Noticias Destacadas 06/05/2012

Índice Orden de detención por la toma de Lugano ................................................................................. 3 Ordenan detener a un organizador de la toma de Villa Lugano ................................................... 5 Por Pablo Tomino | LA NACION ................................................................................................. 5 Ordenan detener a un sospechoso de organizar la toma en Lugano ........................................... 7 Tras despedir a más de mil médicos, Macri sale a buscarlos en el interior .................................. 8 Otra iniciativa para controlar a los trapitos ................................................................................ 13 Macristas en sintonía por prohibición de trapitos ...................................................................... 15 Vecinos de parques y plazas se oponen a la instalación de bares .............................................. 16 Tratan un proyecto que legitima la mudanza de Colón .............................................................. 20 Lanzan el proyecto para prohibir a los cuidacoches ................................................................... 21 Unifican los pedidos para revocar a Macri .................................................................................. 22 Con polémica, empiezan las obras de la terminal de ómnibus del Sur ...................................... 23 Al final le hicieron el aborto a la chica violada y se recupera ..................................................... 26 La chica que pudo acceder a su derecho .................................................................................... 28 La salud porteña, entre el relato y la realidad ............................................................................ 30 Un matrimonio al banquillo ........................................................................................................ 32 La pareja que esclavizó a una nena durante nueve años seguirá detenida................................ 34 Alerta mundial por la polio.......................................................................................................... 36 Volvió la polio y la OMS declaró el estado de emergencia sanitaria .......................................... 39 Mortalidad materna e infantil: reconocen el importante descenso ........................................... 41 Prácticas sociales para todos ...................................................................................................... 44 Suspenden la orden de desalojo del restaurante "Lalo de Buenos Aires" .................................. 46 ..................................................................................................................................................... 48 Martin Ocampo pidió el traspaso de la Ley de Deporte al ámbito de la Ciudad ........................ 48 ..................................................................................................................................................... 49 Ratifican la competencia de la Justicia Federal en causa iniciada por contaminación del arroyo Santa Catalina.............................................................................................................................. 49

"Mujeres con Pelotas" el arte y el deporte, de Villa 31 al mundo. ............................................. 50

SOCIEDAD › UN EMPLEADO DEL GOBIERNO PORTEÑO, PUNTERO DE LA VILLA 20, CON PEDIDO DE CAPTURA

Orden de detención por la toma de Lugano Por Eduardo Videla Un empleado del Gobierno de la Ciudad tiene orden de detención y captura por su presunta responsabilidad en la organización de la toma de un predio en Villa Lugano, ocurrida hace poco más de dos meses. Lo decidió la jueza porteña Gabriela López Iñíguez, a cargo de la causa, quien además rechazó los pedidos de prisión para otras tres personas investigadas, aunque dictó para ellos algunas restricciones, como la prohibición de ingresar al terreno ocupado.

La orden de detención fue dictada contra Marcelo Chancalay, empleado de planta del Ministerio de Desarrollo Social porteño y ex dirigente de la Villa 20, quien ya no vive en ese barrio. De acuerdo con el expediente, al que accedió Página/12, la fiscalía había pedido la detención de siete personas, a las que acusaba de organizar la toma. Pero la jueza consideró que sólo correspondía a Chancalay, porque, por su condición de empleado, tuvo acceso a “información gubernamental de carácter sensible” relativa a la inminencia de obras de saneamiento en el predio hoy ocupado, con vistas a la urbanización del barrio, demorada desde hace años.

Según explicaron a este diario fuentes judiciales, la jueza también tuvo en cuenta que Chancalay es integrante de una SRL y de varias cooperativas, entre ellas la Cardenal Samoré, que según la jueza, en el último año registró movimientos bancarios “abultados” y “extraños”.

Fue nombrado en planta permanente del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Jorge Telerman, durante los últimos años estuvo cercano a la gestión del PRO y en las últimas elecciones jugó con la alianza UNEN. Para ordenar su captura la jueza tuvo en cuenta que un día después de que se dispusiera la intervención de su teléfono, alguien le avisó: “Desaparecé de Lugano. Cambiá el celular y no llames más”. Desde entonces no se lo ubica. Chancalay ya había sido investigado por la toma del Parque Indoamericano, pero fue sobreseído por falta de pruebas.

La jueza rechazó el pedido de detención formulado por el fiscal contra Emanuel Ríos, Claudio Jiménez, Marcelo Urquiza, porque consideró que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. En el caso de Urquiza, consideró que ni siquiera había pruebas en su contra. A los dos primeros les prohibió acercarse al predio tomado y les ordenó presentarse una vez por semana en la Fiscalía y no salir de la Ciudad de Buenos Aires.

A todos les fueron allanados sus domicilios y les intervinieron los teléfonos. Según la fiscalía, les secuestraron “boletos de compraventa de fracciones de tierra” y en las comunicaciones relevadas en las escuchas “se detectó que se repartían las tierras tomadas”. Sin embargo, el adjunto de la Defensoría oficial, Luis Duacastella, que patrocina a Ríos, Jiménez y Urquiza (Chancalay tiene abogado particular) rechazó esos cargos: “En las cuatro horas de escuchas hay pedidos de chapas y otros materiales, y sólo un mensaje de texto donde, para evitar peleas, alguien cede tres metros de terreno”.

El predio, ubicado en Fernández de la Cruz, entre Pola y avenida Escalada, fue tomado el 24 de febrero pasado por vecinos de la Villa 20, en reclamo de viviendas. La Justicia ordenó el desalojo dos veces, la última fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, quedó en suspenso después de que se conformara una mesa de diálogo en la Legislatura, con participación de la oposición y el oficialismo, con la idea de evitar un desalojo violento. De todas formas, la jueza aún espera el plan de desalojo: lo presentó la Metropolitana pero aún falta el del Ministerio de Seguridad de la Nación. En una causa paralela, la jueza Elena Liberatori (del fuero contenciosoadministrativo), que tramita una causa por el demorado saneamiento y urbanización de la villa, ordenó un censo de los habitantes de la villa y la toma.

Resolución

Ordenan detener a un organizador de la toma de Villa Lugano Por Pablo Tomino | LA NACION

Poco más de dos meses después de que 500 familias tomaran un terreno de Villa Lugano cuyo suelo está contaminado y que fue bautizado por los usurpadores barrio Papa Francisco, la jueza porteña Gabriela López Iñíguez ordenó la detención de Antonio Marcelo Chancalay, acusado de ser uno de los organizadores de la toma del predio situado en la avenida Fernández de la Cruz y Pola.

La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Rolero ante las contundentes pruebas presentadas en la causa, incluidas escuchas telefónicas. Además, la Justicia prohibió el acercamiento e ingreso al predio tomado junto a la Villa 20 a otros presuntos líderes de la usurpación: Emanuel Ríos, Roberto Jiménez y Marcelo Urquiza.

De esta manera, la Justicia avanza sobre la hipótesis de que estas personas se "adueñaron" del terreno con fines lucrativos; ocurre que dentro del predio tomado los lotes se comercializaban por cifras que van de 8000 a 25.000 pesos.

Según las fuentes consultadas, la toma en Pola y Fernández de la Cruz se dio en medio de una pelea entre dos grupos de poder dentro de la Villa 20: uno, encabezado por Chancalay, y otro, por colaboradores del actual presidente de la junta barrial, Víctor Núñez.

La Justicia comprobó que Chancalay es empleado del gobierno de la ciudad desde 2006; también fue colaborador del partido UNEN en las últimas elecciones. Además, es socio gerente de Mach SRL (Marcelo Antonio Chancalay), empresa creada en 2009 y dedicada a la construcción de obra pública, y de otras tres cooperativas.

La Fiscalía General, conducida por Martín Ocampo, aportó pruebas de que Mach SRL habría realizado contrataciones con el Estado -en ocasiones, a través de la Fundación Sueños Compartidos- por valores por encima de los 500.000 pesos. Además, el hijo de Chancalay, Marcelo Alejandro, ingresó el 1° de marzo de 2008 como empleado en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, según informes judiciales.

Voceros de la Justicia dijeron a LA NACION que la detención de Chancalay fue solicitada por temor a que el ex líder de la Villa 20 abandone el país. En el seguimiento de las cuentas bancarias vinculadas a este imputado la Justicia constató movimientos superiores a 80.000 pesos en distintos días de enero y febrero pasado.

Por esa razón, el poder adquisitivo de Chancalay, además de los contactos políticos que posee, llevó a la jueza López Iñíguez a considerar que "contaba con todos los medios para evadir la acción de la Justicia" y, por lo tanto, solicitó su captura.

Mientras tanto, Emanuel Ríos deberá comparecer mañana ante el Juzgado N° 14 para ser notificado de la prohibición de ingresar en el predio tomado. Además, no podrá salir de la ciudad y deberá presentarse semanalmente en la fiscalía porteña. Similar restricción rige para Claudio Roberto Jiménez y Marcelo Urquiza, que deberán presentarse en la fiscalía cada 15 días.

A todo esto, el desalojo del predio tomado sigue en la nada. Más de 500 familias continúan afincadas allí, y la situación parece indicar que se quedarán por mucho tiempo.

CIUDADES TOMA DE LUGANO

Ordenan detener a un sospechoso de organizar la toma en Lugano

A 71 días del comienzo de la toma de tierras junto a la villa 20, en Lugano, la jueza Gabriela López Iñíguez respondió a un pedido de la fiscalía y ordenó la detención de Antonio Marcelo Chancalay, uno de los sospechosos de organizar la ocupación para luego lotear y vender los terrenos.

Según fuentes judiciales, la jueza pide la detención inmediata – es la primera tras más de dos meses de toma– porque se comprobó que Chancalay tiene varias cuentas bancarias y domicilios, por lo que sospecha que podría fugarse.

Chancalay fue presidente de la villa 20. Trascendió que también es empleado de la Ciudad y socio gerente de la firma MACH SRL., que se dedica a la obra pública y realizó contrataciones con el Estado a través de la Fundación Sueños Compartidos.

En el asentamiento junto a la villa 20 hay unas 800 familias, que ya construyen con ladrillos, y una orden desalojo pendiente. Desde la Justicia porteña confían en que López Iñíguez atenderá el pedido del fiscal Carlos Rolero y ordenará la captura de Marta Yane, Emanuel Ríos y Roberto Jiménez, a quienes también señalan como integrantes de otras organizaciones que están detrás de la toma.

En un contexto en el que se denuncian falta de nombramientos y precarización laboral en la salud pública de la Ciudad

Tras despedir a más de mil médicos, Macri sale a buscarlos en el interior

El gobierno del PRO realizó una convocatoria a profesionales de Rosario y Córdoba para ocupar cargos en centros de salud porteños. Meses atrás, una resolución de la gestión macrista apartó de sus tareas a 1500 trabajadores.

La noticia se publicó en un periódico santafesino: "Macri busca médicos rosarinos para llevarlos a los hospitales porteños", tituló el diario La Capital. La medida del Gobierno de la Ciudad (GCBA), si bien se amplía a todo el país, hace foco en Córdoba y Rosario. Criticada por representantes de distintos centros de salud, se da en un contexto de conflicto entre el macrismo y los médicos de la salud pública porteña, con bajas salariales, despidos de trabajadores de guardia, falta de nombramientos y cierre de servicios. Algunos de los sectores en los que busca profesionales de otros distritos contaban con médicos hasta no hace mucho, y fueron echados.

La convocatoria en Rosario fue simultánea con otra similar en la ciudad de Córdoba, el viernes 25 de abril, sin cupos y con plazo abierto hasta fin de año. El modo es sencillo: se debe mandar el curriculum por correo electrónico, y luego el Ministerio de Salud de la Ciudad hará una preselección de los anotados. "En el gobierno porteño indicaron que serán contratos bien pagos, acorde a la prestación", resalta el artículo. Ante la consulta de Tiempo Argentino, voceros de la autoridad sanitaria porteña dijeron desconocer el tema.

La elección de esas dos ciudades, las únicas en las que la Ciudad tiene una Casa de Buenos Aires, persigue "un interés político de llegar a esas poblaciones con información, datos y vínculos" de cara a la votación presidencial del año próximo, le confió a La Capital un funcionario porteño. Y reconoció que "el nivel de excelencia de los médicos rosarinos y su formación fueron factores que influyeron al momento de decidirse esta búsqueda laboral". Las vacantes son "ilimitadas" y permitirán que el "médico golondrina" siga viviendo en Rosario: "Hace la guardia y vuelve a su casa".

"Es una barbaridad, porque lo que falta en Capital son precisamente nombramientos. Una de las primeras cosas que reclamamos es que actualicen planteles, estructuras, nombrando gente que está sin nombrar. Otros se jubilan y no son remplazados. Acá sobran médicos y los tienen precarizados", enfatizó Guillermo Rossi, de la agrupación Renovar y Participar, del Hospital Tornú, miembro de la Co.Gre.Sa.P (Coordinadora Gremial por la Salud Pública).

La convocatoria oficial está abierta "para todos los profesionales de la medicina", pero hace foco en cubrir cargos de las especialidades neonatología, cardiología, psiquiatría infanto-juvenil, terapista y terapista infantil. El Hospital Álvarez, por ejemplo, contaba con una sola cardióloga infantil, pero la despidieron a partir del dictado de la resolución 1657, a fines del año pasado, la cual estableció limitaciones a las horas de "suplencia de guardia en planta" en todo el sistema de salud de la Ciudad. El decreto supuso el despido de 1500 médicos porteños. Desde la Co.Gre.Sa.P. aseguraron que en el distrito además hay 2200 casos ya concursados que están "desfinanciados", sin partidas asignadas. En el Álvarez también disolvieron programas contra adicciones, trata y violencia. Noventa y ocho profesionales quedaron sin trabajo, entre ellos el equipo que hacía diagnóstico prenatal.

"No se entiende, teniendo profesionales en la ciudad, cómo los buscan en otros distritos", reflexionó una ex psicóloga del Álvarez, una de las despedidas. Hubo profesionales que iniciaron acciones legales para ser reincorporados, algunos recibieron cautelares a favor, pero el macrismo continúa incumpliéndolas.

A raíz de la situación general, se llevaron a cabo dos Marchas Blancas entre noviembre y enero. En el hospital del barrio de Flores, cuya guardia incendiada en 2012 aún no fue reconstruida, de 14 estudios que se efectuaban con cámara Gamma pasaron a realizarse siete, debido al recorte de la mitad del personal, lo que trajo una extensa reprogramación de turnos.

Lo mismo sucede en el Moyano. En este hospital, intervenido actualmente por el Ministerio de Salud porteño, que posee 800 pacientes internados y 30 mil consultas externas al año, ante el quite de guardias decidieron priorizar el área de psiquiatría, en detrimento de psicología, trabajo social y rehabilitación, perdiendo uno de los ejes principales de la ley de Salud Mental, el de lo

interdisciplinario. Luego de la resolución 1657, las guardias bajaron de 500 a 250. Médicos autoconvocados se reunirán mañana en un abrazo simbólico al neuropsiquiátrico, en la calle Brandsen 2570, a las 11, "para proteger y defender el hospital".

En esta convocatoria del Gobierno de la Ciudad a profesionales de fuera del distrito, también subyace el factor económico. Unos 16 mil trabajadores de la salud pública porteña recibieron su sueldo desde julio pasado con un recorte de al menos un 15 por ciento. La administración macrista lo justificó en que hubo un "error técnico" en la aplicación de la paritaria 2012. Nunca se los recompusieron.

Para el diputado porteño Alejandro Bodart (MST), "la convocatoria es una chantada electoral para fortalecer a Miguel Del Sel en Santa Fe y hacer campaña en Córdoba. En vez de salir a buscar médicos, sería mejor que no echara a los que están trabajando. Muchos enfermeros pasaron de la salud pública al sistema privado".

En el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), a raíz de la resolución 1657, despidieron a 63 profesionales, y cerraron los programas BAP, que atendía a niños en situación de calle, y el GORIP, que regulaba durante las 24 horas todas las internaciones pediátricas. Este último programa fue ganador del "mérito a la Gestión de Calidad en Salud" por parte del Ministerio de Salud porteño en 2008. La misma cartera que cinco años después lo disolvió. Los programas restantes sobrevivieron con 98 pediatras, sobre los 160 que tenían. Y a su vez reciben un 42% menos de sueldo.

"Es absurdo que recorten los programas, despidan gente y después quieran traer otros del interior. Buscan presionarnos, pagar menos dinero y tener peores condiciones de trabajo", afirmó Laura Schargrodsky, pediatra del SAME y también presidenta a cargo de la filial de Médicos Municipales del Hospital Gutiérrez.

Los profesionales denunciaron una serie de auditorías "persecutorias" ocurridas desde hace unos seis meses en distintos centros de salud públicos de la Capital Federal, como ocurrió en el Moyano. En este contexto, el gobierno de la Ciudad busca traer médicos de otras provincias. «

Macri y la salud pública, una relación conflictiva DE LA GENERAL PAZ PARA ACÁ "La realidad es que son hospitales de la Capital que tienen la vocación de atender a todo el mundo, pero la prioridad la tienen que tener los vecinos de la

Ciudad de Buenos Aires", manifestó Macri el 22 de diciembre de 2007, a pocos días de asumir en su cargo de jefe de gobierno. La declaración fue un apoyo al entonces ministro de Salud, Jorge Lemus, quien un día antes había anunciado la implementación de un sistema "de derivación protegida".

"CIERRE PREVENTIVO" El 3 de marzo de 2010, el Ministerio de Salud porteño realizó un "cierre preventivo" del hospital oftalmológico Pedro Lagleyze, por considerar que el edificio no estaba en "condiciones operativas" para atender a los pacientes por las inundaciones ocurridas un mes antes. En julio de 2010, la jueza Elena Liberatori ordenó reabrirlo. En junio de 2011 la misma magistrada volvió a intimar al gobierno porteño por la falta de gas, que llevaba tres años.

NO ENTRAMOS A LA VILLA El 5 de abril de 2011, Humberto Ruiz murió luego de que una unidad del SAME se negara a entrar a la Villa 31 para socorrerlo. "Tenemos órdenes", dijeron el chofer y la médica que iban en la ambulancia. En el lugar había un móvil de la Policía Federal que se ofreció a custodiarlos, pero los dos trabajadores mantuvieron la postura. Ruiz tenía epilepsia y era demasiado grande para que lo transportaran los vecinos. Les pidieron una camilla; se la negaron.

DESARTICULACIÓN DEL PAC En marzo de 2012, el Gobierno de la Ciudad desarticuló el Programa de Atención Comunitaria de Niños y Adolescentes (PAC), destinado a la atención de patologías mentales severas, que evitaba internaciones por razones sociales.

Ese servicio había obtenido diversos premios académicos y de entidades profesionales, y fue reconocido por instituciones como el Consejo de Derechos de Niños y la Asesoría General Tutelar de la Ciudad.

ABORTO EN LA RURAL El 4 de octubre de 2012, durante una cena en La Rural, Mauricio Macri anunció que se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad y difundió datos de la mujer que por ley debían permanecer en secreto. Por el aviso, una asociación católica fue a la justicia y una jueza suspendió la operación. Poco después, el jefe de gobierno vetó la ley que regulaba el procedimiento para la atención integral de los abortos no punibles, votada por la Legislatura.

REPRESIÓN EN EL BORDA El 26 de abril de 2013, más de 300 efectivos de la Policía Metropolitana

irrumpieron sin orden judicial en el neuropsiquiátrico, con palos, gases y balas de goma, para proteger el accionar de una empresa que intentaba demoler un taller protegido para construir el nuevo Centro Cívico. Hubo ocho detenidos y más de 50 heridos. "Nunca previmos que podía haber tal nivel de agresión hacia la policía", dijo la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal.

SIN ENFERMEROS En julio de 2013, el Juzgado Nº 5 en lo Contencioso Administrativo porteño intimó al Gobierno de la Ciudad a contratar a 30 enfermeras para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Niños en un plazo de 15 días. La crítica situación de la UTI había sido denunciada por el jefe de ese servicio, Gerardo Ernesto Moreno. "Aquí hay un enfermero cada nueve pacientes en terapia intensiva, esto es criminal", dijeron desde la Asociación de Enfermeros.

Un caso testigo Los profesionales consultados afirman que no faltan médicos, y utilizaron un caso testigo: la Ciudad busca cirujanos afuera cuando en el Hospital Álvarez tenían la única cirujana infantil. Fue despedida hace pocos meses, a raíz de la Resolución 1657.

En la ciudad de buenos aires

Otra iniciativa para controlar a los trapitos

Legisladores porteños del PRO promoverán un proyecto para prohibir la presencia de los cuidacoches.

El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Cristina Ritondo, y el senador provincial del Frente Renovador Jorge D'Onofrio presentarán hoy en el Palacio Legislativo de Perú 160 un proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios. Además, participarán de la presentación –que se realizará en el Salón Presidente Perón de la Legislatura– el coautor de la ley, Roberto Quattromano, el titular de la Comisión de Justicia, Francisco Quintana, el legislador Helio Rebot y Lucía Careu, representante de los vecinos de Palermo, una de las zonas en la que más cuidacoches hay.

La iniciativa establece que "quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de

cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, será sancionado de 1 a 5 días de arresto o multa de 200 a 2000 pesos. Cuando exista previa coordinación, la sanción se eleva al doble para quienes de cualquier modo participen en la misma. La sanción se eleva al triple para los jefes de la organización."

Proyectos Esta será la cuarta vez que desde la bancada del macrismo se presente una iniciativa en relación a los trapitos y limpiavidrios. Antes, fueron enviadas en 2010, 2012 y 2013.

Macristas en sintonía por prohibición de trapitos Por: Patricia García El macrismo sorprenderá hoy en un debate al compartir panel, y con exclusividad, con un legislador de Sergio Massa, tras la jornada en la cual el jefe de Gobierno porteño se refirió a la reforma electoral que impulsa el Frente Renovador. El PRO compartió boletas electorales en la provincia de Buenos Aires el año pasado, pero en la misma campaña comenzó a tomar distancia del exintendente de Tigre al chocar sus aspiraciones presidenciales con las deMauricio Macri.

Ayer, el jefe porteño consideró apropiada la reforma que alienta el massismo, pero al mismo tiempo insuficiente. Para Macri, "si la vocación de reformar la política va en serio, hay que agregar otras dos cosas centrales" y pidió "que también haya voto electrónico o boleta única para elegir al gobernador y a los diputados y senadores provinciales y que se introduzca una restricción a los familiares directos de los intendentes para que no hagan la avivada de que lo sucedan su mujer o su hijo o algún otro pariente".

En la Ciudad de Buenos Aires, el año próximo se estrenará la boleta única, mecanismo que propuso el PRO y al que debió incorporar las PASO para obtener los votos de la Coalición Cívica, que le permitieron sancionar esa normativa.

Por otra parte, hoy el titular de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, expondrá ante vecinos sobre el proyecto de prohibición de los llamados cuidacoches y limpiavidrios. Está prevista allí la presencia del senador provincial del Frente Renovador Jorge D'Onofrio, que será presentado como especialista en temas de seguridad. El anuncio del encuentro, del que también participará el legislador del peronismo PRO Roberto Quattromano, se mencionó como "el PRO y el Frente Renovador contra la mafia de los cuidacoches".

El macrismo, a pesar de haber fracasado durante varios intentos en años anteriores, renovó el proyecto, para impedir la actividad de los denominados "trapitos" y los limpiavidrios, impulsando el debate en la Legislatura junto con la iniciativa de la oposición que ya sancionó una norma para crear un registro que Macri vetó.

La propuesta del macrismo establece que "quien ofrezca de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública sin autorización legal, será sancionado con 1 a 5 días de arresto o multa de 200 a 2.000 pesos" y fija que "cuando exista previa coordinación, la sanción se eleva al doble para quienes de cualquier modo participen en la misma y al triple para los organizadores o jefes de la organización".

El encuentro tendrá lugar en el Salón Presidente Perón del Palacio Legislativo y están invitados vecinos, además de otros legisladores como el titular de la Comisión de Justicia, Francisco Quintana, y representantes de una ONG del barrio de Palermo.

Sociedad Llevan adelante la campaña "Más verde sin bares" contra la iniciativa que permitiría hasta cinco locales en espacios de más de 50 mil m2

Vecinos de parques y plazas se oponen a la instalación de bares Nucleados en la Red Interparques y Plazas, denuncian la intención del macrismo de privatizar los espacios verdes de la ciudad. El proyecto podría votarse este jueves. El PRO tiene 28 votos propios y necesita 31, que aportaría el bloque UNEN. Visibilizar y resolver los numerosos problemas que acarrea la pérdida de espacio público, el avance de "la mercantilización de la vida". Ese, aseguran desde la Red Interparques y Plazas, es el objetivo de la campaña "Más verde sin bares" que realizan en distintos espacios verdes porteños, en rechazo a la instalación de estos locales privados en plazas y parques de la Ciudad, que el macrismo busca sancionar por ley en los próximos días.

El principal planteo se basa en que la iniciativa del legislador José Luis Acevedo (PRO) viola la Constitución porteña, que en el Punto 3 del artículo 27 del 4º Capítulo –dedicado al medioambiente– especifica que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe instrumentar "un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras", y a su vez garantizar "su uso común". En cambio, esta ley busca instalar bares en las plazas públicas y parques de más de 50 mil metros cuadrados. Los más apuntados son los parques Saavedra, Centenario, Avellaneda, Chacabuco, Sarmiento, Lezama y Tres de Febrero. Los lugares de venta de alimentos y bebidas deberán estar acompañados por sanitarios, mesa, sillas, estaciones de vida saludable y estacionamientos para bicicletas. Serían al menos 275 m2 por núcleo, y en algunos –de acuerdo a su extensión– podrán instalarse hasta cinco núcleos, incluso todos para un mismo adjudicatario.

El privado será el encargado de administrar, cuidar y limpiar los baños, bebederos y puestos de bicicletas, tareas que suelen corresponder al Estado. La instalación y mantenimiento de sanitarios y bebederos está contemplada en el presupuesto anual para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, para lo cual destina $ 7867 millones.

"Son acciones que integran el presupuesto de la Ciudad. Aumentan el ABL y a cambio le dan la concesión a un privado. ¿Adónde va la plata?", se pregunta Federico Wahlberg, miembro de la Red que conforman vecinos, usuarios de parques y representantes de asambleas como él, que integra la de Parque Centenario. Y añade: "No le hacen mantenimiento a los parques y plazas, y después usan el argumento de que están en mal estado para privatizar una llamada 'puesta en valor'. Queremos bebederos, baños, pero no concesionados. Que se ocupe el gobierno."

Alrededor del Centenario contabilizan 36 sitios de venta de comida. El parque ya cuenta con dos baños, pero no se pueden usar porque uno lo tiene la concesionaria del cuidado del lugar (Salvatori SA) y el otro lo utiliza la Policía Metropolitana.

La primera votación fue en la sesión extraordinaria de noviembre pasado, cuando en la Legislatura se cambió el término "concesión" por el de "permiso de uso precario" (será menor a cinco años), de modo de aprobarlo con 31 votos, en vez de los 40 necesarios. Al evitar la concesión, las condiciones del servicio las dispone el propio Ejecutivo porteño de manera discrecional. "Claramente se demuestra que es un negociado", asegura Wahlberg. La iniciativa, que el PRO impulsa desde 2008, tuvo 33 votos a favor y 19 en contra. El voto macrista estuvo acompañado por la UCR, la Coalición Cívica (menos Rocío Sánchez Andía), María América González y quien era presidente del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, que votó distinto que el resto de su bancada, mientras negociaba su ingreso al Ente Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad. En la nueva composición legislativa, el macrismo tiene 28 representantes. Con tres más conseguirá los votos necesarios, por lo que las miradas recaen en legisladores del bloque UNEN, como Juan Nosiglia, María Eugenia Estenssoro y Javier Gentilini (Proyecto Sur), quienes no mostraron su rechazo, y también Graciela Ocaña, de Confianza Pública.

En marzo se llevó a cabo la audiencia pública –no vinculante–, en la que Osvaldo Guerrica Echevarría, de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, recordó la vigencia de la Ordenanza 46.229 de Protección de los Espacios Verdes, que prohíbe "otorgar concesión, cesión, transferencia de dominio, tenencia precaria, permiso de uso y cambio de destino de todo espacio destinado a parques, plazas, plazoletas y de todo otro espacio verde de uso público, se encuentre parquizado, jardinizado o no". El último viernes, el texto tuvo la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Desarrollo Económico, la única que faltaba para un posible tratamiento en el recinto este jueves.

El Parque Centenario fue el primer escenario elegido por la Red, el sábado 19 de abril; la segunda protesta se desarrolló en el Lezama; y la tercera, el viernes pasado, en el Chacabuco.

En el parque de San Telmo, el domingo anterior, partieron desde el anfiteatro con elementos para una obra de teatro itinerante que erigen en cada espacio verde donde podría llegar a establecerse un bar.

"El proyecto viola la Ley N°1777 de Comunas; ellas deben participar en lo relacionado a los espacios verdes de su territorio. Ningún consejo consultivo ni junta comunal trató el tema, y no hubo consulta a los vecinos, no nos dieron voz", expresó Mauricio García, de la Red, representante del Parque Lezama. Otro de los reclamos de la Red se centra en el Parque Avellaneda, que ya cuenta con la Ley 1153 de gestión asociada, la cual crea un directorio entre el Ejecutivo porteño y los vecinos para la toma de decisiones, algo que el flamante proyecto desconoció.

Pasadas las primeras horas del domingo de sol en Lezama, un par de actores se visten de trabajadores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Clavan estacas en el césped, simbolizan cementarlo, apartan a las personas que estaban en ese espacio. Otro lo anuncia desde un megáfono: "Este lugar va a ser intervenido. Próximamente en este espacio verde va a haber un bar." Otro es un cafetero, que en la historia trabaja desde antes que llegue el nuevo negocio.

Vendía el café a dos pesos. Ahora llega el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, interpretado con una careta, y lo obliga a trabajar para el bar. El café pasa a costar 20 pesos, mientras comienzan los abucheos del público ante una nueva suba de precios. Las grandes

cadenas cafeteras y de comidas rápidas –presumen todos los presentes– serán las principales beneficiadas y las que podrán costear los pliegos.

Miembros de la Red recolectan fotos de las personas posando con el cartel contra el proyecto, subidas luego a Facebook. También reparten folletos, afiches y letras grandes que el público levanta formando la frase "+ verde sin bares". Julieta Giménez, de la Red, explica que la performance busca "reflejar la tensión entre lo público y lo privado, visibilizar lo que provocará la privatización de espacios que son de todos y que conforman lugares de encuentro e identidad cultural. Y también concientizar e informar, porque la mayoría desconoce que se aprobó esta ley."

La norma explicita que el bar del parque no puede colocarse a menos de 50 metros de uno situado en la vereda, a menos que el de afuera no cumpla con la ley que obliga a dar el baño a cualquier persona, no sólo a clientes. Un 30% de los bares deberán ser manejados por ONG. "Pero el proyecto aclara que si no se anotan las suficientes como para cubrir ese cupo, entonces pueden ingresar más privados", manifiesta Wahlberg.

Además de la mercantilización del espacio público, la Red denunció la pérdida de espacio verde. Según la OMS, debe haber al menos 10 m2 por habitante. Sin embargo, la Ciudad llega a apenas 1,8 m2, sin contar a la Reserva Ecológica. "Con el proyecto se quita una superficie absorbente como el césped para reemplazarla por cemento. En una ciudad con graves problemas de inundaciones, entendemos que esta medida sólo agravará la situación", indican.

Muy lejos de los 10 m2 por habitante La ciudad actualmente tiene menos de 3 metros cuadrados de espacio verde por habitante (contando a la Reserva Ecológica), cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 10 metros cuadrados. Barrios como Caballito no superan los 0,8 m2 verde por persona.

Según un mapa de la Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos del Ministerio de Espacio Público porteño, las comunas 3 y 5 son las más comprometidas. En la segunda, integrada por Almagro y Boedo, apenas hay tres hectáreas de plazas. A la pérdida de espacio verde que significará la ley de bares en parques y plazas, se le suma la venta de espacios públicos denominados "ociosos" por el Ejecutivo local el año pasado, otros 17 predios que serán destinados a centros de tratamiento de basura; y otra propuesta que el macrismo quiere aprobar, llamado Plan Maestro Comuna 8, por la que también se desprenderán de ocho espacios públicos considerados "innecesarios", que ocupan parte del Parque de la Ciudad, el Autódromo y el Parque Roca. En total, unas 70 hectáreas.

Rejas sí, rejas no La Red se conformó en diciembre por las asambleas de los parques Lezama, Centenario, Chacabuco y Ameghino, junto a Propuestas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (PropAMBA). Todos vienen de otras luchas. La del Centenario tuvo el año pasado el conflicto por las rejas (de los 15 policías metropolitanos que colocaron el primer día de las rejas, hoy sólo quedan dos) y por el obrador de Salvatori (la concesionaria del cuidado del parque), que ocupó durante seis años sin permiso 3000 m² de espacio verde. Los vecinos lograron que se lo retirara, y ese sitio pudo convertirse en un nuevo acceso, por la calle Warnes. En el Ameghino, quitaron una gran huerta, y en el Chacabuco, evitaron una playa de estacionamiento ilegal. Lo que no

pudieron frenar fue el quite de las escalinatas originales, al igual que la luminaria clásica del lugar, que hoy no se sabe dónde están.

En el Parque Lezama, lograron frenar la colocación de rejas el año pasado. Una sentencia judicial de 2008 obligó al jefe de gobierno porteño a pagar un canon diario (hoy de 400 pesos) por no mantener ese espacio verde de ocho hectáreas. Como sigue sin mantenerlo, sigue pagando la multa.

Rechazo. Ambulantes Los vendedores ambulantes que recorren plazas y parques y los comercios aledaños a estos espacioes verdes también mostraron su rechazo al proyecto.

LEGISLATURA

Tratan un proyecto que legitima la mudanza de Colón La Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación comenzará a tratar hoy un proyecto de ley remitido por la Casa Rosada para legitimar la mudanza del monumento a Cristóbal Colón. El proyecto convierte en ley un convenio firmado en marzo por los jefes de Gabinete de la Nación y de la Ciudad, Jorge Capitanich y Horacio Rodríguez Larreta, respectivamente, que prevé la remoción de la estatua de la plaza Colón y su traslado a otro sitio de la ciudad. El futuro emplazamiento, según el convenio, deberá ser definido por el gobierno porteño, que asumirá el mantenimiento y la custodia del grupo escultórico. Y se contempla que los gastos de traslado, restauración y emplazamiento futuro del monumento serán costeados por el Poder Ejecutivo Nacional. Entidades italianas rechazan el acuerdo.

EN EL SENADO

Lanzan el proyecto para prohibir a los cuidacoches El macrismo presentará hoy, a las 18, en la Legislatura porteña, el proyecto de ley que prohíbe la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios en la Capital. La iniciativa de los legisladores Cristian Ritondo y Roberto Quattromano (Pro) establece que "quien ofrece de manera directa o indirecta el servicio de cuidacoches, limpiavidrios u otro tipo de servicios no requeridos a conductores de cualquier tipo de automotor en la vía pública, y sin autorización legal, será sancionado con uno y hasta cinco días de arresto o con una multa de 200 a 2000 pesos". Y agrega: "Cuando exista previa coordinación, la sanción se elevará al doble". Desde hace más de dos años el gobierno porteño busca prohibir a los cuidacoches en la ciudad con una modificación del Código Contravencional, en tanto que la oposición impulsa un proyecto para "regular" la actividad.

Unifican los pedidos para revocar a Macri Agrupaciones políticas, movimientos vecinales y ONG que llamaron a recolectar medio millón de firmas para pedir la revocatoria del mandato del alcalde porteño, Mauricio Macri, y de su vice, María Eugenia Vidal, sobre la base de la Constitución de la Ciudad, unificaron su reclamo ante el Supremo Tribunal Electoral local.

"Todos los pedidos de ahora en adelante se sumarán en un solo reclamo por el protagonismo ciudadano y la democracia participativa", informó Alberto Nadra, dirigente de izquierda que apoya la moción en base a las irregularidades achacadas al PRO. Consultado por el cuestionamiento que realizó el macrismo contra la iniciativa en el sentido de que el pedido de revocatoria es "un intento desestabilizador antidemocrático del kirchnerismo", Nadra rechazó la acusación. "Al margen de nuestras posiciones individuales, Ciudadanos por la Revocatoria no es ni kirchnerista ni antikirchnerista, pues la integran ciudadanos de un amplio arco político y social pero unificados en la convicción de que hay que frenar la destrucción neoliberal en Buenos Aires", sostuvo. Y añadió que "se trata de una iniciativa absolutamente independiente porque el pedido de revocatoria es legítimo, legal, constitucional". A juicio de Nadra, "es legítimo pues Macri es el responsable de la brutal represión del Borda, de las muertes y destrucción de las inundaciones en Saavedra, como se denunció ante los tribunales; de la violación de las leyes vigentes por abusar de los decretos de necesidad y urgencia (más de 100) ignorando las decisiones de la Legislatura, incluyendo su propio bloque, el bloque del PRO, además de estar procesado".

El requisito que deben cumplir las organizaciones es recolectar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral, lo que significa más de 500 mil voluntades ratificadas y certificadas por la justicia.

Transporte

Con polémica, empiezan las obras de la terminal de ómnibus del Sur El gobierno porteño entregó en leasing un predio de Villa Soldati a la empresa que opera la de Retiro; diputados opositores denunciarán a funcionarios por la "privatización encubierta" del terreno Por Valeria Musse

En medio de una polémica, en los próximos días comenzarán las obras en Villa Soldati para la construcción de la terminal de ómnibus Dellepiane , de media y larga distancia, que promete reducir en un 40% el tráfico en la estación de Retiro, según las estimaciones oficiales.

Aunque la oposición coincidió en la necesidad de desarrollar el proyecto para mejorar la calidad de vida de los vecinos del sur de la ciudad, cuestiona al gobierno porteño. Considera "irregular" la adjudicación de los trabajos a la empresa Terminales Terrestres Argentina SA y sostiene que es una privatización encubierta del terreno sobre el cual se asentará.

Hoy, incluso, será presentada una denuncia penal contra los funcionarios involucrados en el trámite por fraude en perjuicio de la administración pública, entre otros delitos.

La iniciativa de obra, encabezada por la misma compañía que ejecutará los trabajos y que administra la terminal de Retiro, fue adjudicada un año atrás. Empezará a concretarse este mes, luego de que la Legislatura porteña aprobara la ley para incorporar la definición de "transporte interjurisdiccional" al Código de Planeamiento Urbano.

La nueva terminal funcionará en un predio de cuatro hectáreas, situado entre las avenidas Dellepiane y Perito Moreno y la calle Lacarra, en Villa Soldati. Fue ideada con los objetivos de desconcentrar las operaciones de Retiro -que tiene unos 1800 servicios por día- y favorecer a los vecinos del sur porteño.

Para algunos referentes de la oposición, las cosas no están tan claras. La legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) sostuvo: "Hubo una adjudicación directa a una empresa como Terminales Terrestres Argentina SA, cuyo dueño, Néstor Otero, estaría fuertemente involucrado en varios hechos de presunta corrupción, en complicidad con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime".

Ocaña cuestionó además que el predio, que la Ciudad entregó a la compañía mediante un contrato de leasing (alquiler con derecho de compra), "quedará en manos de un privado". Y agregó: "No se trata de una concesión. La empresa pagará una cuota por la financiación durante 18 meses a la tasa más baja del mercado. Al finalizar ese período, abonará dos millones de pesos más y se quedará con el terreno".

En similar sentido se expresó Alejandro Bodart, del MST. "Fue todo un procedimiento irregular. La empresa ni concursó. Además, el gobierno porteño continúa con la metodología del regalo de los terrenos públicos a privados. Por esta terminal la Ciudad no recibirá ningún ingreso; la compañía sólo pagará por el préstamo que le hace el gobierno", cuestionó.

El ex legislador porteño Rafael Gentili también objetó el procedimiento. "El macrismo aprovechó para privatizar tierras públicas y generar un negocio a perpetuidad para una empresa que tiene antecedentes poco transparentes", sostuvo.

Gentili anticipó que hoy presentará una denuncia penal contra los funcionarios del ente estatal Corporación del Sur que intervinieron en la adjudicación. Junto con el diputado nacional Manuel Garrido (UCR), pedirá que se los investigue por fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO Respecto de las denuncias sobre la presunta adjudicación irregular, voceros de Desarrollo Económico explicaron que "la concesión de un servicio público solamente puede ser otorgada por aquel poder del Estado que presta dicho servicio y delega la prestación del mismo en un particular, a cambio de un canon y bajo ciertos controles y compromisos de inversión".

En el caso de la terminal Sur, sostuvieron, "el gobierno porteño no es el poder estatal que tiene bajo su competencia el tráfico interjurisdiccional [larga distancia]; por ende, no puede concesionar su explotación. En el contrato de leasing se estableció que el único uso al que podrá ser destinado el predio es una terminal de transporte interjurisdiccional. El privado deberá obtener los permisos correspondientes, nacionales y locales, para funcionar. Si no los obtuviera, no puede darle otro destino".

Mientras, los vecinos celebraron las obras. "Es un gran progreso. La terminal va a generar movimiento en una zona que hoy es muy oscura e insegura. Y no vamos a tener que cruzar toda la ciudad para tomarnos un micro", dijo a LA NACION Alberto Cuviello, que vive en Flores sur.

Coincidió Carmen Aráoz, de Villa Soldati: "Hoy, después de las 18 ni los taxis pasan por acá, porque no hay gente en la calle y tienen miedo de ser asaltados. Con la terminal se va a volver más poblada la zona".

Los vecinos notaron que hay obreros trabajando dentro del predio desde hace varios días.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico porteño indicaron que se está realizando la remoción de tierra para despejar el terreno y que las obras comenzarán este mes, aunque no se precisó la fecha exacta.

Según el plazo estipulado, para fines de mayo de 2015 debería finalizar la construcción de las instalaciones, que incluirán 48 dársenas para ómnibus de larga distancia, paradas para taxis y para 15 líneas de colectivos urbanos, 55 boleterías, playa de estacionamiento y locales comerciales.

OTRO DESTINO PARA BUSES DE LARGA DISTANCIA •

Características de la nueva terminal de ómnibus

Tendrá 48 dársenas para ómnibus; paradas para taxis y para 15 líneas de colectivos urbanos; 55 boleterías, playa de estacionamiento y locales comerciales. Funcionará las 24 horas •

Instalaciones para promover el barrio

La terminal desconcentrará las operaciones de Retiro y favorecerá a los vecinos del Sur, porque revalorizará la zona y permitirá el crecimiento de los comercios del barrio .

Al final le hicieron el aborto a la chica violada y se recupera POR VALERIA ROMÁN

Fue el jueves, en un hospital público porteño. “Se concretó la decisión de mi sobrina”, dijo la tía de la nena de 13 años. El hospital de Moreno que se negó a interrumpir el embarazo justificó su accionar.

Protesta. Organizaciones feministas marcharon la semana pasada a la casa de la provincia de Buenos Aires en Capital Federal para reclamar que se le practique el aborto a la chica. TELAM

La adolescente de 13 años que habría sido violada por su padrastro accedió a la interrupción de un embarazo de casi 6 meses. Su madre había pedido la práctica del aborto no punible en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, del partido de Moreno. Los directivos y los médicos se lo negaron con el argumento de que estaba en peligro tanto la capacidad reproductiva futura como la vida de la chica.

Sin embargo, con el apoyo de organizaciones feministas, la adolescente accedió a medicamentos, y luego a la interrupción del embarazo el viernes pasado en una institución pública, que sería el porteño Hospital Alvarez. Ayer se encontraba en buen estado de salud y con ganas de volver a la escuela.

El caso tomó repercusión pública una semana atrás por la denuncia de las organizaciones feministas nucleadas en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que reclama por la ampliación del derecho al aborto en todos los casos en que la mujer lo decida. Se hicieron protestas frente al hospital de Moreno y a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal para reclamar por el acceso al aborto no punible para la adolescente, siguiendo lo establecido por el Código Penal para casos de mujeres violadas.

La chica habría sido violada por su padrastro, que llevaba una relación de convivencia de 7 años con la madre, según contó ayer a Clarín una de las tías, que pidió no ser identificada. “El violador está suelto aún”, afirmó.

La madre de la adolescente, Susana (su apellido no fue revelado), había ido el 30 de marzo pasado a la subcomisaría Las Catonas, y al día siguiente a la comisaría de la Mujer de Moreno, para denuncia la violación. Pero según la mujer, quedó registrado como “abuso” y no como “violación”. Luego, un médico forense de la Dirección Departamental de Investigación de General Rodríguez examinó a la chica. “La revisaron superficialmente y no pusieron que era violación”, contó la semana pasada.

El 21 de abril, la mujer compró un test de embarazo y descubrió que su hija estaba embarazada. Recién el viernes 25 la chica accedió a una ecografía en el hospital de Moreno. El estudio arrojó que la adolescente cursaba un embarazo de 23 semanas y que el feto pesaba 600 gramos. Al día siguiente de la ecografía, la adolescente regresó con su madre. Reclamó que le practicaran un aborto porque el embarazo era el resultado de una violación y la chica no deseaba tener un hijo.

Mariana Dunayevich, directora asociada del hospital, detalló ayer a Clarín que la adolescente ingresó con fiebre y contracciones. “Ese sábado, la madre pidió la aplicación del protocolo de aborto no punible y además le contó a los médicos que ya le habían dado un medicamento que induce al aborto, como el misoprosol. En ese momento, la adolescente sufría contracciones y había peligro de que le estallara el útero. Por lo cual, los médicos consideraron que no se podía practicar un aborto sino que había que evitar que estallara el útero. Se usó isoxuprina. De esta manera, se normalizaron las contracciones. Desde nuestro hospital hicimos lo mejor para velar por la salud de la adolescente. Al lunes siguiente, salió del hospital y debía volver el miércoles pero no regresó. El viernes pasado me entero que se había completado el proceso de aborto en el Hospital Alvarez”.

Desde las organizaciones feministas no se identificó ayer ni a los médicos que le dieron el medicamento a la adolescente ni al hospital donde finalmente se completó el aborto. “La práctica se hizo sin complicaciones y la adolescente está bien”, afirmó Lorena Alderete de la organización Mujeres al Pie del Cañón. “Se demuestra que los dichos de las autoridades del hospital de Moreno eran falsos.

Afirmaron que de realizarse la práctica se ponía en peligro su vida y apelaron a supuestos plazos de permisión cuando ni el artículo 86 del Código Penal, ni los protocolos de aborto no punibles del Ministerio de Salud de la Nación y la Provincia de Buenos Aires los fijan”.

Además, Alderete agregó: “Este caso indica que aún las mujeres pobres son discriminadas y no les garantizan sus derechos. Las mujeres con más recursos acceden a abortos en lugares privados con facilidad”. Elsa Schvartzman, socióloga de la UBA, opinó: “El aborto no punible con cuidado médico y contención resultó ser menos peligroso que la continuación de un embarazo no deseado y resultado de una violación”.

SOCIEDAD › EFECTUARON EN EL AMBITO PRIVADO EL ABORTO NO PUNIBLE NEGADO EN UN HOSPITAL PROVINCIAL

La chica que pudo acceder a su derecho A la adolescente, de 13 años, le habían rechazado la práctica en Moreno porque su embarazo, producto de una violación, llevaba 23 semanas. Ahora pudo hacerlo con medicamentos en un consultorio privado. Y se encuentra en buen estado de salud.

Demandarán al hospital.

Por Mariana Carbajal “Volvió a ser una niña. Quiere ir de nuevo a la escuela”, resumió Lorena Alderete, de la Colectiva feminista Mujeres al Pie del Cañón, el estado de ánimo y de salud de la adolescente de 13 años de Moreno, luego de que finalmente pudieran realizarle el aborto no punible que venía reclamando ella –y su mamá–, desde que supo que había quedado embarazada como consecuencia de una violación por parte de su padrastro, según denunció en la Justicia. “Se encuentra en perfecto estado de salud y no tiene secuelas por la realización del aborto”, confirmó ayer Alderete a Página/12, tras visitarla en su casa.

La chica, a quien le habían negado la interrupción de su gestación en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, accedió a un aborto con medicamentos en un consultorio privado, y su atención concluyó en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde fue dada de alta el sábado, sin que se detectaran complicaciones durante el procedimiento, precisó Alderete, quien acompañó a la familia en todo el proceso, junto con otras organizaciones de mujeres de la zona, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde la Campaña se anunció que iniciarán acciones legales contra las autoridades hospitalarias “que pusieron obstáculos arbitrarios para que la niña pudiera acceder al aborto no punible”.

Uno de los argumentos que esgrimieron en el hospital fue que estaba muy avanzado el embarazo, que rondaba las 23 semanas. Al punto de que la médica Mariana Dunayevich, directora asociada del hospital, afirmó en declaraciones periodísticas que “la inducción del aborto en estas condiciones aumenta significativamente el riesgo de una eliminación incompleta de la placenta y de una hemorragia posparto con riesgo de muerte y de histerectomía, es decir, de poner en riesgo su capacidad reproductiva a futuro”. Sin embargo, reconocidos médicos obstetras como José Belizán, investigador superior del Conicet, y

Fernando Althabe, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA, descalificaron los dichos de Dunayevich y advirtieron que no tenían ningún basamento científico. En un artículo publicado el sábado por este diario, ambos especialistas, pertenecientes al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, dieron amplios argumentos –basados en evidencia científica– de que se le podía ofrecer el aborto inducido seguro a la chica –en el segundo trimestre de gestación– y con ello prevenir futuras complicaciones de continuar su embarazo. Es decir, indicaron que más riesgoso que la interrupción era seguirlo hasta llevarlo a término por tratarse de una niña.

Lidia Tundidor, coordinadora del Programa de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género del Ministerio de Salud bonaerense, también planteó las mismas objeciones que Dunayevich.

La mamá de la niña, que denunció a su pareja por la violación de su hija, es militante piquetera y tiene un comedor comunitario en su barrio. La mujer tiene ocho hijos, el menor de 7 años, y una nieta de dos años y medio. Se trata de una familia con condiciones de vulnerabilidad social, económica, contó Alderete. Con su organización, Mujeres al Pie del Cañón, realizaron varias charlas sobre la problemática de la violencia de género en ese comedor comunitario. Por eso conocían a la mujer y a su hija y la acompañaron en todo el proceso. “La niña va a volver a la escuela pronto, seguramente se va a cambiar a otra para evitar la estigmatización por lo que le tocó vivir. Está cursando sexto grado. Pero cuando empezó con las denuncias dejó de ir.

Mientras estaba en el hospital de Moreno, la semana pasada, nos preguntaba: ‘¿cuándo va a terminar todo esto?, ¿cuándo puedo volver a estudiar?’”, contó Alderete a este diario.

Ayer, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y las organizaciones de Moreno Mujeres al Pie del Cañón, Mujeres Conurbanas, Confluencia Política 29 de Mayo, Las Rojas, la Campaña Contra las Violencias regional Oeste, y FOL-La Brecha, que acompañaron a la niña y su familia, denunciaron “el maltrato y las coerciones sufridas por ellas” en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, así como “la falta de atención adecuada y de análisis pertinentes para realizar los diagnósticos necesarios, y la divulgación de datos de la historia clínica de la niña”.

Mientras tanto, el acusado de la violación todavía sigue prófugo. En el caso interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 de Morón.

SOCIEDAD › OPINION

La salud porteña, entre el relato y la realidad Por Edgardo Form * Es paradójico el discurso y el accionar del gobierno de Mauricio Macri. Proponen reformular el sistema de salud para que sea “transparente, eficiente y abierto” y ejecutan políticas que ponen en riesgo a estos tres conceptos.

Es interesante observar la “transparencia” de las obras que prioriza el GCBA, que pinta los frentes de los hospitales, renueva sus veredas y coloca videocámaras mientras, en las sombras, la tecnología que utilizan dichos nosocomios para cumplir su función es obsoleta, hay faltantes de insumos o son de baja calidad y la infraestructura interna está seriamente afectada por la ausencia de mantenimiento.

Pregonan eficiencia, y al recortar las suplencias de guardia desmantelan servicios pediátricos, afectan las guardias de los trece hospitales de agudos, reducen el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los programas de asistencia y de salud mental a su mínima expresión. Paralelamente, son negligentes en gestión, ya que hay más de dos mil cargos concursados que por motivos presupuestarios aducen no poder cubrir y no existen visos de normalización de las designaciones.

Sostienen que es necesario un sistema abierto y ordenado, pero es difícil encontrar concursos públicos en los establecimientos de salud y la ausencia de nombramientos provoca “agujeros” que la gestión política no asume. Tal vez, la insuficiencia de personal provoca el carácter abierto del sistema, ya que hay servicios completos que históricamente se han cubierto con suplencias de guardia.

La resolución Nº 1657/13 que limita las suplencias de guardia en la ciudad de Buenos Aires afecta a unos 1500 trabajadores y precariza la atención primaria de la salud al reducir entre un 30 y 40 por ciento dichas suplencias en los establecimientos públicos. La puesta en práctica de esa resolución ha desmantelado los Programas Pediatra en casa, Padu pediátrico y clínico, Buenos Aires Presente (BAP), Gorip (Gestión, Organización y Regulación de Internaciones Pediátricas) del SAME, ha generado 98 despidos de profesionales en el Hospital Alvarez y otros tantos en el Borda y el Moyano.

En la última actualización de la Encuesta Permanente de Hogares de la ciudad de Buenos Aires se destaca que el 40,3 por ciento de la población que reside en la Comuna 8 sólo utiliza el sistema público de salud. Justo ahí, en esa comuna, el GCBA incumple la ley Nº1769/05 que dispone la construcción de un hospital en el barrio de Villa Lugano y solamente conserva el Cecilia Grierson, un centro de salud. Lo que ocurre en Lugano es la matriz del concepto de salud pública que maneja el gobierno de Macri, que se ramifica en el recorte de las suplencias de guardia y en el deterioro de los servicios de salud.

Aun si aceptamos la hipótesis de que a la media porteña esta situación no la roza, ya que los habitantes de la Ciudad que se atienden en los establecimientos públicos no superan el veinte por ciento, y por lo tanto el costo político para el gobierno es meramente gremial, es clave que los ciudadanos tomemos conciencia de que en los hospitales públicos se forman los profesionales que nutren a los equipos de salud de todo el país.

Estos establecimientos públicos son “incubadoras” de conocimiento que permiten mejorar la calidad de atención prestada por los diferentes trabajadores de la salud en los tres subsectores (público, obra social y privado).

Por lo tanto, la precariedad de la salud pública pone en riesgo la eficiencia de todo el sistema de salud. Sin darnos por enterados, este conjunto de medidas pone en peligro la salud de todo el colectivo social. * Diputado de la Legislatura porteña por Nuevo Encuentro.

SOCIEDAD › CONFIRMAN LOS PROCESAMIENTOS POR LA CHICA ESCLAVIZADA EN UN GARAJE

Un matrimonio al banquillo La Cámara ratificó que la pareja debe seguir en prisión hasta el juicio oral, que posiblemente se lleve a cabo antes de fin de año. Ambos están acusados por “lesiones graves” y “reducción a esclavitud”, por lo que podrían recibir penas de entre 3 y 15 años.

La casa de Villa Lugano donde estuvo encerrada la chica que el matrimonio recibió provisoriamente.

Imagen: Leandro Teysseire

La Justicia confirmó la prisión preventiva para Daniel Miguel Gómez y Adriana María José Barros, la pareja acusada de haber esclavizado durante nueve años a una adolescente que tenía a su cargo con un permiso provisorio, por lo que antes de fin de año podría comenzar el juicio oral. La Cámara del Crimen consideró que la pareja, que desde el 5 de abril se encuentra detenida y está procesada por “lesiones graves” y “reducción a esclavitud”, delitos por los que podría recibir penas de entre 3 y 15 años de prisión, es responsable de episodios de gravedad, y rechazó el pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor. La víctima, una chica de 15 años que fue esclavizada durante los nueve años en que vivió con la pareja y su hija, continúa recuperándose en una institución especializada de Quilmes, informó la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires.

Los camaristas que integran la Sala Quinta, María Laura Garrigós de Rébori, Mirtha López González y Gustavo Bruzzone, rechazaron el pedido de excarcelación presentado por el defensor oficial de la pareja y dieron lugar a la argumentación de la fiscalía de Cámara. El abogado de los acusados, Ricardo De Lorenzo, había argumentado que no existen “riesgos procesales” que indiquen que ambos deben permanecer detenidos hasta el inicio del juicio oral.

Para De Lorenzo, “no hay prueba pendiente que pudiera correr riesgo con la libertad” de la pareja, por lo cual “invocando jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal” había

solicitado la excarcelación. Sin embargo, la fiscal de Cámara adjunta, María Fernanda Zanetic Finara, se había opuesto a la excarcelación por entender que el caso “excede por su gravedad lo que es un caso habitual”. Fue ése el argumento recogido por el tribunal.

La pareja, detenida desde el 7 de abril, está procesada por “lesiones graves” y “reducción a esclavitud”, delitos que contemplan una escala penal de entre 3 y 15 años de prisión. La investigación del caso comenzó en 2001, cuando la madre biológica de la joven víctima la entregó, con intervención de un juzgado civil, a una pareja de la ciudad de Buenos Aires. La madre de la chica atravesaba una situación económica precaria y tenía también otros siete hijos, algunos de los cuales se encontraban internados en institutos de menores, no por conflictos con la ley, sino por falta de contención familiar.

Hasta 2005, la familia de la adolescente y quienes la habían recibido en guarda provisoria mantuvieron el contacto. Luego, fue interrumpido. Sin embargo, Guadalupe, una hermana mayor de la chica que comenzó a buscarla al cumplir la mayoría de edad, fue la que permitió dar con ella y descubrir su situación. Entre 2005 y abril de este año, el Juzgado Civil que debía haber realizado el seguimiento del proceso de adopción, con asistencia de los organismos administrativos que suelen intervenir en él, no dio cuenta de lo que sucedía con la joven en esa casa de Lugano.

Cuando la pareja fue procesada por la jueza de primera instancia María Gabriela Lanz, el defensor oficial no apeló la medida. Según explicó, esa no apelación formó parte de su “estrategia procesal” específica para el caso. Por esa no apelación, el procesamiento quedó ratificado.

Por otra parte, el consentimiento de los acusados ante el procesamiento implica, en los hechos, que la jueza de primera instancia, Lanz, deberá “correr vista” a las partes, es decir notificarles la clausura del sumario, para que cada una requiera la elevación a juicio oral o el sobreseimiento de los imputados. Además, al no existir querella en el proceso, los tiempos serán más acelerados y la etapa de juicio oral y público podría comenzar antes de fin de año.

Cuando fue rescatada del garaje de Lugano, los investigadores constataron que la adolescente estuvo durante nueve años encerrada allí con un perro y un mono, y era alimentada exclusivamente con levadura de cerveza, pan y agua. Por ello, la chica fue internada de inmediato. A mediados de abril, cuando trascendió el caso, la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense informó que la chica ya se encontraba alojada en una institución de Quilmes, en proceso de recuperación.

La pareja que esclavizó a una nena durante nueve años seguirá detenida Se comprobó que hubo alertas que no fueron atendidas por la justicia

La institución donde estuvo internada advirtió las irregularidades de los adoptantes. Están procesados por esclavitud y lesiones graves.

La situación que atravesó la niña esclavizada durante nueve años por una pareja que la tenía en "guarda provisoria" y que la llevó a un retraso madurativo producto de la falta de alimentación y las condiciones inhumanas de cautiverio podría perfectamente estar repitiéndose en otros niños en la actualidad. Así se desprende del debate que celebró ayer la Sala Quinta de la Cámara del Crimen, que denegó la excarcelación de la pareja, que había sido pedida por el defensor oficial de ambos, Ricardo De Lorenzo. En el caso de la pequeña esclavizada hubo alertas que no fueron atendidas. La fiscal adjunta María Fernanda Zanetic Finara narró ayer ante los jueces, que la institución en la que vivió la pequeña hasta que en 2001, a los dos años y siete meses, fue entregada en guarda, advirtió reiteradamente que algo andaba mal. "Desde el año 2004 que la institución venía avisando que la pareja no cumplía con las obligaciones judiciales, entre ellas el contacto mensual de la niña con sus hermanos de sangre. Entre 2004 y 2005 todos los meses el hogar informaba que la pareja no se presentaba con la niña y en 2005 finalmente se les perdió el rastro." Una de las hermanas comenzó a buscarla, pero pasaron cuatro años para que la hallaran. Y para ello fue necesaria una circunstancia insólitamente fortuita: nadie sabía adónde estaba viviendo, hasta que en un juzgado de Quilmes decidieron "googlear" a la pareja. Así llegaron a uno de los dos hijos de sangre, quien indicó a las autoridades la vivienda de la calle Pola, en Villa Lugano. El dato fue confirmado durante la audiencia tanto por la fiscal como por el defensor oficial. De Lorenzo decidió no apelar el procesamiento por "reducción a la esclavitud y lesiones graves", pero sí la prisión preventiva. Acusó a la jueza María Gabriela Lanz de haberse pronunciado sobre la base de "fórmulas abstractas sin respaldo en la causa", le reprochó que "presupone que no va a ser condenación condicional", opinó que "no es un caso de relevancia institucional" y consideró que "no había motivos para detenerlos". También atacó la trascendencia periodística que tuvo el hecho, y contrapuso la condición de "jueces impermeables a la repercusión" mediática del caso, con el "morbo" que –según

su parecer– generó la "prensa amarillista". La fiscal describió otro escenario. Subrayó que los daños que sufrió la pequeña por la falta de alimentación "son irreversibles" y cuantificó casi matemáticamente los malos tratos recibidos por la niña: "Cuando la recibieron pesaba poco más de 12 kilos, y en todo el tiempo que estuvo con ellos sólo aumentó siete. Cuando la rescataron pesaba 20... hablaba como una nena de menos edad, ni siquiera sabía bien su nombre, ya que confundió su segundo nombre con el de la mujer a la que llamaba mamá". La niña estuvo un mes internada para iniciar su recuperación. La fiscal dijo que "comía con voracidad", subió cuatro kilos de peso en dos semanas. Sólo entonces cambió aquel relato inicial, en el que decía que era "feliz" y que sus "padres" eran "graciosos", por las descripciones de su calvario. Así, contó que no estaba escolarizada porque sus "padres" le "pidieron que no fuera a la escuela", e identificó a otra hija de la pareja como quien "la cortaba la quemaba con un fósforo cuando hacía ruido" en su cautiverio, acompañada por un perro y un mono. «

SOCIEDAD › LA OMS DECRETO LA EMERGENCIA POR EL AUMENTO DE CASOS DE LA ENFERMEDAD

Alerta mundial por la polio El rebrote se produjo en el último semestre en unos diez países de Asia, Medio Oriente y el centro de Africa. Son meses de bajo contagio, por eso temen un posible recrudecimiento a partir de mayo. En la Argentina no se registra ningún episodio desde hace casi 30 años.

Una campaña de vacunación de Sabin en Afganistán, uno de los países afectados por la polio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó ayer la emergencia sanitaria mundial por el aumento de casos de poliomielitis, registrado en los últimos seis meses en unos diez países de Asia Central, Oriente Medio y el centro de Africa. En la Argentina, gracias a las medidas estratégicas de inmunización, no se registra ningún episodio desde hace casi 30 años. “La vacuna Sabin, que es gratuita y obligatoria, está incluida en el calendario nacional para prevenir esta enfermedad. Es importante que los padres, muchos de los cuales ni la conocen debido a su eliminación, no se descuiden y vacunen a sus hijos”, explicó Jaime Lazovski, viceministro de Salud de la Nación.

“Dado que se ha comprobado la efectiva exportación e importación del virus, consideramos que esto constituye una amenaza para el resto de países y se justifica decretar una emergencia sanitaria”, afirmó Bruce Aylward, director general adjunto de la OMS. La directora general del organismo, Margaret Chan, fue la encargada de decretar el estado de emergencia, luego de que entre enero y abril, una temporada generalmente de bajo contagio, se detectaran tres nuevas manifestaciones de casos importados de polio: en Asia, desde Pakistán hacia

Afganistán; en Oriente Medio, de Siria a Irak, y en Africa Central, de Camerún hacia Guinea Ecuatorial.

Justamente, uno de los argumentos que más pesó en la decisión es el hecho de que la transmisión se haya dado en lo que se considera “la baja estación”, meses en los que el virus “normalmente” no se contagia tanto. Esto hace temer que en la época de “alta transmisión”, que comienza en mayo, el virus se multiplique y ponga en peligro la estrategia misma de su erradicación, estipulada para 2018, aseguró Aylward.

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa que afecta principalmente a los niños menores de cinco años, es causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas e incluso la muerte, en algunos casos. Los primeros síntomas son fiebre, fatiga, vómitos, rigidez en el cuello, dolor de cabeza y en los miembros. La enfermedad no tiene cura y se previene a través de la vacunación.

El número de casos de poliomelitis disminuyó en más del 99 por ciento desde 1988, pasando de 350.000 a 406 casos en 2013. En 2014, sólo quedan tres países en los que la enfermedad es endémica, Afganistán, Nigeria y Pakistán, contra los más de 125 en 1988. Los países donde en la actualidad se detectó el virus son Afganistán, Camerún, Etiopía, Guinea Ecuatorial, Irak, Israel, Nigeria, Pakistán, Somalia y Siria.

El organismo internacional llamó a los Estados a coordinar una acción conjunta para frenar su avance y evitar un brote epidémico mayor. En ese sentido, propone que lancen campañas para vacunar a las personas que tienen que viajar y mantengan ese dispositivo al menos seis meses después de que se haya constatado que no hay nuevos casos de exportación de la enfermedad.

“Esto demuestra que las enfermedades que fueron eliminadas en Argentina gracias a las vacunas están en otros países”, indicó Lazovski, quien agregó que con la rubéola y el sarampión se dan situaciones similares. El Ministerio de Salud nacional recordó que desde 1984 no se registra en el país ningún caso de poliomielitis.

“La vacuna indicada en el calendario nacional de vacunación proporciona inmunidad contra la poliomielitis, es gratuita y obligatoria en todos los hospitales y centros de salud del país”, informó Carla Vizzotti, coordinadora del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (ProNaCEI). La vacuna debe aplicarse a los 2 meses de edad (primera dosis), 4 meses (segunda dosis), 6 meses (tercera dosis), 18 meses (cuarta dosis) y un refuerzo a los 56 años (ingreso escolar).

Además de contar con la amplia protección de la Sabin, la Argentina tiene un sistema de vigilancia capaz de detectar, a través del estudio de casos de parálisis agudas fláccidas en menores de 15 años, todo caso que se asemeje a la polio y que pueda provenir de otros países.

En este contexto, la cartera de Salud confirmó que en septiembre lanzará una campaña nacional de vacunación con la doble viral, contra el sarampión y la rubéola, y la Sabin, con el fin de mantener a las tres enfermedades eliminadas del país.

SOCIEDAD POLIOMIELITIS

Volvió la polio y la OMS declaró el estado de emergencia sanitaria La organización pidió que se refuercen los esquemas de vacunación para prevenirla.

GINEBRA. AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó ayer un “estado de emergencia de salud pública” tras la detección de numerosos casos de poliomielitis, que se ha propagado en varios países.

La OMS celebró la semana pasada una reunión de emergencia sobre la polio, tras la detección en enero de casos en Afganistán, Irak y Guinea Ecuatorial. “La decisión se basa en que las condiciones para (declarar) un estado de emergencia están reunidas y aceptadas en forma unánime”, precisó la OMS en un comunicado.

“Si no se controla, la situación podría conducir al fracaso de la erradicación global de una de las enfermedades más graves, y que se puede prevenir con vacunación”, subraya el anuncio.

La OMS considera que el mayor riesgo de exportación de la polio afecta especialmente a tres países: Pakistán, Camerún y Siria y pide a las autoridades locales que lancen campañas para vacunar a las personas que tienen que viajar y mantengan ese dispositivo al menos seis meses después de que se haya constatado que no hay nuevos casos de exportación de la enfermedad. Los países donde se ha detectado la enfermedad, hasta el momento, son Afganistán, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Irak, Israel, Somalia y Nigeria.

La poliomielitis es una enfermedad infecto contagiosa que afecta sobre todo a los niños menores de cinco años. El poliovirus ataca al sistema nervioso central y puede producir parálisis en unas horas y ser fatal en algunos casos. Los primeros síntomas son fiebre, fatiga, vómitos, rigidez en el cuello, dolor de cabeza y en los miembros.

El número de casos disminuyó más de un 99% desde 1988, pasando de 350.000 a 406 casos en 2013. Esta caída es fruto del esfuerzo mundial para erradicar la enfermedad, según la OMS. En 2014 ya sólo quedan tres países en los que la enfermedad es endémica –Afganistán, Nigeria y Pakistán–, contra más de 125 en 1988.

“Sin embargo, la poliomielitis sigue propagándose a escala internacional desde los países endémicos a los países reinfectados”, subrayó la OMS. Entre enero y abril, una temporada generalmente de bajo contagio, se detectaron tres nuevas manifestaciones de casos importados de polio: en Asia (de Pakistán hacia Afganistán), en Oriente Medio (de Siria a Irak) y en Africa Central (de Camerún hacia Guinea Ecuatorial)”, explicó la organización.

Sociedad Mortalidad materna e infantil: reconocen el importante descenso 06.05.2014 | a través de una investigación publicada en la revista médica the lancet Un estudio realizado por la Universidad de Washington resalta los resultados "espectaculares" logrados en la merma de esos índices.

El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, destacó que la Universidad de Washington y la revista médica The Lancet resaltaran que nuestro país logró una siginificativa reducción de la mortalidad materna e infantil. En el último caso, solo en la última década, se registró un descenso del 34 por ciento. "Que la Universidad de Washington y The Lancet, la principal revista médica del mundo, reconozcan que en la Argentina y otros países se han reducido la mortalidad infantil y materna no hace más que darnos nuevas energías para profundizar el camino iniciado en 2003, y que ha hecho posible registrar las tasas más bajas de la historia en esos dos indicadores sociales tan sensibles", dijo el titular de la cartera sanitaria. "Hay quienes quieren hacer creer que en nuestro país todo es negativo o empeora, cuando por ejemplo los indicadores sanitarios muestran todo lo contrario. Esas críticas no mellan la autoestima de los argentinos que saben que transitamos el camino correcto. Por eso es más que oportuno que observadores externos prestigiosos e imparciales evalúen lo conseguido con el esfuerzo de todos y lo pongan en valor”, destacó el funcionario. “Luego de muchos años de estancamiento, la mortalidad materna viene cayendo en forma sostenida en los últimos cuatros años. El último registro que tenemos es de 2012, con una tasa de 3,5 fallecimientos por cada 10 mil nacidos vivos, pero la información preliminar de 2013 es altamente alentadora y se estima que descenderá a 2,5 muertes por 10 mil nacidos vivos, lo cual nos coloca más cerca de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio", explicó Manzur. Con respecto a la mortalidad infantil, Manzur agregó que "solamente en la última década se ha registrado un descenso del 34% en este importante indicador del nivel socio-económico y sanitario de un país. Y esto también nos acerca a los Objetivos del Milenio". "No me canso de repetir que la tasa de mortalidad infantil es inversamente proporcional al grado de escolaridad de las mamás, y en una Argentina que ha construido 1800 nuevas escuelas a partir de 2003, los resultados hablan por sí solos", concluyó Manzur. El ministro recordó que la medición de un indicador social sensible como la mortalidad infantil expresa también otras variables de desarrollo, entre las que mencionó "el acceso a agua potable y servicios de infraestructura básicos como viviendas con conexiones reglamentarias a cloacas; el acceso a trabajo digno y registrado, o el mejoramiento de la situación económica de los argentinos durante la última década." Manzur dijo además que "políticas como la asignación universal por embarazo; la mejora del acceso a la alfabetización y terminalidad educativa con programas como Fines y Encuentro y en la ejecución del programa Ellas Hacen, que les brinda herramientas para capacitarse en la defensa de sus derechos, se ve claramente la

preocupación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por mejorar la salud integral de las mujeres". « 34% Sólo en los últimos diez años, nuestro país logró registrar un descenso del 34 por ciento en los índices de mortalidad infantil .

UNIVERSIDAD › DESDE 2017 LOS ALUMNOS DE LA UBA DEBERAN REALIZAR TAREAS COMUNITARIAS

Prácticas sociales para todos La universidad dispuso que las Prácticas Sociales Educativas sean optativas hasta 2016 y luego pasen a ser requisito obligatorio para graduarse en todas las carreras. El proyecto viene demorado desde el año pasado.

La realización de Prácticas Sociales Educativas será obligatoria para todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de todas las carreras, a partir de 2017. El proyecto de complementar la formación académica con tareas comunitarias y en relación con la sociedad había sido aprobado por la universidad en 2010 y debía regir desde el año pasado. Ante el atraso de las facultades en el diseño y puesta en marcha de estas prácticas, el Consejo Superior de la UBA dispuso que sigan siendo optativas hasta el 2016 y que recién al año siguiente se conviertan en un requisito más para la obtención del diploma de grado. “La propuesta se constituye en una de las formas a través de las cuales la universidad hace realidad su función social”, dijo Oscar García, actual secretario de Educación Media de la UBA, uno de los promotores del proyecto cuando ocupaba la Secretaría de Extensión. “A su vez – añadió–, es una herramienta eficaz para que los estudiantes alcancen una posición reflexiva frente a la realidad mediante la participación en la vida social.”

Las Prácticas Sociales Educativas fueron definidas por la universidad como “prácticas curriculares en territorio –explicó García–. Tienen un impacto curricular ya que forma parte de la enseñanza de la carrera. Lo definimos como prácticas de aprendizaje-servicio”. Esta metodología pedagógica, en la que los estudiantes son orientados y supervisados por sus docentes, busca mejorar la calidad de sus conocimientos realizando al mismo tiempo un servicio a la comunidad. Al momento de reglamentarse el proyecto, se estableció que las horas de las prácticas no pueden ser menos de 42 y que los alumnos podrían realizarlas luego de aprobar el Ciclo Básico Común y desde el cuarto cuatrimestre en adelante.

Todas las facultades deben elevar al Consejo Superior las propuestas de prácticas a realizar, para ser refrendadas e incorporadas a una base de datos cuya oferta estaría a disposición de todos los estudiantes de la UBA. La secretaria académica de la UBA, Catalina Nosiglia, explicó que, para 2013, “no todas las unidades académicas pudieron presentar un plan para incluir materias vinculadas con las prácticas sociales en el período estipulado. Fue así que el Consejo Superior extendió el plazo”. Nosiglia agregó que “a las carreras más masivas hay que darles más tiempo porque tienen que formar profesores y crear espacios donde puedan realizarse las

prácticas. De todos modos, varias facultades, como Veterinarias o Medicina, ya realizan la experiencia”.

En el caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias, desde los ’90 la institución tiene una extensa trayectoria en proyectos de voluntariado, con prácticas solidarias que se han multiplicado en los últimos años: de esta manera, en 2007 se incorporaron al plan de estudios a través del Taller Sociología Rural y Urbana y Prácticas Solidarias en la carrera de grado.

Marcelo Míguez, el actual decano de Ciencias Veterinarias, consideró que “fue muy importante el momento en que la UBA se planteó hacerse cargo de las actividades solidarias, ya que es una de sus funciones, y asume un compromiso con la comunidad, en cuanto a la producción, transferencia y difusión del conocimiento, con el consecuente beneficio para la sociedad, en aras de propiciar su desarrollo”. En los últimos años se presentaron más de cuarenta proyectos sociales en Veterinarias, y participaron alrededor de 200 docentes y 500 alumnos. Este año se desarrollan ocho, en los que se involucrarán entre quince y veinte estudiantes. “Varias de las iniciativas surgieron por necesidades de la comunidad –contó Míguez– y han facilitado el establecimiento de importantes vinculaciones con el medio, permitiendo además a un conjunto de docentes y alumnos participar de acciones directas en el seno de esas comunidades.”

Informe: Laura Guarinoni.

MONTEVIDEO 355

Suspenden la orden de desalojo del restaurante "Lalo de Buenos Aires" El anuncio fue realizado por la diputada porteña Gabriela Alegre (FpV) ante más de 200 personas -entre familiares, legisladores, dirigentes y gente que se solidarizó- que permanecían frente a la puerta del negocio gastronómico.

Así le manifestó a Télam Rubén Soriano, mozo y delegado de los trabajadores de Lalo.

Mientras comenzaban a desconcentrarse las personas que desde anoche permanecieron frente a la puerta del restaurante en apoyo a los trabajadores, Soriano explicó que "la suspensión es por 24 horas, pero nos va a permitir negociar hoy con los dueños de la propiedad".

Consultado sobre la negociación con los dueños de la propiedad del local, Soriano respondió que "le vamos a pedir al menos que nos alquilen durante un año, pagando lo que corresponde, hasta conseguir otro lugar".

"Estamos dispuestos a pagar el precio de mercado y tenemos garantes propietarios, no queremos que nos regalen nada", remarcó.

"Mientras tanto, los trabajadores vamos a continuar adentro del local, hasta que la situación se resuelva", agregó.

Anoche se llevó a cabo un espectáculo en Montevideo 355, frente al local que custodiaban dos policías mientras la gente se solidarizaba con los trabajadores, se improvisaba una milonga y el locutor leía las numerosas adhesiones con consignas contra el cierre de Lalo como "si al trabajo y no al desalojo".

"Tememos que se produzca un desalojo violento a los trabajadores y por eso los legisladores estamos para apoyarlos", manifestó a Télam José Cruz Campagnoli (FpV).

El diputado porteño pidió "al gobierno de la Ciudad y sus autoridades que revisen la situación y que eviten el desalojo, que puede se violento".

También avalaron la continuidad de los empleados al frente del restaurante el diputado nacional Juan Carlos Junio y la legisladora porteña Paula Penacca (FpV); el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los trabajadores del Hotel Bauen, el actor Alejandro Awada y la periodista Nora Lafont, entre otros.

La nueva audiencia de conciliación, que había sido convocada para ayer a la tarde entre los trabajadores del Lalo de Buenos Aires y el fondo de comercio Sargento Cabral 2426 S.A., no pudo realizarse debido a la ausencia de los dueños de esta empresa, sobre la que pesa una orden de desalojo que podría efectuarse hoy.

"La empresa no se presentó igual que la semana pasada, pero esta vez mandaron un escrito pidiendo disculpas por la ausencia y se comprometieron a presentarse el viernes, en la nueva reunión", dijo a Télam Soriano.

La nueva cita convocada por el Ministerio de Trabajo se realizará el viernes a las 16 y se espera la presencia de todas las partes para poder avanzar en la conciliación.

"En el encuentro de ayer no pudimos avanzar en nada, quedamos en vernos el viernes y esperamos que los dueños asistan", dijo Soriano.

Además, los empleados -que reclaman tres meses de sueldos y vacaciones impagospresentaron ayer al mediodía ante la Justicia Laboral un recurso de amparo en resguardo de su derecho a trabajar, en una medida que apunta a evitar el desalojo dispuesto para hoy por la Justicia Civil.

El objetivo es que el fuero laboral solicite la suspensión de la medida que el juez Pablo Torterolo, titular del Juzgado Civil Nacional 63, se negó a posponer ante una solicitud directa de los damnificados para dar tiempo a una negociación con los dueños del local.

Martin Ocampo pidió el traspaso de la Ley de Deporte al ámbito de la Ciudad El Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disertó en la Feria Internacional del Libro El Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Martín Ocampo solicitó pidió el traspaso de la Ley de Deporte al ámbito de la Ciudad con sus correspondientes fondos, o bien, un cambio en el sistema de enjuiciamiento a nivel nacional. También el Dr. Martín Ocampo, en el marco de una conferencia que se desarrolló en la Feria Internacional del Libro, afirmó que se debe terminar “con la matriz de los negocios ilegales que se imponen mediante la violencia”.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “En el salón Leopoldo Lugones de la Feria del Libro, el Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo expresó: “debemos terminar con la matriz de los negocios ilegales que se imponen mediante la violencia”.

Frente a 200 personas, Martín Ocampo, destacó la mutación de este tipo de violencia, que en un primer momento era entre hinchas rivales y en la actualidad también se presenta a nivel intra-barras, lo que vuelve aún más complejo el proceso. Y aseguró que: “excede lo deportivo, porque se trata de un problema cultural enlazado con el proceso de socialización que define a las personas por el club al que pertenece”.

El Jefe de los Fiscales porteños, recordó que el primer caso de violencia de estas características es del año 1939 y a la actualidad suman 191 muertos; y llamó a realizar una gestión proactiva.

A su turno, Martín Lapadú, Fiscal de Cámara de la Unidad Fiscal Oeste, puntualizó que las fallas de las normas legales imposibilitan una rápida investigación de todos los ilícitos relacionados a esta temática, y destacó que es necesaria una mayor prevención en la ciudad, pero en la actualidad los Fiscales no pueden disponer de las fuerzas policiales. Además, una solución para el Fiscal sería la creación de brigadas especializadas dentro de la Policía Metropolitana y la actualización de la pena de multa. En palabras del fiscal “se debería pensar en el capítulo de espectáculos deportivos sin probation o suspensión de juicio a prueba”.

Por último, el Fiscal de la Unidad Fiscal Oeste, Gustavo Galante, realizó una descripción pormenorizada de varios casos puntuales y conocidos por toda la sociedad de violencia en el fútbol.

Para cerrar pidió el traspaso de la Ley de Deporte al ámbito de la Ciudad con sus correspondientes fondos, o bien, un cambio en el sistema de enjuiciamiento a nivel nacional”.

Ratifican la competencia de la Justicia Federal en causa iniciada por contaminación del arroyo Santa Catalina Es una decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal La Corte Suprema de Justicia de la Nación –CSJN- informó que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la competencia de la Justicia Federal en causa iniciada por contaminación del arroyo Santa Catalina - Cuenca Matanza/ Riachuelo-.

NoticiasJudiciales.INFO reproduce texto difundido por la CSJN: “La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos, convalidó el fallo dictado en junio de 2013 por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que confirmó el rechazo de un planteo de incompetencia material solicitado por la defensa.

Se trata de un caso en que se investiga ante la justicia federal de Lomas de Zamora la posible contaminación del arroyo Santa Catalina (integrante de la cuenca hídrica del Río Matanza-Riachuelo) a través del vuelco de efluentes líquidos en su cauce.

La Cámara de Casación convalidó el rechazo del planteo de incompetencia material con fundamento en la ausencia de arbitrariedad en el pronunciamiento impugnado.”

"Mujeres con Pelotas" el arte y el deporte, de Villa 31 al mundo.

En Buenos Aires, donde el fútbol es cosa de hombres, un grupo de chicas de la Villa 31, lucha por formar su propio equipo. la mitad de la población está excluida de la práctica del deporte y por lo tanto privadas de un derecho. El derecho de usar una cancha de fútbol, de usar su tiempo libre es un derecho humano, el derecho de jugar. De eso se trata este documental, un documental sobre la lucha de las mujeres para jugar futbol en Argentina. Y revela cómo desde el prejuicio de las propias familias hasta la total falta de apoyo de los dirigentes locales conspiran contra el desarrollo de un deporte que crece en el resto del mundo, y van a contramano del vaticinio del mismísimo presidente de la FIFA: “El futuro del fútbol es femenino”. Mujeres con Pelotas, de Ginger Gentile y Gabriel Balanovsky, se estrenará este 8 de mayo en salas argentinas.

1/1: MUJERES CON PELOTAS, VILLA 31 Imágenes

En Buenos Aires, donde el fútbol es cosa de hombres, un grupo de chicas de la Villa 31 –un asentamiento pobre ubicado a pasos de la zona más rica de la ciudad–, lucha por formar su propio equipo. Con perseverancia y valentía recorren un camino lleno de obstáculos que, al final, les permitirá cumplir el sueño impensado de participar del Mundial de los Sin Techo en Brasil. Las protagonistas de Mujeres con Pelotas, lejos de victimizarse o aceptar los paradigmas tradicionales, avanzan y toman su derecho a jugar al fútbol. Siendo un país futbolero, este simple hecho se transforma en un acto heroico y digno de mostrar como ejemplo de vida. Por un lado, el de las mujeres protagonistas, fundamentalmente las entrenadoras Mónica Santino (DT de Las Aliadas de la 31) y Bettina Stagnares (DT del equipo de fútbol femenino de Estudiantes de La Plata). junto a jugadoras cuyas edades rondan los 15 a 18 años, familiares e integrantes de asociaciones deportivas que buscan ampliar este campo para la práctica de mujeres. Por el otro, hay testimonios de periodistas, hinchas de fútbol y dirigentes de AFA , quienes dan su opinión sobre este campo particular. Así, comentan sus ideas personajes tan disímiles como Gastón Recondo (cuyos comentarios machistas son totalmente coherentes con los comentarios homófobos que ha sabido

declarar sin rubor ante otros temas), Víctor Hugo Morales, que tiene una mirada abierta e inclusiva y el director del área de fútbol femenino de la AFA, Salvador Stumbo, que porta una camiseta totalmente institucional.

Info Estreno: Jueves 8 de Mayo - Cine Gaumont / Estreno en Villa 31: Martes 13 de Mayo - 18 hs Cancha de Guemes.