2007-2017_ Informe aniversario by MYSU Publicaciones

2007-2017 Informe aniversario Investigaciรณn aplicada en salud sexual y reproductiva Montevideo 24 de noviembre de 2017

La reproducción total o parcial de este informe está permitida siempre y cuando se cite la fuente. MYSU (2017). Estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto legal en 10 de los 19 departamentos del país. Sistematización de resultados Estudios Observatorio MYSU 2013-2017. Montevideo: MYSU

MYSU Salto 1267 – 11200 Montevideo – Uruguay (598) 24103981, 24104619 – mysu@mysu.org.uy www.mysu.org.uy

Coordinación: Lilián Abracinskas Equipo de investigación: Verónica Pérez y Santiago Puyol Elaboración de informe final: Lilián Abracinskas, Verónica Pérez y Santiago Puyol

Edición: MYSU 2

Agradecimientos El equipo de MYSU agradece a quienes durante todos estos años han apoyado los estudios y las actividades que hicieron posible generar conocimiento sobre el estado de situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Uruguay (UNFPA) las cuales proporcionaron recursos financieros para la realización de este informe. Además, agradecemos a las organizaciones Global Fund for Women (GFW), International Women’s Health Coalition (IWHC), Safe Abortion Action Fund (SAAF) y Médicos del Mundo Francia, sin las cuales no hubiera sido posible el relevamiento de todos estos años. MYSU reconoce asimismo el invalorable aporte brindado por las personas entrevistadas para la elaboración de las investigaciones lo largo de todos estos años, sin las cuales este trabajo no hubiera sido posible.

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es una organización no gubernamental, feminista, cuya misión es la promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y los derechos reproductivos desde una perspectiva de género y generaciones. Surge en 1996 como una instancia de articulación de varias organizaciones de mujeres y personas para debatir y promover demandas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y en el año 2004 se constituye finalmente como una asociación civil sin fines de lucro especializada en la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En 2006 se define la necesidad de generar una herramienta político – técnica – ciudadana de mayor eficacia y robustez para incidir en la mejora del acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) con equidad de género, universalidad, calidad e integralidad. Se crea así el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva con el cometido de desarrollar un instrumento potente para la generación de información y su uso por parte de tomadores de decisión, proveedores de servicios, población usuaria y organizaciones sociales. En 2007 se puso en marcha este programa institucional y desde entonces es una herramienta reconocida por su valor social, político y científico, siendo la información que produce de alto interés para los distintos actores. Mediante sus estudios el Observatorio ha logrado contribuir a dar visibilidad y tratamiento a una serie de debilidades y desafíos para la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en el país, así como a demandas y necesidades de la población uruguaya en este campo. La información que ha generado el Observatorio permite identificar barreras de acceso, deficiencias en la calidad de atención y en la organización de los servicios; brechas entre las demandas de atención y la oferta de los servicios, entre otros puntos. Ello ha permitido proponer una serie de recomendaciones para reorientar las políticas, siendo algunas de ellas adoptadas e instrumentadas desde el órgano rector en salud.

Índice Lista de acrónimos ............................................................................................... pág 6 Prólogo ................................................................................................................. pág 7 Introducción ......................................................................................................... pág 9 El Observatorio como herramienta técnica ....................................................... pág 13 Once años de seguimiento de las recomendaciones internacionales y la normativa nacional en salud sexual y reproductiva ........................................................................................ pág 13 Uno a uno: cronología y principales contenidos de los estudios del Observatorio ...................................................................... pág 17

El Observatorio como herramienta política ....................................................... pág 38 Información para la movilización: las jornadas nacionales por la salud y los derechos sexuales y reproductivos ............................ pág 38 Incidencia en el debate público: los datos del Observatorio en los medios ......................................................................................... pág 41 Incidencia en los actores de gobierno .................................................... pág 43 Conclusiones y desafíos ..................................................................................... pág 46 Recursos usados como fuentes para la sistematización ..................................... pág 48

Lista de acrónimos ACO- Anticonceptivos Orales AMEU- Aspiración Manual Endouterina ASSE CIPD- Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo CSIC- Comisión Sectorial de Investigación Científica Digesa- Dirección General de la Salud

DSR- Derechos Sexuales y Reproductivos ECR- Equipo Coordinador Referencial FEMI- Federación Médica del Interior FONASA- Fondo Nacional de Salud HPR- Hospitales Pereira Rossell IAMC- Instituciones de Atención Médico-Colectiva ITS- Infecciones de Transmisión Sexual INAU- Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay INE- Instituto Nacional de Estadísticas Inmujeres- Instituto Nacional de las Mujeres IVE- interrupción voluntaria del embarazo IWHC- International Women Healh Coalition MAC- Métodos Anticonceptivos MI- Ministerio del Interior MIDES- Ministerio de Desarrollo Social MSP- Ministerio de Salud Pública MYSU- Mujer y Salud en Uruguay NBI- Necesidades Básicas Insatisfechas ONG- Organización No Gubernamental RAP- Red de Atención Primaria SAAF- Safe Abortion Action Fund SEIC- Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas SGC- Sistema de Gestión de Consultas SNIS- Sistema Nacional Integrado de Salud SSR- Salud Sexual y Reproductiva TARV- Tratamiento Antirretroviral TCA- Tribunal de lo Contencioso Administrativo UdelaR- Universidad de la República UNFPA- Fondo de Población de las Naciones Unidas (siglas del inglés) VD- Violencia Doméstica VIH- Virus de la Inmunodeficiencia Humana

Prólogo Las Conferencias Internacionales de Naciones Unidas sobre Población evidencian el proceso de debate internacional acerca de los asuntos de población y derechos de las personas. Especialmente la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Cairo, 1994) significó un hito fundamental en este camino que señaló nuevos enfoques y miradas a través de la introducción de la salud reproductiva y los derechos reproductivos en tanto derechos humanos, situando a las personas en el centro del concepto de desarrollo. Si bien a nivel de la región Uruguay había tenido un desarrollo temprano de políticas y programas de salud reproductiva, fue a partir del año 1996 que desde el Estado se comenzaron a elaborar e implementar políticas y programas específicos e integrales en salud sexual y reproductiva. Esto fue una consecuencia directa del impacto de las conferencias celebradas en el Cairo y Beijing, así como de las reivindicaciones y acciones desarrolladas desde los grupos de mujeres y feministas. Desde entonces las organizaciones de la sociedad civil desarrollaron diferentes estrategias para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de dichos compromisos asumidos por el estado uruguayo ante las distintas conferencias y convenciones del sistema de las Naciones Unidas así como de las políticas nacionales. En este contexto, en el año 2007, a poco más de una década de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (Cairo, 1994) la organización Mujer y Salud en Uruguay, MYSU con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas creó y lanzó el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. De esta forma se generaba un instrumento a la vez técnico y político para consolidar y fortalecer la capacidad de desarrollar monitoreo ciudadano y advocacy.

Para UNFPA, el trabajo con MYSU en la implementación de esta línea de trabajo institucional ha sido una prioridad ya que ha generado información sustantiva y sostenida del estado de situación de las políticas nacionales con análisis comparados de los avances, vacíos y desafíos. Sin duda, ha contribuido en la implementación y evaluación de políticas públicas con rigurosidad y autonomía. En este camino se han sumando nuevos socios a nivel de gobierno y cooperación internacional que han fortalecido el proceso. En este tiempo, además, 7

el Observatorio se ha proyectado a nivel regional e internacional y ha desarrollado acciones de cooperación con otros países interesados en generar instrumentos de este tipo y esta potencialidad.

Por otro lado, desde agosto del 2013, la Oficina de UNFPA en Uruguay orienta su cooperación siguiendo el acuerdo intergubernamental surgido en la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo y su primer acuerdo, el Consenso de Montevideo. Ese relevante resultado asumido por la totalidad de los países latinoamericanos y caribeños, se vincula de manera potente con los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda global 2030. Los desafíos claves del Consenso de Montevideo, es decir la integración social y el desarrollo sostenible en un marco de derechos humanos, las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los desafíos de los procesos de envejecimiento y la protección social, el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, la búsqueda en todos los campos de la equidad de género, las dinámicas migratorias, las desigualdades territoriales y las vulnerabilidades asociadas, los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, son las preocupaciones y prioridades de esta agenda regional que son también compromisos nacionales para la acción política.

Este escenario de implementación de las recomendaciones del Consenso de Montevideo teniendo como horizonte la meta 2030 de un desarrollo inclusivo, integrador, sustentable, libre de pobreza y basado en la equidad, reafirma la importancia central de las acciones participativas de veeduría ciudadana y de monitoreo social, como la que lleva adelante MYSU, para transformar en hechos cotidianos el conjunto de derechos conquistados.

UNFPA celebra con entusiasmo estos 10 primeros años de implementación del Observatorio y felicita a MYSU por sus logros y compromiso, los cuales nos alienta a continuar transitando caminos asociados en esta búsqueda compartida de más derechos, más salud, más calidad de vida y más equidad para todas y todos.

Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay

1. Introducción

Este documento sistematiza los once años de actividades del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), una organización social feminista especializada en temas de salud sexual y reproductiva. Desde su creación en 1996, MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) implementa estrategias y actividades para dar seguimiento y monitoreo a las políticas públicas en salud y género en Uruguay, con especial foco en salud sexual y reproductiva. El cometido general de esta estrategia es identificar y analizar los avances, dificultades, vacíos y retos en el cumplimiento de los compromisos internacionales que el país ha suscrito en el marco del sistema de Naciones Unidas en materia de políticas de población, salud y derechos humanos. El desarrollo de una línea institucional de monitoreo de políticas públicas se sustenta en la experiencia histórica del movimiento de mujeres y feminista en la región de América Latina y El Caribe, como una estrategia de exigibilidad ciudadana para el logro de garantías y reconocimiento a los derechos de las mujeres a la salud y en particular a sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En la década del ’90, y a partir de las Conferencias Internacionales del sistema de las Naciones Unidas, en particular la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), MYSU, al igual que otras organizaciones de mujeres y feministas en el país y en la región, comenzaron a instrumentar procesos de monitoreo ciudadano y seguimiento a los compromisos asumidos por los estados ante estas instancias internacionales. Los planes de acción de las conferencias oficiaron de herramientas políticas y éticas que permitían demandar a los tomadores de decisión, la definición de políticas y programas consistentes con los acuerdos adquiridos internacionalmente. El monitoreo y seguimiento de políticas públicas se desarrolló mediante el diseño de diversas metodologías y con distintos alcances y resultados. Más allá de los diferentes modelos implementados, estas experiencias permitieron a las organizaciones de mujeres y feministas embarcarse en procesos de generación de información que generalmente producían otros actores como la academia, los organismos internacionales o el propio estado. Los resultados obtenidos fueron 9

interesantes y útiles, en la medida que la sociedad civil organizada intervenía en el seguimiento de políticas públicas mediante el aporte de información que permitía identificar avances, vacíos y desafíos. En Uruguay, un antecedente de monitoreo social de las políticas públicas está dado por los estudios realizados por la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia Equidad y Ciudadanía (ver CNS, 1998 y 2006). Con estos antecedentes, en 2006, MYSU definió la necesidad de generar una herramienta político – técnica robusta y eficaz para incidir en la mejora del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva con equidad de género, universalidad, calidad e integralidad en Uruguay. Se creó así, el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en tanto programa de investigación y generación de datos en diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva, un área conflictiva de la política pública. El propósito del Observatorio es generar información sistemática y de calidad sobre distintos componentes y dimensiones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos que permita identificar avances, problemas y desafíos en el acceso y garantía de estos derechos en la población uruguaya. La información y el conocimiento que se genera permite desarrollar estrategias de incidencia política sobre los tomadores de decisión en el diseño e implementación de las políticas, entre ellos, los/as parlamentarios/as y las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP). La figura 1 muestra el modelo conceptual en el que se basa el Observatorio. Este modelo vincula la generación de información (construida a partir de la demanda de distintos actores, sus distintos conocimientos y el estado de situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos) y el uso de esta información por parte de distintos actores involucrados en la agenda político-pública, así como por la ciudadanía en su conjunto. Bajo este modelo, la propuesta de MYSU ha sido generar, por un lado, espacios de discusión de los resultados de las investigaciones producidas con tomadores de decisión. Y por otro, generar espacios de capacitación con profesionales de la salud que intervienen en los servicios y con organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y de usuarios/as de servicios de salud. De esta forma se buscó transferir conocimiento, identificar y discutir las principales barreras de acceso a los servicios que se han monitoreado a lo largo de 11 años, así como posibles alternativas para fortalecer la relación entre oferta de servicios y demanda de atención.

MYSU considera que la información construida con rigor técnico y desde un enfoque de equidad de género y derechos humanos, es una herramienta fundamental para incidir en la transversalización de género en las políticas públicas de salud. En tal sentido, el esfuerzo institucional de desarrollar un proyecto de generación de información está acompañado de una estrategia permanente de fortalecimiento de organizaciones de mujeres y otras organizaciones para construir una alianza amplia de actores que promueva y defienda la equidad en el acceso a los bienes, servicios y recursos para mujeres y varones en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva. Figura 1:

Modelo conceptual del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU Conocimiento de profesionales

Conocimiento y experiencias de las usuarias

Políticas institucionales

Opiniones de las usuarias

Participación de Organizaciones sociales

Base de datos del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva alimentada en forma prospectiva y evolutiva Procesamiento, análisis, reporte, comunicación y difusión

Autoridades de la Salud

Generadores de políticas

Sociedad civil organizada

Academia

Profesionales y usuarias

Fuente: tomado de MYSU 2008, pp.21.

Gráfico 1: Modelo conceptual del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, MYSU.

El Observatorio se montó bajo el supuesto de que la información construida con es una en las políticas públicas de salud. En tal sentido, el esfuerzo institucional de desarrollar un proyecto de generación de información está acompañado de una estrategia permanente de fortalecimiento de organizaciones de mujeres y otras organizaciones para construir una alianza amplia de actores que promueva y defienda la equidad en el acceso a los bienes, servicios y recursos para mujeres y varones en lo que respecta a su salud sexual y reproductiva. rigor técnico y desde un enfoque de equidad de género y derechos humanos, En setiembre de 2010, el Ministerio de Salud Pública reglamentó la Ley 18.426 de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (promulgada en noviembre de 2008), estableciendo herramienta fundamental para incidir en la transversalización de género

El Observatorio comenzó sus actividades en 2007 y desde entonces, sus investigaciones anuales se han convertido en una herramienta reconocida por su valor social, político y científico. La información que produce es de alto interés para distintos actores (de gobierno, organizaciones sociales, público en general). Además, en sus 11 años de vida, el Observatorio, además, ha desarrollado mecanismos de diálogo, colaboración y transferencia de capacidades hacia otras experiencias de América Latina y países como España y Portugal. Desde sus inicios las actividades del Observatorio ha contado con el apoyo de: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Médicos del Mundo-Francia, International Women’s Health Coalition (IWHC), Safe Abortion Action Fund (SAAF) y Global Fund for Women. 11

En el año 2009 el Observatorio fue declarado de interés por MSP. En el año 2012 fue distinguido con el “Premio Concha Colomer a Observatorios sobre Género y Salud” otorgado por OPS-OMS entre más de 40 iniciativas de América Latina y el Caribe. A su vez, en 2017 el Observatorio estuvo entre las iniciativas uruguayas destacadas en el informe voluntario presentado por Uruguay ante High Level Political Forum (HLPF) de Naciones Unidas en el marco del reporte de avances sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Agenda 2030. Finalmente, cabe mencionar que, como dada la trayectoria en monitoreo social de MYSU a través de su Observatorio, en 2017 MYSU fue nombrada por la Red de Salud de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe (RSMLAC) como su organización representante ante el Comité Impulsor del Monitoreo Regional del Consenso de Montevideo "Mira que te Miro", una iniciativa llevada adelante por ocho redes y más de 125 organizaciones en 18 países de la región 1. La sistematización de las actividades que, durante 11 años realizó el Observatorio tiene una triple utilidad. En primer lugar, permite visualizar los temas y problemas de investigación que se abordaron anualmente y la forma en que estos estudios realizaron seguimiento a la implementación de normativa nacional en salud sexual y reproductiva y a los compromisos que el Estado uruguayo asumía a nivel internacional en el marco del sistema de las Naciones Unidas en estos temas. En segundo lugar, la recopilación de los principales hallazgos de las investigaciones del Observatorio permite tener una lectura –desde las organizaciones sociales- de las mejoras, los problemas persistentes y los desafíos en el área de la salud sexual y reproductiva que enfrenta el país. Por último, esta sistematización permite apreciar los impactos de la investigación producida por MYSU en el uso de los datos producidos por parte de las autoridades como en la difusión que ha tenido a nivel de la opinión pública. Este documento está construido a partir de distintas fuentes: los informes y documentos de divulgación de resultados de investigaciones producidos por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, documentos internos de MYSU, la información contenida en la página web de MYSU y relevamiento de prensa. El documento se organiza en tres secciones. La primera sección, “El Observatorio como herramienta técnica” sistematiza y resumen las investigaciones y publicaciones desarrolladas por el Observatorio desde su creación. Esta sección recorre las investigaciones del Observatorio en términos de temas y problemas que se abordaron y metodologías que se usaron y se presenta un un breve resumen de cada uno de los estudios. La segunda sección se denomina “El Observatorio como herramienta política”. En ella se muestra el uso que diferentes públicos (organizaciones sociales, medios de comunicación y actores e gobierno) hacen de la información producida por el Observatorio. 1

https://www.miraquetemiro.org 12

2. El Observatorio como herramienta técnica:

Durante 11 años el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU realizó investigaciones y monitoreo que acompañaron la implementación de normativa en un doble sentido. Por un lado, los estudios del Observatorio estuvieron orientados a acompañar la evolución de la normativa y recomendaciones del sistema de Naciones Unidas en materia de salud sexual y reproductiva a las que Uruguay adhería o suscribía. Por otro lado, las investigaciones del Observatorio realizaron la vigilancia a la implementación de las normas existentes en salud sexual y reproductiva en el país. Esta sección muestra este recorrido.

2.1-

Once años de seguimiento de las recomendaciones internacionales y la normativa nacional en salud sexual y reproductiva

Los derechos sexuales y reproductivos fueron reconocidos en los instrumentos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, en particular en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW, 1979), en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD, El Cairo, 1994) –y sus sus sucesivas revisiones- y en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (CMM, Beijing, 1995). Estas instancias se valieron del concepto de salud sexual y reproductiva definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en tanto marco como definición marco de salud sexual y reproductiva. Según esta, la salud sexual y reproductiva es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no debe entenderse en forma restrictiva como la ausencia de enfermedad en los temas concernientes al sistema reproductivo. Por lo tanto, implica no solo que las personas tengan una vida sexual satisfactoria y sana, sino también la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si quieren hacerlo, así como cuándo y con qué frecuencia. Incluye asimismo, el derecho de hombres y mujeres a estar informados y a tener acceso a servicios adecuados de educación, de promoción y de salud. En la CIPD 179 Estados Miembros de las Naciones Unidas elaboraron y aprobaron por consenso el Programa de Acció n de la Conferencia con el compromiso de realizar esfuerzos que permitieran lograr un desarrollo sustentable y sostenido basado en el reconocimiento y la protecció n de los derechos de las personas. Desde entonces se han evaluado perió dicamente las acciones emprendidas por los estados en el marco de la CIPD, los recursos destinados así como los resultados obtenidos. En la revisió n a veinte añ os de la CIPD, los países de Amé rica Latina y el Caribe se reunieron 13

en la Primer Conferencia de Població n y Desarrollo realizada en 2013 en Uruguay. De ella, surgió el documento conocido como “Consenso de Montevideo” donde se reafirmó el compromiso con la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, así como la necesidad de redoblar los esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados. El Consenso de Montevideo reconoció a los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos y dijo que su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y una condición necesaria para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza. El documento señala que el acceso universal a la salud sexual y a la salud reproductiva, ha sido insuficiente y desigual, y por lo tanto, entre otras medidas, se plantea la necesidad de llevar adelante cambios normativos que aseguren las condiciones para el reconocimiento, garantía y protección de los derechos sexuales y reproductivos. “Revisar la legislación, las normas y prácticas que restringen el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, incluida la provisión de servicios integrales amigables en el caso de adolescentes y jóvenes, y asegurar el acceso a la información completa sobre todas las opciones de servicios disponibles para todas las personas sin discriminación de ningún tipo, para asegurar que se cumplan en nuestra región los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales” (Consenso de Montevideo, sección D, párrafo 35).

Además de este marco general, a nivel nacional, en tanto, en los últimos años se fueron incorporando una serie de normas en salud sexual y reproductiva que ampliaron derechos para las mujeres y establecieron una serie de servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva. Las investigaciones del Observatorio de MYSU vigilaron la implementación de estas normas. La normativa más relevante objeto de los monitoreos MYSU fue:

En temas de salud sexual y reproductiva •

2004: Ordenanza 369 del MSP sobre “Asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”. Establece consejerías pre y pos aborto en los centros de salud.

•

2006: Decreto 494/006. Incluye la detección, atención y derivación de casos de violencia doméstica en las instituciones y servicios de salud públicos y privados.

•

2008: Ley 18.426, de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva. Ley marco en derechos sexuales y reproductivos. La ley estableció las condiciones 14

para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, objetivos generales y específicos de las políticas en SSR, así como el cumplimiento de ordenanzas y guías clínicas ya existentes que debía estar asegurado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) en las prestaciones de salud. Entre otras cosas, la ley estableció que el Estado debía promover políticas nacionales, diseñar programas y organizar servicios salud sexual y reproductiva. Más en específico la ley estableció que todos los prestadores de salud debían brindar servicios de anticoncepción, incluyendo ligadura tubaria y vasectomía; control de embarazo y atención en el parto y puerperio; asesoramiento y consejería en casos de embarazo no deseado o esperado; atención, detección y prevención de cáncer génito-mamario; atención en climaterio y menopausia; atención, detección y prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH; atención a mujeres en situación de violencia doméstica; y atención integral a población adolescente. •

2009: Decreto 299/009. Incorpora una guía de procedimientos para la atención de casos de violencia doméstica en el primer nivel de salud.

•

2010: decreto 293/010 que reglamentó la ley de Salud Sexual y Reproductiva organizando los servicios de salud sexual y reproductiva en todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud. El decreto estableció que cada prestador de salud debe contar con un “equipo de referencia multidisciplinario”, integrado como mínimo por un profesional de la ginecología, obstetra/partera y psicólogo/a. La función del equipo es “asegurar la integralidad de los servicios con criterios comunes de actuación “de los profesionales y técnicos involucrados en los servicios de salud sexual y reproductiva” y con “mecanismos de articulación permanente entre dicho personal de salud y el equipo de referencia”. El decreto también estableció que independientemente de la atención que usuarias y usuarios del sistema de salud reciban de los especialistas, podrán acudir a consultas con el equipo de referencia, ya sea por derivación de los especialistas o por iniciativa propia. (Art. 9, Decreto 293/010).

•

2012: Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y decreto reglamentario 375/012. En sus aspectos medulares, la ley de IVE regula la práctica del aborto bajo un sistema de plazos y condiciones. Se admite la interrupción hasta las 12 semanas de gestación por la sola voluntad de la mujer, hasta las 14 si el embarazo es producto de una violación y sin plazos cuando hay riesgo de salud para la mujer o existe una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Es un requisito que la mujer que solicita la interrupción de 15

su embarazo tenga una consulta con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la ginecología, la salud mental y el servicio social. En esa instancia, se informa a la mujer sobre programas de apoyo a la maternidad, la adopción como alternativa y los riesgos de la práctica insegura del aborto. Luego de esta consulta, la mujer tiene un plazo mínimo de cinco días de reflexión para acceder a la medicación que provoca el aborto. El decreto reglamenta este procedimiento. •

2016: Ordenanzas 243/016, 247/016, 366/016 del MSP ante el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que anuló parcialmente el decreto 375/012. Entre los cambios más importantes introducidos por las nuevas ordenanzas se destacaba la obligatoriedad del trabajo simultáneo de los equipos multidisciplinarios a cargo de los servicios de IVE, cuando antes podían reunirse en forma simultánea o consecutiva. A su vez, se habilita a la objeción de conciencia a dos etapas del proceso de IVE previas a la interrupción propiamente dicha, algo que antes estaba limitado.

En temas generales de la salud •

2008: Ley 18.335, de Derechos y Obligaciones de Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud. Regula los derechos y obligaciones usuarios/as de los servicios de salud. Entre otras cosas establece que usuarios y usuarias tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y no pueden ser discriminados por razones de raza, edad, sexo, religión, nacionalidad, discapacidades, condición social, opción u orientación sexual, nivel cultural o capacidad económica.

Otros temas relevantes relativos a la ampliación de derechos • • •

Ley 19.075 de Matrimonio igualitario. Ley 19.161 de Subsidio por maternidad y paternidad para trabajadoras/es del sector privado. Ley 19.167 de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

Tomando en cuenta el marco normativo nacional y los acuerdos regionales e internacionales más relevantes en esta materia, pueden ubicarse las investigaciones del Observatorio en diálogo e interacción con los cambios y avances procesados por el Uruguay en la última década. En la línea de tiempo a continuación se puede observar algunos de los avances normativos más importantes del país (en negro), las

investigaciones y publicaciones del observatorio (en verde) y el contexto internacional y regional más importante en materia de SSR (en naranja).

2.2-

Uno a uno: cronología y principales contenidos de los estudios del Observatorio

El gráfico 1 muestra un resumen de las publicaciones del Observatorio de MYSU en el período 2007-2017. En este lapso el Observatorio produjo 14 publicaciones monográficas (más de una por año) que abordaron diversos temas y usaron diferentes metodologías. La mitad de estas publicaciones (7) estuvieron basadas en monitoreos territoriales de los servicios de salud sexual y reproductiva. Destacan aquí la línea de estudios desarrollada a partir de 2013 donde se estudió el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en los servicios de aborto (la ley de IVE comenzó a regir a implementarse se año) en 10 de los 19 departamentos del país. De los siete estudios restantes, tres estuvieron basados en investigaciones de opinión pública, dos fueron publicaciones que sistematizaban estudios previos del Observatorio, y los otros dos estudios restantes eran recopilaciones de estadísticas y normativas en salud sexual y reproductiva y un estudio sobre los profesionales de la 17

salud. A su vez, en el período, se publicaron nueve folletos de divulgación de resultados de las investigaciones realizadas.

Gráfico 1: Resumen de las publicaciones de MYSU (2007-2017) 14

9 7

3 2 1

Publicaciones Publicaciones Publicaciones Publicaciones basadas en recopilación de basadas en basadas en estudios de normativa y sistematizaciones estudios de profesionales de estadísticas en de estudios opinión pública la salud SSR previos de MYSU

Publicaciones basadas en monitoreos territitoriales

Total publicaciones en formato de libro

Folletos de divulgación de resultados asociados a investigaciones

Fuente: elaboración propia en base a publicaciones MYSU

En lo que sigue se describen brevemente las investigaciones anuales que el Observatorio realizó entre 2007 y 2017. Esta descripción está ordenada por el año de la investigación que no necesariamente coincide con el año de las publicaciones. En la tabla 1 (al final de esta sección) se muestra un resumen de las investigaciones por año, las publicaciones monográficas y los folletos asociados a las investigaciones. Todas las publicaciones del Observatorio están disponibles en la página web de MYSU: http://www.mysu.org.uy/multimedia/ediciones-mysu/ Una mención aparte merecen los equipos de investigación que trabajaron en el Observatorio. Durante el período 2007-2017, 25 profesionales de la sociología, la psicología, la ciencia política y las comunicaciones trabajaron en los equipos de investigación del Observatorio. Desde 2014, además, cabe destacar el rol que ha cumplido el programa de pasantías con estudiantes de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de la República. Mediante este programa, los estudiantes de 18

la licenciatura contribuyen con las tareas de investigación del Observatorio y realizan el informe final para su egreso. De esta forma, el Observatorio se beneficia de las destrezas técnicas de estos estudiantes y a la vez realiza una tarea de formación en salud sexual y reproductiva.

2007: línea de base en salud sexual y reproductiva Durante el año 2007 el Observatorio realizó su primera investigación. El estudio montaba, por un lado, una base de datos con indicadores socio-demográficos y en salud sexual y reproductiva, y por otro, recopilaba las normativas y programas existentes en Uruguay en el campo de la salud sexual y reproductiva. El informe oficiaba de línea de base sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, pues hasta el momento no existía un material que recopilara indicadores actualizados en este campo, ni la normativa vigente. Además, se pretendía que los contenidos de este informe sirvieran como insumos para la discusión pública y legislativa del proyecto de ley de “Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva”, un proyecto marco en salud sexual y reproductiva que contemplaba la despenalización del aborto por la sola voluntad de la mujer. La sección estadística del informe contenía indicadores con diferente grado de desagregación sobre incidencia de VIH, utilización de métodos anticonceptivos, mortalidad materna –y dentro de esta mortalidad por aborto-, indicadores de acceso a los servicios en salud sexual y reproductiva, indicadores de maternidad y paternidad adolescente y de violencia intrafamiliar y sexual. Asimismo, se incluían indicadores de opinión pública sobre los diferentes aspectos de la ley de salud sexual y reproductiva que estaba discutiendo el Parlamento. Para los casos en que la información estaba disponible, se reconstruían series históricas, se presentaba información desagregada a nivel territorial y a nivel comparado con otros países de la región. Para la construcción del sistema de indicadores se utilizaron diferentes fuentes: bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), del proyecto “Género y Generaciones”2, informes del Ministerio de Salud Pública (MSP), y de encuestas de opinión pública. La sección sobre normativa, legislación, guías clínicas y programas en salud sexual y reproductiva y aborto vigentes en el país detallaba los principales contenidos y alcances en materia de normativa, los desafíos de su implementación y los asuntos que requerían cambios legales. El informe señalaba que era necesario fortalecer las Una iniciativa interinstitucional en la que participaron organismos internacionales, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de la República y MYSU. 2

acciones de promoción, educación y prevención en distintos tópicos de la salud sexual y reproductiva. A pesar de no contar, en ese momento, con una ley en salud sexual y reproductiva, el país disponía de normativas sanitarias y guías clínicas para una atención de calidad en salud sexual y reproductiva (entre ellas la ordenanza 369 sobre consejerías pre y pos aborto), con distintos grados de implementación a nivel del subsector público de salud y con grandes diferencias en el subsector privado. El informe de esta investigación decía que la baja difusión de estas normativas contribuía al bajo conocimiento de la población sobre estas medidas y las nuevas prestaciones disponibles. La ausencia de campañas públicas y de sensibilización era un factor clave en la falta de acceso a estos nuevos servicios de salud. Los servicios y equipos de salud debían además ser preparados para procesar un cambio en el modelo de atención, centrado históricamente en lo materno infantil, hacia otro integral en salud sexual y reproductiva.

2008: primeros monitoreos territoriales de los servicios de salud sexual y reproductiva A partir de los hallazgos de la investigación de 2007, en 2008 el Observatorio centró su atención en el monitoreo de la implementación de las normativas y guías clínicas existentes en salud sexual y reproductiva en el contexto del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El estudio buscaba dar cuenta del conocimiento de la normativa por parte de profesionales y usuarias del SNIS, así como de los niveles de cumplimiento de esas normativas. Las áreas monitoreadas fueron: anticoncepción, embarazo, parto y puerperio, medidas de protección frente al aborto provocado en condiciones de riesgo, detección de cáncer génito mamario, violencia doméstica y VIH. Adicionalmente, se exploraba el grado de satisfacción de las usuarias con la calidad de los servicios. El trabajo de campo de la investigación tuvo alcance territorial. A los efectos de relevar información se seleccionaron –en base a criterios epidemiológicos, sociodemográficos y sociales- prestadores públicos y privados de cinco departamentos. El estudio incluyó instituciones de la capital del país (Montevideo) y de otros dos departamentos densamente poblados (Canelones, Maldonado). También se incluyeron centros de salud de departamentos con menor densidad poblacional, uno del norte y fronterizo con Brasil (Artigas) y otro del sur-oeste (San José). En total se incluyeron 16 instituciones entre las que estaban los hospitales departamentales de Artigas, Canelones, San José y Maldonado. El relevamiento de información se realizó a través de cuatro tipos de instrumentos: entrevistas con directores de los servicios de salud, un cuestionario (tipo encuesta) a profesionales de ginecología y obstetricia y otro aplicado 20

a usuarias del SNIS y, observación directa de salas de espera. Los resultados obtenidos dieron cuenta que, tanto las usuarias del SNIS de instituciones públicas y privadas, como los profesionales de la salud tenían un bajo conocimiento de las normativas y guías clínicas. En particular, el desconocimiento era notable entre las mujeres. En ambos grupos, la normativa más conocida era el derecho al acompañamiento en el parto. MYSU destacaba la falta de difusión de la normativa. En términos más específicos se señalaba que si bien el SNIS preveía la incorporación de la anticoncepción como prestación prioritaria, esto aún no se había implementado de forma obligatoria lo que generaba inequidad entre las usuarias de los centros públicos y los privados. En estos últimos, el servicio no estaba garantizado pues los prestadores no lo incorporaban en la medida que no era obligatorio. Se mencionaba la ausencia de una canasta amplia de métodos anti-conceptivos en el SNIS, y en especial, la existencia de barreras para acceder a anticoncepción de emergencia, a la ligadura tubaria y a la colocación de DIU. Sobre el acceso a la ligadura tubaria se mencionaba, que aunque la normativa solo exigía el consentimiento de la mujer, existía resistencia de los profesionales a aplicar métodos irreversibles y/o muchas veces se pedía el consentimiento de la pareja requisito no exigido por la normativa. Respecto al DIU, se señalaban la falta de tiempo en la consulta y la falta de dispositivos para colocar. En relación al embarazo, parto y puerperio, MYSU destacaba los avances en algunas prácticas beneficiosas, como la indicación de ácido fólico para prevenir malformaciones fetales. Pero también advertía sobre otros aspectos como la alta proporción de cesáreas en el subsector privado y la baja prevalencia del acompañamiento durante el parto en los prestadores públicos y privados incluidos en la investigación. Por otro lado, MYSU señalaba la escasa difusión de la normativa contra el aborto provocado en condiciones de riesgo (ordenanza 369), la baja proporción de profesionales que asesoraba sobre métodos seguros para la interrupción del embarazo en mujeres con embarazos no deseados, la baja proporción de profesionales que decían que habían recibido capacitación para ello, así como la baja proporción de profesionales que estimulaba a que las mujeres regresaran a la consulta luego de un aborto. Se destacaba como rasgo positivo, que en los casos en que esto ocurría era mayoritario el asesoramiento en anticoncepción. En el área de violencia el informe mencionaba que, si bien desde 2006 las instituciones de salud debían prestar atención a mujeres que se encontraran en situación de violencia doméstica, el sistema tenía escasa capacidad para detectar casos de violencia y hacer derivaciones. La poca capacidad de detección obedecía a la no aplicación del formulario en la consulta (conocido como “formulario violeta”) debido a 21

la falta de formularios, el poco tiempo disponible en las consultas y la falta de sensibilización de los profesionales en el tema. Asimismo, se señalaba que cuando se detectaban casos de violencia, existía poca capacidad para hacer derivaciones y seguimiento. Por último, el estudio también advertía sobre la falta de acceso universal a los estudios de PAP y mamografía en tanto herramienta para la detección de cáncer génito mamario y advertía sobre el alto porcentaje de profesionales que desconocía la disponibilidad del test rápido del VIH y de los tratamientos antirretrovirales y las consecuencias que esto generaba en la transmisión de la enfermedad de madre a hijo.

2009: profundizando en los monitoreos territoriales de los servicios de salud sexual y reproductiva

En 2009, el Observatorio continuó con la línea de monitoreo iniciada en 2008. No obstante, este monitoreo se centró exclusivamente en las instituciones del salud del subsector público. En el monitoreo anterior se habían encontrado importantes diferencias en el grado de cumplimiento de las normativas y guías clínicas entre prestadores públicos y privados del SNIS. Esto obedecía a que aún no era obligatorio para los prestadores privados implementar esta normativa y por lo tanto, no tenían incentivos para aplicarla. En 2009 esta situación permanecía incambiada y por ello se excluyó a las instituciones de gestión privada del monitoreo. En total se monitorearon 13 servicios públicos en cinco departamentos: Montevideo, Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Soriano. En los departamentos del interior del país el monitoreo incluyó a los hospitales departamentales y en Montevideo se relevó información de centros de salud no incluidos en el estudio de 2008, que abarcaban tanto policlínicas de la Intendencia de Montevideo como centros de salud de la Red de Atención Primaria. El estudio relevó información sobre el conocimiento e implementación de normativas y guías clínicas en las mismas dimensiones que habían sido consideradas en el año anterior y utilizó instrumentos de relevamiento de datos análogos. Los resultados en el monitoreo 2009 tenían varias similitudes a los que se obtuvieron el año anterior, pero también había algunas diferencias. Por un lado, el informe destacaba un mayor conocimiento de los profesionales sobre las normativas y guías clínicas respecto al relevamiento realizado en 2008. Pero por otro lado, también se señalaba que el desconocimiento de esta normativa por parte de las usuarias persistía. En relación a la provisión efectiva de los servicios volvían a señalarse las 22

dificultades para acceder a la colocación del DIU y a la ligadura tubaria; la escasa difusión de los servicios para evitar abortos en situaciones de riesgo y la concentración de estos servicios en algunos centros, en particular el Pereira Rossell; la escasa capacidad del sistema de salud para detectar casos de violencia doméstica y derivarlos; el alto índice de cesáreas, así como la escasa cantidad de mujeres que habían estado acompañadas durante el parto. No obstante esto, la investigación también destacaba avances, como la disponibilidad de anticonceptivos orales, inyectables y preservativos masculinos en los servicios de salud; la realización de cursos de capacitación y sensibilización en violencia doméstica para los profesionales de los servicios. En otro orden, el informe destacaba la falta de promoción de los servicios de anticoncepción entre la población masculina y la centralidad del abordaje de salud sexual y reproductiva en un modelo materno-infantil que excluía a los varones.

2010: estudio de los profesionales de la salud A la luz de los resultados de los monitoreos territoriales de 2008/2009, en 2010 el Observatorio realizó un estudio que buscaba caracterizar las prácticas de los profesionales de la salud de los servicios públicos del primer nivel de atención en Montevideo. El informe que surgió de esta investigación se denominó “Profesionales de la salud y la salud sexual y reproductiva”. Se trató de un estudio cuantitativo basado en la aplicación de un cuestionario estructurado a 233 profesionales, de los cuales 84 % fueron mujeres (incluía médicos/as pero también personal de enfermería, psicología y parteras). En el marco de innovaciones institucionales como el SNIS y aprobación de la Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, MYSU partía del supuesto que concebía a los profesionales de la salud como un eslabón primordial en la implementación de los nuevos servicios. Por lo tanto, explorar en profundidad los valores, creencias y actitudes de estos profesionales hacia diversos tópicos de los derechos sexuales y reproductivos resultaba fundamental para entender la forma en que los servicios estaban funcionando. Entre los resultados del estudio destacaba que: por un lado, la mitad de los profesionales señalaba que se debería poder objetar conciencia si por convicciones religiosas o éticas el/la profesional no estaba de acuerdo con desempeñar una tarea definida por el servicio de salud y, un 13% no justificaba el aborto voluntario en ninguna circunstancia. Por otro lado, mientras los profesionales consideraban que la decisión sobre métodos de anticoncepción irreversibles (ligadura tubaria y vasectomía) no era técnica, sino una decisión exclusiva de las mujeres y los varones, la 23

mitad también consideraba que estos procedimientos no debían realizarse a personas sin hijos/as. Entre otros datos, el estudio también mostraba que el 40% de los profesionales pensaba que si una adolescente se embaraza es porque así lo quiere; y el 94% señalaba que la violencia sexual en la pareja era un fenómeno de alta incidencia.

2011: las mujeres uruguayas y la salud sexual y reproductiva En el año 2011, el Observatorio buscó generar información sobre las demandas y necesidades de las mujeres uruguayas en salud sexual y reproductiva, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y eventuales barreras, así como sobre las prácticas de autocuidado y cuidado de la salud en mujeres. Se diseñó, entonces, el estudio “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres uruguayas en edad reproductiva”. Este estudio estuvo basado en una encuesta probabilística a una muestra de mujeres en edad reproductiva -entre 15 y 49 años- residentes en localidades de más de 5000 habitantes 3. Entre los hallazgos más relevantes se mencionaban que las mujeres no identificaban los servicios de salud como servicios de referencia en salud sexual y reproductiva; menos de un tercio decía haber acudido a los centros de salud por motivos de salud sexual y reproductiva en el período 2010-2011. También destacaba que un 43% de las mujeres decían no controlar por sí mismas el uso de métodos anticonceptivos, y dependían de la negociación con sus parejas para el uso de preservativo. Un 57,5% de las mujeres decían tener conocimientos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, sin embargo, no parecían obtener esa información de los centros de salud. Cuando se les preguntaba si en los servicios de salud se les había informado sobre temas específicos de salud sexual y reproductiva, la mayoría decía no haber recibido información allí (se preguntaba si habían recibido información en un amplio abanico de asuntos que iban desde embarazo, parto y puerperio hasta embarazo no deseado y aborto, pasando por violencia doméstica y sexual). El porcentaje más alto estaba en anticoncepción; en este tema, el 49% de las mujeres decía haber recibido información en el centro de salud. El estudio también corroboraba los hallazgos de estudios previos en Uruguay respecto a la “hipótesis de la doble insatisfacción”. Es decir, si bien el número de hijos preferido por las mujeres era aproximadamente dos en promedio, las mujeres menos instruidas tenían más hijos de los que deseaban, mientras que las más instruidas tenían menos de los queridos.

El trabajo de campo de la encuesta fue realizado por la empresa FACTUM. 24

La encuesta también permitió realizar un análisis específico de la cohorte de población adolescente (mujeres de 15 a 18 años) con el objetivo de identificar necesidades concretas de la salud sexual y reproductiva de esta población de mujeres4. De esta sub-sección de la investigación se destacaba que: la mitad de las adolescentes encuestadas no se había iniciado sexualmente y que la edad promedio de inicio de la vida sexual era 15 años, aunque esta era menor aún entre las adolescentes que vivían en contextos de mayor vulnerabilidad económica y educativa. De aquellas que se habían iniciado sexualmente 87% manifestaban haber usado algún método anticonceptivo en su última relación sexual. Solo un 26% había consultado a ginecólogo/a en el último año y el 40% decía que había consultado en servicios de salud sexual y reproductiva entre 2010 y 2011. Asimismo, el estudio mostraba que los centros de salud no eran una opción entre la población adolescente para obtener métodos anticonceptivos, sino que estos eran adquiridos en farmacias o centros comerciales. Estos hallazgos ilustraban problemas en la difusión y uso de los servicios que eran mayores entre las adolescentes que entre las mujeres adultas. De la investigación “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres uruguayas en edad reproductiva”, una con el mismo nombre de la investigación, y otra centrada en el subgrupo de mujeres adolescentes denominada “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres adolescentes uruguayas”. Ambos productos se publicaron en 2013.

2012: los hombres uruguayos y la salud sexual y reproductiva Como forma de continuar con la línea de investigación comenzada en 2011, al año siguiente, el Observatorio diseñó el estudio “Demandas y necesidades en salud sexual y reproductiva en varones uruguayos de 15 a 49 años”. Este estudio estuvo basado en una metodología similar al estudio de 2011 (una encuesta en base a una muestra probabilística), pero su población objetivo fueron varones de 15 a 49 años. Estudios anteriores de MYSU habían mostrado el escaso contacto de los varones con los servicios de salud sexual y reproductiva, y a su vez, el casi nulo intento de las instituciones de salud por captar a esta población. Pese a los avances que las políticas públicas de salud sexual y reproductiva habían tenido desde 2007, las políticas que involucraban a los hombres eran casi inexistentes. Este hecho, junto al casi vacío de información en el tema justificaban el estudio. Los únicos dos antecedentes relevantes

De aquí salió un informe específico publicado en 2013 que se denominó “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres adolescentes uruguayas”. 4

eran el Proyecto Género y Generaciones (2006) y el Informe sobre salud de los hombres desde una perspectiva de género del Ministerio de Salud Pública (2009). Los resultados de la encuesta confirmaban el uso dispar de los servicios de salud sexual y reproductiva por los varones. La encuesta mostraba que, en el último año, el 60% de los varones decía no haber acudido a un centro de salud para consultar por temas de su salud personal. El 90% nunca había consultado a un profesional por temas relacionados con su salud sexual y reproductiva, y 3 de cada 4 varones no se había realizado ningún estudio médico relacionado con su salud sexual y reproductiva. A su vez, el estudio mostraba que el 55% de los varones nunca había escuchado hablar de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y apenas el 36% conocía alguna de las leyes o normas que tenía el país en el tema. En materia de cuidado y autocuidado, destacaba que un tercio de los varones estaba dispuesto a tener relaciones sexuales con alguien que no quiera usar preservativo, mientras que dos de cada tres varones decía que nunca se había hecho test de VIH. A partir de estos hallazgos, MYSU señalaba que, aunque el sistema de salud uruguayo estaba procesando un pasaje de un modelo materno-infantil a uno de salud sexual y reproductiva este seguía estando recostado sobre un imaginario en el que la salud sexual y reproductiva era “cosa de mujeres”. Esta investigación fue publicada en 2015.

2013: nuevamente los monitoreos territoriales sobre los servicios de salud sexual y reproductiva (con énfasis en servicios de aborto legal) En 2013, la implementación de servicios de aborto legal en el sistema de salud llevó a que el Observatorio de MYSU retomara la línea de monitoreos departamentales de los servicios de salud sexual y reproductiva. En 2013 el monitoreo se realizó en el departamento del Salto (noroeste del país), incluyó sus dos (únicos) prestadores de salud (el público ASSE y el privado CAM), y estuvo centrado en aborto –aunque de forma subsidiaria también se relevó información sobre otras dimensiones del funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva del departamento. El objetivo de los estudios que comenzaron en 2013, y que continuarían hasta 2017, fue por un lado, recabar información que permitiera describir la organización de los servicios de salud sexual y reproductiva, anticoncepción, embarazo, parto y puerperio, diagnóstico y tratamiento en VIH/ITS, violencia doméstica y sexual y aborto, con énfasis en esta última prestación que era la que se incorporaba. Y por otro, identificar barreras en el acceso a estos servicios y realizar recomendaciones de mejora. 26

De esta forma se re-editaba una tradición de estudios iniciada en 2008 (MYSU 2008 y MYSU 2009) y, en particular, realizaba seguimiento a los servicios de aborto introducidos en el SNIS a partir de la Ley Nº 18.987 de “Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)”. El estudio de Salto mostraba severas dificultades para implementar la ley de IVE en esa región, pues la totalidad de los profesionales de la ginecología salteños habían recurrido a la objeción de conciencia y se negaban a realizar abortos. La investigación mostraba que durante casi todo el primer año de la implementación de la ley, ninguna mujer salteña pudo interrumpir su embarazo de forma legal en el departamento. Las mujeres que requirieron IVE fueron trasladadas a otros lugares del país: el prestador público derivaba sus usuarias a Montevideo (a casi 500 kilómetros de distancia) y el prestador privado hacía derivaciones a Artigas (departamento limítrofe con Salto). La investigación mostraba que si bien todos los traslados requeridos se habían realizado, estos implicaban molestias mayores para las mujeres que, en varios casos, debían trasladarse muchos kilómetros. El estudio alertaba sobre las implicancias que tenía la objeción de conciencia para el correcto funcionamiento de los servicios de aborto y en particular para asegurar los derechos de las mujeres amparados por la ley de IVE. Se señalaba que la forma en que los/as ginecólogos/as salteños habían manifestado la objeción de conciencia –en una acción coordinada y pública, oponiéndose a la ley- era cercana a la “desobediencia civil”.

2014: monitoreos territoriales de los servicios de salud sexual y reproductiva (zona oeste, “el litoral”) y resumen del quinquenio 2010-2014 En 2014, la actividad del Observatorio tuvo dos componentes. Por un lado, se decidió continuar la línea de investigación iniciada el año anterior en el departamento de Salto, y por otro, se realizó una sistematización de los estudios realizados por MYSU en el período 2010-2014. Respecto al primer punto, el relevamiento abarcó a los servicios de salud sexual y reproductiva de Paysandú, Soriano y Río Negro (tres departamentos del litoral oeste del país). Además de las prestaciones de aborto, se relevaron otras dimensiones relacionadas a la salud sexual y reproductiva menos profundizadas en el estudio de Salto: funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en general, anticoncepción, embarazo, parto y puerperio, violencia doméstica y sexual y servicios de prevención y tratamiento de VIH-SIDA. Nuevamente, el monitoreo abarcó a los prestadores de salud más grandes de estos departamentos.

Entre otros hallazgos, este relevamiento volvía a encontrar altos porcentajes de profesionales de la salud objetores de conciencia en estos departamentos. El estudio alertaba sobre los obstáculos que la objeción de conciencia representaba para la implementación de la ley de IVE. Había localidades con 100% de objetores de conciencia: Young y Mercedes (capital de Soriano). Las entrevistas realizadas con profesionales de la salud aportaban evidencia sobre la persistencia del mercado clandestino de abortos e ilustraban las dificultades que suponían los traslados para las mujeres ante la ausencia de ginecólogos no objetores en sus localidades de residencia o en las cercanas. En las otras dimensiones del relevamiento se destacaba el escaso rol referencial que cumplían los equipos de salud sexual y reproductiva dentro de las instituciones de salud. Estos equipos, que debían cumplir funciones de asesoramiento y capacitación al personal de la institución, así como proveer asistencia directa en una vasta gama de temas vinculados a la salud sexual y reproductiva, quedaban restringidos a los servicios de IVE y a la atención directa anticoncepción. En materia de anticoncepción, se señalaba que aunque los centros de salud disponían de una canasta amplia y de calidad de métodos anticonceptivos, existían demoras para la colocación del DIU y reticencia de los médicos ginecólogos respecto a los métodos anticonceptivos irreversibles. En otro orden, el informe destacaba la escasa conformación de equipos de referencia en violencia doméstica en las instituciones públicas frente a la instituciones privadas que tenían más incentivos para instalar estos servicios debido a que eran una mesa asistencial del SNIS. Más allá de la existencia de estos equipos, todas las instituciones tenían problemas para detectar casos de violencia y derivarlos hacia servicios específicos de atención. Por otro lado, durante el año 2014 el Observatorio de MYSU sistematizó su producción del quinquenio 2010-2014 en el informe denominado “Asegurar y avanzar sobre lo logrado. Estado de situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay”. Este estudio, realizaba tres contribuciones. En primer lugar, hacía un análisis de la legislación aprobada en el período que suponían ganancias en términos de derechos: la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de IVE, las leyes sobre subsidio por maternidad y paternidad y la ley de matrimonio igualitaria. El informe recopilaba estas reformas –junto con sus decretos reglamentarios-, realizaba un análisis de sus contenidos y destaca los avances que significaban respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo y respecto a la situación nacional pre-reforma. A la misma vez, se destacaban algunas limitantes de la normativa y en función de esto, el informe señalaba posibles mejoras a la legislación existente para ser abordadas en el futuro.

Por ejemplo, respecto a las restricciones de la ley de IVE, la última gran innovación institucional en salud sexual y reproductiva, se señalaba por un lado, que el equipo multidisciplinario ante el que debían comparecer las mujeres que querían interrumpir un embarazo no deseado y los cinco días de reflexión no eran requisitos coherentes con el reconocimiento de las mujeres adultas como sujetos con capacidad plena para tomar decisiones. Por otro lado, se advertía la objeción de conciencia podía convertirse en un obstáculo para el acceso de las mujeres al sistema legal de abortos, y que en especial la objeción de ideario a la que aludía la ley era la institucionalización de la objeción de conciencia institucional, un elemento preocupante de la ley si se tiene en cuenta que la conciencia solo es atribuible a las personas físicas y nunca a las jurídicas. En otro orden de los avances legislativos, se identificaban contradicciones entre los contenidos de leyes aprobadas sobre las interpretaciones y el alcance de los derechos efectivamente consagrados, en especial teniendo en consideración el marco normativo internacional aceptado y ratificado por el Uruguay. Se destacaban riesgos para la implementación de política pública, teniendo en cuenta que los márgenes interpretativos pueden habilitar prácticas discrecionales que reducen las garantías y pueden traducirse en vulneración de derechos. Asimismo, dedicaba una sección al conocimiento de los derechos y a la información sobre los servicios que tenía la población y otra sección a la calidad de la atención. Por otra parte, se destacaban las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil en ámbitos de participación del Estado, en particular en dos en los que MYSU tenía una participación activa: la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva y la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida (CONASIDA).

2015: monitoreos territoriales de los servicios de salud sexual y reproductiva (Rivera, Florida y Maldonado) La línea de monitoreos territoriales continúo en 2015 con otros tres departamentos. De esta forma los estudios se expandían más allá de la región litoral del país para abarcar un departamento del centro del país (Florida), uno del noreste con frontera con Brasil (Rivera) y un departamento de la costa este con perfil moderno y turístico (Maldonado). El estudio relevaba información en las mismas dimensiones que los monitoreos territoriales del año anterior. Entre los principales resultados destacaba que en dos de estos departamentos (Florida y Maldonado), los niveles de objeción de conciencia ante la ley de IVE eran significativamente más bajos que los encontrados en los departamentos del litoral del país.

2016: monitoreos territoriales de los servicios de salud sexual y reproductiva (Cerro Largo y Rocha) En el año 2016 la línea de monitoreos territoriales continuó por dos departamentos más del noreste del país (Cerro Largo) y del este (Rocha). Nuevamente, la objeción de conciencia era un problema en estas regiones, en particular en Cerro Largo. En Rocha, se detectó otra localidad con 100% de objetores de conciencia: Castillos, la tercera región más densamente poblada del departamento. En Cerro Largo, se advertían, nuevamente,, problemas para acceder a la anticoncepción irreversible en las mujeres. MYSU registraba prácticas médicas cercanas a fenómenos de objeción de conciencia para el acceso a estos métodos en la medida en que había médicos que se negaban a realizar estas intervenciones contradiciendo la voluntad de las mujeres que la solicitaban. En 2016, en medio del trabajo de campo de esta investigación se produce el fallo del TCA ante la demanda de nulidad del decreto reglamentario de la ley de IVE y tras él se pusieron en práctica las nuevas ordenanzas del MSP. El fallo aseguraba la confidencialidad de los objetores de conciencia y ante esto, MYSU advertía las limitaciones que ello tendría para calcular porcentajes de objetores por departamento. Asimismo, la obligatoriedad del trabajo simultáneo de los equipos multidisciplinarios a cargo de los servicios de IVE que imponía el fallo, cuando antes podían reunirse en forma simultánea o consecutiva, imponía a los servicios una exigencia extremadamente difícil de cumplir para algunos equipos. MYSU advertía las dificultades que tenían algunos centros de salud para hacer coincidir los horarios de los especialistas que formaban los equipos.

2017: finalización de los monitoreos territoriales en salud sexual y reproductiva y síntesis de los estudios El año 2017 fue el momento de cierre de los monitoreos departamentales y de síntesis de estos estudios. Por un lado, la línea de monitoreo iniciada en 2013 se replicó en Montevideo, la capital y región más densamente poblada del país que concentra el 40% de la población, así como la mayoría de los centros de salud. Por otro lado, se realizó una síntesis de los hallazgos de los 10 departamentos monitoreados en el período 2013-2017.

La síntesis destacaba que, si bien el monitoreo no había incluido todos los departamentos ni todos los prestadores de salud del país, se estudiaron 24 instituciones de 10 departamentos donde residía el 64% de la población del país. El informe señalaba que a lo largo del período se había realizado seguimiento de servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en los centros de salud –públicos y privadosmás importantes de los departamentos relevados, ubicados en las capitales y en las segundas o terceras ciudades más densas de cada región. El documento de síntesis destacaba los avances en materia legislativa sobre salud sexual y reproductiva y aborto de Uruguay en los últimos años que colocaban al país a la vanguardia en la región. Asimismo, se señalaba que estos servicios existían en el territorio y funcionaban, lo que permitía que la ciudadanía pudiera acceder a una multiplicidad de prestaciones que hacían más adecuado el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, el informe también ponía énfasis en las limitaciones y debilidades del funcionamiento de los servicios. De esta forma, además de sistematizar tendencias en el funcionamiento de los servicios, se destacaban buenas y malas prácticas que permitían ilustrar la diversidad de formas que adquiría la implementación de las políticas en el territorio. En primer lugar, se señalaba que, aunque todos los centros de salud en los que se realizó el monitoreo tenían equipos de salud sexual y reproductiva constituidos, eran pocos los que cumplían funciones referenciales dentro de los prestadores como disponía la normativa vigente. En general, las funciones de estos servicios estaban limitadas al asesoramiento en anticoncepción, y tras la implementación de ley de IVE quedaron asimilados a prestar servicios de aborto. El informe decía que esto restringía las funciones integrales que estos equipos debían tener. En segundo lugar, aunque se decía que estaba disponible una amplia canasta de métodos anticonceptivos, existían problemas en el acceso a la colocación de DIU debido a demoras y falta horas de consulta, y en el acceso a métodos irreversibles como la ligadura tubaria. En este último caso, el documento registraba casos de médicos que se resistían a realizar ligaduras tubarias cuando las mujeres lo solicitaban. Comportamientos de este tipo quedan por fuera de lo estipulado por las normativas vigentes en Uruguay y se constituían como actos de objeción de conciencia de facto. En otro orden, se decía que los servicios de anticoncepción estaban pensados y eran usados principalmente por mujeres, en tanto, las consultas de varones eran mínimas. Esto corroboraba lo ya encontrado por estudios anteriores de MYSU. Sin embargo, también se decía que este fenómeno era más leve en los “Espacios Adolescentes”. Aunque estos espacios no funcionan en todos los prestadores, eran ámbitos novedosos

y relativamente efectivos para la incorporación de varones jóvenes a los cuidados en salud sexual y reproductiva. En tercer lugar, en relación a la dimensión de embarazo, parto y puerperio, además de destacar las altas tasas de cesáreas existentes en el país, en particular en los prestadores de gestión privada, el resumen de los monitoreos departamentales mostraba dificultades de algunos prestadores públicos del interior del país por falta ginecólogos y anestesistas de guardia. Como un rasgo positivo se registraba el comienzo de la incorporación de servicios de parto humanizado en algunas instituciones. En cuarto lugar, en relación a los servicios de violencia el informe señalaba las dificultades que tenían todos los prestadores de salud para detectar casos de violencia. Asimismo mostraba que, en general, los centros de salud del sector público no tenían constituidos los equipos de violencia que determina la normativa vigente. En quinto lugar, en relación a la dimensión de VIH-Sida, el informe destacaba, por un lado, las diferencias en el porcentaje de adherencia a los tratamientos de VIH entre los prestadores públicos y privados y problemas para resguardar la confidencialidad de los pacientes en algunos prestadores. Y por otro, que las campañas públicas de difusión eran puntuales y no trascendían las fechas conmemorativas. Finalmente, el documento de sistematización, dedicaba una sección entera al monitoreo de la implementación de la ley de IVE. Esta era la última prestación que se había incorporado al SNIS, y por ello, se justificaba un análisis exhaustivo de la implementación de estos servicios. Se destacaba como gran obstáculo la objeción de conciencia de los médicos ginecólogos/as, los únicos que según la ley pueden realizar abortos. La OC era colocada como un elemento que agregaba complejidad a la ruta de IVE. Más allá del porcentaje total de objetores de conciencia (promedio nacional) se señalaba que era necesario considerar su distribución geográfica, y en particular, su concentración en determinados departamentos. MYSU detectaba zonas con 100% de objetores y otras donde se estimaban porcentajes de objetores mayores al 60%. El informe señalaba que cuando la objeción de conciencia en un departamento era alta se generaba una “cadena de complicaciones” para las usuarias del sistema de salud. El informe registraba casos de objetores de conciencia que limitan la información de las mujeres y no realizan una adecuada derivación cuando recibían, en la consulta, a mujeres con embarazos no deseados. En zonas con altos porcentajes de objetores de conciencia se producían retrasos en el acceso a los servicios de IVE y muchas veces las mujeres debían trasladarse grandes distancias para acceder a una interrupción legal. Se decía que distribuciones no homogéneas de profesionales objetores de conciencia en 32

el territorio generan desigualdades entre mujeres, y en particular afecta a las mujeres que tienen menos recursos y apoyos sociales y familiares. Debido a esto, el informe destacaba el concepto de “fugas” del sistema legal de abortos que alimentan el circuito clandestino que la ley buscaba evitar. Asimismo, se señalaba el alto porcentaje de mujeres que no concurrían a los controles pos aborto (casi el 40% de quienes habían abortado), y las consecuencias que esto tenía para el asesoramiento en anticoncepción. Las fugas eran concebidas como fallas del procedimiento legal de abortos. En otro orden, en el tema aborto, se señalaba como un déficit de la ley que las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país quedaran excluidas del sistema legal de abortos y confinadas al circuito clandestino donde los abortos se realizan en condiciones de riesgo. Se decía que debía ampliarse la intervención en IVE3 a los médicos de familia y generalistas como una manera de aumentar la oferta de médicos disponibles para IVE3 y así mitigar los problemas de la objeción de conciencia. Asimismo, se sugería construir indicadores para el seguimiento de la ley y se señalaba que la figura del equipo multidisciplinario debía ser re-pensada a la luz de la casi nula capacidad disuasoria de la decisión de abortar sobre las mujeres y el costo que tiene mantener estos equipos para el sistema de salud.

Tabla 1: Resumen investigaciones y publicaciones Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva (2007-2017) Año de Título del realización estudio del estudio Observatorio Nacional en Género y Salud 2007 Sexual y Reproductiva en Uruguay. Informe 2007

2008

Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay. Informe 2008

2009

Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en Uruguay. Informe 2009

2010

Profesionales de la salud y salud sexual y reproductiva. Estudios de percepciones, valores y prácticas

Tipo de Año estudio/características publicación metodológicas Recopilación -a modo de línea de base- de estadísticas en salud 2007 sexual y reproductiva en Uruguay y recopilación de normativa nacional en el tema Monitoreo territorial de los servicios de salud sexual y reproductiva en grandes prestadores de salud (públicos y privados) de cinco departamentos. Herramientas de 2008 relevamiento: entrevistas con directores de centros de salud, formulario (tipo encuesta) a profesionales de ginecología y obstetricia y otro a usuarias, observación en salas de espera. Monitoreo territorial de los servicios de salud sexual y reproductiva en prestadores de salud 2009 públicos de cinco departamentos. Herramientas de relevamiento: análogas a estudio de 2008 Estudio de prácticas profesionales en el SNIS. Explora en profundidad los valores, creencias y actitudes de los profesionales de la salud hacias diversos tópicos de 2010 los derechos derechos sexuales y reproductivos. Cuestionario estructurado (tipo encuesta) a 233 profesionales de los servicios públicos del primer nivel de atención en Montevideo.

Equipos técnicos

Apoyos

Folletos asociados

Karina Batthyàny (coord.), Valentina Perrota, Lucía Scuro

UNFPA

N/C

Alicia Aleman (coord.), Mercedes Colomar, Valentina Perrota

UNFPA

N/C

Ramón Álvarez, Verónica Burstin, Israel UNFPA Falcón, Rossana Trucillo

Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva en los servicios de salud.

Ramón Álvarez, Valeria Fernández Mouján, Ana Coimbra, Rossana Trucillo, Verónica Burstein y Rafael Aguirre

Profesionales de la Salud Sexual y Reproductiva

UNFPA

Fuente: elaboración en base a publicaciones Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva

Tabla 1: Resumen investigaciones y publicaciones Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, 2007-2017 (cont.I) Año de realización del estudio

2011

Título del estudio

Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres uruguayas

2012

Demandas y necesidades en salud sexual y reproductiva en varones uruguayos

2013

Estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en el departamento de Salto

2014

Estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano

Tipo de Año estudio/características publicación metodológicas

2013

2015

2014

Encuesta de opinión pública a mujeres uruguayas sobre distintos tópicos de las necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva. Población del estudio: mujeres de 15 a 49 años. Publicación de dos informes. Uno con el mismo título de la investigación y otro centrado en las necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva de las adolescentes. Encuesta de opinión pública a hombres uruguayos sobre distintos tópicos de las necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva. Población del estudio: hombres de 15 a 49 años. Monitoreo territorial de los servicios de salud sexual y reproductiva con énfasis en aborto debido a que es la prestación que se agrega desde 2012 tras las aprobación de la ley de IVE. Información relevada mediante entrevistas a profesionales de la salud de los servicios de salud sexual y reproductiva y a usuarias de los servicios. Monitoreo territorial de los servicios de salud sexual y reproductiva en otros tres departamentos de la región "litoral del país". Continuación de la línea iniciada en el departamento de Salto el año anterior. Información relevada mediante entrevistas a profesionales de la salud de los servicios de salud sexual y reproductiva (se utiliza una ficha estandarizada para recolectar los datos) y a usuarias de los servicios.

Equipos técnicos Apoyos

Alejandra López y Valeria UNFPA Fernández Mouján

Folletos asociados Vida reproductiva en mujeres uruguayas. Acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva Mujeres y salud sexual y reproductuva Mujeres Adolescentes. Inicio sexual, conociiento de derechos y acceso a la salud sexual y reproductiva

Alejandra López, Carmen Varela, Mariana Fernández, Cecilia Lara

UNFPA/OPS

Varones uruguayos y su salud sexual y reproductiva

Martín Couto (coord.), Matilde Ló pez y Veró nica Bruné

Medicos del Mundo Francia/IWHC

N/C

Martín Couto, María Eugenia Casanova, Mauro Ramos, Santiago Puyol

Salud sexual y reproductiva y servicios Medicos del Mundo de aborto en Uruguay en Francia/IWHC/SAAF los departamentos de Río Negro, Soriano y Paysandú

Fuente: elaboración en base a publicaciones Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva

Tabla 1: Resumen investigaciones y publicaciones Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva, 2007-2017 (cont. II) Año de Tipo de Título del Año realización estudio/características estudio publicación del estudio metodológicas Asegurar y avanzar sobre lo logrado. Estado de situación de los Sistematización de los estudios 2014 derechos 2014 de MYSU durante el quinquenio sexuales y 2010-2014. reproductivos en Uruguay. Monitoreo 2010-2014 Estado de Monitoreo territorial de los situación de los servicios de salud sexual y servicios de reproductiva en Rivera, salud sexual y Maldonado y Florida. reproductiva y Continuación de la línea iniciada 2015 2016 aborto en los en el departamento de Salto en departamentos 2013. Información relevada de Florida, mediante instrumentos análogos Maldonado y a los moniteoreos anteriores de Rivera esta serie de estudios. Monitoreo territorial de los Estado de servicios de salud sexual y situación de los reproductiva en Cerro Largo y servicios de Rocha. Continuación de la línea salud sexual y iniciada en el departamento de 2016 reproductiva y 2017 Salto en 2013. Información aborto en el relevada mediante instrumentos departamento análogos a los moniteoreos de Cerro Largo anteriores de esta serie de y Rocha estudios. Estado de Monitoreo territorial de los situación de los servicios de salud sexual y servicios de reproductiva y aborto en 2017 salud sexual y 2017 Montevideo. Estudio final de la reproductiva y serie de monitoreos aborto en departamentales realizados por Montevideo MYSU desde 2013. Los servicios de salud sexual y reproductiva y Documento que sistematiza los aborto legal. resultados de los monitoreos Monitoreo departamentales sobre los 2013-2017. 2017 2017 servicios de salud sexual y Sistematización reproductica y abortos de los realizados por MYSU entre 2013 resultados de y 2017. 10 de 19 departamentos del país.

Equipos técnicos

Martín Couto, María Eugenia Casanova, Mauro Ramos, Valentina de Mello, Santiago Puyol, Lilián Abracinskas

Apoyos

Folletos asociados

UNFPA/IWHC

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Qué se necesita para ejercerlos?

María Eugenia Casanova, UNFPA/Medicos del Mauro Ramos, Mundo N/C Santiago Puyol y Francia/IWHC/SAAF Florencia Beder

María Eugenia Casanova, SAAF/UNFPA/IWHC N/C Santiago Puyol y Florencia Beder

Verónica Pérez, Santiago Puyol

SAAF/Global Fund for Women/IWHC

Servicios legales de aborto en Uruguay. Desafíos para su funcionamiento.

Fuente: elaboración en base a publicaciones Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva

El recorrido cronológico por las investigaciones del Observatorio de MYSU permite permite, a su vez, tener un panorama de los aspectos que han mejorado en el área de la salud sexual y reproductiva y aborto en el país, los problemas persistentes y los nuevos temas y desafíos que enfrentan a raíz de la implementación de las reformas legales de la última década. La tabla 2 muestra un resumen de estos aspectos. Tabla 2: Mejoras, problemas persistentes y nuevos temas en el marco de los derechos sexuales y reproductivos Mejora • Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva (ley marco). • Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. • Ley de Reproducción Humana Asistida. • Ley de Matrimonio Igualitario.

• Servicios de salud sexual y reproductiva funcionando en todos los prestadores. • Canasta amplia de métodos antinconceptivos disponible en todos los prestadores. • Creación de Espacios Adolescentes. • Servicios de aborto funcionando en todos los departamentos. • Inicios de incorporación de prácticas de parto humanizado.

Problemas persistentes Nivel normativo • Aún no existe una ley integral en violencia de género

Nivel de implementación • Implementación de servicios de salud sexual y reproductiva que sean referenciales y trasciendan la atención directa. • La salud sexual y reproductiva sigue siendo concebida como un asunto de mujeres. Los hombres no consultan. • Dificultades para el acceso a métodos anticonceptivos como el DIU y métodos irreversibles. • Dificultades para detectar y derivar casos de violencia doméstica. • Ausencia de equipos referenciales de violencia en varios prestadores, en especial en los públicos. • Persistencia de alto porcentaje de cesáreas, en especial en los prestadores de gestión privada.

Nuevos temas y desafíos • Aprobación de una ley integral de violencia. • Modificación de la ley de IVE para incluir a las mujeres migrantes con menos de un año de residencia en el país. • Modificación de la ley de IVE para que médicos de familia y generalistas puedan intervenir en aborto (IVE 3). • Difusión de la ley de IVE. • Identificación de los servicios de IVE en cada prestador. • Captación de usuarias en la etapa de control pos aborto (IVE 4) y asesoramiento en anticoncepción. • Objeción de conciencia médica ante IVE. • Construcción de un sistema de indicadores que permita monitorear la implementación de la ley de IVE.

3. El Observatorio como herramienta política El Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU es un programa de investigación, pero también una herramienta política. En este sentido, es posible rastrear tres (grandes) públicos que hacen uso de los datos e informes producidos por el Observatorio: las organizaciones sociales, la opinión pública y los actores de gobierno. Aunque los alcances de este estudio no permitieron realizar una sistematización y análisis exhaustivo del impacto del Observatorio sobre estos públicos, en lo que sigue, se muestran algunos ejemplos relevantes que dan cuenta del uso diverso que hacen estos actores de la información producida por el Observatorio.

3.1- Información para la movilización: las jornadas nacionales por la salud y los derechos sexuales y reproductivos A lo largo de los años la información producida por el Observatorio de MYSU ha sido utilizada por organizaciones sociales para fundamentar sus demandas al Estado uruguayo. Así por ejemplo, el movimiento de mujeres se ha valido de los datos del Observatorio para construir su agenda (ver CNS 2009). Pero quizás el ejemplo más relevantes de este fenómeno son las Jornadas Nacionales por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos que, desde 2012 MYSU organiza junto con la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad de la central de trabajadores (PIT-CNT). Las Jornadas buscan promover la articulación y el fortalecimiento para la incidencia social, de organizaciones y personas que trabajan en diversas dimensiones de la salud, la educación y los derechos humanos. A la fecha, MYSU ha realizado 10 Jornadas, congregando más de 250 personas, provenientes de más de 70 organizaciones sociales diferentes, además de miembros de equipos de salud, docentes, estudiantes universitarios y militantes sindicales y gremiales. Desde la primera Jornada, los estudios del Observatorio de MYSU sirvieron como insumos para el debate entre organizaciones tanto en este espacio como en acciones que han surgido a partir de lo trabajado en ellas en las Jornadas. Así, la información relevada y generada por el Observatorio fue utilizada para orientar la movilización social, tanto en el contexto previo a la aprobación de la ley de IVE como durante la vigilancia de su implementación. Los estudios del Observatorio realizados entre 2007 y 2010 sirvieron como fuente para organizar el trabajo en la primera Jornada, realizada en agosto de 2012, cercana a la fecha de aprobación de la ley IVE. Allí, se acordó emitir una declaración pública firmada por las 45 organizaciones sociales que participaron que se presentaría 38

ante la comisión especial de la Cámara de Representantes que estaba discutiendo el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo el 16 de agosto de 2012. En la declaración se reafirmaba la necesidad de un cambio legal que atendiera las situaciones de inseguridad de la práctica clandestina del aborto, se remarcaba la importancia de un adecuado funcionamiento de servicios de salud sexual y reproductiva que desde 2010 funcionan en el SNIS, y la integralidad del enfoque de atención que debían tener estos servicios. Durante las siguientes cuatro jornadas (la 2da realizada en 2012, las 3ra y 4ta realizadas en 2013 y la 5ta realizada en 2014) la información relevada por el Observatorio sirvió como marco de organización de demandas. De particular importancia aquí fueron los resultados de los estudios sobre necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva a mujeres y varones uruguayos, así como el relevamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en el departamento de Salto. Esto cristalizó en la 5ta Jornada con la elaboración de la “Plataforma ciudadana en salud y derechos sexuales y reproductivos”, en tanto agenda común de las organizaciones sociales participantes de las Jornadas para las acciones de incidencia. Para la elaboración de la plataforma se conformaron diez talleres simultáneos que revisaron y enriquecieron el texto en borrador elaborado en base a lo discutido en Jornadas anteriores. El texto de la Plataforma se nutrió de los estudios del Observatorio y de las recomendaciones de las agendas de los distintos movimientos participantes de las jornadas. Recuadro 1: extracto de la Plataforma ciudadana en salud y derechos sexuales y reproductivos como ejemplo de información que surge del Observatorio “Muchas son las razones que expulsan a las mujeres del sistema, particularmente a aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, como a quienes habitan en el medio rural, lejos de las capitales departamentales, quienes pierden presentismo en su trabajo para concurrir a todas las consultas que se exigen por ley, o las mujeres que tienen un entorno que no las apoya o las condena por su decisión. La objeción de conciencia es uno de los obstáculos que afectan el acceso al servicio de aborto, como se ha demostrado en el departamento de Salto, donde la totalidad de profesionales de la ginecología han hecho uso de este recurso. Los equipos de SSR corren el riesgo de reducir su intervención a la realización de abortos o a la atención de las situaciones problemáticas de la vida sexual de las mujeres. Esto significaría que los otros requerimientos en SSR no quedarían debidamente atendidos. Las necesidades específicas de las personas de la comunidad LGTTBI y de varones de todas las edades y condiciones, tampoco estarían contempladas en los servicios existentes, lo que representa un déficit del modelo de atención integral en SSR. Por otra parte, varias situaciones están afectando el funcionamiento de los equipos de salud y hay evidencia que da cuenta de la estigmatización de quienes llevan adelante los servicios como de quienes los 39

demandan. La confidencialidad no siempre está asegurada en las instituciones de salud, lo que se convierte en una barrera de acceso y un obstáculo importante para la atención sanitaria de muchas personas con las previsibles consecuencias negativas.” Plataforma ciudadana en salud y derechos sexuales y reproductivos, 2015, MYSU (pp. 5)

La 6ta Jornada se extendió durante dos días, incluyendo una primera instancia exclusivamente de presentación de resultados de los estudios del Observatorio de MYSU sobre el estado de situación de los servicios de IVE y SSR en en base al informe “litoral” (Paysandú, Río Negro y Soriano) que mostraba con niveles de objeción altos y medios entre los profesionales de la ginecología. Durante el trabajo de campo de este monitoreo se había realizado un pedido de información pública, en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública (18.381), debido a dificultades para acceder a los datos, en particular en el departamento de Soriano. En virtud de esto, en las jornadas, se incluyó un taller, dictado por la organización civil Cainfo, sobre los contenidos de la ley Acceso a la Información Pública, su uso y potencialidades. El taller buscaba fortalecer la caja de herramienta que las organizaciones sociales tienen para ensayar posibles solicitudes de información en base a temáticas y problemáticas específicas dentro del campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, un elemento necesario para el monitoreo ciudadano y la incidencia. Durante la 7ma y 8va Jornada el equipo del Observatorio presentó los resultados del monitoreo de los departamentos de Florida, Rivera y Maldonado y se cotejaron con los obtenidos en los monitoreos previos. Los resultados de los monitoreos se discutieron en el marco de un contexto pautado por la muerte por aborto inseguro de una joven en el departamento de Maldonado y las consecuencias del fallo del TCA que había anulado algunos artículos del decreto reglamentario de la ley IVE. Durante la 9na Jornada, el foco estuvo puesto en la necesidad de fortalecer y revitalizar el rol de las organizaciones sociales y al movimiento como fuerza motora del cambio. Partiendo de un diagnóstico de reducción y desaparición de organizaciones, grupos y colectivos históricos y una paralización de la movilización, se decidió profundizar en el rol de las organizaciones en la incorporación de la nueva agenda de derechos en la sociedad y en los actores de gobierno. La 10ma Jornada tuvo un foco territorial más específico pues las organizaciones asistentes se dividieron en tres grupos por subregiones con el objetivo de planificar encuentros durante el segundo semestre del año 2017, de acuerdo a las reivindicaciones y demandas que se plasmaron en la Plataforma Ciudadana (acordada durante la 5ta Jornada). La 10ma Jornada utilizó como insumo la sistematización de los resultados de los 10 monitoreos departamentales sobre los servicios de salud sexual y 40

reproductiva y aborto realizados entre 2013 y 2017. A partir de las realidades específicas de cada región y departamento monitoreado, se generaron debates a la interna de los grupos acerca de las fortalezas y debilidades identificadas tanto por el Observatorio como desde la propia labor de las organizaciones, profesionales integrantes de equipos, técnicos vinculados a la temática, etc. que estuvieron presentes. 3.2- Incidencia en el debate público: los datos del Observatorio en los medios Una parte fundamental de las actividades de incidencia que realiza MYSU como organización feminista se relaciona con sus contribuciones a la generación de debate público en los más diversos temas de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en el Uruguay. Desde antes de la creación del Observatorio, MYSU ha sido una organización de referencia a nivel nacional y latinoamericano en salud sexual y reproductiva, y en especial, en aborto legal. En este sentido, la información generada desde el Observatorio ha sido una de las fuentes clave para alimentar estos debates. El relevamiento de información secundaria y la generación propia de información a través del Observatorio han sido un insumo vital para la discusión pública y el posicionamiento ciudadano. Un indicador de este fenómeno puede ser observado a partir de la cobertura mediática que han tenido las investigaciones del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Aunque estuvo fuera de los alcances de este informe hacer un análisis exhaustivo de la cobertura mediática de las investigaciones del Observatorio, una simple búsqueda en Google a partir de palabras clave (MYSU, aborto, Observatorio, salud sexual y reproductiva) muestra la presencia y el aumento de las investigaciones del Observatorio en los medios de comunicación nacionales (gráfico 2).

Gráfico 2: Apariciones de investigaciones del Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva en los medios de comunicación (búsqueda en Google por descriptores) 25

15 10

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: base prensa MYSU – sistematización Observatorio

Los medios de prensa más importantes del país, tanto en prensa escrita como televisiva y también radial, así como medios de prensa de la región y del mundo refieren a las investigaciones del Observatorio cuando se suscitan discusiones sobre asuntos de salud sexual y reproductiva. Así, MYSU se ha vuelto doblemente referente: por un lado es una organización feminista de referencia por su trayectoria desde la movilización ciudadana, y por otro, es una referencia por su conocimiento de la realidad nacional en materia de salud sexual y reproductiva a partir de las investigaciones que se desarrollan desde el Observatorio. En los últimos años, con la implementación de los servicios de aborto en el país como un tema de debate ciudadano, se destaca la cobertura que los medios de comunicación hicieron de los resultados de los monitoreos departamentales desarrollados por MYSU entre 2013-2017. Las intervenciones en el debate público de MYSU, apoyándose en los datos del Observatorio, también son frecuentes frente a casos paradigmáticos fueron en los últimos años: las dos muertes de mujeres por abortos inseguros luego de la entrada en vigor de la ley de IVE (una en 2013 y otra en 2016), el procesamiento con prisión de dos mujeres por un aborto realizado en la clandestinidad en el departamento de Maldonado (2015), o la imposición de un recurso de amparo por parte de una jueza de Mercedes (departamento de Soriano) que interrumpió el proceso de aborto legal que había 42

iniciado una mujer en ese departamento. En todos estos casos, MYSU ha intervenido en el debate mediático apoyándose en la información relevada y generada por el Observatorio5. En este último caso, incluso, los datos del Observatorio sobre las dificultades de la implementación de la ley de IVE en algunos departamentos tuvieron cobertura internacional.

3.3- Incidencia en los actores de gobierno La información generada a partir del Observatorio de MYSU también ha sido utilizada por las autoridades de gobierno en el marco de instancias de toma de decisión y rendición de cuentas. En este sentido, cabe destacar tres tipos de situaciones en los que las investigaciones producidas por el Observatorio impactan sobre los actores de gobierno: los ámbitos de participación, asesoramiento y consulta de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los que MYSU ha participado, la devolución de los resultados de los monitoreos a las autoridades de los centros de salud incluidos en los estudios realizados por el Observatorio, y el manejo de cifras producidas por el Observatorio de MYSU por parte de autoridades de gobierno, así como el uso de las investigaciones del Observatorio para fundamentar informes ante instancias de las Naciones Unidas. Respecto a los ámbitos de participación, asesoramiento y consulta en los poderes del Estado, destaca, en primer lugar, la participación de MYSU en la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva y la Comisión Nacional de Lucha contra el Sida, ámbitos permanentes de participación en el MSP. Aunque en los monitoreos de MYSU se ha señalado que estos ámbitos han tenido un funcionamiento desigual en el tiempo (MYSU 2014), MYSU participó de forma sostenida aportando a las discusiones que allí se producen a partir de los datos del Observatorio. En segundo lugar, también se debe mencionar aquí las continuas participaciones de MYSU en las comisiones legislativas que discutieron las reformas legales aprobadas en los últimos años, en particular las comisiones que trataron los proyectos de ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El trámite legislativo de estas leyes permite observar la participación de MYSU en las comisiones legislativas de las dos cámaras, aportando informes basados en los monitoreos territoriales de 2008 y 2009 de los servicios de salud sexual y reproductiva y en los estudios de opinión pública a varones y mujeres. El segundo contexto de incidencia sobre autoridades públicas a partir de los datos del Observatorio se encuentra en la devolución de los resultados de los Ver por ejemplo Página 12, Argentina, 25/2/2017 ( https://www.pagina12.com.ar/22287-marchaatras-en-un-debate-que-estaba-cerrado) o El País, Madrid, 7/3/2014 (https://elpais.com/sociedad/2014/03/07/actualidad/1394208119_165255.html). 5

monitoreos a los centros de salud. Destacan aquí las devoluciones realizadas a partir de la serie de monitoreos 2013-2017 y los compromisos alcanzados con algunos prestadores de salud. Para varias de las autoridades de los centros de salud los resultados de las investigaciones del Observatorio constituyen una mirada externa para promover mejoras en los servicios. Así por ejemplo, pueden señalarse los acuerdos concretos alcanzados con las autoridades de los servicios de salud del departamento de Maldonado en 2016 respecto a que: todos los días debe haber en el departamento, un centro que de repuesta a la prestación de IVE con la presencia completa del equipo interdisciplinario; cuando una mujer requiera el servicio de IVE en un lugar en el que ese día no se encuentre disponible, el prestador debe trasladar a la mujer a una localidad en el que sí lo esté; armar una sistematización de las hojas de ruta, horarios y servicios de IVE presentes en el departamento, y que todas las instituciones informen sobre las distintas prestaciones que brindan, por ejemplo pegando cartelería en las salas de espera (ver MYSU 2016).   Finalmente al uso de los datos del Observatorio por las autoridades públicas, destaca, por un lado las referencias a publicaciones de MYSU en informes oficiales. Por ejemplo, en 2017 el Observatorio fue una de las fuentes de información utilizadas para la realización del informe voluntario presentado por Uruguay ante de Naciones Unidas en el marco del reporte de avances sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Agenda 2030. MYSU formó parte del proceso de recopilación de indicadores en instancias de diálogo convocadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), institución encargada de dar seguimiento a los objetivos por parte del gobierno uruguayo. La información generada por el Observatorio fue utilizada para la sección sobre salud sexual y reproductiva, uno de los componentes tanto del ODS 3 [Salud y Bienestar] como del ODS 5 [Igualdad de Género]. Los datos relevados en el estudio “Necesidades y demandas en salud sexual y reproductivas de mujeres uruguayas entre 15 y 49 años” así como las barreras identificadas por el Observatorio en los monitoreos territoriales sobre el funcionamiento de los servicios de aborto fueron destacados en el informe país, en especial el problema de la objeción de conciencia. A su vez, se reconoció al Observatorio como un programa país de absoluto valor en materia de género y salud sexual y reproductiva, manifestando que “la información generada ha permitido identificar cambios en el plano de normativas y del sistema de salud, mostrar barreras de acceso, deficiencias en la organización de los servicios y los obstáculos existentes entre las demandas, las necesidades en la vida sexual y reproductiva de la población, y la prestación de los servicios y la calidad de la atención que brindan los equipos profesionales de la salud” (Informe Uruguay – HLPF, p. 95).

El informe destacaba también el trabajo de MYSU en la realización de las Jornadas Nacionales por la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos como un espacio de incidencia clave en esta materia, espacios en los que la información elaborada y relevada por el Observatorio ha sido un pilar fundamental como se refirió más arriba en esta sección. Además, en las recomendaciones realizadas a Uruguay por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas el 20 de julio del mismo año, se destacó el alto porcentaje de objeción de conciencia como barrera para la correcta implementación de servicios legales de aborto en el país, dato identificado y relevado por el Observatorio. Tomando en cuenta el informe presentado por el gobierno uruguayo así como el informe sombra elaborado por organizaciones de la sociedad civil, el comité recomienda al Estado uruguayo que “asegure que el ejercicio de la objeción de conciencia no sea un obstáculo para que las mujeres tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente a la interrupción voluntaria del embarazo” (Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Uruguay, obs. 51, inciso b6). Por otro lado, también es de destacar que, algunas veces, las autoridades públicas usan los datos del Observatorio para complementar datos oficiales. En este sentido, en relación al debate instalado en el país en los últimos años sobre la ley de IVE y el obstáculo que representa la objeción de conciencia para su implementación, en 2015, la subsecretaria del MSP aludía a un 40% de ginecólogos objetores y citaba los datos de MYSU sobre localidades con 100% de objetores de conciencia 7.

Se puede descargar aquí: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fUR Y%2fCO%2f5&Lang=en 7 Ver La Diaria, 24/9/2015 (https://ladiaria.com.uy/articulo/2015/9/conflicto-de-intereses/) 45

4. Conclusiones y desafíos Este documento ha resumido las actividades que el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU realizó en el período 2007-2017. Durante este período el Observatorio desarrollo una agenda de investigación aplicada a los más diversos temas de salud sexual y reproductiva en Uruguay. El recorrido cronológico de las investigaciones del Observatorio permite poner en valor sus contribuciones al conocimiento de la realidad nacional en un área escasamente abordada por centros de investigación tradicionales como las universidades. Desde su creación, la agenda de investigación del Observatorio ha sido diseñada con un doble cometido. Por un lado, “vigilar” el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo en derechos sexuales y reproductivos entre los que destaca, recientemente, el “Consenso de Montevideo”. Por otro lado, las investigaciones del Observatorio buscaron acompañar la implementación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto consagrados en las normativas nacionales y en las reformas legales que se introdujeron en la última década, muchas de las cuales son una demanda histórica del movimiento de mujeres uruguayo (en particular la Ley de “Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” y la “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”). En este marco, han sido de particular importancia los monitoreos departamentales de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto desarrollados en el bienio 2008-2009 y en el quinquenio 20132017. El seguimiento territorial de estos servicios ha servido para ir más allá de los promedios nacionales que expresan las cifras oficiales, y destacar las disparidades regionales –y entre prestadores públicos y privados- en la implementación de los servicios en el sistema de salud. La información producida por el Observatorio ha sido utilizada para fortalecer las estrategias de incidencia de las organizaciones sociales sobre las políticas públicas, ha sido usada por los tomadores de decisiones y ha servido para generar debate público en el país distintos tópicos de los derechos sexuales y reproductivos. De cara al futuro el Observatorio tiene un desafío doble. En primer lugar, el desafío de la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad de recursos humanos. Respecto al primer punto, como se ha visto, salvo por tres estudios, el resto tuvo trabajo de campo y, por lo tanto, producción original de datos. Esto es muy valorable para producir investigación novedosa y original, pero exige una demanda importante de recursos económicos porque hacer buen trabajo de campo es costoso. Unido con esto está el desafío de la sostenibilidad de los recursos humanos. Durante estos años el Observatorio ha contratado una variedad de profesionales quienes han estado a cargo del diseño y análisis de los datos producidos en cada uno de los estudios. Para la 46

conformación de equipos de investigación también ha existido, en los últimos años, una política de convenios con la Universidad de la República. A partir de ellos, algunos estudiantes de la Licenciatura de Ciencia Política realizaron sus pasantías de egreso en MYSU, aportando sus destrezas técnicas y formándose en temas de salud sexual y reproductiva. Retener buenos profesionales y absorber profesionales jóvenes con buena formación en temas relacionados a las políticas públicas y la salud sexual y reproductiva es otro desafío del Observatorio. En segundo lugar, la producción de investigación por parte del Observatorio de MYSU ha sido de gran importancia para conocer la realidad nacional. No obstante esto, un paso más allá involucraría la generación de investigación comparada que permita situar mejor la realidad del país en el marco de problemas que afectan a otros países del sur y realizar mejores inferencias sobre los temas de investigación abordados. En este sentido, la plataforma “Mira que te Miro” para el seguimiento de los acuerdos del Consenso de Montevideo –de la que MYSU forma parte- tiene un gran potencial. Asimismo, la generación de investigación comparada implica realizar alianzas con otras organizaciones productoras de información para la cooperación en la producción de investigación conjunta.

Recursos usados como fuentes para la sistematización

Publicaciones monográficas del Observatorio MYSU (2007). Informe 2007. Observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2014/12/Descarga-aqui-Informe-Observatorio-2007.pdf MYSU (2008). Informe 2008. Observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2014/12/Descarga-aqui-Informe-Observatorio-2008.pdf MYSU (2009). Informe 2009. Observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2014/12/Descarga-aqui-Informe_Observatorio_2009.pdf MYSU (2010). Informe 2010 Observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva. Los profesionales de la salud y la salud sexual y reproductiva. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2014/12/Descarga-aqui-Informe_Observatorio_2010.pdf MYSU (2013a). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Estudio 2011-2012: Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres uruguayas. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2014/12/Descarga-aqui-Informe-Observatorio-20131.pdf MYSU (2013b). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Estudio 2011-2012: Necesidades y demandas en salud sexual y reproductiva en mujeres adolescentes uruguayas. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2014/12/Descarga-aqui-InformeObservatorio-necesidades_y_demandas_en_salud_sexual_y_reproductiva-2013.pdf MYSU (2014a). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Estudio 2013-2014: “Estado de situación y desafíos en aborto y salud sexual y reproductiva en el departamento de Salto”. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2015/08/2014a-Informe-Salto.pdf MYSU (2014b). “Estado de situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay. Asegurar y avanzar sobre lo logrado”. Informe 2010-2014 del Observatorio nacional en género y salud sexual y reproductiva. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2015/05/observatorio-2010-14WEB.pdf 48

MYSU (2015a). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Estudio 2012-2013: Demandas y necesidades en salud sexual y reproductiva en varones uruguayos. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2015/09/observatorio-varones-WEB.pdf MYSU (2015b). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Informe sobre el estado de situación y desafíos en salud sexual y reproductiva y aborto en los departamentos de Paysandú, Río Negro y Soriano. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2017/11/Informe-Observatorio2017_10de19_web.pdf MYSU (2016). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Informe sobre estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en las instituciones de salud de los departamentos de Florida, Maldonado y Rivera. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2017/10/Informe-ON-2016_FL-ML-RV_-1.pdf MYSU (2017a). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Informe sobre estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en las instituciones de salud de los departamentos de Cerro Largo y Rocha. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wp-content/uploads/2017/10/InformeObservatorio-2017_RO-CL.pdf MYSU (2017b). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Informe sobre estado de situación de los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto en las instituciones de salud del departamento de Montevideo Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2017/10/Informe-Observatorio-2017_MTV.pdf MYSU (2017c). Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva. Monitoreo 2013/2017: Los servicios de salud sexual y reproductiva y aborto. Sistematización de los resultados de 10 de 19 departamentos del país. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2017/11/Informe-Observatorio-2017_10de19_web.pdf

Publicaciones de divulgación del Observatorio MYSU (2010). “Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva en los servicios de salud”. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wpcontent/uploads/2015/07/Folleto_observatorio_2010.pdf MYSU (2011). “Profesionales de la Salud y la Salud Sexual y Reproductiva”. Montevideo: MYSU. Disponible en: http://www.mysu.org.uy/wp49

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Página web del Observatorio Nacional en Género y Sexual y Reproductiva http://www.mysu.org.uy/que-hacemos/observatorio/