Revista Mural #32 Julio 2017 by Mural Comunicacion

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ALGUIEN SUPPO

VALOR $40

Comienzo con una pregunta y una afirmación; ¿Hay quienes no están? Hay quienes estuvieron Hay quienes supieron mirarluchar, miremosluchemos Hay quienes con esperanza quisieronhaciendo Son quienes con convicción no mueren muriendo. Ellos quizás aún están más vivos Y fuimos nosotros los desaparecidos. Como sea que fuese nada se perdería, Siempre que haya memoria, ella nos traerá junto a ellos Y entonces ellas y ellos nos darán la bienvenida.

Alguien suppo, todos sabbemos. Alguien murió por nosotros y no fue Jesus. Tal vez fue Crista al romperse, haciendo mucho mucho ruido. Sí, tal vez fue una mujer. Alguien suppo, quizás junto a unos pocos. Nosotros ciegos, hoscos, por fin sabbemos. Tal vez no quisimos, tal vez no escuchamos. Raff raff azota el viento las puertas de la memoria Raff raff a eLa la caLe le duele Raff raff a él la ciudad lo desgarra Raff raff se mueven quejosos los estantes de nuestra historia. Alguien suppo, tuvimos miedo. hA ttemer nunca más, nunca más desapparecer.

Alguien suppo, no seamos necios. Ahora todos lo sabbemos.

por Cristian Monges

Lavacoches en Rafaela

LAVADO DE CARA El municipio presentó un borrador de ordenanza para regular la actividad de lavacoches en el microcentro rafaelino. Si bien lxs autores del proyecto buscan acompañar el desarrollo laboral y social de las personas afectadas a esta labor, la normativa queda muy sujeta a lo que sería su reglamentación, corriendo el riesgo de que se desvirtúe su intención.

ALERTA: INDUSTRIA AUDIOVISUAL NACIONAL EN PELIGRO pág 6

ENTREVISTA: CLAUDIA KOROL pág 16

JULIO 2017

La cara del delito organizado

04 OPTIMISMO DE LA VOLUNTAD Centro de estudiantes “Encuentro Estudiantil”

06 ALERTA: Industria audiovisual nacional en peligro

10 Ordenanza Lavacoches: Lavado de Cara

PLUMA: El nuevo disco de Natalia Pellegrinet por Equipo Mural

VOCES DISONANTES foto: FTR2015

Claudia Korol: “El feminismo es una propuesta de vida frente a una propuesta de muerte” por Equipo Mural

18 DIGA USTED El problema no es Anto por María Zysman

LA CARA DEL DELITO ORGANIZADO n este número, elegimos compartir a modo de editorial el escrito difundido por el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo -del cual formamos parte- tras conocerse la detención de Dante Giménez. Pasaron muchas cosas en estos meses, pero consideramos que un hecho de semejante relevancia debería ser visible para toda la ciudadanía:

“Algún día iba a caer. Dante Giménez, el niño mimado del Diario Castellanos y del Dr. Alejandro Mognaschi, cayó detenido luego de un operativo simultáneo en distintos puntos de la provincia. El delito por el que se lo capturó fue cohecho. Gimenez organizaba el delito del juego clandestino. Permitía la existencia de este delito a cambio de importantes sumas de dinero. La investigación la llevó a cabo la Fiscalía 1º de Santa Fe, hoy comandada por Carlos Arietti, ex jefe regional de la fiscalía de Rafaela. Cuando llegó la noticia de su detención fueron varios los aplausos que se escucharon en la oficina de la MPA local. Según cuentan, reiteradas veces habían intentado comprobar los delitos de Giménez en Rafaela, pero la maldita policía santafesina siempre lograba el encubrimiento. No era la primera vez que aparecía el nombre de Giménez ligado a delitos y los negocios ilegales manejados por las fuerzas de seguridad. En su larga trayectoria, el primer hecho al que apareció ligado (públicamente denunciado) fue el asesinato político de Silvia Suppo. Aquel 29 de marzo de 2010, Dante Giménez se desempeñaba como jefe de la comisaría 1°. Él fue el "encargado" de tomar declaración a Sosa y Cóceres bajo condiciones de ilegalidad. Además, fue su comisaría la encargada de desarrollar la "investigación" que, como quedó demostrada en el primer juicio de la causa Suppo, borró pruebas, torturó pibes pidiendo que se autoincriminen el hecho y revictimizó cada vez que pudo a los familiares. Por estos hechos, descansa en los cajones de la Justicia Federal un expediente donde Giménez es uno de los nombres claves. Pese a las denuncias por este caso, el gobierno provincial alimentó su carrera de ascensos. Primero fue titular de la Agrupación Unidades Especiales hasta que ésta fue disuelta. De allí pasó a desempeñarse como responsable de la División Judiciales de la URV, para luego, en julio de 2015, ser designado por el Ministerio de Seguridad de la provincia como Jefe de la Policía de Investigaciones. Desde ese momento, la tarea de los fiscales se volvió doblemente complicada. Primero por la propia lógica de los delitos, y luego, por el entorpecimiento constante que interponía la jefatura de Giménez. La disputa de poder con los fiscales comenzó el mismo que el nuevo código procesal penal entró en vigencia. Es que a partir de los cambios que surgían de la nueva norma, el poder de la escena del crimen y la investigación de los hechos ya no lo tiene la policía -acostumbrada a dibujar escenas a gusto- sino que depende del fiscal. No sólo perdió poder la fuerza represiva, sino que además (por lo menos por ahora) su accionar también empieza a ser controlado. Así fue que en varias oportunidades en el corto año frente a esta dependencia, desde fiscalía pidieron su apartamiento. Las complicaciones para Giménez fueron mayores luego de que en enero de 2016 se lo indicara como el "organizador de la droga" en la ciudad. El responsable de la acusación fue el Julio César Ballejos. Por esas declaraciones se inició una causa en la Justicia Federal. Días antes de ampliar su testimonio para aportar más datos, el "Loco Pajul"(como también era conocido Ballejos) fue asesinado en la cárcel de Coronda. Las "casualidades" del destino le permitieron a Giménez salir airoso. Ante tanta exposición, a mediados de 2016, el gobierno de la provincia -otra vez- le dio protección: fue trasladado a una oficina menor en Santa Fe, hasta que pase la tormenta. En abril de este año, con bombos y platillos, fue designado Jefe de la Policía de Investigaciones, esta vez en Esperanza. Tal como ocurrió en cada ascenso de su carrera, Diario Castellanos salió a aplaudirlo. Pasaron sólo 71 días hasta que el 15 de junio Dante Giménez cayó detenido por connivencia con el delito. Fue el juego clandestino, pero aún quedan varias puertas abiertas en la justicia. Dante Giménez fue uno de los principales protegidos por el gobierno provincial. Pedrazza fue uno de los primeros en decir que era profesional y democrático. Alejandro Mognaschi fue el primero en decir que era profesional y que actuaron siempre de manera correcta. Mognaschi y Diario Castellanos fueron los primeros en aplaudir la labor de Giménez aún sabiendo su delincuencia. Desde un primer momento en la causa Silvia Suppo se marcó el entorpecimiento de la investigación, poniendo como principales responsables a los jefes Mondino, Amaya, al comisario Giménez y suboficial Flores, con complicidad de Mognaschi, los medios y los gobiernos. De estos cuatro policías mencionados, dos se encuentran detenidos por otros delitos. Si la justicia hubiera actuado a tiempo, tal vez, estos delitos se hubieran evitado. Tal vez, la ciudadanía entendería mejor cual es la verdadera cara del delito organizado”.

Centro de Estudiantes “Encuentro Estudiantil”

DESDE NUESTRO LUGAR, POR UNA REALIDAD MEJOR

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n eso andamos, transformando, generando otra concepción sobre la participación estudiantil en la Ciudad de Rafaela. Desde Mayo del año 2015, cuando un grupo de compañeras y compañeros decidimos iniciar este camino de lucha y organización en el Instituto Superior del Profesorado N°2 Dr. Joaquín V. González. Pasaron ya dos años, con errores y tropiezos, pero siempre de pie, aprendiendo, sin perder de vista el horizonte y nuestros objetivos como Agrupación estudiantil en una Institución pública, y de Formación Docente – Técnica. Romper con el desprestigio a la participación estudiantil, instalar debates sobre problemáticas transversales en nuestra sociedad, aportar al trabajo y construcción por fuera de la institución, con un claro compromiso hacia nuestra comunidad, defender la educación pública, transformar la realidad desde nuestro espacio y nuestro tiempo, nuestro lugar en el mundo. El año 2016 nos encontró con la realización de un gran trabajo como agrupación, acompañando a los estudiantes con sus problemáticas académicas, tarea que agregamos como prioritaria en nuestro andar a la hora de defender los derechos de todas y todos las estudiantes, y lograr así revalorizar el papel del Centro de Estudiantes y la confianza del estudiantado hacia su órgano de representación. Debido al esfuerzo, por no bajar los brazos luego de la derrota en 2015, el año pasado pudimos acceder a la conducción del Centro, ganando unas elecciones históricas en la que participaron 3 listas y más de 500 votantes. Desde entonces tratamos día a día de acompañar en la práctica la construcción

de una nueva concepción de Centro de Estudiantes. Este año, salimos a acompañar a las y los docentes en la lucha por un salario digno, y a defender la educación pública ante el recorte presupuestario, el ajuste, y el desprestigio implementado por el gobierno nacional y los medios dominantes de comunicación.

Acompañamos la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia durante el mes de marzo. Salimos a decirle No al 2X1 de la Corte Suprema con beneficio a genocidas y represores. Y seguimos levantando en alto la bandera de Silvia Suppo, cargando de sentido nuestra participación y organización estudiantil con su nombre, su lucha, su ejemplo. Venimos trabajando en la consolidación de un proyecto de extensión comunitaria, con apoyo escolar gratuito en la Copa de Leche “Rellenitos de Amor”, del barrio Güemes, llevado a cabo por estudiantes del ISP2.

Solidarizándonos y colaborando con los sectores más excluidos en nuestra ciudad, y sumando al conocimiento de nuestra formación, la comprensión de la realidad concreta en la que vivimos. En estos últimos días nos movilizamos junto a las y los estudiantes y logramos bajar los precios de la fotocopiadora ubicada en la institución, con la consigna de más Inclusión en la educación pública a través del acceso a los materiales de estudio. Dando una demostración de fuerza y organización estudiantil. A su vez, el compromiso permanente de las compañeras, interviniendo y problematizando sobre la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha y el feminismo en las aulas y pasillos del Instituto, transformando el sentido común y avanzando contra el patriarcado y el machismo que nos domina. Una pelea fundamental a dar, en cuanto a nuestra formación terciaria. Con todo esto, apostando siempre al diálogo y al respeto hacia el otrx, trabajando a partir de las diferencias, con voluntad y trabajo, vamos por un 2017 cargado de desafíos. Con la intención de seguir y profundizar, dentro y fuera del ISP2, aportando a la consolidación de un movimiento estudiantil comprometido, defendiendo los derechos de los estudiantes. También junto al otrx, vamos a lograr aunque sea un poquito lo imposible. Asimismo, anhelamos y vamos haciendo que nuestras cadenas nos sujeten cada vez menos. Pero no para salir y terminar siendo lo que otrxs o este sistema capitalista quiere que seamos. Sino, para repensarnos constantemente y así, poder llegar al diálogo y la acción liberadora. Para construir una realidad mejor, más justa, más igual, más inclusiva, y más feliz para todos y todas.

ALERTA

Industria audiovisual nacional en peligro odos los países del mundo (con las obvias excepciones, quizás, de Estados Unidos e India) necesitan algún tipo de respaldo estatal para llevar adelante pro yectos cinematográficos y desarrollar, en mayor o menor escala, una industria en la materia. De lo contrario, no habría en ellos lo que genéricamente denominamos "cine nacional”. En los últimos tres períodos presidenciales, la industria de medios audiovisuales en Argentina se convirtió como nunca en una cuestión de Estado. El respaldo al cine que funciona en la Argentina rige a través de la ley de cine (24.377), promulgada en octubre de 1994 y vigente hasta hoy, la cual modificó significativamente la vieja Ley Nº 17.741. Allí se establece un Fondo de Fomento para el cine nacional que surge de un impuesto equivalente al 10 por ciento de cada entrada a cualquier película estrenada en el país. El 23 de enero de 2013, se promulgó la ley 26.838, que abarca a la distintas ramas audiovisuales que se encuentran comprendidas en el artículo 57 de la ley 17.741, a la que definió como “una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial”. De esto modo, la citada legislación reconoció al sector oficialmente como industria y benefició a los productores locales con ventajas de cualquier tipo destinadas a la industria nacional en general, lo que dio un nuevo impulso a la actividad. Una de las tareas principales del INCAA es, precisamente, la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, cuya función fundamental es alentar la producción argentina mediante el otorgamiento de créditos, subsidios y “en la aplicación del resto de las herramientas que a tal fin se establecen en la normativa vigente”, según la propia página del Instituto. Gran parte de la producción cinematográfica nacional depende del Fondo de Fomento por los elevados costos que implica realizar una película y porque sólo en algunas ocasiones se logra también realizar coproducciones con empresas extranjeras y, en consecuencia, recibir aportes del sector privado

ALERTA Un dato publicado en una del mes de febrero, en el diario La Nación, puso en estado de alerta a la comunidad cinematográfica argentina. El artículo hacía referencia al plan del gobierno nacional “para bajar algunos impuestos”. Para ello, se mencionaba, contrató como asesora a la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), uno de los centros de estudio con mayor renombre en el establishment. El documento de la fundación liberal proponía reducir varios impuestos. En lo que respecta al séptimo arte, sugería eliminar la tasa del 10 por ciento que recae sobre las entradas de cine. No conforme con esta advertencia, en el mes de abril, Alejandro Fantino y Eduardo Feinmann exhibieron en el programa Animales sueltos, una pila de papeles que presuntamente complicaban al ex director del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Alejandro Cacetta, lanzando así el primer copo de una bola de nieve que nos invita a hacer las siguientes reflexiones. En ese programa, se afirmaba que Cacetta estaba complicado por el presunto desvío de fondos públicos. De inmediato numerosas voces del mundo del cine nacional saltaron en su defensa. El primero en hacerlo fue el director Juan José Campanella, con un tuit en el que habló de "torpe opereta". Horas después de que se expusiera esta carpeta, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto le pidió la renuncia al funcionario. A la voz de Campanella se fueron sumaron la de periodistas, actores y directores, quienes se expresaron en contra de la avanzada que también salpicó al rector de la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica), Pablo Rovito. El que más fuerte arremetió contra la situación fue el realizador Luis Puenzo (La historia oficial), que oportunamente expresó: "El tema no es Alejandro Cacetta, su honestidad no está en dudas. No hay que gastar tiempo en hablar de esta infamia y acusación de corrupción. Hay una operación atrás de esto". Además, apuntó

directamente a la idea del Gobierno de desmantelar el INCAA: "Detrás de todo esto, están los fondos del cine" aseveró. La reacción de la comunidad audiovisual fue tan contundente como homogénea: el Fondo no se toca. Poco después de su asignación, el nuevo presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), Ralph Haiek, aseguró junto a autoridades del organismo la defensa del cumplimiento de la ley de fomento de la actividad y su financiamiento: “Mi objetivo es ordenar, transparentar y modernizar el Incaa, porque eso significaría más y mejores películas, y más trabajo para todos los profesionales. A lo largo de mi carrera, siempre tuve una concepción de crecimiento y desarrollo. Nunca administré la escasez ni los despidos”, aclaró el funcionario.

redacción, (la ley) tendría algunos puntos que dañarían aún más a nuestra industria. El más alarmante es que equipararía la comunicación audiovisual con las telecomunicaciones, lo que provocaría la imposibilidad del estado de regular los contenidos, no pudiendo así asegurar el derecho de los pueblos a la transmisión de su cultura”, alertó en la sede de la Asociación Argentina de Actores Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores. “Tampoco habría regulación de la cuota de pantalla a favor de los contenidos nacionales y se posibilitaría que se pongan en discusión la recaudación de los gravámenes previstos por la ley que nutren los distintos incentivos a las Industrias Culturales”, denunció y aseguró que en esas condiciones estaría en riesgo el reconocimiento del Derecho de Autor e Intérpretes.

ORGANIZACIÓN No obstante, el sector se viene organizando desde hace tiempo ante el constante ingreso de producciones extranjeras (latas) a la televisión abierta argentina, en lo que constituye una clara competencia dispar. A esa situación se sumó la “nula regulación” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a través de decretos que la modifican, y la inacción del poder ejecutivo en pos de la producción local, algo que preocupa aún más a los sindicatos. “El estado del sector de la producción de contenidos audiovisuales de origen nacional es alarmante. Se advierte una baja de más del 50 % registrada en el último año”, así, sin medias tintas, se expresaban en el comunicado publicado de la Multisectorial Audiovisual por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional, en la edición de abril de la revista “Directores”. El reclamo es el de una política de estado que continúe con el fomento y la protección de la industria audiovisual nacional, que tanto beneficia al público y a la cultura argentina. En lo que respecta a la industria cinematográfica, denuncian las nuevas resoluciones implementadas a comienzos del 2017, que “privilegian a las grandes empresas productoras y restringen a los realizadores como personas físicas, ignoran la cuota de pantalla dispuesta por la ley e imponen requisitos financieros que resultan prohibitivos para los directores y productores independientes”. El acento de la Multisectorial está puesto en el debate de lo que sería la nueva Ley de Comunicación Convergente, que el gobierno nacional planea dar este año en el Congreso. “Por lo que ha trascendido de su

La Multisectorial dividió sus demandas en tres ejes, que son Trabajo, Identidad y Derecho. En esa línea, propuso que una Nueva Ley de Marco Regulatorio para el sector incorpore “una importante cuota de pantalla en la televisión de aire y cable, tal como lo hacen muchos de los países grandes productores de contenidos audiovisuales”, “incentivos y fomentos a las productoras y señales que produzcan contenidos en el territorio nacional con trabajadores y artistas locales”, y “fuertes gravámenes a las producciones extranjeras que limitan las fuentes laborales de todo el sector productivo, buscando estándares de equidad comercial internacional”. En la última Reunión Federal Multisectorial , que se llevó a cabo a fines de abril en las ciudades de Villa María y Córdoba, la constante en las exposiciones de los panelistas en las distintas mesas fue el reconocimiento de la fuerte crisis del sector audiovisual, en todos sus aspectos, pero muy especialmente por los cambios realizados por el Poder Ejecutivo Nacional en las normas vigentes para la producción, emisión y distribución de contenidos audiovisuales, expresados en la caída de los distintos programas de incentivo a la naciente industria televisiva y plataformas digitales que desde los Canales Públicos nacionales (TDA-TDT y sus correspondien-

tes plataformas de emisión de los contenidos fomentados o asistidos) se venían sosteniendo hasta 2015 para la producción de contenidos audiovisuales, y la especial incidencia negativa que esto conlleva en las producciones provinciales. Otro aspecto importante que sobreimprimió cada debate fue “el atropello a la autarquía del INCAA desde el Ministerio de Cultura de la Nación y el desprecio con el que ciertos medios de comunicación trataron al Instituto de Cine y la función social, cultural e industrial que cumple dentro de las políticas públicas nacionales no estatales y autogestionadas por el mismo sector audiovisual”. DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A LA LEY DE COMUNICACIONES CONVERGENTES

Como bien detallamos en ediciones anteriores, el decreto con el que Mauricio Macri inauguró el 2016 modificó aspectos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque se anunció como un “régimen de transición”, generó de facto una nueva norma, al establecer otra institucionalidad, suprimir límites a la concentración, extender licencias o quitarle a la televisión por cable la regulación como servicio audiovisual. La citación al gobierno a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar explicaciones por los decretos, apuró acciones para decir que la legislación de facto es “transitoria”. La norma superadora sería la Ley de Comunicaciones Convergentes, en la cual se reformarían, actualizarían y unificarían la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº26522) y la Ley “Argentina Digital” (Nº27.078). El 1º de marzo del corriente año, la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones designó a los integrantes de la comisión y estableció las pautas básicas del proyecto cuya escritura debía finalizarse en 180 días. Sin embargo, en el mes de abril este plazo se prorrogó por 180 días más.

LA COMISIÓN Los convocados para la redacción del proyecto dicen mucho. La coordinación recayó sobre Silvana Giudici, artífice de la ausencia de un buen grupo diputados opositores en el debate de la ley aprobada en 2009. Otro integrante es Alejandro Pereyra, quien pasó por el proceso de revisión de antecedentes que la ley preveía para integrar la AFSCA. En su momento, cuando la oposición lo propuso como director, varias organizaciones presentaron objeciones. Pereyra había trabajado con el viejo COMFER, cuando todavía regía el decreto de la dictadura. En 2001, al presentarse a un concurso para el cargo de

director general de Asuntos Legales y Normativa, falsificó algunos antecedentes académicos. FARCO cuestionó además que tenía “conflicto de intereses” por haber sido abogado de medios audiovisuales. Por su parte, el CELS recordó que en diciembre de 2001 Pereyra elaboró desde el COMFER una circular intimidatoria que se basaba en los artículos más retrógrados del decreto de Videla. La comisión parlamentaria tuvo que retirar el nombre y propuso otro candidato, pero ahora el macrismo lo “premió” al incorporarlo a la Comisión. El 5 de enero de este año, Macri designó a Pereyra como director del nuevo ente creado por decreto, que no prevé ningún tipo de consulta ni revisión de antecedentes. También integran la Comisión otros dos funcionarios del Ministerio de Comunicaciones: el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Héctor María Huici y el vicepresidente de ARSAT Enoch Domingo Aguiar. No es la primera vez que participan del Ejecutivo nacional: Huici trabajó en Telecomunicaciones durante los años de Menem; mientras que Enoch Aguiar fue secretario del área durante la presidencia de Fernando De la Rúa. Para completar el perfil pro corporaciones de la comisión está el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los que defendió la postura del grupo Clarín en las audiencias convocadas en 2013 por la Corte Suprema de la Nación, que terminó reconociendo la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por último, la comisión se completa con Santiago Kovadloff, vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, un título cuya honorabilidad no resiste una sencilla búsqueda en Internet. Los sitiales ocupados por los miembros de esa Academia consideran a Pedro Eugenio Aramburu “un prócer”. Otro miembro de la comisión es el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los que defendió la postura del grupo Clarín en las audiencias convocadas en 2013 por la Corte Suprema de la Nación. La comisión, anunciada por Aguad el 9 de marzo, se encuentra semanalmente. Tiene dos tipos de reuniones. Las de “elaboración” del proyecto de ley son internas y todavía no se conoce ni una línea del borrador. Las de “participación” se difunden en la web del ENACOM y son una buena pista para imaginar lo que se viene. Sólo Andrés Gil Domínguez y Enoch Aguiar han tenido asistencia perfecta a los encuentros. Santiago Kovadloff, por su parte, estuvo ausente en todos.

REUNIONES ¿PARTICIPATIVAS? Los encuentros quincenales con la sociedad civil son la contracara de los foros federales que discutieron el anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, cuando se recogieron unas 15 mil opiniones, comentarios y sugerencias sobre el texto que proponía el Poder Ejecutivo. Estas reuniones “participativas” se realizan en Buenos Aires, se llega a ellas “por invitación” y no hay ninguna propuesta en debate: las organizaciones o personas convocadas exponen sus posturas. Hasta ahora participaron diez cámaras empresarias, tres organizaciones de la sociedad civil (dos de género y una de profesionales), dos sindicatos, una sociedad gestora de derechos (SADAIC), una entidad internacional (UNICEF) y un funcionario de la Alianza Cambiemos, el ex relator de la CIDH y actual secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Santiago Cantón. Por el momento, ninguna de las organizaciones de la sociedad civil que pidieron aquella audiencia pudieron estar en estas reuniones. Sólo pudo participar Damián Loreti -abogado especializado y secretario del CELS- y Martín Becerra -investigador de CONICET-, dos de los integrantes de la comitiva que viajó a Washington, en una charla organizada por la cátedra de Gil Dominguez en la Facultad de Derecho de la UBA y considerada el “primer debate académico” promovido por la comisión.

SUGERENCIAS PARA LA PRÓXIMA LEY Se conocieron algunas de las sugerencias para la próxima ley, muchas de ellas significarían un grave retroceso en materia de derechos humanos y beneficios obtenidos por las mayorías. Ejemplo de ello es la opinión del empresario entrerriano Eduardo Basso quién dijo que era necesario “un artić ulo que prohib ́ a a las ONG, a las radios comunitarias, la venta de publicidad”, porque “no pagan impuestos”. En la misma linea, Matia ́ s Detry, de ATA, apuntó contra las cuotas de pantalla para producción local, programas infantiles y

cine nacional. “Varias de estas normas entendemos que contradicen el espiŕ itu de libertad de expresion ́ , porque se termina de alguna manera incidiendo en la programacion ́ , que debe ser netamente voluntad de los canales. Por ello no creemos que las cuotas de pantallas sean correctas y que deban ser legisladas”. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) fustigó la promoción de la música independiente. “Todo el enmaranã do de leyes que se fueron generando a traveś de la ley de servicios audiovisuales lo que genera es esto: proponer un modelo de un artista autogestionado”, planteó Analiá Donnarumma: “Esto del artista autogestionado está también impulsado por la Unión de Muś icos, donde supuestamente se genera un banco de artistas independientes del cual las radios deberiá n nutrirse, y dejan fuera al productor”. Por otro lado, desde otra mirada, el Partido Socialista (PS) decidió elaborar su propio proyecto. La propuesta integra los sectores convergentes de audiovisual, telecomunicaciones y conectividad a Internet. Con la supervisión de la diputada nacional Alicia Ciciliani, un equipo integrado por Guillermo Goldstein, Danilo Lujambio, Guillermo Mastrini y Martín Becerra trabajaron un año en el anteproyecto con el deliberado propósito de recoger contribuciones de la sociedad civil y política para mejorar el articulado y construir un insumo esencial para el debate. El anteproyecto –subida a la web del CEMUPRO– respeta los estándares del Sistema Interamericano de DDHH y se nutre especialmente de los debates sobre libertad de expresión, concentración mediática, acceso y calidad de las telecomunicaciones y funcionamiento de Internet se dieron en la Argentina y en el resto de la región desde 1983 en adelante. Mientras tanto, mientras el debate se dilata y el tiempo sigue transcurriendo, la conducción estatal continúa regando de novedades el Boletín Oficial con resoluciones y decretos que afectan la estructura de las comunicaciones durante los próximos años, comprometiendo así recursos públicos y limitando tanto derechos ciudadanos como la competencia. Fuentes: Nuestras Voces www.diariopopular.com.ar http://alucinema.infonews.com (La previa) http://oficiodeblasfemar.blogspot.com.ar/ de Dani Badenes Schaposnik. http://multisectorialaudiovisual.org/ El cronista.com (página 12) febrero de 2017| (Télam)

LAVADO DE CARA

comentaban las y los jóvenes que hacen este trabajo, que la policia esta mas dura que nunca, ya que los persiguen, los meten presos sin causa alguna y no los dejan trabajar. Esta situación genera que un alto porcentaje esté de acuerdo con una ordenanza que permita un ordenamiento del trabajo, y también que les dé una seguridad laboral mayor.

ORDENANZA LAVACOCHES EN RAFAELA

QUÉ DICE EL BORRADOR

El municipio presentó un borrador de ordenanza para regular la actividad de lavacoches en el microcentro rafaelino. Si bien lxs autores del proyecto buscan acompañar el desarrollo laboral y social de las personas afectadas a esta labor, la normativa queda muy sujeta a lo que sería su reglamentación, corriendo el riesgo de que se desvirtúe su intención.

esde hace varios años se plantea un debate en la ciudad sobre lo que ocurre con los lavacoches. Lejos de pensarse en esta actividad como una rápida salida laboral para los sectores más vulnerables frente a las variaciones que presenta la economía, se presenta al tema como un proceso de estigmatización constante. Desde algunos sectores buscan asociar a los lavacoches con la inseguridad y hasta con una incomprensible mirada estética del “paisaje céntrico”. Esta situación compleja, ha llevado que en los últimos años algunos comerciantes del Centro Comercial, comenzaran una fuerte campaña en contra de los lavacoches. Su argumento es que los lavacoches son actores conflictivos, responsables de hechos de violencia e inseguridad para los ciudadanos que transitan por el microcentro. Estas ideas no tienen otro sustento que el sentido común y la estigmatización de la pobreza, mirando de reojo al joven pobre, constituyéndolo como el responsable de los males de la sociedad.

CONVIVENCIA Y RELACIÓN CON EL ENTORNO En los años 2015 y 2016, la Encuesta permanente de Hogares (realizada por el Icedel) consultó sobre el uso del servicio de lavacoches y qué opinión se tenía del mismo. El 15% de la ciudadanía dijo utilizarlo. La mayoría (un 38,6%) una vez al mes, mientras que un 15,8% lo utiliza por lo menos una vez por semana. La mayoría de los usuarios (el 55%), elige este servicio por comodidad y solo uno de cada diez accede al lavado por temor a sufrir daños, esto demuestra que en su mayoría las personas no le tienen miedo a

“El Estado debe apoyar y fomentar el desarrollo de estas economías, para que sectores que hoy están excluidos del mercado laboral, puedan tener una alternativa para sostener económicamente su vida” estos trabajadores, y si no le tienen miedo es porque su conducto mala no es. El 89% de las personas consultadas en la EPH2016 está en contra de la prohibición y prefiere que exista un ordenamiento de la actividad. Consultando también a varios frentistas del microcentro, concuerdan en sostener en que los y lavacoches en su mayoría no son conflictivos, y en muchas ocasiones son muy importantes para dar más seguridad a ciertas zonas, estos datos son constatados cuando analizamos las pocas denuncias que existen contra estos trabajadores. Se ha dado casos aislados de violencia que en muchas oportunidades fueron simples grescas entre ellos. Esta actividad laboral es realizada por sectores sociales vulnerables, excluidos -

primero- del sistema educativo, y luego del mercado de trabajo, siendo esta muchas veces la única opción. Quienes ejercen este trabajo, son hombres entre 16 y 65 años, mayormente en un rango etario entre 16 y 28 años, coincidiendo con las edades que más complicaciones tiene para acceder un trabajo. La totalidad trabaja en diferentes sectores del microcentro, siendo la Plaza 25 de Mayo el lugar en donde más concentración hay. El principal problema de los lavacoches es el accionar represivo y discriminatorio de la policía, ya que son constantemente víctimas de arrestos bajo el argumento “10bis” (averiguación de antecedentes), o son perseguidos y expulsados del centro por la policía. Desde que se empezó a debatir este tema en los medios, nos

El borrador del proyecto, presentado por el ejecutivo contempla los siguientes puntos: delimitación de zona donde podrán desarrollar su trabajo en la vía pública, identificación de cada uno de ellos, un reglamento que deberán cumplir las personas que aspiren a integrar este registro y el cumplimiento de dicho reglamento con la especificación de las penalidades para aquellos que lo infrinjan. El objetivo es regular “la actividad de lavado de vehículos en la vía pública efectuado por personas determinadas de manera habitual, con el objetivo que tal uso de los espacios públicos se cumpla de manera ordenada, sustentable y sostenible.” Este proyecto quiere crear un “un Registro de personas que desarrollen la actividad, siendo requisito indispensable para ejercer la actividad, el encontrarse inscripto en dicho registro y mantener posteriormente en vigencia tal autorización. El citado registro será organizado y reglamentado por el Departamento Ejecutivo Municipal” Para registrarse y realizar el trabajo de lavacoche habría que cumplir ciertos requisitos: ser mayor de 18 años, tener cinco años de residencia en Rafaela, acreditar más de seis meses de antigüedad en la actividad, asistir a los cursos y talleres de capacitación específicos que se dispongan; no contar con trabajo formal y presentar certificado de buena conducta. Aquellos que se registren, y se dediquen al lavado de autos en la vía pública tendrán la obligación de: portar siempre la autorización en lugar visible durante el ejercicio de su actividad, sujetarse al horario establecido en el permiso, tener buena conducta, mantener limpia la ubicación establecida; no interrumpir ni dificultar el tránsito de vehículos ni peatones; participar en las campañas de difusión y prevención que promueva el Poder Ejecutivo y asistir a las reuniones programadas por la autoridad de aplicación. La contraprestación de la actividad, “será de pago voluntario, y será determinada libremente entre quienes solicitan y realizan la limpieza del vehículo”. Es decir que esta ordenanza no interviene en lo que un lavacoche le puede cobrar a su cliente, dejando a la “mano invisible del mercado” la definición de las tarifas. El registro tendrá una duración de 12

meses y será renovable, siempre y cuando la persona no haya violado ninguna de las cláusulas. El borrador busca establecer un cupo cuando plantea que “el Poder Ejecutivo podrá evaluar casos especiales no contemplados (...) estando a su cargo establecer un número máximo de personas que serán autorizadas a prestar el servicio”. Se crearía una autoridad de aplicación que sería una dependencia del ejecutivo. Si bien en el borrador no figura, sería la secretaría de desarrollo social la responsable. A nuestro entender, este es un punto central ya que será responsable de definir quienes podrían ejercer el trabajo. Pero además el ente encargado de juzgar el comportamiento de los lavacoches seria el Juzgado de Faltas Municipales. Teniendo en cuenta la creación de una autoridad de aplicación específica, por qué no unificar las responsabilidades en este ente. La conformación de esta autoridad y la reglamentación de la ordenanza serán ejes críticos para poder saber si esta ordenanza beneficia o perjudica a los lavacoches.

QUE OPINAN LOS QUE DECIDEN La llegada del proyecto al Concejo ha traído muchas divergencias entre los diferentes bloques. El edil Raúl Bonino del PRO fue el primero en promover la prohibición de la actividad. En diálogo con Mural, sostuvo que “la generación de un registro sería decir que se hizo algo para no cambiar nada. El registro en sí no tiene ningún beneficio para el lavacoche. Hay que darle una vuelta de tuerca a las políticas de desarrollo social (...) Hay muchos intentos de respuesta que se han practicado, desde cooperativas para lavar los minibuses hasta convenios con privado para contratar algunos lavacoches. En el ejercicio de respuestas hay muchas. Llevarlo a la práctica no es fácil. A veces el estado no tiene que dar lo que el ciudadano

quiere, sino lo que necesita. Las personas necesitan trabajar en condiciones de salubridad, con posibilidad de acceder a una vivienda, a la salud. Trabajando en estas condiciones, no tienen nada de eso. No es que no queremos que no estén por una cuestión estética, sino por un compromiso en cumplir normas para todos los habitantes de nuestra ciudad y el desarrollo social de la misma” sentenció Bonino. Sobre la actividad cree que “Si se llegara a la prohibición, no vamos a prohibirle al lavacoche la actividad. Sí, la realización en la vía pública. Las multas no podrían ser sobre el lavacoche por cuestiones burocráticas, pero sí se puede aplicar la multa sobre el vehículo a quien usa el servicio”. En busca de distintas miradas, dialogamos también con el representante del oficialismo municipal Jorge Muriel. “La intención del intendente es ordenar la actividad. Se mandó al concejo para mejorarlo. Por el momento es un borrador. La regularización laboral es compleja porque ya sería una actividad privada, aunque nada es descartable en ese sentido. La idea central de este proyecto es mejorar la situación de los lavacoches y también mejorar la relación con los vecinos que se quejan”,

sostiene. El concejal peronista también hace referencia a la crisis económica actual: “es un elemento a tener cuenta y que no se puede dejar de lado a la hora de analizar la situación. Los lavacoches están ahí porque quieren trabajo. El deseo de trabajar está”. También sostiene que “otro dato a considerar es la buena convivencia con el entorno. Que esté ordenado va a permitir trabajar mejor y que tenga una forma determinada (...) Sabemos que no es lo ideal, quisiéramos que estén con un trabajo registrado, pero el estado por ahora no puede dar otra herramienta para pensar en una futura solución.” La última consulta dentro del concejo fue a Natalia Enrico, del Frente Progresista Cívico y Social. “Cuando uno escucha hablar de un registro, asusta. Pero creo que la voluntad política es clara. Hay un acompañamiento, con capacitación, con la posibilidad de una futura inserción laboral, es decir, el estado presente que siempre reclamamos. Veo como positivo la capacitación, el seguimiento de la tarea, la posibilidad de hacer convenios entre lavacoches y privados” comenta la edil socialista. No apoyaremos ninguna postura prohibitiva. Estamos en un contexto complejo en lo económico y social, por eso debe haber un estado presente en ese sentido”. Más allá de un primer visto bueno, son varias las críticas que le hace al proyecto: “Cuando empezamos con el tema de la residencia, no tener causas, el cupo, es una zona de grises donde queremos discutir y poner en primer plano el derecho de los ciudadanos. Ahí vamos a poner el hincapié. Por otro lado vemos terrible la posibilidad que se multe a quienes utilicen el servicio de lavacoches. Resultaría totalmente punitivo. Pero entendemos que es un borrador y que se puede modificar. Hay que enriquecer el proyecto con otras miradas. La prohibición no es alternativa posible”.

¿QUÉ LE FALTA AL BORRADOR? Analizando los diferentes puntos de la ordenanza nos surgen varias dudas como por ejemplo el cupo: qué pasa si alguna persona define retirarse de la actividad, ¿puede ingresar otra? Este aspecto debería revisarse periódicamente, sino se fomentará el crecimiento de la actividad por fuera de la ley. Si bien hay un autocontrol por parte de los mismos lavacoches, si alguien quiere trabajar tampoco se le puede negar la oportunidad. Si el borrador queda tal como está, la tendencia sería en camino a desaparecer la actividad, no por falta de demanda, sino por el fin del cupo inicial. Si la naturaleza de la ordenanza no es limitar la actividad, deberá quedar plasmado. Hoy es parte de la zona gris que no queda definida tal como se encuentra la norma. Otro punto son los cinco años de

LA VISIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Esta temática ha generado que diversos actores sociales opinen y plantean su postura, muchas de ellas a partir del acompañamiento y militancia con estos sectores postergados. Nicolás Russo, del Partido Obrero, cuestiona la justificación social del proyecto marcando que se la presenta "como una medida contra la inseguridad, para separar a aquellos que lo hacen de ‘buena fe’ de quienes delinquen en el espacio público, pero no deja de ser un registro que plantea una serie de restricciones y penalizaciones para quienes desarrollen la actividad. En caso de incumplimiento, el municipio se reserva el derecho de establecer penalidades contra los infractores. Al mismo tiempo, el gobierno se reserva la potestad de establecer los lugares y horarios en los cuales podrán actuar. Con estas medidas sólo se refuerza el poder de quienes regentean el delito en las calles y corta el hilo por lo más delgado. Es evidente que no ofrece una solución al problema de la desocupación ni una mejora en las condiciones totalmente precarias de quienes cuidan coches para juntar "el mango". Por el contrario, el propio municipio "negrea" a una gran cantidad de trabajadores y no cuentan con ningún tipo convenio ni derecho a la sindicalización. La lucha debe ser por trabajo digno y genuino”. Por su parte el Movimiento Evita crítica varios puntos del proyecto, la validez del registro (en lugar de 12 de meses de duración serían 6 meses), otro crítica es la edad mínima para ejercer el trabajo que para esta organización deberían ser mayores de 16 años en lugar de mayores de 18; también están en contra de tener 5 años de residencia en la ciudad, como también el acreditar antigüedad en la actividad, y el contar con trabajo formal. Hacen especial hincapié en que el registro no debe tener ningún costo.

residencia. Este punto es discriminatorio, fomenta la competencia y odio entre quienes nacieron en la ciudad y quienes no. Con tener realizado el cambio de domicilio debería ser suficiente, pues esa persona comienza inmediatamente a tributar, a pagar un alquiler, sus hijos asistirán al colegio. No ser coterráneo sólo traería obligaciones, y desigualdad de derechos. Este punto sólo responde a un mito arraigado y nocivo para nuestro desarrollo como comunidad. Cuando se habla de buena conducta: ¿Esto va excluir a aquellos que han estado presos? De ser así también resulta excluyente para muchas personas que ya pagaron condena por sus acciones pasadas. Si sólo se reduce a no tener pedidos de captura por parte de la justicia ya sería otra postura que no caería en la discriminación. Otro aspecto a tener en cuenta es la reglamentación y la autoridad de aplicación, ambos puntos muy pocos desarrollados en el borrador, hay muchos agujeros jurídicos y de reglamentación que le dan vía libre a la autoridad de aplicación, que sería exclusivamente el ejecutivo. Desde Mural fuimos consultados sobre la normativa, previo a esta presentación en el concejo. Tal como lo manifestamos en ese momento, a nuestro entender, la autoridad de aplicación debería ser un Órgano autárquico compuesto por representantes del Ejecutivo Municipal, del Concejo Municipal, Sociedad Civil (ONGorganizaciones-frentistas) y lavacochespara participar de la reglamentación y control de la norma. Este ente autárquico permitiría que la actividad, que representa un servicio a la comunidad y al mismo tiempo la fuente de trabajo de un sector expuesto a todas las formas de vulneración social, sea regulado sin descuidar los aspectos antes mencionados y promoviendo fundamentalmente la inclusión y los derechos de quienes ejercen la labor, así como de quienes “contratan” su servicio. Este ente podría funcionar por medio de audiencias periódicas, donde el análisis y debate permanente permitiría la actualización constante de la reglamentación de la normativa, de acuerdo a las demandas que determine la misma realidad. APOSTAR A LA ECONOMÍA SOCIAL, COMO SOLUCIÓN Más allá de las críticas puntuales del borrador, una diferencia estructural que vemos necesaria plantear tiene que ver con el encuadramiento de la actividad dentro de la economía tradicional, cuando no lo es, es una actividad que en primer lugar habría que enmarcarla en la Economía Social y popular. Tal como define el economista argentino Rodolfo Pastore, “dicha designación se propone visibilizar y valorizar el origen social de los sujetos que impulsan tales iniciativas, rescatando la capacidad de iniciativa, creatividad y

oportunidades de vida, ante el “fracaso” del mercado para garantizar la incorporación plena de los individuos y grupos a los niveles de bienestar alcanzados por cada sociedad. El Estado debe apoyar y fomentar el desarrollo de estas economías, para que sectores que hoy están excluidos del mercado laboral, puedan tener una alternativa para sostener económicamente su vida. Por otra parte lo interesante de este marco, es que no se centra solamente en lo económico y la rentabilidad, sino que al mismo tiempo incluye valores como la solidaridad, el cooperativismo, lo colectivo, lo relacional, como estrategias que aportan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Vemos con buenos ojos una reglamentación de la actividad, siempre y cuando se avance en mejorar las condiciones sociales y

laborales de quienes ejercen este trabajo, la prohibición, que circula en algunas voces, no puede ser considerada como alternativa. Es por eso que creemos central fomentar la organización y acompañar el proceso con programas educativos desde esta perspectiva. Es decir, poder generar condiciones para que los trabajadores y trabajadoras, más allá de sus limitaciones que no son determinantes, puedan adquirir herramientas para avanzar en su organización. El Estado debería brindar los instrumentos necesarios, como monotributo social, elementos de trabajo, y apoyo para generar instancias de capacitación. En una ciudad donde la palabra innovación está de moda, ¿se podrá ser modelo del trabajo que se realice junto a las y los lavacoches?

“La autoridad de aplicación debería ser un Órgano autárquico compuesto por representantes del Ejecutivo Municipal, del Concejo Municipal, Sociedad Civil (ONGorganizaciones-frentistas) y lavacoches-” movilización de activos socioeconómicos de los sectores populares, en particular ante situaciones estructurales de vulneración de derechos generados por acción u omisión de los organismos del Estado.” Es decir entender esta forma económica, como una alternativa que surge de los sectores populares, ante las problemáticas sociales y económicas que genera el neoliberalismo y ciertas políticas excluyentes. La Economía Popular y solidaria permite legitimar derechos de igualdad y acceso a

Bv Santa Fe 1687 03492-5781883 / 15574357

La delicada obra de Nati Pellegrinet

PLUMA

Concejala

Eva Garrappa Partido Justicialista

/Marcelo Lombardo Concejal

“Se van a encontrar con un sube y baja de emociones.”

Lalo Bonino Concejal

Desde lo artístico, cómo surge el disco Pluma? El disco Pluma surge de la necesidad de materializar y cerrar una etapa de trabajo de muchos años, para dar comienzo a una nueva. De poner sobre la mesa lo que se construyó hasta ahora, y una hoja en blanco para volver a escribir. ¿Qué significó en ese proceso ganar la convocatoria de Espacio Santafesino? Significó un gran aliento para concretarlo, una caricia después de venir remando y trabajando con mucho cariño durante años en este proyecto. ¿Quiénes participan del disco? En el disco participaron grandes músicos y amigos: Nacho Esbó (guitarra, coros, productor artístico), Nicolás Sánchez (guitarra, coros, arreglos), Matías Bainotti (batería), Fernando Abratte (bajo), Nicolás Méndez (batería acústica y electrónica), Lucas Bianco (bajo), Hernán Castagno (batería), Candela Hernández (coros), Daniel Pellegrinet (voz), Melina Meynet (diseño y arte de tapa) y un invitado de lujo: Nicolás Ibarburu, que grabó un solo de guitarra maravilloso!

Graciela Maubé

¿Dentro de qué estilos o géneros podría ubicarse el disco? No me gusta mucho intentar ubicarlo en algún género determinado. Lo que puedo decir es que son canciones. ¿Con qué se va a encontrar quien lo escuche? Se van a encontrar con un sube y baja de emociones. Creo que lo más lindo que se refleja en todo el disco, de manera fidedigna, es lo que fuimos sintiendo a medida que lo íbamos haciendo, ya que se grabó, casi en su totalidad, en vivo, lo que significa que hay mucha improvisación libre, que le da vida, frescura e identidad.

CONSEGUILO EN: Jauss, Marcucci y con Sebastián Maldonado

/EvaGarrappa

TEL: 03492-502507

Precandidata a concejal Partido Demócrata Progresista

¿Cómo sigue la presentación del disco y cómo conseguirlo en Rafaela? La presentación del disco es el sábado 1 de julio en la Sociedad Italiana, Centro cultural de Rafaela, en el marco del Ciclo de Música Popular: Otras voces, con entrada gratuita. Antes abrirá el show la banda Cuerpos. Los discos se podrán conseguir ahí mismo el día de la presentación y luego estarán en Jauss, Marcucci, y Sebastián Maldonado, nuestro amigo y productor ejecutivo, será otro punto de venta

Christian Avalos CONCEJAL

Carlos Del Frade DIPUTADO NACIONAL

Claudia Korol

“EL FEMINISMO ES UNA PROPUESTA DE VIDA FRENTE A UNA PROPUESTA DE MUERTE” La activista feminista, escritora, educadora popular y miles de etiquetas más que no alcanzarían para describirla, visitó nuestra ciudad en el marco de la presentación de su libro “Feminismos populares. Pedagogías y políticas”. Es esa oportunidad, dialogó en exclusiva con Revista Mural sobre muchos de los temas que nos preocupan y ocupan a quienes estamos en el largo camino de la lucha anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Que duelan y disfruten, en igual medida, de cada una de sus palabras. ¿Cómo hacer de la rabia, organizada, una herramienta? Bueno, la respuesta está en la misma pregunta. Creo que lo primero es identificar que sentimos rabia, que sentimos dolor. Yo creo que a veces uno de los objetivos de quienes nos bombardean con estas noticias es insensibilizarnos. Esta mañana hablaba con una amiga mexicana y yo le decía que estaba con dolor por el asesinato de Araceli, y ella me decía: bueno qué importante que todavía registren el nombre de la joven, porque allá donde las cifras son de 7 femicidios al día, a veces les cuesta hasta reaccionar. Entonces registrar en nuestras vidas el dolor, el duelo que sentimos es importante. Hablaba con otra amiga y le decía no salimos todavía del duelo de Micaela y de otros duelos cercanos y ya tenemos encima lo de Araceli, o sea no logramos superar eso. Entonces es importante conocer esa rabia, esa indignación, ese dolor, no naturalizarlo ni anestesiarlo. Y después ese paso que decías, que es organizarlo, en forma de movimiento. Yo creo que sobre todo de un movimiento de mujeres, que tiene que ser potente, que está siendo potente a contramano de lo que pasa como muchas organizaciones populares que han cedido espacio frente a la avanzada conservadora, el feminismo continúa con la presencia en la calle, la iniciativa y la capacidad de movilización, y claro que también venimos siendo agredidas día a día. Entonces además de estar organizadas debemos dar respuestas más concretas, no solo al femicidio, que es la expresión más extrema de violencia que sufrimos, sino a todo el campo de las violencias, porque trabajando todo el campo de las violencias podemos reducir las agresiones más duras como son los femicidios o, por lo menos, dar otro tipo de respuesta. Creo que entre nuestra acción y reacción tiene que haber un trabajo en red importante. La conciencia de que lo que tenemos hasta ahora con ser muy grande no nos alcanza. Algunas de las lógicas que se imponen en la política de los movimientos populares son de fraccionamiento, de fragmentación, bueno acá hay que ver cómo se trabaja para ver si hay una compañera

víctima de violencia asesinada, no podemos mirar adónde militaba, si militaba, hay que actuar de inmediato. Y creo que eso se está haciendo. Tenemos que interpelar, por un lado, al Estado por lo que no está haciendo y, por otro, generar respuestas autónomas porque evidentemente el Estado es un Estado patriarcal y, cada vez más, somos testigos del vaciamiento de recursos y de la desarticulación para programas y leyes existentes. Entonces, además de criticar a las políticas de los gobiernos que no dan respuesta, tenemos que encontrar organizacion del pueblo, de las mujeres, de todos los sectores y de los sectores más vulnerables en particular, porque por ahí las mujeres de clase media pueden recurrir a un abogado o irse de la casa, las que están más jodidas son las que no tienen esas oportunidades. La violencia patriarcal se entronca absolutamente con la violencia capitalista y

la violencia colonial. Una mujer pobre está jodida, y si es pobre e indígena está más jodida, lo mismo si además es una mujer negra, por el solo hecho de que están en condiciones de menor acceso al trabajo, a la salud, necesidades básicas. Nosotras trabajamos con mujeres migrantes, de Bolivia y Paraguay y ahí está realmente complicado, porque a todas estas violencias se le suma una desprotección total, viven con el miedo diario de que las deporten por la falta de papeles. No alcanza con tomar sólo el tema femicidio sino toda la trama de violencias. ¿Creés que es importante trabajar desde la articulación entre diferentes sectores ? Yo creo que es imprescindible. Incluso nosotras que hemos trabajado siempre desde la autonomía del movimiento de mujeres, y nos encanta hacerlo, si hay en una escuela o en un centro de salud gente

con la que podamos articular, hay que hacerlo. Si hay un juzgado, un municipio, en donde sea, porque todo lo que articulamos es insuficiente para salvar las vidas: estamos en un debate entre la vida y la muerte, sobre todo de mujeres jóvenes. El tema de la trata, por ejemplo, el Estado tiene que dar respuesta pero también los movimientos populares, que sabemos cómo funcionan las redes de trata y de prostitución. Yo trabajaba con mujeres en situación de prostitución, y ellas tenían una frase: muchas veces las ropa de la mujer en prostitución, se lava en el mismo lavarropas que la del policía al que le da la coima. No hay muchas dudas en estas mujeres de cómo funciona una comisaría, o las mafias detrás de la trata. No se denuncia por miedo, porque hay una impunidad tremenda, porque denunciar puede ser riesgoso,y las organizaciones a veces se hacen eco de este miedo, que es lógico, pero para enfrentar estos crímenes hay que tocar esos centros de poder patriarcal que hoy son como maquinarias de muerte. Yo creo que es complejo pero hay que hacerlo porque estamos hablando de la vida, y no son sólo casos aislados de hombres que se enojan, sino que ya es una maquinaria que nos está destrozando, ¿Cómo hace el feminismo, que viene a disputar poder, para responder “constructivamente” ante tanta destrucción? El feminismo básicamente es constructivo porque es una propuesta de vida frente a una propuesta de muerte. Es una propuesta que tiene que ver con la libertad, frente a propuestas de cierre de espacios, de control de las personas y de las mujeres. Y creo que sí estamos articuladas con otros movimiento populares, somos parte. Estamos integrando movimientos sociales y populares. Desde nuestra perspectiva tenemos que enfrentar simultáneamente al poder patriarcal, al poder capitalista y al poder colonial, que sigue operando y entramado. Entonces, estamos articulando y dialogando con distintas organizaciones que son parte de esas luchas: comunidades de Pueblos Originarios, sectores de trabajadores y trabajadoras que pelean por sus derechos. Y muchas veces no solo estamos articulando, sino que estamos siendo parte de esos movimientos: el estudiantil, el de los profesionales. Lo que le reclamamos a esos movimientos es que también asuman como esas temáticas porque hay que ver por ejemplo el el 1º de mayo cuánto van a reclamar por Araceli. Nosotras vamos a estar el 1º de mayo, pero les vamos a exigir a los dirigentes que muchas veces no sólo no dieron lugar a las mujeres en las direcciones sindicales, sino que tampoco sumaron nuestras demandas, que lo hagan. Porque cuando en los movimientos sindicales se incluyó la problemática, fue después de que las

mujeres empezáramos a pelear con las direcciones sindicales para que avalen nuestro paro, por ejemplo, el del pasado 8 de marzo. .Esta coyuntura de retroceso, ¿cómo afecta en los procesos de feminización del a pobreza? Como en el 2001, que era un contexto diferente, tenemos al igual que esos años, el proceso de feminización de la pobreza, pero también altos índices de feminización de la resistencia. Recordemos las ollas populares, las huertas colectivas y los piquetes, todos movimientos con fuerte presencia de las mujeres. Y yo siento que hoy vuelve a pasar un poco eso, hay muchos movimientos que tuvimos que asumir el tema de la supervivencia, y se vuelve a ese tema,a dar respuestas comunitarias a las problemáticas sociales. Se vuelve no hacia atrás sino pensando en otro modo de hacerlo, si vamos a hablar de olla popular, pensarlo en términos de soberanía alimentaria, cosa que en los años 90 no teníamos incorporado conceptualmente.

En un país sojero, que se convirtió hace años en terreno de transgénicos, ¿vamos a envenenar a nuestros hijos e hijas? Estamos hablando de carga de muerte por las intoxicaciones y los cánceres que producen esta transformación de la agricultura. Es un tema para poner sobre la mesa. ¿Cómo hacer para que en los comedores de las escuelas no sirvan comida con agroquímicos? ¿Cómo hacer para que no nos sigan fumigando al lado de las escuelas, al lado de nuestras casas? Son temas que también hay que ponerlos en el centro porque el crecimiento de muertes y/o de nacimientos con malformaciones, o de abortos simultáneo fruto de esas políticas y de esta contaminación está creciendo. En este proceso de feminización de la resistencia, también poner las relaciones de género en el centro, es otro dato importante. Si vamos a ser parte de un movimiento piquetero, una organización barrial, bueno cómo son las relaciones entre compañeros y compañeras, cuál es el lugar de las compañeras trans, gay, lesbianas que son parte del movimiento y que muchas veces sufren en el marco de ese movimiento, homofobia, lesbofobia,

transfobia. Poner en nuestras organizaciones qué tipo de vínculos generamos entre nosotras, también como parte de esos movimientos. Otra de las luchas que nos quedan pendientes es la del Aborto Legal. Una de las grandes deudas de la democracia, no logramos en todos estos años una ley que garantice el Derecho al aborto legal seguro y gratuito, y eso se nos vuelve como un nuevo elemento que golpea la vida de las mujeres. Las que mueren en abortos clandestinos son mujeres pobres, y no alcanza con decir que lo resolvemos con misoprostol, que me parece genial contar con esa alternativa, pero a veces se complica y tenemos que ir al Hospital. Tenemos el caso de Belén como ejemplo, que fue un aborto espontáneo. Pero si es una piba que uso la pastilla y se le complicó no va a ir al hospital por miedo a caer presa. Nosotras necesitamos esa ley porque ese derecho se debe hacer en el hospital si es necesario. Me parece que esto tiene que ver con no sólo una cuestión de vida sino con una cuestión de libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, es una cuestión de libertad sobre nuestros cuerpos. Ese sigue siendo un tema de represión sobre los cuerpos de la mujeres, me decían que en venezuela con el avance de la derecha, uno de los temas es que se está cortando la distribución de anticonceptivos y de preservativos, pastillas del día después, etc. Tener a las pibitas embarazadas es una posibilidad de control, es una de las formas de sacarlas de la política popular, así de duro y de sencillo. Aparte la mujer, en el caso de la Republica Bolivariana, es una protagonista fundamental de las transformación popular. Volviendo al feminismo popular, la mirada latinoamericanista es importante. Más allá de la pata territorial, nuestros feminismos no pueden dejar de mirar el continente. Si cambia la cara de venezuela, cambia la realidad de un montón de mujeres. El crimen de las niñas en Guatemala nos conmueve y tiene que hacer pronunciarnos, pero si eso queda en la impunidad, el nuevo colectivo de niñas indígenas calcinadas debe despertar la reacción de todo el pueblo. No sólo reaccionar a nuestra vida cotidiana, sino también al continente. Las mujeres y los pueblos que están siendo asesinadas en Siria, donde los yankees están queriendo recuperar su poderío económico a través de la guerra. Mientras hablamos acá veíamos imágenes de Macri con Trump, imágenes de que nos están metiendo en una guerra, que luego se viene para Venezuela y para Colombia en su proceso de paz. Y parece que nos fuimos, pero no, estamos hablando de lo mismo, todo esto forma parte de la misma lucha.

EL PROBLEMA NO ES ANTO l último mes se viralizó el video de Anto, una adolescente discapacitada que habla a cámara desde su pileta de lona. Aunque lamentablemente la burla al diferente es algo ya habitual y naturalizado en las redes sociales, esta vez la situación llegó mucho más allá: varios personajes públicos y otros tantos aspirantes a serlo parodiaron el video y lo compartieron, tal vez en la busca de algún “like” más en su haber. Desde ya que el problema no es Anto. Mucho menos el retraso mental o madurativo de Anto. El problema es la enorme deuda social en la construcción de la empatía, el retraso de quienes se consideran famosos e intocables y por lo tanto se creen a salvo de la “falla” o el “defecto”. El retraso es de los espectadores que comparten y viralizan los videos que burlan, las parodias que se aprovechan de una adolescente ingenua. La discapacidad

es de aquel que se cree gracioso imitando lo inimitable, lo genuino y espontáneo. Anto hace lo que hacen todos: se incluye y participa del mundo de la exposición permanente e impensada, sin filtros, no mediada. Sube y comparte su momento de felicidad con un grupo pequeño de amigos.

Y ahí, alguien la traiciona, comparte y viraliza algo que no fue pensado para eso. Tiene también, quien lo compartió, un “retraso de lealtad”. Algunos personajes, de tan “maduros” corren el riesgo de pudrirse por dentro. Pero el riesgo no lo corren solos y eso tal vez es lo que más preocupa. Arrastran en su envión a miles, cientos de miles. Nadie quiere quedarse afuera del “chiste del momento”. Luego llegan las consabidas disculpas que, más allá de su mayor o menor grado de sinceridad, no vuelven el tiempo atrás ni solucionan el daño causado. Las disculpas son necesarias pero no suficientes. Buena sería una reparación por parte de quien agredió. Tal vez el mismo medio que se usó para lastimar a alguien, podría servir para empezar a curar la herida.

por María Zysman Licenciada en Psicopedagogía, directora de Libres de Bullying.

Antorcha, por qué?