Proceso - 05 Marzo 2023 - Parte 01

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No. 2418 • 5 DE MARZO DE 2023

DERECHOS HUMANOS

6 Masacre en Nuevo Laredo: “El Ejército de hoy, como el de Calderón” /Gloria Leticia Díaz

12 Sentencia de la Corte Interamericana: Un referente para las víctimas de la violencia en México /Rafael Croda

SEGURIDAD

16 Tras los pasos de “El Guano” /Aarón Ibarra

8 DE MARZO

20 Inseguridad y descalificaciones, el reclamo de las feministas a AMLO /Dalila Escobar

23 Políticas públicas ineficaces y más feminicidios /Mónica Cerbón

26 La Corte protege el honor... de los agresores sexuales /Diana Lastiri

30

POLÍTICA

El caso Coahuila, una ruta para tirar el Plan B /Arturo Rodríguez García

Foto de portada: Agencia RN Noticias

CORRUPCIÓN

33 Detrás de Rosario Robles, intacta la red criminal de desvío de recursos /Mathieu Tourliere

JUSTICIA

36 Lozoya, Robles, Cabeza de Vaca… Ante sus fracasos, el fiscal Gertz reparte culpas

/Diana Lastiri

ECONOMÍA

40 AMLO y los empresarios: De la hostilidad abierta a la discreta conciliación

/Claudia Villegas y María Luisa Aguilar

43 Tesla en Santa Catarina: Mucha espectativa... y poca agua /Luciano Campos Garza

47 Los pequeños comercios en estado de sobrevivencia /Juan Carlos Cruz Vargas

INTERNACIONAL

50 NICARAGUA El terror en manos del matrimonio

Ortega-Murillo /Gabriela Sotomayor

53 CHILE Carlos en la memoria

/Ariel Dorfman

ANÁLISIS

56 El Ejército no tiene compromiso con la verdad

/Ricardo Raphael

57 Influencias del exterior sobre la democracia mexicana /Olga Pellicer

59 Espejos

/Javier Sicilia

60 Una política fiscal para la justicia antirracista y feminista /Alejandra Ancheita

61 Antioquía y la pérdida de cristianos en Medio Oriente /Carlos Martínez Assad

CULTURA

64 Revisión del muralismo: Los “tres grandes” fueron varios más /Judith Amador Tello

67 Voces femeninas ocupan, por fin, San Carlos

/Niza Rivera

PÁGINAS DE CRÍTICA

70 MÚSICA Federico Ibarra: Legado, misterios y manuscritos /Federico Álvarez del Toro

TEATRO “Las criadas” en el Círculo Teatral

/Estela Leñero Franco

CINE “El triángulo de la tristeza”

/Javier Betancourt

CINE

74 María Novaro: “El Imcine no practica ninguna forma de censura” /Columba Vértiz de la Fuente

78

DEPORTES

Gabriela Martínez, primera coach de la Onefa: “Siempre le mentí a mis padres para irme a jugar”

/Ricardo Olín

82 El juego de la impunidad

/José Antonio Rodríguez

MASACRE EN NUEVO LAREDO

“EL EJÉRCITO DE HOY, COMO EL DE CALDERÓN”

“

Me siento destrozado, no tengo miedo, coraje ni nada, me siento ido, como que se me van las cabras de repente. Tengo un dolor machín por mi hermano”, confía Alejandro Pérez, joven de 21 años que sobrevivió de manera milagrosa a la lluvia de balas que elementos del Ejército dispararon contra una camioneta que dejó un saldo de cinco jóvenes muertos y uno gravemente lesionado en Nuevo Laredo la madrugada del domingo 26 de febrero.

Su hermano era Gustavo, uno de los fallecidos. Murió por “choque hipovulémico”; es decir, desangrado. Los otros cuatro jóvenes murieron por hasta 12 disparos en diferentes partes del cuerpo, llamando la atención dos de ellos por impactos en el cráneo, según los reportes de necropsia a la que tuvo acceso Proceso.

Alejandro sobrevivió de manera milagrosa a la lluvia de balas que militares dispararon contra la camioneta en que viajaba con su hermano y sus amigos, cinco de los cuales murieron y uno se encuentra gravemente herido. “Escuché voces de los soldados que decían ‘¡mátenlo, mátenlo!’. Después uno de ellos me preguntó ‘¿quieres vivir o quieres morir?’’, cuenta. Este caso –que atrapó la atención mediática– no ha sido el único en esta ciudad: el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado al menos 30 ejecuciones arbitrarias por parte de efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional en lo que va del sexenio de López Obrador.

GLORIA LETICIA DÍAZ

La declaración de Alejandro ante abogados del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), a la que tuvo acceso el semanario, ofrece una versión sobre lo ocurrido en la madrugada de ese domingo que contrasta con la que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un comunicado emitido el 28 de febrero, dos días después de los sucesos. La Sedena afirmó que los militares se acercaron al lugar “cuando oyeron disparos de armas de fuego”; que al visualizar a la pick up ésta iba sin placas, a exceso de velocidad y con las luces apagadas; que sus tripulantes, al observar la presencia de la tropa, aceleraron “de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse con un vehículo que estaba estacionado” y que, “al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”.

La Fiscalía General de Justicia Militar vinculó a cuatro militares que participaron en los hechos del domingo 26 por el delito

de “desobediencia”. Ello es independiente de los eventuales cargos que les pueda imputar la FGR como autoridad civil.

“Mátenlo, mátenlo”

La versión que cuenta Alejandro, es otra: Tras cuatro horas de haber convivido en un centro nocturno de Nuevo Laredo, los siete muchachos retornaron a su colonia en la camioneta Chevrolet Silverado blanca de uno de ellos: Gustavo, de nacionalidad estadunidense y quien se encontraba de visita en la ciudad.

Al llegar a la esquina de las calles Huasteca y Méndez advirtieron que “una troca” del Ejército con las luces apagadas estaba atrás de ellos, momento en que detuvieron la marcha. En ese instante la camioneta blanca fue chocada por la parte de atrás por el vehículo militar e impactada contra un carro estacionado. De inmediato, una lluvia de balazos cayó sobre la Silverado.

Una vez que la balacera paró, Alejandro, quien viajaba en la parte trasera de la camioneta del lado del piloto, bajó con las manos en alto y se hincó en el pavimento.

“Escuché voces de los soldados que decían ‘¡mátenlo, mátenlo!’, y después uno de ellos me preguntó ‘¿quieres vivir o quieres morir’’, yo le dije que quería vivir y entonces me dijo que tenía que decir que nosotros tuvimos la culpa, que íbamos huyendo”, cuenta el joven, quien a punta de pistola fue obligado a declarar lo que le indicaban los militares que lo videograbaron con un teléfono celular.

Según el testimonio del sobreviviente, mientras estuvo en poder de los militares escuchaba lamentos de sus amigos que pedían una ambulancia. No advirtió que los soldados solicitaran la asistencia médica, que llegó unas tres horas después de los hechos, casi a la par que agentes del Ministerio Público Federal, a los que fue entregado en calidad de detenido.

Tras firmar documentos que no leyó en la colonia Cavazos Lerma y en la subdelegación de la FGR, Alejandro fue puesto en libertad “al no habérsele encontrado, armas, droga o haber agredido al personal militar”, cuenta Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL, ante quien los familiares de las víctimas denunciaron los hechos.

Ramos acudió la colonia Cavazos Lerma el domingo 26 llevado por un familiar de una persona de la tercera edad a la que los militares le impedían salir de su domicilio para recibir atención médica, pues tenían controlada la colonia.

El defensor fue testigo de las protestas ciudadanas en contra del personal militar que pretendía remolcar la camioneta Silverado blanca, por el temor de que fueran destruidas las evidencias de la masacre.

DERECHOS HUMANOS

De acuerdo con una queja presentada ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el presidente del CDHNL también fue víctima de golpes de soldados que le destruyeron su equipo de telecomunicación, intentaron arrollarlo con un vehículo militar mientras grababa con su teléfono celular las protestas y la represión, en la que periodistas también sufrieron golpizas, actos de intimidación y descargas eléctricas por parte del personal castrense, que hizo disparos al aire y al suelo para disolver la protesta.

“Fue una expresión de hartazgo, la gente ya está hasta la madre de los abusos de los militares y de la Guardia Nacional, que también son soldados, porque es la población humilde de Nuevo Laredo a la que identifican como ‘sospechosas’ y contra la que disparan”, acusa el defensor quien en reiteradas ocasiones ha solicitado a la CNDH, sin éxito, medidas cautelares para los habitantes del Nuevo Laredo por las continuas violaciones a derechos humanos cometidas por el personal castrense.

Hasta el miércoles 1, la CNDH no había atendido la solicitud de Ramos Vázquez, no sólo para emitir medidas cautelares, sino para enviar visitadores, psicólogos y peritos para investigar el caso y atender a las víctimas, pidiéndole al defensor que les compartiera teléfonos, direcciones y correos electrónicos de los familiares de los fallecidos.

“Lógica de guerra”

Tanto la masacre como la protesta ciudadana del 26 de febrero se suman a una serie de acontecimientos similares en Nuevo Laredo, donde la organización civil ha documentado al menos 30 ejecuciones arbitrarias por parte de efectivos del XVI Regimiento de Caballería y de la Guardia Nacional en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López. Entre ellas se cuenta la de la niña de cuatro años Heydi Mariana Pérez Rodríguez, ocurrida el 31 de agosto de 2022.

También se incluyen ocho ejecuciones ocurridas el 5 de septiembre de 2019, en la colonia Valles de Anáhuac, resultado de un operativo conjunto de miembros de la Sedena y policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), evento por el que la CNDH de Rosario Piedra Ibarra se ha negado emitir una recomendación al considerar que la función del Ejército sólo fue brindar “seguridad perimetral durante la detención y traslado” de civiles que fueron víctimas de “la privación de la vida y actos de tortura que correspondieron a actos perpetrados únicamente por elementos de la Policía Estatal” (Proceso 2406).

Colonia Cavazos Lerma. La escena del crimen

DISPAROS SIN ORDEN SUPERIOR

CAMPOS GARZA

NUEVO LAREDO, TAMPS.— La declaración del capitán segundo de caballería, Elio Conde Toledano, “responsable del personal” que participó en el evento ocurrido el pasado domingo 26 en la colonia Cavazos Lerma, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que murieron cinco jóvenes y otro quedó herido de gravedad, no deja lugar a dudas: los militares dispararon sin previa orden de su superior.

En dicha declaración –que aparece en el informe policial homologado, del que Proceso tiene copia--, el capitán asienta que iban 20 elementos del Ejército en cuatro vehículos. Señala que cerca de las 5:00 horas, las unidades 0916334 y la 091635 se emparejaron a la camioneta Silverado en la que viajaban los jóvenes, la cual previamente había impactado a un auto estacionado. En

En cuanto a las protestas ciudadanas, resalta la del 28 de junio de 2022 en la colonia Lomas del Río, donde vecinos fueron dispersados a punta de balazos por militares del XVI Regimiento que acudieron en apoyo de miembros de la Guardia Nacional, que masacraron a tres jóvenes desarmados que viajaban en

ese momento, de acuerdo con el documento, “se escucharon nuevamente disparos de armas de fuego”.

Declara el capitán: “Escuché que varios elementos accionaron sus armas de fuego sin que yo diera tal orden, por lo que de manera inmediata, vía radiofrecuencia, ordené alto al fuego. Posterior a ello, descendiendo de la unidad, preguntando al personal quién había disparado, de manera voluntaria y espontánea los siguientes elementos me informaron que habían disparado”: Agustín S., Jorge L., Bernardo R. y Juan Carlos G., identificados todos como cabos de caballería.

Aunque la Secretaría de la Defensa ha omitido informarlo de manera oficial, cuatro militares fueron imputados por “desobediencia” e ingresados a la prisión del Campo Militar número 1 por estos hechos, mientras

una camioneta y que se habían rendido.

El 8 de abril de 2021, en pleno centro de Nuevo Laredo, a escasos metros del Puente Internacional I, ciudadanos impidieron que militares del XVI Regimiento “sembraran” elementos comprometedores en la camioneta de Jorge Alberto Rivera Cardoza, a quien efectivos de la Guar-

dia Nacional le destrozaron la cabeza de un disparo mientras conducía su vehículo. En el evento, murió una transeúnte que quedó atrapada entre el carro de Rivera y otro estacionado.

Entre los registros con que cuenta el CDHNL también están las muertes de Arturo Garza, Ángel Núñez y Damián Genovez Tercero, jóvenes que viajaban en la batea de una camioneta en calidad de secuestrados por un grupo criminal, y que fueron abatidos el 3 de julio de 2020 por soldados junto con nueve hombres armados. En un video que dio la vuelta al mundo se escuchan voces de militares que alientan la ejecución de sobrevivientes. (Proceso No. 2287).

Una situación similar ocurrió el 31 octubre del año pasado. Durante una persecución en pleno día en la colonia Palacios, militares ejecutaron a tres víctimas de secuestro: Homero Martínez Ruiz y dos mujeres que no han sido identificadas. En ese mismo hecho también murió José Socorro Cantú, quien era vecino de la colonia, y otro hombre más. Ambos se encontraban en la calle cuando los militares dispararon.

Entre los casos que la organización ha logrado una recomendación de la CNDH está el del ataque que sufrieron cuatro jóvenes el 7 de febrero de 2021 en la colonia Colinas del Sur. Viajaban en una camioneta a la que se les emparejó un vehículo militar cuyos ocupantes, “sin media voz o luces”, les dispararon. Uno de ellos falleció en el acto, dos más quedaron gravemente heridos y otro más fue puesto a disposición de la FGR, según la

Reclamos de los familiares

facebook Rossy Benitez

Funerales de las víctimas

continúan también bajo investigación de la instancia civil, la FGR.

El Capitán Elio describió que al aproximarse a la unidad encontró cinco muertos, un herido y otro ileso. Dos de los muertos estaban en la parte delantera de la camioneta. Otro fallecido, el lesionado y el que no fue alcanzado por los tiros, iban en el asiento trasero. Dos muertos estaban en el exterior, tirados en la banqueta. Ordenó a un cabo que le diera primeros auxilios al lesionado. “Al continuar con la inspección en el interior del vehículo no se encontró nada ilícito”, dice el informe con la declaración del Capitán.

Según su dicho, a las 5:20 horas notificó de los hechos a sus superiores.

Horas después de la agresión, un contingente de soldados acudió al sitio donde quedó la camioneta, a la que se le apreciaban múltiples balazos en el parabrisas. Vecinos y familiares de las víctimas increparon a los militares e incluso agredieron a dos. Tres soldados efectuaron tiros disuasivos, sin que hubiera lesionados.

Diligencias forenses

Durante los días 26 y 27 de febrero, Rubén Pimentel Ruiz, agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General 1, efectuó en los cuerpos diligencias forenses en la Funeraria Valdez de esta ciudad, con el médico legista, según oficio 549/2003, colaboración 1/2023, al que este medio tuvo acceso, y que confirma una andanada de disparos que recibieron las víctimas.

Se indica que el cadáver identificado como D, presenta heridas por proyectil de arma de fuego en las partes temporal y occipital del cráneo, supraclavicular, tórax anterior, posterior, mano derecha, región glútea y en extremidades superiores e inferiores, con balazo en rodilla derecha. La causa de muerte es herida de proyectil penetrante en cráneo.

El fallecido identificado como B, presenta heridas de bala en los dos brazos, muñeca derecha, tórax, abdomen, dorso, muslo derecho, los dos pulmones. El peritaje forense

DERECHOS HUMANOS

tiene una anotación específica: el cuerpo tiene en el abdomen del lado izquierdo un tatuaje con las siglas CDN.

El cadáver C tiene dos heridas de bala en la cabeza, con entrada en región temporal, del lado izquierdo, y salida por la parte posterior del cráneo, que le provocaron la muerte.

El E tiene tres heridas de bala en el tórax y una en el glúteo izquierdo. Pereció por hemotórax izquierdo de herida penetrante, producida por proyectil de arma de fuego en tórax.

Uno más, identificado como NN, tiene heridas en el codo derecho, los glúteos y en el del lado izquierdo, con trayectoria que fractura vértebras lumbares con lesión en arteria sacra que produce hemorragia en el segmento pélvico y hemoperitoneo. Hay fractura de tibia y peroné de extremidad derecha con lesiones en las arterias tibial anterior y posterior. La causa de muerte es choque hipobolémico producido por lesión en arteria lumbar, por proyectil penetrante a hueso pélvico. (Con información de Gloria Leticia Díaz).

narración de hechos de la recomendación 71VG/2022.

En espera de resolución del organismo está la muerte de Jacob Rodríguez, quien fue baleado el 10 de agosto del 2021 mientras llevaba a su esposa al hospital de la Cruz Roja para que le practicaran un ultrasonido, entre otros casos de abusos militares cometidos en esta ciudad.

“Ninguno de esos casos ha sido judicializado”, reclama Raymundo Ramos, cuya organización ha presentado pruebas a la FGR, sin que los agentes del Ministerio Público “muevan un dedo a favor de las víctimas, tienen miedo a los militares del XVI Regimiento de Caballería, que se ha especializado en matar personas inocentes y goza de total impunidad”.

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la reciente masacre en Nuevo Laredo revela que “en México no se ha erradicado la lógica de guerra que permeó el combate a la delincuencia organizada en muchas regiones, ni se han erradicado las violaciones a derechos humanos, contrario a lo afirmado por este gobierno”.

Sin dejar de condenar las agresiones contra militares durante las protestas del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Aguirre retoma un reporte interno de la Sedena, obtenido a través de Guacamaya Leaks, para advertir que la letalidad del Ejército se mantiene como en anteriores administraciones.

De acuerdo con ese documento, como resultado de 935 acciones armadas llevadas a cabo del 1 de diciembre de 2018 al 29 de agosto de 2022, habían muerto 739 “agreso-

res”, 36 miembros de las fuerzas armadas y sólo 9 civiles; resultaron lesionados 246 soldados, 155 “agresores” y 36 civiles, en tanto que fueron detenidos 729 “agresores”.

Al destacar que la definición de la Sedena de “agresores” es la misma que tenía en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto,

Aguirre Espinoza cuestiona: “¿Cuántos de esos 739 murieron en las mismas condiciones que los cinco jóvenes de Nuevo Laredo? No podemos contestar por la opacidad cada vez más acentuada en las fuerzas armadas, por su renuencia a acatar la Ley de Uso de la Fuerza que les obliga a presentar informes públicos en estos

“Expresión de hartazgo”

casos y no lo sabemos tampoco porque la CNDH está en una posición de absoluta complacencia y la FGR ha sido un fracaso para llevar casos de derechos humanos en esta administración”.

En materia de quejas ante la CNDH durante este sexenio, el Sistema Nacional de Alerta tiene contabilizados mil 705 expedientes contra la Sedena y mil 431 contra la militarizada Guardia Nacional.

El director del Centro Prodh, organización que ha litigado casos de abuso militar al menos desde 1994, alerta que las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, no se explican sin la impunidad que las acompaña, como revelan las escasas sentencias emitidas por el Poder Judicial Federal contra elementos castrenses desde que fue declarada la “guerra contra el narcotráfico” por el expresidente Felipe Calderón.

Del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2021 el Poder Judicial de la Federación emitió 28 sentencias condenatorias, de acuerdo a información dada a conocer por organizaciones civiles durante la Desolación

TERRITORIO DEL CÁRTEL DEL NOROESTE

LUCIANO CAMPOS

UEVO LAREDO, TAMPS.— La ejecución extrajudicial de cinco jóvenes atribuida a elementos del Ejército afecta la estrategia de seguridad que el gobierno de Américo Villarreal implementa en la entidad, la cual se ha traducido en un aumento intenso de la presencia militar a la par de una disminución de las fuerzas estatales de seguridad.

Desde el año pasado, para reforzar la seguridad en el estado llegaron centenares de soldados, los cuales han sido cuestionados por carecer de preparación adecuada para hacer trabajo policiaco.

En Nuevo Laredo la actividad criminal está ocupada, principalmente, por el Cártel del Noreste (CDN), donde está su sede. Las balaceras que hay en la localidad ocurren mayormente por enfrentamientos de este grupo delincuencial con el Ejército.

Al pretender ampliar su territorio de acción, también hay confrontaciones cruentas del CDN en los municipios de la Zona Ribereña y en los vecinos de Nuevo León, donde hay presencia del Cártel del Golfo.

En octubre pasado, antes de que Américo Villarreal cumpliera una semana en el cargo, aterrizaron en Tampico y Victoria 650 efectivos militares. El 16 de ese mes se sumó otro contingente con 200 integrantes de Fuerzas Especiales para combatir la criminalidad en Nuevo Laredo.

Dos días después, el 18, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez presentaron su programa para regresar la tranquilidad a la ciudadanía, tras la “decadencia” que dejó el antecesor, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.

Como uno de los golpes más conocidos de la estrategia de seguridad en la región, el 28 de noviembre elementos del Ejército capturaron al Negrolo, jefe de pistoleros de la Tropa del Infierno, brazo armado del CDN.

Tras el operativo hubo enfrentamientos con las Fuerzas Armadas en diversos puntos de la ciudad. Durante mediodía la ciudad se paralizó, con clases suspendidas, negocios cerrados, transporte público detenido.

El pasado 12 de enero se robusteció la presencia militar con el arribo de otros 300 soldados a Nuevo Laredo y un número igual a Reynosa.

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Jorge Cuéllar Montoya, afirma en entrevista que la seguridad ha mejorado en la entidad en estos primeros cinco meses del gobierno de Villarreal. Con base en el Sistema Nacional de Seguridad, dice, Tamaulipas se encuentra en el noveno lugar nacional en el rubro de menos homicidios dolosos; es el quinto lugar en menos

asaltos a transeúntes; y vigésimo quinto en robo de vehículos.

Reconoce que los municipios Nuevo Laredo y Miguel Alemán, en el norte, y Mante, en el sur, se encuentran en una situación crítica. Sin embargo, sostiene que hay un trabajo diario para atender las necesidades en cuestión de prevención en todo el estado, incluidos esos focos que demandan más atención. Explica que dicho trabajo diario parte de reuniones que el gobernador Villarreal sostiene con los secretarios de Seguridad Pública, el fiscal general Irving Barrios, y representantes de Sedena, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, el Secretariado Ejecutivo que él representa, entre otras corporaciones.

“La chamba no se la dejamos toda a ellas (las Fuerzas Armadas). No. Todos los días nos reunimos y todos estamos en la jugada. Es un trabajo coordinado y colaborativo”, sostiene.

“Ciudades complicadas”

En opinión del activista Geovanni Barrios Moreno, presidente de la asociación civil Justicia Tamaulipas, el gobernador Villarreal no ha podido operar en materia de seguridad con sus propias corporaciones y ha dejado la tarea a los militares.

En lo que se presenta como un plan de

audiencia del 25 de octubre de 2022 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), solicitada por organizaciones de la sociedad civil para hablar de la creciente militarización en México.

A través de una solicitud de información, la FGR notificó a las organizaciones que en ese periodo el mayor número de condenas contra militares, seis fueron por “portación de armas de uso exclusivo del Ejército” (sic), mientras que por homicidio, abuso de autoridad, abuso sexual, tres por cada delito; dos por allanamiento de morada; y una por cada uno de los siguientes delitos: homicidio calificando cometido por militares, desaparición forzada de personas e inhumación de cadáveres, homicidio y desaparición forzada, homicidio y tortura, lesiones, robo a casa habitación, simulación de pruebas, tortura y violación, violación, violencia contras las personas causando lesiones y por violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.

El reporte de la FGR agrega que en ese periodo se emitieron siete sentencias ab-

solutorias, dos de ellas por tortura y el resto, una en cada uno de los delitos, por asociación delictuosa, cohecho, desaparición forzada, inhumación clandestina y violación al Código Penal Federal.

Aguirre Espinoza destaca que en sentencias de la CoIDH siguen impunes los militares responsables de la tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ocurrida en Guerrero en 1998, y de la desaparición forzada de los primos Alvarado de Chihuahua, de 2009, caso en el que la Sedena se ha negado a reconocer su responsabilidad pese a que el resolutivo del tribunal regional es inapelable.

Agrega que hay pequeños avances en el procesamiento de militares involucrados en la masacre de 22 civiles en Tlatlaya en junio de 2014, y en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, casos representados por el Centro Prodh.

“Contrario lo que se dice desde el poder, el factor de impunidad no son los jueces, es la FGR que es complaciente con los mandos militares, que no se atreve a tocarlos, que consciente que diligencias se

DERECHOS HUMANOS

haga en instalaciones militares, la propia Sedena les pone defensa y los documentos de Guacamaya Leaks han terminado por mostrar cómo el Ejército encubre incluso los abusos sexuales contra mujeres militares y cómo interviene en investigaciones de casos de violaciones a derechos humanos”, apunta el director del Centro Prodh, organización que se ha solidarizado con el CDHNL y su presidente Raymundo Ramos, ante la andanada de descalificaciones por defender a víctimas de las Fuerzas Armadas.

A la luz del ocurrido en Nuevo Laredo, considera que, contrario a lo declarado por el presidente López Obrador, el Ejército de hoy es el mismo que se lanzó a la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón.

“No ha cambiado, es un ejército reacio a la rendición de cuentas y es por eso muy peligroso que hoy se esté confiando a ciegas en las Fuerzas Armadas para múltiples tareas bajo la premisa falsa de que son impermeables a la corrupción y rinden cuentas, cuando no ha sido el caso en México”, puntualiza.

pacificación, la Secretaría de la Defensa Nacional inunda de soldados Tamaulipas. Hay contingentes que llegaron al sur, norte y centro de la entidad.

En la Estrategia Nacional de Seguridad Publica y la Política de Cero Impunidad del Gobierno Federal, los militares que llegan a las ciudades fronterizas “incrementarán el nivel de confianza, cercanía y respeto por parte de la población hacia su Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, afirma Sedena.

Barrios Moreno refiere que desde que inició la administración estatal de Villarreal, el 1 de octubre del 2022, se dio la llegada a la entidad de centenares de militares para combatir al crimen que tiene décadas controlando la ciudad.

“Tratan de conseguir una gobernabilidad del estado que no se tenía. Nuevo Laredo es una ciudad muy difícil debido a la presencia de grupos delictivos. Se tiene que dar paz social, pero se tiene que incrementar la presencia militar y Guardia Nacional para bajar delitos de alto impacto. Es lo que me da a entender las acciones del gobierno federal con ciudades complicadas como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Miguel Alemán”, dice.

En el pasado sexenio del panista Francisco García Cabeza de Vaca, la corporación estatal que combatía a los grupos criminales eran la de los temidos Gopes (Grupo de Operaciones Especiales), agentes de élite acusados de manera permanente de atropellos y excesos de violencia. Se les señaló de la masacre de 19 migrantes ocurrida en Camargo en enero del 2021.

La corporación fue desintegrada al mes siguiente de la llegada de Américo a la gubernatura, según anunció el secretario de Seguridad Pública estatal Sergio Chávez. Ahora son Fuerzas Especiales integradas a la Guardia Estatal, la nueva policía que sustituye a la anterior Fuerza Tamaulipas.

Sin los Gopes, parece que la presencia estatal está más disminuida en las calles, dice Barrios, máster en Derecho Penal y Nuevo sistema acusatorio por la UANL, y asesor jurídico de familias que buscan desaparecidos.

“No he sabido de enfrentamientos de autoridades estatales con delincuencia organizada. Sí, en cambio, lo han hecho la Guardia Nacional, Ejército y Marina, que han tenido enfrentamientos y detención de personajes de la localidad. Creo que el estado no tiene un proyecto de seguridad en Nuevo Laredo. Confío en que en las siguientes semanas se haga lo necesario, un proyecto de seguridad que disminuya enfrentamientos y muerte innecesaria de inocentes”. (Con información de Gloria Leticia Díaz).

Villarreal. Estrategia militarizada

SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA

UN REFERENTE PARA

LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

El pasado 30 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado colombiano por la “aquiescencia” que mostró en el exterminio de más de 6 mil militantes del partido Unión Patriótica. De acuerdo con abogados y especialistas, el fallo sienta jurisprudencia que puede aplicarse en futuros juicios sobre violaciones masivas a los derechos humanos en el continente, entre ellos los 109 mil desaparecidos y las miles de víctimas de la violencia en México, ocurridos en el contexto de la militarizada guerra contra el narcotráfico.

RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado colombiano por el exterminio de más de seis mil militantes de la izquierdista Unión Patriótica (UP) fue recibido como una bocanada de aire fresco por activistas en todo el continente debido a la jurisprudencia que establece para juzgar crímenes atroces.

El veredicto de la CoIDH es considerado “histórico” por abogados y sobrevivientes de la UP consultados por Proceso porque sienta como precedentes que un Estado puede ser responsable de la violación masiva de derechos humanos por “aquiescencia” (consentimiento) y que la verdad es un “derecho autónomo”, no necesariamente ligado al derecho a la justicia.

Por tanto, de acuerdo con el fallo emitido el pasado 30 de enero, los estados están obligados a investigar y esclarecer los crímenes de lesa humanidad y a difundir públicamente la información sobre esos episodios.

Esta jurisprudencia puede aplicarse en futuros juicios sobre violaciones masivas a los derechos humanos ocurridos en el continente, entre ellos los casos de los 109 mil desaparecidos y las miles de víctimas de la

violencia en México, ocurridos en el contexto de la militarizada guerra contra el narcotráfico que se inició en 2006 con Felipe Calderón y se mantiene hasta ahora.

“Esta sentencia sienta un precedente en todo el continente y algunos de sus conceptos pueden servir en el juzgamiento de casos como las más de 100 mil víctimas de desapariciones en México”, dice a Proceso la senadora, militante de la UP y abogada Jahel Quiroga.

Como abogada y sobreviviente del exterminio de la UP, Quiroga presentó en 1993 la primera demanda por ese hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual aceptó los argumentos de los demandantes y llevó el caso a la CoIDH en 2018.

Ese tribunal determinó que el Estado colombiano es responsable de la violación generalizada de derechos humanos que condujo a la ejecución o desaparición de “más de seis mil” integrantes de la UP entre 1984 y 2006.

Esa responsabilidad, de acuerdo con la sentencia, se produjo por la falta de prevención e investigación y por la participación directa o indirecta de agentes estatales --sobre todo militares y policías-- en esos hechos.

La Corte señaló que pudo comprobar “la existencia de un plan de exterminio siste-

mático de los militantes e integrantes de la UP llevado a cabo por actores estatales y terceros con la tolerancia o aquiescencia del Estado”, que sólo reconocía 219 víctimas.

Aunque los principales perpetradores de ese exterminio fueron paramilitares de extrema derecha, en diferentes momentos contaron con la complicidad, la “aquiescencia” y la protección de miembros de la fuerza púbica y de autoridades, así como con la colaboración de empresarios y sectores políticos, indicó el fallo.

Para la CoIDH la violencia sistemática contra los miembros y simpatizantes de la UP se manifestó mediante actos como desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, amenazas, atentados, actos de estigmatización (los llamaban “comunistas” y “guerrilleros”), torturas y desplazamientos forzados.

Además, señaló que las investigaciones de esos crímenes han tenido un alto índice de impunidad y se han caracterizado por la tolerancia o complicidad de las autoridades con los presuntos responsables.

Colombia acata, México descalifica

El tribunal interamericano condenó al Estado colombiano a identificar, juzgar y sancionar a los autores del “exterminio” --hasta ahora se han producido únicamente 265 condenas--, a emprender una “búsqueda rigurosa” de los desaparecidos y a indemnizar a los familiares de las víctimas con pagos que, en total, podrían rebasar los 300 millones de dólares.

También, a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, a establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP, a construir un memorial y a desarrollar una campaña nacional para sensibilizar a la sociedad colombiana respecto de la violencia, persecución y estigmatización en la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes y familiares de los miembros de ese partido.

A diferencia de otros gobiernos de la región que suelen deplorar las resoluciones de organismos internacionales --como el nicaragüense, el venezolano, el cubano y el de México--, el de Colombia manifestó de inmediato su disposición de acatar la sentencia de la CoIDH.

El presidente Gustavo Petro expresó que para el tribunal interamericano el Estado colombiano “ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, sólo porque era de izquierda” y que esa es la descripción de “un Estado asesino que no debe retornar más” al país.

Además, señaló que la justicia internacional se creó para operar cuando los Estados son incapaces de juzgar los delitos de lesa humanidad y que su gobierno apoya a la justicia internacional en su lucha “contra la impunidad”.

DERECHOS HUMANOS

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de México, Santiago Aguirre, señala que la sentencia de la CoIDH sobre el exterminio de la UP es “muy innovadora”, y valora la respuesta del gobierno colombiano porque reconoce los crímenes atroces y se ofrecer a aplicar las resoluciones del tribunal interamericano.

Dice que el de Petro es “un gobierno progresista que está comprometido con los derechos humanos, que no descalifica a los tribunales internacionales, que se suma al concierto de naciones que cuidan el multilateralismo y a las frágiles instituciones de derechos humanos con que contamos”.

“Penosamente –agrega-- no ha sido el caso en México”.

Y recuerda que el pasado 3 de febrero el secretario mexicano de Gobernación, Adán Augusto López, se lanzó contra una sentencia de la CoIDH sobre el caso Tzompaxtle Tecpile en la que el tribunal resolvió que México debe eliminar la figura de arraigo.

Aguirre señala que Colombia es un referente para México por el trabajo de sus organizaciones de derechos humanos, por la organización de los colectivos de víctimas, por el compromiso del gobierno actual con las garantías individuales y por la tramitación de casos emblemáticos de crímenes atroces ante organismos como la CIDH y la CoIDH.

Para el director del Centro Prodh la sentencia por el exterminio de la UP desarrolla jurisprudencia y sienta precedentes que podrían favorecer la tramitación de asuntos como el de las desapariciones y la violencia contra la población civil que se registran en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en el territorio mexicano.

El veredicto de la CoIDH es “muy relevante” para los casos mexicanos en litigio por la importancia que adquirió el contexto (la extrema violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia, los obstáculos a los intentos de paz, la doctrina militar del “enemigo interno” y la estigmatización de la izquierda) y los diversos casos de ejecuciones, masacres y desapariciones que el tribunal analizó en forma conjunta.

Aguirre explica que el caso UP es muy diferente al de los muertos y desaparecidos por la violencia en México porque el primero se trata de un ataque dirigido contra un colectivo político específico, mientras que el segundo presenta características de más ubicuidad, más pluralidad y más diversidad en la identidad de las víctimas.

“Sería exagerado decir que la sentencia del caso UP es aplicable párrafo a párrafo a la situación mexicana, pero la manera de analizar una condición de violencia sistemática y la manera de analizar de forma conjunta la violación a las garantías indi-

CoIDH. Jurisprudencia

viduales sí son partes que pueden ser muy aplicables a las situaciones de violencia que encontramos en México”, señala.

De acuerdo con el abogado de derechos humanos, en México hay dos grandes periodos de violencia de Estado que están “hermanados por la impunidad”: el de la “Guerra Sucia y de exterminio” contra las guerrillas, movimientos estudiantiles y la oposición al PRI de finales de los sesenta a los ochenta, y el que empezó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico de Calderón.

“Lo que hemos tenido desde entonces, y hasta la fecha, ha sido una violencia generalizada que ha lastimado sobre todo a hombres jóvenes de las periferias y también, de una manera muy cruenta, a mujeres jóvenes que no comparten el tener una militancia política específica”, explica.

Señala que esta situación --que no logró revertir el gobierno de Enrique Peña Nieto ni lo ha hecho el de López Obrador-ha sido una combinación de violencia de Estado --atribuible a las fuerzas de seguridad y muy particularmente al Ejército, que hace un uso desproporcionado de la fuerza letal— y de violencia de integrantes de los grandes cárteles del narcotráfico.

“Y adicionalmente –dice-- hemos tenido muchos casos de aquiescencia estatal (un concepto muy presente en la sentencia del caso UP), en los que la violencia la perpetran directamente agentes privados, pero con un grado de complicidad, tolerancia, connivencia y permisividad muy notable de parte de las instituciones de seguridad mexicanas”.

La “aquiescencia”, explica, es un concepto muy innovador en el veredicto de la Corte sobre el caso de la UP porque no releva al Estado de su responsabilidad de preservar la vida, la integridad personal y el derecho a no ser desaparecido por el solo hecho de que el perpetrador no lleve uniforme.

También puede ayudar a los casos mexicanos en litigio el hecho de la Corte haya clasificado el exterminio de la UP como un “crimen de lesa humanidad” porque los más de 100 mil desaparecidos y las decenas de miles de asesinados en México en el contexto de la militarizada lucha contra el narcotráfico encuadrarían en esa categoría del derecho internacional.

El Centro Prodh presentó en noviembre pasado ante la CIDH una demanda de María Herrera, madre de cuatro hijos víctimas de desaparición forzada, contra el Estado mexicano. Dos de ellos desaparecieron en 2008 y otros dos en 2010, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Calderón.

Para Aguirre, en el desglose de violaciones a los derechos humanos en los tres últimos gobiernos en México hay “una responsabilidad agravada” de Calderón por su fallida estrategia de seguridad que llevó a una explosión de violencia; con Peña ocurrieron casos de “enorme gravedad”, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y en este sexenio también se han registrado episodios de graves violaciones a los derechos humanos, como el asesinato a balazos, por parte de elementos del Ejército, de cinco jóvenes que circulaban en una camioneta el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La actual administración hizo una “apuesta ciega” por la militarización y por la negación de los atropellos, expone Aguirre.

Aniquilamiento por encargo

La UP nació en 1985 como resultado del primer proceso de paz entre el gobierno de Colombia, que encabezaba el presidente Belisario Betancur (1982-1986), y las FARC. El nuevo partido político aglutinó a militantes comunistas, liberales, conservadores, sindicalistas y exguerrilleros.

En los comicios de 1986, su primer año de participación electoral, la UP se reveló como un fenómeno político cuando su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, registró la tercera votación más alta y logró la elección de cinco senadores, nueve representantes a la Cámara (diputados nacionales), 14 diputados locales, 23 alcaldes y 351 concejales municipales.

La Corporación Reiniciar, que fundaron sobrevivientes de la UP y que dirige la senadora Jahel Quiroga, ha documentado el asesinato de seis mil 528 militantes de mediados de los ochenta a 2006, entre ellas dos candidatos presidenciales, Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, y ocho congresistas. Unos dos mil 300 más, como la propia Quiroga, tuvieron que salir al exilio o cambiar de ciudad tras ser víctimas de atentados y amenazas.

Quiroga dice que la sentencia de la CoiDH contra el Estado colombiano tiene una trascendencia “continental”, aunque hubiera preferido que el hecho hubiera sido declarado como “genocidio” y que se hubieran tomado resoluciones de restitución política, como la devolución temporal de las curules de los congresistas que fueron asesinados.

La senadora Quiroga considera que el hecho de la sentencia por el exterminio de la UP se haya producido en el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, el de Gustavo Petro, tiene “un enorme simbolismo”.

El abogado de derechos humanos y congresista del gobernante Pacto Histórico, Alirio Uribe, dice que la decisión de Petro de acatar en todos sus términos el veredicto de la Corte muestra “la voluntad que tiene el presidente de cumplirle a las víctimas, escucharlas, repararlas y reivindicar su memoria”, algo que debieran hacer todos los gobernantes progresistas de la región.

Señala que en México han ocurrido hechos de mucha gravedad que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y que no han sido esclarecidos ni juzgados, por lo que sentencias como la del caso UP “mandan un mensaje al gobierno mexicano de la importancia de tomarse en serio la investigación y la sanción de los responsables de estos graves crímenes, incluso cuando agentes estatales sean cómplices o autores” de los mismos.

La presidenta de la UP, Aída Avella, afirma que el fallo de la Corte es una gran noticia para toda Latinoamérica porque “condena a un Estado por incumplir su deber de proteger a las víctimas de un exterminio y porque sus agentes fueron cómplices, y eso es un mensaje para toda la región”.

Lo que sigue ahora, asegura, es “conocer quiénes dieron las órdenes de asesinarnos”.

Desaparecidos en México. La “aquiescencia” del Estado

La persecución de capos del narcotráfico en Sinaloa por las fuerzas federales y estatales, sobre todo en la capital y sus alrededores, ha resultado en capturas importantes como las de Ovidio Guzmán y José Guadalupe Tapia. Sin embargo no ha caído el que parece ser el objetivo principal, Aureliano Guzmán Loera, El Guano. En tanto los operativos siguen y mantienen alerta a la población, ésta ya teme los helicópteros... y los jueves.

TRAS LOS PASOS DE “EL GUANO”

AARÓN IBARRA

Culiacán, Sin.- Entre la sierra de Durango y Sinaloa fuerzas militares desplegaron operativos por aire y tierra los días 24 y 25 de febrero últimos. Presuntamente buscaban capturar a Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano, hermano de El Chapo y uno de los capos buscados por el gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El único resultado informado por autoridades fue la aprehensión de tres civiles relacionados con el hermano del Chapo en Badiraguato, que se logró sin mayores repercusiones ni reacciones, pese a que se trata de uno de los grupos más violentos y de los antecedentes que pusieron a Aureliano Guzmán en la mira del Ejército.

El Guano es ubicado como uno de los cabecillas del crimen organizado que busca controlar estos territorios y se confronta con sus sobrinos, los hijos del Chapo

que mantienen la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”. La disputa se da sobre todo en la sierra de Badiraguato.

Después de horas de hermetismo y mínima información oficial, medios locales comenzaron a difundir versiones sobre la presunta captura de Aureliano Guzmán en Durango, supuestamente durante un operativo realizado el 24 de febrero pasado en el poblado el Durazno, en la zona serrana que colinda con Badiraguato y Culiacán. Pero todo quedó en rumores y en la inquietud de habitantes de esta región, quienes saben lo que estas movilizaciones pueden desatar.

El Durazno se encuentra a poco más de 80 kilómetros de la capital de Sinaloa y es una de las áreas de influencia del Guano. Ese 24 de febrero el poblado quedó paralizado con el cateo de bodegas, locales e incluso dos hoteles sitiados.

Según fuentes consultadas por Proceso, el operativo comenzó en el municipio de Tamazula, Durango, en la madrugada, y se extendió durante el resto del día. Al

menos ocho helicópteros sobrevolaban la zona.

Con el Ejército Mexicano participaron elementos de la Secretaría de la Marina y de la Guardia Nacional. Los reportes reproducidos por medios sinaloenses señalan que participaron en total alrededor de 200 efectivos.

La cercanía de Tamazula con la capital del estado y los hechos recientes con detenciones como la de José Guadalupe Tapia Quintero, lugarteniente de Ismael Zambada, y la de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, mantienen en alerta a la población.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, dio a conocer el 28 de febrero último, en su conferencia semanal, que no hubo detenidos durante el operativo. Aunque las fuentes consultadas por el reportero --que pidieron preservar su nombre por seguridad-- insisten en que el gobierno estatal supo poco o nada al respecto.

Sobre el operativo, el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya declaró la tarde de ese mismo viernes 24 de febrero:

“Solamente sé de dos o tres detencio-

nes por allá, no sé dónde y no tengo mayor información porque son reportes que a mí me da el secretario de Seguridad (del estado, Cristóbal Castañeda Camarillo), pero no tengo mayor información porque no somos nosotros”.

Horas más tarde (ya el sábado 25) se realizó un operativo similar en la sierra de Badiraguato, Sinaloa. En él se capturó a tres civiles armados y ataviados con equipo táctico con la leyenda “GDG.” al frente.

Se incautaron también armas largas, granadas y cartuchos útiles.

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó en un boletín: “Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa realizaban recorridos aéreos sobre zona serrana de Badiraguato cuando ubicaron y posteriormente aseguraron a tres civiles armados, municiones, equipo táctico y presunta droga”.

La dependencia explicó que mientras los militares y policías desplegaban un operativo preventivo por aire en el área, observaron camionetas estacionadas en un lugar poco enmontado y a personas armadas que “al notar a las autoridades, abordaron las unidades para huir”.

Especifican que se aseguraron siete armas largas, entre ellas un rifle Barrett calibre 50, aditamento lanzagranadas junto a dos granadas, un arma corta, cargadores y municiones junto al equipo táctico como cascos y chalecos con las siglas GDG.

“Las sigas GDG las utilizan los que forman parte de la facción del Guano... eso quiere decir ‘Gente del Guano’”, explica una de las fuentes consultadas por el reportero.

Según reportes de autoridades federales de Estados Unidos, El Guano opera en el llamado Triángulo Dorado, la extensa zona serrana que une los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Tras la captura de las tres personas armadas en la sierra de Badiraguato no hubo más repercusiones; únicamente el comunicado oficial.

El alcalde de Badiraguato, José Paz

Por cielo y tierra

“!El Guano”. Recompensa

Miguel Dimayuga

Especial

Elenes, no respondió la solicitud de este medio para hablar del tema. A través de la oficina de Comunicación Social del municipio, se limitó a informar que desde el domingo 26 de febrero el alcalde se encuentra en California en una gira, “invitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Rastro sangriento

La facción comandada por Aureliano Guzmán es una de las más violentas en Sinaloa. Por ello la movilización de las Fuerzas Armadas y el temor de las reacciones de este grupo mantuvieron en alerta a la población de la zona.

Como antecedentes, en la madrugada del 30 de septiembre de 2016 un convoy militar fue emboscado por un grupo armado. Los soldados trasladaban a Julio César Ortiz Vega, El Kevin, capturado tras un enfrentamiento en Badiraguato.

En la emboscada murieron cinco soldados, mientras que 10 y un paramédico de la Cruz Roja quedaron heridos, y al menos dos vehículos oficiales fueron incendiados.

Según el reporte de la Sedena, ese fue el ataque más letal a la institución hasta entonces. La refriega duró al menos 40 minutos.

Seis meses más tarde, el domingo 5 de marzo, el cuerpo del Kevin fue abandonado en las afueras de una tienda de autoservicio en el municipio de Navolato, localidad aledaña a Culiacán, en avanzado estado de descomposición y envuelto en una lona.

El Kevin fue uno de los operadores más cercanos de Aureliano Guzmán Loera. Su captura se dio luego de un enfrentamiento la noche del jueves 29 de septiembre con militares en el poblado Bacacoragua, Badiraguato.

Desde 2019 El Guano se convirtió en uno de los objetivos más importantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrece 5 millones de dólares por él.

Culiacán, una frágil calma

El ruido de las hélices de un helicóptero sobre Culiacán provoca miedo. El estrés se activa y las miradas al cielo atestiguan el vuelo de los llamados “boludos”.

Después del operativo del 25 de febrero en Badiraguato, en Culiacán se desencadenó una serie de patrullajes de helicópteros de la Sedena, sobre todo el miércoles 1 de marzo, cuando hasta tres aparatos sobrevolaron la misma zona en diferentes sectores de la capital sinaloense.

Los helicópteros recorrieron sobre todo al norte de Culiacán, en los sectores de Ciudad Universitaria, Humaya y Santa Fe, mientras que en el sur se avistaron en la zona de Barrancos y la colonia Los Huizaches, donde volaron más bajo.

Al mismo tiempo, convoyes del Ejér-

cito llegaron a distintos lugares del casco urbano. También se presentó la Guardia Nacional, sobre todo en el sur de la ciudad.

Así, en menos de dos meses en Culiacán o zonas muy cercanas se han realizado ya tres grandes operativos, dos de ellos en jueves. El primero, la captura de Ovidio Guzmán, que mantuvo paralizada la capital del estado. Se le conoce como “el jueves negro 2” o “culiacanazo 2.0” luego de que en 2019, en hechos muy similares, estallara de igual forma la violencia.

El segundo fue la mañana del jueves 9 de febrero, con la captura de José Guadalupe Tapia Quintero, lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada. Existen videos de los helicópteros artillados disparando hacia tierra en esa ocasión.

Tapia Quintero fue detenido en las inmediaciones de la sindicatura de Tacuichamona, al sureste de Culiacán. La ciudad no fue totalmente paralizada, pero las escuelas públicas y algunas zonas cesaron actividades.

En cuanto al miércoles 1, a través de las redes sociales, sobre todo WhatsApp, la población trató de sobrellevar la situación con humor y posteó mensajes como: “Vayan a las tortillas y al súper, mañana es jueves y ya hay muchos helicópteros”. Nadie habla del miedo, pero éste se percibe en la calle.

Sobre los sobrevuelos militares, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda, explicó en su cuenta de Twitter que “son parte del esfuerzo que ha llegado de Sedena en apoyo a la estructura de seguridad pública para fortalecer la paz y la seguridad en el estado”.

Y es que entre ocho y 10 helicópteros recorrieron desde temprano prácticamente todo el casco urbano de Culiacán. Al día siguiente volvieron, pero con menor frecuencia. Sin embargo, ahora la calma se puede romper en Culiacán con el simple vuelo de un helicóptero.

Militares. Opedrativo

Tensión permanente

Juan Carlos Cruz

Juan Carlos Cruz

Para integrantes de organizaciones feministas, la actual administración federal tiene importantes deudas con las mexicanas. Particularmente el presidente López Obrador, dicen, no le ha dado la importancia requerida a la agenda correspondiente y con su discurso matutino diario descalifica el movimiento, minimiza la violencia contra las mujeres y de esa forma, denuncian, alienta ese fenómeno.

DALILA ESCOBAR

Los altos niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador (entre 60 y 70%, de acuerdo con los encuestadores) se han logrado con la entrega de programas sociales y, en especial, por su discurso diario en la conferencia de Palacio Nacional. Pero para las organizaciones feministas esas declaraciones son las mismas que han colocado en riesgo a las mujeres, sector de la población con el que el mandatario tiene un pendiente: disminuir la violencia contra ellas.

Quienes diseñan las metodologías de encuestas reconocen la eficacia que ha tenido el mandatario federal frente al micrófono todas las mañanas, desde donde dispone los temas que tendrán importancia en la agenda pública. Además, ha logrado que la población encuestada desvincule al personaje del gobierno.

INSEGURIDAD Y DESCALIFICACIONES, EL RECLAMO DE LAS FEMINISTAS A AMLO

“Estamos viviendo un fenómeno interesante en términos de cómo está califican-

Mujeres. Clamor

Miguel Dimayuga

do el ciudadano promedio al presidente y cómo lo está separando de su gestión de gobierno. Es decir, el ciudadano parece ser muy crítico, por ejemplo, en temas de inseguridad o de narcotráfico, pero no es necesariamente muy crítico con el presidente, lo tiene en otro lugar. Refieren que tiene buenas intenciones, que quiere gobernar bien más allá de lo que logre”, señala Francisco Abundis, director de Parametría.

La popularidad del presidente López Obrador es capital político de su partido, Morena, aunque para Abundis las encuestadoras suelen sobrestimarlo. Por ejemplo, dice, en 2021 lo ubicaron en 43% de preferencia electoral y al final, sin alianzas, Morena únicamente captó el 34 por ciento.

Es precisamente el partido del presidente el que no logra obtener fácilmente el voto de las mujeres pese a la afinidad partidista que actualmente es el más alto, con un 44% de mexicanos que se identifican como afines a Morena, frente a 21% que no se identifica con ningún partido político, de acuerdo con la encuesta de Enkoll.

Heidi Osuna, socia directora de Enkoll, señala que “a Morena le cuesta captar el voto de las mujeres y hemos visto a lo largo de la serie del ‘Amlómetro’ que la aprobación hacia el presidente a veces es pareja entre hombres y mujeres, pero normalmente es más adversa la aprobación por parte de las mujeres que de los hombres”.

Detalla que en algunos trimestres la diferencia es de 10 puntos porcentuales entre la aprobación de las mujeres y los hombres: “En octubre de 2018, por ejemplo, 71% de las mujeres aprobaron al presidente frente a 81% de los hombres. Actualmente, 72% de los hombres aprueban al presidente frente a 67% de las mujeres. En general las mujeres son menos afines a Morena y también son menos afines al proyecto del presidente”.

Según Osuna, en las encuestas de Enkoll encuentran que las razones, más allá de temas de género, están relacionadas con las políticas públicas, pero “siempre ha sido como el talón de Aquiles el voto femenino para Morena.

“Las propuestas y lo que la gente necesita a veces son muy locales, depende mucho en cada estado lo que la gente pide.

AMLO. Índices aprobatorios

Lo que sí vemos en los estudios es que las mujeres pedimos muchas más cosas en una plataforma electoral”.

El impacto del discurso

Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil, comenta que las encuestadoras refieren que no han medido el impacto del discurso del presidente cuando descalifica el movimiento feminista o genera olas de agresiones en redes sociales contra algunas mujeres. Y ejemplifica:

“En esos discursos generalizados que se hace de desdén contra las mujeres, un caso gravísimo ya prácticamente de violencia de género son los recientes dichos del presidente contra la ministra presidenta (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) Norma Piña, que sí se ven quizás otros aspectos políticos, pero lo que es muy claro es que mientras estaba un personaje que era hombre, el anterior presidente de la Corte (Arturo Zaldívar), todo parecía fluir tranquilamente y no tener ningún comentario adicional”.

La abogada señala que se trata de “la primera vez que una mujer preside un órgano tan importante y el presidente lleva toda esta semana dedicándose no solamente a desprestigiarla, sino a atentarla, y esto se ha convertido ya en un discurso de odio que ha invitado a otras personas en redes sociales y en distintos medios a sentir que eso les legitima para atacar públicamente a una mujer con una trayectoria intachable como jurista. Es uno de los ejemplos clarísimos de cómo el discurso del presidente puede afectar en un tema de género e incluso tocando la división de poderes”.

Sin embargo, uno de los argumentos que expone Abundis, director de Parametría, sobre la dificultad de esta medición o del por qué no se toman en cuenta estas variables, también tiene que ver con una estrategia del presidente:

“La conferencia (mañanera) es muy poderosa, tiene audiencias relativamente altas para ser un evento político, pero la gente tampoco tiene niveles de atención tan altos como para atender cada tema y tiene que ver una circunstancia de mucho ruido --no solo en el caso del presidente--, es decir, hay muchos eventos sucediendo a

la vez, con mucha velocidad, algunos bastante complejos como para entenderlos”.

Detalla que “en una sola semana podemos tener noticias de una tesis plagiada, un exfuncionario calderonista juzgado en Estados Unidos, una marcha, la defensa del árbitro electoral, y eso hace que los niveles de atención sean bajos: ‘De todo esto que escuché esta semana, ¿a qué le tengo que poner atención?’.”

Cada tema que aborda el presidente, apunta Abundis, es una nota más, salvo que haya una respuesta y crezca, “pero ese ruido mediático sí puede tener una intención, no sé si llamarla disuasiva o una intención que nos distraiga de otros temas que tal vez sí son los que deberíamos de estar discutiendo. ¿Quién fija la agenda hoy? Sí la tiene predominantemente el presidente”.

De acuerdo con datos compartidos por Luis Estrada, director general de SPIN-TCP, en lo que va de las conferencias hasta el 28 de febrero de este año, López Obrador ha mencionado la palabra feminicidio en 175 ocasiones; mujeres, 606; machismo, 39; y aborto sólo en una ocasión, contra la palabra pueblo, que la ha mencionado en 12 mil 208 ocasiones en mil 39 conferencias.

Heidi Osuna explica: “No lo hemos podido medir y no podría decir si efectivamente el discurso ha impactado, lo que siento que impacta más, porque al menos eso nos dicen los estudios, son las múltiples cosas que las mujeres pedimos sobre educación, salud, programas sociales; es mucho más amplio que solamente la agenda de género”.

Señalamientos

Aunque las encuestadoras aún no miden el impacto del discurso que ha descalificado al movimiento feminista, hay temas que este sector no olvida. Uno de estos episodios fue cuando el presidente afirmó que el feminismo fue alentado por el neoliberalismo; también, cuando se llamó al confinamiento durante la pandemia y aseguró que eran falsas 90% de las llamadas de auxilio de las mujeres que sufrieron violencia dentro de sus casas.

Tampoco olvidan que el Ejecutivo afirmó durante mucho tiempo que las feministas son conservadoras o manipulables para perjudicar a su gobierno.

El 29 de septiembre de 2021 el presidente declaró: “Hay que ver qué es lo que está detrás, porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras sólo para afectarnos a nosotros, sólo con ese propósito”.

El 29 de octubre de 2021 puntualizó: “¿Qué hizo el neoliberalismo o qué hicie-

Miguel Dimayuga

ron los que diseñaron para su beneficio la política neoliberal, qué hicieron? Una de las cosas que promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales”.

La frase que más provocó revuelo la dijo antes, el 15 de mayo de 2020: “Te voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces sacan de contexto lo que digo. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado”.

Para Joselyn Espinosa, integrante de Pan y Rosas, “la situación de violencia en el confinamiento era una realidad, a nivel internacional, que no se podía negar y que claramente es mucha falta de empatía por parte del propio presidente decir que las denuncias son falsas para minimizar un problema que estaba ahí y que llevó al aumento de casos de feminicidios, de violencia dentro de los hogares. Y no sólo eso. Cuando salimos a movilizarnos desde hace muchos años, no desde que llegó el gobierno de López Obrador, era ridiculizarnos tachándonos de conservadoras, de estar con la derecha, y llegó a decir que el feminismo era un invento del neoliberalismo”.

La activista es enfática: “Hay que decir que el conservador es él cuando nos tacha a nosotras de conservadoras, porque el movimiento de mujeres lo que está tratando de pelear es por derechos en positivo para todas, y alguien que niegue eso lo vuelve conservador”.

Y señala que, “además la persona que dicta la política todos los días, que es el presidente en una mañanera, te niega que existe la violencia a esos niveles, pues

hace un caldo de cultivo que es explosivo y muy violento hacia las mujeres”.

Estefanía Medina considera que “el presidente es además uno de los personajes públicos con mayor popularidad y a quien la gente mayormente escucha. Entonces, que desdeñe una problemática tan importante es como si se permitiera que la sociedad pueda cometer esos actos sin ninguna consecuencia, y lo vemos también en la disparidad de recursos que se dan a proyectos como la participación de los militares en seguridad pública, el Tren Maya y, en cambio, poco o nada hemos escuchado de cuáles son los recursos para los centros de justicia para mujeres, que son figuras clave en nuestro país”.

Para las organizaciones feministas la popularidad del mandatario federal no se traduce en la realidad de los pendientes que tiene en la atención a las mujeres y las violencias que padecen, principalmente que ese tema no se aborde constantemente como se hace con la entrega de dinero con los programas sociales.

“Para evitar que las mujeres estén en condiciones tan vulnerables como las que están, en primer lugar (es necesario) que puedan tener un salario con el que no dependan económicamente de otra persona y que logren acceso a su propia casa”, señala Espinosa.

Las activistas han criticado que, además de exponer temas alejados de la prevención de la violencia contra las mujeres, se impulsan medidas que abonan a la exposición de este sector frente a instituciones de fuerzas armadas.

Para Estefanía Medina, “lo que tenemos es al Ejército disfrazado de una supuesta Guardia Nacional que actúa como militar, se ve como militar y que es un cuerpo de seguridad completamente lejano a la sociedad, lejano a las políticas de uso indebido de la fuerza y con un entendimiento completamente de una estruc-

tura patriarcal que poco va a poder hacer para atender las violencias que día a día sufrimos todas las mujeres”.

Joselyn afirma que “algunas cosas que continúan igual es el tema de la militarización, no atender el problema de raíz, de implementar situaciones fundamentales para salvar a mujeres que son víctimas de violencia y para que no deriven en feminicidios como lo pueden ser los refugios transitorios y, al contrario, se observan escenarios violentos”.

Esta serie de elementos no se pueden disociar de lo que sucederá hacia 2024. Heidi Osuna detalla que en la mayoría de los partidos son precisamente mujeres quienes encabezan las listas, en el caso de Morena con amplia ventaja sobre el segundo lugar.

“Si hoy fuera la elección y fueran los partidos políticos separados tendríamos por parte de Morena a Claudia Sheinbaum contra Lily Téllez (PAN), contra Beatriz Paredes (PRI), y por el lado de Movimiento Ciudadano el mejor posicionado es Luis Donaldo Colosio. Morena en estos momentos lleva una ventaja abismal, pero sí podríamos ver una boleta más de una mujer en 2024”.

Y expone que en Morena el hecho de que haya una mujer en la boleta “puede ser que esto les ayude a captar igual o al menos emparejar las preferencias de hombres y mujeres”.

La interpretación de la abogada Medina es que “cuando una mujer sigue la misma línea y el mismo discurso patriarcal, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y creo que una señal de alerta muy preocupante fue el feminicidio de Ariadna, en el que, con el fin de emprender una lucha política o generar una visión muy taquillera, se presenten videos que pusieron en riesgo un proceso penal. Por donde le vemos esas actitudes que se generan desde el Ejecutivo pareciera que permean y legitiman a ciudadanos y a autoridades para actuar en contra de otras mujeres”.

La abogada considera que esta radiografía no sólo se da a nivel federal, es una constante en cada estado, independientemente del gobierno que lo represente.

La activista Joselyn también asegura que “el papel de la derecha ha sido un intento de aprovecharse porque ahora resulta que todas son feministas y fueron quienes dejaron condiciones terribles para las mujeres durante tantos años. Y aunque hay que señalar lo que implica que el gobierno no integre las demandas de las mujeres, también se debe tener claro que la opción no es la derecha”.

Por eso retoma el llamado a que el próximo 8 de marzo “es muy importante que tomemos las calles para seguir pidiendo que no haya violencia ni impunidad”.

Sheinbaum. Atracción de voto femenino

Benjamín Flores

INEFICACES POLÍTICAS PÚBLICAS Y MÁS FEMINICIDIOS

mu j eres por me di o d e l os di versos programas soc i a l es, l a rea lid a d es que go l pe ó a l gunos d e los que las bene f iciaban directamente y los cambió por otros cuyos bene f icios no pueden eval uarse. Por eso, vari as ana li stas co i nc id en en que en rea lid a d l os recursos para com b at i r l a v i olencia y la desigualdad han disminuido, mientras que los feminicidios siguen asolando al país.

MÓNICA CERBÓN

Aguascalientes, Ags.- En las primeras horas de 2023, una mujer fue asesinada con saña en su departamento del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, entidad gobernada por Morena. Fue el primer feminicidio del año.

Tan solo en enero, al menos 68 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el país, mientras que otras 250 murieron asesinadas de manera dolosa, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los últimos años la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y las

políticas públicas federales en materia de género dejan mucho que desear, pues en algunas áreas se ha avanzado, pero los retrocesos, en general, son mayores.

De acuerdo con especialistas consultadas por Proceso, entre las causas se encuentra la disminución real del presupuesto destinado exclusivamente para las mujeres, afectando a las más vulnerables y debilitando los esfuerzos de las organizaciones civiles, que realizan el trabajo que los gobiernos no hacen.

Además, está la resistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para priorizar el tema, pues el discurso enarbolado desde la Presidencia ha descalificado a las exigencias feministas.

En el gobierno de López Obrador el

presupuesto público para las mujeres ha disminuido año con año y se ha inflado de recursos destinados a los proyectos insignia del presidente, explica Lucía Pérez Fragoso, economista y especialista en política fiscal, así como en el análisis y elaboración de presupuestos con enfoque de equidad de género.

En 2023 el presupuesto destinado al Anexo 13, que desglosa los recursos que las dependencias del Estado asignan para la igualdad entre mujeres y hombres, fue de 346 mil millones de pesos, pero 86% está etiquetado para los programas sociales del obradorismo, como las Becas Benito Juárez, la Pensión del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida, que no cuentan con

Montserrat López

indicadores específicos para beneficiar a las mujeres.

Este anexo va desde los programas sociales hasta la adquisición de leche y fertilizantes. Su amplitud hace imposible evaluar su impacto. El gobierno tampoco explica cómo decide dar más presupuesto a un programa que a otro.

De 2021 a 2022, el 93% del aumento en el Anexo 13 fue para los programas sociales del presidente, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), según el cual el presupuesto para el combate a la violencia de género disminuyó 0.6% en el mismo periodo.

Y si bien en los sexenios pasados también se cometían errores, dice la especialista, las bolsas presupuestales nunca se habían inflado como en la presente administración:

“La verdad es que es un engaño. Estos programas no tienen entre sus objetivos, o en sus reglas de operación, metas para la igualdad; son programas que simplemente están inflando, es pura simulación. El problema está en que dicen que hay más recursos para mujeres y es al contrario, los recursos están disminuyendo”.

Explica que de 2018 a 2023 el presupuesto destinado al Centro Nacional para

la Equidad y la Salud Reproductiva disminuyó 9% en términos reales, al pasar de dos mil 320 millones de pesos a dos mil 115 millones.

Mientras que en el presupuesto del Inmujeres los aumentos en cinco años han sido mínimos: el Fortalecimiento a la Transversalidad aumentó sólo 14%, mientras que el Fortalecimiento a la Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres sólo 20%. El presupuesto de ambos rubros debe repartirse entre las 32 entidades del país.

Entre lo peor, dice Pérez Fragoso, está la disminución del presupuesto de los programas de cuidados, que impactan directamente en las mujeres, como las estancias infantiles, la eliminación del programa de Escuelas de Tiempo Completo y afectaciones a los recursos para el cuidado de adultas mayores o personas con discapacidad.

“Ahorita no hay ni un cinco en el presupuesto para una guardería, estancia o centro de desarrollo infantil, no hay nada etiquetado. Ese es un problema muy serio, muy grave. Pero además están disminuyendo todos los programas porque se está atendiendo solamente con transferencias monetarias a diestra y siniestra, entonces no hay programas específicos para mujeres”.

A su vez, Fabiola Zermeño, directora general de Estudios y Estrategias para la Equidad (Epadeq), organización especializada en el análisis de las políticas públicas, su calidad y su eficiencia, dice en entrevista para Proceso que, a diferencia de las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el gobierno de López Obrador ha logrado reconocer la diversidad de las mujeres y con ello las problemáticas a las que se enfrentan.

“En los sexenios pasados había mucha más simulación. Se hacían foros pero generalmente asistían los servidores públicos y las organizaciones civiles con más capital político y social, las que siempre están ahí. Este sexenio hizo un esfuerzo por involucrar a mujeres no organizadas, a las que difícilmente se les escucha, ese es un avance considerable. Surgieron temas que antes no habían estado suficientemente abordados. Es una política mucho más participativa”.

Eso fue posible, explica Zermeño --diplomada en Presupuestos Públicos para el Combate a la Pobreza con perspectiva de género por la FLACSO--, gracias a que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) organizó foros en los 32 estados del país

Montserrat López

Crímenes sin castigo

como parte de las actividades del Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (Proigualdad) 2020-2024.

La organización a la que ella pertenece participó en la sistematización de la información, y detalla que, por ejemplo, se logró identificar la necesaria creación de un Sistema Nacional de Cuidados, cómo debe funcionar y qué debe incluir.

No obstante, recalca, identificar las problemáticas y diseñar buenas políticas públicas no sirve de nada si no se trabaja para aplicarlas.

“Hay muchos desafíos, esa política pública sin una dotación suficiente de recursos no se concreta. Otra falencia importante es que no se ha destinado el tiempo ni el esfuerzo suficiente a la evaluación de los resultados, se ha visto muy disminuido y afecta la implementación de la política porque si tú no sabes cómo estás avanzando y qué resultados estás obteniendo, difícilmente vas a poder hacer los cambios que se necesitan”.

La resistencia, añade Zermeño, viene desde la propia cabeza del gobierno: el presidente: “Ha habido siempre como una estira y afloja (...). Dada esta falta de respaldo desde la más alta dirección del gobierno federal, muchas de las cosas que se van haciendo son más por el impulso de las mujeres políticas que están a cargo de estos temas”.

La resistencia de López Obrador ha golpeado –tanto en lo económico como en el discurso político– a las organizaciones feministas, eslabones fundamentales en las redes de apoyo que se han tejido en el país.

“El discurso del presidente ha sido muy descalificador, ha generado mucha animadversión hacia las manifestaciones y la protesta feminista, que es legítima. Esta confrontación no contribuye a atender las demandas.

“Las acciones de Presidencia han debilitado a las organizaciones, por ejemplo, en el cierre de fondos que existían para apoyarlas. Eso ha afectado doblemente a las organizaciones feministas y no solo demerita las acciones en favor de la igualdad, sino también las de la ciudadanía como un necesario contrapeso”.

Violencia feminicida, en aumento

Mientras las políticas públicas no logran consolidarse, la violencia feminicida ha ido en aumento, dice María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Según datos del SESNSP, mientras en 2015 se registraron 412 de esos delitos en el país, para 2022 la cifra fue de 948. Por otro lado, los homicidios dolosos de mujeres pasaron de mil 734 en 2015, a 2 mil 808 en 2022.

Las autoridades han justificado en parte ese incremento al señalar que a lo largo de los años se ha logrado tipificar los crímenes contra mujeres y avanzar en la identificación de los tipos de violencia machista, lo que provoca un mayor registro de crímenes contra ellas; pero para Estrada esa hipótesis no se sostiene.

“Estamos hablando de que antes de 2012 se asesinaba a cinco mujeres a diario. Eso está ahí, no depende de las denuncias. Y en los últimos cuatro años se ha asesinado a 10 mujeres al día, no ha bajado. Las cifras se mantienen casi en estándar”.

Otra vez según el SESNSP, entre feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, en 2019 fueron asesinadas tres mil 818; en 2020, tres mil 747; en 2021, tres mil 728 (pese a que estos dos años estuvieron marcados por el confinamiento a causa de la pandemia de covid-19), y en 2022 sumaron tres mil 756 de estos crímenes.

Estrada agrega otro dato: la tipificación del feminicidio a nivel nacional ocurrió en 2011, y durante 2012 y 2013, tres mil 862 mujeres fueron asesinadas. “Esto que se cometió en dos años, ahora se comete en uno”, indica.

Además, existe un rezago importante en la homologación de los protocolos de investigación en las entidades del país, así como en la armonización de diversas leyes, que van desde cómo deben realizarse las investigaciones en las fiscalías --es decir, con perspectiva de género-- hasta el acceso a los derechos reproductivos como la legalización del aborto.

Hasta septiembre pasado, sólo en nueve entidades se había logrado eliminar la criminalización en la interrupción del embarazo, aun cuando prevalece el criterio aprobado por la Suprema Corte de

Justicia de la Nación que declara el derecho de las mujeres a decidir.

“(Por ejemplo) bajo la sentencia de Mariana Lima Buendía, de 2015, la Corte estableció que toda muerte violenta debe investigarse como feminicidio, y al día de hoy no hemos logrado que en todos los protocolos esté establecido este criterio. Son pocos los estados que ya lo tienen: Hidalgo, Morelos, Colima, Puebla, pero los demás no”, explica.

La especialista en estudios de la mujer agrega que desde el OCNF se ha registrado una mayor saña en los crímenes contra ellas.

“El tema ha cobrado relevancia, por ejemplo, por el uso de ácidos o gasolinas para matar a las mujeres, o marcarlas. Usan este tipo de productos para provocar mayor sufrimiento, dolor y sometimiento”.

Para Fabiola Zermeño, de Epadeq, en el gobierno obradorista ha faltado investigación para un mejor entendimiento sobre la evolución de la violencia delictiva, y cómo ésta impacta en la vida de las mujeres.

“El feminicidio no sólo es la exacerbación de la violencia contra las mujeres, no es lineal, es un fenómeno en sí mismo que tiene como base la violencia de género, pero también tiene otros motores relacionados con la violencia delictiva, la inseguridad y los nuevos fenómenos sociales”.

Por su parte, Estrada considera que la estrategia de seguridad no ha cambiado y, al contrario, se han exacerbado los riesgos:

“Siguen justificando la militarización, siguen siendo las mismas estrategias que no han protegido a la ciudadanía y mucho menos a las mujeres. Realmente no hemos visto cambios sustanciales en las políticas”.

No al olvido

Octavio Gómez

LA CORTE PROTEGE EL HONOR... DE LOS AGRESORES SEXUALES

El 20 de febrero la Suprema Corte de Justicia estableció que la base de datos del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México no podrá ser consultado por los ciudadanos, sólo por las autoridades capitalinas que participen en la prevención de delitos. Ante la ínfima proporción de carpetas de investigación que se judicializa y la impunidad, 98.5% de los delitos denunciados en la ciudad, la medida de la Corte les quita a las víctimas de esos agresores incluso la posibilidad de exponerlos socialmente.

DIANA LASTIRI

En septiembre de 2022 Laura fue víctima de violación dentro del edificio donde vivía. Cuando denunció sus abogados le explicaron que una vez que la investigación sea enviada a un juez, el nombre

del presunto agresor quedaría en el Registro Público de Agresores Sexuales en la Ciudad de México, con lo que ella sintió garantizada una parte mínima de la justicia que exige a las autoridades.

Hoy, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha avanzado en la investigación, el hombre que

ella señaló como su agresor sigue libre y la posibilidad de que su nombre aparezca de manera preventiva en el registro ya fue borrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto, luego de que el pasado 20 de febrero el Pleno de la Corte cerró el acceso público del registro y, al privilegiar el prin-

cipio de presunción de inocencia, ordenó que los nombres de los señalados por estos delitos sean incluidos en la base de datos únicamente hasta que sean declarados culpables mediante sentencia definitiva.

De acuerdo con el informe Hallazgos desde lo local 2020, realizado por la organización México Evalúa, en la Ciudad de México ese año la FGJCDMX inició 204 mil 25 carpetas de investigación, pero judicializó (envió a un juez) sólo 28 mil 520 de ellas.

El 98.5% de los delitos denunciados e investigados en la Ciudad de México quedó impune durante 2020. Mientras que la proporción de casos finalizados ese año mediante sentencia definitiva fue de 27.1%, la mayoría de ellas condenatorias (97.4%).

Una violación, tres víctimas

La madrugada del 27 de septiembre de 2022 Laura fue agredida sexualmente dentro del edificio donde vive con su esposo y su hija de tres años, a quien llevaba en brazos en el momento en el que, afirma, fue violada.

De acuerdo con su declaración ministerial, rendida el 30 de septiembre de 2022 y a la que este semanario tuvo acceso, aquella tarde Miguel, esposo de Laura, invitó a comer a su amigo Erick, a quien conoce de hace más de 30 años, para celebrar su cumpleaños y los años de amistad.

Durante toda la tarde Laura intentó comunicarse con Miguel, pero al no obtener respuesta en su celular, se comunicó con Erick.

“No te lo voy a pasar, estamos muy bien acompañados, no quiere hablar contigo”, le decía, e inmediatamente le colgaba.

Para la madrugada, Erick pidió a Miguel permiso para quedarse a dormir en su casa para evitar que le ocurriera un accidente, pues ambos ya se encontraban en estado de ebriedad.

Los dos llegaron a la 1:00 de la madrugada del 27 de septiembre al domicilio de Miguel, donde Laura, al ver que su esposo venía acompañado del hombre que toda la tarde había sido grosero con ella, se molestó y le pidió que lo enviara a su casa.

Ante la negativa de Miguel de sacar a Erick de su casa, Laura fue por su hija, su cartera y las llaves para buscar otro lugar donde dormir. “Mi hija me preguntaba qué había pasado. Pedí el elevador, bajé por elevador y me metí en la caseta que se encuentra en la entrada del edificio para resguardarme del frío. Yo tenía a mi hija en mi brazo izquierdo y en la mano derecha sostenía mi celular”, relató Laura a la agente del Ministerio Público Paula Yessica Benítez Martínez.

Mientras intentaba solicitar un taxi mediante un servicio de aplicación móvil, Laura escuchó que alguien se acercó a la caseta donde estaba con su hija. Era Erick, quien la confrontó preguntándole qué le había hecho para correrlo de su casa.

Ella le pidió que se fuera e intentó nuevamente buscar un taxi con su celular, sin embargo Erick entró a la caseta, acorralando a la mujer que aún llevaba a su hija en brazos.

Refirió que una vez que quedó sin salida, Erick le apretó un seno, por lo que abrazó a la niña con más fuerza para evitar que viera lo que estaba pasando y giró su cuerpo hacia la

pared para protegerla. Mientras Laura se aferraba a su pequeña para que no fuera agredida por Erick, el amigo de su esposo aprovechó para violarla vía anal.

Laura declaró que mientras era agredida logró hacer una llamada a una de sus vecinas, al darse cuenta de esto, Erick la dejó y salió de la caseta.

Al percatarse de que su agresor ya no le estaba prestando atención, se apresuró a salir de la caseta y subió a resguardarse con la vecina que le tomó la llamada.

“En este acto denuncio el delito de violación cometido en mi agravio y en contra de Erick ‘D’ (…)”, señaló Laura.

Aunque desde ese día la MP Benítez Martínez le informó que la carpeta de investigación sería enviada a la Fiscalía de Delitos Sexuales, que la registró con el número CI-FIDS/FDS-7/UIFDS-7-01/01015/09-2022, hasta ahora el asunto no ha avanzado.

Miguel fue citado a declarar ante el MP hasta abril próximo, es decir, siete meses después de que su esposa fue agredida.

En entrevista con Proceso, Laura añadió que ya presentó dictámenes médicos sobre la agresión de la que fue víctima,

El registro, acotado

Octavio Gómez

además de la revisión ministerial que le fue practicada cuando denunció y que certificó sus lesiones.

Hace un mes fue dada de alta de una de estas lesiones que le provocó un sangrado desde el día de su violación.

El pasado 16 de febrero Laura acudió nuevamente a la fiscalía a presentar los videos de seguridad de las cámaras de su edificio, en las que, según sus declaraciones, no se logra ver la parte interna de la caseta donde fue agredida pero se ve a Erick salir de la misma mientras se acomoda el pantalón y se sube el cierre; posteriormente observa de derecha a izquierda y cuando se da cuenta de que su víctima sale del lugar, trata de correr tras ella.

Añade que las medidas de protección que solicitó como víctima de delito no se han implementado y que Erick no ha sido notificado de que no se le acerque a ella ni a las personas cercanas a ella.

“El día 24 de enero de 2023 me encontraba en mi centro de trabajo rumbo a mi domicilio, siendo las 18:40 horas aproximadamente. Me encontraba caminando en la calle Francia, cuando en ese momento se paró una camioneta a tres me-

tros de mi persona diciéndome: ‘Zorra, te vas a arrepentir’ y se fue rápido. Yo escuché la voz de un hombre, por lo que temo por mi vida y mi seguridad desde el día de la violación, y más con esta situación”, señala.

Aunque no vio quién le gritó, Laura afirma que fue Erick porque ella no tiene conflictos con nadie más.

Pese a que informó esto a la fiscalía capitalina, ahí le dijeron que el MP no solicitó las medidas de protección y el tiempo para hacerlo ya transcurrió, pero afirmaron que harían lo posible para que le sean concedidas. Actualmente sólo cuenta para protegerse con una lámpara que emite una alarma en caso de emergencia.

Mientras las autoridades no han avanzado en el caso, Erick continúa frecuentando el círculo de amistades de Miguel, a quienes él y su esposa han intentado advertir de lo ocurrido.

Su hija fue analizada por un especialista, quien determinará si tiene secuelas de trauma, pues inicialmente la pequeña se asustó al pensar que su mamá la apretó mucho esa noche porque hizo algo malo.

“La atención de la niña fue secundaria, pues yo tuve episodios críticos de suicidio,

me sentí muy mal. Fui al hospital psiquiátrico Fray Bernardino, solicité ayuda psicológica y, cuando al fin tuve un poco de estabilidad, pudimos enfocarnos en ayudarle a ella con un especialista”, comentó Laura.

En entrevista, Miguel reconoce que actualmente se siente responsable por lo sucedido, pues confió en la persona equivocada, a quien conoce desde que estudiaban la escuela primaria.

“Pensé que no había ningún peligro --contó--. Yo no sabía que Laura me había estado buscando. Mi celular se había quedado sin pila. Cuando supe que habló con él dos veces y se negó a comunicarla, esto me hace pensar que todo lo estaba planeando”.

Recordó que cuando Laura se enojó y se salió del departamento, él decidió no seguirla porque entendió que tenía razón para estar molesta y ahora se siente mal por pensar en darle su espacio en lugar de asegurarse de que ella y su hija estuvieran seguras.

“Sé que el que tiene la culpa es el agresor, pero me siento responsable porque yo lo metí a mi casa, yo me emborraché y no estuve para proteger ni a mi esposa ni

Contra el miedo

Juan Carlos Cruz

a mi hija, que son las personas que más amo. Me siento solo, traicionado, no creo ya en la amistad, en la gente”, comenta.

Víctimas silenciadas por la SCJN

Antes de denunciar el delito, Laura consultó con su asesor cuáles eran los pros y contras de iniciar la batalla legal. Una de las principales cosas que le explicó fue la inclusión del nombre de su agresor en el Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México.

“Cuando se judicializa la carpeta, cuando va con el juez porque hay elementos --en mi caso están las cámaras donde se ven los hechos y los certificados médicos--, lo malo que pudiera suceder es que él se vaya por el procedimiento abreviado porque tiene derecho a una sentencia menor y pagando una reparación del daño, pero a pesar de eso él se va a quedar en el registro y yo estoy convencida de que esta no fue su primera vez”, recuerda.

“Para mí, denunciar fue con la intención de que se haga justicia y saber que en su momento él, de todas formas, aunque se declare culpable para tener beneficios, se iba a quedar en ese registro público... y ahora ya no existe esa posibilidad”.

Sin embargo, el pasado 20 de febrero la SCJN la alejó esa posibilidad pues aunque reconoció la constitucionalidad de la creación del registro, estableció que la base de datos no podrá ser consultada por los ciudadanos sino únicamente por las autoridades capitalinas que participen en las acciones de prevención de delitos sexuales.

Además, la Corte ordenó que el nombre de los agresores sexuales únicamente será inscrito en el registro una vez que reciban sentencia condenatoria, y deberá ser eliminado cuando terminen de purgar su pena, debido a que la legislación original establecía que el nombre del agresor podía permanecer de 10 a 30 años en la base de datos incluso después de que concluya su condena.

“Nos quitó una esperanza a las víctimas porque pensamos algún día se va a saber lo que hizo y ahora ya ni eso, ni esa esperanza tenemos”, comenta Miguel.

El proyecto original fue realizado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien propuso dejar el registro de manera pública al considerar que alcanzaba los mayores niveles de protección de las víctimas.

“Tiene un efecto disuasivo para los autores de los delitos y para la sociedad en general de las conductas de violencia sexual y aumenta la capacidad de la autoridad para el esclarecimiento de nuevos casos y la identificación oportuna de res-

ponsables reincidentes, además de que contribuye a la modificación de patrones socioculturales que promueven y justifican la violencia sexual”, señaló en su momento la ministra.

“El legislador local previó un plazo mínimo y máximo para su aplicación a fin de que sea la autoridad jurisdiccional la que, conforme a los criterios previstos en el artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, individualice al caso concreto la medida respectiva, con lo cual se garantiza que nunca se configure una sanción perpetua”.

Sin embargo, una mayoría de ministros contradijeron a la ponente, pues aunque reconocieron la validez del registro, señalaron que su regulación como medida de ejecución de la pena corresponde a la federación, como señaló Juan Luis González Alcántara Carrancá:

“El legislador local crea una supuesta medida de seguridad que no puede extinguirse, aun en el supuesto en el que la pena de prisión impuesta sea suspendida o sustituida en términos de la propia ley, además, en caso de que el sentenciado obtenga su libertad por algún otro motivo, esta medida de seguridad se extiende todavía entre diez y treinta años contados a partir de ese momento, con ello se alteran las causas de extinción de la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar medidas de seguridad previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, afirmó el ministro.

“Considero --agregó-- que el sistema normativo impugnado no es la medida menos restrictiva posible a la luz del derecho de reinserción social, analizado éste en un sentido amplio”.

Para Laura, los problemas propios de denunciar a su agresor y tratar de obtener justicia como víctima de agresión sexual no pesaban tanto como la esperanza de que Erick sepa lo que hizo y que la sociedad lo conozca para evitar que agreda a otra mujer.

“Fuera de todos estos temas, de lo que resolvió la Corte, la verdad temo por mi seguridad porque no pasó nada. Fuimos a denunciar y no pasó nada. El MP le pidió dinero a mi marido para que fuera rápido. No ha venido la policía. ¿Qué se esperan otras mujeres? Yo le he dicho a mi marido y en terapia que tengo miedo todos los días de no regresar porque yo sé que este tipo me va a matar. Trato de vivir todos los días como nunca, porque para mí no es seguro regresar”, añade.

“Si pudiera hablarles a los ministros les diría que las víctimas somos primero, más que los agresores, todos somos personas, todos tenemos derechos (…) estoy muy desilusionada de ellos, la verdad”.

RUTA PARA TIRAR EL CASO COAHUILA, UNA EL PLAN B

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

La permanencia del llamado Plan B de la Reforma Electoral estará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que a partir del viernes 3 se convirtió en receptora de un gran número de amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad; esto es, las tres vías de actuación del máximo tribunal.

El objetivo de las oposiciones, así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y de ciudadanos que a título personal reclamen violentados sus derechos políticos, es tirar por completo el paquete de reformas consistente en 429 artículos de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos, y del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para conseguirlo, uno de los argumentos centrales consiste en la viabilidad de pasarle la factura a las bancadas oficialistas por la premura con la cual aprobaron el llamado Plan B.

Aún más, el Plan B de la Reforma Electoral fue aprobado el 15 de diciembre en la Cámara de Diputados, con seis leyes reformadas que incluyen, además de las

En el contexto de la entrada en vigor de los cambios en materia electoral que impulsa el presidente López Obrador, los partidos de oposición y el INE pretenden echar abajo el Plan B guiándose por los argumentos que la Suprema Corte tomó en cuenta para la reciente invalidación de dos reformas electorales en Coahuila; entre ellos, que las modificaciones del mandatario no proceden porque Morena y sus partidos aliados se brincaron etapas del proceso legislativo.

mencionadas, las leyes generales de Responsabilidades Administrativas, y de Comunicación Social. Estas dos últimas fueron las únicas aprobadas por el Senado también en diciembre, por lo que el Ejecutivo hizo la publicación el 27 de ese mes de manera que entraron en vigor al día siguiente.

Conflictiva desde su presentación en diciembre pasado, luego de no alcanzar los votos para la reforma constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las bancadas oficialistas, es decir, Morena, PT y PVEM, mantuvieron sus posiciones sin transigir a consulta, discusión ni negociación alguna frente a la negativa inamovible de las bancadas del PRI, PAN y PRD que integran la coalición legislativa

“Va por México”, así como MC, que las votaron en contra.

Aunque desde 2021 el PRI admitió al inicio de la LXV Legislatura ciertas posibilidades de reforma al sistema electoral, siempre y cuando se sometieran a un parlamento abierto y una ronda de negociaciones, la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo al inicio del período ordinario de septiembre de 2022 no tuvo oportunidad, pues obviando cualquier consulta o consenso intentó votarse por las bancadas oficialistas, sin los sufragios suficientes para alcanzarla. Fue entonces que surgió el Plan B aprobado en fast track, brincándose etapas en el proceso legislativo, fue mayoriteada.

Hoy las oposiciones se proponen re-

vertir la totalidad del llamado Plan B y no sólo aquellos artículos que puedan representar una violación constitucional, para que esos cambios no impacten la organización de las elecciones de 2024, esto es la presidencial y la de 128 senadores, 500 diputados federales; nueve gubernaturas, 31 congresos locales, mil 580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 juntas municipales.

Para ello, tanto el INE como los partidos de oposición pretenden seguir más o menos la misma ruta que la SCJN ha marcado con la reciente invalidación de dos reformas electorales en Coahuila.

El 5 de enero último la reforma a la legislación coahuilense fue echada abajo aun cuando el día 1 del año había dado inicio el proceso electoral local que renovará la gubernatura y el Congreso del Estado. En septiembre pasado la legislatura local aprobó una ampliación de 25 a 27 curules para prever dos lugares de representación proporcional, por acción afirmativa, para minorías o grupos vulnerables.

La decisión tomada por unanimidad en la Corte ese 5 de enero se basó en que el Congreso de Coahuila no hizo la consulta a comunidades indígenas ni a personas con discapacidad para realizar la reforma, y todo el articulado se vino abajo muy a pesar de que el resto del contenido nada tenía que ver con la acción afirmativa controversial.

Por ejemplo, consideraba la inelegibilidad de personas condenadas por delitos o infracciones de cualquier tipo de violencia contra las mujeres; la suspensión del derecho a ser votado a quien fuera deudor de pensión alimenticia; a agresores sexuales o psicológicos contra las mujeres.

El aspecto de la falta de consulta fue consideración suficiente para invalidar toda la ley bajo el argumento del ministro Arturo Zaldívar, que expuso: “En materia electoral es muy complicado dejar algunas partes (de las leyes en revisión) y otras no”.

Antes, en enero de 2022 la Constitución local fue reformada para obligar la elección de una mujer en 2029, si en 2023 el gobernador que se eligiera es hombre. Esa reforma también quedó invalidada por falta de consulta, aunque en este caso, por el Tribunal Constitucional local.

El 24 de febrero último el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, se refirió a las decisiones de la Corte, ya bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, sobre invalidar toda una reforma por no cuidar detalles técnicos elementales en el proceso legislativo. A juicio del consejero electoral, la decisión de echar abajo toda la reforma coahuilense por falta de consulta a las comunidades sentó un precedente:

“El Plan B afecta acciones afirmativas en materia indígena, de afrodescendientes, de personas de la diversidad sexual, con discapacidad y, además, no se hizo consulta previa. Los precedentes son muy positivos”, dijo.

Rutas de impugnación

El antecedente de la legislación coahuilense es apenas uno de los que se alegarán a partir de esta semana, cuando los partidos de oposición y el INE inicien la batalla jurídica para revertir el Plan B de López Obrador.

El presidente consideró que la Suprema Corte podría hacer prosperar las impugnaciones, básicamente imputándole estar plagada de corrupción y al servicio de los grupos de intereses creados.

El mandatario dedicó la mayor parte de su conferencia de prensa del viernes 3 a descalificar, tanto las protestas del domingo 26 de febrero pasado como las críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Para el titular del Ejecutivo la clave de su reforma electoral es reducir los costos

Defensa del INE. Movilización multitudinaria

Procesos electorales en puerta. Reglas por definir

@INECoahuila

de la democracia, que atribuye a la existencia de una “burocracia dorada” que cobra más que él, y goza de viáticos que su gobierno no tiene; un seguro de gastos médicos privado, entre otros beneficios que él presidente dice que erradicó del gobierno federal al llegar a la Presidencia.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, defendió el jueves 2 la constitucionalidad de la reforma electoral, anclado precisamente en la austeridad de los órganos electorales lanzando el foco sobre la Corte:

“Ojalá que no haya consigna, que respeten la investidura que representan, que ellos decidan. Sin embargo, en Morena siempre daremos nuestra opinión sobre la forma en cómo lo hacen”.

Del lado opositor, el PAN viene anticipando desde diciembre pasado que usará todas las posibilidades de impugnación. No obstante, a consulta de Proceso, la dirigencia nacional de dicho partido pidió esperar a terminar los proyectos jurídicos de acciones de inconstitucionalidad, así como la estrategia que incluirá a gobiernos estatales o bancadas legislativas.

Para el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, los tres partidos de “Va por México” mantienen el acuerdo de presentar, respectivamente, sus acciones de inconstitucionalidad.

Las oposiciones, de acuerdo con Moreira Valdez, se inconformarán destacadamente en temas como “el desmembramiento del INE; la supresión de Juntas Distritales del INE; la eliminación de puestos que son fundamentales para el desarrollo de las elecciones; la disminución de tiempos para el inicio del proceso electoral por considerar que daña la organización de las elecciones

y el daño a las acciones afirmativas que es importante recuperar”.

Aun así, hasta el viernes 3 el PRI tampoco tenía un proyecto definitivo elaborado.

El INE expuso el jueves 2, luego de consumar el cese del secretario ejecutivo del organismo, Edmundo Jacobo Molina, en acatamiento a la entrada en vigor del Plan B, un posicionamiento institucional sobre que el “decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados en la Constitución”.

Este último alegato del INE radica en la invocación del Artículo 41 constitucional (base V, apartado A, noveno párrafo), que establece el procedimiento de designación del secretario ejecutivo del INE que, para el caso, eligió a Edmundo Jacobo en 2020 para un periodo de seis años.

Luego el Plan B, en su apartado correspondiente, es interpretado por el consejo general como una ley dirigida específicamente a su persona, por lo que, al proceder al cese, cumple con la disposición publicada, pero se encuentra en aptitud de impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora los 11 consejeros electorales prevalecen en la orden de impugnar el Plan B por las numerosas inconstitucionalidades que dicen identificar conforme al estudio técnico que el organismo realizó en enero.

Una ruta adicional de controversia sobre el Plan B radica en ciudadanos que en lo individual promuevan amparos contra la violación de los derechos políticos, entre estos algunos de los asistentes que el pasado 26 de febrero salieron a concentrarse “en defensa del INE”.

Leyes sin efecto

Con lo anterior la Corte está por recibir las acciones de inconstitucionalidad de las bancadas opositoras en el Senado y la Cámara de Diputados, por considerar que hubo fallas y omisiones en el proceso legislativo; las de los partidos, que estarán enfocadas a diversas violaciones constitucionales, entre estas la disminución de la estructura del INE que, por su parte, intentará hacer valer sus reclamos mediante controversias constitucionales; y en todos los casos, finalmente, la de ciudadanos que vía amparos argumenten la violación de derechos políticos.

Mientras los equipos jurídicos de los partidos de oposición y del INE siguen preparando los recursos que promoverán ante la Corte, en estrados hay alrededor de 125 controversias constitucionales y al menos siete acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del Plan B, promulgada el 27 de diciembre pasado.

Esa primera parte consiste en las mencionadas Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas contra las cuales se han inconformado partidos, el INE, las bancadas de oposición, así como gobiernos de los estados y decenas de municipios.

Además existe una cantidad indeterminada de amparos promovidos por medios de comunicación, cámaras y organismos del sector y organizaciones civiles dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.

Las controversias constitucionales interpuestas por los municipios versan principalmente sobre la Ley General de Comunicación Social que, entre otros aspectos que motivó la inconformidad, establece un tope de .1% del presupuesto al gasto publicitario.

Las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por el INE, las bancadas opositoras de los diputados y senadores; los partidos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta el local jalisciense “Hagamos”.

En cuanto a estas últimas, la inconformidad con la reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se relaciona con la eliminación de sanciones por mensajes con sentido electoral emitidos por servidores públicos y que tiene como principales beneficiarios a los aspirantes oficialistas a cargos de elección popular, por ejemplo, las llamadas “corcholatas”.

Por ahora, ambas leyes quedaron sin efecto para Coahuila y Estado de México, entidades que al momento de la aplicación ya estaban próximas a iniciar sus respectivos procesos electorales rumbo a los comicios del próximo 4 de junio.

El jueves 2 el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el INE sobre esa primera parte del Plan B.

Para entonces, Pérez Dayán ya había admitido seis controversias constitucionales sobre la Ley General de Comunicación Social, además de dictaminar la suspensión para las dos mencionadas entidades, pues tanto esa como la de Responsabilidades Administrativas fueron votadas y publicadas menos de 30 días antes de iniciar los procesos electorales en dichas entidades, cuando la Constitución establece 90 días previos.

Y ese cálculo temporal es el que estaba presente en todas las expectativas, es decir, la de la Presidencia de la República y sus bancadas oficialistas, como en la de impugnación en materia constitucional del INE y las oposiciones, hasta que la resolvió el caso de la legislación electoral coahuilense, invalidando sus disposiciones con el proceso electoral ya iniciado.

Zaldívar. Precedente

Montserrat López

DETRÁS DE ROSARIO ROBLES, DE DESVÍO DE RECURSOS INTACTA LA RED CRIMINAL

Pieza clave en el descubrimiento del millonario desvío de dinero público –conocido como la Estafa Maestra–, cometido entre 2013 y 2018, Muna Dora Buchahin Abulhosn explica en entrevista la existencia de pruebas para proceder contra exsecretarios de Estado, exfuncionarios federales y estatales, dueños de empresas fantasma y directivos de universidades del país que formaron una “pandilla sexenal” que permanece intocada por la Fiscalía General de la República. Buchahin, quien entonces encabezó el Área de Auditoría Forense de la ASF, expone: “Han transcurrido cinco largos años y que no haya ningún resultado es terrible”.

MATHIEU TOURLIERE

Más allá de Rosario Robles Berlanga, la red criminal que desvió miles de millones de pesos hacia empresas fantasma durante el sexenio de Enrique Peña Nieto permanece intocada. La Fiscalía General de la República

(FGR) no ha llamado a declarar al expresidente de México ni a sus secretarios de Hacienda –especialmente Luis Videgaray Caso–, tampoco al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o a los titulares de las dependencias que participaron en los desfalcos, incluyendo Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El caso de estos desvíos, públicamente conocidos como “Estafa Maestra”, representa un caso de escuela de la impunidad, pues quedó probado que miles de millones de pesos se esfumaron en redes de empresas fantasma y nadie, incluyendo el exmandatario, negó que estos delitos existieron. Además los protagonistas de la trama están identificados y varios de

Desvío de recursos con Peña. Impunidad vigente

Eduardo Miranda

ellos reconocieron su participación en la red fraudulenta y se lanzaron acusaciones cruzadas. Sin embargo, el caso judicial parece pendido de un hilo…

Quien fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Peña Nieto, Robles Berlanga logró después de tres años en la cárcel que un tribunal echara abajo el proceso penal que la FGR seguía en su contra, y que el juicio regresara en el ámbito administrativo donde los delitos prescribieron.

La exfuncionaria pintó esta sentencia como una absolución, que –según ella– demostró su inocencia. La decisión judicial desató una intensa polémica en los círculos políticos donde la responsabilidad de Robles no está en duda.

Personajes del fraude

Aunque Robles fue la cara más visible del millonario desvío de dinero público, ella “no es el mecanismo completo”, asegura Muna Dora Buchahin Abulhosn, quien encabezó el área de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que documentó irregularidades por más de ocho mil 350 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu entre 2013 y 2018, incluyendo más de cinco mil millones de pesos desviados en esquemas que implicaban instituciones académicas.

De acuerdo con la doctora en derecho, los esquemas de desvíos fueron operados con la ayuda de los sucesivos secretarios de Hacienda. “Pedían un recurso y llegaba; faltaba dinero para comunicación y llegaba. Y, en cambio, otros ejecutores que requerían recursos para programas sustanciales no veían un peso porque les decían que no había dinero”, explica en entrevista con Proceso.

De acuerdo con Buchahin Abulhosn, la red implicó la participación de rectores de universidades que fueron utilizadas como intermediarias para desviar el dinero de las dependencias federales hacia las empresas fantasma, así como la actuación cómplice de varios gobernadores, quienes cerraron los ojos ante los señalamientos que la ASF realizó durante seis años.

En la Sedesol y la Sedatu, investigaciones de la ASF, de la prensa y de la FGR desnudaron una cadena de responsabilidades que se iniciaba con la propia Robles, quien mantuvo los desvíos durante seis años pese a las reiteradas advertencias, y con Emilio Zebadúa González, su inamovible Oficial Mayor, por cuya oficina pasaban todos los convenios que dieron pie a los fraudes.

El grupo también incluye a Ramón Sosamontes Herreramoro, jefe de Oficina de Robles, a su equipo de Comunicación Social, dirigido por Rocío Gómez Bolaños y Gustavo Rodríguez González, así como a los entonces subsecretarios Juan Carlos Lastiri Quiroz y Javier Guerrero García; o a José Antolino Orozco Martínez y Juan Manuel López Arroyo, ambos jefes de Unidad.

Un escalón más abajo estuvieron involucrados Francisco Javier Álvarez Báez, Humberto René Islas Cortés, Enrique Prado Ordóñez, Claudia Gabriela Morones Sánchez y Rosalba Camacho, operadores todos del titular de la Oficialía Mayor Zebadúa

La ASF hizo varias investigaciones a profundidad que llevó a la identificación de 250 empresas fantasma, pero también entrevistas con diversos actores de las irregularidades, incluyendo exfuncionarios y exrectores de universidades. Por sus hallazgos, la ASF presentó una serie de denuncias ante la FGR, la cual anunció en enero de 2019 que tenía abiertas carpe-

tas de investigación contra cerca de 60 excolaboradores de Robles.

“Nos pidieron el apoyo para rendir declaración, para ratificar dictámenes, para explicarles todo; eso lo hicimos. Han transcurrido cinco largos años y que no haya ningún resultado es terrible. Terrible”, deplora Buchahin. “No tengo duda en la materia administrativa de la auditoría, de las observaciones, cada uno de los resultados está sostenido”, agrega.

De amigo de Robles a testigo

Cuando recibe a Proceso en su oficina, la experta en temas anticorrupción hojea una declaración que rindió Emilio Zebadúa ante la FGR el 19 de octubre de 2020, para llegar a un criterio de oportunidad y reducir así su posible condena, como lo hizo Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. Con un marcador amarillo, la mujer subraya párrafos del testimonio de Zebadúa.

Para librar la cárcel –estrategia que hasta el momento le ha funcionado–, Zebadúa declaró que los desvíos con empresas fantasma sirvieron para convertir cientos de millones de pesos del presupuesto público en montañas de efectivo, puestas a disposición de Rosario Robles, del expresidente Peña Nieto, de su entonces brazo derecho, Videgaray, de Osorio Chong, y de la campaña electoral del Estado de México de 2017, en la cual triunfó el priista Alfredo Del Mazo Maza.

Buchahin no cree en la inocencia ni en la credibilidad de Zebadúa, pues él fue el operador central de los desvíos en la Sedesol y la Sedatu, y considera que la declaración que dio a la FGR carece de los elementos que permitirían avanzar en la investigación. Zebadúa se enriqueció de manera inexplicable durante el sexenio pasado, razón por la cual la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda en su contra en 2019. Sin embargo, la auditora opina que su testimonio revierte una gran importancia.

“Es una confesión, una aceptación de su participación y de cómo se dieron las cosas. Bueno, ahora falta el cómo. Pero aquí está: puede permitir a la FGR volverlo a sentar y preguntarle los detalles”, dice.

Pese a sus acusaciones contra Peña Nieto, Videgaray y Osorio Chong, el testimonio de Zebadúa apenas llevó a la FGR a hacer imputaciones contra funcionarios de segundo nivel, como Enrique González Tiburcio, quien fuera coordinador de asesores de Robles y posteriormente subsecretario en la Sedesol y luego subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Sedatu.

Buchahin deplora que la FGR no haya

Buchahin. “Jamás se ha recuperado un peso”

Germán

anunciado avances contundentes, pese a contar con la formidable batería de herramientas de la UIF o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de decenas de exfuncionarios, exrectores o incluso abogados de empresas fantasma que tienen información sobre los esquemas y podrían responder a preguntas concretas.

“A la fiscalía le toca hacer las investigaciones, vinculaciones y confronta; validar la fiabilidad de las declaraciones, garantizar la credibilidad de los testigos, buscar la evidencia, soportar el caso, hacer el mapa de vínculos... Si quisieran, lo harían. ¿Por qué? Porque las personas prefieren decir la verdad a estar en la cárcel. Esa verdad los liberaría de una carga, a los de rango menor que no fueron beneficiados, pero ayudaría al país a entender lo que pasó”, dice.

–Incluso en el caso de que Rosario Robles estuviera en la cárcel, condenada por un delito probado, ¿sería suficiente para hacer justicia en este caso?

–Yo no creo que la cárcel sea lo que uno espera en estos temas, sino la devolución del dinero. En los casos emblemáticos de gran corrupción jamás se ha recuperado un peso. ¿Dónde está el dinero? Lo ideal sería recuperarlo, y si no lo regresan, bueno, pues que estén en la cárcel”.

Existe la idea según la cual una investigación llega a un callejón sin salida cuando se topa con una empresa fantasma, pues a menudo no se encuentra en sus domicilios fiscales, y los accionistas que aparecen en sus documentos oficiales suelen ser personas de escasos recursos, cuyas credenciales fueron usadas –a veces a cambio de una retribución– para

abrir la empresa, pero que no tienen idea del uso ilegal que se hizo con ella.

Esta idea, sin embargo, es falsa. Buchahin explica que en el contexto de su investigación la ASF pudo recopilar información valiosa para identificar a operadores de las empresas fraudulentas. Dice que entregó varios expedientes al SAT, con casos documentados de empresas que fueron usadas para los desvíos de dinero, incluyendo los lugares donde operaban. Sostiene que varios abogados presentaron amparos en nombre de las empresas fantasma por lo que la ASF los señaló ante la FGR.

“Obtuvimos actas constitutivas, sus registros bancarios, todos sus procedimientos… imagínate: si nosotros las pudimos obtener, qué podrían recabar la UIF y la propia fiscalía, que tienen mayor campo de aplicación de sus procedimientos forenses”, detalla Dora.

Y deplora: “Eran más de 250 empresas, hubo traslado de dinero en efectivo, lo recogían en Polanco y lo entregaban en Polanco. Mencionamos a varias personas en las denuncias (…) ni siquiera los han buscado”.

Complicidades

La auditora recuerda que, cuando empezó a auditar las cuentas de la Sedesol, Emilio Zebadúa le preguntó si también investigaría a Aurelio Nuño Mayer, quien era entonces jefe de Oficina de Peña Nieto. La auditora no entendió el vínculo hasta que, tiempo después, Nuño fue nombrado titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que le abrió la puerta al sector universitario.

De hecho señala el papel que jugó la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en los esquemas de desvío de recursos. Unos rectores “muy decentes” que estuvieron involucrados en los fraudes le contaron que, en reuniones de la ANUIES –la cual aglutina a 191 universidades, incluyendo las estatales–, recibían instrucciones de gobernadores tipo: “Hay que ayudar al presidente” o “el presidente necesita dinero”.

Buchahin expone que, con Zebadúa en Sedesol y la Sedatu, las universidades negociaban para quedarse con un monto que oscilaba entre 4% y 8% del dinero que triangularían con empresas fantasma. Señala que algunos rectores lo utilizaban para gastos de la universidad, pero sospecha que otros lo desviaban hacia su propio bolsillo.

“Era un reparto en el cual todos ganaban; cuando alguien dice “te voy a dar esto y tú no vas a hacer nada”, pues de entrada sabes que está mal. Ahora vamos a pensar: dándoles un voto de confianza, el primer año caes en la trampa, pero en el segundo, el tercero ya era común, todo mundo sabía y seguían haciéndolo”, dice.

Recuerda que mientras su equipo investigaba las irregularidades en la Sedesol y la Sedatu, el equipo de Robles trataba a los auditores con “desdén”, seguros de contar con la complicidad del aparato de Estado, incluyendo a la Secretaría de la Función Pública, entonces dirigida por Areli Gómez.

“Era una pandilla sexenal que en ese momento se sintió poderosa, que pensó inclusive que iba a trascender al siguiente sexenio, no pensaron que habría un cambio de gobierno. De no haber sucedido, no solamente hubiéramos cesado con esto, sino que muchos seguramente ya tuviéramos que haber estado fuera del país, porque ahora el que investiga lo persigue”.

Dora Buchahin también sostiene que los gobernadores de los estados donde operaban las universidades que se prestaron a los esquemas fraudulentos fueron cómplices de los desvíos de dinero: “Me llama mucho la atención que, cuando se enteraron que había desfalcos en sus universidades, en Sonora, Quintana Roo, Veracruz o San Luis Potosí, todos estos gobernadores no dijeron nada, no presentaron denuncia, no iniciaron ningún procedimiento para pedir a sus funcionarios estatales que rindan cuentas, (…) no se pronunciaron jamás”, comenta.

Y agrega: “Entonces, por supuesto que había acuerdos cupulares; la mayoría era del mismo partido y, bueno, seguramente era algo que habían normalizado entre ellos. Estos tipos de trampas no son nuevos”.

Robles, Videgaray y Osorio. Pistas clave

Octavio Gómez

Miguel Dimayuga

Eduardo Miranda

LOZOYA, ROBLES, CABEZA DE VACA…

ANTE SUS

FRACASOS,

EL FISCAL GERTZ REPARTE CULPAS

En la recta final del sexenio, la FGR no ha logrado judicializar los casos que el presidente López Obrador considera emblemáticos de la corrupción de gobiernos pasados, como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles y el exgobernador García Cabeza de Vaca. Uno a uno se le han ido cayendo. Ante la incapacidad para acreditar sus acusaciones, la Fiscalía culpa a los jueces y presenta quejas ante el Consejo de la Judicatura.

DIANA LASTIRI

La Estafa Maestra, el caso Emilio Lozoya y las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca son algunos de los asuntos que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado concretar pese a que el presidente López Obrador ha enfocado en ellos su discurso de lucha anticorrupción. Ante la falta de resultados, la fiscalía ha optado por emprenderla contra los jueces.

Incapaz de acreditar sus acusaciones, la FGR ha iniciado carpetas de investigación contra los juzgadores que han desestimado los casos y ha presentado diversas quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El 24 de febrero último un juez federal canceló el proceso penal que la fiscalía emprendió en 2019 contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles Berlanga, y dejó abierta la vía para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) proceda con sanciones administrativas en su contra.

Desde su vinculación a proceso, Robles Berlanga se convirtió en la primera exfuncionaria del anterior gabinete federal en pisar la cárcel por corrupción, pero en más de tres años la FGR no logró acreditar su imputación.

La fiscalía no responsabilizó a Robles de quedarse con más de cinco mil millones de pesos de recursos federales desviados de la Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En cambio, señaló que la exsecretaria de Estado tenía la obligación de evitar los desvíos cometidos por sus subalternos o de informarlo a su superior jerárquico, el presidente Peña Nieto, mismos que le fueron advertidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien la vinculó a proceso, le impuso la medida de prisión preventiva justificada, pues aunque afirmó que en su única cuenta bancaria apenas tenía 26 mil pesos y estaba desempleada, consideró que tenía un alto riesgo de fuga, debido a que desde la primera vez que compareció a audiencia informó que recién llegaba de un viaje por Europa con su hija, Mariana Moguel, y que originalmente duraría tres meses, por lo que el juez señaló que, de no tener recursos, Robles no podría pagar un viaje así, además de los contactos que tenía como exsecretaria de Estado que podían ayudarle a darse a la fuga.

En aquella diligencia la FGR presentó una copia de una licencia de conducir falsa con un domicilio distinto al que Robles declaró en su comparecencia, prueba que fue desestimada luego de que la imputada tramitó un juicio de amparo.

En el caso la FGR señaló a diversos rectores de universidades e institutos, así como exfuncionarios de la Sedesol y la Sedatu implicados directamente en los desvíos de la Estafa Maestra, por lo que inició más de 20 carpetas de investigación. En esas carpetas aparece Emilio Zebadúa, el exoficial Mayor de ambas dependencias, quien firmó los contratos irregulares señalados por la ASF autorizando la salida de dinero.

Zebadúa era el testigo clave del caso de la FGR contra Rosario Robles, pero jamás pudo citarlo a declarar debido a que obtuvo suspensiones y forma parte de los 12 exfuncionarios contra los cuales la fiscalía inició procesos penales.

El 19 de octubre de 2020 Zebadúa presentó su declaración ministerial ante la FGR y solicitó el otorgamiento de un criterio de oportunidad para evitar que las autoridades procedan en su contra, por lo que desde entonces tiene calidad de testigo colaborador.

En octubre de 2020 un juez federal en Chiapas rechazó vincular a proceso a dos

directivos de la Universidad Politécnica de la entidad por desvío de recursos, al considerar que la FGR no aportó datos de prueba suficientes para sostener el caso.

En agosto de 2021 la FGR inició investigaciones contra tres universidades públicas del Estado de México, Sinaloa y Tabasco por desvíos de más de 300 millones de pesos del erario, derivados de la firma de convenios sin licitaciones con varias dependencias federales, entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mientras que el exsubsecretario de la Sedatu Enrique González Tiburcio consiguió frenar el proceso en su contra mediante la tramitación de otro amparo que impide continuar con el caso por el que fue imputado de falsedad de declaraciones. Ante ello, la FGR inició un nuevo proceso penal en su contra desde diciembre de 2021 por uso indebido de atribuciones y facultades derivado de la firma de un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, con el que supuestamente se desviaron 185 millones de pesos a empresas fantasma. Ese mes y año fue vinculado a proceso, pero el juez Marco Antonio Fuerte Tapia únicamente le impuso la obligación de acudir a firmar cada 15 días a la Guardia Nacional, entregar su pasaporte y no salir del país sin autorización judicial.

De igual modo, la FGR intentó imputar a Francisco Baez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuesto de la Sedatu, y a Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de delegaciones de la Sedesol. Sin embargo, los jueces de Control fallaron en su contra.

El 2 de febrero último un juez federal rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes, excolaborador de Rosario Robles, al considerar que la fiscalía no presentó elementos suficientes para acusarlo de uso indebido de atribuciones y facultades. La FGR anunció que impugnará la resolución y procederá penalmente contra el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Rosario, cuentas pendientes

Rosario Robles fue la única integrante del gabinete federal de Peña Nieto imputada por el caso de la Estafa Maestra, sin embargo, la FGR nunca tuvo oportunidad de acreditar ni siquiera que incumplió con alguna de sus obligaciones como servidora pública.

Desde 2020 la defensa de Robles solicitó declarar el sobreseimiento del caso, bajo el argumento de que el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que fue vinculada a proceso, ya estaba derogado del Código Penal Federal que se le aplicó, que fue el de 2012. Para ese mo-

mento esta conducta estaba en la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera que, para sancionarla, debía ser por la vía administrativa.

Uno de los argumentos para rechazar esta petición fue que no hicieron valer el argumento en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, se trató de un acto consentido.

Contra esta resolución tramitó un juicio de amparo que suspendió el proceso penal contra la exfuncionaria, en el que desde febrero de 2021 la FGR presentó su acusación en la que ofreció más de 150 pruebas en su contra y solicitó imponerle una pena de 21 años de cárcel y el pago del monto total de la Estafa Maestra de más de cinco mil millones de pesos.

El juez tercero de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la protección constitucional, y contra esa resolución la defensa de Robles tramitó un recurso de revisión ante el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México.

En noviembre de 2020 la FGR solicitó una nueva orden de aprehensión contra la exfuncionaria por delincuencia organizada y lavado, misma que fue emitida por un juez adscrito al penal federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sin embargo, hasta el momento la FGR no la ha ejecutado ni ha dado a conocer las razones de por qué no lo ha hecho.

Desde 2019 Rosario Robles continuó sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha, pese a que se realizaron diversas audiencias en las que los jueces Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Marco Antonio Fuerte Tapia analizaron la posibilidad de modificarle la medida cautelar y concederle el beneficio de la prisión domiciliaria.

Fue hasta el 20 de agosto de 2022 que el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos decidió concederle el cambio de medida cautelar al considerar que el riesgo de fuga observado por sus homólogos ya se había extinguido y le concedió la libertad condicional a cambio de presentarse cada 15 días a la FGR a firmar su asistencia y le prohibió salir del país.

En enero de este año el Noveno Tribunal Colegiado resolvió el amparo en el que Robles solicitó, desde 2020, cancelar el proceso penal en su contra.

Los magistrados ampararon a la exfuncionaria, pero, de manera inexplicable, reservaron la resolución que emitieron, y el pasado 24 de febrero, en cumplimiento a esa sentencia, el juez de control Rodrigo Paredes Gorostieta declaró sobreseído el caso penal contra Robles Berlanga.

El juez consideró que no es posible llevar el asunto por las vías penal y administrativa al mismo tiempo y que, debido a que a Robles se le aplicó el Código Penal Federal vigente en 2012, para ese enton-

ces no existía el capítulo que establece las conductas de corrupción como delitos. En consecuencia, ordenó continuar el asunto por la vía administrativa, lo que le corresponderá a la SFP.

De manera inmediata la FGR afirmó que el juez actuó contra la ley y anunció que, además de impugnar la resolución, procederá penalmente contra el juzgador y presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Derrota judicial

El 28 de febrero pasado Proceso dio a conocer que un juez federal ordenó cancelar la orden de aprehensión emitida contra el

exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y lavado.

El caso contra García Cabeza de Vaca sirvió a Morena para obtener la gubernatura de la entidad en el proceso electoral del año pasado e inició en abril de 2021 cuando la FGR solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al entonces mandatario estatal, para imputarlo por asociación delictuosa, lavado y defraudación fiscal.

El 30 de abril de 2021 la Cámara de Diputados emitió una resolución de juicio de procedencia contra García Cabeza de Vaca, misma que fue enviada al Congreso de Tamaulipas para que decidiera si la adoptaba o no. Sin embargo, el Congreso

estatal rechazó desaforar a su gobernador y tramitó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá el 14 de mayo de 2021 bajo el argumento de que el fuero de García Cabeza de Vaca seguía vigente hasta concluir su encargo en octubre de 2022 y que no hubo invasión de competencias.

En julio de 2021 la Segunda Sala de la Corte revocó esa resolución y ordenó a González Alcántara Carrancá a analizar el caso. Fue entonces que la FGR solicitó ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado contra García Cabeza de Vaca.

Contra esta petición, el Congreso local acudió nuevamente a la Corte en controversia constitucional y argumentó que, de darse el desafuero, la FGR no podía detener al mandatario estatal por diversos delitos que dieron origen al juicio de procedencia.

El 17 de agosto de 2022 la Primera Sala de la Corte resolvió los litigios, reconoció el fuero de García Cabeza de Vaca e invalidó la orden de captura emitida por el juez de Almoloya. Por ello los ministros señalaron que la FGR debía esperar a que concluyera el cargo del entonces gobernador, el 30 de septiembre de 2022, para poder solicitar una orden de captura en su contra.

La FGR esperó y en octubre de 2022 obtuvo una segunda orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, misma que acaba de ser cancelada por el juez octavo de Distrito de Tamaulipas.

En su resolución el juzgador consideró que se violó el debido proceso del mandatario estatal pues señaló que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, y en este caso el juez que emitió la orden de captura acomodó dos tipos penales a las mismas acciones atribuidas por la FGR al tamaulipeco.

Es decir, que la supuesta pertenencia a un grupo criminal (delincuencia organizada) no acredita de forma automática el lavado de dinero.

Al darse a conocer la resolución, la FGR salió nuevamente a anunciar que impugnará y que analiza cómo proceder contra el juez de Amparo.

“Ante esa sentencia, notoriamente alejada del derecho y del más elemental sentido de justicia, se promoverá el medio de impugnación correspondiente, a la vez que se analizarán las acciones legales que podrían llevarse a cabo en relación a la autoridad que la emitió”, señaló la fiscalía.

“Es más que evidente en la sentencia de amparo aludida, que quien la emite, antes que hacer un análisis específico

Miguel Dimayuga

Rosario. Primera exfuncionaria en la cárcel

e integral tanto de lo que se planteó al solicitar la orden de aprehensión, como de lo resuelto por el juez de Control al librar la orden de aprehensión, así como de lo alegado por la parte promovente del amparo, se dedica por entero a tratar de explicar y justificar las operaciones financieras del quejoso, las cuales en todo caso denotan la organización de hecho realizada por el citado y otras personas para la realización de ciertas conductas que llevan a la materialización de uno de los delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.”

Alargado proceso

Mientras Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), permanece sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, sus procesos penales permanecen en el limbo.

Lozoya también ha sido estandarte del discurso de la lucha anticorrupción del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero los resultados no han sido los que el presidente ha prometido.

Emilio Lozoya permaneció prófugo durante el primer año del sexenio del presidente López Obrador y hasta febrero de 2020 fue detenido en Mallorca, España, donde fue sujeto a proceso de extradición. Luego de acordar con el gobierno mexicano el otorgamiento de un criterio de oportunidad, Lozoya aceptó ser extraditado y llegó a México en julio de 2020.

Bajo la promesa de entregar información relacionada con el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, el exdirector de Pemex gozó durante su primer año vinculado a proceso de beneficios que, aparentemente, ni el titular del Ejecutivo federal conocía.

Pese a haber permanecido prófugo, requisito establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales para justificar la imposición de prisión preventiva justificada, la FGR no hizo el menor intento de que el exfuncionario pisara la cárcel.

En agosto de 2020 presentó una denuncia contra diversas personas, incluidos Peña Nieto y Videgaray Caso, por actos de corrupción cometidos en la campaña presidencial de 2012, Odebrecht, Agronitrogenados y las reformas estructurales del gobierno anterior.

De las 70 personas mencionadas en la denuncia, la FGR sólo ha procedido penalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente vinculado a proceso y sujeto a prisión domiciliaria, y el exdirector de Pemex Carlos Treviño, a quien no ha podido imputar.

Mientras tanto, Lozoya permaneció en libertad condicional hasta noviembre

de 2021, cuando la FGR actuó tras las fotos que circularon en redes sociales donde el exfuncionario aparece cenando en un restaurante de las Lomas de Chapultepec, conducta que no le fue prohibida por el juez de Control que lo vinculó a proceso.

Desde entonces el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo tener conocimiento de que Lozoya se encontraba en prisión domiciliaria y de no ser así, su comportamiento era inmoral.

Desde abril del año pasado, Lozoya y Pemex llegaron a un acuerdo en el caso Agronitrogenados, en el cual se obligó a pagar 3.5 millones de dólares por concepto de reparación del daño, y en el caso Odebrecht aceptó pagar más de siete millones de dólares. Cuando el presidente López Obrador tuvo conocimiento de las cantidades afirmó que no eran suficientes para reparar el daño y, desde entonces, la defensa de Lozoya ha intentado concretar las negociaciones, mientras la FGR insiste en ir a juicio sin que Pemex dé a conocer por qué no acepta que se le pague el dinero que exigió inicialmente.

Otro revés

En mayo de 2022 la FGR intentó imputar a tres abogados y un asesor financiero los delitos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y lavado.

El caso derivó de una denuncia presentada por Juan Collado, actualmente vinculado a proceso por defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado, contra los

abogados Juan Araujo, Isaac Pérez, César Omar González, el asesor financiero David Gómez Arnau y el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra.

Con esta denuncia Collado buscaba que la FGR le concediera el criterio de oportunidad para librar las acusaciones en su contra.

La fiscalía nunca procedió contra Scherer Ibarra, pero sí contra los otros cuatro denunciados. El 18 de mayo de 2022, después de 11 horas de audiencia, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna rechazó vincularlos a proceso.

Además señaló que la mención reiterada de la FGR sobre Scherer Ibarra, sin que él estuviera presente o fuera imputado, era violatoria de su derecho a la presunción de inocencia.

Añadió que la FGR pretendió la vinculación a proceso presentando un pago realizado por Collado a Isaac Pérez en el al marco de un contrato que firmó con él; también presentó la capacidad financiera del denunciante, los domicilios y viajes de los investigados. Al no presentar pruebas suficientes, el juez decidió declarar inválido el procedimiento iniciado contra los investigados. Incluso ordenó dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar si se violaron los derechos de los cuatro señalados por la FGR.

Luego de esta fallida maniobra, actualmente el despacho Araujo, vía César Omar González, lleva la defensa de cuatro militares acusados por la propia FGR por el caso Ayotzinapa.

Octavio G’omez

Lozoya. Negociaciones

AMLO Y LOS EMPRESARIOS

DE LA HOSTILIDAD ABIERTA A LA DISCRETA CONCILIACIÓN

Ante las nuevas condiciones que impone el “nearshoring” –estrategia que implica la relocalización de compañías estadunidenses en el país–y bajo el compromiso que la administración de López Obrador asumió en enero pasado con Washington, el gobierno de la 4T da vuelta a la tensa relación que mantuvo con los empresarios nacionales y extranjeros en aras de atraer jugosas inversiones. Para atender los reclamos de los hombres de negocios estableció una “ventanilla única” a cargo de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro y en la que también participa el exjefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo.

Miguel Dimayuga

Raquel Buenrostro. A la caza de inversiones

CLAUDIA VILLEGAS Y MARÍA LUISA AGUILAR

Con el reloj en contra y luego de tres años de una tensa relación con el sector empresarial tanto nacional como extranjero, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador instaló en la Secretaría de Economía una “ventanilla única” por medio de la cual promete remover a toda prisa obstáculos a la inversión privada, incluyendo el acceso a electricidad. Para remontar el estancamiento del PIB al cierre de su sexenio, el presidente López Obrador necesita la inversión privada que desafió desde el inicio de su gobierno.

Además, en esa “ventanilla única” el ex jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, tiene un lugar garantizado a pesar de los escasos resultados durante su gestión como responsable del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

Hace dos años, Romo regresó a sus negocios sin haber podido resolver el conflicto que generó la prohibición del glifosato ni reducir la confrontación con los empresarios nacionales y extranjeros con inversiones en el sector eléctrico. Sin embargo, el empresario regiomontano dispone ahora de un asiento en el grupo de funcionarios públicos que tiene como encomienda el cumplimiento de los compromisos asumidos los pasados 9 y 10 de enero con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Romo se enfrentó a la decisión del gobierno lopezobradorista de separar al poder económico del poder político –tal y como lo reconoció en septiembre de 2021 el titular del Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O– para que esos intereses no vuelvan a cruzarse, en la idea de que las concesiones a los empresarios generaron el endeudamiento de las finanzas públicas.

El gobierno del presidente López Obrador, de acuerdo con la Secretaría de Economía, recibió la petición del gobierno de Joe Biden de igualar los incentivos a la inversión en nearshoring previstos en la Ley de Chips y Ciencia aprobada en agosto de 2022 con el propósito de estimular la relocalización de sectores completos de proveduría instalados originalmente en Asia.

Estados Unidos aportará casi 53 mil millones de dólares en préstamos directos, garantías y financiamiento, para trasladar de varios países y regiones, como Taiwán, las cadenas de proveduría del sector de semiconductores. México, a cambio, prometió revisar las quejas de los empresarios de Estados Unidos y Canadá en los sectores del petróleo, la electricidad, el glifosato y las semillas genéticamente modificadas.

Inversión por “nearshoring”

Al 15 de febrero, aun sin que Tesla haya confirmado el monto de su inversión, México ya registra cifras récord de capital privado en la economía, con más de 13 mil 430 millones de dólares en 46 anuncios de nuevos proyectos, según la consultoría Datamétrica-Aporta. Sin embargo, el Centro de Estudios del Sector Privado (CEESP) insiste en que el gobierno de López Obrador mantiene un posición “hostil” frente a la inversión, lo que generará al cierre del sexenio un mediocre crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

Antes de que se confirmara la inversión de Tesla, que podría llegar a 10 mil millones de dólares, el propio presidente López Obrador había reconocido, en su conferencia matutina del 2 de febrero, que un crecimiento promedio de 1% durante toda su administración “sería una hazaña” y que, para lograrlo, la expansión de la economía en 2023 y 2024 tendría que ser de 3% en cada ejercicio. Sin embargo, ahora los pronósticos para el crecimiento del PIB para el cierre del 2022 se encuentran al alza.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), que representa los intereses del sector financiero, consideró urgente que el gobierno de López Obrador cambie su narrativa y reconozca la importancia de la inversión privada como generadora de empleos. El IMEF sostuvo que para revertir los rezagos en la economía se necesita un mayor impulso a través de decisiones de política pública y un blindaje de las finanzas públicas, porque el énfasis presupuestal en proyectos de infraestrucura de “dudosa rentabilidad económica y social”, así como en el sector de energía, podría generar deterioros adicionales y estructuales al PIB. Además, dice el IMEF, la incertidumbre en torno a las normas electorales es también otro factor de inestabilidad.

Sin embargo, otros analistas opinan que la ola de inversión privada impulsada por la relocalización de cadenas de producción e insumos podría ser suficiente para propiciar un cambio estructural en la economía. El reto es que la inversión se consolide en el corto plazo.

Aún más, señalan –como en el caso del ex director del CESSP, Óscar Veram–que ninguna inversión importante se realiza en un solo año, sino que se ejecuta en dos, tres o más años. De ese modo, si el gobierno del presidente López Obrador no hubiera registrado como Inversión Extranjera Directa (IED) la fusión de Univisión-Televisa y la reestructuración de Aeroméxico en 2022, ese indicador hubiera registrado una caída de 10% en 2022.

El tiempo se agota

En la recta final de su administración y con la presión del gobierno de Estados Unidos que busca trasladar inversión de Asia a México, el presidente López Obrador promueve que el capital para la relocalización de cadenas productivas (nearshoring) vaya a la región sureste y al centro del país, en 10 zonas previstas para la instalación de plantas dedicadas a fabricar semiconductores ligados con la tecnología y la fabricación de dispositivos móviles, autos eléctricos e insumos clave para las industrias aeroespacial y militar. Allí promete acceso a gas natural, electricidad, conectividad, infraestructura multimodal (ferroviaria, marítima, aérea y terrestre). No sólo eso, también buscará formar mano de obra calificada para industrias altamente especializada mediante el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

El Infonavit, mientras tanto, analiza el inventario de casas en el norte del país que podrían albergar a las nuevas comunidades, mientras que para el sureste reconoce que no hay viviendas, sino la gran necesidad de un desarrollo municipal integral para satisfacer de manera adecuda los asentamientos que generarán las nuevas inversiones, dijo el director de ese instituto, Carlos Martínez Velázquez.

A pesar del esfuerzo y de las promesas desde el gobierno federal, Tesla se decidió –previo acuerdo para mitigar los posibles impactos hídricos– por la apuesta segura que representa el estado de Nuevo León, cerca de la frontera con Estados Unidos. Un alto ejecutivo de una empresa de logística comentó que el tiempo se acaba y

Facebook@Jorge Flores Kelly

Jorge Flores Kelly. Oportunidades a la vista

que los retos multimodales en México son muy grandes, desde el despacho aduanero hasta la capacidad de los puertos, la falta de mantenimiento en carreteras y la inseguridad pública.

Aunque la propuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Economía fue “trasladar” la frontera norte al sureste mexicano, con lo que se daría empleo a migrantes de Centroamérica que ya no buscarían llegar a Estados Unidos, la información de empresas del sector de bienes raíces y parques industriales indica que son los estados del norte del país los que siguen captando el interés y la atención del capital nacional y extranjero. Fibra Uno, desarrolladora inmobiliaria, aseguró que los parques industriales del norte del país ya registran saturación, sobre todo en Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. Mientras tanto, la Secretaría de Economía promueve a Veracruz, a Oaxaca y hasta a Chiapas, en donde también se construye a toda prisa el Tren Maya.

El “factor Buenrostro”

La responsable de la ventanilla única para la inversión ligada al nearshoring es la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, ex jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que, hasta octubre de 2022, impulsó el cobro de impuestos a grupos empresariales que desde los sexenios priistas y panistas litigaron el pago de sus contribuciones al amparo de normas que permitían los perdones fiscales.

Jorge Flores Kelly, codirector y cofundador de la consultoría Datamétrica-Aporta, con sede en Guadalajara, consideró que los grupos empresariales que han participado en sectores regulados en la economía, con negocios vinculados al presupuesto público o en sectores tradi-

cionales con baja penetración de innovación y tecnología, tienen ahora, gracias al nearshoring, la oportunidad de invertir en nuevos negocios vinculados con semiconductores y energías limpias. Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, según confirmó la Secretaría de Economía, estaría interesado en participar en el suministro de componentes para el sector de chips cuya integración creció en Taiwán, hoy amenazado por una posible intervención de China. No obstante, consultados por Proceso, directivos de Carso dijeron que no harían comentarios al respecto.

En menos de un trimestre, Buenrostro pasó de la fiscalización a la promoción de inversiones para cumplir con los compromisos asumidos en enero pasado durante la Cumbre de Líderes de América del Norte; también es la responsable de atajar las quejas de las autoridades comerciales de Estados Unidos y Canadá por supuestos incumplimientos de los compromisos firmados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).

A punto de transformarse en controversias y hasta en paneles en tribuales internacionales, las quejas de compañías estadunidenses son atendidas por Buenrostro a contrareloj, a menos de dos años de que concluya el gobierno del presidente López Obrador. La responsable de temas cruciales para el país, para la relación comercial con EU y Canadá y para la economía decidió, además, sustituir al equipo que durante el gobierno de Trump negoció el T-MEC. Al menos a 40 personas en la Secretaría de Economía se les pidió la renuncia. El objetivo de Buenrostro fue cerrar filas en torno al enfoque nacionalista de las políticas comerciales y defender los intereses del país.

Para catapultar la inversión, Buenrostro cuenta con ciertas concesiones. Por

primera vez durante la actual administración, la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) extiende los beneficios fiscales –que sólo había otorgado a Pemex a partir de la pandemia por Covid-19– a los empresarios que se decidan a invertir en la región sureste del país, zona de influencia de los proyectos insignia del presidente López Obrador.

Para determinar la tasa efectiva de impuestos que se cobrará a los inversionistas en proyectos vinculados con el nearshoring, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) revisará el monto de la inversión, el número de empleos generado y hasta el beneficio en la cadena de proveedores. Las reglas de estas nuevas políticas fiscales aún no se dan a conocer pero constituyen un compromiso del gobierno mexicano con la admninistración de Biden.

En cambio, en el estado de Nuevo León, en donde la estadunidense Tesla comenzará a invertir 5 mil millones de dólares, no se prevé otorgar incentivos fiscales pero sí realizar obras de mitigación en el sector hidráulico.

El gobierno del presidente López Obrador también se comprometió a respetar los recursos de inconformidad ante tribunales contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, después de tres años de una encarnizada lucha contra las empresas –mexicanas y extranjeras– que en el sexenio antetrior habían aprovechado la figura de permisos de auto abasto para generar energía renovables y reducir sus costos por energía.

Las nuevas políticas para incentivar la inversión privada ya generaron un cambio en la tendencia negativa registrada durante el gobierno lopezobradorista en el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOE). En febrero pasado, ese indicador se ubicó en un nivel de 48.9 puntos contra los 44.3 puntos de enero de 2022. En septiembre de 2021 la confianza del sector empresarial –que se mide por la percepción y la decisión de invertir en cuatro industrias: construcción, manufacturas, comercio y servicios– se recuperó tras casi dos años de pandemia y superó niveles de 50%, debido a la esperanza de que la reapertura incentivara nuevas políticas públicas para la inversión. Pero eso no sucedió y la confrontación con el sector privado continuó. En septiembre de 2022, la confianza de esos sectores, que equivalen a casi 77% del Producto Interno Bruto (PIB), volvió a desplomarse más de 12%, según datos del INEGI.

Ahora, al amparo del nearshoring, los empresarios mexicanos de algunos sectores de la manufactura intentan dejar atrás el pesimismo respecto al rumbo de la economía, la seguridad pública y el estado de derecho, pesimismo que ha afectado sus decisiones de inversión.

Alfonso Romo. Nueva encomienda

La construcción de la Gigaplanta de Telsa en el municipio de Santa Catarina –con una inversión inicial de 5 mil millones de dólares en un terreno de mil 200 hectáreas– ha provocado un entusiasmo desbordado en los gobiernos federal y estatal, que buscan adjudicarse el mérito. Pero las autoridades no han resuelto el principal desafío que implica llevar adelante el proyecto: el agua. Y es que el agua tratada no alcanzará para satisfacer la demanda de uso industrial y la potable es insuficiente para los miles de trabajadores que laborarán en la planta, amén de que no existe la infraestructura necesaria para llevar el líquido a una zona despoblada.

TESLA EN SANTA CATARINA

MUCHA EXPECTATIVA… Y POCA AGUA

MONTERREY, NL.- Aunque aún no se ha colocado la primera piedra, la proyectada construcción de la Gigaplanta de Tesla, en el municipio de Santa Catarina, plantea desde ahora algunos desafíos para la entidad, principalmente en el tema del agua.

Han sido días de pronunciamientos entusiastas sobre la multimillonaria inversión de la firma del magnate Elon Musk, que construirá automóviles eléctricos. Pero al mismo tiempo surge la preocupación de algunos expertos que, con datos del propio gobierno estatal, plantean que el líquido tratado no alcanzará para satisfacer la demanda de uso industrial de la obra que, se calcula, podría instalarse en un inmenso terreno de mil 200 hectáreas.

También se prevén problemas de suministro del agua potable que requerirán los trabajadores de la planta, pues los pozos proveedores actualmente no pueden

LUCIANO CAMPOS GARZA

AP photo / David Zalubowski

Tesla. En expansión

dar servicio a los residentes de la zona, señala el biólogo Antonio Hernández Ramírez, especialista en agua y quien durante cinco años fue jefe del departamento del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Otro aspecto a considerar es la infraestructura, pues no hay tubería para canalizar el líquido reciclado y de consumo humano hacia el área despoblada donde se instalará la enorme edificación que será

la más grande de su tipo en el mundo, de acuerdo con el análisis del científico.

Antonio Hernández es asesor legislativo en materias ambientales en la actual diputación local neoleonesa, ha participado en proyectos ambientales como asesor en los municipios de Guadalupe y Pesquería y actualmente participa como especialista en los proyectos de restauración del río La Silla y el Arroyo Seco, para la organización Sociedad Sostenible y el proyecto Arroyo Vivo.

Junto a los enormes retos logísticos que plantea la instalación de una fábrica de esta envergadura están los beneficios que acarreará, pues podría colocar a México en la vanguardia de la producción de autos que utilizan la energía eléctrica y limpia que se requerirá en el futuro, como señala el diputado federal priista Ildefonso Guajardo, especialista en temas de comercio internacional.

El nuevoleonés, quien fue secretario de Economía durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), aplaude las gestiones que se han hecho para traer esa inversión, y anticipa que habrá grandes beneficios para el país y la entidad, pues se requerirá mano de obra calificada que bien podrán aportar las universidades locales.

Y señala que si bien abundan quienes “se quieren colgar” el éxito de la gestión para seducir a Musk, recordó que en su gestión como secretario se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que sentó las bases para hacer posible el anuncio que el millonario hizo el miércoles 1 en el Día de los Inversionistas de Tesla, en Austin.

Para hablar sobre los retos en materia de agua se buscó a Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje del Estado (SADE), quien no respondió a una solicitud de entrevista.

El agua en tiempos de sequía

Es mucho mayor la expectativa generada por la llegada de Tesla a Nuevo León que los datos concretos que se tienen sobre la inversión.

Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro.com

La gigaplanta

Agua insuficiente

Samuel García, tan cuestionado por sus frecuentes viajes al extranjero, ahora remarca que sus salidas de promoción han fructificado en este proyecto, que presume como uno de sus grandes logros en este casi año y medio de gestión, tiempo en el que, afirma, ha sentado las bases para el progreso que se aproxima.

Martha Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, señaló que la inversión inicial será de cinco mil millones de dólares. Samuel dijo que habrá 35 mil empleos directos e indirectos. En el anuncio de la planta se mencionó únicamente que la producción será de autos de nueva generación.

El terreno es de más de mil hectáreas en Santa Catarina, municipio vecino de Monterrey al poniente, a un costado de la Carretera Libre a Saltillo. Una de las grandes ventajas es que estará a 220 kilómetros de la aduana de Colombia, en Anáhuac, Nuevo León, colindante con Laredo, Texas.

Para el biólogo Antonio Hernández Ramírez, Tesla representa un reto significativo para el sistema de agua de la zona metropolitana de la entidad, sobre todo ante el hecho de que Nuevo León acaba de superar la peor crisis hídrica que ha enfrentado en décadas, con cortes de agua por días enteros.

Además, aún no se terminan las obras del Acueducto El Cuchillo II, del municipio de China a Monterrey y la Presa Libertad, en Linares, que darán certeza de abasto en los próximos años.

Tampoco se ha informado el impacto que tendrá este tipo de industria de coches eléctricos en los ecosistemas locales y en la biodiversidad, dice.

En el consumo humano de agua explica que la expectativa es que los empleados de la gigafactoría se abastecerán del acuífero de la Zona de la Huasteca, en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, al surponiente de la metrópoli, que ya tiene una situación crítica permanente. Se basa en que el pozo profundo que habilitaba la Cervecera Heineken, que planeaba extraer dos metros cúbicos (m3), no ha arrojado el volumen esperado, como lo reveló la misma empresa.

Para el uso de agua tratada, que administra SADE, no hay una red de distribución para el suministro hasta el punto proyectado de la ensambladora automotriz, dice Hernández.

En sus proyecciones, el especialista dice que las 54 plantas tratadoras que tiene el estado en los municipios alcanzan una capacidad máxima de procesamiento de 15 m3 por segundo, aunque lo que más han alcanzado a tratar es 11 m3 por segundo. A éstas se les suman las plantas privadas, con 4 m3 por segundo como máximo en conjunto, aunque en promedio tratan 3 m3 por segundo.

Un problema que el estado deberá afrontar con la nueva planta de Musk es que una gran parte del agua tratada se vierte libremente al río Pesquería, al norte del área citadina, sin aprovecharse, pues no hay red de distribución para canalizarla.

El biólogo analista refiere que, de acuerdo con datos que aportó el director de Agua y Drenaje del estado, de los 15 m3 por segundo, 3 son vendidos a la industria local, lo que deja 12, de los que 6 se tiran al río y queda disponible otra cantidad igual.

Pero con la construcción de El Cuchillo II se agregarán 5 m3 por segundo al suministro potable a la zona metropolitana, que se extraerán de esa presa ubicada en China y que recibe agua del río San Juan.

La condición en los tratados establecidos es que Nuevo León deberá darle a Tamaulipas una cantidad igual de agua tratada.

Esto deja para toda la industria 1 m3 por segundo. Alcanzaría para Tesla, pero sólo para ellos, que consumiría la mitad de esa cantidad, dice el Biólogo egresado de la UANL.

Contradicciones

En la conferencia de prensa mañanera del 24 de febrero último, antes de que se hiciera el anuncio oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Nuevo León tenía problemas severos de sequía y que, si no alcanzaba el agua, negaría permisos a la armadora de coches eléctricos.

Ese día, el gobernador de Movimiento Ciudadano replicó que sobra agua en la entidad. En sus cifras, señaló que hay disponibles tres mil litros por segundo de agua tratada y que Tesla utilizará menos de 100 litros por segundo.

En proyecciones precisas, la empresa empleará para operar 0.5 m3 por segundo. Hernández basa ese cálculo en un informe de sostenibilidad de la planta que está en Nevada, en el uso del recurso para enfriamiento y pintura.

Para el abasto del líquido potable puede haber complicaciones, dice el especialista. Sin saber aún cuántas personas trabajarán en la planta, queda claro que el gobierno federal no autorizará nuevas concesiones ni ampliación de volúmenes existentes, por lo que deberá trabajarse con lo que ya existe.

Lo que queda es que Tesla se conecte a la red de Agua y Drenaje, tomando agua desde La Huasteca, que tiene déficit y que, por ahora, resultará insuficiente. Además, no hay red de distribución que llegue hasta el predio donde Tesla fincará sus instalaciones.

El experto recuerda que participó en la elaboración de una iniciativa de ley para obligar a las pedreras a utilizar agua tratada en procesos de humectación y prevenir la contaminación atmosférica. La iniciativa no prosperó porque los industriales cabildearon y la echaron abajo, porque no hay red de distribución de agua tratada hacia donde están las pedreras, algunas en Santa Catarina. No podrían pagar a diario agua en pipas.

Ildefonso Guajardo Villarreal estuvo directamente involucrado en la firma del TMEC antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, un acuerdo comercial que permite que ahora el país continúe atrayendo inversiones importantes, dice.

Ahora, como legislador federal del PRI, celebra el anuncio de Tesla que apuntala a México entre los líderes de

Miguel Dimayuga

Ildefonso Guajardo. Celebración

la industria automotriz, cuarto exportador mundial del ramo y sexto lugar como productor. El país, señala Guajardo Villarreal, se reposiciona en el liderazgo tecnológico de la industria para la construcción de la nueva generación de automóviles en el mundo.

La energía eléctrica es el futuro, y aunque se construya una refinería, como la de Dos Bocas, en Tabasco, con la atracción de la planta de Musk el gobierno federal envía al mundo un mensaje de su interés por el uso de energías ecológicas.

“Tomemos esta última acción como la que ilumina el curso a seguir. Está la construcción (de Dos Bocas), y si analizamos lo que costó construir la refinería, fue mucho más eficiente la compra que se hizo en Deer Park, en Houston”, indica.

Guajardo anticipa que habrá beneficios para mano de obra calificada de la

entidad, después de que se instale la armadora. “Todo proceso de arranque trae en su inicio la movilización temporal de altos directivos para reclutar y especializar la mano de obra local, como pasó en KIA Nuevo León. Pero conforme van adiestrando a personal mexicano se van relocalizando esos directivos a otros proyectos en el mundo”.

Al decidir Tesla su instalación en Nuevo León, debió haber valorado si hay mano de obra calificada disponible en la localidad, comenta el priista, por lo que los directivos ya conocen la calidad de las universidades y centros educativos de la entidad que serán los surtidores de personal en el futuro.

El anuncio impactará positivamente en la cadena de proveedurías, en la remuneración de los empleos, así como en los demás elementos que se dispararán con esto, como los servicios para los trabajadores y los beneficios directos e indirectos a Santa Catarina y su área cercana, señala el nuevoleonés, quien también fue economista asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional.

Considera que será fundamental conocer ahora qué incentivos dará el estado y qué compromisos asumirá con la empresa.

Aunque no se ha tocado aún el tema, Samuel García dijo que se informará sobre las facilidades que otorga la ley y que las cantidades serán transparentadas.

Apuntó que los estímulos que se entregan a las grandes firmas son normales en el mundo empresarial, debido a que hay una feroz competencia en el orbe. Como ejemplo menciona a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden se ha mostrado muy resuelto en su estrategia para incentivar el regreso de empresas que se habían ido del país.

Guajardo recuerda que, cuando se desempeñó como secretario de Economía del gobierno federal, la empresa coreana KIA se instaló en Pesquería, Nuevo León, y hubo entonces numerosos problemas entre el gobierno de Rodrigo Medina, que fue el que autorizó la instalación, y su sucesor, Jaime Rodríguez El Bronco, quien se opuso a la apertura por es-

tar en contra de las facilidades que le fueron otorgadas a KIA.

No hubo claridad en los incentivos, y éstos fluyeron con opacidad, rememora. Y por eso rechazó las facilidades que se habían pactado inicialmente, a sus espaldas. Al entrar al gobierno Rodríguez Calderón, KIA debió aceptar que se le disminuyeran 800 millones de pesos de incentivos, que se quedaron en Nuevo León. Sólo entonces pudieron concretarse los compromisos finales.

“Hay que ser muy cuidadosos en el paquete de incentivos y no ir más allá de lo que sea necesario”, afirma Guajardo, participante en el equipo que en 1994 negoció el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El economista de la UANL observa que entre los actores que participaron para convencer a Elon Musk de que aterrizara en Nuevo León, hay una competencia por colgarse la medalla del mérito, que en realidad debería ser entregada a la sociedad regiomontana, que ha creado las condiciones para hacer del estado un excelente destino de inversión.

“En estos temas todos corren a ponerse reconocimientos, pero qué bueno que lo hagan, porque a fin de cuentas es un buen mensaje para México. Está bien que todos quieran ser los papás del niño, pero lo realmente importante es que hagamos lo que nos corresponde para que el niño crezca fuerte y saludable”, dice.

Agradece a Martha Delgado por ser la única funcionaria que ha reconocido que, de no ser por la existencia del TMEC firmado en 2018, con entrada en operación en 2020, la inversión en la entidad no se hubiera pactado.

“Gracias a que establecimos reglas estrictas en el contenido regional de autopartes, cada vez estamos siendo más atractivos para que regrese inversión de otras regiones del mundo y para que vean las nuevas plantas a América del Norte como sitio de localización”, concluye.

En un comunicado institucional, la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) en Nuevo León dio la bienvenida al proyecto de Tesla, que mejorará las condiciones económicas y sociales de los residentes de la entidad.

“Estamos entusiasmados ante inversiones de alto valor estratégico, robusta red de proveeduría que confiamos sea con un porcentaje local relevante, así como empleos formales bien remunerados y de alta calidad.

“Toda inversión de sectores de alto valor abre la posibilidad para que las pymes de proveeduría local se sumen a la cadena de logística de esas empresas, abriendo de esta manera nuevas posibilidades de mercado para la industria neolonesa”, señaló el organismo que preside Rodrigo Fernández.

Samuel García y Elon Musk. Acuerdos

Facebook@Samuel Garcia

LOS PEQUEÑOS COMERCIOS, EN ESTADO DE SOBREVIVENCIA

A diferencia de las grandes cadenas de suministros –como Bimbo o Femsa–, que registraron récords en sus ventas, los pequeños comercios no han podido recuperarse de los estragos que les provocó la pandemia de covid-19. La mayoría apenas sobrevive y muchos optaron por pasar a la informalidad. La suerte de las tiendas minoristas y los negocios familiares está amarrada a la de sus clientes y a millones de éstos no les alcanza para comprar la canasta básica, advierte Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

La pandemia no fue lo peor para el comercio en pequeño o el canal tradicional de venta: en la actualidad, la elevada inflación, la inseguridad, el menor poder adquisitivo de la población, la informalidad y las restricciones en la venta de cigarrillos mantienen al sector en un estado de sobrevivencia.

“Lo que vemos hoy en día en los establecimientos mercantiles son ventas de sobrevivencia. Son ventas que te dan de manera justa para pagar al proveedor. Son ventas que dan para pagar la renta. Son ventas que te dan para pagar el día a día, no para sur-

JUAN CARLOS CRUZ VARGAS

tirse, no para crecer. Son pocos los giros que están teniendo crecimiento. La mayoría de los giros en pequeño está teniendo ventas de sobrevivencia”, advierte Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño).

La situación precaria de los pequeños negocios familiares, como tiendas de abarrotes, contrasta con los números de los mismos proveedores, quienes registraron cifras récord en sus ventas.

Por ejemplo, las ventas netas de Grupo Bimbo aumentaron 17.4% en el último trimestre de 2022, con un total de 4 mil 818 millones de pesos, atribuible a la mezcla favorable de productos y al aumento de precios.

De hecho, todos los canales registraron un crecimiento de doble dígito, de manera más notable los canales de conveniencia, autoservicios y tradicional, así como las categorías de botanas, pan dulce, pastelitos, galletas y pan.

En su conferencia con inversionistas, el director general de la panadería más grande de México, Daniel Servitje, presumió que 2022 “fue un año excepcional, con un desempeño financiero histórico alcanzando 19 mil 834 millones de dólares en ventas netas y 2 mil 659 millones de dólares en EBITDA.

“Incrementamos nuestra participación de mercado en la mayoría de las categorías, realizamos inversiones en capital his-

tóricas, ajustamos nuestro enfoque estratégico en alimentos basados en granos (…) y lanzamos nuestra estrategia de sustentabilidad”, señaló el también presidente del Consejo de Administración del grupo.

Otra de las empresas a las que les fue bien en 2022 es Coca-Cola Femsa, que tras el par de ajustes que el año pasado aplicó en sus bebidas azucaradas, registró ingresos de 61 mil 209 millones de pesos en el cuarto trimestre, lo que significa un aumento de 18.9% respecto al mismo periodo de 2021.

En su reporte financiero correspondiente al periodo octubre-diciembre del año pasado, la empresa indicó que “este aumento fue impulsado principalmente por nuestras iniciativas de precios para contrarrestar el aumento en los costos de materias primas, un efecto favorable de precio-mezcla y crecimiento de volumen”.

En la cuerda floja

A diferencia de las grandes compañías antes mencionadas, que representan una parte importante de las ventas del canal tradicional, los pequeños comercios no han podido recuperarse desde la pandemia, y en varios casos han pasado a la informalidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento del comercio al por menor, que tu-

vo un crecimiento de 10.5% en 2021, cayó a sólo 4.1% en 2022, es decir que el ritmo se desaceleró a menos de la mitad. Tan sólo en el cuarto trimestre del año pasado ese tipo de comercio avanzó únicamente 1.5%, cuando había tenido su mayor nivel en el segundo trimestre al expandirse 6.4%.

Una explicación sobre esas cifras la da el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, quien reflexiona en entrevista con Proceso:

“La suerte del pequeño comercio no ha sido, ni cercanamente, la de los grandes consorcios ni la de los proveedores o de las cadenas productivas o agentes financieros. Realmente en el pequeño comercio estamos como anda el cliente. Hay millones de mexicanos a los que no les alcanzan para la canasta básica porque se ha precarizado mucho el empleo, la gente trabaja más pero gana menos. Los empleos que se han recuperado han sido en el sector informal.”

Como dato, los ocupados formales reportaron en el cuarto trimestre de 2022 un ingreso laboral mensual de 9 mil 77.72 pesos, es decir, el doble que los ocupados en trabajos informales, donde el ingreso fue de 4 mil 519 pesos.

No obstante, entre el tercero y el cuarto trimestre de 2022, el ingreso laboral mensual de los ocupados formales permaneció en niveles similares, con una variación

Grandes consorcios. Recuperación

: Rogelio Morales

de 0.2%, mientras que el de los ocupados informales se incrementó 1.7%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Por si fuera poco, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada formal durante el cuarto trimestre de 2022 ascendió a 9 mil 77.72 pesos, es decir, 118.25 pesos menos que en el primer trimestre de 2020, cuando se situaba en 9 mil 195 pesos, previo a la crisis sanitaria por la Covid-19.

En el contexto de la emergencia sanitaria por el covid-19, el ingreso laboral real promedio del primer quintil, el más pobre, es el único que sigue sin recuperarse respecto al primer trimestre de 2020 (trimestre previo al inicio de la emergencia sanitaria), en comparación con el resto de los quintiles, donde se presentan ingresos laborales con niveles superiores al primer trimestre de 2020, señaló el organismo.

De acuerdo con el Coneval, en el cuarto trimestre de 2022 el porcentaje la población nacional que no puede adquirir la canasta alimentaria haciendo uso de todo su ingreso laboral fue de 38.5%.

“En algunos sectores del comercio, como el de tiendas de abarrotes, pueden estar teniendo buenas ventas, por ejemplo, las que se ubican en unidades habitacionales… En cambio, las tiendas, los negocios ubicados en torno a fábricas u oficinas, cerraron. Lo que estamos viendo es que en el pequeño comercio hubo un reacomodo del consumo y entonces el sistema se movió. Las preferencias de consumo, las formas de consumo cambiaron”, explica López Becerra.

Desde la pandemia el camino no ha sido fácil para el canal tradicional de comercio, en especial en el rubro del financiamiento.

De acuerdo con los resultados de la encuesta Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Octu-

bre-Diciembre de 2022, elaborada por el Banco de México (Banxico), en el sector comercio y servicios, seis de cada 10 empresas buscaron financiamiento de los proveedores y apenas dos de cada 10 establecimientos recurrieron a la banca comercial.

La participación de la banca de desarrollo en el financiamiento de las empresas fue de apenas 0.2%, al igual que la emisión de deuda.

Entre las principales limitantes para obtener nuevos créditos bancarios prevalecen las tasas de interés del mercado de crédito, la situación económica general, el acceso a apoyo público, las condiciones de acceso al crédito bancario y los montos exigidos como colateral.

La encuesta del banco central también deja ver los problemas más apremiantes para los establecimientos (incluidas manufacturas, construcción, servicios y comercio):

En el último trimestre de 2022, la mayoría señaló a las ventas como el principal problema, seguido de la competencia, los costos de producción, la inseguridad, la disponibilidad de mano de obra y el marco regulatorio y tributario.

Sobre la seguridad, el presidente de la ANPEC advierte a este semanario:

“El ambiente social es un tema que ha afectado gravemente el canal, por ejemplo la inseguridad. Hay zonas del país, como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Zacatecas o el Bajío, donde se cancelan ventas porque no hay condiciones para realizar la proveeduría… O lo más grave que ha venido pasando: los delincuentes terminan poniendo el precio final”.

Según la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los principales delitos de que son víctimas son extorsión; robo; asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes; robo hormiga, actos de corrupción y fraude.

De hecho, la extorsión es el principal fenómeno delictivo en 21 estados y atraviesa todos los sectores, en especial industrias, comercio y servicios, así como micro, pequeñas y medianas empresas.

La ENVE reveló que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en unidades económicas alcanzó en 2021 un monto de 120 mil millones de pesos, es decir, 0.67% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En tanto que las medidas preventivas representaron para los establecimientos un desembolso de 70 mil millones de pesos entre cambiar y colocar cerraduras o candados; instalar alarmas y cámaras de vigilancia; cambiar puertas y ventanas; contratar personal de seguridad; contratar seguros e instalar dispositivos de localización GPS.

La estocada para los pequeños comercios son las políticas de prohibición de comercializar cigarros sueltos, así como la disposición oficial de ocultar esas mercancías al público consumidor.

“Hemos visto en el subsecretario Hugo López Gatell una constante agresividad hacia el sector productivo, hacia el sector comercial, descalifica muchos de los productos que vendemos, mal llamándolos ‘chatarra’, cuando son productos que fabrican empresas formales, productos que han sido mejorados en sus proporciones, en su elaboración (en el caso de los artículos con alto índice de calorías, azúcares o grasas), que generan empleo formal”, se queja el líder de ConComercioPequeño.

Gerardo Cleto López Becerra de plano enfatiza que “esto de que puedes vender pero no lo puedes exhibir es un absurdo. En el pequeño comercio sabemos que producto que no se exhibe, producto que no se vende. Además, históricamente el cigarro tradicional está ligado a la venta que hacemos en las tienditas”.

Y da un dato.

“Le prohibieron al pequeño comercio la venta de cigarro por unidad. El cigarro suelto. Y al prohibirse la de pequeño comercio a tienditas, la venta de cigarros por unidad se la regalaron a los ambulantes. Hoy en día una ambulante por venta de cigarros sueltos gana entre 600 y mil 200 pesos al día, que es lo que pierde la tiendita”.

De acuerdo con la organización que dirige, suman más de mil amparos solicitados por comerciantes contra esa medida, de los cuales los primeros 20 ya fueron otorgados.

López Becerra. Apenas para renta y proveedores

Germán Canseco

Rivera. Reacomodo del consumo