Ni verdad ni justicia

Echeverría. Informado al minuto

MARÍA DE LOS ÁNGELES MAGDALENO*

Rogelio Cuellar

“Q ue tiraste a mis espaldas niegas, Martínez Domínguez. Alfonso no te persignes, fuiste halcón pero con faldas”, escribió el periodista y político panista Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, en relación con la responsabilidad del entonces regente del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, en la matanza del Jueves de Corpus de 1971, que este 10 de junio cumple medio siglo.

Ese día jóvenes armados con largas varas de bambú, adiestrados en Japón en disciplinas como karate, judo y kendo, atacaron en las calles de la Ciudad de México una manifestación estudiantil. Se trataba, en su mayoría, de soldados dados de baja del Ejército, luchadores, boxeadores, expolicías y grupos de vagos del barrio de La Merced, que bajo las órdenes del teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa integraron el grupo paramilitar Los Halcones.

El financiamiento a los paramilitares provino de la CNOP del PRI a través de Martínez Domínguez, y del erario del DDF usufructuado por el general Alfonso Corona del Rosal, que tenía una larga experiencia en la creación y operación de grupos policiacos.

Como consecuencia del ataque, 32 mexicanos, en su mayoría estudiantes del IPN, perdieron la vida. Tres décadas más tarde, en 2002, un abogado de oscurísimos antecedentes, con una inhumación clandestina y torturas en su haber, Américo Ireneo Meléndez Reyna, integró la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002 que presentaba fallas de argumentación, como el hecho de señalar que durante la matanza del 10 de junio de 1971 hubo 45 muertos y únicamente presentó 12 actas de defunción; además de tener una interpretación errónea de algunos preceptos jurídicos.1 En julio de 2004 Meléndez presentó el pliego de consignación, 9 mil 832 fojas, en contra de los implicados en la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971.2 Ninguno de ellos pisó la cárcel.

No se ignoraba que Meléndez había sido delegado de la PGR en Michoacán en 1990 y que fue trasladado al Distrito Federal, acusado de tráfico de estupefacientes, homicidio calificado,

1 Castillo, Gustavo. Formaliza hoy la PGR apelación contra negativa de aprehender a Echeverría. En La Jornada, 28 de julio de 2004. 2 Barajas, Abel. Entrega pliego Fiscal Especial. En Reforma, 23 de julio de 2004.

acopio de armas y posesión de mariguana”.3 Durante el gobierno de Marcelo Ebrard fue director del Consejo de Honor y Justicia de la policía capitalina y con Miguel Ángel Mancera pasó a la Dirección General de la Policía Auxiliar. En 2017 se presentó en el Senado, donde aseguró que sus 46 años de “experiencia en la materia” le otorgaban la idoneidad para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción.

I. El contexto

No es cierto que la manifestación del 10 de junio de 1971, efectuada en la Ciudad de México, tuviera como finalidad apoyar a la Universidad de Nuevo León en sus demandas.

Desde 1967 el rector de la UANL, Eduardo A. Elizondo, había propuesto un plan para aumentar las cuotas a los alumnos. Su publicación generó un grave conflicto entre quienes lo apoyaban y quienes lo rechazaban. En 1969 los estudiantes plantearon reformas a la Ley Orgánica de la Universidad y a la autonomía universitaria, por lo que entregaron al Congreso del Estado un proyecto de ley que fue archivado. Como gobernador, Elizondo promulgó la nueva Ley Orgánica, de factura gubernamental, lo que generó un gran rechazo entre estudiantes y académicos que se declararon en huelga. De forma que la gira del candidato presidencial del PRI, Luis Echeverría, tuvo que aplazarse por temor al repudio.4 El conflicto escaló debido a la actividad de grupos de “extrema izquierda”, integrados por las Juventudes Comunistas Mexicanas, y por la Obra Cultural Universitaria (OCU) de extrema derecha.5 Por lo que en 1971 se comisionó al secretario de Educación, Víctor Bravo Ahuja, para negociar con los universitarios, “mas el verdadero plan que traía no era el que entonces tanto ansiaban los ilusos regiomontanos, sino era pedir la renuncia, por ‘orden superior’, como gobernador del estado al Lic. Eduardo A. Elizondo, pues la agitación era tremenda entre el estudiantado universitario”.6 De esa manera, el entonces presidente mató dos pájaros de un solo tiro: se deshizo de un gobernador que no le agradaba y frenó la protesta estudiantil con la promulgación de la Cuarta Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León el 5 de junio de 1971. ¿Qué demandas apoyaron los estudiantes de la Ciudad de México? Ninguna. Resultaron más papistas que el Papa.

II. Los grupos de presión

Mientras tanto en la Ciudad de México, el 3 de junio habían regresado de Chile los héroes del 68, y otros habían sido li-

3 Garduño, Roberto. A 30 Años del 10 de junio, en La Jornada, 10 de junio de 2001. “El 6 de mayo de 1990 ocurrieron dos enfrentamientos entre campesinos y elementos de la Policía Judicial Federal en el poblado Aguililla, Michoacán. El primer choque se suscitó cuando siete judiciales llegaron a la presidencia municipal para solicitar informes sobre la presencia de narcotraficantes en la región. Sin obtener respuesta, los policías se dirigieron a la comunidad Barranca Adentro, donde se dio una balacera en la que murieron dos agentes federales. “...Los Judiciales se retiraron pero regresaron tres horas después con más de 100 personas y comenzaron a detener a hombres y mujeres, con el argumento de que eran narcotraficantes. Lo que provocó un segundo tiroteo en el que murieron tres policías y dos ciudadanos. 4 Archivo General de la Nación AGN. Gob. IPS. Caja 2978. PRI Campaña Presidencial. Expediente 100-17-3-970. Hoja 34. Legajo 7 5 AGN. Fondo: Gobernación. Sección: DFS-Argena Exp. 100-17-1-67. Leg. 11. Hoja 380. 6 Salinas Rocha, Irma. Nostro Grupo. México, Editorial Isaro, 1978. p. 184. berados.7 Ese grupúsculo, envuelto por un halo de heroísmo romántico, literalmente tomó todas las asambleas de las distintas facultades de la UNAM y sacrificó a decenas de estudiantes que no fueron otra cosa que carne de cañón. Heberto Castillo, “uno de los presos políticos recién liberados, con mayor prestigio e influencia, opinaba que la marcha tenía que suspenderse. Argumentaba que las demandas de los universitarios regios ya habían sido cumplidas”.8 Pero el comité de la Escuela de Economía decidió que asistirían. Joel Ortega Juárez presidió la asamblea general y señaló que la marcha tenía como finalidad “solucionar un problema político, o sea, tratar de continuar en una lucha contra el gobierno y en especial contra las estructuras del PRI, que son las que pretenden apoderarse del movimiento estudiantil para destrozarlo”.9 Pablo Gómez, Ortega Juárez y sus seguidores acordaron no realizar más asambleas, para impedir que pudieran imponerse aquellos que no querían realizar la manifestación. Pero ninguno de los dos asistió. El delegado de la UANL en el DF, Luis Ángel Garza, opinó, a tres décadas de los hechos, que “para los compañeros de México detrás del apoyo a la UANL estaba el afán de reconquistar las calles”.10 Más claro ni el agua. En consecuencia, murieron más de 30 personas en su mayoría estudiantes del IPN, de las preparatorias

7 AGN. IPS. Caja 2435. Gilberto Ramón Guevara Niebla, Luis Raúl Álvarez Garín, Miguel Eduardo Valle Espinosa, Federico Emery Ulloa, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Roberto Escudero Castellanos y Francisco Lino Oseguera Cáceres. 8 Petrich, Blanche. Exlíderes de la UANL plantean ir más allá de juzgar a LEA y a Martínez Domínguez. En La Jornada, 26 de julio de 2002. 9 Ídem. Caja 2436. Foja 596. El informe se refiere al Partido Comunista, PC, y no al PS como incorrectamente escribió. 10 Petrich, Blanche. Ex líderes de la UANL plantean ir más allá de juzgar a LEA y a Martínez Domínguez por el Halconazo. En La Jornada, 26 de julio de 2002.

Corona del Rosal. Larga experiencia

populares, de secundarias y hasta de primaria. No debemos olvidarlo.11 Ninguno de los líderes recibió ni un solo rasguño. A sólo cinco días de los fallecimientos, ya organizaban festivales musicales en el campus de la Universidad. Un grupo de vivos recordó a unos muertos de los que ignoraban hasta el nombre.

III. Los perpetradores

El día 10 a partir de las 15:15 horas empezaron a llegar contingentes estudiantiles al Casco de Santo Tomás. A las 16:55 se inició la manifestación con aproximadamente 8 mil personas encabezadas por Manuel Marcué Pardiñas. A las 17:35 se inició un tiroteo provocado por 400 integrantes del grupo paramilitar Los Halcones,creacióndel entonces teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa. Hubo también francotiradores que dispararon a la multitud y también a la policía del Distrito Federal. Lo hicieron desde varios puntos, en su mayoría domicilios particulares.

Posteriormente, en la calzada México-Tacuba y otros rumbos del Casco de Santo Tomás y de la Escuela Nacional de Maestros se detuvo a decenas de estudiantes. En el número 32 de Ribera de San Cosme fue detenido un francotirador. Su nombre era Héctor Oropeza Gómez. Tenía 20 años y admitió haber participado en el movimiento estudiantil de 1968 y practicar el tiro al blanco, lo mismo que el adolescente Juan Pablo Miller, estudiante de secundaria quien portaba una pistola Rohn calibre .22 con 10 cartuchos útiles en el momento de su detención.12

A los periodistas y fotógrafos que se encontraban cubriendo el evento, en la esquina de Carpio y Lauro Aguirre, Los Halcones los golpearon y les destruyeron sus cámaras.13

11 Miguel Ángel Mejía González, de 14 años de edad; Raúl Juárez García, de 17, y Ricardo Bernal Ballesteros, también de 17 años. 12 AGN. DFS. Argena. Exp. 11-4-71. Hoja 25. Legajo 133. 13 AGN. IPS. Vol. 1975. 17.00 horas.

Martínez Domínguez. Financiamiento

En el hospital Rubén Leñero se suscitó otro enfrentamiento, pues Los Halcones trataron de rescatar a dos de sus compañeros detenidos: Raymundo Gamboa García y Arturo García Leyva.14 Los médicos lo impidieron y hubo otra balacera. Finalmente, los paramilitares quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del nosocomio, que los liberó puesto que oficialmente no hubo ningún responsable de la matanza. No desde el punto de vista judicial.

Además de Los Halcones, intervino en la represión el grupo Las Avispas,agrupación de choque de la Confederación de Trabajadores de México.15

A las 22:30 horas, Alfonso Martínez Domínguez, jefe del Departamento del Distrito Federal, declaró en conferencia de prensa que “habría orden en la Ciudad de México y no se permitirían actos que vulneraran la seguridad de la población”. Sin embargo, como consta en la declaración de un desertor de Los Halcones, Gabriel Millán Arellano –en cuyo domicilio se recogieron 50 credenciales de estudiantes del IPN y de la UNAM–, Martínez Domínguez recomendó un escarmiento público frente a los detenidos de la Vocacional No. 1.

Antes de renunciar a su cargo, el regente recibió a los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), quienes afirmaron contar con pruebas contundentes de la existencia del campo de entrenamiento de Los Halcones y de testigos presenciales del entrenamiento de karate y defensa personal.16 Pero no fueron ellos quienes aportaron las pruebas, sino la sólida investigación de Gerardo Medina Valdés, director de la revista La Nación, órgano de difusión del PAN. En 1972 Medina Valdés publicó el libro Operación 10 de juni o, texto fundamental en la reconstrucción histórica de los hechos.

El 15 de junio Martínez Domínguez agradeció a su amigo Luis Echeverría la confianza depositada en su persona, “ya que siempre trabajamos de común acuerdo y llevando siempre el mismo plan de trabajo”.17 Sin embargo, había opinado en la campaña presidencial que su amigo personal “¡Es muy pendejo!”.18

La Dirección General de Policía y Tránsito, a las 01:40 horas del 11 de junio, en un escueto boletín de prensa, dio cuenta de 26 lesionados y sólo cuatro muertos, que se encontraban todos en el Hospital Rubén Leñero. Además, admitió la detención de cuatro francotiradores y la aprehensión de 159 personas. Ninguno fue procesado. El procurador general Julio Sánchez Vargas obtuvo las nóminas del personal eventual que cobraba en la Tesorería del Departamento del DF, bajo el mando de Díaz Escobar, pero no consignó a persona alguna.

El Jueves de Corpus de 1971 sigue siendo expresión de un régimen autoritario cuya política clandestina cuida y favorece a sus operadores que, hasta el presente, se saben impunes.

* Especialista en archivos. Estudió la maestría en ciencias en el Ciecas-IPN y el doctorado en estudios históricos en la UAEM. Fue directora general de Información y Análisis Documental de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). 14 AGN-DFS-Argena. Expediente 11-4-71. Hoja 239. Legajo 37. 15 Castillo, Gustavo. Echeverría fue informado minuto a minuto de la matanza del 10 de junio. En La jornada, 22 de abril de 2003. 16 AGN. IPS. Caja 2438. Foja 96. 17 AGN. IPS. Caja 2438. Foja 96. 18 AGN. IPS. Caja 2978. Informe Especial. PRI Campaña Presidencial. “José Luis Mejías platicó ayer en privado con Alfonso Martínez Domínguez, y éste, quizá desde luego porque ya siente que no será tomado en cuenta para lo que él ambiciona en el próximo régimen...”

Ceuta, elchantaje marroquí

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MADRID.- La crisis diplomática entre España y Marruecos tiene raíces profundas y no hay expectativas de alcanzar una solución en el corto plazo. En el episodio más reciente, multitud de jóvenes y niños, alentados por autoridades marroquíes, cruzaron a nado la frontera hasta la playa del Tarajal, en Ceuta, ciudad española del norte de África, el 18 de mayo.

Este hecho dejó al descubierto una red de intereses y desencuentros geopolíticos regionales y globales: se cruzan desde el deseo de Marruecos de tener el reconocimiento internacional de soberanía sobre el Sahara ocupado, el control de los flujos migratorios de África a Europa, el combate al yihadismo en el Sahel, el suministro de gas de Argelia a España o la triangulación de intereses geoestratégicos entre Marruecos, Estados Unidos e Israel.

Todo ello tuvo más sentido cuando se conoció que ese 18 de mayo unas 8 mil personas, principalmente marroquíes, cruzaron a nado hacia Ceuta, alentados por la policía de Marruecos. La Policía Nacional y la Guardia Civil, que gestionan la seguridad fronteriza, enfrentaron una situación inusual. El gobierno de Pedro Sánchez se vio obligado a desplazar destacamentos del Ejército hasta el lugar para frenar ese flujo y mostrar fortaleza en la defensa de su territorio.

Pero el detonante de esta crisis ocurrió un mes antes. El 18 de abril un avión del gobierno argelino llegó al aeropuerto de Zaragoza y una ambulancia llevó a un misterioso pasajero al hospital. Argelia había pedido a España discreción para recibir al viajero, que llegó grave, aquejado de covid-19; lo hizo con pasaporte diplomático argelino, pero se registró en el hospital con un nombre falso.

Se trataba de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario (FP), declarado enemigo de Marruecos en la lucha por el control del Sahara Occidental. Desde hace años su organización ha sido respaldada y acogida en Argelia que, a su vez, rompió relaciones con Marruecos.

De hecho, Marruecos y el FP rompieron su tregua y entraron en una “guerra de posiciones”, con fuego real, desde el 13 de noviembre, cuando el ejército marroquí penetró en la zona de amortiguación de la ONU, cerca del puesto de Guergerat, en la frontera con Mauritania (Proceso 2304).

Los servicios secretos marroquíes pronto conocieron la presencia de Gali

/ESPAÑA

Envalentonado por el espaldarazo que le dio Trump –reconoció la soberanía de Rabat sobre el Sahara Occidental– y enojado por el asilo humanitario que España le brindó al líder del Frente Polisario, el rey marroquí Mohamed VI promovió una acción que ha tensado el ambiente en esa zona estratégica, puerta de entrada al Mediterráneo: la “invasión” de inmigrantes ilegales hacia la ciudad española de Ceuta. El monarca norafricano pretende así presionar a la Unión Europea para que ceda a sus demandas territoriales.

en España, y se produjo el reclamo de Rabat. El embajador español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner, fue convocado por el régimen alauí para mostrar su malestar y pedirle explicaciones. Madrid sostiene que lo hizo por razones humanitarias, a petición de Argelia.

En un comunicado, el ministro de Exteriores marroquí dijo que España no debía “minimizar el impacto grave” en las relaciones bilaterales que provocaba la decisión de acoger a Gali, de 71 años. Consideraron una “deslealtad” de España no haberles notificado oficialmente.

Dentro del gobierno de Sánchez hubo un choque de posiciones sobre el gesto de acoger a líder del FP. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, defendió y aprobó acogerlo “por razones humanitarias”, y es a quien se achaca una fallida gestión del suceso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se opuso terminantemente, advirtiendo sobre las “graves consecuencias” que traería esa decisión, que consideró “un error”. Lo decía como responsable de negociar con Marruecos la política de contención de los flujos migratorios de habitantes del África subsahariana y del Medio Oriente hacia Europa.

El Ministerio del Interior ha tenido que lidiar con el goteo permanente de migrantes que entraban principalmente por las Canarias.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, era partidaria de recibir a Gali siempre y cuando antes se pusiera sobre aviso a Marruecos. Sin embargo, una vez que estalló la crisis fue la más contundente con Rabat: “No vamos a aceptar chantajes; la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras (…) Con España no se juega”.

Para atender la emergencia, el 18 de mayo Pedro Sánchez canceló el viaje que tenía previsto a París para participar en una cumbre de financiamiento de África. En un mensaje institucional defendió “la integridad territorial de España, sus fronteras, que son también las fronteras exteriores de la Unión Europea, serán defendidas por el gobierno de España ante cualquier desafío y conjuntamente con nuestros socios europeos”.

España quedó así atrapada en un juego de intereses geopolíticos que crispó nuevamente su larga historia de sobresaltos con Marruecos.

La petición de atender a Gali que hizo Argelia no fue un hecho menor: el país norafricano suministra 60% del gas que se consume en España. Gracias al convenio con la empresa pública argelina Somatrach, éste es de los pocos países europeos que no dependen del gas ruso.

A su vez, en Marruecos, tras convocar a consultas a su embajadora en España, Karima Benyaich, el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, fue crítico con el gobierno español. “Marruecos no acepta el doble lenguaje y las posiciones por parte de Madrid”, dijo.

Sahara, prioridad marroquí

El pasado 10 de diciembre, luego de su derrota electoral y a punto de abandonar la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una declaración reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y anunció la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.

El anuncio ignoraba diversas resoluciones internacionales sobre la antigua colonia española, que formalmente sigue bajo supervisión de un comité de la ONU, y que es el centro de la disputa entre Marruecos y el pueblo saharaui, liderado por el FP.

Marruecos negoció el respaldo de Trump durante dos años, aunque a cambio tenía que pagar un precio: convertirse en el cuarto país musulmán en normalizar sus relaciones con Israel, después de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.

En entrevista con Proceso, Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, considera que con este “regalo envenenado” de Trump al reconocerle control del Sahara, “Marruecos se siente más fuerte de lo que ya se sentía, entendiendo que el respaldo estadunidense le permite acercarse a su propósito de tener el control total del Sahara ocupado”.

El Sahara y la pifia de la 4T

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

MADRID.- Ignorando la tradicional posición de México de reconocimiento al pueblo saharaui, varias secretarías de Estado y el gobierno de Yucatán promovieron la presentación de un foro global –sobre el uso de la inteligencia artificial para proteger la biodiversidad– que se tenía previsto celebrar el próximo diciembre en la ciudad de Dajla, en el corazón del Sahara ocupado.

En febrero se presentó el Foro Global de Inteligencia Artificial por el Clima 2021, una iniciativa de la organización privada AI for Climate, en la que participaron el titular de Turismo, Miguel Torruco, y la titular de Medio Ambiente, María Luisa Albores.

Con la presencia del embajador de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, entre otros, se hizo hincapié en que el evento se celebraría en “Dajla, Marruecos”, como lo cita el propio comunicado (018/2021) de la Secretaría de Turismo. En su intervención, Torruco destacó que la realización de dicho foro “refleja la reputación de la que goza Marruecos a nivel regional e internacional”. Sin embargo, poco después las dependencias del gobierno participantes rectificaron al pedir a la asociación AI for Climate que retiraran sus logotipos, incluidos indebidamente en el comunicado, y la promoción del evento, porque no eran patrocinadores.

No hay evidencia de que esta rectificación del gobierno mexicano se produjera tras el comunicado que en respuesta difundió la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui (AMARAS), pero el hecho es que el cambio de criterio tuvo lugar después de hacerse público el posicionamiento de ésta.

En su comunicado, la AMARAS hacía ver que el gobierno de México apoyaba un evento en un territorio que está en disputa y en el cual sólo tres meses antes, el 13 de noviembre, se habían reanudado las tensiones

Rabat ha presionado para que el gobierno español reconozca su soberanía sobre ese territorio o, al menos, que ofrezca apoyo público, como ya lo ha hecho Francia. Pero sin éxito, porque el presidente Sánchez dijo en noviembre pasado que “el gobierno español y el Estado en su conjunto mantienen la centralidad de la ONU”, e hizo un reconocimiento al esfuerzo del secretario general de las Naciones Unidas en este conflicto olvidado.

El control y explotación del Sahara ocupado por Marruecos le reditúa enormes beneficios económicos. Por ejemplo, lo convierte en el principal exportador mundial de fosfatos y tiene enormes ganancias –incluidas de la Unión Europea– por la explotación pesquera de los ricos bancos saharauis en los casi mil kilómetros de costa atlántica. Ninguno de esos beneficios va a manos de los saharauis, sostiene el entrevistado.

Tener la soberanía de los más de 260 mil kilómetros cuadrados también le supondría potenciar su creciente peso geoestratégico en África, de cara a las potencias de Occidente. Al respecto, Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, de Cataluña, advertía en un artículo bajo su firma (el 23 de mayo), que “Estados Unidos ve en Marruecos un posible freno a la influencia China en África”.

Y Marruecos, entendiendo el nuevo tono de su relación con Estados Unidos, le ha ofrecido “la ubicación de nuevas bases militares en su territorio, después de la apertura de la base de Tan-Tan, en el límite con el Sahara Occidental, adjudicada al Africom (Mando para África del Departamento de Defensa de Estados Unidos)”.

En concreto, pretende que Estados Unidos se asiente en “la base naval de Alcazarseguir, muy cercana a Ceuta, como una alternativa a la base naval de Rota (en España)”.

Marruecos también ha sabido explotar su baza como muro de contención a la creciente presencia y actividad de grupos terroristas ligados a Al Qaeda o al Estado Islámico en los países del Sahel –que limita al norte con el desierto del Sahara–, que suelen ser políticamente inestables.

“Marruecos juega un papel muy importante, desde la perspectiva estadunidense, en la contención del terrorismo yihadista, que actualmente tiene una notable presencia en los países del Sahel”, apunta el entrevistado.

Desde el punto de vista geopolítico, dice, está el hecho de que Marruecos y España “son la puerta de entrada y salida del Mediterráneo”, y eso hace que “desde la perspectiva estadunidense siempre hayan tenido claro el interés de mantener a Marruecos como un aliado, al margen de si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca”.

Eso lo ha sabido leer muy bien Marruecos y trata de aprovecharlo para hacer realidad su mayor objetivo. “El Sahara marroquí es la mayor reivindicación en la agenda política del rey Mohamed VI, y eso no lo va a abandonar”.

“Es la única causa que la monarquía marroquí ha conseguido liderar en el país, poniendo de acuerdo a todas las fuerzas políticas, las más críticas o las menos críticas con el régimen y con palacio. Es difícil encontrar a un marroquí que no piense que el Sahara es parte de Marruecos”, sostiene.

La administración de Joe Biden no se ha pronunciado con claridad sobre si modificará o no la posición de Estados Uni-

Ramzi Boudina / Reuters

bélicas entre el ejército marroquí y el Frente Polisario (FP).

Según la AMARAS, la promoción del foro climático vulneraba un tema de “política internacional que México siempre ha defendido”, porque se pasaba por alto el reconocimiento que este país ha hecho del pueblo saharaui desde los setenta del siglo pasado, pero también porque se hacía el juego al régimen de Marruecos, que por todas las vías busca reconocimiento sobre la soberanía de ese territorio.

La asociación prosaharaui hizo un llamado al gobierno de México a mantener un respeto irrestricto al derecho internacional en relación con un territorio ocupado, el Sahara Occidental; le solicitó que conminara a las empresas organizadoras a cambiar la sede a una ciudad marroquí y a detener la desinformación, eliminando la publicidad que circula en redes sociales y medios de comunicación con los logotipos de las secretarías mencionadas.

Proceso solicitó vía correo electrónico al área de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores una posición e información sobre si había un cambio de criterio hacia el reconocimiento de las instituciones del pueblo saharaui y en la política exterior mexicana de no injerencia. Hasta el cierre de esta edición no había ninguna respuesta.

Quien sí ofreció una explicación fue la Secretaría de Turismo, por conducto de Gustavo Armenta, director general de comunicación social, explicó que Torruco participó en dicho foro vía Zoom, como invitado, y centró su intervención en el desarrollo sustentable, el turismo sostenible y de “cómo cada vez más la inteligencia artificial está presente en los diversos ámbitos de la actividad turística”.

Señaló que tuvieron conocimiento que AI for Climate emitió un boletín de prensa en el cual, indebidamente, incluyeron el logotipo de la Secretaría de Turismo, junto con otros de dependencias del gobierno federal, afirmando falsamente que ese foro global contaba con el apoyo de la Secretaría de Turismo.

En consecuencia, Armenta envió una carta a Lucía Tróchez Ardila, directora del Foro Global AI for Climate 2021, en el que le solicitaba que “no vuelvan a incluir en ninguno de sus comunicados o documentos el logotipo de la Secretaría de Turismo, ya que esta dependencia del gobierno federal no es patrocinador ni participará” en el mencionado foro, “evento que ustedes están organizando”.

dos sobre el Sahara, aunque ha mostrado su beneplácito por los pasos en la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel.

Para Núñez, también profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, en este caso Marruecos “está de acuerdo en pagar el precio que haga falta con tal de sumar reconocimientos a su objetivo por el Sahara. Y si el precio es reconocer a Israel, lo hará”.

Explica que Marruecos, en los hechos, ya mantenía relaciones no formales con Israel, en contactos de los servicios de inteligencia, y en el suministro de armas, sobre todo en cuestiones de guerra electrónica.

Frente a la crisis entre Israel y Palestina, en Marruecos contrastan las nutridas manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino, con el silencio absoluto que ha mantenido el régimen.

Núñez considera que esto es aún más sintomático por el hecho de que Mohamed VI es el presidente del Comité AlQuds de Jerusalén. Este comité es una organización internacional que reúne el apoyo a la causa palestina y es responsable de velar por la preservación del patrimonio religioso, cultural y urbano de los lugares sagrados musulmanes, es decir, la Ciudad Santa ocupada por Israel.

El organismo fue creado por su padre, el rey Hassan II (1929-1999), para denunciar la ofensiva de Israel de ocupar, judaizar y alterar los monumentos de la ciudad de Al-Quds. Mohamed VI lo heredó.

El entrevistado advierte que si bien es un papel simbólico, el monarca alauí tiene implicación en el conflicto palestinoisraelí. Marruecos, además, sabe que “la Unión Europea tiene un temor tremendo por verse invadida de inmigrantes. Y sabe que puede seguir utilizando esa clave, aunque reciba críticas de la UE o que ésta en un momento dado le recorte algún beneficio (subvenciones); sabe que sigue teniendo la llave de la puerta.

“Esto explica que Marruecos haya dado este paso en falso pensando que podía forzar definitivamente la posición española de apoyo a la tesis soberanista de Marruecos”, dice Núñez.

El entrevistado es crítico con “la torpeza diplomática por parte de España, al no saber calcular la reacción que podía tener ese tema en Marruecos”, y con el régimen marroquí, “capaz de utilizar la miseria de su propia gente para conseguir algún tipo de compensaciones, a veces económicas y a veces políticas, para acallar críticas o denuncias sobre la falta de democracia, violación de derechos humanos y la explotación de los recursos del Sahara que no van en beneficio de los saharauies”.

Sobre las expectativas, en su opinión, “no hay una forma realista de escapar al chantaje que Marruecos ejerce, ni por parte de España ni por parte de la Unión Europea. Lo hemos visto con Turquía, y todo al final pivota alrededor de la idea de que la UE y España están tratando de evitar la llegada de personas desesperadas por alcanzar lo que equivocadamente creen que es el paraíso”.

El más reciente intento lo hizo Marruecos cuando el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional, citó el martes 1 a declarar a Gali en relación con dos acusaciones que hay en su contra por presuntos delitos de tortura y genocidio, supuestamente cometidas en el Sahara, pero presentadas en España.

Antes de dicha audiencia, Marruecos presionó con diversas declaraciones condicionando un eventual giro en la crisis, dependiendo si España enviaba a prisión a su enemigo o si lo dejaba “escapar”. La embajadora marroquí advirtió que si Gali sale de España “a escondidas, como entró”, las cosas “empeorarán”. Sin embargo, Pedraz lo dejó en libertad y sin medidas cautelares.

Además de considerar que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, el magistrado advierte que no se le fueron proporcionados elementos siquiera indiciarios de su culpabilidad, porque de las declaraciones de testigos en la causa no existen pruebas corroborativas y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado.

Se refiere a la acusación presentada en 2008 por una agrupación promarroquí llamada Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, que lo acusa de genocidio contra disidentes saharauis refugiados en los campamentos de Tinduf. Y la otra es una querella del activista Fadel Breika, que lo acusa de detención ilegal y torturas a su llegada a Tinduf en 2019.

El juez consideró suficiente para ser localizado un domicilio, que es el de su abogado, Manuel Ollé –el mismo que representó a Humberto Moreira y al magnate Alonso Ancira en sus procesos de extradición a México–. El martes 1 el diario El País y Radio Televisión Española adelantaron que el líder del FP ultimaba su salida de España, luego que el juez decidiera no enviarlo a prisión.

Pese a que Marruecos sigue teniendo la llave para temas que preocupan a la UE, desde Bruselas empieza a haber respuestas más firmes. También el martes 1 Nabila Massrali, portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, aseguró que el organismo no modificará su posición sobre el Sahara Occidental, y recordó que se atiene a lo establecido por la ONU, que sigue reconociendo la “libre determinación del pueblo del Sahara Occidental”. Y respaldó a España al advertir que Ceuta es una frontera europea.

Una Constitución que enterrará al pinochetismo

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- La Convención Constitucional que comenzará a redactar una nueva Constitución para Chile el mes próximo sepultará la que le heredó al país el dictador Augusto Pinochet y sentará las bases de un nuevo pacto social que romperá con el modelo híperneoliberal, que le dio al sector privado el control de los servicios públicos, la educación, la salud, el sistema de pensiones y recursos vitales como el agua.

Ese es “el claro mandato” que le dieron los votantes chilenos a la Convención Constitucional, dice a Proceso la doctora en ciencia política Claudia Heiss: “Hay una demanda muy radical de cambio en el país –explica–, de un cambio muy profundo, y la mayoría de convencionales (constituyentes) tienen una agenda social y democratizadora que los hará marchar en esa dirección”.

Para la jefa de la carrera de ciencia política de la Universidad de Chile, lo que se viene es “un cambio muy profundo” con el que se acabará la supremacía del mercado y se dará paso a un modelo de protección social universal en el que el Estado jugará un papel protagónico en la satisfacción de derechos, como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.

Éstas fueron las demandas centrales de la rebelión social que estalló en Chile en octubre de 2019 y que, a pesar de la represión policiaca y militar y de la muerte de 32 manifestantes, sólo comenzó a encontrar una salida cuando la clase política tradicional –la derecha defensora del modelo económico pinochetista y la centroizquierda que gobernó el país tras el fin de la dictadura sin impulsar cambios de fondo– pactaron convocar a un plebiscito para preguntarle a los chilenos si querían o no una nueva Constitución.

En el plebiscito, realizado en octubre pasado, 78% de los votantes dijeron sí a una nueva Constitución y 79% se pronunció por una Convención Constitucional para redactarla, lo que constituyó una contundente ratificación de la demanda de cambio que se escuchaba en las calles desde la “Revolución Pingüina” de 2006, cuando cientos de miles de estudiantes de secundaria y preparatoria marcharon para exigir educación gratuita y de calidad. En 2011 se reactivaron y se ampliaron al ámbito universitario las protestas estudiantiles, que lograron que el Estado aumentara los subsidios a la educación superior, privatizada durante la dictadura.

La voz de la calle

La insatisfacción con la salud, el sistema de pensiones y los servicios públicos, cuyo manejo también fue transferido a inversionistas privados durante el gobierno militar, acabó por explotar en las masivas protestas de 2019 y por orillar a la clase política tradicional y al gobierno del centroderechista Sebastián Piñera a buscar caminos de salida a la crisis estructural del llamado “modelo chileno” que tantos elogios recibió durante años en la región y en el mundo.

En Chile el “modelo” funcionó para la élite económica pero no para la gente. Las pensiones del sistema privado son irrisorias y los subsidios del gobierno a los jubilados no logran cubrir sus necesidades básicas. La salud privada es inaccesible para millones de chilenos y hay enfermos que mueren esperando atención en los hospitales públicos.

Las protestas sociales de 2019 evidenciaron dos realidades: el hartazgo y la indignación de la enorme mayoría de los chilenos con un sistema donde los servicios sociales están regidos por el lucro, y el surgimiento de una ciudadanía diversa y demandante en la que confluyen causas feministas, ambientalistas, territoriales y de defensa de la diversidad étnica y sexual.

La profesora de política comparada de la Universidad Católica de Chile, Julieta Suárez-Cao, dice a este semanario que esto acabó por reflejarse en la Convención Constitucional, en la que fue elegida gente muy diversa y, también, muy distinta a las personas que han manejado la política en Chile.

“Hay dos cosas que definieron la elección de la Convención (realizada el 15 y el 16 de mayo pasado): el deseo de cambiar el modelo estructural de país y el deseo de cambiar a la gente que toma las decisiones”, señala la doctora en ciencia política de la universidad estadunidense de Northwestern.

Chile tendrá una nueva Constitución –que se empezará a escribir el próximo mes– en la que se reflejará el hartazgo popular que se hizo visible en las protestas masivas a partir de 2019 y que pondrá fin al neoliberalismo a ultranza heredado de la dictadura, ese que le dio el control de los servicios básicos al sector privado. La Convención Constitucional, encargada de redactar la Carta Magna, está formada básicamente por personas ajenas a los partidos políticos, contra los que también se manifestó la población.

La irrupción ciudadana

La alta presión social, que orilló a la históricamente inflexible élite chilena y a la derecha política a aceptar a regañadientes la insostenibilidad del híperneoliberalismo herencia de Pinochet, propició también varias reformas constitucionales que ampliaron los mecanismos de representación ciudadana en el proceso electoral constituyente.

El Congreso bicameral flexibilizó los requisitos para la inscripción de candidatos independientes en las elecciones de la Convención Constitucional.

Cualquier ciudadano podía postularse de manera individual si reunía un número de firmas equivalente a 0.2% de los votos que se hubieran emitido en su distrito en la anterior elección de diputados. En el caso de las listas de candidatos independientes –integradas por dos o más personas– el porcentaje de firmas necesarias subía a 0.5%.

Además, las firmas podían acreditarse en forma digital a través del portal del servicio electoral, sin necesidad de autentificarlas ante un notario. Ningún país latinoamericano ha dado tantas facilidades para inscribir candidaturas independientes.

Esto propició que muchos protagonistas ciudadanos de las protestas sociales, ambientalistas, feministas, defensores de los derechos humanos, amas de casa, estudiantes, integrantes de la comunidad LGBTI y activistas contra el lucro en la salud, la educación y las pensiones –todos ellos antipartidos políticos– acabaran como candidatos independientes.

Con escasos recursos, con limitado acceso a las franjas televisivas que otorga el Estado para hacer campañas, estos independientes agrupados en listas fueron la sorpresa y los grandes triunfadores de la elección constituyente, que además contó con paridad de género en las candidaturas.

Mayoría por el cambio

De los 155 escaños que tendrá la Convención Constitucional, 48 (31%) los tendrán los independientes, que por sí solos serán la primera mayoría. La Lista del Pueblo, con 26 curules, e Independientes por una Nueva Constitución, con 11, llevarán la voz cantante de ese variopinto conglomerado que se ubica en la izquierda pero que, más que ideologías, postula y defiende causas.

La coalición Apruebo Dignidad, integrada por la nueva izquierda que emergió del movimiento estudiantil de 2011 y por el Partido Comunista, obtuvo 28 curules, y la centroizquierda que gobernó Chile 24 años bajo el alero de la Concertación tras el retorno de la democracia, tendrá 25.

Los pueblos indígenas chilenos –mapuches, aimaras, quechuas y rapanuis, entre otros– cuentan con 17 escaños.

De esta manera, la Convención Constitucional estará formada mayoritariamente por fuerzas políticas y ciudadanas que buscan una transformación social y un activo papel del Estado para redistribuir la riqueza en un país con profundas desigualdades.

La derecha chilena, que en los comicios constituyentes sufrió la peor derrota de su historia, quedó apenas con 37 escaños –23% del total–, muy lejos del tercio que necesitaba para bloquear las modificaciones más significativas. Los nuevos artículos que redacte la Convención deberán contar con dos tercios de los votos –103– para ser aprobados.

“La nueva Constitución va a reflejar, por primera vez, las preferencias de la mayoría, que se habían visto completamente obstruidas por los enclaves institucionales heredados de la dictadura”, dice Heiss.

La doctora en ciencia política, quien fue integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente en 2019, considera que las mayorías que se configuran en la Convención avanzarán hacia la universalidad de la educación y la salud, pero esto tendrá que traducirse en los años siguientes en políticas públicas que viabilicen esa orientación.

“La nueva Constitución –dice– va a girar el timón en esa dirección y va a dejar sentadas las reglas del juego, pero el resto lo tendrá que hacer la política ordinaria porque esto va a requerir leyes y recursos.”

Suárez-Cao explica que, en ese sentido, los cambios más profundos estarán atados a la composición de los futuros gobiernos y legislaturas, que en ambos casos se renovarán en las elecciones de noviembre próximo.

La No Asamblea Constituyente

Los partidos políticos tradicionales tuvieron cuidado en no llamar “Asamblea Constituyente” al organismo que redactará la nueva Constitución. Lo hicieron para diferenciar este proceso constituyente del que realizaron Hugo Chávez en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador, que en los tres casos convocaron a “asambleas constituyentes” para consolidar sus proyectos políticos.

“Aquí no tenemos ese tipo de líderes –dice Heiss– ni un partido político que busque afianzar su poder con una Constituyente, lo que da garantías de pluralismo y de que no habrá una cooptación del proceso por parte de un sector político. Este fue un proceso que se hizo de abajo hacia arriba y no fue controlado desde arriba por un líder”.

Suárez-Cao indica, por su parte, que la nueva izquierda chilena –la de las listas independientes y la que encabezan los exlíderes estudiantiles y actuales diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric– no se parece a la izquierda “más setentera” de Chávez, Correa y Morales.

“Es una izquierda interseccional que se acerca a referentes como (la congresista estadunidense liberal) Alexandria OcasioCortez; que es feminista, ecologista, antineoliberal, abierta a las reivindicaciones de las minorías sexuales y a los derechos de la niñez y la adolescencia”, asegura.

Agrega que es “una izquierda más del siglo XXI, que rechaza el autoritarismo y que no es castro-chavista porque no tiene como proyecto concentrar el poder, sino impulsar la participación ciudadana”.

Esa izquierda, que es la fuerza mayoritaria en la Convención Constitucional, impulsará, además de la agenda social, un Congreso unicameral; el tránsito hacia un régimen semipresidencial, con un primer ministro, y la definición de Chile como un Estado plurinacional con pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.