobierno. La imposición de candidaturas únicas a los partidos tuvo impactos hasta cierto punto poco previstos sobre los partidos tradicionales. Al obligarlos a dirimir en elecciones 31

internas abiertas su candidatura presidencial, los resultados no siempre coincidieron con las decisiones que hubieran resultado de la puja entre las fracciones y que, en general, privilegiaban a la fracción del partido de mayor peso relativo. Así, el ciclo que se inicia con la elección de octubre de 1999 lo hace bajo el signo de una operación política particularmente atípica. El electorado uruguayo eligió parlamentarios sin elegir presidente y, por primera vez, el partido más votado no obtuvo automáticamente el control del Poder Ejecutivo. Con un nivel de indecisión que oscilaba entre el 6% y el 11%, los resultados estuvieron por encima de las expectativas “máximas” de las encuestas en el caso del EP-FA y del Partido Colorado (las máximas oscilaban entre 39% para el primero y 31% para el segundo) y en el “piso” del Partido Nacional (en la más pesimista de las hipótesis de las encuestadoras, este partido obtendría el 23% de los votos). El EP-FA fue la fuerza política más votada en las elecciones (40.1%), superando en más de 7 puntos porcentuales al partido Colorado (PC) y en casi 18 al Partido Nacional (PN). El EP-FA logra una victoria a nivel nacional consolidada fuertemente en Montevideo (donde obtiene el 51.9% de los votos, habiendo obtenido el 44% en la elección anterior). Resulta el ganador en cuatro departamentos: Montevideo, Canelones, Maldonado y Paysandú; y en por lo menos cuatro departamentos se ubica como la segunda fuerza en disputa: Río Negro, Salto, San José y Soriano. Revela un crecimiento de casi 10 puntos porcentuales en todo el país con respecto a la elección anterior (había obtenido el 30.8% de los votos en la elección de 1994), y un crecimiento más importante aún en el interior del país, donde obtiene el 31,1% de los votos en comparación con el 19.7% obtenidos en 1994. El crecimiento de la izquierda tiene como correlato la caída electoral de los partidos tradicionales. En la elección de 1999 se debió mayormente a la caída del PN. Contrariamente, en la elección de 2004 el crecimiento de la izquierda estuvo vinculado al declive del PC. En las elecciones de 1999, el PC votó en forma similar a como había votado en la elección de 1994, en la que había obtenido la Presidencia de la República, con el 32.3% de los votos. Redujo su electorado en aproximadamente dos puntos porcentuales en el interior del país respecto a la elección pasada y mejoró su votación en Montevideo en aproximadamente tres puntos porcentuales. Pero el PN votó excepcionalmente mal, ya que desde el año 1942 nunca había obtenido menos del 30% de los sufragios. No sólo redujo su electorado en Montevideo a poco más de un 13% sino que perdió su primer puesto entre el electorado del interior (en 1994 había obtenido un 39.4% de los votos), para pasar a ocupar el tercer lugar (29,6% de los sufragios, contra 35.1% del PC y 31.3% del EP-FA). El impacto que tuvo sobre el PN la imposición de las candidaturas únicas a la Presidencia y la reñida disputa entre las fracciones del mismo en ocasión de las elecciones internas de abril de 1999 parecen poder dar cuenta de esta votación. (Ver anexo 1) 32

La elección del 28 de noviembre de 1999, en régimen de balotaje o segunda vuelta, era inédita en la historia del país, aunque el régimen ya se había hecho bastante habitual en los países de América Latina, la mayoría de los cuales la habían adoptado. Las cúpulas de los partidos Nacional y Colorado rápidamente llegaron a un acuerdo y el PN no solamente apoyó explícitamente la candidatura de Jorge Batlle1, sino que también hizo campaña a favor de ella. En cambio, el EP-FA concurrió solo a las urnas. La diferencia de ocho puntos porcentuales que separó la candidatura de Jorge Batlle de la de Tabaré Vázquez2 no fue pronosticada por las empresas encuestadoras, muchas de las cuales anunciaron una suerte de empate técnico. Vázquez creció un 5% respecto de la votación de octubre, pero la candidatura de Batlle, fundada en la alianza entre el PC y el PN, la superó ampliamente. El mes transcurrido entre la primera vuelta de octubre y la segunda vuelta de noviembre mostró un país enfrentado y advirtió a los líderes que cualquier gobierno en el Uruguay del próximo siglo sería un gobierno dividido. De hecho, el balotaje tuvo un efecto de polarización muy importante sobre la sociedad uruguaya, y toda organización que se preciara de tal se sintió en la obligación de “posicionarse” a favor de una candidatura o de la otra. La candidatura de Batlle representaba el “continuismo” de blancos y colorados en el gobierno y la de Vázquez, el “cambio a la uruguaya”. La sociedad uruguaya se expresó masivamente a favor o en contra de las opciones que tenía: se manifestaron las asociaciones sociales, empresariales y sindicales, los órganos de prensa, los intelectuales, los artistas, los políticos “disidentes”, las asociaciones profesionales. La concurrencia fue masiva y el voto en blanco o la abstención pasaron casi desapercibidos. Los líderes que en ese momento habían obtenido el monopolio de la representación política de sus partidos, Batlle y Lacalle3, contribuyeron a generar ese clima de polarización. Ambos estaban identificados con la derecha política del sistema (fuertemente asociada al liberalismo económico) y Vázquez con el polo de la izquierda. Esta polarización marcó el clima político en el que se inició el ciclo de gobierno 2000-2004 y no aminoró sino que se profundizó durante el período, hacia el fin del cual se fue volviendo cada vez más evidente para todos que la izquierda triunfaría en la elección del 2004.

Polarización y conflicto al inicio de la administración Batlle El triunfo de Battle en la elección de 1999 mostró que, desde el punto de vista económico, se profundizaría el rumbo de la política llevada hasta el momento. Desde antes de su asun1 2 3

Candidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado.

Candidato a la Presidencia de la República por el Encuentro Progresista Frente Amplio.

Candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional en la primera vuelta electoral.

ción en marzo de 2000, Batlle ya había acordado con el PN impulsar un proyecto de urgente consideración destinado en buena medida a profundizar aspectos de la desregulación de diversas actividades, así como a posibilitar la asociación del Estado con privados en varias empresas y servicios públicos. La característica de “urgente consideración” del proyecto estaba de algún modo apoyada en la débil ecuación que sustentaba al gobierno en el Parlamento. Si bien contaba con una mayoría absoluta de los votos, ésta estaba basada en una coalición con el PN, de difícil pronóstico respecto a su durabilidad y estabilidad. El resto de los escaños correspondían casi enteramente al EP - FA, de quien se esperaba ejerciera una oposición férrea al programa de reformas. Una carta de intención firmada al inicio del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvía a imponer la puesta en marcha de un programa de reformas que, en Uruguay, había quedado parcialmente trunco. Los objetivos del gobierno estaban orientados a la desregulación y desmonopolización de actividades en el sector público. Esta desmonopolización asumía distintas formas: la competencia entre el Estado y privados para la prestación de servicios, la asociación del Estado con terceros o la desvinculación de ciertas actividades o servicios. La carta de intención firmada con el FMI había comprometido al gobierno a la eliminación del monopolio de ANCAP4 para importaciones y ventas de asfalto; la eliminación del monopolio sobre importaciones y ventas de petróleo, y sobre importaciones y comercialización de gas natural; la apertura del Estado a la competencia para la distribución de combustibles; la eliminación del monopolio del Banco de Seguros del Estado (BSE) en servicios al gobierno, empresas públicas y bancos del Estado; la apertura a la competencia para telefonía de larga distancia y telefonía celular; la puesta en marcha de agencias reguladoras para liberalizar los mercados eléctrico, de telecomunicaciones y correos; las concesiones para que organismos privados puedan gestionar hospitales estatales; las concesiones al sector privado de agua potable y saneamiento; la apertura de la red ferroviaria a la participación sector privado y la eliminación de restricciones a las inversiones en fondos de pensión. En enero de ese año, antes de que el gobierno asumiera, ya estaba negociado y anunciado el primer proyecto de urgente consideración, llamado entonces la “primera Ley de Urgencia”. La Ley, Nº 17.243 fue promulgada el 29 de junio de 2000 con el voto unánime de los parlamentarios blancos y colorados. Entre los contenidos de esta primera ley, se autorizaba al Estado a asociarse con privados en la gestión de la terminal de contenedores del puerto y se consagraba la rebaja de aportes patronales en el agro, la industria y el comercio, entre otros. A la izquierda le fue entregado el texto del proyecto de ley pocos días antes de su elevación a Cámaras Legislativas, pero el gobierno no prestó mayor atención a la respuesta dada por la izquierda en carta entregada por el propio Vázquez al Presidente Batlle. 4

Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

La reacción no se hizo esperar. El 14 de agosto de 2000 se instaló una Comisión Pro-Referéndum integrada por el PIT-CNT5, movimientos de jubilados, FUCVAM6, y cuatro grupos del EP - FA, que tenía como objetivo la derogación de 13 artículos de esta primera ley. En agosto de 2000, y a menos de dos meses de aprobada la primera ley de urgencia, comienzan las negociaciones para impulsar una “segunda ley de urgencia”, que sería promulgada en enero de 2001. Esta ley incluía dispositivos referidos a rebajas de aportes patronales, fiscalización de sociedades comerciales y entes autónomos, normas concursales, importación de gas natural y zonas francas. Frente a esta segunda ley no se impulsaron medidas de derogación. La segunda iniciativa ciudadana contra el gobierno fue contra la Ley de Presupuesto, aprobada en agosto y promulgada en febrero de 2001. Incluía un importante conjunto de medidas de reforma del Estado y organismos públicos, entre ellas, la autorización a empresas privadas a establecer puertos y gestionar hospitales públicos, y una veintena de reformas regulatorias y de apertura de mercado que se sumaban a otras 40 desregulaciones que se habían aprobado por decreto en agosto de 2000. En marzo de 2001 se lanzó una nueva iniciativa contra la ley de presupuesto, que impulsó la derogación de los artículos 612 y 613 sobre ANTEL/ANCEL7. Ahora, esta nueva Comisión Pro-Referéndum se encontraba integrada, además del sindicalismo y los movimientos sociales anteriores, por toda la delegación del EP-FA y contó por consiguiente con mayores probabilidades de éxito. No obstante ello, tres meses después, el gobierno promulgó una tercera ley de urgencia, llamada “ley de competitividad”. Así, a poco más de año y medio de iniciado el gobierno se habían promulgado tres leyes de urgencia y se habían realizado dos convocatorias a referéndum. Sin embargo, en otros planos las relaciones entre el gobierno y la oposición parecieron, al menos en sus inicios, ser más fluidas y auspiciar un clima diferente al que había prevalecido durante la anterior administración del Presidente Sanguinetti8. En particular, las consideraciones del Presidente Batlle sobre “el estado del alma” que prevalecía en la sociedad uruguaya a propósito de las investigaciones sobre los detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1984), así como la temprana instalación de la Comisión para la Paz, le valieron la simpatía de buena parte del electorado de la izquierda. Esta simpatía contribuyó a mejorar enormemente su popularidad, que a los seis meses de iniciada su gestión superaba el porcentaje de electores que había respaldado su candidatura presidencial. 5 6 7 8

Central Única de Trabajadores.

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.

Empresa estatal de telecomunicaciones y telefonía celular respectivamente.

El Dr. Julio María Sanguinetti ejerció la Presidencia de la República (PC) en los períodos 1985-1989 y 1995-1999.

También parecieron abrirse instancias de negociación entre el gobierno y la oposición a partir del rol que asumió el Centro de Estudios Estratégicos 1815 liderado por el General Líber Seregni, al propiciar seminarios entre técnicos y políticos de los partidos sobre temas estratégicos al debate nacional (inserción internacional, política económica, políticas de seguridad y defensa). Un documento emanado por acuerdo entre técnicos de los cuatro partidos, a partir del seminario realizado el 15 de mayo de 20019, pareció abrir un camino de diálogo entre gobierno y oposición. Entre los documentos de este acuerdo se afirmaba que “el éxito de las reformas dependerá de la superación de planteamientos y debates que podrían derivar en una innecesaria polarización ideológica”. Pero esta polarización ya estaba instalada y hacia mediados del año 2001 se hacía claro que gobierno y oposición estaban en un duro enfrentamiento que sólo podía desembocar en una proliferación de leyes de urgencia por un lado y de convocatorias a referéndum por el otro.

La crisis financiera de 2002 Es en este contexto político que se inicia la crisis financiera de 2002, aunque sus antecedentes se remontan al inicio de la gestión del gobierno10. La crisis de 2002 es en realidad una crisis de más largo aliento (1999-2002) y conoce tres fases. Una primera fase recesiva correspondiente al período 1999-2001, una agudización de esta fase en el año 2002, y una tercera fase que corresponde a la crisis bancaria que es, a menudo, identificada con la crisis en su conjunto. Desde fines de 1998 y hasta 2001, la economía uruguaya había entrado en un período recesivo, registrándose una caída del PBI de 7.3% para el trienio 1999-2001. Las razones de esta crisis son de varios tipos: contextuales (como la contracción del ingreso de capitales externos a toda la región, el aumento del precio del petróleo o la caída de precios de los productos agropecuarios), otras vinculadas con la actividad de nuestros vecinos (Brasil, que devaluó en 1998, y Argentina, que entró en una profunda recesión) y algunas coyunturales, como la epidemia de aftosa en abril de 2001, que determinó el cierre de los mercados no aftósicos para las carnes uruguayas. Dada la inflexibilidad de un presupuesto que no pudo acompañar el ciclo de la crisis, el déficit fiscal persistente se financió con un endeudamiento que creció del 21.2% del PBI en 1998 al 35% en 2001. 9

“Servicios públicos: aportes hacia una política de estado”, encuentro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos 1815.

Por información más detallada véase Failache, C. et al (2003) Comisión sobre el diagnóstico de la situación actual del país

y propuestas de salida a la crisis. Documento para abrir la discusión. Montevideo. Facultad de Ciencias Económicas (mimeo). (Acceso por www.ccee.edu.uy).

La acentuación de la crisis argentina de 2001 profundizó la crisis uruguaya ya a inicios de 2002. El riesgo país pasó de 217 puntos en diciembre de 2001 a 2.191 puntos básicos en octubre; el PBI se redujo 10,8% y el déficit fiscal de 2002 ascendió a aproximadamente 4,2% del PBI. La crisis de confianza determinó una formidable corrida contra los depósitos bancarios. En los primeros nueve meses de 2002 se retiraron más de 6.000 millones de dólares de los depósitos, casi 46% del total existente a fines de 2001. Los depósitos de no residentes cayeron 65% y los de residentes casi 30%. La estrategia inicial del gobierno en los primeros cinco meses del año 2002 consistió en mantener las ventanillas abiertas de los bancos y hacer frente al retiro de depósitos con la esperanza de que la corrida se detuviera. Luego de una etapa en la que se concretó un nuevo acuerdo con el FMI y la creación de un Fondo de Fortalecimiento del Sistema Bancario (FFSB), con vistas a detener la corrida de depósitos, finalmente se decretó un feriado bancario. Al término del mismo se obtuvo apoyo del FMI y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo que permitió respaldar los depósitos de los bancos públicos, reprogramarlos y proceder a la liquidación de los bancos privados en quiebra. La crisis del quinquenio 1999-2003 determinó un pronunciado deterioro de las principales variables macroeconómicas: ingreso, PBI, inversión, consumo, empleo, deuda y, por consiguiente, de las condiciones de vida de la población. El desempleo abierto en Uruguay había trepado al 17% de la población, el salario real arrastraba una pérdida de casi 20 puntos porcentuales entre 2001 y 2002 y la pobreza había trepado a límites superiores al 23.7%, duplicándose en un año. Sin embargo, el impacto de la crisis revelaba un fenómeno de más largo aliento. Como señala Filgueira (2002): “La crisis actual no funda un nuevo país radicalmente peor y disociado del pasado. Existen líneas de continuidad evidentes con el desarrollo social de la última mitad de la década y con algunos rasgos estructurales de nuestra sociedad de aún más larga data.” El Informe de Desarrollo Humano del PNUD11 sobre Uruguay de 1999 ya había advertido sobre el impacto de los efectos de varias reformas, en especial de la apertura externa (Uruguay pasó de un arancel promedio de 40.7% en 1985 a uno de 12.8% en 1998, según datos de la CEPAL12 para 1998) sobre el mercado de trabajo. La disminución de empleos industriales (de 20.5% en 1986 a 16.3% en 1998) y el ajuste fiscal tuvieron consecuencias “desigualadotas” y empobrecedoras sobre la mano de obra. La quinta parte de los trabajadores de la industria pasaron al sector servicios, a la informalidad o simplemente al desempleo abierto. El ajuste fiscal y el achicamiento del aparato estatal se combinaron con los primeros, al reducir el porcentaje de trabajadores en empleos públicos. Éstos pasan de ser aproxi11 12

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Comisión Económica para América Latina.

madamente un cuarto de la fuerza de trabajo urbana (24%) a cerca de un sexto (16.3%) entre 1986 y 1998. El Informe de Desarrollo Humano (1999: 81) advierte que “la creciente precarización, se expresa en la inestabilidad del empleo, en una proporción creciente de asalariado y la creciente desvinculación del salario de las instituciones de la seguridad social, cobertura de salud, así como otras formas de protección. En condiciones de elevadas tasas de desocupación abierta y de subocupación se produce una presión hacia la baja del salario y al deterioro de las condiciones de trabajo.” El efecto más inmediato y de largo plazo de esta dinámica es un persistente incremento del desempleo (para el año 2000 ya estaba en el orden del 15%), con un sesgo marcado hacia mujeres y jóvenes. La infantilización y feminización de la pobreza, el crecimiento de la inseguridad ciudadana, la segregación social en el espacio urbano y la profundización de la desigualdad en la capacidad de acumulación de capital humano (como por ejemplo la educación) entre estratos de ingresos, levantaban una alerta hacia la problemática del desarrollo social del Uruguay del futuro. Algunos de estos resultados pueden ser ilustrados con los datos correspondientes al período llamado la “media década perdida” que pareció instalarse en América Latina entre 1998 y 2003 y a la que el Uruguay no pudo sustraerse, más allá de la especificidad de la crisis. La pobreza urbana se duplicó entre 1999 y 2003: era de 15.3% a inicios del ciclo recesivo (1999), trepó a 17.8% en 2000, a 18.8% en 2001, a 23.6% en 2002 y se ubica en 30.9% en 2003. La indigencia también se duplicó, saltando de 1.2% en 1999 a 2.8% en 2003. La desigualdad en la distribución del ingreso, que se había reducido entre 1990 y 1999 (el Índice de Gini pasó de 0.49 a 0.44 en el período), volvió a aumentar entre 1998 y 2001 (pasó de 0.43 a 0.45). Mientras tanto, el desempleo urbano se disparó: en 1998 era de 10.1, aumentó a 11.3% en 1999, a 13.6% en 2000, a 15.3% en 2001 y a 17% en 2002. Además, la crisis aceleró el proceso migratorio, concebido como una suerte de “mecanismo de absorción de tensiones” al que la sociedad uruguaya parece echar mano en circunstancias críticas. El saldo migratorio entre 1995 y 1999 había sido prácticamente nulo. La migración se dispara después del 2000: el saldo fue de 18.026 personas. En el 2001 tenemos un saldo negativo de 20.690 personas, sube a 28.302 en 2002 y se ubica 24.096 en 2003. Todo indica que emigró más gente entre 1999 y 2003 de la que emigró entre 1985 y 1996 (Pellegrino y Vigorito, 2004). Durante la crisis la sociedad mantuvo un componente de cooperación y solidaridad importante, destacable en medio de la desunión que afectaba al sistema político. En particular, cabe mencionar el rol del sindicato de bancarios en la gestión de la crisis (AEBU), en la disposición a brindar su capacidad de gestión y técnica al servicio de la salida del conflicto. También cabe mencionar la labor de innumerables organizaciones sociales que se pusieron al servicio de las poblaciones más carenciadas, realizando trabajos de apoyo en las comunidades. 38

Asimismo, es destacable asimismo la iniciativa en torno a la Concertación para el Crecimiento, un movimiento que agrupó al sindicalismo, y a algunos sectores del empresariado y que tenía como objetivo presentar al gobierno, antes de que se produjera la crisis del 2002, un conjunto de alternativas para sacar al país del estancamiento que se estaba produciendo a raíz del contexto regional disparado por la devaluación brasileña de 1998. Si a pesar de la magnitud de la crisis, el Uruguay no sufrió un proceso de deterioro político de mayores consecuencias (como el que vivió Argentina) fue por los efectos combinados de al menos tres tipos de factores. En primer lugar, el rol cumplido por el sindicalismo (no sólo el bancario) para generar una protesta institucionalizada al conflicto político -inevitableproducido por la crisis. El propio gobierno debió reconocer el papel jugado por el mismo en la salida de la crisis. En segundo lugar, cabe destacar que la sociedad civil no recurrió a salidas de emergencia tendientes a desacreditar al sistema político en su conjunto. Ello obedeció a una tercera razón, coyuntural, que fue la casi inevitable victoria del EP-FA en las siguientes elecciones. Nadie tuvo entonces motivación para buscar una salida de emergencia que, como en Argentina, justificara la interrupción del mandato presidencial (algo que se había vuelto recurrente en otros países de América Latina), o un cuestionamiento a su gestión con efectos desestabilizadores. La mejor solución era administrar la crisis dentro de los límites institucionales vigentes, mientras la izquierda acumulaba fuerzas de cara a las elecciones de 2004. La coalición que había dado origen y sustento al gobierno se rompió, luego de la votación de la ley de refinanciamiento del sistema bancario, pero acompañó al Presidente durante toda la crisis. El período cierra con dos duros golpes de la oposición al gobierno. En primer lugar, se obtiene la derogación de los artículos 612 y 613 referidos a ANTEL/ANCEL contenidos en la ley de presupuesto. El gobierno prefirió derogar esos artículos en el Parlamento, ante la constatación de que ya se habían recolectado las firmas suficientes para llevarlo adelante y una consulta de ese tipo en realidad hubiera representado un verdadero plebiscito sobre la actuación del gobierno. La segunda fue la derogación de la ley de liberalización de la importación de combustible o ley ANCAP en diciembre de 2003. Aprobada por el 63% de los votos, la derogación de esta ley mostraría que la izquierda y la sociedad civil organizada tenían muchos más votos que el gobierno. En este contexto se llega al 2004, un año signado por varios desafíos.

La campaña electoral y el ciclo político en el año 2004 Después de la derogación de la Ley de ANCAP, la suerte parecía echada para el gobierno a inicio de 2004. Para las distintas empresas encuestadoras, el EP-FA-NM (el nuevo nombre que había asumido la coalición de izquierda, a la que se había agregado una escisión del Partido Nuevo Espacio llamada ahora Nueva Mayoría) oscilaba, entre diciembre de 2003 39

y junio de 2004, entre un 46% y un 50% de intención de voto. Era evidente que ganaría, pero no se sabía si en primera o en segunda vuelta. Su pico de máxima adhesión había sido en diciembre, en buena medida como “arrastre” del voto castigo que significó al gobierno la derogación de la ley de ANCAP, pero luego había descendido, estabilizándose en el entorno del 46% y el 48%. El PC había sido el principal afectado por la crisis y mostraba niveles de adhesión del electorado potencial de entre un 10% y un 13%. Sus electores parecían ya haber tomado la decisión de emigrar hacia el PN que comenzó el año con una intención de voto de 19% y la fue aumentado progresivamente hasta llegar a un 31% en una medición realizada antes de las elecciones internas partidarias del 27 de junio de 2004. Con Jorge Larrañaga en el PN y Guillermo Stirling en el PC13, la disputa electoral parecía ligeramente “corrida” hacia el centro, o más bien, del centro a la izquierda, evidenciando un claro contraste con la fuerte polarización que se había registrado en la elección de 1999 entre Batlle, Lacalle y Vázquez. Con un Larrañaga ubicado más hacia el centro que su competidor Lacalle, y un Stirling que mantenía un perfil conciliador, la campaña electoral uruguaya parecía, en sintonía con la región, teñida de un cierto tono “progresista”. En particular, merece destacarse en este contexto el discurso del principal competidor de Vázquez, el candidato Larrañaga, de apoyo al MERCOSUR y defensa de las instituciones del Estado, así como su disposición a negociar y acordar -en caso de llegar al gobierno- con el EP-FA-NM. Los resultados de las elecciones internas en junio de 2004 no evidenciaron sorpresas. Stirling, el candidato común de la Lista 15 y del Foro Batllista, obtuvo el 91% de los votos dentro del PC, y Larrañaga obtuvo el 65.9% de los votos del PN, dejando muy atrás a Lacalle, que obtuvo el 33.5%. En el EP-FA-NM no se dirimía nada, ya que Vázquez era el único candidato. Sólo era un “chequeo” de su caudal electoral de cara a octubre. Sin embargo, la izquierda quedó preocupada con el resultado. En el total de los votantes que concurrieron a las internas, el PC había obtenido el 15% de los sufragios emitidos, el PN el 41,5% y el EPFA-NM el 42,8%. Para la izquierda, el resultado electoral sembró dudas sobre su “casi segura” victoria en octubre del 2004. Dudas poco razonables, pero dudas al fin. El “exitismo” con el que la izquierda había vivido su casi segura victoria pareció menguar rápidamente. Desde julio hasta octubre, las intenciones de voto no cambiaron sustancialmente. El clima del debate fue pobre, en parte por la negativa del candidato presidencial del EP-FA-NM a debatir ante los medios con los candidatos de los otros partidos, pero también porque para muchos, cambiar a los que estaban en el poder era relativamente más importante que iniciar un debate sobre cómo iba a cambiar el modo de hacer las cosas. La campaña de 2004, lejos de ser una discusión sobre políticas, se transformó en una discusión sobre el “quién es 13

El Dr. Jorge Larrañaga y el Dr. Guillermo Stirling fueron los presidenciables electos en la internas del PN y el PC respec-

tivamente para las elecciones nacionales de 2004.

quién”. La expectativa se centró más en quiénes irían a conducir los destinos del país, que en los programas que podían proponerles. Los hitos más importantes de la campaña fueron protagonizados inicialmente por el EPFA-NM, que realizó poco después de las elecciones internas una extensa gira en el exterior con un equipo integrado por sus principales figuras (incluyendo un contacto con los organismos financieros internacionales) y en la que se anunció que el Ministro de Economía iba a ser el Cr. Danilo Astori: una figura que podía traer “tranquilidad” a los mercados. Esta designación fue acogida con beneplácito no sólo por el propio electorado frenteamplista, sino por el electorado en general, como muestran las encuestas de opinión pública del período. La campaña del PN pareció rezagada en relación a las iniciativas del EP-FA-NM y cuando se puso en marcha, parecía una suerte de imitación de la primera: el equipo de Larrañaga también salió de gira, se puso en contacto con los organismos financieros internacionales y realizó una ronda de encuentro con los presidentes de los países vecinos. Durante una segunda fase, el EP-FA-NM volvió a destinar la campaña mayoritariamente a la presentación de sus distintas propuestas programáticas14, que obtuvieron poco o ningún eco en sus contrincantes, más preocupados en elaborar su propia campaña que en responder a la efervescencia programática de la izquierda. Hasta la embestida final del Foro Batllista contra los tupamaros en las dos últimas semanas antes de la veda electoral, toda la campaña pareció centrada en el enfrentamiento entre Larrañaga y Vázquez. El clima de competencia entre el PN y el EP-FA-NM excluía de tal manera al PC que éste se vio obligado a pedirle a los colorados que no votaran al PN y, por consiguiente, no “adelantaran” el balotaje. Los propios dirigentes colorados salieron a pedirle “a los colorados que voten a los colorados.” El riesgo de un colapso total era inminente y su resultado inevitable, tal como lo muestra la contienda final de octubre de 2004. Para el PC esto era una catástrofe: había gobernado 52 de los 65 años de democracia, perdido sólo 3 de 17 elecciones y ocupado el sillón presidencial en 13 de las 16 investiduras. En este clima político se votó en la Cámara de Senadores el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que en el año 2002 había obtenido la media sanción en Cámara de Diputados. Si bien no era un buen momento para aprobar nada (salvo aquellas cosas en las que la coalición estaba de acuerdo y que necesitaba impulsar so pena de que el próximo gobierno las descartara, como pasó con el Tratado Bilateral de Inversiones), sí lo era para colocar temas de agenda en el debate. Después de todo, era año electoral, año de promesas y un año para que los parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil presionaran a la izquierda en pro de definiciones sobre la agenda legislativa. Parecía claro que la mayoría 14

Entre ellas, “El Uruguay Productivo”, “El Uruguay Social”, “El Uruguay Democrático”, “El Uruguay Innovador” y “El

Uruguay Cultural” fueron presentaciones en las que Vázquez anunció el programa correspondiente a cada una de estas áreas. En total, esto insumió un mes de campaña electoral.

de los y las legisladores/as de izquierda era favorable a la aprobación de estas iniciativas, lo cual no había podido hacer siendo minoría en el Parlamento. Entre algunos temas de esta agenda legislativa pendiente se encontraba el voto de los uruguayos en el exterior, una ley de financiamiento de partidos, la ley de salud reproductiva y la llamada “ley de cupos” (ley de participación política) en listas partidarias. Las dos primeras iniciativas habían contado con proyectos presentados por parlamentarios frenteamplistas y del Nuevo Espacio. Las dos segundas, por la mayoría de las mujeres parlamentarias que contaban el apoyo de los legisladores frenteamplistas y, además, con el de algunos legisladores de otros partidos. ¿Cómo estaba funcionando el Parlamento en este período? En el siguiente apartado, examinaremos con detalle su funcionamiento durante toda la administración Batlle y en especial durante el último año.

El funcionamiento del Parlamento uruguayo en el período 2000-2004 El Parlamento uruguayo vivió, como ninguna otra institución política, las vicisitudes del extraordinario período 2000-2004. Considerado a menudo una institución “de espaldas a la sociedad” -consideración emanada en buena medida por el desconocimiento de la población sobre sus funciones y actuación- el Parlamento uruguayo fue, empero, una caja de resonancia especial de los procesos que se vivieron. Entender el funcionamiento del Parlamento en este período es imprescindible para entender la dinámica que imperaba en el momento en que se presentó el proyecto de Ley de Salud Reproductiva. Como otras leyes con contenido de género, su presentación fue más el resultado de la acumulación de iniciativas anteriores que cristalizaron, que un cálculo político sobre la “buena fortuna”, al decir de Maquiavelo, de la circunstancia en que iría a ser presentada. Sin duda, el momento no era el mejor. La productividad parlamentaria había caído en el 2003 y seguiría haciéndolo en el 2004. La ajustada votación que recibió la Ley de Creación del Fondo de Estabilidad del Sistema Financiero en el 2002, que consagraba la salida de la crisis, mostró que la coalición estaba en el límite de ruptura y que cualquier iniciativa encontraría serias dificultades para ser tratada y aprobada. Por otra parte, durante el 2004 el Parlamento fue “contaminado” por una agenda electoral que, después de la reforma constitucional, se había alargado considerablemente. Las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo han sido peculiares en la historia política uruguaya y esto deriva de la composición histórica bipartidista del sistema político. Con dos partidos de peso semejante, los ensayos de coparticipación en el Ejecutivo que se produjeron hasta la consagración definitiva del presidencialismo con la Constitución de 1967, saldaron hasta cierto punto el difícil equilibrio en un Parlamento dividido en dos grandes bancadas. Con el surgimiento de la izquierda y su rol de “tercero excluido”, el Parlamento uruguayo inicia otra historia: la del funcionamiento “coalicional” entre el PN y el PC. Los 42

estudios realizados hasta el momento sobre el funcionamiento de las mismas muestran que la productividad parlamentaria de la coalición tiende a ser alta en los primeros dos años y medio de gobierno, reduciéndose después su estabilidad y la disciplina de los parlamentarios considerados individualmente. Asimismo, debemos recordar que existe una competencia entre poderes por las capacidades legislativas del Estado. La existencia de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, tanto en materia presupuestaria como en su posibilidad de interponer veto a una decisión legislativa o enviar proyectos con carácter de urgente consideración, suponen funciones legislativas muy importantes del Ejecutivo. Frente a ellas el Parlamento puede, in extremis, funcionar apenas como una “correa de transmisión” del Ejecutivo. Por otro lado, dado el peso de los partidos políticos en Uruguay, el funcionamiento del Parlamento está fuertemente condicionado por éstos. Desde que existen coaliciones entre partidos para la conformación del gobierno, muchos de los acuerdos son logrados fuera del Parlamento y luego se ratifican en él. En un Parlamento contaminado por la lógica de dos contra el tercero, los acuerdos extraparlamentarios llegaban sin demasiada posibilidad de debate, especialmente por la baja expectativa de que la oposición acompañara la iniciativa y por el hecho de saber que se contaban con los votos suficientes. Una primera consecuencia de los procesos que acompañaron al cambio en el sistema de partidos uruguayos, fue el aumento de la fragmentación, consecuencia de la incorporación del Frente Amplio en 1971. Esta fragmentación se consolidó en el ciclo democrático que comienza en 1985 y tuvo su punto máximo en el período 1995-2000, en el que el Parlamento estaba fraccionado en tres tercios con similar número de escaños. El aumento en el número de partidos relevantes y la reducción del número de escaños del Presidente ha sido la constante del período, al menos hasta la reforma constitucional de 1996. Como ya fuera señalado, la lógica coalicional que ha imperado desde 1995 hasta el presente ha permitido una relación más o menos fluida entre Ejecutivo y Legislativo, por lo menos durante los primeros años de gobierno, no obstante lo cual, la percepción de la opinión pública es que “los políticos no se ponen de acuerdo”. El gráfico 1 muestra la distribución de escaños evidenciando lo anteriormente dicho. Al comienzo de la administración Batlle, el Parlamento -como señala Chasquetti (2002) - se encontraba “bajo presión”. La intensa actividad legislativa que se registra apenas entra el nuevo gobierno de la mano de las “leyes de urgencia”, seguida de la que se produce a consecuencia de la crisis del sistema financiero, es uno de los componentes de esta presión. El otro componente son las propuestas de ajuste político, que a menudo son manejadas de una forma tal que descalifican la actividad parlamentaria (y la palabra “ajuste” no es casual). Finalmente, el Parlamento se encuentra “bajo presión” del Poder Ejecutivo, responsable por el 74.2%, 73.5% y 63.4% de las leyes aprobadas en 2000, 2001 y 2002 respectivamente, de acuerdo al informe de Chasquetti. Menos de un 30% de las leyes son iniciativas legislativas. 43

Por otra parte, el impacto de la crisis sobre el Parlamento no fue menos importante. Desde que se dispone de encuestas para medir la aprobación y desaprobación de la opinión pública ante el Parlamento, estos niveles han mostrado una tendencia a fluctuar considerablemente. Sin embargo, cabe mencionar que en el período de la crisis hay una caída en el porcentaje de personas que dicen aprobar la gestión parlamentaria (de 27% a 18%) y un aumento de las personas que dicen desaprobar la gestión (de 22% a 33%). Los datos se muestran en el gráfico 2. En el 2002 una encuesta de la Empresa Factum sobre la propuesta del entonces llamado “ajuste político” mostró que la mayoría de los entrevistados estaban de acuerdo con el mismo, sea a través de la reducción del número de políticos o de sus gastos. Ese acuerdo evidenciaba, al menos indirectamente, la mala evaluación que la población hacía del Parlamento en el período. Aunque la preferencia por un ajuste de gastos era superior a la de un ajuste en el número de parlamentarios, un nada desdeñable porcentaje (31%) se manifestaba a favor de reducir el número de senadores y diputados. Un 25% consideraba que senadores y diputados deberían tener menos secretarios y menos gastos y un 38% consideraba que habría que reducirles el sueldo en un tercio. Preguntados sobre la reducción del número de senadores y diputados y su impacto sobre la representación parlamentaria de algunos partidos, la mayoría prefería que hubiera menos, aún cuando quedaran partidos fuera del parlamento (57%). Un tercio de los entrevistados (34%) consideraba, sin embargo, que había que asegurar la representación parlamentaria de todos los grupos y partidos. Con la ruptura de la coalición en octubre de 2002 el gobierno careció de mayorías legislativas estables. Así, la productividad parlamentaria, que ya había descendido en el 2003, continuó haciéndolo en el 2004. Según un estudio de Chasquetti sobre el desempeño del Parlamento en 2004, el año que antecede al año electoral tiende a evidenciar un desempeño parlamentario más pobre, por los efectos combinados de la ruptura de la coalición, el deterioro de la disciplina parlamentaria y la cercanía de la competencia electoral. A favor del funcionamiento del Parlamento, dice el estudio que en el último año, el número de legisladores que buscaron garantizar su reelección procuraron para ello “aprobar proyectos que contemplaran las demandas más sentidas por sus potenciales electores” (2005: 86). Sin embargo, no fue esto lo que pasó. El Ejecutivo continuó manteniendo (y aún reforzando) su dinámica legislativa frente al Parlamento y los legisladores comenzaron a orientarse menos a la actividad legislativa y más a la carrera electoral (las cifras de pedidos de licencia de los parlamentarios para dedicarse a la actividad política son ilustrativas al respecto). El estudio cita sólo cuatro leyes de importancia aprobadas en el año y el análisis llega hasta el 30 de junio de 2004. 44

A pesar de esta caída en la productividad parlamentaria, durante el 2003 y 2004 el Parlamento fue un lugar relevante de debates. Durante el 2003 se trató el proyecto que establecía un mínimo de representación de ambos sexos en listas partidarias (que finalmente no se aprobó), el proyecto de Ajuste Político (no tratado) y el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. En el 2004 el Parlamento rechazó el proyecto de voto consular (referido al voto de los uruguayos en el exterior) y el de salud reproductiva. Este proyecto fue el que tuvo mayor impacto sobre la opinión pública y desencadenó un debate en el cual se sintieron convocados a opinar actores “extraparlamentarios” de diversa índole, entre los que se contaron la Iglesia Católica, el movimiento feminista, organizaciones de la salud, sindicatos, academia y diversas organizaciones sociales y religiosas.

Los derechos de las mujeres y su trámite en la arena parlamentaria En el período 2000-2004, dos proyectos de ley que tenían como principal objetivo la defensa de los derechos de las mujeres, fracasaron. Éstos fueron la Ley de Participación Política (o Ley de Cuotas) y la Ley de Salud Reproductiva. Ambos contaban con importantes antecedentes y ambos fueron votados hacia fines del período considerado. Los tres proyectos de ley que propusieron la introducción de medidas de discriminación positiva se presentaron en 1988, 1992 y 200215. El primero, elaborado por miembros de la organización no gubernamental Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU) proponía que la legislación nacional que regulaba el sistema electoral incluyera una cuota máxima por 15

CRR 3093/88, CRR 2235/92 y CRR 2280/2002.

sexo de un 75 %. El segundo proyecto fue iniciativa de dos diputados del Nuevo Espacio y del Frente Amplio y proponía una cuota máxima de un 75 % por sexo en todas las listas, pero planteaba implementarla a través de procedimientos establecidos individualmente por partido. El tercer proyecto fue presentado por cinco integrantes de la llamada “bancada femenina” y proponía un máximo de un 70 % de integrantes del mismo sexo en toda lista de candidatos que se presente en las diversas instancias electorales, estableciendo para los órganos de dirección partidarios “la integración de los sexos de acuerdo al porcentaje de afiliación de la circunscripción correspondiente al organismo de dirección que se elige”. El primer proyecto se archivó sin llegar siquiera a ser tratado en Comisión. El segundo se anexó en setiembre de 1993 a un proyecto de reforma de la legislación de los partidos políticos, recibió media sanción de la Cámara de Diputados y el Senado lo devolvió primero a la Comisión y luego fue archivado. El último proyecto presentado consiguió ser tratado, pero no se obtuvieron los votos para su sanción. El rechazo al proyecto en 2003 parecía anticipar que las iniciativas de género iban a continuar encontrando un clima parlamentario muy reacio a cualquier modificación en el status quo imperante. El proyecto de ley de Salud Reproductiva fue una iniciativa surgida de la Comisión Especial de Género y Equidad de la Cámara de Representantes. Tanto este proyecto como el anterior están vinculados al surgimiento de la bancada femenina, aunque los apoyos a uno y otro no fueron simétricos, ni siquiera entre las propias mujeres. A diferencia del primer proyecto, que afectaba básicamente intereses de las mujeres políticas, aunque de ser aprobada la ley generaba condiciones de acceso más amplias para todas las mujeres que quisieran dedicarse a la actividad política, el proyecto de Salud Reproductiva no tuvo unanimidad entre las integrantes de la llamada bancada femenina. Sin embargo, este proyecto convocó la participación de las más diversas organizaciones de la sociedad civil, poniendo de relieve el rol de los movimientos sociales como el movimiento feminista y las organizaciones vinculadas a la cuestión de género, pero también el importante papel que las organizaciones sociales de base religiosa cumplían en una sociedad tan laica como la nuestra. La clase política permaneció dividida, evidenciando un “clivaje” de género (hombres y mujeres en cada partido), hasta ahora no visible en la política uruguaya. La Comisión Especial de Género y Equidad tenía varios antecedentes referidos a la despenalización del aborto: el de 1985 («Aborto practicado con consentimiento de la mujer”), el de 1991 («Penalización de actos que afectan los derechos de la mujer. Modificación de diversos artículos del Código Penal») y el de 1993 (“Interrupción voluntaria de la gravidez”), entre otros. La discusión, presentada inicialmente por la Comisión de Género y Equidad, pasó en 2002 a discusión en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social que presentó en mayoría el proyecto para su aprobación en la Cámara de Representantes. El 10 de diciembre de 2002 el proyecto es aprobado en Cámara de Representantes por una diferencia de votos de 47 versus 43, pero el 4 de mayo de 2004 fracasa en el Senado. 47

El proyecto contó desde el principio con la oposición de los principales líderes de los partidos, lo que representó una novedad desde el punto de vista del trámite político. Difícilmente un proyecto que no contara con el beneplácito de los líderes de los partidos sería considerado en el Parlamento. En segundo lugar, fue un proyecto sin partido. En suma, era un proyecto relativamente excepcional en el contexto de la actividad parlamentaria uruguaya. Desde su aparición en la agenda política, social y periodística, el aborto suscitó un debate apasionado y generalizado a sectores, grupos, organizaciones e individuos, que enfrentó posturas filosóficas, morales, religiosas y hasta políticas. Encontró apoyos dentro de la mayoría de los representantes del EP-FA, dividió al PC y encontró fuertes resistencias en el PN (un partido que en sus orígenes estuvo fuertemente emparentado con la Iglesia Católica). La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social recibió y atendió 25 delegaciones del ámbito académico, científico y gremial, del área jurídica y médica, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa de los derechos humanos y de las mujeres y representantes de diversas religiones. A diferencia de otros proyectos, el de Salud Reproductiva no parecía afectar ningún interés específico; los intereses en juego eran genéricos y difusos. Así, muchos voceros de instituciones sólo hablaron a “título personal”. En principio es posible diferenciar dos intereses específicos afectados por el proyecto: el de la corporación médica y el de los jueces. Una parte importante de la discusión sobre la despenalización del aborto en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social radicó en la solución de aspectos técnicos referidos a la ley. En este sentido, el proceso consultivo técnico fue especialmente relevante. De hecho, el criterio que primó en la Comisión fue el de recibir a todas las delegaciones y después comenzar el debate del proyecto. Sobrevenidos los plazos de entrada del proyecto a la Cámara de Representantes, la Iglesia Católica y las comunidades evangelistas reforzaron su militancia en contra del cambio legal sobre el aborto en Uruguay (militancia que habían desarrollado a lo largo de todo el período, a través de una campaña de recolección de firmas). La Universidad Católica del Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Comisión de Bioética Médica del Círculo Católico de Obreros del Uruguay, también se manifestaron en contra del proyecto. La principal forma de presión que pusieron en juego algunas de estas organizaciones fue la advertencia de que no iban a votar a quienes respaldaran la iniciativa. Esto, en el contexto electoral, representaba una amenaza importante para los legisladores que pretendían se reelectos. Como contrapartida, el movimiento feminista y las organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres fueron un sector de la sociedad civil particularmente activo en la elaboración y debate del proyecto, tanto por la capacidad que evidenciaron para articular políti48

camente los apoyos, como en el soporte técnico que prestaron a esta iniciativa. Además de participar muy activamente en la elaboración del proyecto, aportando elementos tanto para el diagnóstico como para el articulado de la ley, estas organizaciones cumplieron un rol muy importante en la difusión de los contenidos del proyecto, así como de la responsabilidad del Estado en generar condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos. Finalmente, dos corporaciones profesionales afectadas directamente por el proyecto: los médicos y los jueces, se manifestaron sobre el tema. La corporación médica, porque el texto del proyecto exigía a este sector que practicase el aborto voluntario, a menos que expresaran objeciones de conciencia. Los jueces, porque el texto del mismo explicitaba que debían expedirse en caso de que no hubiera consentimiento al aborto voluntario por parte de los representantes legales de una menor. El principal tema que afectó a la corporación médica fue el de la concepción del aborto como “acto médico” y la exigencia o no de que la interrupción del embarazo fuera practicada por un ginecólogo (o por cualquier técnico en salud capacitado). En cuanto a los magistrados, también opusieron resistencia al articulado que deja en manos del juez la decisión cuando los representantes legales de una menor de 18 años están en desacuerdo con la decisión de la misma, arguyendo que los jueces no pueden separarse de sus convicciones filosóficas y religiosas. Por último, un actor con mucha visibilidad pero poca capacidad de influencia efectiva, fueron los intelectuales y algunas instituciones públicas con peso en la sociedad uruguaya como la Universidad de la República (que hizo una declaración en 2003) o el movimiento sindical (PIT/CNT) que integra, a partir de 2004, el tema de la salud reproductiva y la despenalización del aborto en su plataforma. También el Sindicato Médico del Uruguay, poco antes de la votación, emite una declaración pública favorable sobre el tema. Para finalizar el análisis del contexto político en el que tuvo lugar la presentación del proyecto de Salud Reproductiva, haremos una síntesis de las condiciones que viabilizaron la iniciativa y las que se transformaron en un freno para su aprobación. Entre las primeras, debe destacarse la existencia de una bancada femenina que, aunque no apoyó integralmente el proceso, estuvo muy activa - desde la inauguración de la administración Batlle- en la generación de iniciativas tendientes a mejorar la condición de la mujer. En segundo lugar, hubo un “disparador” importante, y con impacto sobre la opinión pública, que fue el desmantelamiento de clínicas de aborto clandestino, que evidenció las terribles consecuencias de la práctica clandestina generalizada del aborto provocado. También se había producido un incremento sustantivo de la mortalidad materna, que saltó de guarismos del 1.1 y 1.7 entre 1999 y 2000 a 3,6 en 2001 y 3,1 en 2002. Este incremento de la mortalidad materna estuvo determinado por el aumento de la muerte de mujeres por aborto inseguro. 49

En general, el proyecto contó con una disposición positiva de las mujeres de todos los partidos, con el apoyo del personal médico vinculado a los temas de salud reproductiva y sobre todo, con el apoyo de las organizaciones de mujeres activistas en la defensa de sus derechos y un creciente apoyo ciudadano a la iniciativa16. Las resistencias y factores que obstaculizaron el proceso fueron de varios tipos. En primer lugar, las organizaciones religiosas con capacidad de difundir su posición a través de su vínculo con los legisladores. En segundo lugar, las variables del contexto político que se sintetizan en el siguiente cuadro. (Los elementos que figuran en el contexto en el que fue presentada la ley están organizados como variables incidentes).

A pesar de que los elementos negativos eran superiores a los positivos, el proyecto se aprobó en Diputados y se votó en contra de manera ajustada en el Senado. Las organizaciones que apoyaban la iniciativa se vieron en la situación de “barajar y dar de nuevo” pensando que, con la más que probable victoria del EP-FA en las elecciones nacionales de 2004, el clima iba a ser más favorable para su aprobación con un gobierno de izquierda. (Ver cuadro 2) Con el resultado de las elecciones de 2004, una nueva presentación del proyecto suponía la existencia de cambios relevantes en al menos dos variables incidentes: productividad del legislativo (alta) y ciclo electoral (de mínima). El clima de opinión pública continuó favorable, las organizaciones que apoyaban el proyecto continuaban fuertes y los partidarios del proyecto, la bancada del FA, obtuvo mayoría parlamentaria. Sin embargo, las declaraciones 16

Ver capítulos sobre opinión pública y debate social en esta publicación.

del Presidente Vázquez sobre la interposición de veto presidencial en caso de que la ley fuera aprobada, así como el hecho de que los principales líderes políticos de los partidos continuaron en su mayoría oponiéndose al proyecto, siguen constituyendo obstáculos importantes para su aprobación en la actual legislatura. Desde el punto de vista del trámite político, el proyecto de salud reproductiva configura un ámbito privilegiado para analizar las relaciones entre sociedad civil y Parlamento, en un contexto en que los intereses de “base” (políticos y sociales) se oponen a la cúpula política y al Poder Ejecutivo, transversalizando las preferencias y valores ideológico-partidarios y revelando otros clivajes de división de la sociedad uruguaya. Puede ser considerada una de las pocas iniciativas legislativas “puras”, en el sentido de que no sólo trasciende la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo sino que desafió a este mismo poder, a través de su máximo representante (el Presidente). Como si fuera poco, también desafía la lógica partidista, al plantear una iniciativa que no surge de un partido o coalición de partidos, sino de una coalición de parlamentarios unidos por un interés social no siempre coincidente con el de sus comunidades políticas respectivas. En tal sentido, este proyecto sigue constituyendo una instancia excepcional en la dinámica del sistema político uruguayo. Sin embargo, más allá de su excepcionalidad como proceso político, el debate sobre el proyecto de ley de salud reproductiva, aparece entre los debates más importantes que el Uruguay ha tenido en las últimas décadas en relación a una agenda diferente. Esta agenda remite a cuestiones de equidad y derechos que son, hasta cierto punto, extrañas al acervo de la izquierda al mismo tiempo que lo son a la cultura “igualitarista” que el Uruguay heredó del batllismo. En particular, la libertad en relación con el propio cuerpo fue un tema sentido para primer liberalismo político y surgió precisamente con la doctrina de los derechos naturales, en pleno siglo XVII. La libertad del cuerpo es la primera libertad -conocida también como libertad negativa-, que aparece en el universo de los derechos naturales, que luego fueron convertidos en derechos humanos. Es anterior a la libertad política y anterior a los derechos políticos y, sin duda, a los derechos sociales. Por eso en países de cuño liberal -y sin necesidad de que existan administraciones progresistas- como Estados Unidos o Inglaterra, la despenalización del aborto aparece en el contexto de una discusión relativamente zanjada. El retraso de la política uruguaya respecto al universo de los mal llamados “nuevos derechos” (porque el derecho a la libertad del propio cuerpo es, como señalé, un viejo derecho) refleja asimismo una retraso más general respecto de lo que la sociedad está en condiciones de entender y procesar. Diversas encuestas de opinión pública han mostrado que la mayoría de la sociedad uruguaya reclama un cambio en este sentido. Que sea la propia izquierda la que exprese resistencias respecto a este debate no refleja ni siquiera un problema propio de la izquierda, sino un problema más amplio: el del “retraso” con el que la política uruguaya se 51

sitúa respecto de su propia sociedad, en un sentido exactamente inverso a aquél que definió la capacidad de “anticipación” del primer batllismo y que constituyó quizá el único proyecto genuino que permitía al Uruguay ser un país “de avanzada”.

Bibliografía Filgueira, F. (2002) “Tendencias, coyuntura y estructura: la crisis social en Uruguay”. En Observatorio Político: Informe de Coyuntura. Número 3. Montevideo. Ediciones Trilce. Informe de Desarrollo Humano en Uruguay (1999). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Montevideo. Pellegrino, A. y Vigorito, A. (2004) «Emigration and economic crisis: recent evidence from Uruguay». SR. Chasquetti, D. (2002) “El Parlamento bajo presión”. En Observatorio Político: Informe de Coyuntura. Montevideo. Instituto de Ciencia Política, Ediciones de la Banda Oriental. Chasquetti, D. (2005) “El Parlamento en el 2004”. En Observatorio Político: Informe de Coyuntura. Montevideo. Instituto de Ciencia Política. Ediciones de la Banda Oriental.

El debate parlamentario sobre la “Ley de Defensa de la Salud Reproductiva” en Uruguay (2002-2004) Daniel Jones

Introducción Entre los años 2002 y 2004 se elaboró y discutió en el Uruguay el proyecto de Ley de Salud Reproductiva. En este capítulo se sistematiza y analiza tanto el trabajo en las comisiones parlamentarias específicas que dio origen al proyecto como el debate en las Cámaras de Diputados y de Senadores. Estos debates fueron parte de un proceso político más amplio que vivió Uruguay en esos años, en el cual diferentes actores de la sociedad civil y política discutieron sobre salud y derechos reproductivos y sexuales. Para este capítulo se empleó una estrategia metodológica cualitativa, basada en la técnica de análisis de contenido de fuentes secundarias: transcripciones de las sesiones de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes (diputados) y de la propia Cámara en pleno (durante el 2002), y las de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores (en 2003) y de esta Cámara en pleno (en 2004). El orden del análisis sigue la cronología de los propios debates: primero el trabajo en comisiones y luego los debates en sala, tanto en Diputados como en Senadores, en ese orden. Asimismo, para poder analizar de modo sistemático las extensas y complejas discusiones sostenidas en cada ámbito, se han ordenado según registros discursivos y argumentos que emergieron de manera recurrente.

Diputados El trabajo en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social A lo largo del año 2002, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes se reunió y recibió la visita de 25 delegaciones del ámbito académico, cien53

tífico y gremial del área jurídica y del área médica, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y de las mujeres, y representantes de diversas religiones, para debatir y elaborar un proyecto de ley de salud reproductiva, que incluía la regulación de la práctica voluntaria del aborto en determinados plazos. Esta Comisión estuvo compuesta por siete integrantes: todos varones, seis de ellos médicos, pertenecientes a los lemas Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP–FA), Partido Colorado (PC) y Partido Nacional (PN). En este tiempo, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, en constante diálogo con la Comisión de Género y Equidad de la misma Cámara, consideró cuatro proyectos de ley anteriores sobre esta temática en el Uruguay y sus respectivas justificaciones,1 para finalmente formular un proyecto de ley sobre salud reproductiva. Cabe destacar que las sesiones de esta Comisión fueron frecuentadas por varias legisladoras y legisladores que no pertenecían a la misma, algo que no sucedió luego en las sesiones de la Comisión de Senadores.2 Algunas visitas llevaron proyectos de ley alternativos al proyecto en preparación (Pons, Medina y Cuadro, 02/04/2002), o propuestas como la realización de una consulta ciudadana sobre la temática (Patiño, 23/04/2002). Sin embargo, lo que ocurrió más frecuentemente fue que las visitas hicieran observaciones muy precisas sobre la redacción de los artículos para mejorar el proyecto en elaboración y que ante estos comentarios los legisladores les realizaran numerosas preguntas. La propia Comisión se había impuesto como forma de funcionamiento no polemizar con las delegaciones ni entre los diputados integrantes de la misma. Sin embargo, uno de los miembros opositores (el diputado Gil Solares) transgredió esta norma al interpelar (cuestionando o provocando) a cada visita que manifestaba algún grado de conformidad con la despenalización del aborto. Las deliberaciones de la Comisión concluyeron a fines de octubre y el proyecto comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados el día 13 de noviembre de 2002. El proyecto y su correspondiente informe fue presentado por una mayoría compuesta por cinco legisladores: Luis Gallo Imperiale y Ramón Legnani (EP–FA) y Gustavo Amen Vaghetti, Daniel 1

Nos referimos a los proyectos: “Aborto practicado con consentimiento de la mujer” (1985), “Penalización de actos que afec-

tan a la mujer. Modificación de diversos artículos del Código Penal” (1991), “Aborto voluntario” (1993) y “Aborto” (1998).

El proyecto de 1993, firmado por Rafael Sanseviero y otros legisladores, y su modificación por la Comisión Especial para el Estudio de la Bioética (de 1994), junto a sus respectivos fundamentos, fueron presentados como antecedentes en la sesión del Plenario de la Cámara de Diputados del 13 de noviembre de 2002. 2

Entre los legisladores que participaron se encontraban las diputadas Rondán, Percovich, Barreiro, Charlone, González y

Demarco, y los diputados Bayardi, Jaures, Viera, Vener Carboni y Scavarelli.

Bianchi y Wilmer Trivel (PC), todos de profesión médica. A su vez, hubo dos informes en minoría, disidentes con el proyecto propuesto por la mayoría: uno de Raúl Argenzio (PN) y otro de Orlando Gil Solares (EP–FA). La correlación de fuerzas en la Cámara Antes de analizar el debate, cabe describir la composición política de la Cámara en esta legislatura al momento del tratamiento del proyecto de ley. De las 99 bancas, 40 correspondían al EP-FA, 33 al PC, 22 al PN y 4 a Nuevo Espacio (NE). La cantidad de mujeres y varones se fue modificando en las distintas sesiones, producto de los frecuentes pedidos de licencia y consecuentes reemplazos, pero la suma de legisladoras (entre los distintos partidos) fue de doce aproximadamente. Durante el debate hubo numerosas referencias a la libertad de conciencia: los legisladores del EP-FA y los del PC hicieron saber que sus respectivas fuerzas políticas los habían dejado en libertad para opinar y decidir siguiendo sólo los arbitrios de sus conciencias para el debate y votación. Algo similar sucedió con el NE. No fue así en el caso del PN, que en la sesión del 27 de noviembre de 2002 presentó un documento suscripto por todos sus legisladores en el que afirmaba el rechazo al proyecto; a su vez, casi todas las intervenciones de sus diputados referían a la posición adoptada por su partido. Adelantamos estos elementos no sólo para comprender lo que sucedió finalmente en la votación, sino para contextualizar las intervenciones de los representantes de los distintos partidos: fue evidente la disciplina partidaria de los legisladores del PN en su rechazo al proyecto, la supremacía de la posición a favor de los legisladores del EP-FA (con contadas disidencias, pero de tono muy crítico) y la fuerte división al interior del PC. El debate: registros discursivos y argumentos Durante seis sesiones, alrededor de 50 legisladores se anotaron como oradores y expusieron sus argumentos frente al proyecto de ley presentado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social a la Cámara el 13 de noviembre,3 sin contar aquellos que en la sesión final (del 10 de diciembre) hicieron alegatos para fundamentar sus votos afirmativos o negativos sobre la propuesta. En el debate ocuparon un lugar central los argumentos médicos, biológicos y genéticos por un lado, y los jurídicos por el otro, por lo que fue notable el protagonismo de los muchos 3

En esta primera instancia sesión se presentaron los antecedentes del proyecto, el proyecto de la Comisión de Salud Pública

y Asistencia Social con el correspondiente informe de la mayoría, los dos informes por la minoría, y tuvieron la palabra los distintos miembros de la Comisión (tanto los que estaban a favor como los opositores).

legisladores médicos (no sólo los que componían la mencionada Comisión) y abogados. En sus alegatos apelaron de modo explícito y constante a la autoridad proveniente de su formación y experiencia, aclarando en sus intervenciones que hablaban como profesionales (“como médico fui formado…”, “perdón por la deformación profesional, pero…”, “como abogado no puedo permitir…”). Las otras protagonistas fueron las legisladoras, quienes en muchas de sus intervenciones afirmaron hablar como mujeres militantes y/o madres4: “Todos los que hablaron hasta el momento son médicos. Yo voy a hablar desde mi modesta, humilde, pero militante condición de mujer” (Rondán, a favor, 26/11/2002, p. 22). “Sí me corresponde, como ciudadana, como persona (…) transmitir por lo menos lo que para mí (…) por mi calidad de madre -tengo seis hijos-, representa el hecho de haber asumido el tema desde el punto de vista de la educación de la familia” (Payssé, en contra, 10/12/2002, p. 9). En cuanto a la dinámica parlamentaria, a medida que avanzó el debate fueron más frecuentes los pedidos de interrupción (prácticamente siempre concedidos por quienes estaban haciendo uso de la palabra) y las respuestas a las intervenciones hechas por otros legisladores, lo que ciertamente favoreció un verdadero intercambio de argumentos. Una de las primeras polémicas fue con respecto al nombre del proyecto: “Ley de Defensa de la Salud Reproductiva”. Varios diputados opositores denunciaron el carácter eufemístico de este título, ya que consideraron que el principal objetivo de esta ley era la despenalización o legalización del aborto y no la defensa de la salud reproductiva: “¿Cómo hablar de salud reproductiva donde se pretende legalizar la destrucción de la vida?”, acota un diputado opositor (13/11/2002, p. 46). En esta discusión sobre el nombre, los legisladores que apoyaban el proyecto señalaron que la ley es mucho más amplia de lo que se la acusa, ya que el capítulo I establecía deberes del Estado en cuanto a políticas de educación sexual, de planificación familiar, de promoción de los derechos sexuales y de disminución de la morbi-mortalidad materna producida por abortos en situación de riesgo. La cuestión fue que precisamente sobre el contenido del capítulo I no se presentaron mayores conflictos, ya que incluso los legisladores del PN dijeron apoyar estos artículos iniciales. Este apoyo enfático al capítulo I por parte de la totalidad de los opositores al proyecto podría comprenderse como una estrategia de corrimiento a la polarización del debate. La oposición planteó que el problema social residía en los embarazos no deseados, por lo 4

Sólo un legislador del EP-FA dijo hablar como padre y marido de una mujer que había perdido tres embarazos producto de

abortos espontáneos (10/12/2002, p.6).

cual, en la discusión sobre el derecho de una mujer a interrumpir el embarazo, propuso una alternativa contrapuesta: el derecho a la educación sexual y la obligación del Estado a promover la salud. Esta estrategia, más o menos solapada, se vio por ejemplo en el informe en minoría del diputado Argenzio (13/11/2002, p. 39) del PN o en el alegato del diputado Carboni (PC): “Exhorto a quienes están contra la sustancia del proyecto a aprobarlo en general a fin de habilitar la discusión particular, (…) y después votar en contra del aborto. Sería bueno que apoyáramos todas las normas sobre educación y prevención de embarazos no deseados que pudieran establecerse” (Carboni, en contra, 26/11/2002, p. 49). Es decir, se opusieron soluciones a un mismo problema: frente a la posibilidad de que se despenalizara el aborto, se ofreció más educación y prevención para evitar los embarazos no deseados, sin resignar la represión del aborto voluntario: “Nuestra tesis se resume en educar y reprimir. Educar para prevenir, liberar, hacer más independientes las decisiones. Reprimir con un clara orientación hacia quienes han hecho de la muerte un negocio” (Carboni, en contra, 26/11/2002, p. 50-51). Las polémicas en esos seis días de sesiones parlamentarias fueron realmente numerosas y prácticamente ninguno de los 18 artículos del proyecto de ley quedó sin debatir. En el capítulo I (“De los deberes del Estado”) la principal discusión giró en torno a qué organismo debía ser el responsable del diseño de las políticas de educación sexual, si el Ministerio de Salud Pública o la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública). En el capítulo III (“Consentimientos especiales” para la interrupción del embarazo) hubo un debate sobre los plazos, procedimientos y capacidades para que los representantes legales, guardadores de hecho o jueces asintiesen la decisión de interrumpir el embarazo de incapaces relativas o absolutas. Respecto del capítulo IV (“Disposiciones generales”) existieron dos polémicas importantes: la primera sobre si puede considerarse al aborto como un acto médico y la segunda sobre algunos problemas morales y prácticos vinculados a los objetores de conciencia (médicos e instituciones de servicios de salud). En el capítulo V (“De la modificación del delito de aborto”) los debates fueron sobre tres cuestiones: si se podía continuar considerando un delito al aborto (una vez que el artículo 4º del proyecto lo consagrara como un derecho), la modificación de la pena para los distintos participantes y, por último, el equilibrio de las modificaciones introducidas respecto del resto del Código Penal. Gran parte de estas polémicas ocurrieron en la última sesión (la del 10 de diciembre), en la discusión en particular de cada artículo del proyecto de ley, luego de haber sido aprobado en general. Siguiendo un criterio de parsimonia analítica, este estudio se concentra aquí en las argumentaciones alrededor del principal campo de conflicto: el capítulo II sobre las “Circuns57

tancias, plazos y condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo”, considerado el corazón del proyecto tanto por defensores como opositores.5 El comentario dedicado a dicho capítulo en el informe por la mayoría señaló que la idea central del proyecto era: “La maternidad como un acto responsable y por lo tanto consciente y voluntario, lo cual determina que, dentro de los márgenes legales que se establecen en las doce semanas de la gravidez, a ninguna mujer le pueda ser impuesta ni su interrupción ni su continuación” (13/11/2002, p. 30)6. Por su parte, los dos informes en minoría comenzaban criticando directamente los artículos en los que se contemplaba el derecho a abortar (13/11/2002, p. 38 y p. 44, respectivamente). Nuestra decisión no implica ignorar los restantes capítulos, sino que los incluiremos en el análisis en función de los registros discursivos y argumentaciones que reconocimos en torno a los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo que componen el Capítulo II. Para analizar sistemáticamente el debate se ordenan los distintos argumentos en seis registros discursivos: a) médico / salud pública / estadístico; b) biológico / genético; c) jurídico; d) ético / moral / religioso; e) político / demográfico / económico; f) de género / de clase social. (Ver cuadro 1) Los argumentos que analizamos en los tres primeros registros (a, b y c) fueron los más recurrentes en el debate y en los que se pusieron en juego de modo más evidente los distintos saberes expertos. Médico / salud pública / estadístico El eje principal del proyecto era considerar al aborto provocado en condiciones de riesgo como un problema de salud (informe por la mayoría, 13/11/2002, p. 25). Quienes apoyaron el proyecto repetían que: “Las complicaciones emergentes del aborto provocado en las condiciones de riesgo constituyen la principal causa de muerte materna tanto en todo el Uruguay como en el Hospital Pereira Rossell, representando en el quinquenio 1995-1999 el 27,7% de las muertes maternas. (…) El Uruguay está ubicado en los primeros lugares, si no en el primero, en 5

Aún cuando fuera nuestra voluntad recuperar todos estos debates, la extensión del trabajo sólo nos permitiría realizar una

descripción superficial de los mismos, sin posibilidad de analizarlos con la profundidad que requieren. 6

Es interesante que en ninguno de los artículos del Capítulo II de este proyecto se mencione la palabra “aborto” (sino que se

refiere a la “interrupción de la gravidez”), que recién aparece en el artículo 13 del Capítulo IV.

mortalidad materna por complicaciones de la práctica de aborto provocado en condiciones de riesgo” (13/11/2002, p. 25).7 7

Casi la totalidad de los datos de salud pública citados en el informe provienen de la División Estadística del Ministerio de Salud

Pública y de un trabajo publicado en la Revista Médica del Uruguay (2002) titulado “El aborto provocado en condiciones de

riesgo: emergente sanitario en la mortalidad materna en el Uruguay. Situación actual e iniciativas médicas de protección materna.” En los alegatos de los diputados a favor, se citan las opiniones de autoridades médicas que promueven iniciativas sanitarias (Sociedad Ginecotocológica del Uruguay, Sindicato Médico del Uruguay y Facultad de Medicina - UDELAR, entre otras).

En esta línea, el diputado Trivel agrega: “En nuestro país se estima que se practican entre 40 mil y 100 mil abortos por año, y tenemos el triste privilegio de estar en los primeros lugares de las estadísticas de morbimortalidad materna por aborto en condiciones de riesgo (…) según manifestaciones de las últimas publicaciones internacionales sobre causas de mortalidad materna en las Américas” (13/11/2002, p. 71). Los opositores al proyecto realizaron una crítica muy fuerte a la confiabilidad de los datos estadísticos sobre aborto, fundamentalmente por tratarse de un fenómeno clandestino (y por lo tanto, de muy difícil registro) y por las dimensiones de algunas cifras frente a las de otros países donde se lleva un registro sistemático de los abortos al estar legalizada su práctica. El informe en minoría de Argenzio sintetizó esta crítica tan frecuente en el debate: “En cuanto al número de abortos que se practican en nuestro país se dicen cifras que estamos seguros que no se ajustan a la realidad. Es evidente que por ser un acto clandestino no se llevan estadísticas. Hay quien dice que se practican alrededor de ciento cincuenta mil abortos por año. Si tomamos en cuenta las mujeres fértiles de catorce a cuarenta y cinco años, si fuera cierto ese número de abortos, nos está dando que se efectúan doscientos abortos cada mil mujeres, lo que es un disparate. Si fueran cincuenta mil abortos nos daría sesenta y cinco abortos cada mil mujeres, nos está dando lo que es una cifra tres veces mayor en porcentaje a los Estados Unidos donde el aborto está despenalizado y está comprobado que la despenalización aumentó el número de abortos. Una cifra bastante más realista dice que en Uruguay hay cada año cincuenta y cinco mil nacimientos o algo menos. Estudios serios dicen que se hacen tres abortos por cada cinco nacimientos. Otros estudios hablan de un aborto cada cinco nacimientos” (13/11/2002, p. 41). No es menor la diferencia de cifras que estimaron los distintos bandos: 150 mil abortos anuales en Uruguay entre algunos defensores del proyecto, contra entre 10 mil y 30 mil abortos según la oposición. En cuanto a las consecuencias físicas de la realización de un aborto, los informes en minoría fueron insistentes a la hora de señalar, además de la muerte del feto, la alta probabilidad de que la mujer quedase estéril, contrajera cáncer de mama o muriese, ya sea porque se contaminó por procedimientos sépticos o porque su estado general estuviera deteriorado por hambre crónica (13/11/2002, p. 45-46). Entre las consecuencias psíquicas destacaron el arrepentimiento y una serie de trastornos vinculados al llamado síndrome post-aborto: “El síndrome post-aborto existe, es real, trae angustia emocional y muchas veces angustias severas. El 70% de esas mujeres jamás se realizaría un nuevo aborto. Las mujeres que han abortado terminan muchas de ellas abusando de drogas ilegales e incluso aumenta el riesgo de suicidios y accidentes” (informe en minoría de Argenzio, 13/11/2002, p. 40). 60

Exactamente los mismos efectos relató el otro informe en minoría, agregando algunas estadísticas de Estados Unidos y Finlandia, países donde el aborto está legalizado (13/11/2002, p. 46). La diputada Percovich respondió al argumento del síndrome post-aborto señalando: “El último ‘Diagnosis and Statistical Manual’ (...) no tiene en su lista de trastornos psicológicos el síndrome post-aborto. (…) En cambio, explicita que lo importante a tener en cuenta es que, si bien algunos estudios señalan que los sentimientos que acompañan el período de post-aborto inducido refieren a la culpa y al autocastigo, estos sentimientos surgen en mujeres que practicaron abortos en contextos de penalización e ilegalidad. Los estudios realizados en países donde el aborto está regulado y existen servicios legales, indican que la emoción más común que acompaña al post-aborto es el alivio” (Percovich, a favor, 27/11/2002, p. 23). Otro asunto sobre el que se desató una polémica en este registro discursivo fue el artículo 11 del proyecto, que afirmaba que “las interrupciones de embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán consideradas acto médico sin valor comercial”. En su alegato a favor, el informante por la mayoría señaló que “se trata de regular la voluntaria interrupción de la gravidez, para rodear esta intervención de todas las garantías que en nuestro país tienen los actos médicos” (Gallo Imperiale, a favor, 13/11/2002, p. 58). La crítica más fuerte de la oposición negó que el aborto fuese un acto de salud y, por lo tanto, un acto médico: “Me resulta extraño que se intente calificar de acto médico la eliminación de vidas humanas. El médico jura proteger la vida humana desde sus inicios hasta la muerte natural y no intervenir en ella para provocarle daño o agredirla. (…) En este proyecto de ley, el acto médico es tergiversado y desnaturalizado” (Barrera, en contra, 26/11/2002, p. 40-41). “El aborto no es un acto médico –aunque sea gratuito-, porque el embarazo no es una enfermedad y el paciente no es el niño que va a nacer” (Lay Alvez, en contra, 10/12/2002, p. 17). “El Código de Ética Médica, en el artículo 37, Capítulo V, establece, como afirmación genérica, que el médico siempre debe respetar la vida humana. Por lo tanto, coincido con los que piensan que el aborto realizado por simple voluntad de la madre, como lo sería según el artículo 4º, no es un acto médico. (…) Creo que no podrá considerarse un acto médico el que no se encuentre dirigido a un acto de salud. La asistencia comienza por la vida y por la salud” (Argenzio, en contra, 13/11/2002, p. 58). La otra crítica a este artículo se concentró en la expresión “sin valor comercial” para describir al aborto como acto médico. Un diputado opositor señaló que, por definición, los actos médicos no tienen valor comercial: 61

“Como médico no puedo aceptar que se diga que el aborto será considerado un acto médico sin valor comercial. (…) La redacción podría establecer que la interrupción del embarazo no devengará honorarios, porque establecer que tiene un valor comercial también es ofensivo. Nosotros le llamamos ‘honorarios’; no catalogamos comercialmente un acto médico. Por lo tanto, creo que no es necesario calificar de comercial un acto que no es médico” (Diancro, en contra, 10/12/2002, p. 98). Un diputado le respondió explicando la centralidad del carácter no comercial del acto médico de aborto dentro del proyecto que se impulsaba, como garantía de que revirtiera la situación de injusticia social: “La expresión ‘sin valor comercial’ es un eje central del proyecto planteado. (…) El eje central de atemperar la situación de las mujeres pobres está en la consideración de que este acto no tenga valor desde el punto de vista comercial. Si elimináramos esta parte del proyecto caería gran parte del objetivo central sobre el que hemos estado discutiendo durante seis días” (Bayardi, a favor, 10/12/2002, p. 99). Biológico / genético Como el principal argumento de los opositores residió en que este proyecto vulneraba el derecho a la vida (que analizaremos después), éstos desarrollaron extensas explicaciones acerca de cuándo comienza la vida. Un buen punto de partida es señalar que muchas de estas argumentaciones contraatacaron una idea que jamás se afirmó ni en el proyecto de ley ni en su justificación: la idea de que no hay vida antes de las doce semanas de gestación. El informe por la mayoría señalaba que: “El establecer un límite temporal al aborto lícito en doce semanas, se hace sobre un fundamento científico, pues ese límite marca la fase del desarrollo embrionario que señala el comienzo de la formación definitiva y completa de la organogénesis, o formación de los órganos humanos, el límite entre embrión y feto, la consolidación de los procesos de proliferación, migración, organización y mielinización de células nerviosas en el sistema nervioso central, que marca la viabilidad y la conciencia en el feto” (13/11/2002, p. 27). Sin embargo, los opositores se concentraron en explicar el comienzo de la vida y justificar su existencia desde la concepción: “La vida comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide, transformando al óvulo en una célula completa desde el punto de vista genético, caracterizando a la especie humana. (…) El cigoto no representa simplemente una oportunidad vital, sino que es una vida y pertenece a la especie humana, por lo que reclamamos para él el máximo de garantías que demanda el derecho a la vida” (informe en minoría de Gil Solares, 13/11/2002, p. 45). 62

Ya en el debate parlamentario, los defensores del proyecto trazaron una distinción entre vida humana y persona humana que, sin embargo, no explicaron en qué descansa. Aunque muchos opositores reconocieran esta distinción, en sus discursos realizaron desplazamientos argumentativos que les permitieron utilizar indistintamente ambos términos. El informe de Argenzio fue un ejemplo de cómo operó esta estrategia: “Se dice por parte de algunos que antes de la duodécima semana no es una persona. (…) Es inoperante ponerse a discutir cuándo el embrión es o no una persona. La ley establece las doce semanas de embarazo como plazo para realizar el aborto, se aduce que hasta ese plazo no hay actividad cerebral. Se ha comparado incluso con los pacientes con muerte cerebral. (…) Yo creo que es totalmente diferente porque esta última situación es un caso terminal de vida. En el caso del embrión es un proceso de maduración que es toda una promesa de vida plena” (13/11/2002, p. 41), y algunas líneas más adelante afirmó: “A partir de la concepción existe una persona” (op.cit., p. 42). Jurídico Eficacia de la penalización y efectos de la despenalización Algunas de las polémicas más fuertes en torno al marco legal vigente sobre aborto en el Uruguay giraron en relación a su eficacia, por un lado y sus consecuencias prácticas, por el otro. El informe por la mayoría criticó muy fuertemente la ley Nº 9.763 (de 1938)8 que penaliza el aborto, al considerarla una ley tan ineficaz como represiva: “Ninguno de los postulados de esa ley se cumplen, porque no se evitan los abortos (…) y sí ha agravado las condiciones en que ellos se realizan. (…) El único efecto trascendente que ha tenido (…) es la clandestinidad de la práctica del aborto en el Uruguay, que nos ha dejado el aborto en condiciones de riesgo, el que a su vez nos lega: pérdidas de vidas humanas y mutilaciones, grandes gastos del sistema de salud para el tratamiento, doble discurso colectivo e institucional, injusticia por inequidad económica y de género, y corrupción.” (13/11/2002, p. 27). Esta ley también fue criticada por su origen espurio, ya que su aprobación fue fruto de una negociación política cuya contraparte implicaba la aprobación de la ley de presupuesto nacional en 1938. Al respecto, el diputado Bayardi afirmó: 8

En los alegatos de los diputados que apoyaron el proyecto de ley, se citaba a distintas autoridades jurídicas que se pronuncia-

ron sobre el fracaso de la ley N° 9763 (el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Gervasio Guillot, el Colegio de Abogados del Uruguay, al Asociación de Magistrados del Uruguay, CLADEM Uruguay).

“Un proceso que consagró el actual marco jurídico en función de un acuerdo político que nada tuvo que ver con la vida: tuvo que ver con la aprobación de un presupuesto y con los votos que faltaban para aprobarlo” (Bayardi, a favor, 10/12/2002, p. 51). Sin embargo, entre quienes impulsaron el proyecto existieron matices diferenciales a la hora de justificar la crítica a la ley Nº 9.763. Mientras que el diputado Trivel señaló que “la penalización de la interrupción del embarazo carece del efecto orientador de la conducta humana” (13/11/2002, p. 72), otros legisladores de la misma Comisión de Salud Pública y Asistencia Social argumentaron que el aborto no dejaría de ser un delito: “Este proyecto de ley en discusión sigue considerando al aborto como un delito, pero en determinadas circunstancias muy bien especificadas, y luego de adoptadas todas las medidas tendientes a evitarlo, (…) propone evitar la penalización en algunos casos concretos” (Amen Vaghetti, a favor, 26/11/2002, p. 7). El informe en minoría de Argenzio respondió a la crítica a la ley Nº 9.763 por su ineficacia: “Se ha dicho y se sigue diciendo que la legislación actual sobre el aborto es ineficaz porque no ha detenido el acto en sí y no los ha disminuido. Por lo tanto, hay que eliminarla. (…) Si es así ¿por qué no despenalizamos el robo, el hurto, la rapiña, las violaciones, homicidios o copamientos?” (13/11/2002, p. 42). Esta respuesta puede ser calificada como una chicana porque compara conductas que son sancionadas por la sociedad (robo, violación, homicidio), con una que no lo es (el aborto). Al respecto, la diputada Castro apuntó: “Otro de los temas planteados es si lo que penaliza disuade o no. (…) En nuestro país, el efecto disuasivo no se ha logrado; más bien ha sido nulo. Como objeción a este argumento se ha señalado, por ejemplo, que la violación está penada y siguen existiendo violadores, pero a ninguno de los presentes se nos ocurre derogar la norma. La diferencia sustancial en estos casos es que el violador es unánimemente repudiado por la sociedad. (…) Un violador, un ladrón, un asesino, un homicida, un estafador están repudiados socialmente. Una persona que aborta, una mujer, una pareja que lo decide, es tolerada y comprendida en esta sociedad” (Castro, a favor, 27/11/2002, p. 34 y p. 41). A lo que agregó la diputada Charlone, algunas sesiones más adelante: “Si uno de nosotros viera que frente a nuestras casas alguien está robando a nuestro vecino, probablemente lo primero que haría sería tomar el teléfono, llamar a la policía (…) Y me pregunto: ¿cuántos de los que estamos acá sentados hemos conocido o conocemos a una o a varias mujeres que (…) se han practicado un aborto? (…) ¿Quiénes lo han denunciado o lo hemos denunciado? Y si no lo hemos hecho es porque íntimamente, de alguna manera, 64

no consideramos el aborto como un delito que debe ser penalizado” (Charlone, a favor, 10/12/2002, p. 32). Otra chicana argumental a la que apelaron los opositores afirmaba: “¿para qué eliminar una ley que no tiene efectos prácticos?”. Esto se puede ver en la intervención del diputado Trobo: “Si fuera cierto que la ley penal es totalmente ineficaz, necesariamente se tendría que concluir que la despenalización del aborto no debería originar consecuencias significativas sobre el número de abortos que se practican” (Trobo, en contra, 26/11/2002, p. 35). Mediante una argumentación jurídica, en distintas etapas del debate el diputado opositor Fernández Chaves señaló la diferencia entre despenalización y legalización: “Entiendo que el aborto debería ser despenalizado, pero este proyecto propone mucho más que una despenalización. Está suponiendo el derecho a interrumpir el embarazo, y esa situación es jurídicamente distinta y me inhibe de votar afirmativamente. Una cosa es que se exima de pena a quien ha realizado el aborto en determinadas circunstancias, y otra que le demos a un ser humano el derecho a disponer sobre la vida de otro ser humano, que está en gestación, pero que es un ser humano. (…) Lo que se está jugando es el derecho que tiene la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo y ese concepto es absolutamente distinto al de las eximentes. Le damos el derecho, no es que lo eximamos de la pena en el caso de que se llegue a efectuar ese hecho. No; le estamos dando el derecho a cortar otra vida” (Fernández Chaves, en contra, 10/12/2002, p. 27 y p. 78). Otros opositores señalaron un desplazamiento de este proyecto desde la despenalización del aborto hacia su promoción: “Este proyecto de ley va mucho más allá de lo que se había propuesto como problemática a atender, representando un medio desproporcionado al fin; va desde la primigenia idea de la despenalización, pasando por sobre la de la ‘descriminalización’, para llegar a la legalización, favoreciendo el aborto lisa y llanamente” (informe en minoría de Gil Solares, 13/11/2002, p. 44). Aquellos que impulsaron esta ley negaron querer estimular la realización de abortos y, de hecho, todos comenzaban sus alegatos afirmando que rechazaban desde su ética privada la opción del aborto. Sin embargo, reconocían desde un primer momento que este proyecto no contemplaba una simple despenalización (es decir, eliminar la carga penal de las mujeres que interrumpen su embarazo), sino que “regula también las circunstancias y condiciones en que el mismo se puede realizar, y también los plazos, ‘laudando’ también en el conflicto de bienes jurídicos a defender” (informe por la mayoría, 13/11/2002, p. 27). Otra discusión que surgió fue aquella en torno a los efectos de la despenalización. El argumento de los que apoyaban este proyecto fue que la despenalización del aborto disminuiría 65

notablemente el número de abortos y su clandestinidad y, por lo tanto, las condiciones de riesgo para su realización. En cuanto al aumento o reducción de la cantidad de abortos realizados luego de su despenalización, cada una de las posiciones trajo a colación estadísticas de diferentes países. Los opositores afirmaron: “En los países donde se despenalizó aumentó el aborto más de un 30%” (Argenzio,en contra, 13/11/2002, p. 43) “La experiencia internacional, una vez más, indica (…) que existe un aumento significativo del número de abortos que se realizan por año a partir del momento en que éste es despenalizado. En Francia, despenalizado el aborto en 1976, se practicaron ese año 134 mil abortos; tres años después, en 1979, se practicaron 155 mil. En el Reino Unido, en 1967, 27.200; doce años más tarde, 147.500. En Estados Unidos, (…) en 1970 se practican 193.500 abortos; ocho años más tarde, 1.157.800 abortos” (Trobo, en contra, 26/11/2002, p. 35). Quienes apoyaron el proyecto respondieron a este supuesto incremento de los abortos luego de su despenalización considerándolo un efecto de la regularización del registro: “No me extraña que haya una presunción de cifras antes de la despenalización y que haya lo que aparenta ser un incremento que en realidad responde al subregistro que existía antes” (Tourné, a favor, 26/11/2002, p. 55). Algunos de los legisladores que apoyaron el proyecto se corrieron de esta discusión, recordando que el principal efecto de la despenalización es la disminución de las muertes de mujeres: “Voto (afirmativamente) porque no sé si disminuirá la cantidad de abortos –sobre eso no tengo certezas; (aunque) sería deseable que así ocurriera-, pero sí estoy seguro de que van a disminuir notoriamente las muertes innecesarias y evitables de muchas mujeres que fallecen por abortos realizados en condiciones de inseguridad sanitaria y de clandestinidad” (Pintado, a favor, 10/12/2002, p. 63). En cuanto a qué sucedería con los abortos clandestinos luego de la despenalización, una de las estrategias de los opositores descansó en confundir ocultamiento con clandestinidad, utilizándolos como términos intercambiables. Así, el informe en minoría de Argenzio apuntaba: “La clandestinidad no se evita con la despenalización. Porque cuando una mujer aborta está en un estado de vergüenza y muchas lo van a hacer en forma clandestina, pensar que todas 66

las mujeres van a firmar un formulario y quedar así registrada en la historia médica de una clínica como la madre que mató a su hijo, no las va a satisfacer” (13/11/2002, p. 43). Los siguientes dos testimonios ejemplifican cómo funcionó esta estrategia: “Tampoco creo que con la despenalización del aborto se elimine su aspecto clandestino, por que la ocultación va a ir siempre junto a la estigmatización y la culpabilidad que siente la mujer cuando procede a practicarse un aborto” (Montaner, en contra, 10/12/2002, p. 5; el destacado es del autor) “¿La legalización del aborto va a significar que las mujeres entren a los hospitales (…) y digan: ‘Me vengo a hacer un aborto’? Tengo la sospecha de que la mujer que se va a hacer un aborto no quiere que se sepa. (…) No creo que la legalización del aborto signifique que tengamos mujeres asistiendo a cara descubierta a los locales de Salud Pública (…) a realizarse el aborto” (Lacalle Pou, en contra, 27/11/2002, p. 39). La distinción que marcamos entre los dos términos que utilizaron de modo intercambiable los opositores no es superflua en el caso de la realización de un aborto: mientras que la clandestinidad es sinónimo de violación de la ley e ilegalidad, el ocultamiento lo es de discreción, reserva, secreto y derecho a la privacidad. Derecho a la vida Como adelantamos, el debate a nivel biológico sobre el inicio de la vida humana estuvo estrechamente relacionado con la recurrente discusión jurídica sobre el derecho a la vida y cuándo se comienza a ser sujeto de derechos. La defensa del derecho a la vida fue el principal eslogan de los discursos opositores al proyecto, a partir de la siguiente línea argumental: “El embrión es una entidad jurídica autónoma cuya existencia debe ser preservada por su propio valor humano intrínseco y por tanto tutelable desde el punto de vista penal. Si ya el embrión desde un comienzo es un individuo humano, digno de ser considerado por la ciencia médica como paciente y si sobre todo se trata de un sujeto capaz de derecho, sobre todo el derecho fundamental, el derecho a la vida, entonces el razonamiento transcurre hacia una conclusión clara: su derecho a la vida no puede en modo alguno ser facultad decisoria de otras personas aunque una de ellas puede incluso llegar a ser la propia mujer que lo ha concebido” (informe en minoría de Argenzio, 13/11/2002, p. 40). Esta defensa recurrente y encendida del derecho a la vida intrauterina, por parte de los opositores al proyecto, fue respondida mediante el cuestionamiento, no exento de una buena dosis de ironía, de “por qué no se preocupan tanto por la vida de las personas ya nacidas”. 67

Hubo varias intervenciones al respecto: “Estamos convencidos de que la vida es una sola y de que hacemos esfuerzos desparejos, porque vemos que se defiende con mucha intensidad determinada etapa de la vida, como ésta, pero no se defiende la vida en otras etapas que duran mucho más tiempo” (Pérez Morad, a favor, 03/12/2002, p. 12). A modo de crítica principalmente a los diputados del PN, algunas diputadas apuntaron: “Resulta una profunda contradicción la postura de aquellos grupos que defienden el derecho de nacer pero se desentienden, implícita o expresamente, de los otros derechos humanos. (…) El derecho a la vida implica el derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la salud” (Barreiro, a favor, 27/11/2002, p. 21). “Creo que los que hablan del derecho a nacer, de la defensa de la vida, luego se desentienden de asegurarles los otros derechos para mantenerles la vida con dignidad” (González, a favor, 27/11/2002, p. 49). Colisión de derechos La insistencia de los opositores al proyecto en recurrir al argumento de la defensa de la vida derivó en otro eje de discusión que se repitió a lo largo de todo el debate: la colisión entre los derechos de las mujeres y los derechos del embrión (asimilado en el discurso a “niño por nacer”). El informe en minoría de Argenzio afirmaba: “Nosotros reconocemos la libertad de la mujer, pero, ¿dónde está la libertad de ese ser indefenso que le imponen la pena de muerte? Ese ser no tiene voz pero tiene capacidad para sufrir y tiene derecho a la vida. (…) No hemos acompañado con nuestro voto este proyecto, porque creemos que otorga derechos y libertades a la mujer embarazada sobre la vida del ser concebido. (…) Estamos convencidos que hay vida desde el momento de la concepción, que ese ser tiene derecho a vivir esa vida y la madre por más madre que sea no tiene derecho a decidir sobre la vida de su hijo no nacido” (13/11/2002, p. 38-39). Esta homologación del aborto con la pena de muerte fue una estrategia basada en equiparar la materia sobre la que se está legislando con una penalidad históricamente rechazada en el Uruguay. A los efectos de conmover, no fue inocentemente que Argenzio concluyera su informe diciendo: “En Uruguay no existe la pena de muerte en nuestra legislación y sin embargo a seres indefensos, inocentes, queremos aplicársela a través de este proyecto” (13/11/2002, p. 43). 68

Por su parte, los defensores del proyecto reconocieron este conflicto de derechos y pusieron énfasis en los derechos de la mujer que, con la ley vigente, estaban siendo vulnerados. Como señala el informe por la mayoría: “Existe una colisión de derechos que se enfrentan con fuerza en este problema del aborto, uno es el derecho a la vida del no nacido dependiente de la madre, y el otro lo es la vida de la madre, que es autónoma, pero de la cual también pueden depender otras vidas humanas. A ello debemos agregarle otros derechos que tiene la madre embarazada: el derecho a la libertad para decidir sobre su cuerpo y actuar en consecuencia, el derecho a la salud y fundamentalmente a la salud sexual y reproductiva, (…) el derecho a recibir información adecuada y oportuna que le habilite el acceso a la prestación de salud necesaria” (13/11/2002, p. 28). Ante este conflicto de derechos, quienes apoyaron el proyecto ofrecen dos respuestas en distintos registros. A nivel jurídico, se señaló las doce primeras semanas de gravidez como el único plazo “donde el bien jurídico maternidad libre predomina sobre el bien jurídico vida en formación” (op. cit., 13/11/2002, p. 27). Justamente sobre este punto descansó la crítica inicial del informe en minoría de Gil Solares, argumentando que el proyecto de ley: “…admite que una mujer tenga el derecho de decidir si interrumpe el embarazo que lleva en su vientre hasta las doce semanas. (…) A nuestro juicio un error básico derivado de creer que el ser concebido es una parte de su cuerpo” (13/11/2002, p. 44). A nivel ético, los promotores del proyecto agregaron: “En la colisión de derechos del concebido y los derechos de la mujer, la ética social siempre le indicará a un representante de la sociedad, como lo es el legislador, que se debe optar por el mal menor, y concomitantemente, trabajar sobre las verdaderas causas que originan tan indeseada y lesiva situación, como (…) lo es el aborto” (informe por la mayoría, 13/11/2002, p. 28). Así, estos diputados presentaron al conflicto de intereses como un dilema ético y, por lo tanto, irresoluble (algo sobre lo que volveremos en el siguiente apartado). Al respecto de este punto, los argumentos de ambas partes se sostuvieron en fundamentos éticos. La diferencia estuvo en que quienes apoyaron el proyecto tuvieron la honestidad de admitir que era imposible saldar jurídicamente la colisión de derechos sin costo, reconociendo que, al menos durante las primeras doce semanas de gestación, se priorizaba el derecho de la mujer a decidir. Sin embargo, los legisladores opositores no asumieron que ante la colisión de derechos se posicionaban a favor del derecho del concebido. Quienes se opusieron al proyecto ofrecían una “solución” a este conflicto protegiendo ambas vidas, lo que en términos políticos se traducía en no modificar la legislación existente: 69

“El aborto implica un conflicto de derechos entre la vida dependiente del no nacido y la vida autónoma de la gestante, de quien a su vez suelen depender otras vidas autónomas. Nosotros debemos proteger la vida de la madre y del ser que existe” (informe en minoría de Argenzio, 13/11/2002, p. 40). Sin embargo, no hubo por parte de este sector un fundamento que explicase la contradicción de querer mantener la ley de 1938, siendo que ésta admite causales atenuantes y eximentes del delito de aborto, por razones que serían supremas al derecho a la vida (riesgo de vida de la mujer, honor de la familia, violación, angustia económica). Constitucionalidad y tratados internacionales Tanto defensores como opositores al proyecto argumentaron apoyándose en la Constitución de la República y los tratados internacionales que Uruguay ha suscripto. Cada lado usó distintos artículos constitucionales y ofreció diferentes interpretaciones, sino antagónicas al menos conflictivas, de los tratados y los derechos humanos allí consagrados. Los legisladores que promovían el proyecto destacaron la responsabilidad estatal para el cumplimiento del derecho a la salud: “La salud es un derecho y un deber que la Constitución de la República, en su artículo 44, pone en manos del Estado. (…) Por lo tanto, la salud es una responsabilidad colectiva de la sociedad y del Estado, el que deberá minimizar la inequidades sociales y económicas, asegurando el acceso equitativo a las mismas, como derecho, como deber y como valor jurídicamente protegido” (informe por la mayoría, 13/11/2002, p. 25). Los opositores no hicieron referencias a este derecho constitucional a la salud y se concentraron en la supuesta inconstitucionalidad del proyecto presentado, porque consideraron que entraba en contradicción con los artículos 7º y 72º de la Constitución: “El derecho a la vida, cuya protección y goce para todos los seres humanos, nacidos o no, emana de la interpretación armónica de los artículos 7º y 72º de la Constitución, también está regulado por el artículo 4º de la Convención Americana (sobre Derechos Humanos). Así, el derecho a la vida está garantizado y protegido desde el nacimiento de la concepción. (…) En mi opinión, la violación de artículo 4º de la Convención Americana, que resulta claramente del artículo 4º del proyecto de ley a estudio del plenario, constituye una violación de la Constitución de la República” (Laviña, en contra, 26/11/2002, p. 28-29). En cuanto a los tratados y conferencias internacionales, el más mencionado por quienes apoyaban el proyecto fue la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, e hicieron referencia a los derechos humanos de las mujeres consagrados en las conferencias de El Cairo (1994), Beijing (1995) y Beijing +5 (1999). Al respecto, señalaron: 70

“Uruguay ha suscripto tratados y documentos en conferencias internacionales, en los que ha asumido compromisos que actualmente están incumplidos en materia de planificación familiar” (informe por la mayoría, 13/11/2002, p. 25). Sobre este proyecto de ley en particular, agregaron: “Se trata de regular la interrupción de la gravidez (…) Con ello pretendemos efectivizar el derecho de las mujeres a controlar sus propia fecundidad; parte integral de los derechos humanos, que se encuentra reconocido en el ordenamiento positivo nacional desde que se ratificó la Convención sobre eliminación de todas la formas de discriminación contra la mujer” (op. cit., 13/11/2002, p. 33). Por su parte, la oposición remarcó que el proyecto de ley violaba tratados que Uruguay ha suscripto por lo que, de aprobarse, se originarían responsabilidades internacionales del Estado uruguayo. Gran parte de esta discusión se concentró alrededor de la interpretación del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos). Los opositores retomaron dicho artículo para señalar su contradicción con el proyecto de ley en discusión: “‘Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’. Para esta norma el ser humano comienza con la concepción. (…) Desde la óptica de nuestro derecho interno (…) la coordinación entre los principios contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (…) y en la Convención Universal de Derechos del Niño, convergen en una misma e inequívoca conclusión. Este ser humano desde la concepción, este ser humano no nacido, es objeto específico de la protección de la vida y tiene derecho a vivir y a que el Estado adopte las medidas ‘asegurativas’ necesarias para atender el interés superior del niño. (…) Es verdad que también se han asumido compromisos internacionales con relación a la no discriminación de la mujer. No creemos que este sea el caso, pero si la no sanción de una ley que admite el aborto en forma casi irrestricta puede exponer a igual responsabilidad, es claro que si se trata de violaciones es peor la que atenta contra el derecho a la vida legalmente protegido, ¿o alguien entiende que no es así?” (Trobo, en contra, 26/11/2002, p. 31-33). “Nosotros afirmamos que esta ley (…) será inconstitucional y que atentará contra tratados internacionales, lo que nos hará plausibles, incluso, de comprometer nuestra responsabilidad como país ratificante” (Gil Solares, en contra, 13/11/2002, p. 67). La respuesta de quienes defendieron el proyecto fue sólida: ofrecieron una interpretación del mencionado artículo 4º que evitaría que el proyecto fuese considerado inconstitucional: 71

“Las reiteradas referencias al Pacto de San José de Costa Rica (…) tienen la debilidad histórica de que el Uruguay, en su discusión, fue de los países que bregaron por relativizar el texto del artículo 4º, agregando ‘en general’, porque precisamente nuestro país tiene una legislación que permite la posibilidad de realización de abortos en determinadas condiciones, posibilidad que por razones políticas nunca se habilita. (…) Uruguay fue uno de los ocho países que insistieron en agregar las dos palabras, ‘en general’, por lo que ahora no se puede desdecir del sentido que dio a ese artículo. (…) Por otra parte, esto ya ha sido saldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (…) porque se ha tenido que expedir en sentencias frente a peticiones de organizaciones católicas de los Estados Unidos” (Percovich, a favor, 27/11/2002, p. 24). Ético / moral / religioso Como adelantamos en el apartado jurídico, quienes promovieron el proyecto de ley definieron al aborto no como un problema ético (para el que habría alguna respuesta óptima), sino como un dilema ético y por lo tanto, irresoluble. A continuación citamos in extenso el informe por la mayoría: “Decimos dilema ético, pues existen posiciones encontradas sobre el tema, y ambas con sólidos argumentos de orden ético, y por lo tanto nunca podremos resolver el punto, al menos en una sociedad pluralista como es la uruguaya, donde conviven pacíficamente múltiples ideologías y creencias. (…) La falacia (consiste en) aprobar o desaprobar un proyecto de estas características desde el aspecto ético. Que la falta de ética confirmada está en imponer nuestra ética individual o privada sobre la ética social. ‘Si todos tuviéramos la misma religión e ideología estaríamos ante una misma ética, pero no puedo imponer mi ética; lo que tengo que imponer es la tolerancia. El problema es, precisamente, que existe pluralismo de valores, y el único valor que debe prevalecer es el del respeto por el otro’ (…) En la colisión de derechos del concebido y los derechos de la mujer, la ética social siempre le indicará a un representante de la sociedad, como lo es el legislador, que se debe optar por el mal menor” (13/11/2002, p. 28; el destacado es del autor). En otras palabras, si la ética individual es parte del fuero privado de cada persona, sería un grave error intentar universalizar cualquier ética particular. Algunos diputados procuraron demostrar cómo el proyecto presentado no violentaba las creencias de nadie, al no obligar a ninguna mujer a abortar: “Las ideas religiosas son personales, pero cuando se traducen en leyes estamos obligando a quienes no las profesan a actuar fuera de la ley y estaríamos coaccionando a toda la sociedad a acatar creencias que no comparte. Muy por el contrario, de aprobarse este proyecto, aquellos muchos que profesan determinadas creencias religiosas que prohíben determinados actos no verán violentados sus principios, pues nadie les estará imponiendo que hagan algo que no comparten” (Amen Vaghetti, a favor, 26/11/2002, p. 8). 72

“Para ciertos conflictos morales no existen soluciones inmediatas, y tal vez ni siquiera es posible mediarlos, cabiéndonos apenas salir a la búsqueda de mecanismos que nos garanticen la convivencia en las diferencias. Eso es lo que intentamos con este proyecto. (…) Comprender que es posible sobrevivir en una sociedad donde coexistan creencias opuestas en torno al aborto es uno de los grandes desafíos de las sociedades democráticas” (Percovich, a favor, 27/11/2002, p. 22). El informe por la mayoría concluyó con un giro que tuvo su correlato en el debate parlamentario cuando todos los legisladores que apoyaban el proyecto de ley afirmaron: “Expuesto así el aspecto ético de la problemática del aborto, como legisladores debemos relativizar la búsqueda del fallo ético sobre este proyecto. Pues el tema no lo tiene más que en el ámbito individual, y las leyes no responden a ese ámbito” (13/11/2002, p. 29). Por su parte, la argumentación de los opositores pertenecientes al PN se centró en dos preguntas ético-jurídicas, repetidas hasta el hartazgo, que retomaban el posicionamiento de su partido en el debate sobre aborto en 1985: “Tenemos aquí dos cosas fundamentales a resolver: una ¿qué valor damos a la vida humana? Y otra ¿quién tiene derecho a decidir sobre la vida humana ajena? Para nosotros la cuestión es muy clara, ningún ser humano tiende derecho a disponer de la vida de otro” (informe en minoría de Argenzio, 13/11/2002, p. 40). Podemos interpretar la siguiente intervención, representativa de declaraciones semejantes que se sucedieron a lo largo de las seis sesiones en la Cámara de Diputados, como un intento de desarmar las falsas antinomias planteadas por muchos de los opositores al proyecto: “Personal e ideológicamente estoy contra el aborto, como creo que lo están todos los que se encuentran en este recinto. Como médico, he sido educado para la defensa de la vida en cualquier condición hasta el último instante. Pero estoy convencido de que no se puede contraponer la condición ideológica a la realidad. (…) No estamos legislando en defensa de lo bueno y en contra del mal. (…) Esta discusión tampoco debe realizarse entre quienes están a favor de la vida o a favor de la muerte, porque nadie -¡nadie!- está a favor de la muerte” (Trivel, a favor, 13/11/2002, p. 72). En cuanto a quiénes y cómo se utilizó el discurso religioso, y contra lo que indicaría cierto sentido común político, cabe destacar que fueron los legisladores que apoyaron el proyecto (mayoritariamente del EP-FA) quienes introdujeron ese registro en el debate (y lo utilizaron de modo más frecuente). Entre sus discursos, fue notable el uso recurrente de los trabajos de Luis Pérez Aguirre, de reconocido compromiso social en el Uruguay y representante de la doctrina social de la Iglesia Católica, fallecido en enero de 2001. Fue muy rico el testimonio de la diputada Barreiro apoyando el proyecto de ley, una de las primeras en recuperar los 73

planteos de Pérez Aguirre, Tomás de Aquino y del derecho canónico, enmarcándose en un discurso claramente cristiano tanto en sus términos como en su contenido: “El camino sabio nunca será el mero castigo, la penalización, sino el acompañamiento sincero, compasivo y redentor del ser sufriente” (Barreiro, a favor, 27/11/2002, p. 20). También hubo referencias bíblicas, sobre todo a los textos del apóstol Pablo, y teológicas como las de Agustín. Fue interesante que otros legisladores del EP-FA que apoyaban el proyecto señalaron hacerlo justamente para preservar el carácter laico del Estado uruguayo, algo sobre lo que volveremos en el siguiente apartado. En términos generales, podemos distinguir dos patrones de posicionamiento respecto a los valores religiosos y el tratamiento de este proyecto: algunos legisladores que se proclamaron cristianos afirmaban dejar de lado sus creencias religiosas para votar (en un sentido u otro) este proyecto y apelaron a un discurso acerca de la laicidad, la tolerancia y el pluralismo, mientras que otros afirmaron que era imposible dejar de lado valores tan íntimos y profundos para debatir y votar sobre esta temática. Ambos patrones se evidenciaron en opositores y aquellos que apoyaban al proyecto. Entre los detractores, llama la atención la relativa escasa presencia de argumentos explícitamente religiosos. Esto no significa que los valores centrales del cristianismo estuvieran ausentes en sus discursos, sino que muchas veces se encontraban traducidos a un lenguaje más secular. Político / demográfico / económico En consonancia con lo que apuntamos en el apartado previo, un argumento político sostenido por quienes apoyaban el proyecto fue que, lejos de imponer valores morales o penalizarlos a través de mecanismos coercitivos, esta ley defendía el pluralismo y la tolerancia como únicos valores universales y así preservaría el carácter laico, liberal y democrático del Estado uruguayo. Como señaló la diputada Rondán: “Para la elaboración de este proyecto se ha partido de un principio básico: el concepto de Estado laico, en el que, por suerte, conviven los más variados credos y filosofías. De ahí el respeto por todos ellos, a lo que se agrega el concepto del respeto a la libertad de conciencia, tanto de las mujeres como de los médicos” (Rondán, a favor, 26/11/2002, p. 22). Mientras que gran parte de los diputados que apoyaban el proyecto destacaron esta tradición política del Uruguay, algunos lo hicieron para responder a las amenazas y presiones recibidas por parte de la Iglesia Católica y sus simpatizantes: 74

“Este país, construido desde su modernidad a principios del siglo XX con una ideología liberal, respetuoso de las distintas creencias e ideologías, laico, democrático y tolerante, (…) esa ideología laica y respetuosa del Uruguay liberal, orgullo nuestro por muchas décadas” ( Percovich, a favor, 27/11/2002, p. 25). “No creo que deban ser las comunidades religiosas, desde el púlpito o desde otros ámbitos, las que señalen a quiénes los ciudadanos deben entregar su voto. (…) Además, (…) don José Batlle y Ordóñez, fundador de mi colectividad, separó hace mucho tiempo a la Iglesia del Estado” (Rondán, a favor, 26/11/2002, p. 21). Este argumento de la laicidad y la tolerancia no fue respondido por ningún opositor. El análisis del debate parlamentario revela cómo el ataque a un proyecto de ley que despenaliza el aborto abre la puerta a las más disímiles y osadas comparaciones históricas y análisis políticos. Podemos mencionar al menos tres argumentos que criticaban al proyecto desde una posición supuestamente “progresista” o de “izquierda”:9 el antecedente del aborto eugenésico en el nazismo, el interés de los países centrales por el control de la natalidad en los países periféricos y la analogía de los fetos abortados con las personas desaparecidas. Comencemos con el último. Gil Solares (EP-FA) fue quien apeló a la analogía de los embriones abortados con los desaparecidos, un recurso muy fuerte y efectista en un país con numerosos detenidos desaparecidos consecuencia de una dictadura militar reciente (1973-1985), sobre todo cuando se recurrió exactamente a los mismos términos que históricamente se usaron para tratar dicha temática: “El aborto tiene dos víctimas: el nuevo ser humano y su madre. El nuevo ser humano abortado es un nuevo NN sin epitafio, sin memoria, que sufre todo un proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición” (informe en minoría de Gil Solares, 13/11/2002, p. 45). Más adelante, este diputado recurrió nuevamente a la analogía: “Parece increíble que nuestro país haya hecho tantos esfuerzos por individualizar a los desaparecidos. (...) ¿Cómo comprender entonces que a través de este proyecto de ley se persiga legitimar actos tendientes a la destrucción, secuestro, aniquilación y desaparición de vidas de la especie humana, indefensas, cuyo único pecado fue ‘existir y ser’? (...) Los desaparecidos por el delito de aborto son muchos más que los otros. Son miles al año, pero pasan desapercibidos porque nadie los conoce (…) simplemente pasaron del vientre de sus madres a la basura” (13/11/2002, p. 47). 9

El uso de comillas refiere a la dificultad que implica, en general, utilizar términos amplios, cuando no polisémicos, como

“progresista” o “de izquierda” y, en particular, cuando se emplean sobre posicionamientos frente al aborto.

En cuanto a lo sucedido durante el nazismo y el control de la natalidad de los países periféricos luego de la Segunda Guerra Mundial, vale la pena citar in extenso el informe en minoría del propio Gil Solares, que abundó en comparaciones históricas y análisis políticos de las causas subyacentes de estos avances en la legislación sobre aborto: “Hitler en la década del treinta impulsó el aborto en las mujeres no arias y favoreció la natalidad dentro de la raza aria. (…) Habiendo pasado la triste historia del nazismo llegamos a personajes como John D. Rockefeller, quien en 1952 constituyó en Londres la Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF) cuyo objetivo era lograr un control poblacional en los países periféricos a cambio de beneficios económicos. En uno de sus primeros Congresos (…) se conceptualizó al aborto como un medio de emergencia para hacer frente al exceso de población. (…) Recordemos a Mac Namara, Presidente del Banco Mundial en 1968, en el discurso inaugural dijo: ‘el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de los Estados Miembros del Banco Mundial’. (…) En 1974, Henry Kissinger dijo que ‘los gastos para el control de la población pueden ser mucho más eficaces que los que buscan aumentar la producción’.” (13/11/2002, p. 48). Gil Solares concluyó su razonamiento señalando que por detrás de la afirmación de los derechos reproductivos en la Conferencia de El Cairo “se esconde y se estimula el aborto como solución para evitar incrementos de natalidad. El eterno femenino es el camino para lograr el éxito del imperialismo económico” (13/11/2002, p. 48). Esta crítica pretendidamente antiimperialista a iniciativas políticas que impliquen un control de la natalidad tuvo sus ecos, con matices, entre otros diputados opositores más conservadores en un sentido tradicional, cuando se refirieron al problema del bajo crecimiento demográfico del Uruguay: “Al aprobarse este proyecto de ley, la concepción cultural de los países dominantes del Primer Mundo se mete por la ventana, de contrabando, en nuestro paisito, porque coincide exactamente con sus planes sobre el control de natalidad en los países del Tercer Mundo. Ellos quieren que controlemos el crecimiento demográfico para salvaguardar su dominación” (Lay lvez, en contra, 10/12/2002, p. 18). “La interrupción voluntaria del embarazo ataca la unidad y la continuidad de las generaciones presentes y futuras que viven en un Estado y que constituyen su base demográfica. Es interés del Estado asegurar la continuidad de la prosperidad demográfica” (Hackenbruch Legnani, en contra, 10/12/2002, p. 13). De este modo, algunos de los argumentos políticos contra el proyecto de ley también se inscribieron en un registro demográfico y económico. Hubo legisladores que se opusieron a la despenalización del aborto argumentando que complicaría aún más el problema del en76

vejecimiento de la población uruguaya (un proceso considerado ya en marcha por las bajas tasas de natalidad y la emigración de jóvenes). A su vez, esta “ausencia de jóvenes”, que se agravaría por todos aquellos que no nacerían de legalizarse la interrupción del embarazo, contribuiría tanto al estancamiento del mercado económico local como al colapso del sistema provisional. En su informe en minoría, Gil Solares afirmó: “No podemos ignorar que la pirámide de crecimiento poblacional de nuestro país y por tanto de nuestro desarrollo, necesita de estos hijos, ya que como consecuencia de la baja natalidad, que apenas da para mantener la población, nuestro mercado interno sufre una especie de anemia que le impide crecer; ahora se suma la inmigración de miles de miles uruguayos, principalmente jóvenes… ¿qué pasará entonces con la relación activo pasivo en el futuro?, ¿quiénes y a qué costo, pagarán las pensiones de los jubilados?” (13/11/2002, p. 47). Quienes defendían el proyecto respondieron parcialmente este argumento describiendo el funcionamiento de la evolución demográfica del Uruguay: “Algunos expresan argumentos demográficos en contra de este proyecto; dicen que Uruguay tiene poca población, por lo que no se debe aprobar un proyecto de esta índole. Este argumento desconoce que nuestro país creció en base a corrientes migratorias y que entre ellas la población se mantuvo estable” (Amen Vaghetti, a favor, 26/11/2002, p. 9). A partir de esta baja tasa de natalidad del Uruguay y los problemas que suelen asociarse a ella, los opositores al proyecto afirmaron que, ante la problemática del embarazo no deseado, las alternativas eran los planes de apoyo económico a la maternidad y la adopción. El diputado Argenzio en su informe en minoría apuntó: “Debemos (…) brindar ayuda y apoyo específico y concreto a toda mujer con embarazo deseado y más aún si es no deseado. (…) Estas mujeres con el apoyo debido no interrumpirán su embarazo, éste se llevará al término natural y si esa madre luego de nacer su hijo no desea tenerlo, que lo dé en adopción. Hay tantas familias que no pueden tener hijos y desean con inmenso amor y esperanza poder tener un hijo, un ser a quien amar, cuidar y preservar” (13/11/2002, p. 39). En las menciones de la adopción como una opción éticamente más humana y políticamente más útil que la del aborto, se activó recurrentemente una “batería sentimental” destinada a conmover al eventual público, algo sobre lo que volveremos en nuestras conclusiones. Aquellos legisladores que apoyaban el proyecto señalaron algunas debilidades de la “solución” de dar en adopción a los hijos que son producto de embarazos no deseados: “Es fácil aquí aducir alternativas ideales, hablar de heroísmos o de soluciones como la de que se tengan esos niños y luego se den en adopción. Ello ignora la enorme carga que conlleva el embarazo no deseado y desprenderse luego de ese hijo en esas condiciones; además, sería 77

imposible para una sociedad plantearse la adopción de miles de niños por año” (Barreiro, a favor, 27/11/2002, p. 21). “En una sociedad correctamente constituida la adopción es un instituto que solamente debe funcionar cuando, por ejemplo, los padres de un niño mueren en un accidente. (…) Las mujeres pobres no pueden ni deben ser envases para que las mujeres ricas puedan adoptar. (…) Esa no es una correcta percepción del instituto de la adopción. El instituto de la adopción es absolutamente secundario y accesorio; únicamente se debe recurrir a él en circunstancias extraordinarias. Lo correcto, lo sensato, lo humanamente defendible y lo que una sociedad democrática debe defender, es que los hijos vivan con su papá y su mamá naturales” (Orrico, a favor, 03/12/2002, p. 6). De género / de clase social Quienes promovían el proyecto consideraban que éste permitiría revertir parcialmente la situación desfavorable de las mujeres, en general, y de las mujeres pobres, en particular. Aunque se mencionó la inequidad de género per se, el énfasis argumentativo estuvo puesto en la articulación de dicha inequidad con la injusticia social, algo que apareció tanto en el informe por la mayoría como en los alegatos de los diputados que impulsaban el proyecto de ley en las distintas sesiones: “Se trata de regular la interrupción de la gravidez (…) terminando con un forma inhumana de discriminación y degradación de la mujer; generando posibilidades de acceso igualitarias para todas las mujeres (…) que resuelvan la inequidad vigente que hoy recae sobre las mujeres de más bajos recursos” (informe por la mayoría, 13/11/2002, p. 33). “Se ha practicado (el aborto) en lugares inapropiados, con carencia de condiciones higiénicas y sanitarias, teniendo como resultado sufrimiento, enfermedad, mutilaciones y muerte de mujeres jóvenes y pobres. (…) Una sociedad que hace la vista gorda, porque el que dispone de dinero –llámese 500 o 600 dólares- no corre riesgo, y los humildes que se arreglen como puedan” (Trivel, a favor, 13/11/2002, p. 73). “Hoy en nuestro país la primera causa de muerte materna en mujeres pobres son los abortos realizados en condiciones de riesgo. Reitero: en mujeres pobres, porque las que acceden al sector privado, generalmente pueden pagar un aborto con garantías de profesionalismo y destreza. (…) Todo esto encierra una profunda desigualdad social” (Amen Vaghetti, a favor, 26/11/2002, p. 6). Frente a esta referencia a la injusticia e inequidad social que recae sobre las mujeres más pobres, los opositores al proyecto adoptaron dos estrategias: o eludieron responderla (un buen ejemplo es la omisión del tema por parte del diputado opositor Argenzio, 13/11/2002, p. 59), o se asoció la legalización del aborto con la muerte inducida de niños pobres: 78

“No se soluciona ningún problema social ni se ayuda al más desprotegido ni a nadie matándolo. El problema a resolver y a combatir es la pobreza, no los pobres; el problema que debemos combatir es la pobreza y no a los niños pobres” (Barrera, en contra, 26/11/2002, p. 42). Resultó llamativa la tercera respuesta por parte de los opositores, que afirmó que la despenalización del aborto sólo incrementaría la brecha de injusticia social: “Alentar el aborto con la despenalización sería aumentar la brecha de injusticia social, ya que la igualdad de oportunidades debería comenzar desde la misma concepción, respetando el derecho a nacer” (Schusman, en contra, 27/11/2002, p. 57) En este debate se hicieron presentes algunos de los estereotipos de género más tradicionales, asociándose mecánicamente mujer y maternidad: “La misión fundamental de la mujer es la maternidad. Hagámosla responsable a través de la educación y la información” (Vener Carboni, en contra, 26/11/2002, p. 51). Dichos estereotipos de género fueron luego criticados por algunas diputadas: “Estoy totalmente en contra de aquellas posiciones, fundamentalistas o no fundamentalistas, pero que entienden que la función fundamental de la mujer –que la define como género- es exclusivamente la maternidad, o que el acceso al placer sexual es solamente provocado por la sociedad de consumo” (diputada Castro, a favor, 27/11/2002, p. 31). El diputado Vener Carboni presentó una de las críticas más explícitamente conservadoras y moralistas contra el proyecto, cuando propuso pensar al aborto como consecuencia de un problema de valores, corriendo así el centro de la problemática de las mujeres pobres: “El aborto no se reduce a las mujeres pobres o a las que no pueden pagar; al contrario: la mayoría parece estar del lado de las que pagan. En este caso, el aborto integra el conjunto de ofertas transgresoras de la sociedad de consumo, en esa búsqueda desenfrenada del placer, no de vivir mejor. A eso le sumamos el alcohol, la droga, la sustitución de valores, etcétera” (Vener Carboni, en contra, 26/11/2002, p. 48; el destacado es del autor). La respuesta de la diputada Tourné no se hizo esperar, y recurrió a una historia reciente, haciendo algunas aclaraciones sobre la clase social a la que pertenecen muchas de las mujeres que abortan: “Yo me sentí fuertemente golpeada por el caso de una jovencita de Colonia. Me pareció brutal, me pareció espeluznante que una chiquilina de dieciséis años agarrara una pastilla de uso veterinario para matar ‘tucu-tucus’ y se la introdujera en la vagina porque sospechaba que podía estar embarazada. (…) ¿Esa chica era una frívola, una descocada, una irreflexiva 79

a la que había que hacer pensar? ¿O era una chiquilina desesperada por quién sabe cuántos dedos acusadores, cuánto miedo, cuánta represión, cuánta frustración, cuánta falta de ayuda, hasta que hizo lo que hizo?” (Tourné, a favor, 26/11/2002, p. 54). En muy pocos casos las legisladoras o los legisladores recurrieron de modo explícito a argumentos de una perspectiva de género, tal vez para evitar estratégicamente los rechazos que suele generar dicho discurso en gran parte de la dirigencia política tradicional. Una de las excepciones consistió en el argumento compensatorio de la desigualdad de género, al que apeló la diputada Charlone: “Quiero decir que reconozco en el proyecto un sesgo hacia la protección de los derechos de la mujer que, indudablemente, es la que toma la decisión. (…) Fuimos pioneros en algunos derechos de la mujer, por ejemplo, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, lo que Vaz Ferreira llamaba el feminismo de la compensación, es decir, tratar diferente a los que son diferentes. (…) La mujer es la que está en la situación más vulnerable porque, muchas veces, es la que suele ser abandonada o la que tiene después la responsabilidad más directa en la educación o en la crianza. (…) Es la mujer la que pasa por el embarazo, la que corre el riesgo del parto, de la cesárea o de las posibles secuelas” ( Charlone, a favor, 10/12/2002, p. 32). Uno de los flancos más criticados desde la oposición fue el hecho de que el proyecto relegase casi totalmente el rol del padre en la decisión de la realización o no de un aborto a partir de un embarazo del que fue partícipe. Los alegatos al respecto fueron numerosos: “El padre del hijo, de ser identificable, debe dar su opinión y participar de las decisiones asumiendo las responsabilidades propias de su acto procreativo. De no ser así, terminaremos por despreciar o envolver a la paternidad en un absoluto campo de irresponsabilidad” (informe en minoría de Gil Solares, 13/11/2002, p. 47). “Este proyecto tampoco contempla al hombre; el padre no tiene ni voz ni voto para impedir la muerte de su hijo” (Barrera, en contra, 26/11/2002, p. 42). “Nos preocupan algunas omisiones, como la obligatoriedad de enterar al marido respecto a que la esposa se va a hacer un aborto. (…) Es atentatorio contra la integridad de la familia” (Vener Carboni, en contra, 26/11/2002, p. 51). “Parecería que detrás de este proyecto está el supuesto de que en todas las situaciones de maternidad no deseada hay ausencia de la figura masculina. No es así y la legislación debería contemplar el papel del hombre, del padre en este proceso” (Mieres, en contra, 10/12/2002, p. 23). Para referirse a lo que sucede desde el momento de la concepción, varios legisladores utilizaron estratégicamente de modo intercambiable “hombre” y “padre”, con el siguiente razo80

namiento implícito: el hombre que deja embarazada a una mujer ya es padre y, por lo tanto, cuenta con los derechos contemplados en la patria potestad, reintroduciendo mediante esta figura el registro jurídico. Sin embargo, la misma oposición no avanzó demasiado con este argumento. La votación Como en todo debate cuya votación final se presume perdida, algunos legisladores opositores recurren a chicanas propias del funcionamiento parlamentario para dilatar o evitar la votación. El intento más evidente fue el de dos legisladores del PC que, bajo el argumento de que no sentían poder representar a la sociedad con su voto, propusieron suspender la votación para concentrarse en la organización de una consulta ciudadana, así la población uruguaya se pronunciaría al respecto (26/11/2002, p. 10 y ss.). Muchos coincidieron con el espíritu de la idea de consultar al pueblo soberano, pero la rechazaron argumentando que presentarla en ese momento tenía como único fin evitar el debate y la votación del proyecto de ley presentado.10 Con todo, fue interesante observar cómo apareció de modo recurrente la cuestión de la representatividad de la Cámara con respecto a las posiciones de la sociedad frente a la temática del aborto. Quienes se oponían al proyecto insistieron en que la sociedad se encontraba polarizada, “partida” frente al aborto: “El aborto es un tema polémico, de difícil consenso; la sociedad está dividida en cuanto a su aceptación o no” (Argenzio, en contra, 13/11/2002, p. 58). Esta idea se articulaba con la puesta en cuestión de la representatividad de la Cámara en cuanto a las opiniones de la sociedad, en un argumento destinado a evitar cualquier innovación legislativa que implicara despenalizar o legalizar el aborto. Por eso mismo los promotores del proyecto insistieron en la diversidad y representatividad de las 25 delegaciones que visitaron durante un año la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, además de destacar el carácter equilibrado y, por ende, representativo del proyecto presentado: “Creemos haber encontrado el equilibrio necesario para que la mayoría de la sociedad lo sienta como suyo y para que, en definitiva, esta Cámara represente a esa mayoría al aprobarlo” (Gallo Imperiale, miembro informante por la mayoría, 13/11/2002, p. 58). Diputados de ambas veredas señalaron los apoyos recibidos por parte de la sociedad civil: mientras que la diputada Rondán agradeció a las mujeres uruguayas organizadas, mencionando a organizaciones feministas (entre ellas MYSU), y a aquéllas no organizadas, que le 10

La diputada Rondán recordó que, casi dos años antes, se había presentado en la Cámara la misma propuesta, sin éxito.

hicieron llegar su apoyo y solidaridad (26/11/2002, p. 20 y ss.); el diputado opositor Barrera agradeció las cartas recibidas por ciudadanos médicos que opinaban sobre el origen de la vida (26/11/2002, p. 41). En cualquier caso, y sobre todo para algunos diputados que apoyaban el proyecto, la temática hacía difícil considerar el voto como representativo: “En este voto afirmativo que voy a dar al proyecto no voy a actuar como Representante Nacional, porque respeto mucho el concepto de representación. (…) Al ser éste un tema tan particular, no me siento con la investidura como para decir que lo hago en nombre de alguien” (Topolansky, a favor, 27/11/2002, p. 54). La votación del proyecto en general recién se realizó sobre el final de la sexta sesión (10/12/2002) y fue el momento con mayor cantidad de diputados en sala (87 sobre 99 bancas). Se propuso que la votación fuese nominal, moción que se aprobó por rotunda mayoría. Así, se consultó a cada diputado (por orden alfabético) y se les dio la posibilidad de justificar su voto (aquí esgrimieron sus argumentos algunos que no habían participado antes del debate). En esta votación triunfó la aprobación del proyecto por 47 votos afirmativos contra 40 votos negativos. Dos patrones son relevantes para analizar el voto de los diputados en esta temática: la pertenencia partidaria y el sexo de los representantes.11

Un tercer patrón de análisis posible era el distrito de los legisladores, pero no se encontró ninguna correlación entre el

departamento al que representaban los y el sentido de su voto.

En cuanto a los partidos políticos, a la hora de la votación los legisladores del PN fueron muy disciplinados: mientras que 18 votaron por la negativa (siendo 16 de ellos varones), sólo uno (un varón) votó por la afirmativa. En el NE se dividieron los votos: dos por la afirmativa, dos por la negativa (todos varones). El EP-FA ocupó todas sus bancas e hizo sentir su peso en la votación final: de sus 40 legisladores, la gran mayoría vota afirmativamente (36 diputados; 6 de ellas mujeres) y una minoría de 4 legisladores (una de ellas mujer) lo hizo por la negativa (algunos de ellos, como Gil Solares, con encendidos ataques al proyecto). El caso más interesante, por sus divisiones a la hora de votar, fue el del PC, segunda fuerza legislativa con 33 bancas. Mientras que la mitad de sus legisladores (16 diputados, 15 de ellos varones) votó por la negativa, un cuarto (8) votó por la afirmativa y el último cuarto (9) no ocupó sus bancas. El grupo que votó afirmativamente, compuesto por dos mujeres y seis varones, tuvo un papel central en la defensa del proyecto (especialmente Glenda Rondán y Gustavo Amen Vaghetti), algo que fue reconocido incluso por sus compañeros de bancada opositores al proyecto. En general, el patrón de voto del proyecto mostró una férrea disciplina partidaria de los legisladores del PN en su voto negativo, una sólida hegemonía del voto afirmativo en el EP-FA (nueve de cada diez legisladores) y una fuerte división al interior del PC. En cuanto al sexo de los legisladores, sobre un total de 87 votos, 12 fueron de mujeres, y éstos se repartieron en 8 por la afirmativa (6 de ellas del EP-FA) y 4 por la negativa. Para la discusión del proyecto en particular (artículo por artículo), inmediatamente después de su aprobación en general, cayó ostensiblemente la cantidad de legisladores en sala: en un primer momento quedaron alrededor de sesenta y luego bajó a cuarenta diputados (gran parte de los que se retiraron eran diputados que votaron en contra del proyecto en general). En esta discusión hubo varias propuestas de modificaciones de distintos artículos del proyecto, sobre todo de aquellos que contemplaban modificaciones al Código Penal. Cabe destacar que en ese tramo de la sesión, con casi diez horas de debate parlamentario, se produjeron algunas divergencias: propuestas para mejorar la ley que luego fueron retiradas y pedidos de disculpas por la desconcentración propia del cansancio. En este tramo tuvo mucho protagonismo el diputado opositor Alejo Fernández Chaves (PC), que en su condición de abogado realizó numerosas observaciones y sugerencias en cuanto a la redacción de los distintos artículos. Otros de los pocos diputados opositores que quedaron en sala (como Vener Carboni) realizaron también intervenciones. Producto de estas observaciones de diputados opositores, el debate comenzó a trabarse y algunas diputadas que apoyaban el proyecto sugirieron que subyacía un intento de demorar la deliberación para evitar que se votara cada artículo en particular (Rondán, 10/12/2002, p. 125). Como se acercaba la hora de finalización de la sesión sin poder concluir la votación de todos los artículos, la diputada Margarita Percovich 83

(EP-FA) propuso votar en bloque los artículos que restaban, moción que fue aceptada y votada afirmativamente por la mayoría. Así concluyó la sesión del 10 de diciembre de 2002 sobre la medianoche.

Senadores El trabajo en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social Entre fines de junio y de noviembre del año 2003, la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores sesionó 14 veces y recibió 24 delegaciones (algunas de ellas unipersonales), con una frecuencia más intensa a partir de mediados de octubre y hasta el final de las sesiones. La comisión estuvo compuesta por dos mujeres y tres varones: Alberto Cid y Mónica Xavier (EP-FA), ambos médicos, Rubén Correa Freitas y Walter Riesgo (PC) y María Julia Pou (PN). En cuanto al orden de las visitas, mientras que la primera mitad de las delegaciones que visitó la comisión apoyó, en líneas generales, al proyecto de ley, la segunda mitad fue militantemente contraria. Considerando la posición de las visitas frente al proyecto, parece posible inferir que este orden de recepción decidido por la Comisión no fue tuvo fue trivial: tuvo una incidencia directa en el funcionamiento de la misma, al permitir que las delegaciones opositoras leyeran y analizaran los argumentos de aquellas que apoyaban el proyecto, y los criticaran y respondieran uno a uno, o incluso retomaran los que les resultaban favorables para su propia argumentación. Esto fue posible porque los nuevos visitantes podían acceder (de hecho, en su gran mayoría lo hicieron) a las actas de las sesiones previas.12 Además de las observaciones técnicas y académicas, se consideraron las opiniones de las asociaciones profesionales directamente implicadas en la puesta en práctica de la ley. En cuanto a la dinámica interna de la Comisión, se hicieron muchas preguntas a las visitas que se presentaban como “técnicas” (médicos, juristas, magistrados, psicólogos), aún cuando éstas también tenían una posición tomada frente al proyecto. La mayoría de estas delegaciones hizo comentarios a cada artículo del proyecto de ley aprobado en Diputados, que podemos considerar “constructivos” en tanto apuntaban a mejorar la formulación de la ley, ya sea para evitar su rechazo en la discusión en el Senado por fallas jurídicas, ya sea para evitar problemas a la hora de ser aplicada. 12

Un ejemplo es lo que hicieron los miembros de la opositora Comisión de Representatividad Evangélica del Uruguay el 28

de octubre, retomando argumentos de las visitas del jurista Gros Espiell (05/08/2003) y d la Asociación de Magistrados del Uruguay (09/09/2003).

La mayoría de las visitas opositoras también realizó comentarios artículo por artículo, concentrándose sobre todo en el artículo 4º del proyecto de ley, que era el que enunciaba el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo, pero sus observaciones eran más “destructivas”, ya que apuntaban a echar por tierra el proyecto de ley y evitar la despenalización o legalización del aborto. Algunas visitas opositoras llevaron proyectos de ley o propuestas generales alternativas, que en todos los casos omitían cualquier avance legislativo que previera la despenalización del aborto (por ejemplo, Pedro Montano, 25/11/2003). Otras delegaciones llevaron videos sobre cómo son los abortos en aquellos países que está legalizado.13 Casi no hubo preguntas a las visitas opositoras por parte de los senadores ya que, aún cuando mantuvieron el respeto que demanda el ámbito de la Comisión, estas delegaciones frecuentemente fueron muy beligerantes contra el proyecto de ley y la posibilidad de legalización del aborto. Las visitas que se repitieron en las comisiones de ambas cámaras, señalaban que iban a reiterar los argumentos presentados cuando asistieron a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados. A diferencia de lo que sucedió en la Comisión en Diputados, en esta de Senadores la mayoría (3 de 5 legisladores) se pronunció en contra del proyecto a la hora de su votación en la Cámara. La correlación de fuerzas en la Cámara Al momento del tratamiento del proyecto de ley, las 31 bancas estaban distribuidas del siguiente modo: 12 correspondían al EP-FA, 11 al PC, 7 al PN y 1 a NE. La cantidad de mujeres en las distintas sesiones osciló entre tres y cuatro (ninguna de éstas pertenecía al PC o a NE). Durante el debate sólo hubo una referencia a la libertad de conciencia por parte de los legisladores del EP-FA (Gargano, 04/05/2004, p. 50). En un sentido opuesto, el presidente de la Cámara (y vicepresidente de la República) justificó su voto contrario al proyecto señalando los compromisos políticos asumidos por el PC con la Unión Cívica, contrarios a cualquier iniciativa tendiente a despenalizar el aborto (Hierro López, 04/05/2004, p. 40 y ss.), algo sobre lo que volveremos más adelante. 13

A partir del 11 de noviembre de 2003, los legisladores decidieron no permitir que se exhibieran dichos videos durante la

sesión, y que, en todo caso, estuviesen a disposición de aquellos legisladores que quisieran verlos individualmente.

El debate: registros discursivos y argumentos Durante tres sesiones alrededor de quince legisladores se anotaron como oradores y expusieron sus argumentos frente al proyecto de ley presentado por la Comisión de Salud Pública el 13 de abril de 2004, proveniente a su vez de la Cámara de Diputados. Además, otros senadores en la sesión final del 4 de mayo hicieron alegatos para fundamentar sus votos afirmativos o negativos sobre la propuesta. En la primera sesión (13/04/2004) se presentó el proyecto tal como había sido aprobado en la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 2002, como señaló la senadora Xavier: “Los integrantes de la Comisión de Salud Pública del Senado (…) no hemos podido acordar una opinión acerca del proyecto, razón por la cual considerando unánimemente la importancia y trascendencia del debate, optamos por remitirlo al Plenario sin informe; (…) todos estuvimos de acuerdo en que era muy importante analizarlo en este ámbito” (senadora Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 8). Se otorgó a un senador de cada una de las bancadas el régimen horario del que disponen los miembros informantes de las Comisiones (Presidente de la Cámara, 13/04/2004, p. 7), y dos miembros de la Comisión presentaron sus respectivos informes: Mónica Xavier (del EP-FA) actuó como informante de quienes promovían el proyecto, mientras que Walter Riesgo (del PC) lo hizo por parte de los opositores. A diferencia de lo que había ocurrido en la otra Cámara, los legisladores del PN intervinieron muy pocas veces durante el debate. Debemos recordar que ninguna de las iniciativas legislativas anteriores sobre despenalización del aborto (1985, 1991, 1993, 1994 y 1998) había contando con media sanción, tal como ocurría con este proyecto en el que se venía trabajando desde mediados de 2001. Quienes lo promovían destacaron en todo momento el consenso en torno al proyecto: “El consenso social con el que cuenta este proyecto no lo ha tenido ninguno de los otros que se han tratado de plantear desde la apertura democrática. Por algo llega al Senado” (senadora Xavier, a favor, 04/05/2004, p. 44). A diferencia de lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados, los legisladores médicos y abogados no tuvieron tanto protagonismo, ni tampoco las legisladoras en tanto mujeres. La única excepción fue Mónica Xavier, médica y mujer, que llevó adelante gran parte de la defensa del proyecto. Una de las particularidades de este debate en Senadores fue que se desarrolló durante un año electoral. En este sentido, hubo una interesante polémica sobre la conveniencia de debatir un tema controvertido como el de la despenalización del aborto que podía verse 86

“politizado” por las inminentes elecciones. Se sostuvieron dos posturas bien diferenciadas: mientras que un grupo de legisladores no consideraba oportuno legislar sobre este tema en un año electoral, otro grupo evaluó como positivo que cada legislador dejara sentada su postura sobre este tema justamente previo a las elecciones nacionales. Transcribimos a continuación algunas intervenciones muy elocuentes de las posiciones y valoraciones al respecto. “Reitero lo que anuncié en distintos medios: no considero que un año electoral sea la instancia apropiada para considerar esta iniciativa” (Singer, en contra, 04/05/2004, p. 48). “Este asunto (…) no se aborda por miedo a la sanción electoral. Muy frecuentemente, en nuestra sociedad política el temor a la sanción electoral ha bloqueado los procesos de transformación y no estoy dispuesto a ser cómplice de este tipo de actitud. Si hay precios, que se paguen, pero el peor precio que podemos pagar los uruguayos es el de no tener la valentía de afrontar nuestros problemas colectivos y generar una sociedad fundada en el ocultamiento y el doble discurso” (Rubio, a favor, 04/05/2004, p. 11) “Muchos colegas del Senado, periodistas y comentaristas de todo tipo han señalado que, supuestamente, no es un buen año para tratar este tema. En algún momento hemos tenido la impresión de que si hacemos cálculos (…) mezquinos, podríamos pensar que no es el año adecuado para discutir un tema aparentemente tan escabroso, tan poco dable a ser tratado en público, tan poco presentable y políticamente incorrecto como es el de la salud reproductiva de la mujer. En lo que me es personal, creo que (…) es al revés: en los años electorales hay que desnudar el pensamiento, hay que desnudar los sentimientos y las convicciones ante toda la opinión pública, porque es la manera real de poner a la libre elección de la ciudadanía lo que cada uno efectivamente piensa. (…) Para mí es de coherencia política discutir el tema sin ningún tipo de temor ni de cálculo electoral en el año electoral” (Arismendi, a favor, 14/04/2004, p. 12-13). “Este proyecto de ley tiene tres años y medio en el Parlamento, no llega ahora; llegó primero a la Cámara de Representantes, estuvo un año en Comisión, y durante varios meses se discutió en el Plenario. Luego estuvo un año en la Comisión de Salud Pública del Senado. (…) Este tema no es nuevo, (…) cuando tiene tres años y medio de antigüedad, no me siento para nada consustanciado con el hecho de no poder considerarlo porque estamos en un año electoral. (…) En un año electoral buena cosa es que los dirigentes políticos nos pronunciemos sobre estos temas trascendentes y de gran hondura humana y social” (Herrera, a favor, 04/05/2004, p. 51) “Felicito al Cuerpo por el hecho de que se haya habilitado esta discusión porque (…) el tema se había transformado en un tema político, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y el año electoral” (Cid, a favor, 14/04/2004, p. 8). 87

El hecho de que fuera un año electoral también se vio reflejado en la discusión acerca de hacer una consulta ciudadana sobre la temática, una propuesta que también había aparecido en la Cámara de Representantes. En Senadores, algunos temían que se mezclara dicha consulta con las elecciones: “Como voy a votar favorablemente este proyecto de ley y como estoy dispuesto a buscar mecanismos constitucionales que permitan que el cuerpo electoral se exprese, quiero decir que mantengo esta posición (…) con algunas condiciones. Una de las condiciones es que preferiría conocer con exactitud lo que piensa cada uno de los integrantes del Cuerpo sobre el tema. (…) La segunda condición es que este plebiscito no esté inserto en los proceso de elección de los gobernantes de este país. Creo que sería una vergüenza que tiñéramos estos temas éticos con intereses (…) de tipo electoral” (Korzeniak, a favor, 14/04/2004, p. 24; el destacado es del autor). Tal como había sucedido en la Cámara de Representantes, en líneas generales el capítulo I no fue sometido a críticas de peso y, de hecho, los opositores destacaron las propuestas contempladas en dicho capítulo como soluciones alternativas a la legalización del aborto (educación sexual, políticas de planificación familiar y, agregaron, agilización de los trámites de adopción). Una vez más, los opositores concentraron la mayor parte de sus críticas en el Capítulo II del proyecto. Como una parte importante del debate reprodujo las posiciones y los argumentos sostenidos en la Cámara de Diputados, a continuación sólo analizaremos los argumentos novedosos, siguiendo la clasificación en registros discursivos antes utilizada. Médico / salud pública / estadístico Aunque no se cuestionó la incidencia del aborto provocado en condiciones de riesgo sobre la mortalidad materna, nuevamente hubo polémicas en cuanto a las cifras de abortos en Uruguay. Mientras que quienes promovían el proyecto consideraban un número estimado de 33 mil abortos anuales, un 38,5% del total de embarazos (Xavier, 13/04/2004, p. 10), algunos opositores sembraron dudas en cuanto a esas cifras, y señalaron la contradicción con otras estimaciones que referían a 150 mil abortos anuales (Riesgo, en contra, 13/04/2004, p. 24). En cuanto a otras consecuencias sanitarias del aborto, quienes impulsaban el proyecto incluyeron la siguiente estimación, que no fue respondida por la oposición: “Por cada muerte que se produce a consecuencia de un aborto de riesgo, cincuenta mujeres quedan con lesiones graves que, seguramente, les impedirán procrear el resto de su vida (…) y mil deben abandonar su entorno familiar o laboral como producto de abortos inseguros” (Xavier, 13/04/2004, p. 11). 88

Biológico / genético En líneas generales, en esta Cámara casi no apareció la discusión en torno al origen de la vida (sólo en la presentación inicial de la oposición, a través del senador Riesgo, el 13 de abril), probablemente porque quienes apoyaban el proyecto nunca negaron que hubiese vida humana desde la concepción: “Cuando se realiza un aborto se está abortando una vida humana. (…) No voy a entrar en la disquisición de si se interrumpe un embarazo a las nueve o a las doce semanas porque ya hay vida humana. (…) Sin embargo, ¿qué estamos valorando cuando tomamos posición en el tema? Que también hay otra vida humana en juego. (…) Y esa es la mujer, a la que estamos exponiendo a que un aborto en condiciones inseguras la mutile o la mate” (Cid, a favor, 14/04/2004, p. 10). Jurídico Al igual que en Diputados, los argumentos en este registro fueron los más recurrentes, con la salvedad de que prácticamente ningún legislador hizo referencia a su condición de abogado para saldar las polémicas interpretativas sobre la legislación (como sí había sucedido en la otra Cámara). Entre quienes promovían el proyecto se repitió el argumento de la ineficacia jurídica de la ley Nº 9.763 que penaliza al aborto, ya que no ha desalentado su práctica, pero lo ha relegado a la clandestinidad. A su vez, se agregó que esta misma ley ha hecho que mujeres que debían interrumpir su embarazo por razones médicas, “han debido padecer un calvario en entidades médicas públicas y privadas, donde las decisiones se dilataban, obligándolas a optar por la práctica de un aborto clandestino” (Xavier, 13/04/2004, p. 8-9). También se señalaron otros efectos de la penalización aprobada en 1938, tales como el descenso de la tasa de nacimientos y crecimiento del número de abortos (Herrera, a favor, 14/04/2004, p. 6.) Otro argumento que se repitió fue el que relaciona la despenalización del aborto con la disminución del número de abortos provocados en condiciones de riesgo y la reducción de las tasas de morbi-mortalidad materna, por lo que se consideró que este proyecto de ley defendía mucho más la vida que la ley de 1938 (Xavier, 13/04/2004, p. 11-12; Michelini, 14/04/2004, p. 18-20; Korzeniak, 14/04/2004, p. 22). Los promotores de la ley señalaron de modo explícito que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, afirmando que la aprobación de este proyecto era parte de la garantía efectiva del derecho constitucional a la salud de todos los habitantes y el respeto de las convenciones internacionales ratificadas por Uruguay (Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 14). 89

Por su parte, los opositores destacaron que casi todas las visitas a la Comisión de Salud Pública del Senado encontraron fallas a este proyecto de ley (Riesgo, en contra, 13/04/2004, p. 22; Correa Freitas, en contra, 04/05/2004, p. 10). Entre los puntos observados, reapareció una larga polémica (no saldada) en torno a la interpretación del artículo 4º del pacto de San José de Costa Rica (y la expresión “en general”) y si el proyecto de ley en discusión contradecía dicha norma o no. En el caso de los legisladores del PN, volvieron a concentrar su estrategia contra el proyecto en la defensa del derecho a la vida: “El aborto es un atentado violatorio del derecho a la vida del ser humano en gestación. En consecuencia, lo que a mi juicio el Parlamento puede discutir válidamente es cómo se procura evitarlo” (García Costa, en contra, 04/05/2004, p. 25). Un elemento novedoso en el registro jurídico fue la comparación minuciosa que hicieron los opositores entre la ley de reproducción asistida, recientemente aprobada en el Senado, y la ley de salud reproductiva en discusión. El senador Riesgo señaló que la ley de reproducción asistida: “…no permite destruir ningún embrión; embrión que no llegó ni siquiera a la etapa de anidación, menos aún a los tres meses. (…) ¿Por qué aquí defendíamos tanto el embrión y en esta nueva ley no? (…) Es diametralmente opuesto el pensamiento plasmado en la Ley de Reproducción Humana Asistida al que anima al proyecto de ley que estamos analizando hoy” (Riesgo, en contra, 13/04/2004, p. 25-26). Los impulsores de la ley de salud reproductiva intentaron responder esta supuesta contradicción, señalando la diferencia entre los fines últimos de cada una de estas leyes: “Ayer se señalaba una aparente contradicción a la que se enfrentaba el Cuerpo porque en su oportunidad quien habla sostuvo de manera inflexible y muy férrea que el proyecto de ley de reproducción humana asistida era una iniciativa que privilegiaba la vida del embrión. Bueno fuera que en un proyecto que pretende ingresar en el tratamiento de una patología, en este caso la infertilidad de la pareja humana (…) no procurásemos que el embrión humano fuese defendido en todos sus alcances. Por mi parte, no siento que exista una contradicción entre ambos proyectos” (Cid, a favor, 14/04/2004, p. 9). Ético / moral / religioso El discurso religioso apareció mucho menos que en la Cámara de Diputados: sólo hubo algunas referencias a teólogos cristianos (como Agustín y Tomás de Aquino), al intercambio de correspondencia entre el filósofo Umberto Eco y el cardenal Martini y, nuevamente, a las reflexiones sobre el aborto del cura “Perico” Pérez Aguirre. 90

Mientras que aquellos que apoyaban el proyecto insistieron en que la legalización del aborto no es un problema ético o moral, los opositores continuaron apuntando sobre las connotaciones valorativas puestas en juego: “No es un problema ético, moral o religioso; es un problema social, referido básicamente a carencias en la prestación de salud que resultan en la muerte, mutilación y lesiones y agresiones de todo tipo a miles de mujeres” (senadora Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 20). “El aborto no combina con el concepto de familia; por el contrario, el aborto socava la estructura de la misma” (Riesgo, en contra, 13/04/2004, p. 30). Político / Demográfico / Económico Tal como había sucedido en la otra Cámara, apareció la cuestión de la laicidad del Estado, que fue relacionada de modo directo con el acceso a servicios de salud reproductiva: “La laicidad del Estado uruguayo (…) casi se identifica con el concepto de pluralismo. (…) Hoy día la laicidad tiene otra dimensión: la de la inclusión social y el respeto a la diversidad. Hoy día la laicidad implica el acceso a servicios de salud reproductiva” (Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 13). El único argumento de tipo económico presentado en esta Cámara, relativamente novedoso, fue el del impacto económico del aborto. Sobre el mismo, se sostuvo una polémica interesante: “Cabe preguntarnos cuánto se gasta en la práctica de abortos en nuestro país. Si tomamos en cuenta que se realizan 33.000 abortos anuales (…) y que el 81% podría estar realizado en clínicas, los valores oscilan entre U$S 600 y U$S 800 por procedimiento (…), estos abortos “medicalizados” darían como resultado U$S 14.701.500. Esta cifra no paga aportes, no tributa impuestos ni genera inversiones productivas; tampoco promueve el equilibrio económico y sí tiende a profundizar el desequilibrio de quienes tienen que distorsionar su presupuesto familiar para poder acceder a un procedimiento medianamente seguro. Si a este cálculo sumamos el gasto que asumen el Estado y la salud privada en la reversión de los efectos del aborto realizado en condiciones de riesgo, la cantidad a considerar es, obviamente, mucho mayor” (Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 11). Los opositores ensayaron una respuesta, señalando que la legalización del aborto ampliaría el negocio de las clínicas privadas, sobre todo porque las mujeres procurarían evitar que quedase registrado en su historia clínica el hecho de haber abortado: “Estamos hablando de un gran negocio. Si se aprueba la ley que estamos tratando van a proliferar las clínicas privadas. Me pregunto si todas las mujeres van a ir a hacerse un aborto a las 91

mutualistas. (…) ¿Las personas jóvenes van a dejar que en la ficha donde figura toda su historia clínica su nombre se vea rozado? No, no van a ir” (Riesgo, en contra, 13/04/2004, p. 27). Dentro del registro económico, otro argumento fue que uno de los efectos de la penalización del aborto consistiría en tornarlo más redituable para quienes lo proveen, ya que la persecución aumentaría el precio: “Es un gran negocio para la gente, porque está penalizado. No es verdad, como ha dicho algún colega que los médicos ‘aborteros’ van a continuar enriqueciéndose cuando el aborto esté despenalizado. No es verdad: cobran porque está penalizado. El precio está vinculado a las medidas de seguridad que se toman hoy, (…) como, por ejemplo, telefónicas, de traslado, clandestinas. (…) Todo eso se carga a la cuenta” (Arismendi, a favor, 14/04/2004, p. 16). De género / de clase social Algunas de las legisladoras que impulsaban el proyecto definieron, por primera vez en el debate, la necesidad de programas y legislación pensados desde una perspectiva de género: “Antes de ingresar al análisis del proyecto de ley, debo señalar que me he comprometido a apoyarlo como mujer, como médica y como legisladora. Como mujer, me preocupa el reconocimiento del derecho de toda mujer a resolver libremente cuándo y en qué circunstancias va a ser madre. (…) Mi compromiso como legisladora refiere, fundamentalmente, a incorporar a los textos legales la inclusión social, el respeto por la diversidad; en definitiva, incorporar a los proyectos a estudio la perspectiva de género, la visión de las mujeres desde las mujeres. (…) Propongo que comencemos a comprender qué implica tener una visión de género en el ámbito legislativo, en la construcción de la equidad y de la democracia” (Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 15 y 21; el destacado es del autor). Ante las reiteradas polémicas acerca del papel del progenitor en la decisión de realizar un aborto, algunas defensoras del proyecto sostuvieron la idea de la decisión exclusiva de la mujer de continuar o no un embarazo: “En general se comprueba que somos las mujeres las que enfrentamos (…) la crianza de los niños, su educación, en definitiva, la carga parental. Entonces, es de justicia que la última decisión sea tomada por la mujer. (…) Si existe una pareja armónica, la resolución de la mujer va a ser tomada en discusión previa con la misma” (Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 17). Sin contradecir esta afirmación en lo sustancial, otros senadores que apoyaban el proyecto incluyeron algunos matices sobre el lugar del hombre en esta problemática: “El tema que estamos tratando no es un problema de mujeres, sino de toda la sociedad. (…) Considero que ubicar este tema exclusivamente en el campo femenino es ser irresponsable 92

como actor social, como padre, como hombre, como marido, como compañero y como educador que soy de mis propios hijos. (…) Ello no es contradictorio con saber que este proyecto de ley tiene en su seno la libertad del cuerpo de la mujer y la libertad sexual, hecho que entiendo positivo” (Ríos, a favor, 04/05/2004, p. 19). “No creo que sea la pobreza la causa del aborto; para mí, esto es consecuencia de la soledad, y no es responsabilidad de las mujeres, sino de los hombres que no asumimos nuestras responsabilidades” (Mujica, a favor, 04/05/2004, p. 24). El artículo 11º del proyecto de ley, que establecía que la interrupción del embarazo sería considerada acto médico sin valor comercial, fue defendido como un modo de mitigar la injusticia social mediante la gratuidad del aborto para aquellas mujeres que desearan realizarlo: “El artículo 11º (…) es una disposición de equidad, porque permite a todas las mujeres, independientemente de su capacidad económica, acceder a las prácticas de interrupción del embarazo, y no reitera la vulnerabilidad que presentan las mujeres de bajos ingresos” (Xavier, a favor, 13/04/2004, p. 19). La votación Tal como había sucedido en la Cámara de Diputados, algunos legisladores del PC comenzaron a impulsar la idea de realizar un referéndum, plebiscito o consulta ciudadana para que el electorado se pronunciase acerca de esta temática. Aunque la mayoría de los legisladores se manifestaron a favor de organizar una consulta para que la ciudadanía se expresara y así lograr de modo definitivo una legislación al respecto, muchos de los senadores del EP-FA y del PN advirtieron que esto no debía postergar su pronunciamiento frente a este proyecto de ley: “Lo mejor sería que, en última instancia, la ciudadanía se pronunciara por la vía del referéndum. (…) Pero tampoco quiero sostener ni validar la tesis que dice que el sistema político no debe asumir sus responsabilidades. Por el contrario: me parece que es bueno que la democracia representativa asuma su responsabilidad, tome decisiones y que éstas sean consultadas con todos los uruguayos” (Rubio, a favor, 04/05/2004, p. 14). “Si por alguna razón los integrantes del Partido Colorado que se han referido al tema consideran necesario que algún cuerpo del Senado se encargue de preparar una sistematización específica que permita moverse en torno de plebiscitos y de reformas constitucionales, pues, que lo haga el Cuerpo a petición del Partido Colorado, pero vamos a terminar la tarea en la que estábamos que –como bien se dijo- comenzó hace tres años y medio” (García Costa, en contra, 04/05/2004, p. 52). 93

Mientras que los legisladores del PN probablemente preferían que se votase porque sabían que había suficientes votos para rechazar el proyecto, cabe preguntarse para qué querían los senadores del EP-FA que se votase ante el casi seguro resultado adverso. En el marco de un año electoral, ¿deseaban que los legisladores de cada partido dejasen marcada su posición frente al proyecto y que de esa manera quedara en evidencia el pacto del PC con la Unión Cívica? Quien se opuso a votar fue el senador Alejandro Atchugarry del PC, que propuso que el proyecto de ley pasase a la Comisión de Constitución y Legislación, a los efectos de estudiar una enmienda constitucional para poder realizar un plebiscito: “Tengo el absoluto convencimiento de que este es un tema en torno al cual no sólo toda la sociedad tiene derecho expresarse, (…) sino que, fundamentalmente, si ella lo lauda va a tener el carácter de algo ‘laudado’ en paz. (…) Estoy hablando de una solución definitiva, sea a favor de lo que pensamos o sea en contra, porque esa va a ser la única manera de dar estabilidad en un tema tan importante y sensible. (…) Siento que sería un error tomar una decisión legislativa en este instante y creo que debemos procurar convencer a nuestros colegas del Cuerpo en el sentido de trabajar y tratar de abrir una puerta (…) para que todos decidamos, y cuando digo todos estoy hablando de la ciudadanía” (Atchugarry, 04/05/2004, p. 17). Varios legisladores le respondieron: “Si bien compartimos la idea de que la sociedad se exprese, reitero que no podemos llevar esta discusión a otros ámbitos” (Rubio, a favor, 04/05/2004, p. 19). “La consulta popular es un instituto de la ciudadanía y no un mecanismo para que los legisladores nos eximamos de nuestro deber de legislar. (…) Que se vote, que se haga en forma nominal (…) y que estos caminos de consulta popular (…) los estudiemos una vez culminada la votación” (Xavier, a favor, 04/05/2004, p. 47). Como la propuesta de pase a Comisión de Constitución y Legislación fue rechazada, Atchugarry decidió retirarse de la sesión justo antes de la votación del proyecto en general, alegando la imposibilidad de votar por la afirmativa o la negativa (Atchugarry, 04/05/2004, p. 53). La votación del proyecto en general se realizó sobre el final de la tercera sesión (el 4 de mayo de 2004), tal como se había acordado previamente entre los coordinadores de las bancadas, y fue el momento con mayor cantidad de senadores en sala (30 sobre 31 bancas). Se propuso que la votación fuera nominal y se aprobó esta moción. Así, se consultó a cada senador (por orden alfabético) y se le dio la posibilidad de justificar su voto (aquí esgrimieron sus argumentos algunos que no habían participado antes del debate). El proyecto fue rechazado por 17 votos negativos contra 13 votos afirmativos. 94

Retomemos los dos patrones que ya utilizamos para analizar el voto de los legisladores: la pertenencia partidaria y el sexo de los votantes. En cuanto al sexo de los legisladores, sobre un total de 30 votos, 4 fueron de mujeres y se repartieron en 3 por la afirmativa (todas del EP-FA) y 1 por la negativa (PN).

En cuanto a los partidos políticos, a la hora de la votación nuevamente los legisladores del PN fueron muy disciplinados: sus 7 senadores votaron por la negativa (6 de ellos varones). De los 12 legisladores del EP-FA, 11 votaron afirmativamente (3 de ellas mujeres). El único representante de NE votó por la afirmativa. Una vez más, el caso más interesante fue el del PC. Recordemos que en la reñida elección en la Cámara de Diputados, los 8 votos colorados fueron claves para la aprobación del proyecto por sólo 7 votos de diferencia (47 a 40). En la Cámara de Senadores, aunque algunos legisladores de este partido (como Brause Berreta, Correa Freitas y Hierro López) se mostraron muy permeables a los argumentos de quienes impulsaban el proyecto, el PC votó 95

contra el proyecto de ley casi como un bloque sin fisuras: de sus 11 legisladores sólo hubo un voto a favor y una abstención, mientras que los restantes 9 se pronunciaron en contra. ¿Fue el pacto del Partido Colorado del Presidente Batlle con la Unión Cívica la clave para esta votación en bloque en contra del proyecto? Ya con media sanción por parte de la Cámara de Diputados y las elecciones legislativas y presidenciales tan cerca, ¿no se podía permitir esa relativa libertad de conciencia que se había manifestado dos años atrás y que había sido fundamental para dicha aprobación? Sobre el final de la discusión en la última sesión, el presidente de la Cámara de Senadores y vicepresidente de la República justificó su voto contra el proyecto recordando los compromisos asumidos por el PC con la Unión Cívica: “Voy a hacer una referencia personal a mi forma de votar, (…) no importa mucho lo que vota cada uno; (…) importan mucho más los comportamientos colectivos de los partidos. En mi caso, sin involucrar el sentimiento de mi bancada, la del Partido Colorado, en mi condición de candidato a Vicepresidente de la República en noviembre de 1999, con el doctor Jorge Batlle hicimos un acuerdo político con la Unión Cívica que vengo a reflejar esta noche votando en contra de este proyecto de ley, aunque lo considero importante. (…) (En ese acuerdo) establecimos algunos compromisos sobre cuestiones sociales, entre los cuales estaba el de no propiciar de parte del Poder Ejecutivo que eventualmente íbamos a integrar una legislación vinculada a los temas del aborto. (…) El proyecto de ley a mi entender es bastante bueno o lo mejor posible, aunque se me podrá decir que soy incongruente al decir esto. Ya he dicho que no voy a votar el proyecto de ley por las circunstancias mencionadas, pero creo que procuró resumir en forma amplia y lo más sabia posible las diversas iniciativas que ha habido a lo largo de casi veinte años de legislación en ambas Cámaras” (Hierro López, 04/05/2004, p. 40-41; el destacado es del autor). El patrón de voto mostró una férrea disciplina partidaria de los legisladores del PN en su voto negativo y una sólida hegemonía del voto afirmativo en el EP-FA. Aunque Hierro López en su discurso intentó no comprometer la decisión de los legisladores de su bancada, fue evidente la mayor disciplina de los legisladores del PC a la hora de votar, en comparación con lo que había sucedido en la Cámara de Diputados, considerando además la certeza del veto del Presidente Batlle en caso de que se aprobase la ley.14

Algo que ya había sido mencionado dos años atrás, durante el debate en Cámara de Representantes: “El otro día, con indi-

gnación, escuchábamos que el señor Presidente de la República decía que ante la eventualidad de que este Parlamento sancionara una ley despenalizando el aborto, él interpondría su veto. Sí, porque el aporte del señor Presidente en este tema parece que es cumplir con un acuerdo electoral que hizo con la Unión Cívica” (Argimón, Partido Nacional, 26/11/2002, p. 45).

Conclusiones En ambas cámaras hubo legisladores que denunciaron haber recibido presiones de distintos grupos sociales y que repudiaron esa práctica política. A su vez, en reiteradas ocasiones los miembros de las cámaras manifestaron su orgullo de participar en este debate, por varias razones. Primero, por sacar a la luz y debatir una temática como el aborto, rodeada cotidianamente por una hipocresía de parte de la sociedad y de la dirigencia uruguaya. Segundo, por el alto nivel de las exposiciones y el respeto que primó ante las opiniones divergentes, al punto que algunos legisladores opositores al proyecto felicitaron a sus pares por sus exposiciones y compromiso político, aún cuando su votos irían en sentido contrario. Como parte de este análisis, debemos destacar este alto nivel de las exposiciones, sobre todo en la Cámara de Diputados. La gran mayoría de los/las oradores/as tenía un discurso escrito prolífero en estadísticas de salud pública, avances en las ciencias biológicas y médicas, doctrina de derecho constitucional, internacional público y penal o reflexiones filosóficas y teológicas de pensadores reconocidos (desde el apóstol Pablo hasta los filósofos Jurgen Habermas y Umberto Eco). En ambas cámaras, los legisladores retomaron muchos de los argumentos, las evidencias y los apoyos institucionales del trabajo de las comisiones de salud pública y del material facilitado por las delegaciones que las visitaron, articulándolos en un discurso argumentativo orientado a atacar o defender el proyecto de ley en tratamiento. Esta estrategia utilizada en el debate parlamentario descansó en la fuerza que tuvo la palabra autorizada de ciertos interlocutores (por su capacidad técnica o su erudición académica, por ejemplo). Por momentos, se adujo algo así como “no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice x”, siendo ésta alguna fuente reconocida de autoridad. Como en otro tipo de discusiones, la apelación a un discurso científico riguroso, detallado y abundante en tecnicismos brindó un halo de supuesta objetividad e imparcialidad que, en sí mismo, actuó como un argumento muy potente en la discusión. Fueron los opositores al proyecto, en su pormenorizado relato sobre el inicio de la vida, quienes recurrieron más frecuentemente a este tipo de discurso, pretendiendo encubrir uno de orden moral o religioso. En cuanto a las estrategias utilizadas por los opositores, queremos destacar dos particularmente recurrentes. La primera consistió en el uso de distintos tipos de golpes de efecto que funcionaron de modo más o menos conmovedor, a partir de dos variantes: la morbosa, por ejemplo, detallando el procedimiento del aborto y cómo se defiende el feto hasta último momento “luchando por su vida”; y la emotiva, señalando por ejemplo “el amor de aquellos padres que aguardan esperanzados poder adoptar” (informe en minoría de Argenzio y su 97

alegato, 13/11/2002, p. 41 y p. 61).15 La segunda estrategia consistió en realizar algunas concesiones a los planteos de los que apoyaban el proyecto, sobre todo en puntos a los que era muy impopular oponerse abiertamente, para luego ofrecer salidas alternativas que rechazaban de plano el derecho a abortar: los legisladores opositores reconocieron que había que evitar a toda costa que sigan muriendo mujeres por abortos inseguros, pero consideraron que el verdadero problema eran los embarazos no deseados, por lo que los medios propuestos para evitar dichos riesgos eran la prevención, la educación y la promoción de la salud. De este modo, nunca condenaron de modo directo a aquellas mujeres que abortan, pero sí corrieron el centro del debate. Siguiendo esta estrategia, ningún legislador opositor eligió a las mujeres que abortaron como blanco directo de sus críticas, aún cuando muchos hablaban del aborto como un “humanicidio”. En cambio, las clínicas clandestinas que lucran con el aborto ilegalizado fueron un blanco fácil para las recurrentes críticas de los legisladores opositores. Una estrategia que resultó fecunda para aquellos que apoyaban el proyecto consistió en procurar desmontar la antinomia “a favor de la vida” versus “en contra de la vida”. Aunque de modo explícito la mayoría de los legisladores consideraba falsa dicha antinomia, muchos de los opositores continuaban apelando al eslogan “estamos a favor de la vida”, lo que tácitamente implicaba que había algunos “en contra de la vida”. También podemos destacar como parte del análisis el intercambio respetuoso que existió entre los legisladores. Aunque algunos de ellos insistieran hasta el hartazgo con sus argumentos (por ejemplo, los del PN sobre cuándo comienza la vida y, por ende, el derecho a la vida), lejos estuvo de ser un diálogo de sordos: los legisladores se cedieron la palabra y respondieron mutuamente los argumentos esgrimidos en los distintos registros. A pesar del apasionamiento de algunas argumentaciones, salvo contadas excepciones, primó el respeto por la posición del otro. En la Cámara de Senadores existió una diferencia respecto a la dinámica de la Cámara de Representantes: expuso un senador de cada bancada, hubo una lista de oradores, pero no existieron pedidos de interrupción ni demasiado intercambio de argumentos entre los mismos.16 El debate fue mucho más breve que en la Cámara de Diputados, no sólo por la cantidad de legisladores (menos de un tercio del total de Diputados), sino probablemente porque se sabía de antemano el resultado de la votación, en contra del proyecto de ley.

Tampoco faltaron los testimonios sobre historias de vida (incluso la propia de algunos legisladores), más o menos conmo-

vedoras o efectistas, tanto de los que estaban a favor como de los que estaban en contra del proyecto. 16

En este sentido, y a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, los legisladores del PN intervinieron muy pocas veces durante

el debate: el primero de sus senadores en hablar, Guillermo García Cosa, recién lo hizo en la tercera y última sesión.

Fundamentos teóricos de los parlamentarios al legislar sobre el aborto Estudio desde las corrientes liberal, comunitarista y republicana. Germán Bidegain Ponte Introducción El tortuoso camino transitado por el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva nos brinda muchos elementos de análisis útiles para intentar comprender a la sociedad uruguaya de principios del siglo XXI y a su sistema político. En este artículo nos concentraremos en un aspecto particular del debate del proyecto: las fundamentaciones de los legisladores para sustentar sus posiciones. Concretamente, intentaré rastrear en sus discursos aquellos argumentos que puedan vincularse con el debate académico procesado en las últimas décadas entre las corrientes liberal republicana y comunitarista; debate acontecido principalmente en la academia anglosajona. El interés de este ejercicio radica en que, en la discusión sobre la legalización del aborto, la problemática entre las fronteras deseables entre el individuo, la comunidad y el Estado se encuentra subyacente, y es justamente este uno de los puntos fundamentales de discusión entre liberales, republicanos y comunitaristas. Analizar el debate del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva desde esta perspectiva nos puede brindar elementos interesantes para comprender qué modelos de país se ponen en juego al discutir sobre este tipo de asuntos. En este artículo me concentraré en el debate procesado en Cámara de Senadores.1 Para cumplir esta tarea presentaré cinco secciones. En la primera, haré una breve presentación de los rasgos principales de las corrientes liberal, republicana y comunitarista. En la 1

En el entendido de que los argumentos principales esbozados en el debate en Cámara de Representantes (que diera media

sanción al proyecto) se encuentran presentes en el del Senado.

segunda, plantearé algunas de las cuestiones teóricas que se ponen en juego al discutir sobre la legalización del aborto. En tercer lugar, presentaré el antecedente inmediato de debate parlamentario sobre el tema, el procesado en 1937, que diera sanción a la ley vigente. Esta sección nos permitirá tener cierta perspectiva histórica de los argumentos planteados en el Parlamento. En la cuarta sección plantearé los argumentos vertidos en el debate de 2004 que encuentren puntos de contacto con las corrientes teóricas presentadas. Por último, esbozaré una serie de conclusiones.

Liberalismo, republicanismo y comunitarismo El liberalismo Dentro de los autores liberales podemos encontrar una importante diversidad conceptual.2 Presentaré algunos rasgos de esta corriente comunes a la mayoría de sus diferentes versiones, siguiendo particularmente a John Rawls, uno de los autores más influyentes del debate contemporáneo que tiene el liberalismo. Una primera aproximación al liberalismo puede referir a la convicción de que las instituciones sociales, políticas y económicas básicas3 deben ser diseñadas con el fin de asegurar la convivencia pacífica entre individuos distintos pero iguales ante la ley. Por tanto, el Estado debe ser neutro frente a sus opciones individuales, siempre y cuando estas no interfieran con los derechos de los demás. De este modo, las cuestiones morales, éticas, filosóficas y religiosas quedarían restringidas a la esfera privada, ya que la pública no debería inmiscuirse en estos asuntos. Rawls plantea que en una sociedad democrática es normal que exista un “pluralismo razonable” (Rawls, 1996: 57), entendido éste como una pluralidad de doctrinas comprehensivas4 que mantienen un mínimo de concepciones comunes que permiten la convivencia pacífica entre los individuos que adhieren a cada una de ellas (1996: 12-13). Reconociendo esta situación afirma que “el problema del liberalismo político consiste en elaborar una concepción de la justicia política para un régimen constitucional democrático, concepción que la pluralidad de doctrinas razonables-que siempre constituye una característica de la cultura de un régimen democrático libre- pudiera aceptar y suscribir” (1996: 16). 2

Por ello algunos autores señalan la existencia de distintas corrientes dentro del liberalismo. Por ejemplo, Gargarella distingue

entre un liberalismo conservador y uno igualitario (Gargarella, 1999). 3

Para Rawls las principales estructuras económicas, sociales y políticas conforman la “estructura básica” de una sociedad

(Rawls, 1996: 36). 4

Rawls entiende como doctrinas comprehensivas aquellas que plantean ideales de comportamiento humano en todas las

esferas de su accionar, como son las doctrinas filosóficas o religiosas por ejemplo (Rawls, 1996).

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El respeto por el pluralismo es, en definitiva, el respeto de los individuos, ya que “este pluralismo no se considera como un desastre sino como el resultado natural de las actividades de la razón humana en regímenes de instituciones libres y duraderas” (1996: 18). El reconocimiento de la imposibilidad de encontrar alguna doctrina comprehensiva que satisfaga al conjunto de la sociedad, conformada por seres libres, iguales y racionales, implica el respeto de la diversidad mediante la neutralidad estatal. Esta neutralidad estatal implicaría la imparcialidad frente a aquellas decisiones individuales que no menoscaben la paz de la convivencia social, evitando por tanto que desde los ámbitos de poder estatal se promuevan actitudes o emitan juicios respecto a decisiones personales relacionadas a cuestiones morales, éticas, filosóficas o religiosas. La neutralidad estatal sería el modo en que se estaría respetando la libertad individual, centro de las preocupaciones liberales. Esta libertad es entendida como la posibilidad de tomar decisiones y emprender cursos de acción sin intervenciones externas, es una libertad definida en oposición a los demás, una libertad negativa5. El modo en que esta corriente liberal ha buscado asegurar esta esfera privada de acción y decisión frente a los demás es una conceptualización particular de ciudadanía, que sostiene que ésta es “un conjunto de derechos de los que cada miembro de la sociedad goza por igual” (Miller, 1997: 72). De este modo se articularía la libertad individual con un esquema de libertades iguales para todos los individuos. Robert Nozick6 deja evidenciada la concepción negativa de los derechos de esta corriente cuando, para desarrollar su teoría del Estado mínimo, plantea como pregunta inicial: “¿qué espacio dejan al Estado los derechos individuales?”7 (Nozick, 1988: 7). El comunitarismo En la década de los ochenta, y reaccionando en gran medida contra la “Teoría de la Justicia” de John Rawls (1971), varios autores (Taylor, Walzer, Sandel y MacIntyre entre otros) comenzaron a discutir con ahínco muchos de los presupuestos del liberalismo, generando una corriente que luego denominada comunitarista8. 5

En Berlín (1988) puede verse una distinción señera entre libertad negativa y libertad positiva, similar a la utilizada en este

trabajo. 6 7

Según Gargarella, autor liberal conservador o libertario (Gargarella, 1999: 45).

Dentro del liberalismo encontramos distintas visiones sobre los derechos que el Estado debe salvaguardar. De todos modos,

todos los liberales sostienen la importancia de un esquema igualitario de derechos entre los ciudadanos protegidos por el Es-

tado y están de acuerdo en que los derechos negativos deben ser respetados. Para profundizar sobre los distintos tipos derechos y complejizar esta temática, véase Marshall (1998) o Ferry y Renaut (1990). 8

Como señala Gargarella, “es difícil concebir a este comunitarismo como una concepción teórica homogénea, unificada”

(1999, 125). Lo que unió a estos autores fue la crítica al liberalismo, pero encontramos diferentes orientaciones entre ellos.

Debemos destacar que algunos de estos autores no se llaman a sí mismos comunitaristas, sino que fueron catalogados de este modo por sus críticos. Para el tratamiento de Taylor, Sandel y Walzer seguiré a Gargarella (1999).

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Según estos críticos del liberalismo, este comete un gran error al basarse en la conceptualización de un individuo racional y autónomo que no existe en la práctica. Como dice Gargarella: “el comunitarismo retoma las críticas que hacía Hegel a Kant: mientras Kant aludía a la existencia de ciertas obligaciones universales que debían prevalecer sobre aquellas más contingentes, Hegel invertía aquella formulación para otorgar prioridad a nuestros lazos comunitarios” (Gargarella, 1999: 125). El individuo pensado por los comunitaristas está fuertemente anclado en la comunidad y por tanto su autonomía no puede ser pensada en oposición a los demás. De este modo, Charles Taylor, por ejemplo, acusó a los liberales de “atomistas” por concebir individuos que sustentaban su integración social en derechos pre-políticos y no en la realidad concreta en que vivían (1999: 131). Al resignificar la relación individuo-comunidad, el comunitarismo rescata también argumentos de la tradición aristotélica. A diferencia del liberalismo, la comunidad no es vista ya como una amenaza potencial frente a la libertad de los individuos, sino como el ámbito natural en que los individuos se realizan en libertad. De este modo, los arreglos políticoinstitucionales encuentran justificación en el logro de ciertos fines comunitarios, no en una pretendida neutralidad estatal que para los comunitaristas resulta una quimera. Vemos pues, que existe una gran diferencia en el modo de entender al Estado por parte de estas dos corrientes de pensamiento. Por ejemplo, para Sandel la justicia es una virtud remedial que se hace necesaria en la medida en que no están presentes otras virtudes (como podrían ser la solidaridad o la fraternidad) (1999: 134). Según Taylor, lo importante de la posición defendida por Sandel es tener en cuenta que para una sociedad sin lazos sólidos entres sus miembros, tener pretensiones de justicia puede resultar un esfuerzo estéril (Ibid). Atendiendo este tipo de argumentos, el comunitarismo cuestiona la idea liberal de que la justicia como imparcialidad debe ser el principio rector de los estados. Por el contrario, un Estado comunitarista tiene y promueve ciertos modelos de ciudadanos que considera acordes para la vida comunitaria y que rescatan las raíces culturales, la tradición y la historia de la comunidad. La idea de justicia se ve desplazada por la idea de un bien (que puede ser anterior al individuo) al que la comunidad (como unidad) aspira, y que por tanto orienta al accionar estatal. Esto desdibuja las fronteras fuertemente trazadas por el liberalismo entre el ámbito público y el privado ya que el Estado adopta una idea sustantiva del bien que promueve activamente9. Vimos que los liberales tienen una particular preocupación por proteger la libertad negativa de los individuos, entendida ésta como posibilidad de acción sin interferencia de agentes 9

Las políticas educativas adquieren para este propósito gran importancia. Más adelante veremos de qué modo se planteó la

importancia de la política educativa en la discusión sobre el proyecto de ley.

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externos. A los comunitaristas la libertad negativa no les preocupa tanto, ya que no ven en el colectivo una potencial amenaza para los individuos. Por tanto, se centran en una concepción positiva de la libertad, considerando que el individuo es libre en el accionar con los demás, no en la medida en que no es estorbado por ellos.10 Por otra parte, el comunitarismo realiza una importante crítica a la visión liberal de ciudadanía (basada en la tenencia de derechos). Siguiendo a Laura Gioscia (2001), podemos indicar dos críticas concretas. La primera es una crítica moderada y consiste en señalar que si bien la perspectiva de los derechos resulta necesaria para abordar el tema de la inclusiónexclusión, resulta insuficiente. La condición legal de pertenencia no aseguraría la pertenencia real a la comunidad en muchos casos. La segunda crítica es un poco más radical y refiere al hecho de que la visión exclusivamente centrada en los derechos lleva muchas veces al ensanchamiento de las diferencias entre los miembros de una misma comunidad. En este sentido, quienes poseen competencias para ejercer sus derechos se ven mucho más favorecidos, y lo aprovechan para su bien, que aquellos que sólo poseen derechos como una condición nominal. En definitiva, el comunitarismo busca rescatar una visión del ser humano ligada a la pertenencia a una comunidad, es una existencia que no puede estar basada sólo en vínculos legales o abstracciones racionales, sino que está mediada, y encuentra sentido, en lazos fraternos que superan las relaciones basadas en el interés y generan por tanto deberes para con la comunidad. El republicanismo El republicanismo es una corriente teórica que en las últimas décadas ha resurgido con notable ímpetu11. El trabajo de varios historiadores (Word, Pocock, Skinner, por ejemplo) de búsqueda de fuentes republicanas en la tradición política angloamericana, el desencanto de muchos teóricos políticos frente a la apatía ciudadana en las democracias occidentales de las últimas décadas del siglo XX y la voluntad de superar el debate generado entre liberales y comunitaristas son algunas de las claves que nos permiten entender este renacer republicano (Gargarella, 1999). 10

Reformulando el pensamiento de Charles Taylor, Gargarella se expresa de la siguiente manera: “Frente a quienes presentan

una idea ‘vacua’ de la libertad, los comunitaristas defienden una idea de libertad ‘situada’, capaz de tomar en cuenta nuestro ‘formar parte’ de ciertas prácticas compartidas.” (1999: 127). 11

Muchos autores señalan la existencia de varios republicanismos. Por ejemplo, Gallardo distingue entre un republicanismo

antiguo, “identificado con una asociación virtuosa e indisoluble entere el bien individual y el bien de la comunidad política”

(2001: 42) y un republicanismo moderno que busca salvaguardar una esfera privada de cualquier intervención del Estado o la sociedad, influido claramente por la corriente liberal (Ibid). Esta presentación no profundizará en este tipo de distinciones.

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Una primera característica que podemos señalar como típicamente republicana es la aversión a la dominación, y por tanto una gran importancia otorgada a la libertad. Es una libertad que debe gozar el Estado, y a la interna del mismo, sus ciudadanos. La libertad a la que se refieren los republicanos se asemeja más a la propuesta por los comunitaristas (positiva) que a la propuesta por los liberales (negativa). Como señala Gallardo, “el ideario básico republicano (…) se distingue por una concepción pública o positiva de la libertad, ejercida –y no sólo ‘protegida’ o instituida como derecho u oportunidad– en espacios públicos, entre y con otros” (2001: 41). Esta conceptualización de la libertad está estrechamente vinculada con la posibilidad de alcanzar el autogobierno, tanto personal como colectivo, y que es otra preocupación fundamental de esta corriente. Para lograrlo, el Estado debe promover la participación en la vida pública, evitando que el ciudadano se recluya en la esfera privada. Como señala Ferreira “la tradición republicana ha asociado sobre todo el autogobierno a la ciudadanía activa, y ha hecho de la participación política el rasgo característico del ciudadano republicano” (Ferreira, 2004). En este sentido, el Estado no debe ser neutro, tal como los liberales pensaban. Por el contrario, debe promover modelos de comportamiento asociados a esta idea optimista de la participación pública ciudadana; optimista en relación a la libertad individual, pero también respecto a la posibilidad de tomar buenas decisiones políticas para el conjunto de la sociedad. En la no neutralidad del Estado y la promoción de modelos de comportamiento el republicanismo encuentra un punto de contacto con el comunitarismo. Sin embargo, mientras que para el comunitarismo los modelos promovidos deben estar fuertemente anclados en la tradición, el republicanismo es menos conservador, ya que los modelos pueden ser redefinidos constantemente. Lo importante es que sea con el concurso de la ciudadanía, mediante la discusión y participación públicas, y en la búsqueda del bien común. Por tanto, mientras la ciudadanía participe en las decisiones, el Estado puede suscribir a ideas morales o éticas y promoverlas. Incluso, el republicanismo no excluye la posibilidad del “uso de la coerción estatal para sostener (eventualmente) una determinada religión” (Gargarella, 1999: 173). Empero, la ciudadanía debe poder redefinir esos modelos de considerarlo necesario, por lo que debe mantener una libertad tal que le permita controlar y cuestionar al gobierno y sus decisiones, y evitar la acumulación de poder12. Para ello deben diseñarse mecanismos institucionales que amparen esta libertad de acción, como “el sorteo, la rotación de cargos públicos, la revocabilidad de los representantes, el mandato imperativo”13 (Ferreira, 2004). 12

Según Pettit ése es el rasgo específico de la libertad republicana, que no estuvo siempre asociada con la democracia (1999).

De todos modos, actualmente las versiones republicanas suelen promover a la democracia como régimen más acorde a sus ideales de libertad. 13

El mandato imperativo refiere al control directo de los representados sobre los representantes en esquemas representativos.

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En la visión republicana, el ciudadano tiene derechos, pero estos son construidos políticamente, no son pre-políticos como los liberales. Ferreira lo explica de esta manera: “los derechos son vistos como un resultado de los acuerdos y normas establecidas por los ciudadanos (son derechos ciudadanos, no derechos humanos): un resultado del proceso político, y no un presupuesto del mismo” (Ibid). Además, la noción de virtud cívica manejada por los republicanos, y entendida como búsqueda del bien común14, carga la balanza del lado de los deberes, ya que cada ciudadano se debe sentir responsable por el bien de los demás, trascendiendo los intereses particulares. Debe ser un ciudadano comprometido con la suerte de sus pares. En base a todo lo expuesto, para este trabajo consideraremos como pilares básicos del republicanismo su idea de ciudadanía, basada en una concepción de libertad activa y responsable, y su conceptualización del Estado, como herramienta de la ciudadanía para la promoción de modelos deseables de comportamientos sociales. Debemos tener en cuenta que estos dos pilares están en constante tensión, porque al no existir un pensamiento único en ninguna sociedad, la libertad del ciudadano que se encuentra en minoría está en conflicto con la mayoría que pretende imponer sus concepciones del bien (Gargarella, 1999: 190).

Algunos temas subyacentes al debate sobre el aborto Discutir sobre la penalización o despenalización de una práctica como el aborto, sobre la cual existen posturas distintas y contrapuestas en el seno de la sociedad, implica poner en juego una importante paleta de argumentos. En primer lugar, implica discutir acerca de la conveniencia o no de regular (y eventualmente prohibir) una práctica humana, por lo que desde un principio se instaura la discusión acerca de las fronteras deseables de regulación pública, a través el Estado, de las acciones privadas. Para resolver esta discusión es necesario plantear otras más concretas que describiré en las próximas líneas. Desde un punto de vista, debatir sobre la penalización del aborto es discutir sobre una práctica esencialmente privada, pues sólo concierne a la mujer que la vive en carne propia. Pero desde otro, es discutir sobre una práctica que pone en juego una vida independiente (la del embrión), por lo que dejaría de ser un acto netamente privado. En ese debate concreto, el discurso sobre los derechos encuentra terreno fecundo para implantarse con firmeza. 14

Dependiendo del tipo de republicanismo el “bien común” puede ser la suma de bienes privados (algo así como el bienestar

general) o una noción sustantiva del bien para el colectivo. Simplificando el análisis, dejaremos la segunda interpretación

para el comunitarismo (que se encuentra muy cercano al republicanismo antiguo), quedándonos aquí con la idea de que la búsqueda del bien común para los republicanos es una postura de preocupación por el bien de toda la ciudadanía.

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Sin embargo, puede llevar a conclusiones muy disímiles. ¿Los derechos de quién están en juego? ¿De la madre? ¿Del concebido? ¿De ambos? ¿O de la sociedad? ¿O de la comunidad tal vez? Las respuestas que se den a estas preguntas tendrán una influencia directa sobre la creencia acerca de la conveniencia o no de la penalización del aborto. Por otra parte, asumir que están en juego unos u otros derechos, y en el caso de existir conflicto entre ellos optar por unos u otros, puede basarse en creencias éticas, morales, filosóficas, religiosas o incluso médicas. De este modo se complejiza la discusión y se dificulta la posibilidad de llegar a un consenso. Frente a panoramas complejos como el descrito, el Estado debe, de todos modos, tomar decisiones colectivamente vinculantes. Surge entonces otra cuestión igual de importante, aquella que refiere a la postura desde la que el Estado debe regular prácticas respecto a las cuales la ciudadanía se encuentra dividida por profundas convicciones. ¿Debe tener en cuenta aspectos morales, filosóficos o religiosos? ¿Debe salvaguardar algún “bien” superior? ¿Debe ser neutral frente a las posturas individuales? ¿Puede permitir una práctica y buscar desincentivarla por no considerarla deseable? Todas estas preguntas buscan resolver, teniendo en cuenta cuestiones diversas, cuáles son las potestades legítimas del Estado sobre las acciones individuales; en definitiva, resolver la tensión individuo-comunidad política (o inclusive negarla). En el caso concreto del aborto en nuestro país se agrega otro problema a resolver, la realidad es tan categórica respecto a la habitualidad de esta práctica en nuestra sociedad como la ley vigente lo es respecto a su penalización. Esto plantea un conflicto entre las actitudes privadas que asumen los individuos respecto a este tema y la solución jurídica pública existente. Esta incongruencia entre la solución que en la esfera pública se ha dado al tema (complejizada por el hecho de que en la realidad el Estado aplica la ley en un número despreciable de casos) y la práctica masiva del aborto en la esfera privada añade la problemática de una flagrante distancia entre norma y realidad. Todas estas cuestiones se encuentran en juego al debatir sobre la legalización o penalización del aborto. En los siguientes apartados veremos las respuestas dadas por los legisladores desde ambas posturas, en un debate y en el otro.

El debate parlamentario de 1937 El Código Penal de 1934, que consagró el aborto libre, generó una gran polémica que culminó con la promulgación de la ley nº 9.763 en 1938, que volvió a incriminar la práctica del mismo. Entre estos años se produjeron varias iniciativas legislativas tendientes a modificar el Código, algunas que insistían en la conveniencia de mantener el régimen libre (pero regulando algunas situaciones) y otras buscando la prohibición de esta práctica. Como señala 106

Sapriza, “las propuestas centrales que se discutieron en las Cámaras en el transcurso del año 193715 fueron la iniciativa de los diputados católicos Regules y Tarabal presentada en el año 1935, el informe y la recomendación sugerida por la Comisión Especial que se presentó en junio de 1937 y el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de julio del mismo año.” (Sapriza, 2001: 204). Compartiendo esta afirmación, presentaré los argumentos principales manifestados en las exposiciones de motivos de cada una de estas propuestas para ilustrar al lector sobre los carriles en que se procesó la discusión en aquel entonces. El proyecto de Regules y Tarabal16 era acompañado por una exposición de motivos que buscaba justificar su reforma, tendiente a incriminar nuevamente al aborto17. En su argumentación se mezclaban criterios religiosos y morales, señalándose que aunque los religiosos no tendrían por qué ser compartidos por la población, los morales deberían bastar para legislar al respecto. Un ejemplo de la mezcla de estos argumentos es el siguiente: “Entendemos, naturalmente, que para estas grandes afirmaciones esenciales sólo tiene razón y valor la verdad religiosa. (…) Pero, aún sin los motivos religiosos, quedan en pie razones de orden de moral, de defensa social, que alcanzan a todos los legisladores” (Diario de sesiones de Cámara de Representantes, 1937: 119). El argumento central de su proyecto era el respeto de la vida, bajo la premisa de que “para la definición católica, la vida, una vez concebida no puede eliminarse lícitamente” (1937: 119). También señalaban que para la legislación positiva nacional el embrión era un sujeto de derecho autónomo desde su concepción, por lo que debía defenderse su derecho a la vida. Por otra parte, reconociendo que una ínfima proporción de los casos era juzgada, afirmaban que “la definición penal ejerce sobre las madres, sobre los cómplices y sobre los médicos, una gran función preventiva. Aún ese uno por mil de sanciones reales advierte a todos que la penalidad existe” (1937: 120). Por su parte, la Comisión Especial presentó un proyecto de ley que, manteniendo el derecho de las mujeres a abortar, buscó regular los tiempos y formas de hacerlo. Para fundamentarlo realizó una extensa exposición de motivos. En ella se señalaba, en primer lugar, el cambio de las normas morales procesado en nuestro país respecto a la sexualidad. De este modo se presentaba la existencia de una pugna entre la educación y la religiosidad pudorosas, y el liberalismo sexual que poco a poco había conquistado la vida cotidiana. “Estamos viviendo un cristianismo acomodaticio, subjetivo, de misas y aún de comunión por la mañana… y de playa y de cine pletórico de lujuria… y de excursiones emparejadas por la tarde” (1937: 122). El informe indicaba que paralelamente a esto se estaba procesando la liberación femenina. La Comisión señaló que negar estos cambios y actuar reaccionariamente “desemboca siempre en lo clandestino: concubinato, prostitución, contagio venéreo, aborto” (1937: 124). El 15 16 17

Año en que se discutieron los proyectos. Diputados católicos de la Unión Cívica.

Su proyecto buscaba prohibir también la eutanasia, permitida por el Código Penal de 1934 bajo la figura de “homicidio

piadoso”.

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reconocimiento de estos cambios sociales y la ineficacia de la ley punitiva para disuadir a las mujeres de las prácticas abortivas aparecen como algunos de los argumentos principales de la Comisión. En la exposición de motivos se preguntaba: “¿por qué entonces, en pleno advenimiento de su liberación, vamos a obligar a la mujer a ser madre contra su voluntad?” (1937: 122). La eventual obligación fue catalogada como “maternidad extorsionada”. Era importante no promover este tipo de maternidad ya que “ser madre, actualmente lo saben todas las mujeres, y lo dice una revista científica de este año, (…) no debe reducirse solamente a parir hijos con o sin defecto físico, sino a entablar un vínculo espiritual eterno con los mismos y a convertir luego al hijo en un hombre sano, consciente y culto” (1937: 122). Frente al aborto libre proclamado por el Código de 1934, la Comisión promovía la despenalización durante los primeros tres meses de embarazo. Sin embargo, aunque reconocía el derecho a abortar, la Comisión no compartía moralmente la práctica por lo que señalaba recomendaciones para desalentarla (1937: 131). Vemos que los argumentos principales de la Comisión eran el reconocimiento del derecho de la mujer a abortar y la ineficacia de la norma punitiva para desalentar al aborto, todo esto enmarcado en un gran realismo. Este “realismo” de la Comisión la llevó a señalar que “nada evitan los abortos de índole clandestina ni los preceptos y la moral fingida, o la prohibición de unas ideas religiosas. Subsiste siendo ésta la única realidad incuestionable. Contra este problema no caben medidas extremas en el papel, sino realidades y posibilidades en la práctica” (1937: 124). El proyecto de la Comisión fue presentado el 1º de junio. El 1º de julio se presentó un mensaje del Poder Ejecutivo (PE) -acompañando a un proyecto de ley- que contenía lineamientos muy distintos a los de la Comisión y que a la postre llevó a aquélla a cambiar de posición en un segundo informe, proponiendo un proyecto de ley que recogía los aspectos principales del proyecto del PE. El mensaje, reconociendo los cambios procesados por la sociedad, del mismo modo que lo hacía la Comisión, adoptaba una postura bastante más reaccionaria. En él se distinguía entre las tesis individualistas (las que ponen el énfasis en el embrión y las que lo hacen en el derecho de la madre) y las del derecho colectivo, afiliándose a estas últimas. En esta línea se sostenía que “siendo el capital humano una de las riquezas más valiosas de una nación, consideramos que ese capital no puede estar librado a la voluntad individual. El interés y el derecho colectivo debe primar en este punto, sobre el interés y el derecho personal.” (1937: 132) Además de este tipo de argumentos, basado en la salvaguarda colectiva de un recurso común, se agregaba la creencia en el deber estatal de protección de la moral, que habría sido abandonada, en parte, por la proliferación de derechos (entre ellos los invocados por las feministas). La justificación de la injerencia del Estado en decisiones morales individuales queda evidenciada en la siguiente cita: “aún cuando el análisis biológico fuera netamente favorable a la tesis antipenalista, creemos que ello no sería motivo suficiente para que el Estado propiciara un régimen absolutamente liberal, pues el punto de vista moral no puede ser excluido de un problema en el cual juega un rol fundamental.” 108

A modo de resumen, podemos señalar que del lado de los penalizadores encontramos como argumentos principales la defensa de la vida de los embriones (entendidos como sujetos de derecho), la necesidad de eliminar una práctica inmoral (justificando la intervención directa del Estado en prácticas privadas por considerarlas inmorales), argumentos religiosos, la importancia de una ley penal para disuadir la práctica y la alusión a la primacía de los derechos colectivos sobre los individuales en ciertos asuntos. Por el lado de los que estaban a favor de la despenalización del aborto aparecen como argumentos principales: el reconocimiento de una realidad inevitable y la necesidad, por lo tanto, de generar las mejores condiciones para evitar sus efectos negativos; la ineficacia histórica de la penalización para evitar esta práctica y el derecho de la mujer a elegir el momento de la maternidad (sumado a las consecuencias negativas de la “maternidad extorsionada”).

Los argumentos del debate de 2004 Argumentos liberales Uno de los fundamentos más fuertes, tal vez el más importante, planteado por los defensores del proyecto está vinculado la pretensión liberal de imparcialidad del Estado frente a las opciones personales. Esta postura fue sostenida por dos tipos de argumentos. Por un lado, se hizo mención a la laicidad de nuestro Estado ; por otro, a la necesidad de dejar de lado las convicciones personales (por parte de los legisladores) a la hora de regular acciones individuales orientadas por una pluralidad de opiniones distintas y muchas veces enfrentadas. Las menciones que se realizaron a la laicidad estuvieron orientadas a remarcar la neutralidad del Estado en materia religiosa, del modo que lo entienden los liberales. Esta afirmación no es menor porque, como señala Da Silveira (1995), es discutible que la laicidad impulsada por el batllismo en nuestro país (que es aún la que impera) haya sido neutral frente a las opciones individuales en lo que refiere a la religiosidad18. Caetano y Geymonat señalan que la secularización uruguaya, procesada entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, tuvo como rasgos sobresalientes la privatización de la esfera religiosa y la implantación de una suerte de “religión civil” (Caetano y Geymonat, 1997: 18-19)19. Teniendo en cuenta estas visiones, creo que sería un error tomar como sinónimos a los conceptos neutralidad y 18

Al relegarla la esfera privada. Un Estado estrictamente neutro se limitaría a brindar las condiciones necesarias para que en la

esfera pública pudieran expresarse los distintos credos (religiosos como no religiosos) en igualdad de condiciones (Da Silveira,

1995). Como ejemplo, Da Silveira señala que en el caso de la educación en nuestro país quienes quieren formar a sus hijos en valores laicos se encuentran en una situación de privilegio frente aquellos que quieren hacerlo en alguna religión, ya que el Estado educa gratuitamente en la laicidad, no dando opción a la formación en alguna religión. 19

Estos autores plantean que estos procesos se basaron en el modelo francés de laicidad y secularización respectivamente.

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laicidad del Estado (al menos en lo que refiere a la historia de nuestro país), ya que podría sostenerse que el modelo de Estado laico uruguayo hizo una opción por la no-religiosidad en la esfera pública. De todos modos, creo que en la discusión de Cámara de Senadores, quienes se refirieron a la laicidad de nuestro Estado lo hicieron pensando en el concepto de neutralidad y por lo tanto desde una noción de corte liberal. Tres senadores hicieron alusión explícita a la laicidad de nuestro Estado: Mónica Xavier (EP-FA), Eduardo Ríos (EP-FA) y Julio Herrera (PC), todos votantes a favor del proyecto de ley estudiado. Los tres lo hicieron, a mi juicio, desde una concepción de neutralidad estatal. Un ejemplo puede ser la siguiente declaración de Xavier: “El Estado que consagramos en nuestra Constitución nos obliga a legislar en forma inclusiva, incorporando todas las visiones y respetando la diversidad cultural, religiosa, étnico racial y de cualquier otro tipo, sin perder de vista el interés general de todos los habitantes del país en el momento de definir textos legales que determinan políticas públicas como ésta, referida a la salud reproductiva” (Diario de Sesiones de Cámara de Senadores, 13/04/2004, Tomo 421). El segundo tipo de argumentos invocados respecto a la importancia de la neutralidad del Estado se basó en la postura que debería asumirse frente a la tensión existente entre las creencias personales de los legisladores respecto al aborto y el reconocimiento de una pluralidad de credos en la sociedad. La solución liberal frente a este dilema sería legislar amparando la pluralidad (en el supuesto de que en esta pluralidad no existen posturas que vayan contra la convivencia social pacífica), y por lo tanto, desprendiéndose en cierta forma de las convicciones personales a la hora de regular las conductas ajenas. Éste fue un argumento manejado por varios de los legisladores que defendieron el proyecto. El senador Rubio lo señaló con las siguientes palabras: “Reconocer el derecho de los demás no implica compartir su ejercicio en términos morales” (04/05/2004, Tomo 421). Su búsqueda por la neutralidad valorativa en el espacio público queda manifiesta en la siguiente oración: “Los temas éticos, relativos a cuestiones claves y límites de la vida de las personas, se deben discutir desde el punto de vista ético en el intercambio libre dentro de la sociedad. Allí cada uno asume la postura que le parece mejor y trata de convencer a los otros, ajustando su conducta a lo que cree” (Ibid). Otro de los nudos en que se concentró la discusión refirió a los derechos que se pondrían en juego si se despenaliza esta práctica. Como ya vimos, cada una de las corrientes teóricas estudiadas otorga lugares diferentes a la noción de derechos individuales y realiza conceptualizaciones distintas de los mismos. La corriente liberal brinda a éstos un rol preponderante en sus preocupaciones, y respecto a la necesidad de protección de los derechos negativos es categórica. Por ello, creo interesante exponer en las próximas líneas los principales argumentos que se presentaron sobre esta temática. 110

En el análisis del aborto, podemos señalar tres posturas posibles respecto a los derechos individuales: la de aquellos que buscan su penalización ya que entienden que desde la concepción los derechos que deben primar son los del embrión (pues el derecho a la vida es superior a cualquier otro que se ponga en juego), la de aquellos que promueven el aborto libre porque sostienen que las madre tienen derecho a abortar (ya que el embrión no es aún sujeto de derecho) y la de aquellos que ven en este tipo de situaciones un conflicto de derechos que debe ser resuelto por soluciones intermedias. A grandes rasgos, en el debate concreto procesado en Cámara de Senadores la mayoría de quienes se opusieron al proyecto se ubicaron en la primera postura y acusaron a los promotores del proyecto de ubicarse en la segunda; y los promotores del proyecto se ubicaron en la tercera postura, señalando que frente al conflicto de derechos hacían una opción por los derechos de la madre. Desde el lado de los opositores al proyecto existieron declaraciones como la de Riesgo: “La vida no es opinión de una persona; la vida es algo tan sublime, tan dichoso, tan valioso, que nadie tiene el derecho de juzgar quién nace o quién no, quién puede respirar y gritar y quién no tiene derecho a abrir los ojos” (13/04/2004, Tomo 421). En esta concepción no existiría conflicto entre los derechos de la madre y el embrión, ya que el derecho que debería prevalecer desde la concepción es el de la vida del embrión. Desde la vereda de enfrente los argumentos siguieron la línea expresada en las palabras de Cid: “cuando se realiza un aborto se está abortando una vida humana, y no tengo la menor duda de que eso es así. (…) Por eso este tema es un dilema ético, por eso entramos en un conflicto personal y de la sociedad. Estamos interrumpiendo la vida humana. Sin embargo, ¿qué estamos valorando cuando tomamos posición en el tema? Que también hay otra vida humana en juego. Estamos valorando una vida humana que tiene representatividad en la sociedad, que tiene familia, afectos, amores, alma. Y esa es la mujer, a la que estamos exponiendo a que un aborto en condiciones inseguras la mutile o la mate” (14/04/2004, Tomo 421). El debate sobre los derechos se procesó desde una óptica liberal, centrándose en los derechos negativos individuales. No se le dio mayor importancia a la posible existencia de derechos colectivos (como ocurrió en 1937) que podrían vulnerar ciertos derechos individuales20. Por tanto, desde una postura como desde la otra los argumentos sobre los derechos se centraron en los derechos de los individuos: por un lado, prevaleciendo los derechos del concebido y por el otro, los de la madre. Argumentos comunitaristas Dos tipos de argumentos encuentran puntos de contacto con la corriente comunitarista: unos vinculados al lugar que deberían ocupar las creencias de los parlamentarios a la hora de legislar y otros al lugar de las valoraciones comunitarias al definir la política educativa. 20

Debo señalar que de todos modos algunas intervenciones de Fernández Huidobro y Riesgo fueron en ese sentido.

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En oposición a aquellos parlamentarios que señalaron que era importante desprenderse de las convicciones personales para pararse frente al problema, encontramos otros que sostuvieron que esto era imposible. Así, los senadores Riesgo, Pou y Fernández Huidobro (todos opositores al proyecto) asumieron que legislaban desde sus concepciones íntimas. La senadora Pou lo expresó de la siguiente forma: “Muchas veces se nos ha dicho que para considerar estos temas tendríamos que despojarnos de nuestras creencias, ya fueran religiosas o filosóficas, pero no estoy de acuerdo, porque yo soy yo con mis creencias, con mi visión de la vida, con mi posición filosófica. Todos los temas que aquí se tratan, de alguna manera, los analizo y considero a través de ese cristal y con ese bagaje que todos llevamos, que consiste en nuestra cultura, nuestra educación y, por qué no, muchas veces en nuestras vivencias.” (04/05/2004, Tomo 421). Por su parte, Fernández Huidobro indicó: “Todo lo que hago en política, señora Presidenta, en especial leyes -sobre todo últimamente-, lo hago desde una perspectiva moral y no creo ni tampoco entiendo que alguien lo haga desde ninguna o desde la nada, aun cuando diga que lo hace de esa forma. No nací de un repollo.” (Ibid). A pesar de la diferencia de opinión entre los legisladores sobre el lugar que debían ocupar sus convicciones sobre el tema, encontramos entre ellos una valoración consensual sobre el aborto como una práctica indeseable. El mismo proyecto de ley, a pesar de reconocer el derecho de la mujer a abortar en ciertas condiciones, tenía la intención de disminuir el número de abortos practicados en nuestro país y así lo manifestaron sus promotores. En el afán de lograr este objetivo, las políticas públicas, y especialmente la educación, se constituían en la herramienta privilegiada. Por tanto, el reconocimiento del derecho de la mujer a realizar esta práctica no implicaba renunciar a la búsqueda de mecanismos para desincentivarla por considerarla indeseable, promoviendo la maternidad y paternidad “responsables” (conceptos que se encuentran en el proyecto de ley). En este cometido, la educación sexual era uno de los puntos en que se proponía avanzar. Por ello, respecto a la necesidad de una educación tendiente a reducir el número de abortos, promotores y detractores del proyecto encontraron acuerdo. Pero mientras que Ríos señalaba que “la mujer aborta y muere por lo que pasa en la realidad, porque no tiene dinero, porque si dispone de los medios también tiene garantías. Entonces, para buscar la igualdad tenemos que tratar las desigualdades de la sociedad. Para ello es preciso educar, pero no lo hacemos postergando el tratamiento del tema, sino aprobando este proyecto de ley y aplicando su contenido” (04/05/2004, Tomo 421); Riesgo preguntaba “¿por qué en vez de estimular y despenalizar el aborto no buscamos la educación y la formación en valores?” (13/04/2004, Tomo 421). El déficit en materia de educación sexual fue reconocido tanto por los senadores que votaron afirmativamente como por aquellos que lo hicieron negativamente, pero mientras que 112

quienes estaban a favor del proyecto sostenían que con este se avanzaba significativamente en materia de educación sexual, aquellos que estaban en contra manifestaron su voluntad de avanzar en esta materia mediante futuras iniciativas, pero no mediante esté, porque implicaba la despenalización del aborto. En lo relativo a la educación no existió ninguna postura neutral respecto a la práctica del aborto. Todos los senadores que se refirieron al tema plantearon su importancia para combatir la práctica, dejando entrever sus valoraciones sobre modelos de comportamiento concretos. No se sostuvo en el Senado la importancia de la neutralidad total del Estado frente al tema. Aquellos que defendieron la neutralidad en lo punitivo no tuvieron reparos en tomar postura a nivel educativo y de las políticas públicas generales. Como la valoración negativa del aborto se hizo presente por las convicciones personales de los legisladores y no fue sometida a una mirada crítica desde aquellos argumentos que podrían oponérsele, creo que se asemeja más a un trato comunitarista que republicano. Argumentos republicanos Existió entre los senadores a favor del proyecto una línea argumentativa que, a mi juicio, tiene un corte netamente republicano. Partiendo de la incuestionable habitualidad del aborto en nuestra sociedad, y por tanto, de la distancia abrupta entre realidad y legislación vigente, algunos senadores afirmaron la existencia de una situación de “hipocresía social”, que permite en lo privado lo que públicamente está prohibido. Lo interesante de este argumento es que el Estado aparece como un actor más de esta hipocresía, manteniendo un marco legal desbordado por la realidad y además, sin intenciones de aplicarlo. Esta situación dista mucho de las virtudes que el republicanismo espera de su ciudadanía y particularmente gobernantes. La hipocresía de los ciudadanos en la esfera pública es algo indeseable para esta corriente. Para superar la tensión entre legalidad y realidad sólo existen dos caminos, que ceda una o la otra. Desde el punto de vista de los opositores al proyecto (que reconocieron la inaplicabilidad de la norma) se sostuvieron argumentos como el manifestado por Riesgo: “Seamos sinceros: la que hizo inoperante a la ley de 1938 fue la sociedad misma. Además, desde aquella época hasta hoy el Ministerio del Interior no procedió en forma correcta” (13/04/2004, Tomo 421). Se abre desde esta perspectiva la oportunidad de corregir la realidad mediante, por ejemplo, un buen funcionamiento del Ministerio del Interior. Los argumentos de los promotores del proyecto iban en otra línea. Gargano por ejemplo sostuvo: “Creo que la sociedad uruguaya ha madurado mucho y cuando se dice que ella está por un lado, y la ley y los legisladores por otro, algo debe andar mal; debemos andar mal nosotros porque si la sociedad va por un lado y nosotros por otro, es porque no la observamos correctamente y no aprendemos de ella a hacer lo que debemos en nuestra calidad de 113

legisladores” (04/05/2004, Tomo 421). Otro argumento manifestado por los defensores del proyecto refirió a la inevitabilidad de la práctica. La penalización de una práctica inevitable, razonaban los legisladores defensores del proyecto, sólo logra que se efectúe en la clandestinidad. En el caso del aborto, esto implica que se realice en condiciones de riesgo, y que a mayor represión empeoren las condiciones en que se practica. Así lo expresó Michelini: “Si mañana un ministro viene y dice: ‘Desarticulé todas las clínicas que algunos dicen conocer’, ¿qué va a generar? Que lo que se hace se lleve adelante en peores condiciones. Esa es la verdadera historia.” (14/04/2004, Tomo 421). Es por ello que estos legisladores sostenían que el proyecto de ley lograría incrementar el “interés general”, preocupación típicamente republicana. Al mejorar significativamente la situación de las mujeres, mediante el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el proyecto estaría incrementado el “bien común” entendido como la suma de los bienes individuales. Xavier lo manifestó con las siguientes palabras: “Por más breve y lineal que sea el análisis que se realice de la situación, el interés general de nuestra sociedad y el compromiso asumido en relación con el respeto a los derechos humanos, nos obliga a ponernos a favor de la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.” (13/04/2004, Tomo 421).

Conclusión En el debate procesado en el Senado encontramos, por una parte, algunos puntos de consenso teórico entre los senadores y por otra, algunas diferencias de relevancia que finalmente dividieron las aguas a la hora de votar. Respecto a las coincidencias fundamentales entre los senadores, la más importante refiere al consenso sobre la importancia de la intervención estatal en la promoción de modelos de comportamiento deseables. Desde ambas posturas frente al proyecto de ley se argumentó extendidamente sobre la importancia de las políticas públicas, destacándose entre ellas la educación para el combate del aborto mediante la promoción de la maternidad y paternidad responsables. El mismo proyecto de ley establecía iniciativas al respecto. En el cuerpo del trabajo señalé cómo las argumentaciones acerca de la educación se procesaron desde una lógica comunitarista. No existió ninguna argumentación tendiente a fundamentar la importancia de la neutralidad estatal respecto a las políticas educativas sobre el aborto. Esto deja en claro una visión del Estado que encuentra más similitudes con las corrientes comunitarista o republicana que con la liberal. Las diferencias teóricas entre los senadores se hicieron patentes a la hora de condenar o amparar la penalización del aborto. Ya vimos que existió acuerdo en cuanto a su combate mediante algunas políticas públicas, sin embargo, a la hora de penalizar su práctica las diferencias teóricas se impusieron. Entre los promotores del proyecto se reivindicó la neutralidad del Estado en materia penal, mientras que los opositores, sin hacerlo explícitamente 114

(salvo en los casos de Fernández Huidobro y Pou), intentaron que primara una valoración concreta sobre el mismo. A pesar de fundamentar su posición en los derechos del embrión, la postura de quienes se oponían del proyecto fue marcadamente antiliberal (pues a pesar de basarse en la supuesta defensa de derechos individuales, se negó implícitamente el disenso social respecto a la existencia o no de tales derechos y a la ecuación que debería primar de enfrentarse con los de las madres). En este sentido, respecto a la despenalización del aborto en las condiciones establecidas por el proyecto, el eje que primó entre los legisladores fue el liberal - no liberal. De este modo vemos que, mientras todos estuvieron de acuerdo en dejar de lado la imparcialidad estatal en materia de políticas públicas, los opositores del proyecto la mantuvieron también fuera de la materia penal y los promotores buscaron incluirla. En este punto podemos señalar que existe una conceptualización distinta del Estado por parte de defensores y opositores del proyecto de ley, siendo más liberal la de los primeros que la de los segundos. El caso de los opositores del proyecto resulta interesante porque buscaron argumentar una postura netamente antiliberal desde una lógica discursiva liberal (insistiendo constantemente que con su postura buscaban hacer primar los derechos individuales del embrión). Si recordamos el debate parlamentario acontecido en 1937, para fundamentar la misma posición de penalización del aborto se hizo alusión a argumentos morales, religiosos y de derecho colectivo. En este debate el clivaje liberal - no liberal (liberal-conservador según Graciela Sapriza, 2001) fue más evidente. Probablemente la coyuntura histórico política actual, muy diferente a la de de la década del treinta, explique la voluntad de los opositores del proyecto de negar u ocultar lo antiliberal de su postura (denunciado por los promotores del mismo). Las argumentaciones de Pou y Fernández Huidobro respecto al lugar de lo moral en sus posturas fueron los únicos casos en que se asumió explícitamente que en materia penal podía hacerse valer una postura no necesariamente consensual en la sociedad (Riesgo simplemente señaló que su formación cristiana influía en su posición). En estos casos encontramos un perfil comunitarista. La no asunción por parte de la mayoría de los opositores al proyecto21 de lo antiliberal de su postura, y por lo tanto inexistencia de argumentos que buscaran sustentar esta posición, dificulta su catalogación de republicana o comunitarista. Es por esto que me he limitado a llamarla no liberal; cualquiera de estas dos corrientes en su versiones menos liberales podría amparar una solución legislativa como la que está vigente en nuestro país. Existieron dos puntos más en relación a los cuales podemos señalar diferencias importantes en las argumentaciones de los legisladores. Uno refiere a la ecuación planteada entre los derechos de las madres y de los embriones. Mientras que los opositores al proyecto se inclinaron por la primacía de los del embrión, los defensores lo hicieron por los de la madre. 21

Entre ellos los miembros informantes del PC y del PN, los senadores Riesgo y García Costa respectivamente.

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En segundo lugar, encontramos la postura desde la que los legisladores deberían legislar. Mientras que la mayoría de los promotores del proyecto afirmó que debía hacerse desde la imparcialidad, dos de los opositores dijeron que debía hacerse desde la moralidad personal, y uno no realizó mayores comentarios pero señaló la influencia de la religión en su posición. El resto de quienes se opusieron al proyecto no se refirió a esta problemática, salvo De Boismenu que planteó una postura similar a la de los promotores del proyecto.

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Documentos consultados Diario de sesiones de Cámara de Representantes (1937), tomo 415, Imprenta Nacional. Diario de sesiones de Cámara de Senadores (2004), tomo 421, Central de Impresiones Ltda.

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La conformación de posturas en el Parlamento Franco González

Este artículo es una síntesis del trabajo realizado en el año 2004 en el marco del Taller Central de Investigación “Desigualdades Sociales de Género en el Uruguay” de la Licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En una instancia curricular y de aprendizaje, se procuró realizar una investigación sobre un problema social de relevancia sociológica y desde una óptica de género. En esos momentos el Parlamento discutía un proyecto de ley que, entre otras cosas, permitía la interrupción voluntaria del embarazo, la llamada Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. En dicho proyecto el Estado se convertía en garante del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo la educación sexual y los servicios de planificación familiar así como el ejercicio de la maternidad y paternidad responsables. Además, se proponía disminuir la morbi-mortalidad materna producto de abortos provocados en condiciones de riesgo, despenalizando la práctica en determinadas condiciones. Los integrantes del Parlamento, al momento de legislar sobre temas como éste, no sólo consideran su afiliación partidaria y la presión de organizaciones sociales que afecten el caudal electoral de sus partidos, sino que también son permeables a sus creencias religiosas, ideología política y perspectiva de género. En esta investigación se pretendió analizar cómo inciden, en la conformación de las posturas de los parlamentarios1 sobre el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva2, sus creencias religiosas e ideología política, así como el sexo y la conciencia de las desigualdades de género. 1

El proyecto de ley ha sido tratado en ambas cámaras, aunque la discusión fue más extensa en la Cámara de Representantes,

razón por la cual la información recogida así como las entrevistas corresponden mayoritariamente al debate parlamentario de Cámara Baja. 2

El debate sobre el proyecto se centró principalmente en los artículos que hacían referencia a la despenalización del aborto.

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Para el trabajo se tomó como unidad de análisis a los legisladores de los tres partidos políticos con mayor representación: Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA), Partido Nacional (PN) y Partido Colorado (PC). Se seleccionaron estratégicamente a veinte legisladores, de ambas cámaras, teniendo en cuenta el sexo, la afiliación partidaria y la postura frente al proyecto de ley. Cuando legisladores y dirigentes políticos, en representación de la sociedad, sancionan o vetan leyes que afectan las condiciones de vida de determinados sectores sociales, el debate sobre la incidencia, en sus decisiones políticas, de sus creencias religiosas por ejemplo, se torna relevante. Máxime cuando una de las instituciones sociales históricamente más importantes en la reglamentación de la sexualidad y la reproducción es la iglesia católica. La conducta sexual, especialmente en las mujeres, es muchas veces determinada por preceptos cristianos (virginidad y castidad). La iglesia católica es un actor social relevante en el debate sobre la despenalización de aborto porque, por un lado, difunde sus dogmas y posturas referidas a cuestiones de género y sexualidad a través de los medios masivos de comunicación (en espacios contratados pero también ejerciendo control sobre algunos medios), y por otro, porque presiona a los gobiernos a seguir una u otra línea de acción en materia de políticas sociales, especialmente las referidas a sexualidad y reproducción. En el mismo sentido, las ideologías políticas también son importantes al momento de intentar comprender las posturas que toman los legisladores sobre temas que tienen que ver con los derechos humanos, sexualidad y relaciones entre los géneros. El Frente Amplio es la única organización política que en su programa se ha expresado a favor de la legalización del aborto. En cambio, el Partido Nacional ha incluido en su programa de principios la protección y la defensa de la vida desde el momento de la concepción. Por último, si consideramos que la aprobación de un proyecto de ley que permite, entre otras cosas, la interrupción voluntaria del embarazo, tiene como resultado un mayor grado de libertad y autonomía para las mujeres frente a sus planes de vida y su propio cuerpo, y que a su vez se enmarca (o no) en una concepción amplia de ciudadanía y democracia a través del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, entonces las toma de posturas puede estar condicionada por el grado de conciencia de las desigualdades de género. Observar entonces cuáles son las apreciaciones de los legisladores acerca de la ley de cuotas políticas y de las organizaciones feministas por ejemplo, puede contribuir a la comprensión del proceso de conformación de sus posturas definitivas frente al proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. 120

Introducción “La eternización de lo arbitrario”3 En nuestras sociedades las relaciones entre varón y mujer se toman como algo dado. Las diferencias sexuales se presentan como hechos naturales y el varón es asociado a los conceptos de «hombre», «ser humano», lo universal, «sujeto histórico». El sociólogo francés Pierre Bourdieu (2000) decía que: «El orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se perpetúa, en definitiva, con tanta facilidad, dejando a un lado incidentes históricos, y las condiciones de existencia más intolerables pueden aparecer tan a menudo como aceptables por no decir naturales». Lo importante entonces es denunciar los procesos responsables de transformar la historia y la arbitrariedad cultural en natural. En la actualidad, las discriminaciones y desigualdades de género, en donde lo masculino ha sido lo eternamente privilegiado frente a lo femenino, son fuertemente cuestionadas y denunciadas. Una de las expresiones más claras de esta situación es la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de los seres humanos. Estos derechos intentan constituirse, no sin tensiones, en derechos humanos. Se refieren al poder de cada persona para tomar decisiones informadas y responsables sobre su propia fertilidad, capacidad reproductiva, cuidado y crianza de los hijos, salud reproductiva y sexual, y actividad sexual. Las discusiones en la escena pública sobre derechos sexuales y reproductivos contienen las definiciones predominantes sobre maternidad, paternidad, planificación familiar, educación sexual e identidades de género, entre otras, y son las que están implícitas en el debate sobre la despenalización del aborto, constituyéndose así en indicadores de los significados de lo masculino y femenino en el imaginario social. El Estado “debería” ser el responsable de regular la forma y el tipo de usufructo que hacen los ciudadanos de sus derechos sexuales y reproductivos. Es el Estado quien, a través de sus representantes políticos, legisla, regula e implementa (o no) políticas de salud sexual y reproductiva, que condicionan y determinan las circunstancias en que se practican los abortos inducidos, así como el tipo de experiencia sufrida por la mujer según su posición socioeconómica, capital social, etc. 3

Título tomado de “La Dominación Masculina”. Pierre Bourdieu, 2000.

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Las cuestiones referidas a la planificación familiar (las decisiones que toman las parejas respecto a tener o no hijos, cuántos, en qué momento, en qué condiciones y el intervalo de tiempo entre uno y otro hijo), la contracepción y los métodos anticonceptivos (su eficacia, accesibilidad y si afecta al cuerpo de la mujer o del hombre) son al mismo tiempo un debate político y un desafío para las políticas sociales. Las transformaciones culturales promovidas por el poder político en el campo reproductivo son fundamentales, tanto para romper con los prejuicios y tabúes patriarcales como para hacer frente al fundamentalismo cristiano, generando cambios culturales que hagan propicio el desarrollo de la mujer como sujeto de derechos así como las posibilidades para el pleno ejercicio de su ciudadanía. El aborto: un problema social El embarazo es un hecho biológico pero también social, para el cual un conjunto de circunstancias interrelacionadas lo pueden transformar, en determinado contexto, en una experiencia no deseada para la mujer que lo sufre como una maternidad forzada, una situación que no quiere o no está preparada para vivir. La alta morbi-mortalidad asociada a los abortos clandestinos en el “tercer mundo” tiene costos sociales considerables, no sólo para las mujeres que se ven afectadas, sino también para los servicios hospitalarios públicos, considerando los gastos en tiempos de internación, personal para la atención, medicamentos, transfusiones, cirugías, etc. En Uruguay se estima que se producen 33000 abortos por año. Aproximadamente, cuatro de cada diez concepciones terminan en aborto; se realizan 90,4 abortos por día en un país con alrededor de 800.000 mujeres en edad fértil (Sanseviero, 2003). Esto nos hace pensar que en los hechos el aborto es una práctica habitual e incluso socialmente aceptada. Son los sectores más pobres de la población los que disponen de menos medios y garantías para realizar un aborto en condiciones adecuadas (las mujeres más pobres son las que tienen mayor riesgo de sufrir secuelas físicas o lesiones a consecuencia de la utilización de técnicas inadecuadas o muy precarias). Respecto a la elección y valoración de los procedimientos -en el marco de la ilegalidad- la cuestión fundamental es la accesibilidad, lo que pone en evidencia las diferencias socioeconómicas existentes. La práctica del aborto en las actuales condiciones sociales, legales, políticas y culturales debe considerarse una fuente de discriminación social Para las mujeres, la ilegalidad del aborto muchas veces implica tomar una decisión entre sufrir los posibles riesgos de un aborto clandestino o sufrir una maternidad forzada (y vale aclarar que esta última no es consecuencia sólo de la disponibilidad o no de recursos econó122

micos sino de las implicancias sociales, culturales y psicológicas de tomar la decisión en un marco de ilegalidad). Organizaciones sociales (feministas, de derechos humanos) reclaman que la maternidad forzada debe ser entendida como un problema de desigualdad social. La garantía de los derechos reproductivos, incluido el aborto en condiciones de seguridad e higiene, es un medio necesario para revertir la situación de desigualdad de las mujeres y permitirles mayor grado de libertad y autonomía en la planificación de sus vidas. Si la maternidad forzada se considera una fuente de discriminación sexual, los derechos reproductivos deben ser considerados como una cuestión de equidad de géneros. Considerando, en primer lugar, que el aborto es un problema social que afecta la autonomía de las mujeres; en segundo lugar, que las sanciones sociales y jurídicas implican restricciones a las mujeres que los hombres no sufren; y tercero, que como consecuencia sostienen y consolidan pautas históricas y sistemáticas de discriminación (porque refuerzan los estereotipos tradicionales de género) podemos afirmar que las restricciones legales a la práctica del aborto son además, una fuente de discriminación de género. Sanseviero (2003) define a la práctica del aborto como “un hecho social denso y complejo que ocurre en el contexto de relaciones de poder de distinto tipo: de género, económicas, legales, jurídicas; conlleva elementos del campo de la salud, de la sexualidad, de la moral y la ética, de los significados de la maternidad”. La normativa jurídica existente en nuestra sociedad (al igual que en muchas otras) con respecto a la práctica del aborto no es sólo un reflejo de la hegemonía de la ideología dominante (androcentrismo) sino que también condiciona la autonomía de la mujer, su desarrollo como ciudadana, como sujeto de derecho.

Creencias religiosas y posturas frente al proyecto de ley El escritor peruano Mario Vargas Llosa (2001) escribía: “Ninguna iglesia es democrática. Todas ellas postulan una verdad, que tiene la abrumadora coartada de la trascendencia y el padrinazgo abracadabrante de un ser divino, contra los que se estrellan y pulverizan todos los argumentos de la razón, y se negarían a sí mismas -se suicidarían- si fueran tolerantes y retráctiles y estuvieran dispuestas a aceptar los principios elementales de la vida democrática como son el pluralismo, el relativismo, la coexistencia de verdades contradictorias, las constantes concesiones recíprocas para la formación de consensos sociales. ¿Cómo sobreviviría el catolicismo si se pusiera al voto de los fieles, digamos, el dogma de la Inmaculada Concepción?” A diferencia de otros momentos históricos en los que el conflicto entre el Estado y la iglesia católica estuvo marcado por tributos, propiedades de tierra y tipos de regímenes políticos, 123

en la actualidad puede decirse que el espacio de conflicto está dado por la sexualidad y el diseño de políticas públicas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Legisladores contrarios al proyecto de ley4 Los varones Todos los entrevistados, excepto uno, realizaron los actos sacramentales de bautismo, comunión y matrimonio, y algunos de ellos participan en actividades religiosas como ir a misa. De acuerdo a la clasificación según grado de religiosidad, son bastante o muy religiosos y sólo uno de ellos clasifica como poco religioso. (Ver anexo 1). Algunos le adjudican a la iglesia católica un rol importante en materia de educación. Consideran a la iglesia como la institución “por excelencia” en lo que respecta a los valores morales y éticos en nuestra sociedad, justifican su participación y opinión en temas como el aborto o la eutanasia, y además, la consideran una referencia para el Estado en la implementación de políticas sobre sexualidad y reproducción. Sobre la educación sexual puntualizan que debe tratarse de “una educación en valores”. ¿A qué se refieren cuando hablan de transmitir valores en la educación sexual? A los valores basados en la moral cristiana, para los cuales el ejercicio de la sexualidad y el placer quedan subordinados a una idea de sexo en “el amor ideal” (de parejas heterosexuales estables y con fines reproductivos). En sus discursos se refieren a los jóvenes como sujetos asexuados y promueven, entre otras cosas, la “abstinencia sexual”. Sobre métodos de prevención y anticoncepción, prefieren hablar de “educación”, “apoyo familiar” y “trasmitir valores” antes que de información científica sobre los mismos. Perciben la sexualidad de los jóvenes como “inocente”, ingenua y asexuada, construida según los estereotipos de género. En este sentido, un legislador manifestaba lo siguiente: “Yo soy bastante liberal en eso (en lo concerniente a la educación sexual). Ojo… estoy esperando mellizos, una es mujer… Pero si mi hija me sale de carrera a los quince años la mato, en eso soy machista, en eso no puedo decir ‘no, no soy machista.’” (E. 18) (Ver anexo 2). 4

El lenguaje es también un reflejo de las desigualdades sociales existentes entre varones y mujeres. Las reglas gramaticales y

las estructuras lingüísticas son parte de un orden androcentrista y contribuyen a perpetuarlo. Teniendo plena conciencia de ello, en este artículo se utilizará el universal masculino para referirse a un grupo de personas de ambos sexos. Esta decisión responde a la voluntad de permitir una lectura más amena, continua.

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La mayoría de estos legisladores promueve una educación para el amor y en un ambiente familiar que se sobreentiende como heterosexual, monogámico y patriarcal, donde la sexualidad tiene connotaciones muy distintas si nos referimos a esposos-padres/niños que a esposas-madres/niñas. En general, hacen hincapié en un rol más destacado y primario de la familia en la educación sexual, aceptando del sistema educativo un rol complementario y subordinado -nunca contrario- al familiar. Puede advertirse cierto escepticismo frente al sistema educativo, que en nuestro país es laico y que ha tenido en los últimos tiempos, a través de algunos profesionales y organizaciones civiles, intentos de introducir desde la escuela la educación sexual sin premisas religiosas, con un enfoque de género y basado en la diversidad. Los entrevistados prefieren dejar el tema confinado al ámbito familiar que aún lo ven como “privado” en el sentido de estar lejos de las injerencias y decisiones públicas, sujeto a una mayor arbitrariedad y discrecionalidad. Al ser indagados acerca de la homosexualidad, se observa que si bien ya es más “normal” hablar de sexo y homosexualidad, y que el discurso oficial es en general heterosexista, los tabúes y prejuicios -así como la condena y la discriminación- siguen teniendo gran vigencia. El hecho de que esta temática esté instaurada en la escena pública desde hace algún tiempo, contribuye -en la lógica del juego político, público y mediático- al discurso de lo políticamente correcto. Como resultado, se advierte el doble discurso: al mismo tiempo que hacen referencia a los derechos y a la dignidad de la persona, condicionan estos derechos a la opción sexual del individuo. La familia nuclear heterosexual con hijos como célula base de convivencia social y de transmisión de valores a las nuevas generaciones es considerada la razón determinante para minar la posibilidad de la democratización de los derechos civiles, privando a los homosexuales de contraer matrimonio o adoptar niños. Se sobredimensiona la función reproductiva de la familia: la conciben como inherente a ella y lo que la define como institución. Además de cumplir con las anteriores condiciones, la familia tiene como jefe de hogar al varón e instaura una división del trabajo por edad y sexo bien definida. En la ecuación familia = procreación, las parejas homosexuales no tienen lugar; una vez más, la naturaleza biológica de los individuos determina las circunstancias socioculturales en las cuales desarrollan sus vidas: dado que la reproducción es una función natural de las familias, la homosexualidad es contra natura. En este sentido, la opinión de estos legisladores fue casi unánime: “…porque creo que Dios hizo al hombre y a la mujer por algo. La familia es la institución básica, el núcleo de una familia homosexual (…) es contra natura. Lo respeto, sí, como tam125

bién hay uniones y no se puede ser más realistas que el rey. Debería formarse una sociedad comercial…comercial queda feo porque seguramente esta gente me va a relajar porque va a decir que hay un afecto, ¿no? Se forma una sociedad no conyugal, porque no va a haber matrimonio, pero sí va a haber una sociedad, donde seguramente compren bienes en común.” (E 18) “No, bajo ningún concepto. Esos son elementos degenerativos de la moral natural, y mucho más degenerativos, por supuesto, de la moral religiosa. El hombre no puede vivir sin moral, si vivimos sin moral seguramente volveríamos a subir al árbol, volveríamos a algo…miraríamos parecido a un ser humano pero no un ser humano. No, yo creo que el concepto es bien claro, la moral natural está en el piso, en el suelo, y por debajo del cual todo es degenerativo.” (E 20) Las mujeres Estas legisladoras se bautizaron, tomaron la comunión, contrajeron matrimonio religioso y se consideran cristianas. De todas maneras, ninguna participa actualmente en actividades religiosas y son, de acuerdo a la clasificación por grado de religiosidad, religiosas y poco religiosas. Se muestran más escépticas y críticas respeto al rol de la iglesia católica. Demuestran su inconformidad con lo que señalan como injerencias de la iglesia en el Estado y en las políticas públicas, cuestionando fundamentalmente a sus altas jerarquías. Sobre el cometido de la iglesia una legisladora señalaba: “Tiene que practicar su evangelio, tener un discurso coherente entre lo que enseña, predica y hace, y realmente no interferir en los movimientos sociales o no intervenir haciendo que tal o cual decisión en la vida de los uruguayos se tiña con una visión de la iglesia católica.” (E10) No es de extrañar el escepticismo y el cuestionamiento por parte de mujeres cristianas a una institución que históricamente a relegado la mujer a un segundo plano y que, a través de sus dogmas y relatos de “Eva la pecadora” y “María la virgen madre”, ha castigado y subordinado a la mujer. Al momento de hablar sobre educación sexual estas legisladoras muestran también algunas diferencias frente a los varones. Hacen más hincapié en los métodos de cuidado, principalmente referidos a la prevención de enfermedades sexuales (como el sida). En general consideran que debe ser una tarea tanto de la familia como del sistema educativo. Si bien son cautas en sus discursos, conciben una educación sexual más abierta y realista que los varones, algo más alejada de los mitos y prejuicios. Sus referencias a la homosexualidad también están signados por la concepción cristiana de familia tradicional y heterosexual. 126

“Yo creo que nuestro sistema jurídico vigente marcó una familia con la cual el sistema entiende que debe funcionar. Yo en principio creo en las parejas heterosexuales como base de la sociedad.” (E17) Al igual que los varones pero con menor énfasis, estas legisladoras hacen hincapié en la función reproductiva de la familia. “Yo sigo creyendo en la familia tradicional, en el papá, la mamá y los hijos como… no digamos lo ideal, porque tampoco es el término, pero sí lo que más se arrima a mi forma de pensar.” (E6) También en las mujeres encontramos un discurso enmarcado dentro de lo “políticamente correcto”, una contradicción conveniente y generalizada en nuestra sociedad, en la que se permiten prácticas homofóbicas en lo cotidiano aunque se censura manifestarlas públicamente. En este sentido, hacen hincapié en que no están de acuerdo con la discriminación y que deberíamos aceptar la homosexualidad, pero por distintas razones justifican la no igualdad de derechos. “La homosexualidad existe en la medida en que se viva como se debe vivir sin generar, digamos, conflictos con otros sectores de la sociedad o con otras personas. Yo soy muy respetuosa de la homosexualidad, no la considero una enfermedad, te lo aclaro (…) Me parece bárbaro y yo respeto mucho al que ha hecho una opción sexual diferente a la que tengo yo, pero estar poniendo eso como bandera y estar todo el día haciendo de eso un objetivo de vida tampoco me parece que sea lo más…edificante.” (E6) Legisladores a favor del proyecto de ley Los varones Todos ellos provienen de familias católicas, casi todos se bautizaron, hicieron catequesis, tomaron la comunión y contrajeron matrimonio religioso. Si bien actualmente participan poco o nada en actividades religiosas ninguno se define explícitamente como ateo; en cambio, sí se definen como cristianos o católicos. De acuerdo a la clasificación son poco o nada religiosos. Entre estos legisladores a favor del proyecto, la insistencia en la laicidad del Estado y en delimitar el rol de la iglesia católica es similar a la de las legisladoras a favor y en contra. Opinan que existe una sensación de presión e injerencia de la iglesia en los ámbitos políticos. Realizan duros cuestionamientos a las jerarquías eclesiásticas y critican a la iglesia en tanto institución histórica signada por el conservadurismo, anacronismo y radicalismo. 127

Sin embargo, rescatan un rol positivo de la iglesia en el ámbito de lo privado y familiar. En este sentido, es importante considerar que la iglesia promueve un tipo de familia que históricamente ha privilegiado al varón heterosexual. En la educación sexual priorizan el rol del sistema educativo; docentes y maestros deben ser los principales protagonistas de la misma. Enfatizan la importancia del conocimiento del propio cuerpo, algunos hacen referencia a los métodos de cuidado y prevención, y otros a la información y valores. El énfasis en el sistema educativo como protagonista puede significar la intención de otorgar al Estado (a diferencia del protagonismo de la familia adjudicado por los legisladores varones contrarios al proyecto) la responsabilidad en la promoción del ejercicio pleno de la sexualidad, dándole relevancia política desde el nacimiento, camino a una concepción más amplia de ciudadanía y democracia. Éstos legisladores también reafirman la concepción tradicional de familia. En ambas posturas (a favor y en contra del proyecto), aunque con matices, no se cuestiona el orden heterosexual de organización familiar, lo que demuestra la vigencia de la intención de preservar los significados históricos de lo masculino y femenino, de la transmisión de los estereotipos de género en el ámbito familiar. Las mujeres Sólo una de estas entrevistadas contrajo matrimonio religioso, aunque varias se bautizaron e hicieron catequesis. En general, se clasifican como poco o nada religiosas, a excepción de una de ellas que clasifica como religiosa. Si bien algunas consideran que la iglesia tiene poca incidencia, hay un reconocimiento implícito de una influencia no formal sino de facto de la Iglesia Católica en el sistema político. Cuestionan y critican su injerencia pública y estatal en asuntos como el aborto y la reproducción asistida. También critican duramente a sus principales autoridades, situando a la Iglesia Católica como un adversario importante en la discusión sobre la aplicación de políticas referentes a la reproducción y a la sexualidad. En lo que refiere a la educación sexual, estas legisladoras tienen una concepción más integral y menos conservadora de la misma. Consideran que debe impartirse desde los primeros años y la entienden como un proceso de aprendizaje continuo, que debe desarrollarse a lo largo de todas las etapas de la vida.

Ideologías políticas y posturas frente al proyecto de ley Aquí se consideran las concepciones filosófico políticas de los legisladores, es decir, los paradigmas que toman como referencia respecto a la organización política de una sociedad. 128

Legisladores contrarios al proyecto de ley De las posibles distinciones entre izquierda y derecha, se menciona el interés por la preservación de un determinado status quo (un determinado orden establecido) como uno de los rasgos distintivos de la derecha política, como también la primacía de una visión jerárquica de las relaciones sociales, en las cuales las desigualdades son naturales e imposibles de eliminar. Es común, además, observar coincidencias ideológicas entre representantes de la derecha política y representantes de instituciones confesionales como la iglesia católica, fundamentalmente en cuestiones referidas a la moral y la ética. Los varones Según la clasificación por ideologías políticas, la mayoría de estos legisladores pertenece a la derecha política, situándose los restantes en el centro. (Ver anexo 1). En este sentido, cabe la referencia a la teórica feminista Zillah Eisenstein, quien considera que el Estado liberal es funcional al patriarcado. Según Eisenstein, esta organización política promueve y reafirma la dicotomía público/privado. Señala que el Estado liberal protege el sistema patriarcal de poder a través de sus leyes y de su ideología, pues protege las instituciones jerárquicas, las estructuras sexistas y la ideología que las produce. Un Estado que además controla y asegura la protección de la familia nuclear patriarcal y la reproducción biológica, a través de leyes sobre anticoncepción, contracepción y aborto. Estos legisladores, al momento de analizar las posibles causas del aumento de la delincuencia y la violencia, ponen énfasis en una crisis de valores y principios que debemos recuperar. “Sin duda que el factor económico influye, pero más aún la pérdida de valores que tiene la sociedad. Hay valores como lo que está bien y lo que está mal, valores como el respeto a la propiedad.” (E3) Entienden como valores el respeto a la propiedad privada y la honestidad, convenientes en la lógica de los modelos liberales. Sobre el rol del Estado prevalece entonces una perspectiva liberal: consideran que debe haber cada vez “menos Estado”, menos intervención en la economía, un Estado que regule pero que no participe. “El Estado tiene que actuar como regulador, cada vez menos Estado y yo creo que eso ha sido uno de los vicios culturales de este país que vamos a tener que ir venciendo.” (E13) 129

Otra reflexión posible retoma a las teóricas feministas, quienes afirman, en el marco de lo que llaman la “teoría del doble sistema”, que el “capitalismo y patriarcado son dos sistemas paralelos que definen la opresión propia de la mujer” (Petit, 1994). De la misma manera que la explotación capitalista se fundamenta en la apropiación del excedente que genera el trabajador, en el sistema patriarcal la opresión de la mujer se fundamenta en el modo de reproducción, en el cual “es el hombre particular el que resulta beneficiado del trabajo doméstico de la mujer”, quedando liberado de esas tareas, “pero, en última instancia, el capital también sale beneficiado de un trabajo como el doméstico por el que no se paga y que, sin embargo, es fundamental para mantener el trabajador listo para seguir trabajando” (Ibid). Si consideramos el debate sobre la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado en el marco de las discusiones sobre los derechos humanos, observamos que estos legisladores en general están de acuerdo con la ley tal cual se aplica y señalan la idea de “punto final”. “Yo entiendo que es un tema que hay que ponerle un punto final, ya los orientales sufrimos mucho con eso.” (E13) Respecto a los sindicatos, hay, en términos generales, un cierto escepticismo. Algunos de los entrevistados consideran que están “politizados”, otros que la mayoría son “radicales” y otros que no son representativos de los trabajadores porque están perdiendo adeptos, siendo AEBU el más aceptado. “Me parece que los sindicatos…primero no me copa la onda ‘patotera’, ¿no?, porque a mí me vienen a hablar los sindicatos y son unos señores, después salen afuera y parece que se comen los niños crudos, acá en frente, mano a mano, violín en bolsa, entonces…” (E 18) Los menos críticos son los legisladores ubicados en el centro político, quienes incluso “comprenden” la labor de sindicatos como la FUS. Las mujeres Resulta interesante analizar las concepciones ideológicas de legisladoras que, en relación con un proyecto de ley que pretende regular sobre el cuerpo de las mujeres y las condiciones en las cuales se producen situaciones asociadas al embarazo, optaron por no acompañarlo. La ideología política de estas legisladoras es más heterogénea, van desde centro-izquierda hasta la derecha política. Hacen referencia a un Estado liberal que, si bien debe mantener la preocupación por las desigualdades sociales, debe intervenir muy poco en la economía. Consideran que el rol del Estado debe ser el de regulador, hablan de empresas mixtas o directamente privadas, así como un Estado menos interventor, con mayor libertad en una economía de mercado. 130

“…el Estado está ahí como juez y regulador…” (E10) En asuntos como el de la Ley de Caducidad, a diferencia de los varones en contra, son más críticas y sólo una de las legisladoras (de derecha) habla de punto final y mirar hacia adelante: “Yo soy una mujer que miro para adelante, para mí el pasado, y más en ese caso ‘laudado’ por la ciudadanía, es volver para atrás, este país no puede perder tiempo, energía ni recursos para tratar el pasado, es muy importante el presente y el futuro.” (E10) Las demás declaran haber estado en contra de la ley y señalan la necesidad de cumplir con el artículo cuarto (que hace referencia a las investigaciones que deben realizarse). “Yo estuve en desacuerdo con la ley de caducidad, la voté en contra y en el plebiscito también (…) Lo que sí creo que ninguno de los gobiernos que la tuvo que aplicar (la ley de caducidad), la aplicó cien por ciento, o sea que acá hay algo pendiente que tiene que ver con el artículo cuarto y que deberá de alguna manera llevarse adelante…” (E6) Al momento de reflexionar acerca del aumento de la delincuencia y la violencia, las legisladoras, en general y a diferencia de los varones contrarios al proyecto, hacen referencia a la crisis económica, la pobreza y la exclusión. Sobre política exterior, en general cuestionan al régimen cubano y son escépticas en relación a los actuales gobiernos de Brasil y Argentina. En este sentido, una legisladora señalaba: “No estoy de acuerdo con Fidel Castro, creo realmente que hay una opresión, lo vi, estuve en Cuba, lo sentí, es un pueblo que sufre, que no vive bien.” (E10) Legisladores a favor del proyecto Al tiempo que se considera la defensa de un determinado status quo (de un orden que no cuestiona, entre otras cosas, las relaciones entre los géneros) como característica de la derecha, se sostiene que la izquierda pone el énfasis en el valor de la emancipación, de la supresión de injusticias económicas, culturales y de género. El valor predominante de la izquierda sería la igualdad, mientras que en la derecha primaría la jerarquía. Asociado a esto se destaca, por ejemplo, la vinculación de la izquierda con los movimientos feministas. Éstos consideran las desigualdades entre varón y mujer fundamentalmente como el producto de costumbres, leyes y pautas culturales, y por lo tanto, socialmente modificables. Otra distinción posible es la mayor atención a los problemas de desigualdades y pobreza, así como una mayor valoración de criterios de equidad en la distribución social de los recursos 131

como rasgos distintivos de la izquierda, así como también la idea de que propone “más Estado” mientras la derecha propone menos. Conocer entonces las concepciones ideológico-políticas de los legisladores que apoyaron el proyecto de ley también contribuye a la comprensión de su incidencia en razonamientos políticos, que justifican o fundamentan las decisiones que se toman en estos ámbitos, especialmente en temas vinculados al ejercicio de la ciudadanía, derechos humanos y relaciones entre los géneros. Las mujeres Para este grupo se distinguen dos posturas ideológicas: por un lado, legisladoras clasificadas como de izquierda (pertenecientes al EP-FA) y por otro, una legisladora de derecha (perteneciente al PC). Sobre las posibles causas del aumento de la delincuencia y la violencia en nuestro país, hubo escasas referencias a la crisis de valores y un fuerte énfasis en la exclusión, la marginación y el aumento de las desigualdades sociales. Injusticias que consideran, en última instancia, económicas. Sobre los valores, señalan un cambio en aquellos que predominan, denunciando el hedonismo, individualismo, egoísmo y consumismo. Es la legisladora de derecha quien evidencia un discurso más paternalista y estigmatizante: “Esa gente no quiere salir del asentamiento, no le importa vivir así, porque nació…vamos por la cuarta generación, nació así y no quiere vivir de otra manera, no le vas a poder erradicar, es decir, no le vas a poder erradicar si no empezás a educar…con mucha fuerza…pero tenés que tomar medidas muy duras…tenés que empezar con la vasectomía, tenés que empezar a ligar trompas…tenés que tener coraje para decir que tenés que hacer esas cosas, para que no sigan naciendo niños con esos que sí son antivalores.” (E14) Al hablar sobre el rol del Estado, encontramos dos posturas. Por un lado, la legisladora de derecha que entiende que el Estado debe ser juez y regulador en la actividad económica; y por otro, la de las otras legisladoras, que consideran que el Estado debe tener un rol más protagónico y se muestran escépticas con lo que llaman mano invisible o economía de mercado. Además, sobre política internacional encontramos dos visiones bien diferentes: por un lado, la legisladora de derecha y por otro, las legisladoras de izquierda. La primera cuestiona duramente al régimen cubano, es escéptica respecto al MERCOSUR y más proclive al sistema chileno de apertura al mundo. “Yo fui de las que amé a Fidel, lo escuché en el paraninfo igual que al Che Guevara, soy de esa época, pero me gustaría que se muriera y en Cuba pudiera haber elecciones, que se muera de muerte natural pobre… pero que la gente pueda vivir en libertad.” (E14) 132

Y por otro lado, las legisladoras que predican una unión latinoamericana, cuestionan a EEUU, tienen una opinión favorable al régimen cubano y son algo escépticas frente a los modelos económicos y políticos como el chileno. “…fuimos de los que despedimos el embajador cubano cuando se rompió las relaciones con Cuba y echaron al embajador, y lamentablemente tuvimos que ir al aeropuerto a despedir a otro, y creemos que la defensa de Cuba es defendernos a nosotros mismos, y que debe ser, como lo votó por aclamación, de pie, el congreso del Frente Amplio, una de las primeras medidas de gobierno reanudar las relaciones.” (E12) “Yo soy generalista en mi cabeza, con pacto y unas ideas de la “Patria Grande” que precursaba Artigas pero también San Martín, Bolívar…” (E5) Los varones Analizar la ideología política de estos varones (tratar de encontrar la base ideológica de sus razonamientos políticos) puede ser una herramienta importante al momento de sacar conclusiones sobre sus diferentes posturas acerca del proyecto de ley. En la mayoría de los casos, los varones son actores secundarios en las discusiones y vivencias de los eventos reproductivos, pero relevantes en las definiciones de los discursos morales, políticos y éticos que pretenden regular la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo. Estos varones conforman un espectro heterogéneo respecto a sus ideologías políticas, pues entre los entrevistados hay legisladores clasificados como de derecha, centro, centro izquierda e izquierda. En temas como la Ley de Caducidad, existen entre ellos dos visiones distintas: la de los legisladores de los partidos tradicionales o históricos, y la de los representantes del EP-FA. Los primeros consideran, en general, que es un tema resuelto, que debemos dejar de volver sobre el pasado; destacan la idea de punto final: “Yo creo que ya se le dio el punto final, lo que sucede que hay fuerzas radicales que utilizan este problema, que es un problema serio para el país, lo fue.” (E9) Otros manifiestan su posición contraria a la ley y, si bien señalan que la respetan, insisten en que debe cumplirse el artículo cuarto, referente a las investigaciones y al conocimiento de la “verdad”: “Yo junté firmas en contra de eso, voté en contra y perdí, lamentablemente perdí y fue la única elección que me dolió perder, porque hace a aspectos morales, y bueno, tengo memoria, sé lo que pasó, pero considero que aquí un gobierno de izquierda debe hacer cumplir la 133

ley, para eso hay que ir sin que te tiemble el pulso y sin inventar atajos o salidas desmedidas.” (E4) Tampoco hay entre estos legisladores un consenso acerca de las posibles causas del aumento de la delincuencia y la violencia en nuestro país. Unos hablan de marginación y exclusión social, otros hacen más hincapié en la pérdida de valores, en los problemas culturales y educativos. Por un lado, responsabilizan al Estado por la ineficiencia en la aplicación de políticas sociales; por otro, a los padres, por la existencia de niños en situación de calle. Sobre el rol del Estado, o bien lo conciben como un Estado fundamentalmente regulador, o bien le adjudican un rol más protagónico. También hay un reconocimiento generalizado de que los modelos neoliberales provocan exclusión social y concentración de riquezas. Entre los legisladores del EP-FA se sostiene la crítica y el cuestionamiento a los modelos que hablan de crecer primero para luego “repartir” la riqueza. Al hacer referencia a los sindicatos, los legisladores de los partidos históricos se muestran más escépticos. Aunque no realizan cuestionamientos severos, hablan de problemas de democracia en el funcionamiento de los mismos y señalan su politización.

Conciencia de las desigualdades de género y posturas frente al proyecto de ley En su obra “Equidad y género”, Saltzman (1989) afirma que los que entienden la ideología de los sexos como la clave de las desventajas de las mujeres, proponen desarrollar una conciencia feminista entre el mayor número posible de mujeres. Sostiene la autora que en determinados momentos miembros de grupos desfavorecidos ponen en tela de juicio y tienden a rechazar “definiciones sociales dominantes” por medio de las cuales son perjudicados. Desarrollan en el proceso de formación de un movimiento social un “conjunto de contra definiciones”, a través de las cuales rechazan la ideología, las normas y convenciones que los oprimen. Cuestionan y le quitan legitimidad a ese sistema social. Saltzman entiende de que algunos individuos (mujeres) intercambian experiencias y puntos de vista al concebir que sus problemas no son individuales sino que se originan en un sistema social dominante e injusto a raíz de su sexo biológico, y comienzan a cuestionar el orden imperante promoviendo el cambio social como un objetivo. A este proceso la autora lo denomina desarrollo de la conciencia sexual. A partir de este concepto de consciencia sexual, se define como consciencia de las desigualdades de género al conjunto de acciones y modos de pensar orientados a explicitar y eliminar las desigualdades en cuanto a los roles y expectativas que pesan sobre mujeres y varones. 134

Son posicionamientos que admiten la discriminación existente e intentan promover su disminución y eliminación, poniendo en tela de juicio las tradicionales dicotomías hombre - mujer, femenino -masculino, y promoviendo cambios que determinen una mayor participación de las mujeres en posiciones de dirección y decisión. Legisladores contrarios al proyecto Las mujeres Según el grado de conciencia de las desigualdades de género, estas legisladoras clasifican como con conciencia y con relativa conciencia. (Ver anexo 1). Sobre la ley de cuotas todas se muestran a favor, consideran que el país tiene un problema de democracia y justicia importante debido a la baja representación política de la mujer. “El no formar parte (las mujeres) activamente de las decisiones de políticas públicas hace que a Uruguay se lo esté observando porque tiene un problema serio de democracia. Esto no es una lucha de sexos, es una lucha que tiene que ver con justicia y democracia. Un país que deja el cincuenta y dos por ciento de su población afuera, tiene un problema de democracia. Y Uruguay no lo quiere ver.” (E17) Sobre los movimientos de mujeres, se refieren a ellos como necesarios, aunque hacen hincapié en aceptarlos dentro de determinados marcos. Son en general muy cautas y diplomáticas al respecto. “Que los movimientos tengan una tendencia a que se lleve a la realidad algo que está en el papel pero que no se está poniendo en práctica, es una causa muy noble, porque hay una omisión de quienes no la permiten poner en práctica.” (E10) Una de estas legisladoras forma parte de la Comisión de Equidad y Género del Parlamento y demuestra tener un mayor conocimiento sobre las organizaciones y movimientos feministas. Los varones A diferencia de las mujeres, todos estos legisladores clasifican como con no conciencia de las desigualdades de género. En referencia a la ley de cuotas, se muestran claramente contrarios, señalan que tendrían más derechos otras minorías o que la mujer debe ganarse el derecho por sus méritos y no por el género al que pertenece, que existen iguales oportunidades y no podemos considerarlas “minusválidas”. 135

Se destaca entonces un discurso legitimado dentro de la democracia liberal, que intenta homogeneizar y encasillar a todos bajo los conceptos de igualdades formales y universales, escondiendo en el ejercicio de la ciudadanía las inequidades de género y exclusión de facto de las mujeres, en este caso, de la vida política. Algunos legisladores destacan que está aumentando la participación de las mujeres en la política, aunque consideran su pérdida de interés en participar de una actividad que ha venido devaluándose, como una de las causas de su escasa participación. Otros afirman que tenemos porcentajes de representación femenina muy cercanos al promedio mundial. También relativizan las desigualdades entre los géneros; señalan que la mujer ha ganado terreno en muchos ámbitos y sólo mencionan algunas injusticias como las desigualdades salariales. En un solo caso se menciona la doble jornada laboral. Algunos consideran que no hay o ignoran cuáles son las demandas reivindicativas de los movimientos de mujeres. Los consultados destacan la importancia de la maternidad y a la vez responsabilizan a la mujer-madre de las discriminaciones de género existentes, ya que es ella la “educadora” y transmite los estereotipos de género a niños y niñas a través del trato y educación diferenciada. En este sentido, uno de los legisladores opinó: “…pero evidentemente es una sociedad machista y el protagonista de esa sociedad machista es la educadora, es decir, es la madre educadora que educa al hijo que no debe entrar a la cocina, y a la mujer en la muñeca, que no debe trabajar, que tiene que hacer las labores de la casa, entonces el error esta en la educación que brinda la madre a los niños.” (E16) La visión de estos legisladores que se sostiene pese a que los movimientos sociales de mujeres se han transformado en un fenómeno visible, con un protagonismo que obliga a considerar la situación de la mujer en los discursos políticos, en la publicidad y en los medios de comunicación; permite concluir que siguen siendo movimientos tergiversados y simplificados por los que detentan el poder, en este caso político. Se alimentan prejuicios hacia ellos y se los etiqueta de radicales, lésbicos y/o androfóbicos. Los cuestionan y critican, y si bien algunos los consideran necesarios, señalan que los extremos son negativos. No conocen a ninguno en particular y hacen referencia a los que promovían el proyecto de ley. Uno de los legisladores es muy gráfico al respecto: “Creo en los movimientos… digo, las mujeres cuando van a jugar a las carta, o cuando van a hablar de las otras, y los hombres cuando van de cacería o a jugar, no sé… o al boliche. Después creo que la sociedad es toda una, es una interrelación hombre mujeres, adultos y jóvenes, no creo en movimientos segmentados.” (E18) 136

Legisladores a favor del proyecto de ley Los varones Mientras la mayoría se clasifica como con no conciencia, uno de los entrevistados pertenece a la categoría con conciencia y otro a la de con relativa conciencia de las desigualdades de género. Sobre la ley de cuotas hay dos posiciones generales. Mientras unos consideran que es un paso necesario para promover la mayor participación de la mujer en ámbitos políticos, otros consideran que la participación debe basarse en las virtudes y talentos, haciendo referencia a la igualdad formal de todos. Destacan además la importante participación de las mujeres en cargos universitarios, empresariales, etc. sin la necesidad de cuotas y mencionan que se “disminuye” a la mujer asignándole cuotas de participación política. “No, eso es un absurdo. Acá se pretendió hacer, y yo tampoco lo voté (…) Lo mismo que hace el hombre puede hacerlo una mujer, es decir que el mérito de ingresar al Parlamento ‘cuotificado’ me parece que es más bien disminuir a la mujer que darle un trato preferencial, puesto que si yo la pongo por cuotas es porque ya de hecho estoy diciendo que una mujer vale menos que el hombre porque no puede llegar por sí misma al Parlamento.” (E9) Otras opiniones justifican la escasa participación política de la mujer con argumentos como: “Hay que saber que en el ámbito político… La mujer aparece el trabajo político mucho más tardíamente que el hombre, y eso también es una explicación…Obviamente que hay explicaciones porque es así… Tiene que cuidar a su familia, sus hijos, ser el soporte de su esposo que está trabajando o trabajando políticamente, pero eso es la realidad objetiva, es decir que no hubo una postergación conciente, creo que se dio con… la naturalidad de las situaciones que atraviesa la mujer en su propia vida.” (E15) A grandes rasgos, consideran a los movimientos de mujeres como necesarios, tienen un discurso bastante diplomático sobre el tema, mencionan la violencia doméstica y desigualdad salarial, aunque no conocen muchos de estos movimientos, sí nombran a los que estuvieron activos durante las discusiones parlamentarias sobre el proyecto de ley. “Los movimientos sociales que integran por lo menos mujeres, por lo general llevan a cabo las tareas que van a hacer, y si no pueden llevarlas todas, limitan la cantidad y las que hacen las terminan bien, en consecuencia creo que es muy bueno para la salud del país que hayan movimientos de mujeres.” (E9) “Existe en el mundo lo que se llama la cuestión de género, y como es un tema específico es lógico que existan organizaciones de mujeres que traten la cuestión de género.” (E11) 137

También hubo menciones que presentaban a los movimientos de mujeres como fundamentalistas. “Las causas más nobles muchas veces terminan en alguna forma de ‘curro’. Yo creo que una cosa es ser feminista, que está bien reivindicar derechos de las mujeres, y otra es estar en una actitud antihombre… Son cosas bien diferentes.” (E1) Las mujeres De las legisladoras a favor del proyecto de ley sólo una clasifica como con no conciencia, mientras que las demás se dividen entre con conciencia y relativa conciencia de las desigualdades de género. Algunas integran la Comisión de Equidad y Género del Parlamento y están vinculadas a organizaciones feministas. Mientras unas se muestran a favor de la ley de cuotas y destacan la marginación política de la mujer (lo consideran un problema de democracia y son escépticas sobre el futuro sin una ley de este tipo), otras son contrarias a la ley de cuotas: afirman que puede reforzar aún más la discriminación, la consideran reduccionista y señalan que deben priorizarse otras desigualdades. Estas últimas entienden las desigualdades de género en un marco más general de desigualdades económicas, producto de la explotación y la división clasista de la sociedad. Las legisladoras a favor de la ley de cuotas y con conciencia de las desigualdades de género hablan de feminización de la pobreza, de la dicotomía público/privado, del trabajo doméstico y la violencia doméstica. En cambio, las demás hablan de determinantes materiales, desigualdades por edad más que de género, y de la necesidad de revalorizar la maternidad. Acerca de los movimientos de mujeres, algunas legisladoras los consideran organizaciones fuertes y muy importantes. Hacen referencia a las desigualdades existentes en todos los ámbitos: políticos, laborales y doméstico. “Los grupos de mujeres surgen por necesidad o porque hay discriminación, sino no la hubiera, no habría grupos de mujeres, por eso no hay grupos de hombres, esa es la razón, pero salen además de las más diversas actividades, desde las grandes mujeres políticas que se ocupan de temas políticos, a la Red de Género y Familia o Mujer y salud en Uruguay, por ejemplo, que es una organización tan importante…” (E14) Otro grupo de legisladoras es más escéptico en relación a estos movimientos, destaca el aspecto fundamentalista o radical y considera que deben existir únicamente con el objetivo de eliminar las desigualdades económicas entre los sexos. 138

“Yo estoy en contra del feminismo, del llamado feminismo…ultra feminismo digamos, que es una falta de concertación entre las mujeres, el problema de las mujeres es un problema del cien por ciento de la población, no del cincuenta por ciento de la población.” (E12)

Actas parlamentarias En este capítulo se consideran las exposiciones oficiales, formales y públicas realizadas por los legisladores entrevistados sobre el proyecto de ley. Se reflexiona sobre los cambios y continuidades en el contenido de los discursos públicos en relación a lo declarado en ámbitos más privados, confidenciales e informales como lo fueron las entrevistas personales. Legisladores a favor del proyecto de ley Las mujeres Manifiestan su aprobación ante un eventual plebiscito sobre el tema y rechazan cualquier especulación electoral. Hacen hincapié en la compleja situación que tienen que afrontar las mujeres que deciden abortar y los daños psicológicos a los que se ven expuestas (sentimientos de culpa, la falta de apoyo, etc.). Cuestionan las definiciones sociales imperantes sobre la maternidad y las contradicciones socioculturales sobre la misma. Ponen en énfasis en la libertad de opción de la mujer y su autonomía. Señalan que la ley vigente no se aplica, que no condice con la realidad, que no tiene efecto disuasivo. En el marco de la discusión acerca del nombre que asumió el proyecto, estas legisladoras consideran que “Defensa de la Salud Reproductiva” es un nombre adecuado, porque entienden que todos los artículos que componían el proyecto de ley garantizaban los derechos sexuales y reproductivos, enmarcándose en un concepto amplio de democracia y ciudadanía. Así, queda evidenciado que las diferentes formas de llamar a las cosas, las definiciones y valores atribuidos a través de la palabra instauran la disputa también en lo lingüístico. Los varones Cuestionaron la especulación electoral en que entienden quedó inmerso el tema. Critican los planteamientos dicotómicos y las falsas oposiciones, así como las propuestas sobre educación sexual y adopción por parte de los contrarios al proyecto, a las que consideran a destiempo. Se muestran favorables a una consulta popular sobre el tema. Los entrevistados hicieron referencia a una ética que implique gobernar representando los intereses generales y no imponiendo convicciones o creencias personales. 139

Legisladores contrarios al proyecto Las mujeres Algunas están en desacuerdo con cierta intolerancia hacia quienes están a favor del proyecto y se muestran de acuerdo en realizar un plebiscito sobre el tema. Una de ellas reivindica actuar de acuerdo a sus creencias religiosas y filosóficas en su calidad de legisladora. “Yo, que soy profundamente cristiana, no me saco o dejo mis convicciones cristianas cuando entro a esta Cámara.” (E17) Sin embargo, manifestaron comprensión respecto a las mujeres que se practican abortos en condiciones de riesgo. “No soy insensible ante las muertes de mujeres que se producen al año por someterse a esta práctica en condiciones sanitarias que no son las mejores, muchas veces por falta de recursos económicos. Por supuesto que hay muertes y, lo que es peor, hay mutilaciones.” (E10) De cualquier manera, estas mujeres, al igual que los varones que se oponen al proyecto de ley, se muestran escépticas con las estadísticas que se manejan sobre muertes, mutilaciones y cantidad de abortos practicados en nuestro país. “Evidentemente, los datos y las estadísticas de nuestro país, no digo que sean mentirosos, pero sí que están muy falseados, porque aquí el aborto está penalizado.” (E10) Los varones Algunos demuestran cierto escepticismo acerca de una consulta popular sobre el tema. Otros realizan analogías entre el aborto y el contrabando o el consumo de drogas como forma de justificar su penalización. “También en Uruguay hay gente que consume drogas; también en Uruguay hay gente que se dedica al contrabando, y no por eso vamos a entrar a permitirlo todo. Creo que no es la forma.” (E18) Otros reafirmaron la postura oficial del partido político al cual representan. En general, señalan como fundamento de su postura la preocupación por la baja natalidad y la despoblación del país y sus consecuencias para la economía. En este sentido un legislador comentó: 140

“No podemos ignorar que la pirámide de crecimiento poblacional de nuestro país y por tanto de nuestro desarrollo, necesita estos hijos, ya que como consecuencia de la baja natalidad, que apenas da para mantener la población, nuestro mercado interno sufre una especie de anemia que le impide crecer; ahora se suma la inmigración de miles y miles de uruguayos, principalmente jóvenes... ¿Qué pasará entonces con la relación activo pasivo en el futuro?, ¿quiénes y a qué costo pagarán las pensiones de los jubilados?” (E20) Estos legisladores priorizan y personifican la vida del feto, hablan de instinto maternal, dejando en evidencia algunas de las definiciones sociales sobre la maternidad: “Quisiera en este momento prestar mi voz y mis palabras para defender la vida de miles de niñas y niños que hoy quisieran estar aquí presentes y decirnos: «Señores legisladores, queremos vivir».”(E3) No consideran el derecho a la salud reproductiva un derecho humano y afirman que la mujer no puede disponer de una vida ajena. “El derecho a la salud reproductiva como tal, ya vimos que no es un derecho humano porque lleva implícito la destrucción de la vida de la especie humana.” (E20) Uno de los legisladores deja entrever una concepción de la mujer como un conjunto de órganos, desfigurando la integralidad del cuerpo y la simbiosis cuerpo biológico/persona. Cabe citar su opinión al respecto de embarazos que presentan malformaciones congénitas que hacen inviable la vida extrauterina. “…es un acto de generosidad enorme por parte de un matrimonio o de una mujer, que acepte que su criatura madure en el vientre hasta que sirva para continuar la vida de otro ser mediante el recurso de los trasplantes.” (E20) Los entrevistados rechazan la consideración del aborto como acto médico y defienden la idea de la existencia de vida humana desde la concepción y como sujeto de derechos.

Reflexiones finales La experiencia cotidiana en forma satisfactoria de los fenómenos reproductivos y de la sexualidad, con libertad e igualdad, exige derechos negociados en el ámbito público, que implican entre otras cosas, formulación e implementación de políticas públicas y elaboración de leyes. Si entendemos el derecho como una construcción social que produce y refuerza identidades y subjetividades, y que, como señala Carol Smart, “es un discurso que crea sujetos con 141

género y también un discurso que crea subjetividades, es decir, identidades a las cuales el individuo viene atado” (Valladores, 2003), puede considerarse entonces, que la aprobación del proyecto de ley de “Defensa de la Salud Reproductiva” (o sea, a través de la modificación o transformación de normas jurídicas) fomentaba cambios socioculturales logrando mejores y más equitativas relaciones entre los géneros a fin de profundizar la convivencia democrática y ciudadana. Al comparar los discursos formales y públicos de los legisladores con las opiniones vertidas en las entrevistas, observamos que, en general, el formato discursivo así como sus consideraciones centrales se mantienen. Sus concepciones filosóficas, religiosas y políticas quedaron evidentes tanto en uno como en otro ámbito. La disputa que se generó en torno al nombre del proyecto (y a la utilización de los términos “salud reproductiva”, “defensa”, “interrupción”), entre quienes estaban a favor y en contra, fue uno de los temas más reiterados y polémicos, porque -a riesgo de parecer una cuestión banal- esconde concepciones filosóficas, modos de posicionarse y pensar. El poder de significar es el poder de establecer lo que es y lo que no, de imponer valores y puntos de vista. Las palabras designan cosas, expresan lo que queremos decir; Foucault (1978) menciona la relación de poder que instaura la palabra ordenada en un discurso. Los términos mencionados antes eran sustituidos -especialmente por los legisladores que se oponían al proyecto- por “ley de aborto”, “eliminación” del embarazo, “asesinato”, “homicidio”. Ni la afiliación partidaria de los legisladores ni las posturas de sus partidos sobre el tema tuvieron -en la mayoría de los casos- demasiada incidencia en la conformación definitiva de sus opiniones; pero sí la pertenencia a determinados sectores o micro partidos, como puede ser el caso del Partido Demócrata Cristiano en el Encuentro Progresista o el Herrerismo en el Partido Nacional, pues en estos casos los legisladores se manifestaron contarios en bloque, reivindicando las posturas de sus partidos o sectores sobre el tema. En lo que refiere a los sexos, la proporción de mujeres que acompañó el proyecto en ambas cámaras es claramente superior a la de los varones, 8 de 11 en la Cámara de Representantes y 3 de 4 en Cámara de Senadores. En general, los agentes que se encuentran tomando decisiones, legislando, dictaminando los eventos asociados a la reproducción y a la práctica del aborto, no participan directamente y se encuentran distantes de los procesos reproductivos. La mujer, destino seguro de las reglamentaciones jurídicas y decisiones gubernamentales, son despersonificadas y se transforman en un “útero” propiedad del Estado, de la opinión pública, de la iglesia, de los medios de comunicación. Muchas veces las propuestas alternativas a la despenalización del aborto desconocen las condiciones sociales y culturales en las que se desarrollan los eventos 142

reproductivos en nuestras sociedades. Mientras la decisión del aborto pertenece al Estado y a la sociedad, las mujeres absorben las consecuencias de la práctica. Acerca del aborto, los varones muestran una postura más conservadora que la mujer, son reacios a admitir la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que aún son vistos como cosas de mujeres. Los varones que “adhieren” a la causa lo hacen reivindicando “derechos de las mujeres” o para corregir injusticias sociales. Tanto la ideología política como la conciencia de las desigualdades de género son importantes para entender la conformación de las posturas de los legisladores. Ser de izquierda o de derecha, así como tener conciencia o no de las desigualdades, condiciona posturas acerca de leyes de estas características. De todos modos, las creencias religiosas y el grado de religiosidad de los parlamentarios fue lo que más condicionó las posturas sobre el proyecto de ley. Estos factores son muy importantes en la conformación de nuestras definiciones sobre maternidad y paternidad, lo masculino y femenino, el ejercicio de la sexualidad y el concepto de familia y su organización, lo que a su vez condiciona las posturas sobre temas como el aborto. Máxime cuando varios de los legisladores admitieron durante sus exposiciones en el Parlamento estar actuando en función de sus convicciones filosóficas y religiosas. Hay una tendencia en estos casos a considerar legítimo esta forma de proceder. En la medida en que las posturas de legisladores a favor del proyecto se justifican principalmente por injusticias sociales, de clase, por razones de índole económica y no cultural, entonces ser de izquierda o derecha sí importa. Defender a un Estado más liberal en lo económico y menos preocupado por políticas sociales, o al revés, es relevante al momento de tomar decisiones políticas sobre temas como éste. Como bien señala María Xosé Agra (2003), “en estos últimos años la retórica neo-liberal ha vuelto sobre la idea de familia como símbolo de seguridad, legitimidad y pilar básico del orden social y político. El desorden de las mujeres (fruto de la liberación sexual, píldora, aborto, anticonceptivo) es el origen de los importantes males que aquejan a nuestras sociedades.” Lo que no está claro es que la conciencia o no de las desigualdades de género por sí solas sean determinantes en la conformación de este tipo de definiciones. Sí puede ser importante (hablando en términos abstractos y definiendo situaciones teóricas) en la interacción con las creencias religiosas y las ideologías políticas. En este sentido, pertenecer a la derecha ideológica y no tener altos grados de religiosidad, pero sí conciencia o relativa conciencia de las desigualdades de género puede ser importante en la toma de decisiones liberales en materia de sexualidad y reproducción. Tal vez no podamos establecer tipologías, pero sí establecer ciertas generalidades en función de las variables estudiadas. 143

El hincapié que hicieron los legisladores a favor del proyecto sobre las injusticias socioeconómicas que provoca la penalización de la práctica, permite concluir que existe una mayor predisposición a votar afirmativamente leyes que despenalizan el aborto en los representantes con una ideología de izquierda más que de derecha. En este sentido, podemos hacer referencia a una mayor preocupación por políticas sociales y por las desigualdades sociales así como actitudes más reacias a políticas neo-liberales. Tener o no conciencia de las desigualdades de género puede incidir en el tipo de decisiones que tomen los representantes, incluso independientemente de la ideología política a la que pertenezcan. Sin embargo, si interactúa con las creencias religiosas queda condicionada por ésta y por el grado de religiosidad que presenten. Pues aunque se posicionen desde una perspectiva de cuestionamiento a los estereotipos tradicionales de género, si tienen un alto grado de religiosidad, las definiciones cristianas sobre el origen de la vida, la sexualidad y la condena al aborto así como la moral cristina en general, inciden con más fuerza en la conformación de sus posturas definitivas. Lo mismo ocurre con la ideología política cuando interactúa con las creencias religiosas y el grado de religiosidad; la primera puede quedar condicionada por las últimas. En este sentido, un representante de izquierda muy religioso probablemente tenga una postura contraria al proyecto, así como uno de derecha pero poco o nada religioso probablemente esté menos influenciado por sus concepciones cristianas al momento de tomar postura sobre el proyecto (además, en este caso también puede ser importante -aunque no determinante- el grado de conciencia de las desigualdades de género). Puesto que las posturas a favor se justifican principalmente en las injusticias sociales, y las contrarias al proyecto en concepciones filosófico cristianas (y en general misóginas), las ideologías políticas y el grado de religiosidad se tornan relevantes. Haciendo eco del punto de vista que afirma que las decisiones legislativas deben hacerse desde la investidura de representante de la sociedad y tomando en cuenta los intereses y la voluntad popular, ¿cuál es entonces la ética que debe regir en los ámbitos de decisión en sistemas políticos democráticos representativos como el nuestro? Para que la formación de una opinión pública informada y comprometida sea fundamental como estrategia al momento de implementar y consolidar los derechos reproductivos como ampliación de ciudadanía y para que las decisiones políticas (sobre temas vinculados a la sexualidad, familia y relaciones entre los géneros) reflejen la opinión pública, es necesario que haya un cambio de ética en el accionar de muchos de nuestros representantes políticos en su carácter de tales. La consolidación, desde hace casi dos décadas, de una opinión pública a favor de una nueva normativa sobre el aborto -con sus posibles consecuencias electorales-, y la ampliación de la 144

base social en esta línea, obliga a los partidos políticos a considerar al tema con cuidado. Si un partido político no contempla la voluntad ciudadana en sus decisiones políticas, queda expuesto a perder votantes. A partir de este cambio de ética que se demanda, cabe destacar las voluntades expresadas por parte de las legisladoras a favor del proyecto de ley: de romper con estereotipos, tabúes, prejuicios, de reivindicar el derecho al placer sexual, de la sexualidad como un proceso continuo en nuestras vidas, del respeto a la opción sexual de las personas. Estas acciones demuestran la intención de construir una nueva ética, que permita a los individuos reapropiarse de sus cuerpos (principalmente las mujeres), de vivir el deseo y el placer sin culpa, de desarrollar su sexualidad con autonomía e independencia cuestionando los conceptos culturales hegemónicos. ¿Cambia, todo cambia? El proyecto de ley de Defensa a la Salud Reproductiva, luego de once meses en trámite en la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, obtuvo media sanción en el mes de diciembre del 2002. El EP-FA apoyó masivamente el proyecto: 36 de sus 40 legisladores lo votaron. El Partido Nacional en cambio, optó mayoritariamente por la negativa: 18 votos en contra, 3 legisladores fuera de sala y un voto a favor. En el Partido Colorado la votación fue más dividida: 8 legisladores votaron a favor, 16 en contra y 9 se retiraron de sala. En momentos en que el proyecto se aprobaba en la Cámara Baja, el Presidente de la República, Jorge Batlle, anunciaba que de sancionarse en ley, la vetaría. Después de estar algo más de un año estancado en la Comisión de Salud Pública del Senado, el proyecto comenzó a discutirse en los primeros meses de 2004 para intentar su aprobación definitiva. El contexto político y social del país era muy especial: año electoral en un país que prometía algo más que la alternancia de partidos en el gobierno, era la posibilidad histórica de la llegada al poder de la izquierda luego de más de un siglo de gobiernos blancos y colorados. Finalmente, el proyecto de ley es rechazado en el Senado; los votos en contra fueron blancos, colorados y uno del EP-FA, mientras los votos a favor fueron mayoritariamente frentistas. Actualmente, el país dio un vuelco histórico respecto a la conducción del Estado. La izquierda ya es gobierno y tiene mayoría parlamentaria en ambas cámaras, además de gobernar varias intendencias en el interior, entre ellas la de los principales departamentos. Sin embargo, en lo que refiere a derechos sexuales y reproductivos aún estamos en una gran nebulosa. Por momentos los vínculos entre Iglesia y Estado se hacen ambiguos5, y los fantasmas del veto presidencial frente a una ley de salud sexual y reproductiva vuelven a aparecer. 5

Tabaré Vázquez homenajeó con un monumento al fallecido papa Juan Pablo II, decisión que generó mucha polémica.

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Anexo 1

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Anexo 2

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La opinión pública, la democracia representativa y el aborto Lucía Selios

Introducción Nuestro sistema político se enmarca en lo que denominamos democracia representativa, con un régimen de gobierno presidencialista y separación de poderes. El parlamento tiene tres funciones: control del ejecutivo, legislación y representación de la ciudadanía. El significado y tipo de representación es un tema arduo y permite varias interpretaciones. Implica tanto representar los intereses de la ciudadanía, como mediar en los conflictos de intereses, o incluirlos y modificarlos en vistas del bien general. El Presidente tiene también potestades legislativas ejerciendo el decreto y el veto. Por su parte, la ciudadanía dispone de algunos mecanismos de democracia directa con la potestad de derogar o aprobar leyes o textos constitucionales. Según manifiesta Korzeniak1, estaría disponible una forma de iniciativa legislativa para la ciudadanía, pero necesitaría reglamentación para poder ejercerla. El concepto de ciudadanía también puede ser analizado de forma diversa. Puede considerarse ciudadanía a toda la población, a los votantes o a aquellos que se interesan por los asuntos públicos. La ciudadanía a su vez puede influir sobre sus gobernantes por muchos medios: por grupos de presión que reflejan intereses concretos, por mecanismos de democracia directa u otros. Las encuestas de opinión pública pueden asimilarse o no a la ciudadanía. No, si se concibe una ciudadanía activa o en debate e intercambio. Sí, si se entiende a la ciudadanía como el conjunto de los votantes. De hecho, este tipo de encuestas refleja la opinión de ciudadanos individuales acerca de determinados asuntos sobre los que se les consulta y la estadística permite asegurar en todos los casos -con rangos de error- que tal o cual proporción de 1

Senador de la República por el Frente Amplio, Partido Socialista. Reconocido constitucionalista uruguayo.

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ciudadanos piensa de determinada manera en un momento dado y sobre un determinado asunto. Discusiones aparte, las encuestas de opinión pública, son una herramienta-insumo estadísticamente válida que releva lo que opinan los ciudadanos ante determinados temas. Ahora bien, si se toma la opinión pública como la opinión de los ciudadanos sobre determinado tema, también es interesante ver cómo las acciones de los legisladores, el Presidente de la República y los partidos políticos acompañan estas opiniones. Para ello el presente artículo se divide en tres partes. En primer lugar, el análisis detallado de la información de opinión pública que se ha publicado en el país sobre el tema de aborto, a fin de establecer la evolución y el estado de opinión al respecto. La segunda sección analiza brevemente las acciones de los gobernantes y de los partidos políticos en relación al tema y simula posibles escenarios con el objetivo de ver cómo estas acciones estuvieron en consonancia o no con la opinión pública. Finalmente, se analizan los posibles escenarios ante el reciente proyecto de ley, bajo un nuevo gobierno, con cambios en la representación parlamentaria y un nuevo Presidente, lejos de la campaña electoral y en el marco de un determinado estado de opinión pública.

El aborto en la opinión pública Los datos publicados por las empresas de opinión pública sobre la temática del aborto se diferencian tanto en los tiempos como en las formas de abordarla. Aún así, fue posible reconstruir la evolución de algunos indicadores relevantes a lo largo de una década. Bajo el rótulo de «información básica» se distinguen tres momentos. El primero contempla los estudios anteriores a la presentación del Proyecto de Ley de Salud Reproductiva (antes del 2001). El segundo coincide con la discusión del mismo en la Cámara de Senadores. Y el tercero, con la votación en el Senado y el comienzo de la campaña electoral. Información básica En el primer momento, son dos las empresas que publicaron al menos algo acerca de la temática: Cifra y Factum. Ambas abordaron el tema de forma diferente. Hacia fines de la década del 90 y comienzo del 2000 la problemática de los abortos clandestinos en Uruguay y las muertes de las mujeres que se los realizaban en pésimas condiciones tuvo fuerte presencia en los medios masivos de comunicación y por ende en la opinión pública. En este contexto es que Cifra desarrolla algunos estudios de opinión pública sobre la problemática. Concretamente, la empresa pregunta -en el período comprendido entre 1998 y 152

2000- la opinión de las personas acerca de qué se debía hacer con la situación.2 Luego se centran en las posibles soluciones al problema, que iban desde legalizar el aborto a reprimirlo. Finalmente, se indagaba sobre en qué casos el entrevistado estaría de acuerdo en que se practicaran abortos.

Tablas construidas en base a la información elaborada por la empresa Cifra publicada en el diario El País con fecha 13 de

diciembre de 1998 bajo el título “El problema del aborto”, y en Semanario Búsqueda (3 de agosto de 2000) bajo el título “El

aborto: 38% se inclina por despenalización total o parcial, 11 por prohibirlo y cerrar clínicas, y 38% por dejar las cosas como están”. Por más información véase www.cifra.com.uy.

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En el artículo escrito por Adriana Rega en 19983, se observaba una leve tendencia favorable a la legalización del aborto, pero al completar la serie, tal cual se ha presentado aquí, se constata que para el año 2000 existía un retraimiento de las opiniones favorables. Véase que para el año post-electoral aumentó el número de personas que pensaban que “era mejor dejar las cosas como estaban”, así como también aumentó levemente el de aquellos que preferían tomar medidas contra las clínicas y prohibir los abortos. Lo mismo sucedía en la mayoría de los cuadros de situaciones en las que se podría interrumpir el embarazo, en los cuales todas la categorías cayeron entre dos y cinco puntos porcentuales con respecto a 1998, volviendo a niveles aún más bajos que en 1994. Esto es así para todos, excepto para la opción “si la embarazada quiere abortar”. Si bien no superaba el 30%, es la única situación en la cual se registró un leve aumento. Lamentablemente, estas series se discontinuaron pues el año siguiente se modificó el centro del análisis. En 2001 se preguntó sobre el posible acuerdo con una eventual ley sobre el tema y el impacto que tendría sobre el número de abortos que se practicaban en el país. En esa oportunidad, el 47% se manifestó a favor de este tipo de iniciativa. El 45% pensaba que una ley como ésta haría aumentar el número de abortos practicados, mientras que el 34% pensaba que no afectaría la cantidad y sólo un 14 % opinó que haría disminuir la práctica. También la empresa Factum indagó en este período. En el 20014 publicó los datos para ese año e hizo referencia a los estudios de 1993. En esta publicación se relevó la posición genérica sobre el tema y se subrayaron nueve situaciones concretas en las cuales se podría aceptar o no un aborto. Estas situaciones se agruparon en: 1) ampliamente mayoritarias por 3 4

Responsable por la empresa Cifra en ambos artículos.

Nota emitida en radio El Espectador. Publicada el 25 de marzo de 2001 bajo el título “Factum: La posición varía según las

situaciones El aborto divide a la sociedad uruguaya entre el apoyo, el rechazo y la duda”. En www.factum.edu.uy.

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permitir; 2) totalmente minoritarias y 3) polarizadas (o sea, aquellas para las que la opinión pública se divide en porcentajes casi idénticos). A pesar de no presentar números exactos, los grupos y las temáticas propuestas no coincidían con el agrupamiento de los datos de la empresa Cifra recién presentados.

La gran diferencia con respecto a Cifra fue en relación a la práctica del aborto en forma libre. Esta diferencia podría interpretarse como resultado de la forma diversa en que cada empresa preguntó y no de existiese un aumento real de un año al otro. En el año 20035 la empresa Factum publicó una serie con sus datos sobre la cantidad de gente a favor y en contra de todas las medidas incluidas en la Ley de Salud Reproductiva. Los datos presentados en el siguiente cuadro fueron agrupados en tres categorías.

En 2003 también amplía la información, especialmente en la distribución de opiniones según segmentos, y se publica en

Radio El Espectador (14 de marzo de 2003) bajo el título de “Ley de aborto”. Asimismo, Factum publicó en 2002 un análisis detallado de la posición de los legisladores, en Radio El Espectador (13 de diciembre de 2002), bajo el título “La ley del aborto

corta por dentro a los partidos”. Y en el 2004, un análisis sobre el tema del aborto y la campaña electoral, que también fue

publicado en Radio El Espectador el 23 de abril de 2004 bajo el título “Un tema quemante en campaña electoral: la despenalización del aborto”. En www.factum.com.uy.

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Al simular el mismo ejercicio para los datos de Cifra, reagrupando las llamadas «medidas a tomar»6, resulta la siguiente evolución.

Es interesante resaltar que, hasta el año 2001, ambas empresas hablaban de tendencias de largo plazo y de la estabilidad que se obtenía en las respuestas. Ya en el segundo momento analítico y hacia el año 2003, además de la publicación de Factum, se registra la publicación de la empresa Radar7.

Se reagruparon en la categoría a favor, las opciones “legalizar” y “legalizar en algunos casos”. Por otro lado, se agruparon

“prohibir los abortos y cerrar clínicas” y “mejor dejar las cosas como hasta ahora”. La información para 2001 aparece publicada

en Semanario Búsqueda con fecha 24 de mayo, por Luis Eduardo González, bajo el título “La suerte de un eventual plebiscito que pudiera convocarse sobre despenalizar el aborto dependería de los detalles de la propuesta”. En www.cifra.com.uy. 7

Publicado en Boletín Digital número 10, el 13 de noviembre de 2003, bajo el título «Opiniones sobre diferentes proyectos

de ley». En www.gruporadar.com.uy.

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Esta empresa publicó en su boletín digital la opinión de la población acerca de algunos proyectos de ley que estaban a estudio del Parlamento, entre ellos el de salud reproductiva que ya había sido aprobado por Diputados y se encontraba en la Cámara de Senadores. Según Radar, el 42% estaba totalmente de acuerdo y un 33% en desacuerdo. Al agrupar las categorías en acuerdo y desacuerdo, resultó un 57% a favor de la iniciativa y un 39 % en contra. Recién en el año 2004 aparecieron varios relevamientos con mayor detalle sobre el tema. Las empresas Interconsult, Equipos Mori y la encuesta realizada en el marco del Proyecto Género y Generaciones: reproducción biológica y social de la población uruguaya,8 son las fuentes pare este período. Interconsult9 publicó sus datos en marzo de dicho año. Allí detalló la información obtenida y los datos que tenía del 2002. A partir de esta información y distribuyendo por partes iguales la categoría «a medio camino» entre las opiniones favorables y desfavorables, se construyó el siguiente cuadro. Esta empresa vuelve a registrar lo que ya se veía en otras: un aumento considerable de las opiniones a favor de la despenalización del aborto.

8 9

Proyecto cogestionado por MSP, IMM, INE, UDELAR, MYSU, UNFPA y PNUD.

Publicado en el diario Últimas Noticias el 16 de abril de 2004 bajo el título “Opiniones divididas en relación al aborto”. En

www.interconsult.com.uy. Aquí se menciona la información del año 2002 además de la correspondiente a 2004.

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Pero además, Interconsult midió las situaciones en que se estaría de acuerdo con el aborto. La sola voluntad de la mujer alcanzaba el 40%, mientras que las razones económicas o el embarazo no deseado se colocaban levemente por encima de ésta. Finalmente, las circunstancias de riesgo de vida y violación alcanzan un gran porcentaje de adhesiones. La condición de mujer soltera es la que menos justificaría la práctica del aborto. El estudio realizado por Equipos Mori en abril del 2004 es amplio y contiene mucha información a la que este informe se referirá más adelante10. El mismo contemplaba el conocimiento del proyecto de ley de salud reproductiva (51% lo conocía11), la actitud que tomaría la población ante un eventual plebiscito (más de la mitad firmarían), la actitud que tomaría hacia las elecciones si su partido votara diferente a su opinión (56 % manifiesta que no cambiaría su voto si sus representantes partidarios votaran diferente a su opinión sobre el tema), y la actitud que tendría la población ante un posible veto del Presidente Batlle (sólo sería respaldado por el 25 % de los entrevistados) y la centralidad del tema en la campaña electoral (el 57% opinó que era un tema relevante en la campaña electoral y el 61% consideró que los partidos deberían tomar posición). Sobre la opinión de la población acerca un proyecto de ley que incluyera educación sexual en escuelas y liceos, que asegurara el acceso a métodos anticonceptivos y que habilitara a la mujer a interrumpir el embarazo dentro de los tres primeros meses se obtuvieron los siguientes guarismos.

Es interesante resaltar que la posición general en relación con la aprobación de esta ley, arrojó un 63% a favor. 10

El estudio fue encargado a la empresa Equipos Mori, por la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de

la Salud Reproductiva. 11

Entre las personas que conocían el proyecto, el acuerdo con las disposiciones y la ley en general es mayor que entre quienes

no lo conocían.

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Equipos Mori también relevó el acuerdo con cada uno de los temas incluidos en la ley. Hubo unanimidad en cuanto a la incorporación de la educación sexual en el proyecto (93 %) y al acceso a métodos anticonceptivos (97 %). El 45% se manifestó a favor de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo este guarismo aumentó significativamente entre las personas que declaraban conocer el proyecto, alcanzando el 56%.12

La última información disponible es la producida por el Proyecto Género y Generaciones. La encuesta realizada en el marco de dicho proyecto arrojó los siguientes resultados:

Esta encuesta nacional se realizó entre octubre y diciembre de 2004, a 6.500 respondentes, hombres y mujeres entre 15 y 79 años, del país urbano y suburbano (poblaciones de más de 5.000 habitantes). El formulario de la encuesta incluía un set de preguntas respecto al contenido del proyecto de ley que había estado en el debate parlamentario. Como se puede apreciar, la encuesta registra los niveles de acuerdo más altos, en concordancia con la evo12

El estudio de Equipos Mori discrimina a los entrevistados según si tenían o no conocimiento del proyecto. Entre las perso-

nas que declararon conocer el proyecto, los niveles de acuerdo -en todas las preguntas- aumentaban significativamente, y en particular, es en la pregunta sobre interrupción del embarazo fue donde se registró la mayor brecha.

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lución que se venía registrando, llegando a un 66% de opiniones a favor del proyecto de ley. Lo mismo sucedió con los temas o circunstancias incluidas en la misma. Según estos datos, el acuerdo con la habilitación a interrumpir el embarazo dentro de las 12 semanas de gestación superaría el 50 %.

La información publicada por las empresas incluye, en la mayoría de los casos, el análisis por segmentos socioeconómicos y demográficos. Para todas las fuentes, y en diferentes momentos, los estratos económicos medios y altos, así como los niveles educativos altos y medios, son más favorables a la legalización del aborto que quienes tienen menos recursos o han cursado menos años de educación formal. También se distingue según el grado de religiosidad y el tipo de religión, siendo los integrantes de iglesias no católicas quienes presentaron niveles más altos de rechazo. Los católicos practicantes fueron un poco menos favorables que aquellos católicos no practicantes, quienes, junto con los creyentes sin religión, los pertenecientes a religiones afro brasileñas y los ateos, se ubicaron más a favor a la iniciativa. El lugar de residencia constituyó otra segmentación con opiniones diferenciadas, siendo los montevideanos más favorables al proyecto que los residentes en el interior del país. El análisis según sexo y edad presentó algunas disonancias en la información publicada a lo largo de los años. Las primeras encuestas señalaban a los hombres y a los adultos de más de 30 y menos de 60 años como los más favorables a estas iniciativas. Sin embargo, las encuestas del 2004 del Proyecto Género y Generaciones, Radar e Interconsult mostraron que las mujeres son las más favorables, lo que sugiere una contratendencia en el análisis según sexo. Las mujeres fueron las que más cambiaron su opinión respecto al tema en este tiempo. En cuanto a la variable edad, los más jóvenes son levemente más contrarios a estas medidas, pero parecerían cambiar su opinión con el paso del tiempo. En 1993 los más jóvenes eran 160

menos favorables al cambio de normativa en relación con el aborto que los adultos jóvenes (más de 30 años) en 2003. Lo mismo sucedió con los mayores de 60 años, que se han vuelto algo más favorables a este tipo de normas. De acuerdo a la auto-identificación ideológica, la diferencia entre izquierda y derecha es de 15 a 20 puntos porcentuales, siendo la izquierda la más favorable al proyecto de ley. Esto es así tanto para Cifra en el año 2001 como para Radar en el 2004. Por último, si se analiza la opinión favorable según intención de voto para las elecciones nacionales de 2004, se encuentran dos mediciones concretas, una realizada por Factum en diciembre 2002 y otra por Equipos Mori en el 2004. Al leer el cuadro, hay que tomar en cuenta que para el año 2002 el Partido Colorado todavía tenía mejor intención de voto que el Partido Nacional, y por lo tanto muchos de los que pensaban votar al primero en esa fecha ya no lo pensaban hacer dos años después. Esto es importante, pues en cada medición se está considerando diferentes poblaciones.

Aún así, el 70% de los frenteamplistas manifestaron estar de acuerdo con el proyecto de ley, así como un poco más de la mitad de los votantes del Partido Nacional. Estos guarismos se mantuvieron tanto en el momento que se aprobaba el proyecto de ley en diputados como cuando fue rechazada en el senado. Los mismos se confirmaron también por Radar en el 2003 e Interconsult en el 2004. Ambas empresas señalaban que los frenteamplistas eran ampliamente favorables y los nacionalistas los menos favorables. En general Hasta aquí se intentó presentar un resumen de la información básica de opinión pública que existe en el país sobre el tema. Pero lo más interesante es poder mirarla en forma ordenada y resumida. Para ello se ha construido una serie con los datos suministrados por las empresas, presentando promedios 161

cuando existe más de una fuente de información para ese año. Por ejemplo, para 1993 sólo existe información de la empresa Factum; sin embargo, en el 2004 son tres las fuentes de información. Recién a partir del 2000, existen datos para todos los años. Aceptando que no son exactamente los mismos datos ni provienen de la misma fuente, se puede continuar el análisis, pero con la cautela del caso. De esta serie surgen varias conclusiones interesantes: la primera es acerca de la aparente estabilidad que habían tenido las opiniones hasta la presentación del proyecto de ley. Es a partir del 2001 que las opiniones a favor aumentan y diminuyen en rangos de 10 puntos porcentuales las opiniones en contra en los últimos años. La serie 1998-2001 de la empresa Cifra refleja una retraída de las opiniones favorables. Ese retraimiento coincide con el período electoral 1999-2000, fenómeno que no se repite hacia los comicios de 2004. Muy por el contrario, en esta oportunidad las opiniones favorables siguieron en aumento, marcando la tendencia desde el 2001.

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Idéntico comportamiento se observa a nivel de los temas y circunstancias para la práctica del aborto. Para su construcción se siguió el mismo procedimiento que para el caso anterior, sólo que para el 2004 no se promedió, sino que se presentaron los datos por empresa.

En general, todos los temas y circunstancias presentan aumentos de medición a medición, con excepción de problemas serios de malformación fetal registrados por Cifra, que coincidieron con el retraimiento del año 2000. A pesar de que no todos los temas y circunstancias fueron relevados con continuidad, el siguiente gráfico constituye un buen resumen, sobre todo para tres temas: educación sexual, acceso a anticonceptivos e interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas. Mientras los dos primeros crecen en pequeñas proporciones, la interrupción voluntaria creció de 22 a 53 puntos porcentuales en la última información relevada. 163

Esto se puede explicar por dos razones. En primer lugar, que en las primeras mediciones se preguntó como generalidad, sin incluir el plazo de 12 semanas, mientras que en los últimos sí se hizo. Pero también puede indicar una modificación en la opinión de los uruguayos al respecto. Esto se confirma además porque Interconsult en el año 2004 preguntó de la misma forma que lo había hecho Cifra en los años anteriores y la diferencia es de 11 puntos porcentuales con respecto a la anterior medición. La opinión pública y el aborto Varias observaciones se desprenden de la información publicada por las empresas de opinión pública en el país, así como de los datos estandarizados presentados en este documento con el objetivo de ser comparados y analizados en el tiempo. En primer lugar, las formas de preguntar inciden en los resultados de las opiniones recogidas. De hecho, Equipos Mori, Factum, Proyecto Género y Generaciones y Radar preguntan por el proyecto de ley o por la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas. Sin embargo, Cifra e Interconsult preguntaron sobre la interrupción del embarazo por voluntad de la mujer, sin establecer plazos. En estas últimas, por tanto, las opiniones favorables se sitúan siempre entorno a los 10 puntos porcentuales por debajo que en las demás. Según el análisis de todos los datos aquí presentados se puede arribar a varias conclusiones: 1) Se registra un punto de inflexión hacia el primer año de gobierno del Presidente Batlle (2000): es la única vez que se observa un aumento de las posiciones desfavorables y una disminución de las favorables, que luego se revierten al año siguiente. 2) Es partir de 2002 que las opiniones favorables crecen proporcionalmente a la disminución de las opiniones negativas, llegando a variar en 7 puntos porcentuales en sólo un par de años. Este dato no es menor, porque como ya fuera advertido, las empresas Cifra y Factum habían señalado en el año 2000 que en la década anterior las opiniones habían permanecido estables. Los registros disponibles muestran que las mujeres y los jóvenes son los sectores en los que más ha aumentado la posición favorable. Lo mismo sucede con el recambio en las generaciones mayores de sesenta años, antes mucho más opuesta que ahora. 3) Es interesante señalar que incluso el tema más polémico, la interrupción voluntaria de la gravidez hasta las 12 semanas de la gestación, registró un aumento importantísimo en los últimos años, alcanzando más del 50% de apoyo según los datos del Proyecto Género y Generaciones. En síntesis, a partir del 2002 la opinión pública comienza a cambiar notablemente su posición con respecto a una ley del tipo que se propuso. Asimismo, la más polémica de las 164

circunstancias, «habilitación de la mujer a interrumpir voluntariamente su embarazo», aumentó de un 22% de aprobación en 1994 a 53% diez años después. Teniendo en cuenta la evolución de la opinión pública, es oportuno plantearse la siguiente pregunta: ¿qué hubiera sucedido si la votación reflejara las mismas proporciones de acuerdo de la opinión pública según partido político? Para hacer esta simulación se utilizaron los datos publicados por Factum correspondientes a diciembre 2002 (dado que la caída en intención de voto que luego sufre el Partido Colorado se reflejará más adelante13, esta información se parece más a la opinión de sus antiguos electores), y los de Equipos Mori de 2004. Según la información de estas empresas, el 70 y 73% de los frenteamplistas estaban a favor en el 2002 y 2004 respectivamente. Los porcentajes a favor de los votantes del Partido Colorado eran 45% para 2002 y 79% para 2004; mientras que los votantes blancos se manifestaron a favor en un 53% y un 56% en 2002 y 2004 respectivamente.

Si se realiza la distribución de los senadores por partido según los niveles de adhesión del año 2002, hubieran sido 15 los senadores que deberían haber votado a favor. Por lo tanto, el proyecto no hubiera alcanzado la mayoría necesaria para su aprobación en el Senado. Pero si se toman los datos para el año 2004 registrados por Equipos Mori, distinto hubiera sido el resultado, dado que la simulación arrojaría 22 votos a favor de la iniciativa y por lo tanto hubiese sido aprobada. Vale la pena preguntarse qué sucedería si la simulación se hiciera para la constitución actual de la Cámara de Senadores. En el 2005 se renuevan las cámaras y cambia además la proporción de legisladores por partido y fracción. Cabe reflexionar acerca de cómo deberían actuar los senadores ante la iniciativa, de acuerdo a los registros de opinión pública. 13

Ver evolución de intención de voto en www.fcs.edu.uy. Banco de datos Política y Relaciones Internacionales.

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La simulación consiste en otorgar los mismos porcentajes presentes en la opinión pública a la bancada de cada partido. El resultado sería que el proyecto debería aprobarse con 20 ó 21 votos en el Senado: por lo menos 13 del Frente Amplio, 6 del Partido Nacional y 1 ó 2 del Partido Colorado. Si la misma estimación se hiciera para la Cámara de Diputados el proyecto de ley debería ser aprobado por cómoda mayoría.

En síntesis Era improbable la aprobación del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva en el Senado en el 2004. Podría haber sido aprobada si la votación hubiera reflejado la opinión ciudadana registrada en aquel momento. Actualmente, el contexto debería ser más favorable porque la izquierda cuenta con la mayoría parlamentaria, aunque el Partido Nacional también incrementó sus escaños. Pero, si la votación reflejara la opinión ciudadana, el proyecto debería aprobarse holgadamente, y el Partido Nacional debería reflejar mejor la opinión de sus votantes.

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Actores sociales y debate ciudadano en torno a la campaña a favor de la Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay: reflexiones, prácticas y lecciones aprendidas Silvana Weller, Mariana Romero y Silvina Ramos

Introducción Una de las estrategias centrales de la campaña desarrollada en Uruguay a favor del Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva consistió en la construcción de una alianza amplia de actores en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en el entendido de que éste era un asunto de profundización de la democracia y construcción de ciudadanía. Los puntos de consenso fueron: aborto inseguro como problema de salud pública; aborto como asunto de justicia social, respeto a la diversidad y derechos humanos; y profundización de la democracia. En tal sentido, instituciones sociales, académicas, sindicales, profesionales y religiosas se unieron en defensa del proyecto de ley, realizando conjuntamente acciones de incidencia política y declaraciones públicas de adhesión al mismo. Esta estrategia se consolidó con la conformación de la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva.1 Esta experiencia, como se desarrollará y ejemplificará a lo largo del presente apartado, ha sido reconocida como un ejemplo de construcción de consensos desde la diversidad de actores y posicionamientos. Intentaremos mostrar que este proceso también brinda insumos 1

La Coordinación está integrada por: MYSU (Mujer y Salud en Uruguay); CNS (Comisión Nacional de Seguimiento:

Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía; CLADEM Uruguay; Cotidiano Mujer; Casa de la Mujer de la Unión; Mujer Ahora; Central Única de Trabajadores/as (PIT-CNT); Consejo de Estudios y Difusión de las Culturas y Religiones Africanas y Amerindias; Iglesia Metodista del Uruguay; Católicas por el Derecho a Decidir; Iglesia Valdense; Red Género y

Familia; Red de Jóvenes DESYR; Juventud Socialista y Juventud de la Vertiente Artiguista (Frente Amplio); Grupos de la Diversidad Sexual.

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para comprender cómo opera el cambio social a través de las modificaciones socio-subjetivas de los actores sociales involucrados en una problemática. El estudio de opinión pública contratado por la Coordinación Nacional de Organizaciones a la consultora Equipos Mori, realizado los días previos a la votación en el Senado (28 y 29 de abril de 2004), arrojó los siguientes resultados: el 63% de la población manifestaba su apoyo al proyecto de ley y éste estaba relacionado con el grado de conocimiento sobre su contenido (el porcentaje de opiniones a favor aumenta para quienes conocen el proyecto). Prácticamente había unanimidad de opiniones sobre la inclusión de la educación sexual en la enseñanza pública y la facilitación del acceso a los métodos anticonceptivos (93% y 97% de la población encuestada respectivamente). Cuando se trataba de que una mujer se realizara un aborto en los tres primeros meses de embarazo, el 45% estaba a favor de que existiera la posibilidad y el 47% estaba en contra. Pero entre quienes habían sentido hablar del proyecto, el 56% estaba de acuerdo en que la mujer tuviera la posibilidad de interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación.2 El estudio también permitió también constatar que el debate público había logrado una masividad como nunca antes había tenido y que las personas, cuanto más informadas estaban, más se posicionaban a favor del proyecto. Durante dos años, uno de los cometidos de la campaña ciudadana fue informar ampliamente sobre el contenido del proyecto de ley y el estado de situación de los derechos sexuales y reproductivos en distintas ciudades del país, en zonas rurales, en barrios, en sindicatos, grupos de jóvenes y organizaciones de mujeres. Se elaboraron también campañas publicitarias para informar a la ciudadanía.3 A pesar de que el Proyecto de Ley de Defensa de Salud Reproductiva no logró la aprobación esperada en el debate legislativo4, el proceso generado desde las organizaciones de mujeres para ampliar la base social de apoyo a dicho proyecto y la repercusión obtenida en la opinión pública merecen ser sistematizados. La importancia de trascender el plano descriptivo de “lo que pasó” para profundizar en el análisis de “por qué pasó”, es fundamental para entender retrospectivamente los factores que influyeron en las acciones para el cambio de la ley. Pero además, importa sustancialmente profundizar en las lecciones aprendidas para fortalecer el activismo y calificar las próximas acciones de incidencia ciudadana. 2 3 4

Ver Capítulo sobre El aborto en la opinión pública, en esta misma publicación. Ver capítulo sobre Debate social, en esta misma publicación.

Ver Capítulo Debate parlamentario, en esta misma publicación.

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Metodología En el presente apartado se presenta la sistematización de 23 entrevistas realizadas a actores y actrices que participaron de modo protagónico en los procesos bajo estudio. En la elección de los entrevistados se buscó cubrir el amplio espectro de los grupos que conformaron la Coordinación Nacional de Organizaciones, miembros de las dos Cámaras que debatieron el proyecto de ley y representantes de otros sectores sociales que tuvieron protagonismo en los sucesos. Si bien la herramienta metodológica consistió en un cuestionario de quince preguntas (ver anexo 1), las investigadoras trabajaron con un estilo de entrevista abierta, permitiendo desarrollar casuísticamente con más o menos profundidad algunos de los tópicos. Las entrevistas fueron realizadas por dos investigadoras del CEDES5 durante agosto de 2005. Fueron grabadas y su trascripción ha sido el insumo base para construir un texto único en el cual no se identifica quién ha dicho qué, preservando el anonimato de los informantes. El espíritu del análisis de las entrevistas y la forma de exponer los resultados fue comprender un proceso complejo de múltiples voces, exponer los matices y las contradicciones con la esperanza de señalar tensiones que podrían servir de insumo para mejorar las acciones a futuro con respecto a la aprobación de una ley que garantice las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la población uruguaya. Siguiendo los lineamientos tradicionales del análisis cualitativo, es preciso destacar que el eje del análisis no fue buscar las opiniones mayoritarias, sino desplegar de modo sistemático los diferentes sentidos que tienen los temas, no buscando ponderar (salvo excepciones) la representatividad de las respuestas con respecto a la población entrevistada. Se ha recurrido también a incluir frases textuales de las entrevistas. Se seleccionaron las frases que mejor ejemplifican expresiones o conceptos que representan a otros entrevistados. La lectura crítica y contextuada que entiende el carácter histórico social de procesos como el que aquí se analiza desde la perspectiva de actores destacados, podrá brindar también herramientas para la comprensión de procesos similares en otros países de la región y del mundo.

Resultados Se presentan a continuación los resultados más relevantes del análisis de las entrevistas a los protagonistas que desde diferentes ángulos contribuyeron a la movilización por el Proyecto 5

Silvina Ramos y Mariana Romero.

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de Ley de Salud Reproductiva en Uruguay, así como de algunos legisladores que tuvieron en sus manos la discusión del mismo. Las descripciones, reflexiones y análisis fueron organizados en nueve núcleos temáticos: 1. aspectos positivos y/o destacables del proyecto de ley; 2. aspectos negativos y/o mejorables del proyecto de ley; 3. razones por las cuales el proyecto de ley es necesario para el Uruguay de hoy; 4. análisis de los factores o sucesos que permitieron que la sociedad civil y la legislatura realizaran avances cuali y cuantitativos con respecto a experiencias similares anteriores; 5. lecturas con respecto al apoyo social hacia la ley y la movilización originó; 6. ejes que organizaron el debate público; 7. sistematización de lecciones aprendidas a partir del proceso y estrategias a futuro tendientes a lograr la aprobación de la ley. Aspectos positivos o destacables del proyecto de ley Preguntados por los aspectos positivos del proyecto de ley, la mayoría de las personas entrevistadas inició sus comentarios enfatizando que la principal virtud del proyecto, considerado en su generalidad, era la de reemplazar la legislación vigente que se caracterizó como obsoleta, inadecuada, represiva y fundamentalmente inútil para “frenar” el problema del aborto en Uruguay. En este sentido el proyecto propuesto tendría la virtud de ser “pragmático” además de innovador en materia de derechos reproductivos. Se destacó desde diferentes ángulos lo novedoso del proyecto de ley con respecto a proyectos anteriores, que se caracterizaron por estar centrados casi exclusivamente en el tema del aborto. “Una de las fortalezas más grandes del proyecto de ley fue vincular el tema del aborto con el tema de la educación sexual y de la distribución de métodos anticonceptivos. Esto es una cosa nueva con respecto a otros proyectos anteriores donde el tema casi exclusivo era el del aborto. De hecho, creo que la encuesta de opinión pública mostró que, cuando la población piensa el tema del aborto inscripto en la educación sexual y la anticoncepción, tiene una opinión distinta que si vos se lo planteás en seco.” La mayoría de los entrevistados destacó que el abordaje de la salud sexual y reproductiva propuesto por el proyecto de ley era integral, ya que incluía el problema del aborto en un marco de iniciativas tales como educación sexual en las escuelas públicas, la provisión gratuita de métodos anticonceptivos y asesoramiento profesional, la promoción de maternidades y paternidades responsables, la exigencia de responsabilidad del Estado en materia educativa y sanitaria con relación a la salud reproductiva y porque, desde lo filosófico, se enmarcaba en el contexto de los derechos reproductivos y sexuales. 170

Los entrevistados opinaron que el proyecto de ley habilitaba el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. “Esto promovía un cambio profundo en la sociedad, en el sistema de salud y en percibir a las personas como sujetos de derechos.” El proyecto de ley recuperó la renovación del paradigma ocurrida en los últimos veinte años en el campo de la reproducción y anticoncepción, en la medida que el eje de las decisiones se ubicaba en el derecho de las personas, y en particular de las mujeres, a regular su fecundidad (paradigma de la salud reproductiva). Este planteo, con eje en la autonomía de las mujeres y el énfasis puesto en los derechos, fue el que diferenció este proyecto de ley del paradigma anterior (el de la planificación familiar), en el que los intereses considerados superiores eran los de los Estados y sus necesidades de política demográfica (regulación de nacimientos) (Hardy, 1999). Asimismo, se señaló que el proyecto de ley contemplaba el cambio de modelo de mujerreproductora al de mujer-sujeto de derechos, así como también una concepción sobre la sexualidad más afín a los desarrollos conceptuales y reivindicaciones de los movimientos feministas y de diversidad sexual que han tenido lugar en occidente en las últimas tres décadas. “Se coloca a la sexualidad en un plano de realidad humana concreta en la que estamos viviendo, no es un texto idealista, tampoco es evasivo. Sobre todo maneja conceptos de sexualidad que son compatibles con la comprensión de nuestra antropología bíblica. No tenemos un sexo, sino que somos un sexo.” Uno de los ejes de este cambio de pensamiento es el paso de la mirada represiva sobre la sexualidad no reproductiva (pensamiento patriarcal que dio origen a las legislaciones vigentes en la mayoría de los países latinoamericanos) a la noción de sexualidad como escenario de expresión humana y la consecuente necesidad de reformular el rol del Estado como garante de los derechos sexuales de los individuos. Aspectos negativos y/o mejorables del proyecto de ley Algunos actores expresaron objeciones sobre los modos como se trabajó políticamente el proyecto de ley, manifestando distintos puntos de vista: “Hubo algunos actores que no se sintieron claramente reflejados en la forma de redactar la ley pese a que sí fueron consultados, pero no fueron consultados como colectivo, sino que fueron consultadas algunas personas individuales”. Otros señalaron cuestionamientos a la demora en el trámite parlamentario porque entendieron que tuvo efectos negativos para la aprobación del proyecto, porque se “arrastró” el 171

debate en el Senado al año electoral. Esto se podría haber evitado si la Comisión de Salud del Senado no hubiese demorado más de un año y medio en dar tratamiento al proyecto que ya venía aprobado desde la Cámara de Diputados. “Lo primero negativo del proyecto, como lo tuvieron todos los demás, es su presentación temporal. Fue planteado en tiempo electoral”. Respecto al texto del proyecto, se señalaron como cuestionamientos que las modificaciones que se introdujeron en el debate en Cámara de Diputados, especialmente aquellas sobre causales atenuantes y eximentes, eran contradictorias con el contenido general del proyecto. Otra crítica planteada por algunos entrevistados fue que las mujeres menores de 18 años tenían que contar con autorización de padres o tutores o su tramitación ante juez para realizarse un aborto en las condiciones que establece la ley. “Las posibilidades reales de una adolescente menor de 18 años, que carece de apoyo de sus padres, de acceder a realizar un trámite frente al juez son prácticamente nulas” En otro orden de cuestionamientos, algunos entrevistados mencionaron dos situaciones en concreto: el caso de abortos que podrían realizarse luego de las doce semanas y el de los abortos eugenésicos. “En el proyecto de ley decía exclusivamente incompatibles con la vida extrauterina. Hay que encontrar una redacción más feliz pues hay muchos casos donde la posibilidad de llegar a término no impide que haya luego problemas de salud sumamente grave y no hay marco legal que las ampare”. Con relación al financiamiento de los procedimientos autorizados en el proyecto de ley, hubo críticas y observaciones, algunas más vinculadas al papel del Estado y otras referidas a la implementación de la misma dentro del sistema de la medicina privada y las mutuales (subsector privado). Con respecto al rol del Estado, la crítica de algunos entrevistados estuvo relacionada con la no inclusión en el proyecto de recursos presupuestales genuinos para la cobertura de las prestaciones. “El argumento que se daba en contra de esto es que hubiese sido una ley sin compromiso de gasto del Estado para que fuera aprobable en ese contexto. Pero la experiencia nos muestra que todas las leyes que se han aprobado sin compromiso de gasto del Estado después en la práctica hay enormes dificultades de implementación. No había una asignación presupuestaria y políticamente se buscó que no la tuviera para que esto no fuera argumento para no aprobarla”. 172

El otro punto señalado como debilidad fue la financiación de los procedimientos de interrupción del embarazo a nivel de las instituciones privadas. Vale la pena lo extenso del testimonio, por lo ríspido del tema y por la magnitud del desafío que instala para nuevas discusiones. “Al momento de las discusiones no nos olvidemos que las instituciones de la atención médica tienen representantes en todo el Parlamento, que también por una cuestión de intereses económicos buscaban otros argumentos para frenar el proyecto. (…) Porque las complicaciones muchas veces terminan en la muerte, la muerte implica un día de CTI (Centro de Tratamiento Intensivo), unos días de CTI y se terminó el problema. En cambio, elevar el número de procedimientos quirúrgicos implica un gasto cierto y bastante importante si vos lo mirás desde el punto de vista de la gestión. ¡No estoy discutiendo con el costo social! Pero en costos económicos que vos calcules que vas a triplicar el número de legrados que hacés por año, es una cantidad muy sustancial de dinero.” De todas formas, queda abierta a la consideración si un nuevo proyecto de ley debe o no incluir asignación presupuestal que garantice su efectiva implementación en caso de ser aprobado. Razones por las cuáles el proyecto de ley es necesario para el Uruguay de hoy Fue posible detectar cinco argumentaciones diferentes que justificaban la necesidad de una ley de las características de la que estuvo en discusión en Uruguay. Como se verá más adelante, hay un hecho que construye y desborda al tema en análisis, y es la necesidad de una nueva fundación de la vida social basada en la disminución de los niveles de hipocresía. “La despenalización del aborto es una materia pendiente, sin duda. Porque el absoluto fracaso del recurso penal genera un cierto cinismo en la sociedad, porque todo el mundo sabe, porque todo el mundo comparte.” El rechazo del proyecto de ley mantuvo la vigencia de la ley que data de 1938 y que considera al aborto como delito, con determinadas excepciones o atenuantes, e impone penas, incluso de prisión, a quien (es) lo cometan. Tal como señala Xavier (2005), la ley establece -de modo anacrónico- el “móvil de honor” (tanto el propio como el de la esposa o un pariente próximo) como uno de los atenuantes o eximentes del delito, excepto que quien cometa el delito sea también causante del embarazo. “La ley vigente la tenemos que eliminar. El sacerdote Perico Pérez Aguirre decía que la ley es ineficaz e injusta; es ineficaz en cuanto no ha podido impedir la práctica clandestina, además acrecienta la posibilidad del negocio con las víctimas; es injusta porque sanciona 173

más a las víctimas, exime a los victimarios y según él es inmoral, porque carga de culpas a las víctimas. En ese sentido me parece una ley execrable”. Tal como fuera señalado, uno de los aspectos novedosos del proyecto de ley con respecto a los proyectos anteriores, es la inclusión de la problemática del aborto en un contexto de comprensión integral de la salud reproductiva. Así, en el Capítulo 1, titulado De los deberes del Estado, se instituye al Estado como garante de los derechos sexuales y reproductivos, mediante la instrumentación de políticas sociales y educativas referidas a la salud reproductiva. El proyecto sitúa al Ministerio de Salud Pública como responsable de los cometidos establece por el proyecto de ley y establecía los objetivos del programa, entre los que se destacan la promoción de la educación sexual. “Es necesario primero que nada, el tema de la educación sexual. Debemos destrabar el tema que hay con la educación sexual en las escuelas, en los niveles iniciales. Cada vez más está pasando con nuestra educación pública que es más grande la diferencia entre público y privado.” Entre los años 2001 y 2003, el Centro Internacional de Investigación de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (UPAZ) realizó un estudio acerca de la problemática del aborto en el Uruguay (Sanseviero, 2003). El mismo concluyó, en cuanto a las cifras de aborto, que en el año 2000 se habrían practicado 33.000 abortos clandestinos, lo que ubicaba a Uruguay en el doceavo lugar entre los más de ochenta países con estudios metodológicamente aceptables. “Nuestros servicios de salud, sobre todo en el ámbito público, están siendo extremadamente deficitarios y sabemos que la mortalidad materna es aún más sensible que la mortalidad infantil para medir la accesibilidad a los servicios de salud. Desde el año 2002 estamos asistiendo a un deterioro, a una profundización de la pobreza y esto está trayendo consecuencias en dominó. Y hay una masa en este momento de gente que no tiene capacidad económica, mucho más grande que veinte años atrás” Análisis de factores y sucesos que permitieron que la sociedad civil y la legislatura realizaran avances cuali-cuantitativos con respecto a experiencias similares anteriores Del análisis de las entrevistas parecen desprenderse algunos fenómenos claves de diferente orden pero articulados, que contribuyeron a generar escenarios inéditos para el tratamiento y el debate público del proyecto de ley. Se pueden distinguir a los fines analíticos los siguientes tópicos: el momento histórico político del Uruguay; el aumento de la pobreza en el país; la maduración simultánea de diferentes procesos que se venían gestando en la última década; la madurez de diferentes organizaciones sociales, especialmente de los grupos de mujeres; y finalmente, un “ensanchamiento” 174

de la política, que incorporó como propios temas anteriormente no considerados de tratamiento público / político. Una parte importante de los entrevistados enmarcó el proceso que estamos analizando en un contexto de cambios políticos, sociales y culturales más amplio, con alto poder “explicativo” con respecto a cómo respondieron los diferentes actores. A esto se sumaría la trayectoria del movimiento de mujeres y feminista, y la apertura a la construcción de alianzas, así como también la aparición de nuevas respuestas en viejos actores y la incorporación de nuevos actores. El momento político del país, con un proceso electoral en el cual se vislumbraba un cambio histórico signado por la posibilidad de que la izquierda fuese gobierno nacional por primera vez, explicaría también la movilización y el consenso que tuvo el proyecto de ley en la ciudadanía. “Era un momento en que se venía el cambio, ganar en la primera vuelta el Encuentro Progresista. Esa necesidad de cambio que iba más allá del tema de la ley, le puso un plus a la discusión del proyecto. No sólo sería un cambio de gobierno, sino también un cambio de propuesta política, de proyecto de país. Cuando se dan los grandes cambios no es por una cosa sola. Es un momento de ver las cosas desde otro lugar”. El incremento de la pobreza y el deterioro de la respuesta sanitaria hicieron que el problema fuera más visible pues afectaba a más gente. Quienes esgrimen este argumento plantearon que si bien siempre hubo un gran número de abortos, el aumento de la pobreza en el país implicó también un aumento en la cantidad de mujeres vulnerables a los riesgos inherentes a un aborto realizado en condiciones clandestinas. Una de las razones de mayor peso para presentar el proyecto de ley para una nueva normativa sobre salud reproductiva lo constituyó justamente la realidad social y sanitaria del país. Citando el estudio de Sanseviero (2003), Xavier dice que: “La práctica mayoritaria del aborto se presenta como un servicio médico, público e ilegal, de gestión privada, y se han relevado 22 tipos de procedimientos para interrumpir embarazos, clasificados en dos grandes grupos: los medicalizados (81,0%), ejecutados en clínicas clandestinas con participación de profesionales de la salud y los realizados mediante prácticas de sabiduría popular (19,0%), a los que recurren las mujeres que no tienen acceso a los otros” (Xavier, 2005: 630). Respecto al aumento de la tensión entre discursos vinculados a los derechos humanos y la falta de acciones que abordaran la problemática, agravada por la pobreza, una de las entrevistadas expresó: “Hoy en día nos siguen faltando más proyectos de ley que protejan, que amparen y que otorguen más derechos democráticos a porciones importantes de nuestro pueblo. En la época que estamos viviendo con tantos adelantos tecnológicos, donde se invierte tanta cantidad de dinero para hablar de los derechos humanos y se hace tan poco por ellos, creo que 175

esto ha ido generando un estado de conciencia que nos ha marcado, por lo menos hoy, la posibilidad de que este tema esté en debate y que este debate se pueda resolver a partir de actitudes políticas parlamentarias”. La mayoría de los entrevistados señaló como motivo de la movilización social frente al tema, la confluencia de dos situaciones, una vieja y una nueva. La vieja tendría que ver con que la mayoría de la población uruguaya ha vivido la experiencia del aborto directa o indirectamente: “Es un país donde el aborto es una práctica muy frecuente en la vida cotidiana, no debe haber familia o grupo social en el que no haya habido una mujer que haya decidido abortar y lo haya compartido y haya sido acompañada. No hay ningún uruguayo que no conozca a alguien. En la adolescencia es muy frecuente el tema de los acompañamientos, de los apoyos, de los apoyos económicos para poder hacerlo, es un tema que se maneja sin mayores tabúes y sin embargo, al momento de legislar como que no se animan. Por eso no es llamativo que se haya logrado una mayoría en la opinión pública, porque cuando esto se instala como tema público de alguna manera se desbloquea este prejuicio…” Lo novedoso tendría que ver con estos aires de renovación más general a nivel político, que habría quebrado muchas décadas de silencio: “Hubo una dictadura que a todos nos dejó un silencio para todos los temas. Nadie hablaba de nada ni enfrentaba poderes en ningún terreno. Yo creo que esto influye, se mete en todos los intersticios de la sociedad”. Esta confluencia de lo viejo, lo que “todos sabíamos”, con lo nuevo, la posibilidad colectiva de volver a plantear los modos de ver la política, tuvo como resultado la politización de temas privados. “A nivel de lo social, la gente ha podido hacer el proceso de vincular estos temas con cuestiones políticas. Creo que también es simplificar mucho decir que la gente sólo porque tuvo que hacerse un aborto en malas condiciones se apropió del tema.” Si bien estas dimensiones reseñadas han atravesado también los movimientos dentro de las Cámaras de Diputados y Senadores, ocurrieron algunos fenómenos específicos en estos escenarios que fueron destacados por los entrevistados. Por ejemplo, el tratamiento del proyecto en el marco de una cadena de iniciativas legislativas y de redefiniciones del papel del poder legislativo. “La Ley de Violencia Doméstica, la discusión del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esto ocurrió durante los últimos siete años. Creo que se había instalado en el Parlamento un estilo de legislar con relación a algunos temas sociales que tenía que ver por un lado, con 176

los grandes vacíos que estaba dejando el modelo socioeconómico en cuanto a preocuparse de temas sociales. Por otro lado, un Parlamento que estaba muy desdibujado en sus roles políticos y que este tipo de iniciativas le permitía ocupar lugar, porque en todo lo que es contralor del Poder Ejecutivo el Parlamento desde hace varios períodos está como desdibujado de la gobernabilidad”. En este sentido, la creación de la Bancada Bicameral Femenina contribuyó a la incorporación de nuevas agendas en el debate parlamentario. “Yo creo que se pudo en ese año porque habíamos creado el 8 de marzo de 2000 la Bancada Femenina. La bancada femenina es y sigue siendo una agrupación no formal del Parlamento que agrupa a las mujeres de todos los partidos y que ayudó por ejemplo, a sacar la Ley de Violencia Doméstica y ésta también. Los compañeros de la Comisión de Salud asumieron el compromiso de tratarlo”. Uno de los hechos que disparó la iniciativa legislativa fueron las denuncias realizadas por actores del sector médico (Clínicas de Ginecología de la Facultad de Medicina Universidad de la República, ubicadas en el Centro Hospitalario Pereira Rossell6), sobre el aumento de muertes maternas por causa de abortos provocados en condiciones de riesgo. “Fueron los médicos los que nos dieron la oportunidad de presentar el proyecto cuando salen a dar la cantidad de muertes de mujeres que se daban en el Pereira Rossell. Pero esas cosas catalizan cuando ya está madura la situación. Creo que lo que hizo una gran oportunidad fue fundamentalmente la madurez de las organizaciones de mujeres” Lecturas con respecto al apoyo social hacia la ley y la movilización que tuvo lugar. El proyecto de ley, ¿generó movilización social? ¿Hubo consenso de la mayoría de la población en aprobar el proyecto tal como expresó la encuesta de opinión pública? La mayoría de las personas entrevistadas acordaron que por primera vez en la historia del país el tema de una ley de estas características fue debatido por la población en su conjunto. “Porque tu ibas a cualquier lugar, al supermercado, y la gente estaba hablando. Sé que las mujeres organizadas tuvieron mucho que ver en eso, algo de lo que me siento orgullosa. Fue algo muy positivo porque se puso un tema, que siempre se dijo que era un tema de las mujeres, en toda la sociedad. La gente comenzó hablar dentro de sus conocimientos algunos muy limitados, muchos con muchos mitos, pero se puso a discutir y a mí me parece eso fue otra de las grandes cosas positivas”. 6

Centro Hospitalario Pereira Rossel (CHPR), principal maternidad pública del país.

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“Yo percibí un gran interés de la sociedad, en especial de los más jóvenes que son los más ajenos a la política como en todas las sociedades modernas. Yo percibí que en chicos de 10, 12, 15, 20 años era un tema de conversación. Y sentí que si uno llamaba a un referéndum aunque fuera de participación voluntaria habría una masiva participación” “Las leyes van en general atrás de las practicas sociales. Las prácticas existen, entonces cuando se da la posibilidad más o menos anónima de que la gente se exprese, tranquilamente lo hace”. “No hay ningún ciudadano que de alguna forma no esté vinculado a una situación de aborto. Por ello yo insistía en el tema del plebiscito o referéndum, porque en el cuartito donde nadie te ve, no está el pastor ni está el cura ni nadie. La gente pone el voto sobre lo que realmente cree”. Algunos entrevistados que no eran tan favorables a la aprobación de la ley, introdujeron algunas consideraciones que vale la pena tener en cuenta para iniciativas futuras: “La gente podrá estar de acuerdo o no, pero ninguna de estas instituciones moviliza gente, o moviliza muy poca gente, porque una cosa es que vos me salgas a decir el sesenta y tres por ciento de los encuestados está a favor del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, yo no sé qué peso tiene eso comparado con la gente movilizada en la calle, no lo sé realmente.” Valdría la pena señalar diferentes modelos de expresión pública ante temas tan sensibles, a fin de visualizar las mediaciones que pueden producirse. A los efectos de sistematizar el análisis, diferenciamos tres situaciones: 1) opinar de modo anónimo en una encuesta (“votar en el cuartito donde nadie te ve”); 2) la traducción de esa opinión en activismo social; 3) la traducción a un debate parlamentario donde la opinión es pública y nominal. Los ejes que organizaron el debate público Fueron tres grandes ejes los que organizaron el debate público en torno proyecto de ley. Estos fueron: el derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la necesidad de revisar colectivamente la realidad uruguaya con respecto al aborto y el aumento de la pobreza, y el carácter laico del Estado uruguayo. Si bien los grupos que impulsaron el proyecto de ley situaron la interrupción del embarazo en un marco integral de la salud reproductiva, fue inevitable que la oposición lo denominara “ley del aborto”, en el intento de estructurar el debate alrededor de ejes tales: derecho de la mujer a decidir vs. derecho del niño por nacer o, a favor de la vida vs. en contra de la vida. 178

Los entrevistados coincidieron en señalar la dureza de los discursos tradicionales, estructurados básicamente a partir de las posiciones dogmáticas de la iglesia católica, que se presentaron a la sociedad como concepciones naturales y por lo tanto universales. Los discursos contrarios al proyecto de ley conservaron su rigidez, mientras los diferentes grupos de la sociedad civil lograron generar discursos y prácticas alternativas, nuevos modos de comprender y contextualizar la problemática del aborto en nuestras sociedades. “Yo creo que la discusión tuvo su centro en ‘llamemos a las cosas por su nombre’. Creo que además esto explicó qué tan rápidamente la sociedad uruguaya discutiera esto, porque estás hablando de una realidad que no es ajena. Había un telón de fondo que era el Uruguay que quiere cambiar, porque descorre estas hipocresías, no sólo éstas sino otras”. “Un grupo de jóvenes de un partido político tituló la campaña a favor de la despenalización del aborto con la consigna `basta de hipocresía´. Ellos la aplicaban para dos temas, para la marihuana y para el aborto. La discusión sobre el tema tiene un centro en esto, llamemos a las cosas por su nombre”. “Hace cinco años atrás nuestro país no se reconocía como un país pobre. En este esfuerzo de reconocernos en la realidad, no en lo que creíamos que era el Uruguay, me parece que se inscribe el tema del aborto”. A diferencia de los sectores conservadores de la sociedad, este espíritu de “llamar a las cosas por su nombre” fue lo que sin duda logró recuperar los aspectos más vitales de la sociedad uruguaya, expresando el sentir de la mayoría de la población. En este sentido, se complejizada la lectura más compleja de la problemática del aborto y al mismo tiempo se inscribía en el momento histórico que atravesaba el país, que anhelaba un cambio que desbordaba al mismo tiempo que contenía la problemática particular. En efecto, la mayoría de la población estaba buscando nuevas “reglas” para las relaciones entre los diferentes sectores que componen la sociedad, para los modos de pensar las relaciones entre hombres y mujeres, y para revisar con mayor honestidad las complejas relaciones entre los comportamientos públicos y privados. Y, en consecuencia, en la búsqueda de un nuevo rol para el Estado en esta problemática. Otro de los ejes que organizaron el debate fue a la laicidad del Estado uruguayo. El carácter laico del Estado puso sobre la mesa el dilema sobre el papel de las creencias personales del “sujeto” legislador, en tanto representante de otros (que pueden o no compartir sus creencias personales). Sujeto que tiene la responsabilidad política de legislar respetando la diversidad de creencias e ideologías. “Hasta qué punto mi verdad prima sobre la de los demás, o si realmente queremos que sea una sociedad que respeta la diversidad.” 179

Tal como señalaron muchos de los entrevistados, el proyecto de ley resguardaba el derecho a la atención adecuada de la salud de aquellas personas que, en concordancia con sus creencias personales y su situación vital, podrían llegar a recurrir a la práctica del aborto. Lecciones aprendidas a partir del proceso y aportes para estrategias a futuras Se han agrupado los aprendizajes referidos por los actores en tres categorías de lecciones que si bien remiten todas a aprendizajes fundamentalmente políticos, pueden organizarse analíticamente: sobre la movilización / construcción social, sobre el cambio en personas y actores sociales, y sobre cómo actuar en el escenario político “tradicional”. En relación al eje movilización / construcción social, surgió de las entrevistas que los aspectos más destacables fueron los que a continuación se reseñan. En primer lugar, los debates de esta naturaleza tienen que convocar a la ciudadanía y trascender las barreras del debate parlamentario. La amplificación fuera del Parlamento debería hacerse desde y con la mayor cantidad de organizaciones, cada una con su perfil y con su capacidad de incidencia sobre distintos sectores, respetando -como se hizo en el proceso en estudio- la identidad y particularidad de cada organización. En tal sentido, se señaló la necesidad de tender puentes para la incorporación de aquellas organizaciones, como las de profesionales de la salud que activamente se posicionaron en relación a la situación del aborto en Uruguay (Sindicato Médico del Uruguay, Grupo Iniciativas Sanitarias), y que en su momento no formaron parte de la Coordinación Nacional. El trabajo de articular organizaciones de naturaleza y trayectorias diferentes es complejo y requiere de respeto y tolerancia para el logro de acuerdos y posiciones consensuadas. Fue desatacado el valor de la conducción política de la Coordinación Nacional a cargo de las organizaciones de mujeres con mayor trayectoria en el tema, porque permitió la superación de posibles obstáculos y barreras entre actores para construir un campo común de intereses. La intensidad de la campaña dejó alianzas establecidas sobre bases de confianza, que permiten una proyección a futuro para continuar el trabajo conjunto para efectivizar cambio legal. Todos los esfuerzos y estrategias desarrolladas lograron que el aborto y los derechos sexuales y reproductivos se colocaran en la agenda política del país. Fue enfatizado que es necesario involucrar aún más a la gente en general y a las mujeres en particular, trabajando con un discurso asentado en la cotidianeidad y en las vivencias de las personas, evitando tecnicismos o discursos herméticos que no favorecen el diálogo y la comunicación. En ese sentido, se señaló que es importante mejorar la convocatoria y reforzar el trabajo dirigido a las comunidades y los gremios. Se sugirió desarrollar una campaña mediática 180

que incluyera la presencia de personalidades de la cultura y el deporte nacional, y se hizo hincapié en que el trabajo dirigido hacia el periodismo y los comunicadores sociales fue de gran importancia y que, por lo tanto, debe ser ésta una línea de acción sostenida en futuras intervenciones. La estrategia de informar sobre el contenido del proyecto de ley fue valorada por los entrevistados como un aspecto altamente positivo de la campaña, hecho que se vio también reflejado en los resultados y análisis de las encuestas de opinión pública, donde a mayor conocimiento del proyecto, mayor posicionamiento favorable al mismo. Finalmente, algunos entrevistados mencionaron la necesidad de fortalecer y desarrollar nuevos recursos argumentativos para enfrentar y superar la simplificación del debate que se intenta hacer desde la oposición.

A modo de conclusiones Absurdo es suponer que el paraíso, es sólo la igualdad, las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Silvio Rodríguez, cantautor cubano. Tal como hemos buscado destacar a lo largo del capítulo, la conformación y el trabajo desarrollado fundamentalmente por la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva logró un avance inédito en la historia del país con respecto al tratamiento del aborto y de la problemática de la salud reproductiva en el Uruguay. Si se mide el esfuerzo en términos de resultados legislativos, se puede observar que el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara que cuenta con mayor número de representantes pero no logró pasar la Cámara de Senadores. Si en cambio, se focaliza el éxito de este emprendimiento en términos de la movilización social lograda y de la opinión pública favorable al proyecto, es indudable que el saldo fue altamente positivo. La cuestión a futuro es cómo traducir el cambio social en una transformación de la norma legal que se adecue a los nuevos consensos sociales. Por cambio social nos referimos a aquel que llevaría a la sociedad de un estado donde se dice una cosa en lo público y se hace otra en lo privado, a un nuevo contrato que legitime desde lo normativo una mayor coherencia entre estos dos niveles del problema. Por lo tanto, el cambio social implica un contrato entre los individuos y las instituciones de una sociedad, en el cual se reconozca el lugar de las mujeres y se respeten sus derechos, particularmente en 181

lo relativo a las decisiones sobre su cuerpo, sexualidad y reproducción. Pero, ¿cómo ocurre el cambio social? Vieja pregunta que alcanza enorme vigencia en el análisis de este proceso. Se presentan a continuación algunas hipótesis acerca de cómo la sociedad uruguaya está procesando este cambio social con el objetivo de que pueden surgir propuestas que permitan desarrollar nuevas estrategias o un “método” (Campos, 2000) que aumente los niveles de libertad de la población para generar lo nuevo. “El aumento de la libertad dependería de una acumulación de condiciones: apertura para el mundo (para el otro, para el extraño), capacidad de extrañamiento ante lo inesperado y más aún, ante lo conocido y esperado, de lo que se repite, y que se presenta como natural o dominante y poderoso. Esto por un lado; por otro, como afirman los estructuralistas, conocer los determinantes. Y también, conservar habilidades y disposiciones para enfrentar el acaso, lo inesperado. Y además intervenir, actuar, la praxis sometida a la reflexión crítica. ¡Haya método para tal empresa!” (Campos, 2000:115) De lo presentado hasta aquí, puede observarse que los grupos impulsores de la ley han logrado -por medio de sus prácticas y reflexiones- generar diferentes tipos de cambios, a saber: - Lograr un cambio trascendental en sus formas de pensar los problemas y sus prácticas (¡se extrañaron de ellos mismos!), lo que fue condición necesaria y suficiente para que, a partir de esta nueva configuración del problema y con las nuevas habilidades aprendidas, podamos salir de los terrenos conocidos para “transgredir creativamente” los límites que estaban fijados por los viejos modos de concebir y organizar el problema. - Conocer las principales condicionantes del problema, la vigencia del peso de la Iglesia Católica en todas sus expresiones y tener la habilidad de promover nuevos interlocutores en lugar de continuar con una discusión “desgastante” como la que históricamente situó el debate entre feministas y autoproclamados “grupos provida”. - Haber integrado otras voces y perspectivas al debate que mostraron la gama amplia y diversa gama de argumentaciones a favor del cambio legal como no había sucedido previamente. - Lograr implícita y explícitamente un cambio de paradigma en el modelo del cambio social, que puede graficarse como un paso de la “lucha en el Palacio” hacia la “lucha en los territorios”. De esta forma, se recupera el protagonismo de los actores sociales y la importancia del ciudadano como interlocutor. Como destacaron los entrevistados, el trabajo de la Coordinación logró enfrentar el peso de una estructura como la Iglesia Católica, basado en múltiples y ramificados espacios de prédica hacia la población. En gran medida se pudo recrear y sostener una red de “micro-poderes locales” extendido en todo el territorio del país. 182

Este cambio paradigmático de los grupos impulsores del proyecto de ley (salir a ganar voluntades, tomar como interlocutores a los ciudadanos y no sólo a los actores más tradicionales del debate) permitió generar modalidades de lenguaje y acercamiento asimilables por el ciudadano común, deponiendo las viejas identidades cristalizadas ante la necesidad de encontrar los problemas comunes, que como señalaron los entrevistados, residen en las prácticas de la mayoría de la población uruguaya. La moral sexual dominante hasta los años sesenta obligaba a aceptar como legítima sólo aquella sexualidad con fines reproductivos y en el contexto de un tipo de vínculo civil (el matrimonio). Esta moral sexual condenaba al secreto o al campo de lo ilegítimo o de la transgresión a la sexualidad autoerótica, la sexualidad homosexual, el uso de métodos anticonceptivos (representantes privilegiados del sexo por placer) y el aborto como fracaso de la prevención del embarazo no esperado. Por otra parte, en las últimas cuatro décadas nuestras sociedades han atravesado cambios profundos en cuanto a las concepciones de derechos y ciudadanía que han impactado en los patrones de “subjetivación” de grandes grupos humanos, en particular de aquellos que veían sus derechos lesionados por la moral sexual patriarcal, donde la única sexualidad permitida para las mujeres era aquella vinculada a la reproducción en el marco de un tipo de relación civil. Campos (2000) detecta un movimiento contradictorio (y generador de tensiones como las que se están analizando aquí) en la construcción de la subjetividad de las últimas décadas. Denomina a este modo de constitución del sujeto contemporáneo como de “el zigzag del sujeto”. Habría por un lado un fuerte movimiento en dirección a desvalorizar al sujeto, tensionándolo hacia un estado de objeto. El cuerpo no sería sagrado, tampoco el espíritu es respetado. El valor dominante es el homo economicus, la capacidad de producción de valor para intereses superiores que la vida de las personas. Pero hay también un movimiento inverso. “Nunca tantos proyectos, leyes e instituciones levantaron el derecho a la ciudadanía. De la Revolución Francesa hasta el fin del siglo XX, cada vez de forma más explícita, los políticos se refugian atrás de un manto de promesas de bienestar social y de libertad (…) La cultura dominante de lo políticamente correcto recomienda tener en cuenta la existencia del otro” (Campos, 2000: 95) Hay por lo tanto dos líneas de producción de subjetividad antagónicas. Ambas están influenciando a los seres concretos y a las sociedades de la actualidad: hay un esfuerzo organizado para reducir a las personas a la condición de objeto, pero al mismo tiempo, se activan mecanismos que las estimulan a desear cosas y a considerarse seres con derechos, personas relevantes, sujetos. Este segundo movimiento de recuperación y valorización del sujeto ha tenido como actores políticos fundamentales los discursos y las luchas liberales, feministas, de los trabajadores y 183

de algunas fuerzas políticas progresistas. Son estos actores también los que en el plano de las relaciones sexuales apuestan a un cambio de moral sexual, que a diferencia de la moral sexual victoriana abogan por un nuevo contrato que establezca relaciones entre sujetos fundadas compromisos establecidos con cierta autonomía. Contratos cuya única limitación es el respeto al otro sujeto. Este es el modelo dominante y legitimado en las sociedades occidentales que superaron las herencias moralistas y de carácter fundamentalista y adoptaron no sólo en las prácticas sino también en el plano legal y normativo, normas de origen laico. Las sociedades que lograron despenalizar el aborto consiguieron superar con sus leyes el impasse de la doble moral, para apostar desde lo legal a la legitimación de los nuevos contratos sexuales entre las personas, en los cuales es legítimo mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como mantenerlas sin fines reproductivos. Mientras nuestras sociedades continúen sancionando el aborto, seguirán sosteniendo desde el campo normativo, el mandato judeocristiano que penaliza las conductas sexuales sin fines reproductivos (Galeotti, 2004). En esta encrucijada, en esta discusión de patrones morales, es posible situar el proceso uruguayo en relación al proyecto de ley de salud reproductiva.

Bibliografia Campos, G. (2000) Um método para análise e co-gestao de coletivos. Sao Paulo. Hucitec. Galeotti, G. (2004) Historia del aborto. Los muchos protagonistas e intereses de una larga vicisitud. Buenos Aires. Nueva Visión. Xavier, M. (2005) La experiencia de Uruguay: el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Mónica Xavier. Cad. Saúde Pública, Río de Janeiro, 21(2):629-633, mar-abr. Sanseviero, R. (2003) Condena, tolerancia y negación. El aborto en Uruguay. Montevideo. Frontera.

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Anexo 1: Modelo de entrevista Presentación: MYSU, con la colaboración del CEDES, está realizando un estudio para sistematizar el proceso social y político generado alrededor del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva. Con este objetivo se están analizando los documentos producidos por los diversos actores del proceso, las intervenciones en el debate parlamentario, así como también se están recogiendo las opiniones de los principales actores involucrados en este proceso. Esta entrevista se propone conocer su opinión sobre el proyecto de ley y sobre el proceso social y político generado por éste. La información que nos brinde es confidencial, es decir, nadie por fuera del equipo responsable del estudio tendrá acceso a la misma y también será tratada en forma anónima en el sentido que las opiniones no serán identificadas en el informe que se produzca. Preguntas disparadoras: 1. ¿Cuáles son los aspectos positivos que presentaba el proyecto de ley? 2. ¿Cuáles son los aspectos negativos que presentaba el proyecto de la ley? 3. ¿Considera usted que sería necesaria una ley de este tipo en Uruguay? ¿Por qué? 4. ¿Considera usted que este proyecto de ley generó debate social en la ciudadanía? ¿Por qué? 5. ¿Por qué la discusión parlamentaria de este proyecto de ley fue posible en ese momento de la vida social y política del Uruguay? 6. ¿Cuáles fueron los actores más importantes del debate social y político generado en torno al proyecto de ley? 7. ¿Qué conocimiento y visión (percepción) tiene de los diferentes actores involucrados en este proceso? (Si no menciona a la Coordinación Nacional, preguntar si supo de su existencia. Si menciona que la conoce, pasar a pregunta 8). 8. ¿Cuál es su evaluación del papel jugado, en particular, por la Coordinación Nacional de Organizaciones por la Defensa de la Salud Reproductiva? 9. ¿Cuáles fueron los temas/problemas centrales que caracterizaron el debate social y polí185

tico alrededor del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva? 10. Según las encuestas de opinión pública de ese momento, la ciudadanía apoyó mayoritariamente el proyecto de ley. ¿Por qué cree usted que esto fue así? 11. ¿Qué consideraciones le merecen a usted los resultados parlamentarios en ambas cámaras? (A favor en Diputados, en contra en el Senado). (Se podría explorar sobre posicionamientos no unánimes en todos los partidos políticos, anuncio del veto presidencial, presiones de sectores de poder, etc.) 12. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso? (Sólo preguntar a actores sociales). 13. ¿Considera usted que este es un tema saldado desde el punto de vista parlamentario? ¿Por qué? (Sólo a parlamentarios). 14. Desde su perspectiva, ¿considera que éste será un tema de debate en la actual legislatura? ¿Por qué? 15. ¿Cuáles serían las estrategias más apropiadas para impulsar nuevamente un proyecto de estas características? (Sólo a actores sociales y parlamentarios con clara posición a favor).

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El aborto en la agenda social: el involucramiento de la ciudadanía a favor del cambio legal Compartir lo vivido, porque creemos que valió, vale y valdrá la pena. Lilián Abracinskas, Alejandra López Gómez1

El debate en torno al aborto y las campañas por su despenalización, legalización o nuevo marco regulatorio, impulsadas desde el movimiento de mujeres y feminista, llevan más de 19 años en el país. Para una comprensión profunda del fenómeno sería necesario relevar esa continuidad y la acumulación de experiencias que han ido permitiendo las sucesivas luchas. Pero esa labor excede el marco del presente artículo, que se limita a considerar el período 2001 a 2004, en lo que algunos periodistas extranjeros llamaron “la batalla por el aborto en Uruguay”. Se harán sólo algunas referencias a etapas anteriores, cuando resulten imprescindibles para la comprensión del proceso que se aborda. Para la elaboración de este informe se consideraron la documentación elaborada por MYSU y por la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Salud Reproductiva2, distintas declaraciones de actores sociales y algunas referencias de prensa publicadas entre 2002 y 2006. Asimismo, se han utilizado producciones de actores y personas vinculados a la temática, con larga y reconocida trayectoria nacional y regional. El debate sobre aborto en Uruguay, desde la redemocratización del país en 1985, ha sido parte del desarrollo de una agenda social basada en una perspectiva integral de los derechos humanos, que refleja el surgimiento y maduración de nuevos consensos y la ampliación del ejercicio ciudadano, en particular de las mujeres organizadas. 1

Este capítulo contó con la colaboración de la Soc. Moriana Hernández, ex Coordinadora Nacional de CLADEM en Uru-

guay y actual miembro del Comité Regional de Gestión de CLADEM. 2

En adelante Coordinación Nacional.

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La ley vigente sobre aborto que data del año 1938 (Ley N° 9.763), establece que el aborto es un delito siempre y su pena puede ser atenuada o eximida por el Juez, ante determinadas causales, siempre que haya sido realizado por un médico hasta los tres meses de gestación.3 Desde 1985, en cada legislatura se presentaron proyectos de ley que pretendieron modificarla proponiendo desde la despenalización total hasta distintas formas para garantizar y regular la práctica. El primer proyecto fue el presentado en 1985 por los -en aquella época- diputados del Partido Colorado, Víctor Vaillant y Daniel Lamas. “El proyecto procura -en palabras de sus autores- no justificar el aborto desde el punto de vista filosófico, moral o jurídico, sino simplemente, despenalizarlo cuando es practicado con consentimiento de la mujer. Con ello, no hacemos otra cosa que proponer el restablecimiento de las normas pertinentes del Código Penal que rigieron desde 1934 hasta 1938.”4 Le sigue el presentado en 1991 por el diputado Daniel Díaz Maynard, que se limitaba a eximir de pena el aborto con consentimiento de la mujer víctima de violación y facultaba al juez a decidir en caso de aborto por razones de angustia económica. En 1993 el diputado Rafael Sanseviero inicia un amplio proceso de consulta para elaborar un proyecto de ley denominado “Regulación de la Interrupción Voluntaria de la Gravidez”, el cual fuera presentado en la Comisión de Bioética de la Cámara de Representantes. En su artículo 1º establecía: “Toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo durante las primeras doce semanas de gravidez, en las condiciones que establece la presente ley.” En 1994 la Comisión de Bioética le introdujo modificaciones y aprobó, con votos de legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, un nuevo texto que establecía “Cuando una mujer causare o consintiere la interrupción de su propio embarazo fuera de las condiciones y circunstancias que establece la ley, será castigada con prisión, de tres a nueve meses. Si la interrupción del embarazo se practicare antes de las veinte semanas, la mujer quedará exenta de pena”. Como se puede apreciar la Comisión eliminó la tipificación del aborto voluntario dentro de las 12 semanas de gestación como derecho de la mujer, tal como se proponía en el proyecto original. El proyecto emanado de la Comisión de Bioética no tuvo tratamiento en plenario de la Cámara, porque en 1994 Uruguay ingresaba en un período preelectoral y los legisladores 3

Salvo en el caso de riesgo de vida de la mujer, para el cual no se establece plazo. Las eximentes que contempla la ley son:

violación, “el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo”, angustia económica y riesgo de vida de la mujer. 4

Entre 1934 y 1938 el aborto no era criminalizado en Uruguay.

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firmantes valoraron que, al no estar garantizados los votos para su aprobación, era mejor que quedara como antecedente de consenso político para futuras iniciativas legislativas. En 1998 diputados frenteamplistas presentaron un proyecto similar al aprobado por la Comisión de Bioética de la legislatura anterior, que no logró ser considerado por una comisión parlamentaria5. La permanencia de la norma legal y la reiteración de los intentos legislativos de modificarla estuvieron siempre acompañadas por la movilización y el debate social. Interesa observar que se han ido acortando los períodos en que el silencio vuelve a rodear la problemática del aborto y cada vez que el tema es abordado en la agenda política, se acrecientan las adhesiones a la despenalización y legalización.6

La particularidades del período 2001 – 2004 La capilaridad lograda por el debate social no excluyó ni ferias vecinales, comercios, boliches, lugares de trabajo, hogares y centros de enseñanza. Para dar idea de lo que llamamos capilaridad del debate vale referenciar, a modo de ejemplo, este correo electrónico de 2004: “Mi suegro, un hombre bien de pueblo, me pidió la ley para llevársela a un amigo que la quiere para que la lea no se quién. Yo le pregunté cómo se había enterado y la respuesta fue: lo estuvimos discutiendo en el boliche, todos estamos de acuerdo: ustedes tienen razón. Los senadores son una vergüenza.” Y otro: “Mi nuera, la que vive en el interior, quiere el texto del proyecto para una amiga que discutió con su novio de 21 años sobre el tema; él no está de acuerdo y la chica ha dicho: ‘o lo convenzo o me separo, si no entiende esto es que no vale la pena’…” Estos mensajes son una muestra de las diferentes formas de expresión que circularon, en aquellos momentos, a través de mensajes electrónicos, muros de la ciudad, artículos de 5

El trámite parlamentario habitual implica que entrado un proyecto, la Cámara lo deriva a una de sus Comisiones asesoras;

ésta considera el proyecto y se expide sobre el mismo a través de un informe o varios (si es que no se alcanza la unanimidad entre los legisladores que la componen). Este informe se eleva a la Cámara y es el que abre su consideración en el plenario. Aprobado el proyecto en la primera Cámara pasa a la otra Cámara donde se seguirá el mismo procedimiento. 6

“…la más polémica de las circunstancias: «habilitación de a mujer a interrupción de embarazo» de un 22% de aprobación

en 1994 en estaría llegando a 53% de acuerdo diez años después”. Ver Capítulo “El aborto en la opinión pública”, de Lucía Selios, en esta misma publicación.

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prensa, debates académicos, actividades barriales. Se logró colocar el tema en la agenda tanto de la “gran política” como de la “micropolítica de la vida cotidiana”, a partir del trabajo sostenido de las organizaciones de la sociedad civil. En tal sentido, las modalidades de la campaña social a favor del cambio legal llevada adelante por la Coordinación Nacional, su lenguaje y sus modos organizativos, fueron novedosos en el escenario político uruguayo. Por primera vez, en los años de debate público sobre aborto en el país, el sector médico se expidió públicamente sobre el tema. Primero, denunciando el aumento de la morbilidad y mortalidad materna por esta causa (2001) y posteriormente (2004) pronunciándose a favor del proyecto de ley. La declaración del Sindicato Médico del Uruguay (SMU)7, pero incluso sus anteriores denuncias, objetivamente y tal vez sin proponérselo, legitimaron desde el saber/poder médico el discurso del movimiento feminista y de mujeres, y de otros actores sociales a favor del proyecto de ley. Los resultados de las encuestas de opinión pública dieron cuenta del avance en conciencia de la población uruguaya sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Particularmente, sobre la necesidad de una nueva regulación legal del aborto voluntario: 63% se pronunció a favor en 2004 y el 65% en 2005; son cifras tan elocuentes que eximen de mayores comentarios. La sostenida cobertura de prensa reflejó y amplificó el debate ciudadano, de un modo cualitativamente superior al de otros momentos. La atención constante de los medios de comunicación se vio también posibilitada – lamentablemente- por noticias sobre la muerte de mujeres por abortos inseguros. A saber, el descubrimiento del enterramiento clandestino de una ciudadana argentina que había venido a abortar al Uruguay, por mencionar sólo una de ellas.

El camino hacia el Proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva En febrero de 2001, la diputada Glenda Rondán, del partido de gobierno (Partido Colorado, Lista 15) y del mismo sector que el entonces Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, opinó en entrevista de prensa sobre su postura a favor de un cambio legal sobre aborto en Uruguay e hizo público el acuerdo preelectoral realizado entre su candidato a presidente y el partido Unión Cívica, en el cual se comprometía a no permitir el cambio de la ley vigente sobre aborto durante su mandato. 7

Día por la Despenalización del aborto en América Latina y El Caribe, fecha definida por el movimiento feminista regional

en el V Encuentro Feminista, Argentina, 1990.

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En los meses siguientes, se hicieron públicas las cifras de muerte de mujeres por aborto inseguro, divulgadas por médicos integrantes de las Clínicas de Ginecotocología A y C de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UDELAR), con sede en el Centro Hospitalario Pereira Rosell (principal maternidad del país). Fue la reivindicación social y la situación de las muertes maternas lo que desencadenó el proceso legislativo. Aunque sin duda, los procesos sociales fueron a la vez potenciados y sostenidos por el devenir parlamentario del proyecto. El debate legislativo tuvo origen en la resolución del 6 de junio de 2001 de la Comisión Especial de Género y Equidad de la Cámara de Diputados, que solicitó el desarchivo de los proyectos vinculados a la despenalización del aborto elaborados en legislaturas anteriores para su pasaje a la Comisión de Salud Pública de la misma Cámara. El proceso parlamentario en esta comisión, con los cuatro proyectos de ley como antecedentes, junto con las nuevas demandas y necesidades sociales en materia de salud, dio lugar a la elaboración de un nuevo proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva. En primer lugar, este proyecto ubicaba al Estado como el principal responsable en garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, sin discriminaciones de ningún tipo. Y recomendaba: - la incorporación de la educación sexual a nivel de la enseñanza formal; - garantizar el acceso a servicios de planificación familiar; - disminuir la morbilidad y mortalidad materna por aborto de riesgo; - incentivar la maternidad y paternidad responsables. En su artículo cuarto habilitaba la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación si la mujer así lo decidiera. Establecía que el equipo de salud debía brindar orientación a la mujer informándole sobre programas existentes de apoyo a la maternidad, así como la posibilidad de la adopción como medida alternativa, registrando en la historia clínica la decisión tomada. En el caso de menores de 18 años o con discapacidad intelectual y/o psíquica, debía contarse con la aprobación de sus padres o tutores, pero si existía divergencia de opiniones la joven podría recurrir al juez para hacer respetar su decisión, quien tendría cinco días para expedirse. Se extendía el plazo de interrupción del embarazo hasta las 24 semanas en los casos de aborto por malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y no había plazo establecido en los casos de riesgo de vida de la mujer. En las situaciones que debiera interrumpirse con una edad gestacional avanzada y con un feto con viabilidad extra-uterina se debía disponer del avance técnico profesional para lograr la sobrevida fetal y preservar la salud de la mujer. 191

El aborto era considerado un acto no lucrativo disponible tanto en servicios públicos como privados y debía ser realizado por especialistas en ginecología. Se habilitaba la objeción de conciencia de los profesionales hasta 30 días de promulgada la ley. Dicha objeción debía ser válida tanto para su práctica en el ámbito público como privado. Los profesionales recién egresados tenían la posibilidad de objetar conciencia al ingresar a un servicio de salud. La objeción de conciencia no podría ser razón para que el servicio no respondiese a la demanda de una usuaria. Si todos los profesionales de ese servicio eran objetores de conciencia debían procurarse los medios para satisfacer la solicitud de la mujer. Se sostenía el delito de aborto en aquellos casos que fuera practicado contra la voluntad de la mujer o en las situaciones en las que no se cumpliera con lo establecido por el proyecto de ley. El marco conceptual desde el cual el proyecto de ley había sido elaborado se sustentaba fundamentalmente en tres principios: a) un abordaje integral de la problemática ubicando la despenalización del aborto en el marco de una política nacional en salud reproductiva que incluyera medidas de promoción de salud y prevención de embarazos no deseados/planificados o no intencionales; b) el rol del Estado en tanto garante del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y; c) el reconocimiento del derecho a decidir de las mujeres sobre su capacidad reproductiva. En este sentido, el proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, ubicaba, desde su enfoque integral, un abordaje legislativo novedoso a la problemática del embarazo no deseado y el aborto voluntario. Una campaña, muchos actores. La articulación social para impulsar el cambio legal. La acumulación de luchas forjadas desde 1985 y las conmemoraciones anuales de los 28 de setiembre8 y de los 28 de mayo9, fueron el marco que acompañó el proceso para influir en el cambio legal sobre aborto. El reclamo siempre estuvo centrado en que el Estado debía ser el garante para el ejercicio del derecho de las mujeres a decidir, sin que la condición económica funcionara como limitante para algunas y privilegio para otras. A la salida de la dictadura militar que vivió el país entre 1973 y 1985, se comenzaron a configurar nuevos actores sociales que colocaron en la agenda pública un conjunto de demandas y reivindicaciones vinculadas a los derechos humanos, que no habían tenido canales de expresión durante el oscurantismo militar. 8

Día internacional de acción por la salud de las mujeres, fecha definida en el Encuentro Mundial de Mujer y Salud, Costa

Rica, 1987. 9

CNSmujeres por democracia equidad y ciudadanía es la instancia que concentra a 60 organizaciones de mujeres de todo el

país, y fue creada en 1996 en el marco de la V Conferencia Mundial de la Mujer, NNUU, Beijing 1995.

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Las organizaciones de mujeres y feministas se instalaron en la escena nacional para no salir más de ella, colocando en el diálogo social un conjunto de demandas y reivindicaciones vinculadas a los derechos de las mujeres, la inequidad de género, la invisibilización de las mujeres en tanto ciudadanas y la violación de sus derechos a decidir en relación al cuerpo, la sexualidad y los afectos. La conformación de la Concertación Nacional de Mujeres, en tanto espacio plural, democrático e intersectorial de confluencia de mujeres organizadas del país entero, fue un hito en el proceso de reconstrucción de la vida democrática. Mujeres sindicalistas, feministas, profesionales, de distintos campos del conocimiento, de la cultura y el arte, mujeres de todos los partidos políticos, académicas, rurales, jóvenes, adultas, viejas, mujeres de todos los sectores sociales y económicos, construyeron diagnósticos sobre la condición de la mujer en Uruguay y una plataforma de consenso con propuestas orientadas al porvenir. En el documento acordado por la Concertación Nacional del 14 de febrero de 1985, en el capítulo referido a salud, se destaca -entre otros tópicos referidos a la sexualidad y la reproducción- la situación de la práctica clandestina del aborto y su incidencia en las muertes maternas, como una problemática que debía ser abordada en el proceso de reconstrucción democrática. Desde entonces, la demanda por la despenalización del aborto siempre estuvo en la consideración pública y la población fue formando su opinión sobre un asunto que, durante muchos años, había estado confinado exclusivamente a las experiencias personales, íntimas y vividas en la clandestinidad de la práctica. Los debates parlamentarios y sociales que se sucedieron desde 1985, acompañados de un creciente involucramiento de la sociedad uruguaya, adquirieron su mayor expresividad y densidad argumentativa en el período al cual se aboca este libro (2001-2004). En julio de 2001, representantes de distintas organizaciones y personas que habían sido activas en la lucha por el aborto legal en el país, conformaron lo que se dio en llamar ICCAI (Iniciativa Ciudadana Contra el Aborto Inseguro), que funcionó como un espacio de análisis y definición de estrategias para fortalecer la discusión pública de la temática. En ese espacio confluyeron personas de distintos ámbitos: feministas, juristas, defensores de derechos humanos, parlamentarios/as, cientistas sociales. Fue, tal vez, el antecedente más significativo de confluencia de diversos actores, previo a la conformación de la Coordinación Nacional. Cuando en ese año adquiere visibilidad creciente la muerte de mujeres por abortos practicados en condiciones de riesgo, las organizaciones de mujeres y feministas incrementan sus acciones para impulsar un cambio legal sobre aborto en Uruguay. La despenalización/legalización del aborto, además de ser uno de los ejes de lucha histórico del feminismo y las mujeres organizadas, fue incorporándose en la agenda de otros movi193

mientos sociales y fue rompiendo la barrera del silencio en el que estaba contenido para explicitarse en el diálogo de los distintos actores y transformarse en reclamo de gran parte de la ciudadanía. De ello da cuenta la dimensión del debate público que adquirió el tema en este periodo y especialmente, durante el tratamiento legislativo del proyecto de ley. Convertida en plataforma feminista impulsada por las organizaciones de mujeres, “La agenda de las mujeres” (CNSmujeres, 2004)10, en el capítulo de derechos sexuales y derechos reproductivos, proponía: “Aprobar una ley que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la posibilidad de la práctica de abortos en condiciones de seguridad.11 Nuevamente, las mujeres organizadas volvían a asumir el rol de liderar la reivindicación y enarbolar esta bandera de lucha. El agravamiento de las situaciones de pobreza, la agudización de la crisis económica, la cada vez más injusta distribución de la riqueza, la falta de trabajo, el debilitamiento y precarización de los sistemas de educación y de salud, las situaciones de violencia y la exclusión, impactan de forma diferenciada a hombres y mujeres y, si estos impactos no son debidamente comprendidos por las políticas públicas, las mujeres serán las más afectadas. Las acciones que atiendan las emergencias sociales y las situaciones de exclusión social en la que vive parte de la población, deberán estar enmarcadas en políticas integrales e integradas que simultáneamente atiendan y transformen las inequitativas relaciones de poder y generen los cambios culturales que superen la desigualdad de género. Una democracia que no nos garantice igualdad de oportunidades y derechos a toda su población, está en deuda con ella. Cualquier política de desarrollo del país sólo será posible si está íntimamente relacionada con políticas que garanticen el ejercicio de derecho y la calidad de vida de toda su población. Sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los actores tradicionales de mediación política y social tienen resistencias para reconocerlos, valorarlos e integrarlos a sus análisis, discursos y propuestas. En muchos casos, son visualizados como una suerte de “sofisticación de derechos”, atendibles pero postergables ante las “verdaderas prioridades y 10

La “Agenda de las Mujeres” contiene diagnósticos, recomendaciones y propuestas sobre distintos temas y fue elaborada en

un amplio proceso participativo con el propósito de constituirse en la plataforma política de las organizaciones nucleadas en

CNSmujeres. Estas propuestas fueron presentadas a los distintos partidos en disputa electoral y la difusión de la agenda fue acompañada por actividades en Montevideo (por ejemplo, diálogo con los presidenciables en el Paraninfo de la Universidad,

organizado conjuntamente con la Red Temática de Género de la UDELAR) y en distintas ciudades del interior del país, con presencia de representantes políticos y gobernantes departamentales con el objetivo de que fueran consideradas en sus programas electorales. 11

Mujer y Salud en Uruguay, fue creada en 1996 como una red de personas y organizaciones para la defensa de la salud y los

derechos sexuales y reproductivos. Desde el año 2004, MYSU es una organización no gubernamental, bajo la forma jurídica de asociación civil sin fines de lucro.

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problemas” que debe enfrentar el país. La cotidianidad de la sexualidad y de las decisiones reproductivas como situación con la que conviven todas las personas a lo largo de todo su ciclo vital y reproductivo no logra tener dimensión de prioridad política y urgencia. Quizás porque quienes padecen los mayores impactos ante la falta de cuidados, garantías y atención en estos temas son las mujeres. Con el objetivo de impulsar la aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Salud Reproductiva, el primer paso fue la creación, en 2002, de un grupo de trabajo conformado por las instancias feministas de mayor experticia en el tema, constituyéndose un comité coordinador compuesto por MYSU12, CNSMujeres13 y CLADEM – Uruguay14. Los principales objetivos eran ampliar el compromiso de las organizaciones de mujeres y feministas que no tenían especial involucramiento con los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y desarrollar alianzas con otros actores sociales, ampliando la base social de apoyo e involucramiento frente a la problemática. La primera declaración dirigida a parlamentarios y opinión pública tuvo lugar el 19 de junio de 2002: A LOS Y LAS PARLAMENTARIAS A LA SOCIEDAD URUGUAYA TODA La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes del Parlamento Nacional se encuentra analizando los 4 proyectos de Ley sobre Aborto presentados desde 1985. Para ello, han elaborado una agenda de entrevistas con representantes de instituciones que reflejan la diversidad de opiniones que existen actualmente en nuestro país. En Uruguay, la ley vigente del año 1938 establece que el aborto es siempre un delito siendo por tanto penada su práctica. A pesar de ello, la práctica del aborto es una realidad en nuestra sociedad. Se realiza de manera clandestina e insegura, generando situaciones de injusticia social e inequidad. Algunas personas, que cuentan con los medios económicos, pueden acceder a una práctica de aborto realizada con las condiciones sanitarias necesarias. Otras, las realizan en las peores condiciones poniendo en riesgo su salud y su vida. El aborto inseguro y clandestino constituye un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Su práctica en condiciones de ilegalidad e inseguridad, afecta severamente la vida y la salud de muchas mujeres y sus familias.

Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía, fue creada en 1996 y articula a 60

organizaciones de mujeres de todo el país. 13

Oficina Nacional de CLADEM - Uruguay (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la

Mujer) es creada en el año 2003. 14

Intervención realizada por MYSU en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en junio de 2002.

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A pesar del costo humano y social que está situación genera, los debates y la investigación científica resultan notablemente insuficientes. Consideramos que la penalización tiene efectos directos en la salud, la vida personal y en las relaciones sociales de los y las uruguayos/as. Durante el año 2001, más de 10 mujeres murieron como consecuencia de prácticas clandestinas de aborto. El temor a la sanción generó que no consultaran en los servicios de salud cuando surgieron las complicaciones de un aborto realizado en malas condiciones. Cuando lo hicieron ya era tarde. A nivel mundial se ha comprobado que la legislación restrictiva no previene, ni evita el aborto y que muy por el contrario lo transforma en un grave problema de salud para las mujeres. En tal sentido, la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) en el Cap. VII del Programa de Acción, convoca a los gobiernos a considerar el aborto inseguro como un problema mayor de salud pública, a mejorar y ampliar los servicios de planificación familiar para evitar los abortos, a proveer de atención y orientación a las mujeres que tengan embarazos no planeados, que se determinen las medidas y cambios sobre el trato del aborto a nivel nacional, y local de acuerdo a procesos legales nacionales, y afirma que «en todos los casos las mujeres deben tener acceso a servicios de calidad para el manejo de las complicaciones de los abortos. Los servicios de orientación, educación y planificación familiar post-aborto deben ser inmediatos para ayudar a prevenir abortos repetidos”, y “debe considerarse la revisión de leyes de penalización contra las mujeres que han practicado abortos ilegales.” En cuestiones de alto peso simbólico, como las que se refieren a la sexualidad y la reproducción, no existen respuestas absolutamente válidas para todas las personas. Sólo la libertad y la responsabilidad pueden permitir que cada quien actúe correctamente de acuerdo con sus valores y su situación personal. Estamos convencidos/as que promover el derecho a que cada persona decida de manera informada y responsable fortalece la democracia y la ciudadanía. Siempre apostamos a profundizar la democracia, en todos los ámbitos de la vida, y por ello, creemos que si los y las uruguayas estamos en condiciones de decidir sobre el presente y el futuro de nuestro país, también somos capaces de decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Convocamos a los y las uruguayas a apoyar las iniciativas por la DESPENALIZACION DEL ABORTO en el marco de la defensa de los derechos humanos, de la justicia social y de la equidad. MYSU – CNS – CLADEM - Uruguay

En ese mismo mes, MYSU realizó su presentación ante la Comisión de Salud y Asuntos Sociales de la Cámara de Representantes, señalando que: “La conclusión más clara es que en el terreno de los derechos reproductivos no puede imponerse ningún modelo, porque no hay un único modelo que pueda englobar y respetar la sumatoria de individualidades con sus éticas, creencias, filosofías y conductas propias. Por lo tanto, nuestra recomendación a 196

esta Comisión es que traten de acordar una ley que facilite y promueva responsabilidades, deberes, beneficios y relaciones de autonomía y solidaridad en lugar de imponer condiciones estrictas y restrictivas que puedan seguir marginando y excluyendo a las personas del derecho a ejercer sus derechos.” Concluye la intervención diciendo: “ Fortalecer la libertad y responsabilidad parece ser la vía más adecuada y efectiva para lograr actos de conciencia en lugar de reprimir, imponer dogmas o atemorizar a las personas con medidas punitivas convirtiendo en DELITO para todos lo que es PECADO para algunos. (…) En ese sentido es que nos parece sustancial que toda iniciativa que aborde estas problemáticas se incluya dentro de una visión integral y amplia de ciudadanía. Por eso siempre hemos entendido que la problemática del aborto no será resuelta si no es abordada desde su complejidad. Para reducir la incidencia del aborto y los estragos de su práctica clandestina no sólo se necesita modificar la ley vigente, garantizar servicios y desarrollar mecanismos de prevención y de educación, sino que se necesita fortalecer a todas las personas, sin discriminaciones, en tanto sujetos de derechos.”15 En noviembre del mismo año, cuando la Cámara de Diputados se aprestaba a considerar el proyecto, se concibió la idea de hacer una carta dirigida a la opinión pública y a los legisladores. Así nació la “Carta Abierta a la Ciudadanía. Aborto: no más silencios públicos”, que en pocos días contó con la adhesión de una numerosa lista de más de 1.000 personalidades de diversos ámbitos. CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA ABORTO: ¡NO MÁS SILENCIOS PÚBLICOS! Uruguayos y uruguayas que defendemos el Estado laico tal cual lo establece la Constitución de la Republica, nos dirigimos a Uds. para compartir algunas reflexiones. Reivindicando un sistema democrático plural y representativo, promovemos el respeto a la diversidad de ideas y creencias, para que se garantice a todos los y las habitantes del país igualdad de condiciones ante la ley, para que puedan decidir libremente sobre sus proyectos de vida y sistemas de valores. El Uruguay tiene desde 1938 una ley que determina que el aborto es un delito siempre, como resultado de las negociaciones para la aprobación del presupuesto nacional de ese año. La población en general, y las mujeres en particular, somos rehenes de una decisión que no obedeció a ningún análisis de la problemática, sino a la necesidad coyuntural de conseguir esos votos. Siendo el 52% del electorado, las mujeres están menos representadas en los lugares de decisión política, sin embargo, tanto la maternidad como la no maternidad, es una decisión que mas que a nadie a ellas implica, y son las más perjudicadas por los efectos de la clandestinidad del aborto.

Intervención realizada por MYSU en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en junio de 2002.

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El aborto ha sido, y es, una práctica a la que se recurre, por diversas razones, como último recurso frente a una situación de embarazo que no se puede sostener. Todos y todas conocemos a alguien que ha tenido que enfrentarse a esta situación pero las condiciones y consecuencias son muy desiguales. Quienes no tengan los medios para acceder a clínicas técnicamente apropiadas acuden a lo que está al alcance poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Mantener la ley vigente es, por lo tanto, una hipocresía y un acto de discriminación contra las más desprotegidas. En estos 64 años de una ley penalizadora no se ha desestimulado la práctica del aborto ni se han habilitado medidas que lo prevengan y que disminuyan su incidencia. Una sociedad que aparentemente glorifica la maternidad, en demasiadas ocasiones obliga a ejercerla en condiciones inhumanas. En países como Francia, Italia, España, Holanda, Estados Unidos y Canadá, las leyes que regulan el aborto, no sólo no lo promueven sino que permiten definir políticas de prevención, asesoramiento, apoyo, con servicios adecuados y orientación para que las decisiones se tomen con conciencia y sin riesgos. En los últimos años las encuestas de opinión registran que la gran mayoría de la población uruguaya (7 de cada 10 ciudadanos/as) cree que «algo hay que hacer al respecto». Con una Ley como la que el Parlamento debería aprobar, se podrán implementar medidas en el terreno de la salud y la educación que eviten muertes injustas y promuevan mejores condiciones para el ejercicio libre y responsable de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Exhortamos: A la población en general a involucrarse en este debate y tomar posición. A los y las legisladores a que asuman la responsabilidad histórica de aprobar este proyecto de ley, actuando de acuerdo a su calidad de Representantes de la voluntad de la ciudadanía, y no de creencias o intereses de apenas una parte de la población. La aprobación de esta ley jamás obligará a ninguna mujer a abortar. Pero sí estaríamos respondiendo, como sociedad, a una de las injusticias que golpea cotidianamente a miles de parejas, a miles de ciudadanas que tienen derecho a vivir en un país verdaderamente democrático, laico y plural, respetuoso de los derechos humanos.

No es posible hacer una selección de nombres, pero parece significativa la adhesión del entonces Rector de la Universidad de la República y de siete de los Decanos de distintas Facultades de la principal casa de estudios terciarios del país. También firmaron integrantes del Consejo Directivo Central de la Educación (CODICEN), autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), además de numerosos dirigentes sindicales, personalidades de la cultura, el deporte, las artes y los movimientos sociales. 198

Posteriormente, se sumaría el pronunciamiento del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República aprobado por unanimidad el 27 de noviembre de 2002. “Ante la discusión parlamentaria del Proyecto de Defensa de la Salud Reproductiva, el Consejo Directivo Central de la Universidad e la República en el marco del artículo 2º de su Ley Orgánica, considera oportuno compartir con la opinión pública las siguientes consideraciones: La penalización –en los 64 años que lleva su aplicación- no ha impedido que el aborto constituya una práctica sumamente frecuente en todos los sectores sociales. Su carácter de “práctica clandestina” al margen de los controles sanitarios y en manos de personal no debidamente calificado lo ha convertido en un grave problema social de la Salud Pública. Complicaciones derivadas de dichas prácticas configuran la causa del 27% de la mortalidad materna, cifra que se encuentra entre las más altas del mundo y que afecta casi exclusivamente a mujeres provenientes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Se hace necesario sustituir el criterio penalizador que orienta la actual legislación por otro que impulse el desarrollo de políticas públicas tendientes a orientar e informar a las personas sobre los diversos aspectos relacionados al libre ejercicio de la sexualidad. Esto implica poner al alcance de las mujeres –cualquiera sea su condición- los apoyos médicos, psicológicos y sociales necesarios para procesar decisiones libres, autónomas y conscientes, incluyendo los servicios y programas necesarios para sostener dichas decisiones en condiciones de dignidad y equidad. La Universidad de la República comparte la importancia de que la sociedad uruguaya debata sincera y ampliamente este tema comprometiendo su aporte científico y académico como contribución a la mejor resolución de esta grave problemática sanitaria y social. Para finalizar reafirma su convicción de que la base para dicha solución deberá respetar el derecho de las personas a ejercer su capacidad de libre decisión, de acuerdo a sus propias convicciones y el acceso equitativo a los recursos con que la sociedad cuenta para sostener dichas decisiones”. Montevideo, 27 de noviembre de 2002

Producto del proceso de “intervinculación” de agendas y actores sociales, académicos y sindicales, se constituyó en 2003 la Coordinación Nacional de Organizaciones Sociales por la Salud Reproductiva. La misma estuvo integrada por todas las organizaciones feministas y de mujeres; el movimiento sindical (al inicio a través del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT, y luego por definición de su máximo órgano: la Mesa Representativa); representantes de distintas religiones (grupos afro-umbandistas, de la Iglesia Evangélica 199

Valdense y de la Iglesia Metodista); grupos del movimiento por la diversidad sexual; las mujeres montevideanas organizadas en distintos barrios y comunas; organizaciones de jóvenes (sociales y políticas); organizaciones afrodescendientes e instituciones de defensa de los derechos humanos. Desde la Coordinación Nacional se impulsaron acciones concertadas con otros sectores como las sociedades científicas y los gremios de profesionales de la salud. El objetivo fundamental que ésta asumió fue difundir la existencia del proyecto de ley, informar sobre su contenido y extender el debate público hacia la mayor cantidad de ámbitos posibles. Además, se generaron numerosas instancias de intercambio que posibilitaron construir consensos y reflejar mejor las opiniones de la diversidad de sus grupos integrantes. El proceso para la construcción de alianzas y la ampliación de base social de apoyo al proyecto fue intenso en la elaboración de una posición consensuada que se basó en las siguientes líneas argumentales: a) El aborto inseguro como un problema de salud pública. b) El aborto inseguro como expresión de injusticia social. c) El respeto a la diversidad de creencias y religiones como condición para la profundización de la democracia. d) El respeto y reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en tanto Derechos Humanos universales, integrales e indivisibles. e) El derecho a decidir como un ejercicio sustancial de ciudadanía. La Coordinación Nacional orientó sus actividades hacia distintas audiencias en todo el país y hacia los medios de comunicación masiva. Se organizaron y se participó en foros, talleres, seminarios, instancias académicas y debates en los medios de comunicación. Estas actividades se enmarcaron en una estrategia de comunicación social cuya principal función fue la de ampliar y profundizar el debate público, involucrando a la mayor parte de la ciudadanía. Esto permitiría comprender las razones por las cuales las encuestas de opinión pública indicaron que más del 50% de la población conocía los contenidos del proyecto. Como parte de las actividades se creó un sitio web16 donde se divulgaron diversos documentos, el texto del proyecto de ley, intervenciones realizadas en las comisiones legislativas, información científica, noticias y actividades de la campaña. Junto a las actividades concertadas desde la Coordinación Nacional, muchas de sus organizaciones integrantes desarrollaron a su vez diversas acciones públicas que contribuyeron a la permanencia sostenida de la campaña. 16

www.chasque.net/abortoenuruguay

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Como estrategia para brindar mejores herramientas conceptuales, políticas y filosóficas al debate público, se organizaron desde la Coordinación Nacional, presentaciones con la participación de expertos/as internacionales, que abordaron distintas dimensiones de la problemática. La Dra. Rebecca Cook, jurista, experta canadiense en derecho internacional y derechos de las mujeres, brindó una conferencia en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, organizada por la cooperación canadiense. Sonia Correa, investigadora del Programa sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de la Red Internacional DAWN17, ofreció una conferencia en la Sala Roja de la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre el marco conceptual de los derechos sexuales y reproductivos y la problemática del aborto. Frances Kissling, presidenta de Catholics for a Free Choice, brindó una conferencia en la Sala Maggiolo de la Universidad de la República, sobre el rol de las religiones en las políticas públicas. El Dr. Aníbal Faúndes, médico gineco-obstetra, coordinador del Comité sobre Derechos Sexuales y Reproductivos de la FIGO18, brindó conferencias sobre aspectos médicos del aborto y el falso dilema de estar a favor o en contra, dirigido a profesionales de la salud tanto en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, como en la Sociedad de Ginecología del Uruguay. Finalmente, la Dra. Silvia Pimentel, integrante de CLADEM Brasil y, desde el 2005, experta del Comité de CEDAW de las Naciones Unidas, ofreció una conferencia en la Sala Paulina Luisi del Parlamento Nacional, sobre aspectos jurídicos de la despenalización del aborto en el mundo y el Pacto de San José de Costa Rica.19 Los invitados internacionales participaron de una agenda que incluyó, además de las mencionadas conferencias, seminarios dirigidos a públicos profesionales específicos, presencia en medios de comunicación, actividades abiertas y participación en sesiones de la Comisión de Salud del Senado. Otra de las líneas estratégicas definidas desde la Coordinación Nacional fue mantener un vínculo fluido con los y las parlamentarias que impulsaban la aprobación del proyecto de ley. El trabajo articulado con los/as parlamentarios incluyó la elaboración de documentos técnicos que fueran insumos para su labor. Como parte del trabajo realizado hacia el Parlamento, tanto la Coordinación Nacional como algunas de sus organizaciones miembros fueron recibidas por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores durante el tratamiento del proyecto de ley. 17 18 19

Development Alternatives with Women for a New Era. Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

Las conferencias de Kissling, Correa y Faúndes fueron publicadas en Cuadernos Aportes para el Debate, disponibles en el

sitio web de MYSU:

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Fueron innumerables las actividades de debate público y las movilizaciones que se realizaron tanto en la capital como en distintas ciudades del país. Comisiones barriales, Juntas Vecinales, sindicatos y espacios académicos, fueron ámbitos de discusión social y posicionamiento público. La diversidad de espacios, así como la amplitud, profundidad y densidad del debate, fueron el rasgo distintivo de un proceso de participación social que daba cuenta de un acumulado histórico y de una demanda ciudadana creciente a favor de respuestas legislativas acordes a los nuevos contextos. La Coordinación Nacional acordó sus principales consignas convocantes para ser utilizadas en la campaña pública. Ellas recogían la síntesis argumentativa de un consenso social entre actores de naturaleza diversa que confluían en un objetivo compartido: “Educar para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” “Hay realidades que no se pueden ocultar…” “Es una cuestión de derechos, es una cuestión de democracia” “Yo decido” “¿Cuántas más se tienen que morir para que el Senado se anime a decidir?” “Ni una muerte más por aborto inseguro en Uruguay” Se definió como símbolo de la campaña, una mano de color naranja con el lema “Voto a favor de la Salud Reproductiva”. Este símbolo se reprodujo en calcomanías, manos de diferentes tamaños, se utilizó en toda la cartelería y en los spots televisivos realizados por la Coordinación Nacional. La mano naranja se constituyó en el emblema que identificó e identifica la campaña ciudadana a favor del proyecto de ley, reconocida en el país y utilizada posteriormente en distintos países de la región para campañas similares. Este símbolo fue utilizado en todas las acciones de la Coordinación Nacional y de sus organizaciones integrantes. A modo de ilustración, en los actos del 1º de mayo llevados adelante por la Central Única de Trabajadores (PIT-CNT) desde el año 2004 a la fecha, la mano naranja se ubicaba en el estrado principal, junto a los emblemas históricos del movimiento sindical. Durante las sesiones de tratamiento del proyecto en Cámara de Senadores (13 de abril y 4 de mayo de 2004), se convocó a concentraciones en las puertas del Palacio Legislativo, donde concurrieron delegaciones de todo el país y los distintos barrios de Montevideo. Allí, a los carteles elaborados por la Coordinación Nacional se sumaron aquellos producidos, en muchos casos de manera artesanal, por las y los ciudadanos participantes. Hubo carteles con consignas: “Maternidad como opción y no como destino”, “Voto a favor de la Ley de Salud Reproductiva”, “Católicas por el derecho a decidir presente”, “No a la violencia de género, por la despenalización del aborto. Grupo Mujer Carmelo”, “Sí a la ley”, “Por la vida de las mujeres pobres y contra la hipocresía de políticos y de iglesias: sí a la despenalización del aborto”, “Senador/a: este martes 13 no te cases con el oscurantismo, ni te embarques en la hipocresía”, “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “Personas libres, Estados laicos. 202

Ni del Estado ni de la Iglesia, mi cuerpo es mío”, “Sin las mujeres los derechos no son humanos”, “En diputados ya se votó: ni una muerte más por aborto inseguro en el Uruguay. La decisión ahora está en el Senado”, “Educar para no abortar, legalizar para no morir”, “Personas libres, estados laicos”. Las concentraciones fueron acompañadas por actividades culturales y performances a cargo de estatuas vivientes representando la libertad y la justicia, portando los carteles “Voto a favor” y “Yo decido”. En los días previos al tratamiento del proyecto de ley en plenario de Senadores, la Coordinación Nacional realizó una campaña en televisión y radio, instando a los legisladores a votar a favor del proyecto. Delegaciones parlamentarias y representantes de organizaciones de mujeres de la región acompañaron el debate en el Senado, dando cuenta de su repercusión y relevancia para toda la región. Incluso en diversos países vecinos hubo manifestaciones frente a las Embajadas de Uruguay, bajo la consigna “Todas somos uruguayas. Votamos a favor de la salud reproductiva”.

Las repercusiones en la prensa regional y nacional La prensa internacional hizo eco de la discusión en el Senado. Varias fueron las entrevistas que integrantes de la Coordinación Nacional dieron a medios de comunicación de Argentina, Brasil, Francia y Estados Unidos. Al día siguiente a la votación en el Senado, el diario argentino Página 12 se preguntaba cuáles eran los factores que habían permitido estar tan cerca de que la ley fuera aprobada y se respondía: “Sin duda la movilización de las organizaciones sociales de la más variada especie (las organizaciones de mujeres, la central de trabajadores, la Universidad de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y una larga lista de personalidades de la cultura y el deporte y distintas corrientes religiosas que hicieron público su apoyo al proyecto), que tomaron estado público junto con “la admirable alarma” que los médicos del Hospital Pereyra Rossell (la maternidad pública más grande del país,) y el Sindicato Médico del Uruguay posteriormente, plantearon a la ciudadanía al denunciar que el número de muertas por aborto inseguro sigue subiendo en un país que había conseguido terminar con las muertes maternas. Vistas las denuncias de los médicos, la pregunta ‘¿cuántas más tendremos que morir para que el Senado se atreva a decidir?’, que las uruguayas corearon a la salida el Senado el 4 de mayo, es pertinente y aún aguarda respuesta.” Folha de San Pablo informó: “O Senado do Uruguai rejeitou ontem um projeto de lei que poderia ter feito daquele país o primeiro na América Latina a legalizar a prática do aborto. Por 17 votos a 13, o plenário forçou o arquivamento das Normas para Defesa da Saúde Reprodutiva, que haviam sido 203

aprovadas pela Câmara dos Deputados em dezembro 2002. [...] Os partidários do aborto legalizado prometem reapresentar o projeto a partir de fevereiro do ano que vem, quando se iniciará uma nova legislatura cujos integrantes serão eleitos em outubro próximo.”20 Por su parte, O Tempo de Brasil publicó: “Participei, emocionada, de uma festa cívica nas ruas de Montevidéu. Acompanhei, no Senado, os discursos. Compartilho parte do que vi e ouvi. São lições, considerando-se as bases filosóficas e políticas de cada discurso. Uma conquista da caminhada uruguaia pela legalização do aborto foi ter obrigado parlamentares a se debruçarem sobre o tema com a relevância política que ele possui. Não fizeram discursos simplistas. Perseguiram a via do embasamento filosófico e da laicidade, até os “contra”. Um assunto que ganhou “corações e mentes” da sociedade uruguaia, mereceu de senadores (as) um cuidado extremo. O que me encantou.”21 El semanario Siete Días publicó lo que sigue el 17 de mayo de 2004: “La fuerza demostrada por las organizaciones que defendieron la ley, el ánimo sustentado luego del fracaso del 4 de mayo por las mujeres que estuvieron en el Palacio, la esperanza de retomar el camino andado y dar la pelea, nos permite tener puesta la fe en que no todo se perdió, que la opinión pública iba por un camino que no era evidentemente el recorrido por “los 17” y que cuando se den nuevas condiciones todos/as estarán unidos para recomenzar la tarea.”22 El Semanario Brecha, en su edición del 4 de junio de 2004 señalaba: “Desde diversos ámbitos del movimiento de mujeres han surgido evaluaciones sobre lo ocurrido en el Senado con el proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva. En ellas, se señaló como positivo el avance logrado en la conciencia pública del tema y el respaldo mayoritario de la ciudadanía a la ley. Pero, el capítulo tuvo otra consecuencia importante: la visibilización de las profundas contradicciones y no pocas hipocresías subyacentes en el “progresismo” político uruguayo.”

El papel de los actores en contra el proyecto de ley El papel de las principales fuerzas que se manifestaron públicamente y abogaron en contra del proyecto de ley merecería un estudio específico, que excede el cometido de este artículo. 20 21 22

Folha de S.Paulo, seção Mundo, 06 de mayo 04.

Fátima Oliveira en O Tempo, 19 de mayo 2004.

José Luis Casanova, semanario Siete sobre Siete, 17 de mayo 2004.

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Sin embargo, importa registrar el rol sustantivo que jugó la jerarquía de la Iglesia Católica, con el desarrollo de estrategias de presión que violentaron el carácter laico del Estado uruguayo. Asimismo, grupos evangélicos pentecostales actuaron como aliados de la jerarquía eclesiástica, destinando importantes recursos económicos para la movilización de sus fieles. Otros actores se hicieron visibles en el proceso. Especialmente, grupos “provida” que denominaron a su campaña “Salvemos a los dos”, con un discurso que reformulaba los argumentos de los sectores a favor del proyecto. Asimismo, profesionales católicos vinculados a las áreas de la salud y el derecho, expresaron su rechazo al proyecto de ley. Ninguna de estas expresiones tuvo capacidad propositiva frente a la problemática. El argumento sustentado por estos actores fue la “defensa de la vida” desde el momento de la concepción, cuestionando la veracidad de las estimaciones de la práctica de aborto en el país y minimizando el número de muertes de mujeres por su práctica insegura. Estos sectores minoritarios -aunque poderosos- de la sociedad uruguaya, centraron su estrategia de influencia en presiones a los sectores políticos, condicionando, en algunos casos, su apoyo a la campaña electoral y llamando a la desobediencia civil si el proyecto de ley era aprobado. En alianza con sectores conservadores “provida” de los Estados Unidos, congresistas norteamericanos enviaron correspondencias a los y las senadoras uruguayos/as el día previo a la votación en la Cámara, exhortándolos a votar en contra del proyecto y a no acompañar ninguna iniciativa que impulsara una consulta popular. Esta intromisión de congresistas de los Estados Unidos en asuntos internos de nuestro país generó la reacción de las organizaciones sociales uruguayas y el repudio de organizaciones de mujeres de los Estados Unidos, quienes enviaron su respaldo a todos los integrantes del Senado uruguayo, en su autonomía para la toma de decisiones y denunciaron el hecho en la prensa estadounidense. En Uruguay, hubo gestiones de legisladores/as frente a autoridades de la Cancillería, a efectos de considerar posibles acciones frente al Congreso de los EUA.

A modo de síntesis La culminación del debate legislativo con la votación negativa del proyecto de ley no condijo con la construcción de un consenso social, que la ciudadanía e instituciones diversas y con legitimación social, expresaron de múltiples formas. La salud reproductiva, y en especial el aborto, se ubicaron en el debate político y social como nunca antes en el país, y las encuestas de opinión pública dieron cuenta de que la mayoría de la población apoyaba la aprobación del proyecto de ley. 205

El resultado negativo, no sólo no dio respuesta al problema, sino que dilató una decisión reclamada por la ciudadanía y los diversos actores sociales de referencia en el tema. Tampoco desincentivó el debate público ni su tratamiento en los medios de comunicación. Menos aun la práctica del aborto, que continúa transcurriendo en la clandestinidad, la ilegalidad y la inseguridad. La ampliación e involucramiento de la base ciudadana de apoyo a estos asuntos representa una transformación de los pactos sociales que, más temprano que tarde, deberá reflejarse en las decisiones políticas a través de un cambio de legislación. La sociedad uruguaya se ha permitido hablar con mayor apertura de estos temas, que habían transitado fundamentalmente por lo “que no se dice”. Este cambio cultural es el resultado de una sostenida acción de actores sociales, que potenciaron su capacidad y disposición para construir nuevos consensos en torno a la defensa y respeto del derecho de las personas a decidir sobre su capacidad reproductiva y vida sexual, sin discriminaciones de ningún tipo.

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La disidencia entre los creyentes Jorge Barreiro

Tal como se afirma en otro artículo de este mismo volumen, la discusión sobre la legalización del aborto ha sido motivo de enormes simplificaciones. Plantear la controversia entre quienes son partidarios de la misma y quienes la rechazan como una oposición entre defensores y opositores al aborto es apenas una de ellas. Otra es la que pretende acotar esa discusión a un asunto de convicciones morales contrapuestas, despojándola de cualquier alcance político, como si la oposición a la legalización del aborto fundada en “razones morales” no estuviera poniendo en evidencia una determinada postura política, la de que el derecho puede y debe ser tributario del punto de vista moral de una parte de los ciudadanos (minoritaria en este país, para colmo). Hay dos asuntos llamativos en esta oposición a la legalización del aborto. El primero es que ignora, o pretende ignorar, que esa eventual legalización no obligará a abortar a aquellas mujeres que por sus convicciones morales rechacen esa práctica, de modo que las mismas estarán totalmente a salvo en el caso de una legalización. El segundo, y más significativo para el tema que nos ocupa, es la pretensión de que la religión es totalmente ajena a esa oposición, cuando es evidente que no lo es. Los opositores a la legalización del aborto en este país pretenden que sus argumentos son morales y científicos, pero nunca religiosos. ¿Ciencia? A la ciencia propiamente dicha le tiene sin cuidado la moral. El aborto podrá ser motivo de preocupación moral para los científicos (como para los cerrajeros, los panaderos y los albañiles), pero la ciencia a lo sumo podrá establecer las condiciones de posibilidad, los riesgos y las consecuencias de un aborto, no su pertinencia moral. Y en cuanto a esta última, no bien se pase de la superficie de las cosas a las capas más profundas se verá que las alegadas “razones morales” de los prohibicionistas son prácticamente indistinguibles de los dogmas religiosos, particularmente de los de la iglesia católica. Aunque la oposición a la legalización del aborto no se atreva a llamar a las cosas por su nombre, todo su arsenal argumental se reduce a razones religiosas (si se me permite esta contradicción en los términos). Por estos motivos, me parece importante abordar las controversias existentes en el seno de las propias comunidades religiosas a propósito de la legalización del aborto… que las hay. 207

Se comprende fácilmente que en un país laico, como Uruguay, se pretenda mantener a las iglesias en un discreto segundo plano en todo lo que atañe a controversias políticas (y ésta es una de ellas). Porque nadie, o casi nadie, aceptaría que la religión tuviera la última palabra en asuntos de la polis. Pero, además, si la religión hiciera abiertamente acto de presencia en el debate, también se pondría en evidencia la pluralidad de posturas que existen entre los propios creyentes. Y aunque sería necio no reconocer que las jerarquías de casi todos los credos religiosos se oponen tenazmente a la legalización del aborto (que no al aborto mismo, porque con o sin legalización el aborto no va a desaparecer), ya son numerosas las voces que en el seno de las diferentes iglesias se levantan contra la ortodoxia. A las posiciones de esos “herejes” y disidentes están dedicadas las líneas que siguen.

I Uno de los colectivos que más ha abordado el tema de la legalización del aborto inducido es “Católicas por el Derecho a Decidir” (de aquí en más CDD). Esta organización funda su postura favorable a legalizar la práctica del aborto en varios presupuestos. El más importante es el que distingue entre principios morales, éticos y jurídicos. En la mejor tradición moderna e ilustrada, CDD (1992) sostiene que “aunque tradicionalmente la ética se ha visto como una disciplina normativa destinada a señalar la mejor conducta moral, continúa existiendo un debate sobre la existencia de principios éticos de validez universal. Los valores éticos que inspiran la norma moral y la norma jurídica difieren en cuanto a que la moral, que rige el campo de la conciencia, valora la conducta en sí misma y lo que ésta significa para la vida de la persona, mientras que el derecho, que opera en la coexistencia y cooperación sociales, valora la conducta desde un punto de vista relativo. En cuanto a su alcance, el derecho ‘debe ser la condición que haga posible el cumplimiento del destino moral, para lo cual tiene que garantizar la libertad de cada individuo, pero no puede de ninguna manera ser el agente de cumplimiento de la moralidad, la cual sólo puede ser realizada y sólo tiene sentido en la medida en que sea llevada a cabo libremente por cada sujeto (Recasens, 1945).’” Las implicancias de esta distinción para la libre decisión de las mujeres respecto a la práctica del aborto no podrían ser más evidentes. Sin embargo, y a pesar de reconocer que en Latinoamérica se ha reafirmado la separación entre las políticas públicas y los postulados de la Iglesia en la referente a la planificación familiar, sobre la que se ha avanzado en materia legislativa y programas sobre derechos reproductivos y sexuales, CDD considera que eso no ha ocurrido “con respecto al tema del aborto”, debido a que la “jerarquía eclesiástica no se ha adaptado a la realidad que viven las mujeres hoy en día”. En una conferencia dictada en Montevideo cuando en la legislatura pasada se discutió en el Parlamento la legalización del aborto, Frances Kissling, presidenta de CDD de Estados Unidos, denunciaba la presión que está ejerciendo la Iglesia sobre los legisladores de los 208

países donde se discute este tema: “que la Iglesia tenga derecho a hacer conocer sus puntos de vista” no quiere decir que deba tener “una voz más fuerte que otros actores de la sociedad civil” (Kissling, 2003). Para CDD, el castigo penal del aborto voluntario rompe además con los principios de igualdad jurídica y libertad individual. En el primer caso, porque “la idea de justicia se centra en la distribución equitativa de cargas y beneficios, sin distinción de género, raza, edad o nivel socioeconómico. Es decir que “todas las personas dentro de una sociedad determinada merecen igual acceso a los bienes y servicios que cubran sus necesidades humanas básicas”, principio que con la prohibición y penalización del aborto voluntario no se respeta en lo que concierne a los derechos reproductivos y sexuales de una parte de la sociedad, las mujeres. Y viola la libertad individual, porque “todos los seres tienen el derecho a la libertad de decisión y acción mientras sus acciones no interfieran con los derechos de las demás” (Idib), como evidentemente no interfiere la interrupción voluntaria de un embarazo… salvo que se considere al feto como sujeto de derecho. CDD también toma distancia de los dogmas de la jerarquía católica respecto al estatuto del feto. Esta organización recuerda que incluso en el seno de la Iglesia Católica no ha predominado siempre la idea de que la vida humana existe desde el momento de la concepción. Hasta 1869 “la mayoría de los teólogos enseñaba que el feto se convertía en un ser humano con alma humana a partir de los 40 días (a veces más tarde) después de la concepción. La postura de la jerarquía eclesial de condena absoluta al aborto ha sido cuestionada por teólogos católicos que creen que el aborto es permisible en las primeras etapas de gestación”. Y agregan que recién con Pío IX, en 1869, la práctica del aborto se convirtió en un pecado grave castigado con la excomunión. Hasta entonces la iglesia aceptó el punto de vista de los teólogos en el sentido de que “una dudosa obligación moral no podía ser impuesta como certeza (Ubi dubidum, ibi libertas, “donde hay duda, hay libertad”), sino que en última instancia la decisión moral depende de la conciencia propia”. Sobre este tema también se pronunció en su momento el fallecido sacerdote católico Luis Pérez Aguirre. En un artículo publicado en el año 2001, que por cierto le valió sanciones de sus superiores, Pérez Aguirre se pregunta si una vida humana en potencia (como es el feto) tiene derechos y si, de tenerlos, están en el mismo plano que los otros. “Yo creo que no –se responde–. El valor de la vida, que siempre nos será difícil reducir a la mera vida biológica, no es único, hay otros valores y es común que se den conflictos de valores entre vida y libertad, entre hijo y madre, etc.”. Por eso concluye que “una ética que pretenda ser para todos (y no sólo para un grupo religioso) estará generalmente obligada a optar por suspender el juicio ante el aborto, es decir dejar la decisión a la autonomía de la persona. Habrá que tener en cuenta circunstancias, plazos, etapas y las vidas que están en juego en cada caso, porque son diferentes y no puede haber una respuesta válida unívoca para cualquier situación. La decisión moral, finalmente, será siempre personal, solitaria y, en consecuencia, muy dolorosa y nada fácil. Al menos podemos evitar que sea clandestina”. (Pérez Aguirre, 2001). 209

Es por ello que “los pronunciamientos pontificios y las leyes canónicas que prohíben la práctica del aborto no forman parte de las declaraciones papales que los fieles consideran infalibles” (Ibid). He aquí otra afirmación clave: la jerarquía católica no representa el punto de vista moral de las católicas. Según CDD, existe un distanciamiento entre los preceptos de la Iglesia y las prácticas de sus miembros. Varios estudios indican que el aborto es común en los países predominantemente católicos, “demostrando que la decisión de interrumpir el embarazo tiene poca relación con la práctica de la religión católica. Los datos obtenidos en Chile por el doctor Mariano Requena indican que la proporción de embarazos terminados en aborto entre las mujeres católicas no difiere entre las mujeres sin religión; esto indica que la prohibición moral no tiene ningún efecto sobre la decisión de abortar cuando el embarazo resulta insoportable para la mujer”.1 Más contundente fue la afirmación de la ya citada Frances Kissling (2003): “Honestamente [los obispos] no representan la posición de la Iglesia Católica con respecto al aborto, la planificación familiar, la separación Iglesia-Estado, etc. Sobre estos temas los legisladores deberían rechazar las opiniones de los obispos”. En pocas palabras, ni la Iglesia tiene derecho a prescribir leyes ni la jerarquía de esa misma Iglesia es representativa de lo que piensan los feligreses. Finalmente, y en un ámbito completamente ajeno a la controversia jurídico-política y al disenso teológico-moral, este colectivo de católicas defiende la legalización del aborto no sólo porque la prohibición no resuelve los problemas derivados de la práctica del aborto, sino porque los agrava. En una línea que converge con los argumentos de los movimientos de mujeres que luchan por la despenalización y legalización del aborto voluntario, y que no vamos a repetir aquí, Kissling se pregunta “¿cuál es la solución que nos ofrecen los obispos?, ¿qué solución proponen al hecho de que las mujeres mueran en abortos ilegales? Ninguna solución. Simplemente difunden un principio moral”. Pérez Aguirre agrega: “todo juicio y castigo a las supuestas culpables (de abortar) no pasa de ser un fariseísmo moralista que se lava las manos y la conciencia”, porque “mientras la sociedad no abra salidas para que las mujeres no se vean empujadas a abortar, no tiene derecho a penalizar el aborto. Es hipócrita e inmoral castigar por un lado lo que ella misma obliga a cometer por el otro” (Kissling, 2003).

II La Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay también intervino en este debate en oportunidad de la discusión del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, aprobado por la Cámara de Diputados en 2002 (y rechazado en el Senado). En un documento firmado por su presidente, Oscar Bolioli, se abordan las dimensiones morales y sociales de la pro1

Estudio citado en el Encuentro de Parlamentarios de América Latina y el Caribe sobre Aborto Inducido, Bogotá, 1998.

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hibición y la legalización del aborto voluntario. Nótese que en este caso no se trata de un grupo disidente dentro de la Iglesia Metodista, sino de su máxima autoridad. “La Iglesia Metodista entiende que la vida es un don de Dios, por lo tanto no aprueba el aborto ni ninguna otra forma que atente contra la vida de los seres humanos”, advierte el documento. Sin embargo, a continuación señala, en sintonía con otros puntos de vista laicos favorables a la legalización del aborto, que “no tiene derecho a condenar el aborto quien -persona, entidad o gobierno- no le importa cómo viven o van vivir los/las que nacen” (Bolioli, 2002). La Iglesia Metodista rechaza la idea abstracta de vida que se esconde detrás del intento de convertir en un bien absoluto el supuesto “derecho” del embrión a continuar siempre y bajo cualquier circunstancia su proceso evolutivo, incluso en el caso de que la mujer no desee continuar con ese proceso, porque si bien “nuestra creencia en la santidad de la vida humana antes del nacimiento nos hace renuentes a aprobar el aborto (…), al mismo tiempo estamos unidos en respetar el sentido sagrado de la vida y bienestar de la madre, para quien un embarazo inaceptable puede resultar en un daño devastador” (Ibid). Los metodistas del Uruguay reparan en un aspecto que parece del todo ausente en quienes sostienen que la libre voluntad de una mujer de interrumpir un embarazo sólo puede deberse a la irresponsabilidad o el “egoísmo”. Afirma el pastor Oscar Bolioli: “El aborto es una situación límite, que conlleva una decisión trágica, pues produce un daño irreparable. Ninguna mujer aborta gustosamente, todas son expuestas a un daño psíquico, fisiológico y social. Cuando hablamos de defender la vida no es solamente del ser en gestación, sino también el de la madre (…). Reconocemos el trágico conflicto de una vida con otra, el cual puede justificar el aborto. En tales casos respaldamos la opción legal del aborto bajo procedimientos médicos apropiados. No podemos apoyar el aborto como medio aceptable de control de natalidad”. No obstante, no se estaría dando cuenta con fidelidad de la posición de la Iglesia Metodista si se la asimilara sin más con las posturas que reivindican el derecho de la mujer a decidir sin más imperativos que su propio criterio, porque el pronunciamiento que citamos aclara que continuar coactivamente con un embarazo no es una exigencia moral cuando “pone en peligro la vida o la salud de la madre, o coloca otros serios problemas concernientes a la vida, la salud o la capacidad del niño al nacer” (Bolioli, 2002). Podría deducirse pues, que sólo en esas circunstancias, bastante amplias por cierto, la Iglesia Metodista acepta la interrupción del embarazo. Los metodistas uruguayos también se pronuncian sobre las relaciones entre normas morales y normas jurídicas. Y lo hace en un sentido que está más próximo de un moderno punto de vista democrático que del que pretende que la moral religiosa está autorizada a decir “algo más” que cualquier otra moral a la hora de decidir cuáles son las leyes más justas: “consideramos que, dentro de una tragedia por los intereses encontrados de dos vidas o frente a situaciones límite, es la madre y su conciencia la que debe tener el derecho a decidir y no el Estado”. 211

Pero para los metodistas la legislación no sólo debe abstenerse de prescribir comportamientos morales y castigar penalmente a las mujeres que deciden abortar. Por el contrario, “frente a la necesidad de interrumpir el embarazo”, también debe asegurar que la madre “pueda tener acceso a la atención médica y garantizar las condiciones elementales de seguridad y salud que protejan su vida física y psíquica” e “intentar terminar con la discriminación que existe de hecho contra la mujer sin recursos o la madre soltera que [en la actualidad] debe recurrir a medios inapropiados” (Ibid). Sin forzar la interpretación, puede decirse que esta postura apuesta, no solamente a la despenalización, sino a legalización del mismo, es decir a que los servicios de salud públicos brinden la posibilidad de asistir a las mujeres que deseen abortar.

III Entre las opiniones de instituciones religiosas que no se avienen a la creencia generalizada de que todas se oponen a cualquier forma de aborto inducido hay que mencionar también a la Iglesia Evangélica Valdense. En una carta de abril de 2004 a los miembros del Senado, el Grupo de Bioética de esa iglesia divulgó sus puntos de vista sobre la legalización del aborto. Entre otras cosas señala que no se oponía a la ley de salud reproductiva discutida en 2002 por el Parlamento y que incluía la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La precisión es pertinente porque en aquellos días la llamada Comisión de Representatividad Evangélica del Uruguay (CREU) se había entrevistado con legisladores para transmitirles que los evangélicos del Uruguay se oponían a la despenalización del aborto. “La CREU no representa en absoluto a la Iglesia Evangélica Valdense en el plano institucional y menos aun en el campo conceptual”, afirmaba escueta y tajantemente la carta. No vamos a abundar aquí en los numerosos argumentos expresados que van en el mismo sentido que los manifestados por otras corrientes religiosas. Baste con decir que la Iglesia Valdense considera que “no se puede condenar simplemente en base al principio (tan generalizador como indefinido) de “defensa de la vida”, sin antes precisar qué entendemos por vida y qué acciones concretas hacemos para defenderla. Detrás de toda interrupción de una gravidez existe un intrincado y oscuro contexto vivencial, donde interactúan violencias diversas, incestos, marginación, pobreza, falta de educación, medios de prevención, etc.”. Luego enumera principios que guían su acción en este ámbito: rechazo absoluto a la imposición coercitiva del embarazo y a la penalización generalizada e indiscriminada y defensa de la despenalización como “conquista de la cual no se debe retroceder”. A continuación le abre proceso a la legislación punitiva vigente (de 1938) que tiene “un -nada inocente- discurso jurídico, con omisión total en cuanto a políticas preventivas (de educación, información, asistencia, etc.) y que crea categorías de personas que pueden ‘salvar el propio honor, el de la esposa’, para nosotros conceptos éticamente inaceptables”. A su juicio, la misma “debe ser sustituida urgentemente”. 212

Pero acaso la postura de mayor relevancia de la Iglesia Valdense (por el cuestionamiento que supone a las pautas culturales vigentes) sea la idea de que “la maternidad ya no es una situación dolorosa que se debe aceptar. La maternidad no debe ser ya una fatalidad”.

IV Aunque se pretenda lo contrario, las voces que reclaman tener en cuenta la palabra de las instituciones religiosas cuando se debate sobre la legalización del aborto (o sobre cualquier otro asunto de alcance político) hacen referencia casi exclusivamente a la Iglesia Católica. Si es cuestionable que las religiones e iglesias tengan mayor autoridad que cualquier ciudadano para opinar sobre qué leyes y medidas son más apropiadas para la vida en común, lo es aun más pretender que la Iglesia Católica está más autorizada que el resto de los credos a la hora de opinar sobre los asuntos terrenales. Entre esas religiones generalmente ignoradas se hallan las de origen africano. La incuantificable difusión de las mismas no hace aquí a la cuestión. Sea como fuere hay que señalar que líderes de esas religiones integraron el colectivo de “organizaciones de mujeres, ONGs y personas que (en Uruguay) apoyaron al Programa de Acción de la CIPD de 1994”. Según los firmantes de la carta abierta que en 2002 suscribieron ese Programa de la CIPD (Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo) el mismo es nada más y nada menos que “un acuerdo que ataca directamente los obstáculos que impiden mejorar la salud de las mujeres. Afirma lo más básico de los derechos humanos: el derecho de todas las personas a decidir por sí mismas cuántos hijos criar y cuándo, y el derecho de todos los individuos a una salud sexual y reproductiva libre del miedo a la muerte y a las enfermedades”. Al margen de esta adhesión, el Consejo de Estudios y Difusión de las Culturas y Religiones Africanas y Amerindias hizo públicas sus opiniones sobre la legalización del aborto. En una declaración se pregunta “¿por qué quienes no son católicos o fundamentalistas musulmanes tienen que aceptar una culpabilidad de una creencia que no es la propia?” En ese mismo manifiesto consideran que “una sola religión, que no es mayoría, no puede incidir totalmente en la sociedad uruguaya, y mucho menos en un tema tan importante como son las políticas de salud reproductiva”. Y añade: “no entendemos que los derechos humanos de las mujeres sean salvajemente amenazados por una serie de hombres. No entendemos que la mujer no pueda decidir por sí misma y que sea la religión la que decida”. Y a continuación denuncian las consecuencias sociales e individuales del aborto clandestino y arremeten contra los defensores de la actual legislación punitiva. Los líderes religiosos afroamericanos apuntan con su palabra a quienes no piensan “en todas las mujeres que murieron y morirán en las ‘carnicerías’ clandestinas, en las hijas que son obligadas a abortar por sus padres o tutores, en las mujeres que son violentadas y violadas y quedan embarazadas, en las mujeres que son obligadas por sus parejas a tener relaciones y de esa forma quedan 213

embarazadas, en las mujeres que tienen que realizar abortos clandestinos, en las que por el aborto clandestino quedan sin la posibilidad de tener hijos en el futuro”. Y concluye con la idea de que asistimos a una forma de discriminación específica, porque, se preguntan, “¿nadie se da cuenta de que quien tiene dinero tiene posibilidades de una buena atención y seguridad, en clínicas bien establecidas, atendidas por médicos que lucran? Quienes dicen que luchan por la vida y por lo tanto están en contra de la ley (que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo) están a favor de la vida del embrión pero no de la vida de las mujeres. ¿Las mujeres no merecen vivir?, ¿no merecen tener derechos? ¿Qué Dios ordena esto?”.

Bibliografía Kissling, F. (2003) El rol de las religiones en la elaboración de políticas públicas. Montevideo. Editado por MYSU. Hurst, J. (1992) La historia de las ideas sobre el aborto en la Iglesia Católica: lo que no fue contado. Montevideo. Católicas por el Derecho a Decidir. Pérez Aguirre, L. Citado en Semanario Brecha. 2 de marzo de 2001. Recasens Fiches, L. (1945) Vida humana, sociedad y derecho. Fundamentos de la filosofía del derecho. México. FCE. “Una opinión metodista sobre la salud reproductiva en Uruguay” (2003) Documento firmado por el

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Sobre los autores

Lilián Abracinskas es Técnica en Anatomía Patológica y egresada de la Licenciatura

en Biología (UDELAR). Comunicadora feminista y experta en derechos sexuales y reproductivos. Desde 1985 desarrolla acciones de influencia política a nivel nacional y regional para el avance y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y en especial de los derechos sexuales y reproductivos. Coordinadora de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) y coordinadora ejecutiva de CNS Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía. Fundadora del primer Centro de Atención Alternativa para la Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay, Casa de la Mujer María Abella - Paso Carrasco. Fundadora del colectivo editorial de Cotidiano Mujer y Lola Press. Conferencista y docente en temas de salud, género y derechos. Cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional.

Alejandra López Gómez es Psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Uni-

versidad de la República. Coordinadora de MYSU (Mujer y Salud en Uruguay). Coordinadora de la Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género de la Facultad de Psicología (UDELAR). Experta en género, salud y derechos sexuales y reproductivos. Investigadora y docente en estas temáticas. Miembro del Foundation Council del Global Forum for Health Research. Integrante de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva (MSP). Cuenta con diversas publicaciones a nivel nacional e internacional.

Constanza Moreira es Doctora en Ciencia Política, Profesor e Investigador de la Universidad de la República y Directora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República (Uruguay).

Daniel Eduardo Jones es Licenciado en Ciencia Política y doctorando en Ciencias Socia-

les de la Universidad de Buenos Aires. Becario de formación doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina (CONICET). Docente regular de la Carrera de Ciencia Política y miembro del Grupo de Estudios sobre Sexualidades, Área de Salud y Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani, ambos de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investiga y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sexualidades, VIH/sida y juventud. 215

Germán Bidegain es Master en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo (Francia) y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República (Uruguay). Actualmente está cursando un Master en Historia y Teoría Política en Sciences Po París (Francia). Ha realizado varias colaboraciones para Uruguay 2030 y es corresponsal en Francia del programa radial No Toquen Nada de Océano FM.

Franco González Mora es estudiante avanzado de la Licenciatura en Sociología de la

Universidad de la República (Uruguay). Actualmente es Técnico Analista y Supervisor del Instituto Nacional de Estadística (INE) y asistente técnico en MYSU. Participó como Coordinador Técnico de la Encuesta sobre percepción de exclusión social y discriminación en zona Metropolitana (Abrojo, IMM, INE).

Lucía Selios es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de la República y Master

en Ciencia Política de la misma institución. Actualmente se desempeña como asistente de investigación en el Banco de Datos Área Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Sociales. Además se desempeña como asistente de enseñanza en el curso de Metodología de la Investigación II de la Licenciatura en Ciencia Política en el Instituto de Ciencia Política de la misma facultad. En modalidad proyectos de investigación junior, obtuvo financiación de CSIC para desarrollar una investigación sobre las estructuras organizacionales de los partidos políticos en el Uruguay. Actualmente coordina un proyecto del Fondo Clemente Estable que problematiza la cultura política para América Latina y su impacto sobre la calidad democrática. Ha publicado artículos de coyuntura sobre opinión pública en el Informe de Coyuntura del Instituto de Ciencia Política. Además, ha colaborado en la construcción de los anexos estadísticos del libro Elecciones 2004-2005 del mismo Instituto. Recientemente publicó en la revista española América Latina Hoy un análisis detallado sobre la cultura política de los uruguayos en los últimos 10 años.

Silvina Ramos es Licenciada en Sociología de la Universidad del Salvador (Diploma de

Honor), Buenos Aires. Estudios de postgrado en el Programa Latinoamericano de Formación de Investigadores del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Candidata al Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Directora e investigadora titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Vicepresidenta del Comité Coordinador de Políticas (PCC) del Programa Especial de Investigación, Desarrollo y Entrenamiento en Investigación en Reproducción Humana (HRP) de la Organización Mundial de la Salud. Coordinadora alterna de la Comisión Nacional Salud Investiga, Ministerio de Salud de la Nación. Investigadora y docente en cursos de postgrado en instituciones públicas y privadas de salud de Argentina, y en universidades argentinas y latinoamericanas, en las áreas sociología de la salud, metodologías cualitativas y salud sexual y reproductiva. Ha publicado en revistas internacionales sobre anticoncepción, aborto, mortalidad materna, políticas de salud reproductiva y calidad de la atención.

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Mariana Romero es Médica de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y Maes-

tra en Ciencias en Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Realizó estudios posdoctorales en el Center for Reproductive Health Policy de la University of California, San Francisco. Es investigadora asociada del CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) e investigadora asistente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas). Participa activamente de la Asociación Argentina de Ginecología y Obstetricia Psicosomática, del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y del International Consortium for Medical Abortion. Investiga y ha publicado en revistas internacionales sobre aborto, mortalidad materna y perspectivas de usuarias y proveedores sobre intervenciones en salud pública.

Silvana Weller es graduada en psicología en la Universidad de Buenos Aires, Master en

Salud de la FLACSO (Argentina) y Doctora en Salud Colectiva en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNICAMP en Campinas, San Pablo. Desde 1990 trabaja en el sistema público de salud de la ciudad de Buenos Aires, en las áreas de salud reproductiva y VIH-sida. Se desempeña también como investigadora independiente y como docente en cursos de formación para equipos de salud y postgrados. Es autora de numerosas publicaciones referidas a los temas de salud reproductiva, VIH-sida y otros temas del campo de la salud pública.

Jorge Barreiro es periodista. Trabaja en la Agencia France Press y es columnista del sema-

nario Brecha y de la página de internet terramagazine.com. Es autor de los libros “Lo real y lo imaginario del socialismo” y “El transporte no camina” (Editorial Nordan). Fue director de la revista de ecología “Tierra Amiga” y responsable periodístico de los documentales en video “Uruguay, las cuentas pendientes”, “Chile, obra incompleta” y “América Latina, la esperanza incierta” entre otros.

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Anexo Publicaciones sobre aborto entre 1985 y 2006 en Uruguay Lic. Bibga. Marianela Falero Guía introductoria Se han relevado y registrado exclusivamente obras y artículos publicados en Uruguay durante el período comprendido entre 1985 y 2006 en soporte papel. Se han dispuesto en tres listados según su naturaleza: a) libros, b) partes de libros y presentaciones en simposios, conferencias, etc.; y c) artículos de publicaciones periódicas. Los artículos figuran reunidos por año y dentro de éste indizados por autor, seguido por el título en cursiva. El mismo criterio se aplica en lo relativo a libros y partes de libros. Siempre que esto ha sido posible se menciona la responsabilidad de las y los autores. Cuando esto no es así, la autoría es atribuible al colectivo editorial. En obras de más de tres autores se menciona el primero seguido por la abreviatura “et al.”. Los títulos de las publicaciones seriadas se mencionan a continuación de la palabra “En”, indicándose todos los datos que fue posible obtener relativos a numeración y fecha de publicación. La omisión en algunos registros se debe a que fueron recabados de fuentes secundarias o fotocopias en las cuales no aparecía completa la información. A efectos de normalizar la presentación no se registraron ni ISSN ni ISBN, ya que dicho dato está ausente en la mayor parte de lo encontrado. A continuación de cada ítem (precedido del símbolo “->”) se incluye la abreviatura de al menos uno de los repositorios uruguayos en que dicho artículo se encuentra disponible para consulta (algunos incluyen código de ubicación).

Alcance Se relevaron artículos impresos en publicaciones periódicas uruguayas de frecuencia semanal, mensual o irregular. No se incluyen los numerosos artículos aparecidos en la prensa diaria, cuya recopilación y análisis excederían la dimensión del presente listado. 219

Respecto al relevamiento, es oportuno señalar que la desigual cantidad de artículos de publicaciones seriadas localizados en los distintos años (muy pocos en el primer período) no se atribuye solamente a un escaso tratamiento del tema en la prensa uruguaya, sino también a su accesibilidad, que aumenta notoriamente a partir del momento en que comienzan a ser analizados e incorporados a bases de datos en los diversos repositorios. Mi especial agradecimiento a las y los colegas de los centros de información consultados, cuyo paciente trabajo de análisis y registro ha hecho posible la recuperación de los artículos que conforman este repertorio.

Publicaciones periódicas incluidas Análisis y desafíos Anuario de antropología social y cultural Armonía Avanzada del pueblo Archivos de ginecología y obstetricia Boletín de la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay Brecha Caras y caretas Ciudad nueva Cotidiano mujer Cuadernos de marcha Encuentros Jaque La justicia uruguaya Lola Press Noticias (SMU) Posdata Punto y aparte Relaciones La República de las mujeres Revista de la Facultad de Derecho Revista del Sur Revista jurídica del Centro de Estudiantes de Derecho Revista médica del Uruguay Salú Tres Unomasuno

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Principales abreviaturas utilizadas para designar bibliotecas en que se encuentran las publicaciones relevadas Bca. Central CES = Biblioteca Central de Educación Secundaria Bca. Cotid. Mujer = Biblioteca de Cotidiano Mujer Bca. Fac. Ciencias Sociales = Biblioteca de Facultad de Ciencias Sociales (UDELAR) Bca. Fac. Derecho = Biblioteca de Facultad de Derecho (UDELAR) Bca. Fac. Mediina = Biblioteca de Facultad de Medicina (UDELAR Bca. Fac. Psicol. = Biblioteca de Facultad de Psicología (UDELAR) Bca. Nnal.= Biblioteca Nacional Bca. P.L.= Biblioteca del Poder Legislativo

a) Obras monográficas (libros) 1985 FLORES COLOMBINO, Andrés. Anticonceptivos, aborto. – Montevideo: Forum, 1985. - 64 p. - (Cuadernos de Sexología, 2) ->Bca. Fac. Medicina: UY1.1; 36T, FLO 1988 FLORES COLOMBINO, Andrés. Sexología de la reproducción. - Montevideo: Dismar, 1988. – 174p. – (Cuadernos de Sexología; 2) ->Bca. Fac. Medicina: UY1.1; 36T, FLO MESA, Guillermo et al. . Medicina legal. – Montevideo: Oficina del Libro-AEM, 1988. – v.1: 246p.->Bca. Fac. Medicina: UY1.1; 34A, MES 1989 COTIDIANO MUJER. Yo aborto, tú abortas, todos callamos.... Montevideo: Cotidiano Mujer, 1989. - 143p. ->Bca. Cotid. Mujer: 08.7 C KISSLING, Frances. Las católicas ante el aborto. Montevideo: GRECMU, 1989. – 11p. ->Bca. Cotid. Mujer: 08.7 K 1991 FRANCHI, L. ; PÉREZ, M. Sepsis post-aborto. Historia comentada. Montevideo: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Clínica Ginecotocológica «C», 1991-> Sociedad de Ginecología del Uruguay: Lo: M0074. 1992 PIZZA DE LUNA, Isabel M. El concebido y el aborto. – Montevideo: OEA; Instituto Interamericano del niño, 1992. – 80p. ->Bca. Nnal. 1993 CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR. Estrategias en salud y Derechos Re221

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